Guatemala Comunitaria

Imagínese usted que   un día en su cotidianidad después de compartir el desayuno con su familia y cuando se dirige de la mano de su hija a abrir el negocio que sirve como parte del sustento diario de pronto son abruptamente interceptadas y violentadas por 40 miembros de la temible   y represora policía nacional civil de Guatemala.   Así fue capturada el día 29 de octubre en la comunidad Cruz Blanca la dirigente comunitaria Bárbara Díaz Surin, maya Kaqchikel, de San Juan Sacatepéquez.

¿Por qué la capturaron? Nosotras no podemos decir las razones, pero si podemos explicar a qué obedece esta captura.

Las 12 comunidad Kaqchikeles en resistencia de San Juan Sacatepéquez han desplegado una lucha comunitaria frontal contra la expropiación de territorio ancestral comunitario, han luchado por la vida, el agua, el bosque que ha logrado frenar la imposición de la Cementera San Gabriel –Cementos Progreso. Los costos se traducen en asesinatos, órdenes de captura, privados de libertad, y la imposición de cuerpos paramilitares para el control interno no militar de las comunidades. A partir de la Consulta Comunitaria en julio de 2007 donde 8, 948 personas votaron por la no construcción de la cementera y tan solo 4 personas lo hicieron por el si, se han registrado que a partir de esta fecha se incrementaron los riesgos, ataques, persecuciones e intimidaciones a dirigentes y dirigentas.

El día viernes 24 de octubre mujeres de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez se movilizaron por las calles de la Ciudad de Guatemala, de forma pública, pacífica y no violenta para demandar que se finalice el Estado de Prevención número 6-2014 impuesto desde el 22 de septiembre del año en curso. La marcha denunció el acoso sexual contra niñas y mujeres por parte de miembros de la policía y el ejército. La organización pacífica de las mujeres es una amenaza para el Estado guatemalteco, porque visibiliza la exacerbación de la fuerza brutal, característica de la represión contra insurgente que el actual gobierno ejecuta desde sus   políticas militares en los territorios a nivel nacional.

 No fue una captura cualquiera, ésta se realiza dentro de un Estado de Prevención (que funciona como un Estado de Sitio) y que ha sido prorrogado para avanzar con la construcción del anillo regional metropolitano, en un marco legal militar que garantiza la no oposición de las comunidades.

¿Quién es doña Bárbara Díaz Surin?

Es una mujer como varias de las mujeres guatemaltecas, que sueña ver crecer a sus hijas e hijos dentro de un mundo justo, sin violencia, sin contaminación y sin militarización; sueña con que los niños tengan la posibilidad de jugar libremente y que vayan a la escuela sin ser interrogados por los soldados en los caminos y que se frene el proceso de empobrecimiento. Bárbara es madre, ha sido dirigenta comunitaria, activamente aporta a la organización y lucha por la defensa de los territorios. Con su trabajo y su vida cotidiana ha dado ejemplo de la dignidad de miles de mujeres trabajadoras comprometidas con las luchas comunitarias por la defensa de vida.

La noche del 30 de octubre, el juez del juzgado de turno en Mixco la ligó a proceso por asesinato y dictó la siguiente audiencia para la fecha 5 de enero de 2015.

Ante esto nos hacemos las siguiente preguntas ¿Qué mensaje quiere dar el gobierno cuando captura a una mujer kaq’chikel de una comunidad organizada contra proyectos extractivos? ¿Quién asumió el día de ayer y hoy el cuidado de la familia? ¿Quién asume el aporte económico diario que sustenta a la familia de Bárbara? ¿Qué efectos emocionales se han producido en los niños al ver a su madre capturada? ¿Qué respuesta militar espera la sociedad guatemalteca que de el presidente a los hijos de los y las presos políticos?

San José Costa Rica 31 de octubre.

 

Comité de liberación de Bárbara Díaz Surin.

Comité internacional de solidaridad con San Juan Sacatepéquez.

Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, Jalapa.

 

 


En San Juan Sacatepéquez municipio del departamento de Guatemala,  a las 7:30 horas en el lote 226 B fue detenida doña Bárbara Díaz Surin, es maya Kaqchikel, vive en la comunidad Cruz Blanca en San Juan Sacatepéquez. Ella está siendo criminalizada por oponerse a la construcción de la planta cementera “San Gabriel” de la empresa Cementos Progreso en su municipio, por considerar que atenta contra la vida.

