Guatemala Comunitaria

Fotografía Juan Calles / Prensa Comunitaria.

La Corte Interamerica de Derechos Humanos  publica las medidas cautelares otorgadas a las familias de Ch’ab’il Ch’och’ de Linvingston, Izabal, que fueron desalojados en el mes de noviembre de 2017.

Lea acá el documento íntegro

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

RESOLUCIÓN 3/2018

Medida cautelar No. 860-17

Familias indígenas de la Comunidad Chaab´il Ch´och’ respecto de Guatemala

25 de enero de 2018

I. INTRODUCCIÓN

1. El 13  de  noviembre  de  2017,  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (en adelante, “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una solicitud de medidas cautelares  presentadas  por  la  Oficina  del  Procurador  de  los  Derechos  Humanos  de  Guatemala,  Miriam  Catarina  Roquel  Chávez,  Leocadio  Juracán  Salomé,  y  Julián  Marcelo  Sabuc  (en  adelante  “los solicitantes”),  instando  a  la  CIDH  que  requiera  al  Estado  de  Guatemala  (en  adelante  “el  Estado” o “Guatemala”)  la  adopción  de  las  medidas  de  protección  necesarias  para  garantizar  la  vida  e integridad  personal  de  los  miembros  de  la  Comunidad  Chaab´il  Ch´och’ ,  Livingston[1],  Izabal  (en adelante “los propuestos beneficiarios”). Según la solicitud, los propuestos beneficiarios estarían en una situación de riesgo tras haber sido desalojados el 30 de octubre de 2017 de un área denominada finca Santa Isabel, la cual sería reclamada como propiedad en nombre de “Lisbal S.A.”.

2. La Comisión solicitó información a ambas partes el 19 de diciembre de 2017 por el plazo de 10 días. Los solicitantes respondieron el 29 de diciembre de 2017. El 9 de enero de 2018 el Estado presentó una solicitud de prórroga, sin recibirse sus observaciones al día de la fecha.

3. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho de las partes, a la luz del contexto específicoen que tendrían lugar, la Comisión considera que los miembros de la Comunidad Chaab´il Ch´och’ se encuentran prima facie en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita a Guatemala que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos  a  la  vida  y  la  integridad  personal  de  las  familias  indígenas  de  la  comunidad  Chaab´il  Ch´och’, a través de medidas culturalmente adecuadas dirigidas a mejorar, entre otros aspectos, las condiciones  sanitarias,  de  salud y  alimentación,  en  especial  de  los  niños,  niñas,  mujeres  y  personas  mayores; b)  concierte  las  medidas  a  adoptarse  con  los  beneficiarios  y  sus  representantes  teniendo en cuenta la importancia de salvaguardar la identidad cultural de los propuestos beneficiarios, como miembros  de  la  comunidad  Maya-Q’eqchi’;  y  c)  informe  sobre  las  acciones  adoptadas  a  fin  de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.

Fotografía Juan Calles / Prensa Comunitaria.

II. RESUMEN DE HECHOS Y ARGUMENTOS APORTADOS POR LOS PARTES

Información aportada por los solicitantes

4. La comunidad Chaab´il Ch´och’[2] estaría integrada por personas de origen Maya-Q’eqchi’ que habrían vivido en la misma desde 1935. El nombre de la comunidad en idioma originario significaría “Tierra  Buena”.  La  comunidad  habría  sido  formada  por  diversas  familias  que  huyeron  del  conflicto armado interno de diversos lugares de Alta Verapaz al ser perseguidos y despojados de sus tierras. Según  los  solicitantes,  durante  el  conflicto  armado  interno  muchas  tierras  fueron  escrituradas  a nombres  de  otras  personas,  fundamentalmente  militares;  o  simplemente  ocuparon  las  tierras  y,  cuando  las  personas  quisieron  volver  a ellas, se encontraron con que estaban ocupadas[3] . Existirían miembros de la comunidad que trabajaron para los terratenientes como “mozos colonos” en “la finca de sus ancestros” recibiendo 30 quetzales diarios, sin prestaciones y trabajando 7 días a la semana para poder sobrevivir.

5. La comunidad se  encontraba ubicada  en  la  parte  occidente  de  la  cabecera  municipal  en  el área  del  Río  Chocón  y  Sarstún  en  el  área  de  Biotopo  Chocón  Machacas.  La  comunidad  tenía una iglesia  y  un  cementerio.  Se  podía acceder  a  la  comunidad  por  vía  terrestre  en  la  aldea  San  Antonio Seja’, Livingston, Izabal y por vía marítima de Rio Dulce, Livingston, sobre el Rio Chocón Machacas. Según los solicitantes, el área de Livingston sería favorable para el intercambio comercial y también para  negocios  ilícitos  como  el  narcotráfico.  Los  solicitantes  indicaron  que  la  comunidad  estaba rodeada por fincas de “narco-ganaderos” y de personas que realizan narcoactividades.

6. Como contexto,  los  solicitantes  indicaron  que  existe  una  falta  de  certeza  jurídica  de  lapropiedad de las tierras de las comunidades indígenas en Guatemala. Lo anterior, debido, entre otros aspectos, a la falta de un Registro de Información Catastral (RIC) actualizado sobre todo el país y al avance de la frontera agrícola y ganadera, los incendios forestales y el despojo de sus tierras desde hace años por causas ligadas al conflicto armado interno y la apropiación de las mismas a manos de terceros. Para los solicitantes, la defensa del territorio de las comunidades indígenas se enmarca en condiciones  adversas  propias  de la  historia  de  Guatemala,  las  que  derivan  en  un  aumento  de  la conflictividad  social  reflejadas  en  la  criminalización,  represión,  entre  otras  cosas. Particularmente,  los solicitantes refirieron que el “Programa de Compra de Tierras” del “Fondo de Tierras” terminaría en el 2017 y, en el 2018, ya no podrían comprar tierras sino solo alquilarlas o arrendarlas, por lo que vendría una nueva ola de desalojos y el mal uso del derecho penal para la ejecución de los mismos en comunidades  indígenas  y  campesinas. Los  solicitantes  denunciaron  que  diversa  normativa  interna sobre pueblos indígenas no sería acorde a los estándares internacionales en la materia.