En los medios de comunicación corporativos a ella se le está vinculando a los hechos ocurridos en la comunidad Los Pajoques los días 19 y 20 de septiembre, hechos que justificaron desde el gobierno de Guatemala la imposición de un Estado de Prevención en las comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez, es importante desmentir esta acusación, a ella se le acusa por un asesinato en relación a hechos sucedidos meses atrás y no por lo sucedido en Los Pajoques, su detención es evidentemente política por ser ella la  autoridad comunitaria de Cruz Blanca  y  por ser quién asume la representación de la comunidad en espacios públicos.

La detención fue realizada en la aldea Cruz Blanca cuando ella se dirigía a su negocio en la comunidad Pilar I, mientras ella iba a dejarle desayuno a un trabajador en su terreno, iba acompañada de su pequeña hija de 9 años de edad.

La detención la realizaron un aproximado de 40 agentes de la Policía Nacional Civil PNC, ella narró que solamente vio a un mujer policía dentro de un fuerte grupo de policías,  quienes utilizaron la violencia para detenerla, en la piel de sus brazos son evidentes varios moretones provocados por los policías.

Doña Bárbara es autoridad comunitaria, desde hace años ella es presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE y representante de su comunidad una de las doce comunidades en oposición a la construcción de la cementera y de la carretera “Anillo Regional”.

El ambiente dentro de la cárcel es terrible, ella está sola como mujer en una cerceleta rodeada por hombres que la acosan y violentan. Ella está recibiendo agresiones verbales en éste momento, además el equipo de mujeres corresponsales que ingresaron a la carceleta para verificar las condiciones de doña Bárbara fueron acosadas sexualmente por los hombres dentro de la cárcel.

Ella pide que oren por su situación, además expresó estar contenta de que la apoyen, ante la pregunta: ¿Por qué cree que la detuvieron? doña Bárbara respondió “por defender la vida de mis hijos, es fue el motivo que cometí”.

La policía realizó la detención sin darle a conocer el motivo de la detención. Fue hasta que ella fuera ingresada al Juzgado en el municipio de Mixco que le indicaron que había sido detenida por asesinato y pasaron más de 24 horas para que fuera escuchada en primera declaración por un juez, los abogados defensores denunciaron fuertes anomalías en el proceso de detención y garantías constitucionales para su primera declaración.

Cobertura Colaborativa: Quimy De Léon de Prensa Comunitaria y Prensa Opal.

Fotografía Quimy De León

 


Las mujeres Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez en resistencia pacífica para la inauguración de la planta cementera San Gabriel. Julio 2013.

 

Claudia Korol – Feminista inconveniente. Integrante del equipo de educación popular pañuelos en rebeldía.*

 

Fue el cuento más breve y más conmovedor, el del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que escribió en 1959:

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

 

El microrrelato brevísimo condensa una larguísima historia de dolores, de masacres que continúan, amparadas en el racismo impuesto por la violencia capitalista colonial patriarcal. Todavía sentimos en nuestros cuerpos y en nuestra piel las miradas de las mujeres ixiles denunciando la violencia sexual, como parte de los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por la dictadura encabezada por Ríos Montt. Todavía sentimos las voces de las mujeres xincas de las montañas de Jalapa, denunciando el estado de sitio impuesto para defender los intereses de las corporaciones de la minería.

“No te duermas”, digo, que el dinosaurio todavía está allá. No te duermas, porque las masacres siguen enlutando a los pueblos de esa franja de territorio nuestroamericano, y si miramos a otro lado sellaremos complicidades entre silencios que también exudan un racismo que vuelve selectivas las solidaridades.

Este relato no será tan breve como el de Monterroso, porque hace falta decir lo que la prensa oficial calla. Y porque están silenciando a los comunicadores y a las comunicadoras indígenas que nos hacen llegar la información, apresándolxs o iniciándoles procesos judiciales en su país (como hicieron con Norma Sancir, detenida cuando cubría el desalojo de las comunidades chortís en Chiquimula).

Entre el viernes 19 de septiembre y el sábado 20 de septiembre, en la Comunidad Los Paloques, de San Juan Sacatepéquez, fueron masacradas 11 personas, y hubo más de una decena de heridos. Este conflicto se inscribe en las muchas resistencias contra las políticas extractivas.