7. Según los  solicitantes, existe controversia  en  torno  a  la  propiedad  de  la  tierra  en  la  cualvivían los propuestos beneficiarios puesto que había anomalías en el registro correspondiente y nose había demostrado  en  la  vía  civil  que  la  finca  donde  se  encontraban los  propuestos  beneficiarios pertenezca  a  “Lisbal  S.A.”  o  que  los  propuestos  beneficiarios  no  fueran  los  dueños  de  las  tierras.  Según los solicitantes, el Registro de Información Catastral (RIC) indicó que no es posible determinar cuál es la finca Santa Isabel porque no se encuentra esa información en las inscripciones registrales de  las  fincas[4] .  Los  solicitantes  también  resaltaron  que  el  Estado  no  había  realizado  peritajes antropológicos,  culturales  e  históricos  para  analizar  la  posesión  ancestral  de  la  tierra  de  parte  del  pueblo Maya-Q’eqchi’ ni ha analizado las posibles anomalías en los registros públicos.

8. Los propuestos  beneficiarios  indican  que  los  que  actúan  como  propietarios  son  Rodrigo Lainfiesta   y   Otto   Pérez   Molina.   Según   indican,   Lainfiesta   realizaba   disparos   atemorizando   y   amenazando a la población. Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, los propuestos beneficiarios  habrían denunciado que estaban siendo amenazados y arrinconados en la montaña prácticamente obligándolos a quedarse como “mozos colonos”, siendo despedidos y sin pagos a honorarios y prestaciones. Durante los últimos años, las familias habrían denunciados “cosas extrañas” como la llegada de personas que estarían traficando droga.

9. El 25 de enero de 2017 se habría realizado una audiencia unilateral en un Juzgado de Izabal donde se ordenó el desalojo de diversas fincas en el plazo de un mes y la aprehensión de las personas que se encontraran en delito flagrante. El 13 de febrero de 2017 una delegación del Ministerio Público y de la PNC se habría presentado en la comunidad para realizar investigaciones que se tenían programadas, las cuales no pudieron realizarse, posponiéndose la diligencia para el 16 de febrero de 2017. El desalojo se habría programado hasta por 8 veces siendo suspendido por falta de personal de la policía nacional civil (PNC).

10. El desalojo habría iniciado el 30 de octubre de 2017 a la 4:00 a.m. y terminó el 31 de octubrede   2017   a   las   2:30   a.m.   La   Procuraduría   de   Derechos   Humanos,  la  Comisión   Presidencial   Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), una Jueza de Paz, el Ministerio Publico, la PNC, el administrador y abogado de la finca habrían estado presentes al  momento  del  desalojo.  En  el  desarrollo  y  ejecución  de  la  diligencia  habrían  participado  129 patrullas con 1,800 agentes del PNC que rodearon a la comunidad[5] . Asimismo, el desalojo se habría realizado sin  presencia  de  abogados  de  los  propuestos  beneficiarios.  El  diálogo  no  habría  durado más  de  15  minutos,  y,  después  de  darles  20  minutos  para  recoger  sus  pertenencias,  se  les  habría  desalojado.  Producto  del  desalojo  se  habrían  quemado  56  viviendas,  896  cuerdas  cultivadas (incluyendo  224  cosechas  de  maíz)  y  aproximadamente  1400  aves  de  corral  y  112  cerdos.  La  Procuraduría denunció que trabajadores de la finca también habrían quemado viviendas.

11. Según la Procuraduría,  ningún  funcionario  del  Estado  tenía  un  plan  de  traslado  de  lapoblación,  pese  a  que  se habría  sido  coordinado  con  otras  instancias,  las  cuales  no  respondieron.  Según  los  solicitantes,  tampoco  tuvieron  atención  en  salud  durante  el  desalojo. No  habría  habido suficientes lanchas para transportar a las familias fuera de la comunidad durante el desalojo, por lo que  las  propias  familias  habrían  tenido  que  conseguir  “cayucos”  para  movilizarse  o  esperar  a  que regresen  las  lanchas.  Según  los  solicitantes,  el  desalojo  no  respetó  la  normativa  internacional  en  la  materia.

12. Según un censo,  se  habría  desalojado  a  56  familias  equivalentes  a  304  personas  integradas por: 94 hombres adultos, 96 mujeres adultas (de las cuales 4 recién habrían dado a luz y 5 estarían embarazadas), 47 niños y 47 niñas, 20 lactantes (de los cuales no puedo desglosarse la información por  sexo)[6] . Ya  no  quedaría  ninguna  persona  de  la  comunidad  en  el  área  desalojada.    No  se  habría  seguido  el  debido  proceso  porque  no  se  habría demostrado  que  los  propuestos  beneficiarios  no fueran los dueños de la tierra, y no habrían sido informados adecuadamente del desalojo.

13. La ubicación actual  de  las  56  familias  sería  la  siguiente:  35  estarían  en  la  Comunidad Quebrada  Seca;  10  en  la  Comunidad  Lo  de  Medio  2;  5  en  la  Aldea  Nuevo  Nacimiento  Cáliz;  y  6 familias  en  Aldea  Chacalte  del  Municipio  de  Livingston.  Algunas  de  las  comunidades  en  las  que  se  encontrarían   las   familias   también  podrían  estar   en   proceso   de   ser   desalojadas [7].   Según   los solicitantes, ninguna de las familias ha recibido atención estatal y estarían viviendo de la solidaridad de  las  comunidades  que  las  han  acogido.  Las  familias  no  contarían  con  servicios  de  agua  potable  o  para  consumo  humano,  servicios   de   “letrinizicacion”,  viviendas,   alimentación   mínima   segura, atención en salud o educación para niños y niñas. Según los solicitantes, dicha situación los coloca en riesgo  de  sufrir  una  epidemia  de  enfermedades gastrointestinales.  Nadie  de  la  comunidad  habría recibido  atención  psicosocial  por  el  trauma  sufrido  a  raíz  del  desalojo,  lo  que  se  habría visto  agravado  por  el  gran  despliegue  de  fuerzas  de  seguridad  que  les  habría  recordado  la  violencia, represión y tierra arrasada sufrida durante el conflicto armado interno. Según los solicitantes, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACHNUDH) habría coordinado dos jornadas  médicas  especialmente  para  niños  y  niñas,  sin  intervención  del  Estado.  No  habría  un acompañamiento  de  las  autoridades  estatales  a  la  situación  de  salud,  alimentación,  vivienda,  educación,  entre  otras.  Las  familias  no  tendrían  sus  tierras  para  producir  sus  alimentos.  Los solicitantes  también  indicaron  que  seguiría  la  persecución  de  líderes  y  lideresas  comunitarios  por  parte de un administrador de la finca San Isabel y de dos personas que laboran para dicha finca.

14. Según los solicitantes,  existiría  un  amparo  interpuesto  a  favor  de  la  comunidad  ante  la  Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Izabal el 17 de marzo de 2017, y otro amparo ante  la  Jueza  de  Paz  del  Municipio  de  Puerto  Barrios  el  27  de  octubre  de  2017.  No  contarían  con pronunciamiento a la fecha. Ambos amparos buscaban frenar el desalojo por lo que habrían quedado sin  materia.  El  Comité  Campesino  del  Altiplano  (CCDA)  estaría  brindando  asistencia  legal  a  los propuestos beneficiarios.

15. Este CCDA habrían  acordado con  el  gobierno  de  Guatemala  el 30  de  noviembre  de  2017abordar  casos  de  conflictividad  agraria,  incluyendo  el  caso  de  los  propuestos  beneficiarios.  Sin  embargo,  hasta  el  momento  no  se  habría  convocado  a  la  mesa  correspondiente  lo  que,  según  los solicitantes, demostraría el poco interés del Estado de resolver el tema. Los propuestos beneficiarios habrían  indicado  que  están  a  la  espera  de  que  se  les  atienda,  ya  sea  mediante  la  posibilidad  de retorno o reubicación[8].

16. Finalmente, los solicitantes indicaron que este caso formaría parte de “una política estatal dedesalojos  que  afecta  a  la  población  campesina  cuya  mayoría  es  de  origen  Maya”.  Añadieron  que  los desalojos ocurridos hasta la fecha en Guatemala son “síntoma de un problema estructural e histórico de  falta  de  acceso  a  las  tierras  para  las  familias  indígenas  y  campesinas”[9]. El  Estado  no  habría  establecidos mandatos  adecuados  y  recursos  suficientes  para  generar  alternativas  de  desarrollo  y acceso a la tierra para la población, privilegiando “demandas de los empresarios”.

  1. Respuesta del Estado

17. El 19 de  diciembre  de  2017  la  Comisión  solicitó  información  al  Estado  para  que  aporte  sus observaciones  a  la  solicitud  de  medidas  cautelares en  el  plazo  de  10  días. El 9  de  enero  de  2018  el Estado presentó una solicitud de prórroga, sin recibirse sus observaciones al día de la fecha.

III.  ANALISIS SOBRE LOS ELEMENTOS DE GRAVEDAD, URGENCIA E IRREPARABILIDAD

18. El mecanismo de  medidas cautelares es parte de la función de la Comisión de supervisar elcumplimiento con las obligaciones de derechos humanos establecidas en el artículo 106 de la Carta de   la   Organización   de   Estados   Americanos.   Estas   funciones   generales   de   supervisión   están establecidas  en  el  artículo  41  (b)  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos,  recogido  también  en  el  artículo  18  (b)  del  Estatuto  de  la  CIDH. El mecanismo  de  medidas  cautelares  es  descrito en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión. De conformidad con ese artículo, la Comisión otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas.

19. La Comisión Interamericana  y  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (en  adelante “la  Corte  Interamericana”  o  “Corte  IDH”)  han  establecido  de  manera  reiterada  que  las  medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno cautelar y otro tutelar. Respecto del carácter tutelar,  las  medidas  buscan  evitar  un  daño  irreparable  y  preservar  el  ejercicio  de  los  derechos humanos. Con respecto al carácter cautelar, las medidas cautelares tienen como propósito preservar una  situación  jurídica  mientras  está  siendo  considerada  por  la  CIDH.  El  carácter  cautelar  tiene  por objeto  y  fin  preservar  los  derechos  en  posible  riesgo  hasta  tanto  se  resuelva  la  petición  que  se  encuentra  bajo  conocimiento  en  el  Sistema  Interamericano.  Su  objeto  y  fin  son  los  de  asegurar  la integridad  y  la  efectividad  de  la  decisión  de  fondo  y,  de  esta  manera,  evitar  que  se  lesionen  los derechos  alegados,  situación  que  podría  hacer  inocua  o  desvirtuar  el  efecto  útil  (effet  utile)  de  la  decisión  final.  En  tal  sentido,  las  medidas  cautelares  o  provisionales  permiten  así  que  el  Estado  encuestión pueda cumplir la decisión final y, de ser necesario, cumplir con las reparaciones ordenadas. Para  los  efectos  de  tomar  una  decisión,  y  de  acuerdo  con  el  artículo  25.2  de  su  Reglamento,  la Comisión considera que:

  1. La “gravedad  de  la  situación”  implica  el  serio  impacto  que  una  acción  u  omisión  puede  tener sobre  un  derecho  protegido  o  sobre  el  efecto  eventual  de  una  decisión  pendiente  en  un  caso  o petición ante los órganos del Sistema Interamericano;
  2. La “urgencia de la situación” se determina por medio de la información aportada, indicando el riesgo o la amenaza que puedan ser inminentes y materializarse, requiriendo de esa manera una acción preventiva o tutelar; y
  3. El “daño irreparable” consiste en la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

20. En el análisis  de  tales  requisitos,  la  Comisión  reitera  que  los  hechos  que  motivan  unasolicitud  de  medidas  de  cautelares  no  requieren  estar  plenamente  comprobados,  sino  que  la  información  proporcionada  debe  ser  apreciada  desde  una  perspectiva  prima  facie  que  permita  identificar una situación de gravedad y urgencia[10].

21. Como punto preliminar,  la  Comisión  considera  pertinente  aclarar  que,  en  el  marco  delmecanismo de medidas cautelares, no le corresponde determinar quiénes serían los propietarios de la  tierra  reclamada  ni declarar violaciones a  los  derechos  humanos  consagrados  en la  Convención Americana u otros  instrumentos  aplicables atribuibles  al  Estado  de  Guatemala  en  el  marco  de  los  hechos  alegados.  El  análisis  que  se  efectúa  a  continuación  se  relaciona  exclusivamente  con  los elementos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, los cuales pueden resolverse sin entrar en determinaciones de fondo que son propias de un caso.