En el 2006 la empresa “Progreso” decidió construir proyectos cementeros sin consultar a las poblaciones indígenas y comunidades de resistencia que residen en esos territorios. “Progreso” se llama la cementera. También podía haberse llamado “Desarrollo” o “Civilización”. Esos son los nombres que eligen los brutales colonizadores de estos tiempos para sus espejitos de colores.

Pero las comunidades ya no son las mismas. Más de cinco siglos les enseñaron que ese progreso se pinta con la sangre de sus pueblos. En el 2011, el caso fue expuesto por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Las comunidades denunciaron que las medidas del presidente Otto Pérez Molina, renuevan el genocidio contra los pueblos mayas, recurriendo a la violencia, al estado de excepción, cada vez que los intereses empresariales se ven afectados o amenazados.

En julio del 2013 Cementos “Progreso” inició las obras para una planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720 millones de dólares. Su entrada en funcionamiento está prevista para 2017.

En un comunicado conjunto firmado recientemente por las Doce Comunidades Organizadas y en Resistencia en San Juan Sacatepéquez, se explica que desde “el inicio de la instalación de la Empresa Cementos Progreso en nuestro territorio, hemos solicitado al Estado de Guatemala la realización de una consulta comunitaria para conocer el sentimiento de las comunidades en relación a dicho megaproyecto. Nuestras acciones desde entonces han sido pacíficas y en búsqueda del diálogo para el consenso, recibiendo como reacción del Estado, la represión sistemática y persecución política de nuestros líderes y lideresas. Durante la movilización del 16 y 17 de junio del 2014, se acordó con el Gobierno de Guatemala, la realización de un análisis de la problemática que ha generado en la comunidad la instalación de la empresa cementera y la construcción del anillo regional, para posteriormente abordar la criminalización y persecución de los dirigentes comunitarios. Dicho diálogo no se llevó a cabo, a pesar de haberse celebrado dos reuniones posteriores a la macha. El día 14 de julio del 2014 se le envió al Gobierno la solicitud de una mesa técnica para discutir y realizar el estudio de impacto ambiental pertinentes a dichos proyectos. Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado a favor ni en contra de dicha petición”.

Las Comunidades en Resistencia denuncian que la Empresa Cementos Progreso ha utilizado recursos como la compra de voluntades de vecinos, para emplearlos en su sistema de seguridad, y en oficios destinados a convencer sobre los beneficios de su proyecto, llegando desde la coacción y la represión, incluso a nombrar falsas autoridades comunitarias. Señalan que estas prácticas están en el origen de la masacre de septiembre de este año.

Después de la masacre, el gobierno de Guatemala intervino decretando el Estado de Prevención en la región (un Estado de Sitio con otro nombre). Se suspendieron sin aviso previo (lo que corresponde de acuerdo a la legalidad de ese país) las garantías constitucionales. El lunes 22 de septiembre a las 6 am el Ejército ya estaba en las aldeas, y luego fue publicado el decreto 6-2014. Según las comunidades, lejos de resguardar la seguridad como proclaman, amparados por el estado de prevención, la gente de la cementera está falsificando escrituras, inventando títulos y presionando a la gente para vender sus tierras. Denuncian también que son los promotores de la empresa los que mataron a los vecinos. Denuncian que los muertos son compañeros que pertenecen a la lucha contra la cementera, y que quedan niñas y niños huérfanos.

Señalan observadores internacionales, que “quienes estuvieron a cargo de perpetrar esa masacre fue gente entrenada en producir la muerte, de la misma forma en que lo han hecho los militares guatemaltecos durante la dictadura”.

Posteriormente el Ejército entró en las casas allanando las viviendas, produciendo destrozos, acusando a los dirigentes comunitarios de terroristas, deteniendo a varios de ellos. Ponen como ejemplo el caso de José Pajoc, que está preso, padre de un joven asesinado y de dos jóvenes heridos. “Don José pasó por el hospital, la morgue, y ahora está en la cárcel”, dicen los comuneros. También denuncian que el Ejército obliga a las niñas y niños a dar los nombres de las autoridades comunitarias, violando abiertamente los derechos de la infancia. Se emitieron así numerosas órdenes de captura.