22. En relación con  el  requisito  de  gravedad,  la  Comisión  identifica  que  el  presente  asunto  se enmarca  en  un  conflicto  existente  por  la  propiedad  de  la  tierra  entre  indígenas  y  no  indígenas en diversas  zonas  de  Guatemala. La  información  recibida  sobre  la  situación  de  la  comunidad  Chaab´il Ch´och’ es consistente  con  aquella  obtenida  por  la  Comisión  en  su  última  visita  a  Guatemala  en  agosto  de  2017.  En  dicha  visita la  Comisión  constató  que  existiría  una  grave  situación  humanitaria producto  de  los  desalojos  forzosos  de  comunidades,  la  aplicación  de  los  delitos  de  usurpación  y  su  modalidad agravada, así como la criminalización y detención de miembros de comunidades en zonas como el departamento de Izabal.

23. Al respecto, la   Comisión   fue   informada   que   los   desalojos   no   suelen   ser   notificados previamente, son realizados de manera sumaria y violenta por miembros de la Policía Nacional Civil, el Ejército y, en el caso que participe, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), involucran la  quema  y  destrucción  de  viviendas,  alimentos,  animales,  no  tienen  previsión  de  retorno  ni  reubicación, y no dan posibilidades reales de un debido proceso ni de acceso a la justicia[11].

24. En el presente  asunto,  la  Comisión nota  que,  si  bien  no  se  denunciaron  hechos  de  violencia durante el desalojo, sí se informó sobre la eliminación de las fuentes de subsistencia de la comunidad en  el  área  en  la  que  habrían  vivido  y  que  reclaman  como  suya.  Así,  como  resultado  se  habría quemado   56   viviendas,   896   cuerdas   cultivadas   (incluyendo   224   cosechas   de   maíz)   y   aproximadamente  1400  aves  de  corral  y  112  cerdos.  Además,  ante la  alegada  falta  de  un  plan  de traslado  y  tierras  propias  para  producir  los  alimentos,  las  56  familias  estarían  viviendo  de  la  solidaridad  de  otras comunidades  que  las  han  acogido, algunas  de  las  cuales  estarían también en proceso de ser desalojadas.

25. Sumado a lo anterior, la Comisión advierte que, según fue informado por los solicitantes, lasfamilias no contarían actualmente con servicios de agua potable o para consumo humano, servicios de  “letrinizicacion”,  viviendas,  alimentación  mínima  segura,  atención  en  salud  (en  especial  para  las personas mayores, mujeres embarazadas y niños/as lactantes), psicosocial y educación para niños y niñas.   Para  los   solicitantes,   dicha   situación   los  coloca   en   riesgo   de   sufrir   una   epidemia   de enfermedades gastrointestinales.

26. La Comisión observa  que  la  anterior  situación  de  riesgo  habría  llevado  a  que  el  AltoComisionado  de  Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos  (OACHNUDH)[12]  coordinara  dosjornadas  médicas  especialmente  para  niños  y  niñas.  Sin  embargo,  no  existiría  a  la  fecha  una respuesta  integral  de  las  autoridades  estatales  para  atender  la  situación  de  salud,  alimentación,  vivienda, educación, entre otras. Además, si bien los solicitantes no indicaron hechos más concretos, la  Comisión  toma  nota  que  denuncian  una  presunta  persecución  a  líderes  y  lideresas  de  la  comunidad por parte de personas allegadas a la finca San Isabel.

27. Finalmente, la Comisión considera pertinente tomar especialmente en cuenta al evaluar la gravedad de la situación presentada que, al estar las familias dispersas en diversas comunidades y aldeas producto del desalojo fuera de donde solían habitar, podría afectarse la cohesión social del colectivo e impactar en la identidad cultural del mismo[13], generándose la ruptura del tejido social, el debilitamiento y la fragmentación comunitaria, y en los casos más graves suponer la pérdida total o serio deterioro de su identidad étnica y cultural[14]. Al respecto, la Comisión recuerda que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha indicado que los pueblos indígenas se ven afectados en medida desproporcionada por la práctica de los desalojos forzados[15]. En esa línea, la Corte Interamericana ha indicado que el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o bien de sus integrantes, los puede colocar en una situación de especial vulnerabilidad, que por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico de los pueblos indígenas[16].

28. Frente a la alegada situación, la Comisión observa que si bien el Estado de Guatemala, luego de  vencido  el  plazo  de  10  días  otorgado  para  responder  a  la  comunicación  del  19  de  diciembre de 2017, presentó el 9 de enero de 2018 una solicitud de prórroga, no ha presentado sus observaciones respecto de la alegada situación de riesgo a la fecha, a fin de conocer si las autoridades competentes habrían  adoptado  medidas  tendientes  a  proteger  la  vida  e  integridad  personal  de  los  propuestos beneficiarios, o en relación con la idoneidad y efectividad de tales medidas. La Comisión observa que si  bien  la ausencia  de  tales  observaciones  no  es  motivo  per se para  el  otorgamiento  de  una  medida cautela, sí constituye en cambio un elemento importante a tener en cuenta a la hora de determinar su procedencia, puesto que, en el asunto específico, la Comisión no cuenta con elementos aportados por el Estado que desvirtuen la alegada situación de riesgo informada por los solicitantes.

29. En suma, tras el análisis de los aspectos previamente señalados, la Comisión recapitula que: i) las fuentes de subsistencia de los miembros de la comunidad habrían sido destruidas, o no se les permitiría su acceso, ii) ante el desalojo no contarían con una alimentación adecuada, ni servicios de salud  adecuados,  siendo  posible  el  desarrollo  de  enfermedades  y  epidemias  particularmente  en  los  grupos  en  más  situación  de  vulnerabilidad  como  niños  y  niñas  (incluidos  lactantes),  mujeres embarazadas  y  adultos  mayores;  y  iii)  la  dispersión  de  los  miembros  de  la  comunidad,  tendría  un  impacto significativo en  términos  de  su  cohesión  social  y  tejido  social  de  la  comunidad  indígena, quienes   se   verían   próximos   a   tener   que   volver   a   desplazarse   en   condiciones   de   mayor   vulnerabilidad,  de   ser   desalojadas   también   las   comunidades   donde   se   encuentran  en   forma temporal. Con base en todo lo anterior, analizando las características del presente asunto a la luz del criterio  de  apreciación  prima  facie  del  mecanismo  de  medidas  la  Comisión  considera  que  los derechos  a  la  vida  e  integridad  personal  de  los  propuestos  beneficiarios  se  encuentran  en  una  situación de grave riesgo.