En medio de este clima de terror, se continúan las obras de construcción del Anillo Regional, que es clave para la culminación de los objetivos de la Cementera.

Las Comunidades en Resistencia exigen al Estado de Guatemala la suspensión inmediata de la licencia otorgada a Cementos Progreso por alterar la paz y armonía en San Juan Sacatepéquez, dilucidar las responsabilidades, y demandan al gobierno suspender inmediatamente el Estado de Prevención, poner fin a la judicialización de las demandas comunitarias, a la persecución legal y política y el respeto al consentimiento libre de la población.

En Guatemala, el genocidio de los pueblos continúa. Pero también es fuerte el silencio. Este cuento debe terminar. Tal vez la masacre de Sacatepéquez, tal vez la sangre indígena derramada una vez más en defensa del territorio, de los bienes comunes, nos convoque para que en cada uno de los países en los que la colonización dividió el continente, se hagan oír las voces de un coro polifónico de resistencias.

“Si tocan a uno, si tocan a una, tocan a todos y todas”, dijimos en nuestra rebelión argentina de diciembre del 2001. Las políticas extractivistas pueden tener la forma de una cementera, de una Monsanto, de una minera. Pero todas tienen el mismo color: el de la sangre de los hijos e hijas de la tierra. Es hora de ensayar una vez más nuestros ¡Ya Basta!

 

Claudia Korol, 28 de septiembre, 2014


Por Nelton Rivera.

Más de 355 kilómetros son necesarios recorrer desde el kilómetro 0 en la capital de Guatemala para llegar hasta el municipio de Santa Eulalia en Huehuetenango, son como ocho horas de camino.

La carretera Interamericana CA-1 es la que nos lleva hasta este lugar, para ello se pasa entre otros poblados por San Lucas Sacatepéquez, Chimaltenango después empezamos a conducirnos hacia el altiplano para disfrutar de las montañas, esas montañas que son las mejores compañeras de camino. Unas horas después llegamos a la cabecera departamental de Huehuetenango como punto intermedio, finalmente subiremos la Sierra de los Cuchumatanes y luego conducirnos a uno de sus puntos más altos en territorio Q´anjob´al: Santa Eulalia.

Santa Eulalia es conocida por sus habitantes como Jolom Konob’ significa “Cabeza de Pueblo”, así llama el pueblo maya Q’anjob’al a su municipio, uno de los diez que forman parte del territorio norte de Huehuetenango.  El frío y la neblina normalmente son intensos desde el ascenso de la Sierra, luego se sigue la ruta para pasar por Paquix, Todos Santos, a veces es imposible ver centímetro alguno de las piedras de Capt’zin, luego San  Juan Ixcoy y San Pedro Soloma durante 3 horas de camino hasta llegar.

Compartir e intercambiar ideas

La presentación del libro “Dinámicas del despojo y resistencia en Guatemala“  fue realizada el día miércoles 16 de abril,  en el salón de la Escuela Parroquial “Santa Eulalia”, es en esta escuela en donde Daniel Pedro Mateo realizaría parte de sus estudios y es en este lugar en donde el Gobierno Plurinacional Q´anjob´al, Chuj, Akateco, Popti y mestizo decidieron realizar las actividades conmemorativas a un año del asesinato de Daniel “Maya”, como lo llaman con cariño y respeto en toda la región.

“Daniel nos enseñó a luchar y vamos a seguir luchando, 365 días después de la muerte de Daniel nuestras naciones ya trascendieron en su lucha. Hoy ya nos denominamos naciones, como antiguamente se denominaban nuestros pueblos. Daniel fue uno de los impulsores de esta iniciativa de constituirnos como naciones. Daniel siempre soñó que nuestros pueblos tuvieran sus propias autoridades, y hoy nos denominamos como gobierno Plurinacional. Hoy nos vamos a reunir para trascender más…” Rigoberto Juárez.

La voz de Rigoberto no solo se escuchó en el salón, también fue transmitida por la Radio comunitaria Snub Jolom Konob’ “La voz de la cabeza del pueblo”, la radio se encargó de transmitir en vivo la presentación del libro, también estuvieron presentes las autoridades y representantes de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Poptí y mestizo que forman parte del Gobierno Plurinacional, cada una y uno de ellos tomo la palabra.