30. En cuanto al  requisito  de  urgencia,  la  Comisión  considera  que  se  encuentra  cumplido  en  la medida  que  el  transcurso  del  tiempo,  en  las  circunstancias  descritas,  es  susceptible  de  generar  mayores  afectaciones  a  los  derechos  a  la  vida  e  integridad  de  los  propuestos  beneficiarios.  En  ese sentido, la Comisión toma nota que los solicitantes indicaron que no existiría un plan de traslado de la  comunidad,  y  que  el  desalojo  se  realizó  pese  a  existir dos  amparos  presentados en marzo  y octubre  de  2017  que  buscaban  impedirlo.  En  tales  circunstancias,  la  Comisión  observa  que en  las  condiciones  previamente  analizadas,  los  propuestos  beneficiarios  se  encontrarían  en  una  situación de gran vulnerabilidad, particularmente niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores. En particular, ante la falta de atención médica y una alimentación adecuada, se encuentran en un riesgo iminente   de   sufrir   una   epidemia   de   enfermedades   gastrointestinales,   entre   otros   posibles padecimientos   o   patologías.  Asimismo  los   propuestos   beneficiarios   podrían   sufrir   un   nuevo desplazamiento  de  ser  desalojadas  las  comunidades  donde  se  encuentran  de  manera  temporal  profundizándose la afectación que tendrían a su cohesión social como miembros de un pueblo indígena.

31. Como se ha indicado, la Comisión no cuenta con información en otro sentido que le permita identificar  que  la  situación  alegada  de  las  familias  de  la  Comunidad  estaría  siendo  atendida  de  manera  idónea  y  efectiva  por  el  Estado.  Por  el  contario,  la  Comisión  resalta  que,  según  los solicitantes, existiría  “poco  interés” del  Estado  de  resolver  el  tema.  En consecuencia,  la  Comisión  observa   que   la   situación   planteada,   es  posible   de   prolongarse   en   el   tiempo,   agravando  las condiciones de  por  sí  graves  en  que  se  encontrarían  los  propuestos  beneficiarios,  requiriendo  la adopción inmediata de medidas para salvaguardar sus  derechos a la vida e integridad personal.

32. En cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión estima que se encuentra cumplido, enla  medida  que  la  posible  afectación  al  derecho  a  la  vida  e  integridad  personal  de  las  familias  de  la  comunidad constituye la máxima situación de irreparabilidad.

IV. BENEFICIARIOS

33. La Comisión declara  que  los  beneficiarios  de  la  presente  medida  cautelar  son  las  familias desalojadas  de  la  Comunidad,  los  cuales  son  determinables  en  los  términos  del  artículo  25.6  del  Reglamento de la CIDH.

V. DECISIÓN

34. En vista de los antecedentes señalados, la CIDH considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita al Estado de Guatemala que:

  1. Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de   las   familias   indígenas   de   la   comunidad   Chaab´il   Ch´och’,   a   través   de   medidas   culturalmente   adecuadas   dirigidas   a   mejorar,   entre   otros   aspectos,   las   condiciones sanitarias,  de  salud  y  alimentación,  en  especial  de  los  niños,  niñas,  mujeres  y  personas  mayores;
  2. Concierte las  medidas  a  adoptarse  con  los  beneficiarios  y  sus  representantes  teniendo  en cuenta la importancia de salvaguardar la identidad cultural de los propuestos beneficiarios, como miembros de la comunidad Maya-Q’eqchi’; y
  3. c) Informe  sobre  las  acciones  adoptadas  a  fin  de  investigar  los  hechos  que  dieron  lugar  a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.

35. La Comisión también solicita al Gobierno de Guatemala tenga a bien informar a la Comisión dentro  del  plazo de 15 días  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  presente  comunicación,  sobre  la  adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica.

36. La Comisión resalta  que,  de  conformidad  con  el  artículo  25(8)  del  Reglamento  de  la Comisión,  el  otorgamiento  de  medidas  cautelares  y  su  adopción  por  el  Estado  no  constituye  prejuzgamiento sobre la posible violación de los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.

37. La Comisión ordena  que  la  Secretaría  de  la  Comisión  Interamericana  notifique  la  presente Resolución al Estado de Guatemala y a los solicitantes.

38. Aprobado el 25  de  enero  de   2018  por:  Francisco   José   Eguiguren   Praeli,   Presidente; Margarette  May  Macaulay,  Primera  Vicepresidenta;  Esmeralda  Arosemena  de  Troitiño,  Segunda  Vicepresidenta; Luis Ernesto Vargas, Joel Antonio Hernández García, Flavia Piovesan y Antonia Urrejola, miembros de la CIDH.

María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Adjunta

[1] Si  bien  los  solicitantes  solicitaron  expresamente  medidas  cautelares  a  favor  de  esta  comunidad,  también  hicieron  referencia  a la situación de las siguientes comunidades en torno a diversos desalojos producidos hasta la fecha: Comunidad La Cumbre Chamche’, Tactic, Alta  Verapaz;  Comunidad  Lote  23,  Lotificación  Candelaria,  Finca  Trece  Aguas,  Parcelamiento  Chacchila’  II,  San  Antonio  Senahu’,  Alta  Verapaz;    Comunidad  Nuevo  Centro;  Comunidad  Choctun  Basila;  Comunidad  Nueva  Libertad;  Comunidad  Ixloc  San  Pedrito;  Comunidad  Chinacte;  Comunidad  Rio  Zarco;  Comunidad  Santa  Elena  Samanzana  II;  Comunidad  Chaquila;  Comunidad  La  Cumbre;  Comunidad  Centro  Uno,  Comunidad  Nueva  Esperanza;  Comunidad  La  Coloroda;  Comunidad  Laguna  Larga;  Comunidad  Vergelito;  Caserio  Poma  Rosal  Finca  Santa  Rita,  Zona  Reina  Uspantán  Quiché;  Comunidad  Granada  1,  Municipio  de  Uspantán  Quiché;  Comunidad  Tierra  Linda,  Uspantán Quiché;  Comunidad  La  Esperanza  Barberena  Santa  Rosa;  Comunidad  Nueva  Jerusalén,  Guiscoyol,  Istapa,  Escuintla;  y  53  comunidades  en Laguna del Tigre y Sierra Lacandón.

Los  solicitantes  también  requirieron  medidas  cautelares  a  favor  de  Ramiro  Choc,  Juan  Carlos  Caal  Coc,  y  Cristins  Ico’  Pacham. Sin embargo,  no  brindaron  información  concreta  sobre  una  situación  de  riesgo  respecto  da  tales  personas.  En  su  última  comunicación,  los  solicitantes  se  refirieron  al  desalojo  de  la  Comunidad  La  Esperanza,  Barnerena,  Santa  Rosa  el  13  de  diciembre  de  2017,  el  cual  se  habría  realizado sin las garantías correspondientes.