En el salón parroquial desde las 8 de la mañana varias marimbas hicieron escuchar sus sones: “Alma Norteña”, “Maderas de mi tierra” y “Pixan Konob”. Para quienes aún no conocen Santa Eulalia tiene una larga tradición de músicos, en su parque central hay un monumento a la marimba, porque Santa Eulalia se considera como la cuna en donde nació está.

El libro “Dinámicas del despojo y la resistencia en Guatemala” se dedicó a Daniel Pedro Mateo y fue entregado como un homenaje a su familia, Reina luchadora social y su compañera de vida recibió el libro, sus hijas Magdalena, Victoria, Patricia Daniela y Ana Lucinda la acompañaron en esta actividad de homenaje a la vida y lucha de su padre.

La actividad central fue un foro en el que tuvimos la oportunidad como equipo de investigación “Colibrí Zurdo” y Prensa Comunitaria para socializar la experiencia del trabajo, en la mesa principal que compartimos junto a las autoridades del gobierno Plurinacional y varios artistas quienes el 7 de abril realizaron una serie de pinturas en homenaje a Daniel “Maya”.

Pudimos conversar brevemente sobre los tres casos contenidos dentro de esta investigación: San Juan Sacatepéquez y las Doce comunidades maya Kaqchikel, El Valle del Polochic y las comunidades maya Q’eqchí y Barillas y las comunidades maya Q’anjob’al y mestizas en defensa del territorio.

Luego llegó el momento de cada representante del gobierno Plurinacional, hombres y mujeres de varias naciones quienes tomaron la palabra y se dirigieron a unas trescientas personas que se encontraban en el salón y varios miles más quienes nos escucharon a través de la Radio comunitaria, la Radio Snub Jolom Konob.

“Ésta es una oportunidad para seguir profundizando sobre la realidad que viven nuestros pueblos, todos aquí estamos convencidos que lo que está pasando ahora no son políticas gubernamentales solamente, estamos enfrentando una nueva colonización, es un nuevo despojo como el que vivimos desde hace más de 500 años. Vimos la necesidad de articularnos de acuerdo a nuestras formas de organización ancestral de acuerdo a nuestra libre determinación, estamos recuperando la hermandad entre nosotros como pueblos.” Francisco Mateo Morales. 

Al finalizar, en la escuela nos esperaba el recado de trigo con pollo, tamalitos de maíz y café, mientras el frío continuó cayendo sobre el municipio, la neblina este día se hizo sentir desde el amanecer hasta anochecer.

Ésta fue la cuarta presentación del libro, iniciamos en San Juan Sacatepéquez, Cobán Alta Verapaz, en la ciudad de Guatemala y en Santa Eulalia, aún nos queda camino por recorrer, la palabra para nosotras y nosotros tiene peso, tiene valor, la palabra hablada, la palabra escrita, todas esas palabras hechas testimonios que decenas de personas nos han confiado para que se haga eco de lo que viven, éste es el eco que tratamos de hacer.

Cada visita nos permite retroalimentar, comprender y fortalecer nuestros vínculos con las raíces de los pueblos y de las personas, con su historia y realidad, llevamos con nosotros las preocupaciones, rabias, esperanzas y sus sonrisas.

Para descargar el libro, hágalo aquí: “Dinámicas del despojo y resistencia en Guatemala”


 

Por Marcelo Coj.

Guatemala: este fue el título de la nota de opinión que Francisca Gómez Grijalva, columnista de Prensa Libre, publicó el 6 de febrero del corriente y por la cual Cementos Progreso ha iniciado proceso judicial en su contra. No cabe duda que la finalidad es silenciarla y de esta manera negar su derecho a la libre emisión del pensamiento según establece el artículo 35 de la Constitución Política.

En dicha columna Gómez Grijalva cuestionó los abusos de fuerza, amaños legales y desinformación con los cuales cementos progreso y el gobierno municipal de San Juan Sacatepéquez han buscado imponer la minería de cemento en dicho municipio. Aún a sabiendas de que el 13 de mayo de 2007 las 12 comunidades afectadas rechazaron el proyecto minero “San José Mincesa” y la planta cementera San Gabriel en consulta de Buena Fe observada por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Universidad de San Carlos (USAC) y la Asociación de Abogados Mayas.