 

[2] Según los solicitantes, anteriormente llamada Comunidad Chinamachacas.

[3] En el caso de la presente comunidad, las familias fueron perseguidas y tuvieron que huir de sus tierras, asentándose en Sarstun Creek, Blue Creek, Belice, Nacimiento Cáliz, entre otros lugares, para después volver al lugar.

[4] Según los solicitantes, el historial de registro de la finca empezaría el 11 de mayo de 1999 a nombre de un tercero que la desmembró en diversas fincas. Posteriormente, una parte habría sido vendida en diversas oportunidades hasta ser vendida a “Lisbal S.A.” el 27 de agosto de 2007.

[5] Inicialmente, indicaron que fueron 1,126 agentes del PNC

[6] En su última comunicación, los solicitantes indicaron que la comunidad estaría compuesta por 307 personas: 94 mujeres mayores, 5 mujeres embarazadas (2 de ellas próximas a dar a luz), 20 mujeres lactantes, 94 hombres mayores, 47 niños y 47 niñas.

[7] Inicialmente, los solicitantes informaron que las familias se habrían refugiado en comunidades vecinas como Q’otozha’ (Finca Manzanita) y Edén del Mar (Finca la Reventada) en Livingston, Izabal. Asimismo, de varias familias se desconoce su paradero desde el día del desalojo. Los solicitantes indican que las comunidades vecinas que estarían brindando alimentos para las familias desalojadas también tendrían procesos legales que llevarían a su pronto desalojo.

[8] Los solicitantes indicaron que los propuestos beneficiarios habrían considerado incluso la posibilidad de ser trasladados a otro lugar, es decir “abandonar” definitivamente las tierras de sus ancestros. Sin embargo, indicaron que ello implicaría que se les dote de tierra para vivir y trabajar, vivienda, servicios de agua y saneamiento; y debería consensuarse con ellos el posible lugar a ser trasladados.

[9] Según los solicitantes, en lo que va del 2017, 12 comunidades fueron afectadas violentamente en varias de ellas quemadas sus casas, sus chamarras, las pocas cosas que tenían y hasta sus siembras. Cientos de familias habrían sido “abandonadas a su suerte”.

[10] Al respecto, por ejemplo, refiriéndose a las medidas provisionales, la Corte Interamericana ha indicado que se requiere un mínimo de detalle e información que permitan apreciar prima facie una situación de extrema gravedad y urgencia. Corte IDH, Asunto de los niños y adolescentes privados de libertad en el “Complexo do Tatuapé” de la Fundação CASA. Solicitud de ampliación de medidas provisionales. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de julio de 2006. Considerando

[11] CIDH, Observaciones Preliminares de la Visita in loco de la CIDH a Guatemala Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/114A.asp

[12] Véase inter alia: ONU. La ONU en Guatemala expresa su “preocupación” por el desalojo en Chabilchoch, 1 de noviembre de 2017. Disponible en: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-onu-en-guatemala-expresa-su-preocupacion-por-el-desalojochabilchoch/20000013-3425227

[13] La Corte IDH considera que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. Véase: Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 217. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf

[14] Por ejemplo, véase inter alia para el caso de impactos en la identidad cultural de los pueblos indígenas por proyectos de desarrollo e industrias extractivas: CIDH, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo, 31 de diciembre de 2015, párr. 264 y 265. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/industriasextractivas2016.pdf

[15] Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 7 (1997): El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): desalojos forzosos, párr. 11. Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/GC7_sp.doc

[16] Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012, párr. 177. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf

Fuente: oas.org


Fotografía Quimy De León

 

Publicado en desInformemonos en México.

“…que no quede ninguno vivo”

Pedro García Arrendo es culpable”… con estas palabras hace un año exactamente, en la ciudad de Guatemala, en sala mayor de la Corte Suprema de Justicia el Tribunal de Mayor Riesgo B, frente a una multitud de personas de distintos pueblos del país, escuchamos la sentencia por la masacre cometida por el Estado de Guatemala en 1980. El nerviosismo lleno por completo la sala de audiencias, esta sentencia llegó dos años después de la sentencia por Genocidio en contra del pueblo Ixil contra del general José Efraín Ríos Montt en 2013.

La jueza y presidenta del Tribunal, inició por la tarde de ese histórico lunes 19 de enero, llegó el momento de la lectura del documento final, el resumen de la sentencia, haciendo uso de la palabra, y con el silencio de la multitud en la sala, abrió la audiencia a las 5 y 23 minutos de la tarde, treinta cinco años después de la masacre en la Embajada de España en 1980.

La jueza Sara Griselda Yoc Yoc de manera sencilla, sin leer un lenguaje técnico jurídico trasladó el análisis del tribunal para argumentar el porqué de su sentencia, en el caso de la “Toma y Quema de la Embajada de España” ocurrida el 31 de enero del 80.

El jefe del Comando Seis, teniente coronel Pedro García Arredondo fue condenado a 90 años de presión inconmutables, 40 años por cometer Delitos Contra Deberes de Humanidad en concurso ideal, delitos de Asesinato en Grado de Tentativa en concurso real contra el Embajador de España Dr. Máximo Cajal y López y el campesino Maya Gregorio Yujá Xoná, y el asesinato de 37 personas dentro de la Embajada de España el 31 de enero de 1980.

Cientos de personas esperaban con atención que la jueza con sus palabras llegara finalmente a la parte condenatoria, pasaron tan solo pocos minutos, que se convirtieron en largas horas de espera para quienes ahí presenciábamos la lectura, finalmente pocos minutos más tarde ocurrió, sus palabras rompieron la espera de décadas: “Pedro García Arrendo es culpable.”

Los corazones comenzaron a latir con fuerza, la respiración de cientos de personas ahí presentes en esa sala se hicieron profundas, muchas lágrimas rodaron por los rostros arados por el tiempo, hombres y mujeres maya Ixil y K’iché presenciaban como la justicia en Guatemala comenzaba a saldar la deuda enorme que aún tienen con su pueblo, varios hombres y mujeres Ixiles, hijos de quienes murieron calcinados adentro de esa embajada volvían a recordar con insistencia el reclamo de justicia, ese reclamo que los llevo a sobrevivir y a luchar 35 años ante los tribunales nacionales.

El tribunal continuo con la lectura de la sentencia, impone la condena de 50 años más de prisión inconmutables; por el asesinato de los estudiantes universitarios Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España Valle cometidos posteriormente el 2 de febrero de 1980, dos días después de la quema de la embajada.

“… estamos totalmente convencidas de la responsabilidad del señor Pedro García Arredondo como autor de los hechos que se han explicado.”

“…esta sentencia viene a ser esa agua que apaga ese incendio de esa búsqueda de justicia que han tenido los familiares de las víctimas que han tenido todo este tiempo y lo esperamos que este acto justo que hoy se dicta sea un precedente para que todo funcionario adecue su conducta al marco de la ley, al respeto de los derechos humanos, a la vida y dignidad de las personas.” jueza, Irma Jeannette Valdés.

Pedro García Arredondo es un militar que dirigió con mano dura el temido “Comando Seis” de la Policía Nacional –PN- durante la dictadura del general Fernando Romeo Lucas García (1980-1982), junto a su hermano Manuel Benedicto Lucas García quien era Jefe del Estado Mayor del Ejército, desde su comandancia se dirigió la más atroz estrategia contrainsurgente en contra del pueblo guatemalteco, miles de jóvenes, estudiantes, obreros, militantes revolucionarios, académicos, maestros, religiosos, la dictadura y el empresariado no diferencia edades, etnias, la violencia del Estado golpeo con fuerza, la más sanguinaria de toda América.

“Un testigo escuchó decir de la policía “que no quede ninguno vivo”.  Contrario a lo que se supone la policía llegó con la orden de matar al grupo de campesinos, así que quemaron la sede de la Embajada y asesinaron a 37 personas, dos lograron sobrevivir; el embajador Máximo Cajal y López quien logró escapar por sus propios medios y el campesino Gregorio Yujá que fue llevado al hospital privado “Herrera Llerandi”, estando ahí fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y después lo asesinaron. Su cuerpo fue lanzado en el Campus central de la Universidad de San Carlos.”, la universidad nacional.1

García Arrendo cumplirá 72 años de edad, de esos, lleva 3 años en la cárcel por delitos de lesa humanidad, es el único oficial de alto rango que fue condenado por la masacre de los 37 indígenas del Quiché y los estudiantes universitarios dentro de la embajada, los cuadros operativos de la Policía Nacional de menor rango, y los elementos del ejército ahí presentes ese 31 de enero del 80, así como Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor permanecen aún sin ser juzgados, Romeo Lucas al frente de la dictadura de ese entonces falleció en el 2006 viviendo un supuesto exilio en Venezuela.2

La historia de Benedicto Lucas será distinta, fue detenido en enero del 2016 junto a 18 altos mandos del ejército, está en prisión preventiva, acusado por delitos de lesa humanidad por la detención y desaparición más grande de América, 558 osamentas exhumadas en la zona militar, conocida como #CasoCreompaz o Zona militar número 21 de Cobán, Alta Verapaz.3

No es el único caso, Benedicto Lucas fue ligado a otro proceso, por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, y por la detención y tortura de su hermana Emma Molina Theissen ocurridos en 1981.4

Benedicto Lucas al igual que Pedro García Arredondo está enfrentando la justicia, junto a Benedicto están otros 18 altos mandos del ejército, unos con arraigo domiciliario, la mayoría presos en los cuarteles militares y otros aun prófugos de la justicia.

Nuevamente, estamos esperando otras sentencias, continúan los juicios históricos, continua el proceso penal de la Zona militar número 21 de Cobán, la masacre de las Dos Erres en Peten en 1982, el caso Molina Theissen, el caso del Diario Militar, en fin falta mucho aun, pero es el único camino para ir encontrando la paz en Guatemala, y la no repetición de tantas atrocidades.

Con estos procesos nace de nuevo la esperanza.

1 Quimy De León. Toma y quema de la Embajada de España: “que no quede ninguno vivo”. Prensa Comunitaria. 31 de enero 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/31/toma-y-quema-de-la-embajada-de-espana-que-no-quede-ninguno-vivo/

2 El Mundo. Fernando Romeo Lucas García, ex dictador de Guatemala. 31 de mayo 2006. http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/29/obituarios/1148920570.html

3 Nelton Rivera. Caso Creompaz: la cara de la represión y los vínculos con el gobierno. Prensa Comunitaria. 6 de mayo 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/05/06/caso-creompaz-la-cara-de-la-represion-y-los-vinculos-con-el-gobierno/

4 Quimy De León. Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años desaparecido por el ejército de Guatemala. Prensa Comunitaria. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/12/marco-antonio-molina-theissen-un-nino-de-14-anos-desaparecido-por-el-ejercito-de-guatemala/

Fotografía ABC

 

Fotografía Guatevision.

 

Fotografía Noticias de Bomberos en Guatemala.

 

Fotografía Publinews


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Por: Nelton Rivera.

En el Tribunal de Mayor Riesgo A en la ciudad de Guatemala, la etapa del proceso en contra de 10 altos mandos del ejército concluyo, la fase de Audiencia de Acto Conclusivo luego de varias audiencias concluyo el día viernes 26 de mayo 2016. Ahora la juez Claudette Domínguez deberá analizar si existen los suficientes indicios legales para ordenar que 10 algos mandos del ejército guatemalteco vayan a un juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad: desaparición forzada y deberes contra la humanidad cometidos en la zona militar 21 en la ciudad de Cobán Alta Verapaz durante la década de los años 80.

La asociación de víctimas del conflicto armado interno de Cobán, la asociación de afectados de Chicoyoguito de Cobán, el Grupo de Apoyo Mutuo GAM y La Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala, esperan la próxima audiencia el día martes 7 de junio 2016 para que la juzgadora emita su sentencia y que los 10 oficiales vayan a juicio.

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Por Nelton Rivera.

“Los militares sabían lo que hicieron, sabían de la existencia de los planes, de todos estos planes que hicieron como estrategia para poder destruir a la población, de antemano lo sabíamos, porque de alguna manera el ejército específicamente Oscar Mejía Víctores desde 1983 siempre lo negó, siempre nos negó a los familiares la existencia de información.

Él nos dijo aquí no es Chile, no es Argentina, no es Perú, no es Bolivia, para tener películas ni mucho menos libros, haciendo referencia a otros documentos desclasificados en Sudamérica. Con esto demostramos los familiares de los detenidos desaparecidos que la verdad que siempre la hemos dicho sobre el señalamiento que los hechores intelectuales y materiales siempre han sido los ellos, los militares.”