El propósito de estas acciones es amedrentar y callar a quienes se solidarizan y denuncian los atropellos cometidos contra la ciudadanía subalternizada –cuyo rostro es de hombres y mujeres mayas, garífunas, xinca y ladino pobre- que precisamente por su condición tiene nulas posibilidades de ejercer el derecho a la libre expresión. De ahí que “lo que está en juego de nuevo no solo es cercenar el espíritu auténtico de una profesional guatemalteca, sino las voces en defensa de la vida de las personas” (Bienvenido Argueta en su columna “En el filo de la navaja”).

Iduvina Hernández claro y conciso explica en su nota “Una mordaza de cemento”: “la empresa… responsable de la crisis social en San Juan Sacatepéquez, pretende arremeter en contra de quién critica su proceder y brinda su voz a las comunidades”. Con estas breves palabras nos recuerda que en este paíslos grandes victimarios pretenden que las víctimas y quienes las acompañan devengan en criminales, en tanto que ellos se presentan a sí mismos como víctimas. Una situación absurda que lamentablemente para la ciudadanía está siendo amparada por un sistema de justicia que, por esta razón, nada tiene de justo.

Lo sucedido a Francisca Gómez evidencia una vez más que en Guatemala no es posible la crítica y denuncia del poder económico, cuando se da tales inmediatamente procede la censura. Ya sea en la forma de judicialización –como es este incidente- o bien de amenazas, cancelación de programas radiales yen casos extremos asesinatos y desapariciones.

Como ejemplo de las amenazas tenemos la coacción e intimidación afrontadas por los comunicadores Gustavo Illescas, Nelton Rivera y Ricard Busquets a manos de agentes de seguridad de Exmingua. Ello fue al momento de cubrir el intento de desalojo violento de vecinas y vecinos maya-kaqchikel y ladino de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, quienes se encontraban realizando un plantón pacífico contra el proyecto minero “El Tambor, Progreso Derivada VII”. En tanto que del tercer caso se puede hablar de la cancelación del programa “Espacio intergeneracional” el viernes 25 de febrero de 2012 en la radio Nuevo Mundo a manos de la agencia publicitaria de la Cabcorp –la empresa fabricante y distribuidora de Pepsi en el país. Y todo porque el programa en mención iba a criticar el mensaje de la campaña publicitaria “Guatemorfosis”.

Por eso como indica Bienvenido Argueta: “esta demanda puede tener un significado preocupante, pues podría marcar la línea de prohibición que se erige desde lo privado frente a las expresiones públicas que se plantean en defensa de la sociedad. Ya hemos visto que los impuestos que pagamos todos sirven en casos límite para defender intereses ajenos a los ciudadanos de este país y en su lugar se defienden intereses de empresas trasnacionales.”

En síntesis, la libertad de expresión y por tanto la democracia y el Estado de Derecho se encuentran amenazados por el excesivo poder que gozan las grandes empresas. Poder notorio en las costosas campañas electoreras, así como en los jugosos negocios que se cuecen al amparo del Estado –van desde las privatizaciones, hasta las concesiones mineras pasando por las compras de suministros para las dependencias estatales.

La gravedad del asunto aumenta si consideramos el racismo, como nos plantea Marielos Monzón en “País de Propietarios”: “el colmo es que ahora, Francisca Gómez Grijalva, una de las pocas mujeres indígenas que cuenta con una columna de opinión, se vea envuelta en una demanda civil… O sea que los indígenas no pueden ser propietarios y tampoco pueden expresarse libremente;  si lo hacen son perseguidos y criminalizados”.

El propósito de la presente es llamar a la solidaridad y sororidad con Francisca Gómez porque como bella y enérgicamente expresa Andrea Ixchíu en su columna “Cemento vs. la palabra”:  “defender a Francisca coincide con la necesidad colectiva de defender la dignidad humana y el respeto a la palabra. Hago un llamado a todas y todos para que nos solidaricemos y nos pronunciemos al respecto. Si tocan a una, nos tocan a todos.”

Mañana habrá conferencia de prensa en Casa Cervantes a las 9:00 a.m.  La dirección es 5ta. calle 5-18 zona 1. En esta se denunciará el ataque que cementos progreso está haciendo contra la dignidad y libre expresión de Francisca Gómez Grijalva y de las grandes mayorías excluidas de la cuál ella es representativa, por su condición de mujer Maya-K’iche’ y su origen campesino.