El ejército de Guatemala  no ha desclasificado sus archivos militares, durante décadas ha negado la existencia de documentos que detallen las operaciones militares contrainsurgentes de los años de 1960 a 1996 que comprenden 36 años de guerra. Fue en 1997 cuando apareció el Plan de Campaña “Victoria 82”, sustraído de forma clandestina del ejército, este documento los utilizó la Comisión del Esclarecimiento Histórico para la elaboración del informe “Guatemala Nunca Más.”

El plan de Operaciones “Sofía” contiene las comunicaciones internas del ejército durante las operaciones realizadas en la región Ixil en el departamento del Quiche durante los primeros años de la década de los 80.  Como un paso previo para materializar el Plan de Campaña Victoria 82, y el Plan de Campaña “Firmeza 83”. En la ejecución de los mismos estuvieron los oficiales: mayor Arango Barrios y el mayor Otto Pérez Molina.[2]

Los documentos secuestrados por el Tribunal de Mayor Riesgo B en marzo de 2016, 19 años después del aparecimiento de los primeros planes son el Plan de Campaña Firmeza 83- 1, Plan de Campaña Reencuentro Institucional 84, Plan de Campaña Estabilidad 85, Plan de Campaña Consolidación 86,  Plan de Campaña Fortaleza 87, Plan de Campaña Unidad 88, Plan de Campaña Institución 89 y el Plan de Campaña Avance 90.

Para los familiares de las personas detenidas desaparecidas estos documentos pueden dar más elementos para esclarecer la actuación del ejército implicado en delitos de lesa humanidad y Genocidio, información que podría servir para esclarecer la verdad, estos planes comprenden los regímenes del general José Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores y Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Estos planes fueron secuestrados por un juez en Guatemala para incorporarlos dentro de la investigación del Caso Diario Militar, un documento del ejército en el que se documentó la detención y desaparición forzada de 182 guerrilleros de distintas organizaciones entre los años 1983 y 1984.

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La audiencia del caso Diario Militar  

El secuestro se realizó el día 9 de marzo 2016 en una diligencia realizada por el juez del Tribunal de Mayor Riesgo B en las instalaciones del Estado Mayor de la Defensa en la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

Como era de esperarse, el ejército intento que el juez no realizara la diligencia, varios abogados del ejército se presentaron argumentando que los planes eran documentos “secretos”, que de por medio estaba la seguridad nacional, pero finalmente no pudieron retenerlos.

Previo a que el Tribunal de Mayor Riesgo B presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez realizara la audiencia del día 31 de marzo 2016 los querellantes del proceso conocido como Caso del Diario Militar no tenían la seguridad que esta audiencia se realizara.

Finalmente la audiencia comenzó a las 11 de la mañana en la Torre de Tribunales, para Mario Polanco director del Grupo de Apoyo Mutuo GAM esta es una audiencia histórica, por tener a la mano la continuidad de los planes militares que permanecieron ocultos, hasta que el Juez Gálvez realizó el secuestro de ocho planes de campaña del ejército que comprenden el período de 1983 a 1990.

Estos planes fueron incorporados al proceso del Caso Diario Militar “José Miguel Gudiel Álvarez” contra el Estado de Guatemala, en la audiencia estuvo presente el Ministerio Público –MP-, la representación del GAM, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala –FAMDEGUA- y la Asociación Verdad y Justicia AVEJA quienes actúan como querellantes en este caso, la audiencia finalizó a las 5 de la tarde.

Aura Elena Farfán

“Este es un momento histórico, este momento es de gran trascendencia para nosotros como familiares de las personas detenidas desaparecidas, especialmente para las familias de los casos del Diario Militar. Para todos en general, por los más de 45 mil guatemaltecos y guatemaltecas, niños y niñas que años atrás los capturaron y los desaparecieron.

Para mí ha significado una mezcla de sentimientos, de saber de lo que fueron capaz, o de lo que es capaz el ejército de elaborar esos planes para destruir a la población, solo porque creían o pensaban que ellos eran el enemigo interno.  Para mí es bastante significativo y espero que no solo sirva para el caso del Diario Militar sino para todos los procesos por las violaciones que se dio en el Conflicto Armado Interno, específicamente con las masacres con la tierra arrasada en Guatemala.”

Mario Polanco

“hoy es un día histórico porque por fin las asociaciones de víctimas estamos teniendo acceso a la información que el Ministerio de la Defensa de Guatemala había dicho reiteradamente que no existía, que no la tenían, o que había sido destruida. Esperamos analizar la información para trabajar activamente en beneficio de la justicia, en favor de que los violadores de los derechos humanos vayan a prisión, esperamos que aporten información valiosa los documentos, esperaremos a conocer el contenido pero es un paso trascendental la que vivimos hoy.

El caso sigue abierto, estamos querellados dentro del caso Diario Militar, seguiremos recopilando pruebas para poder individualizar las responsabilidades y eventualmente poder emitir ordenes de aprensión.”

 

Para saber más sobre el caso del Diario Militar puede visitar: Guatemala: el Diario Militar una historia de desapariones y muerte 

 

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[1] Entrevista a Aura Elena Farfán directora de la FAMDEGUA. Audiencia presentación de Planes de Campaña militar de 1983 a 1990. Tribunal de Mayor Riesgo B. 31 de marzo 2016.

[2] Albedrio. Plan Sofía y Victoria 82. ¿Prueba o farsa?. Andrea Orozco. 10 de mayo 2010.http://www.albedrio.org/htm/noticias/lh100510.htm

 

 


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La existencia de presos políticos en un país es un claro síntoma de la falta de libertades políticas en la defensa de derechos humanos, de la vida y de los recursos naturales, una situación propia de las dictaduras o de los regímenes no democráticos.

De forma conjunta Prensa Comunitaria, Festivales Solidarios, Tierra Lanuda, Realizadores Tzikin, Raquio Snuq’ Jolom Jonob’ y Grupo de Mujeres Ixchel lanzamos la campaña internacional: “Libertad para los presos políticos en Guatemala”, una campaña que visibiliza y demuestra la persecución y la criminalización contra autoridades indígenas y líderes comunitarios, miembros de resistencias y organizaciones comunitarias en defensa de los derechos humanos, la vida y los recursos naturales.

Esta es una acción de nosotras y nosotros que amamos la vida y lo hacemos desde lo que sabemos hacer, es decir, el periodismo independiente comunitario y alternativo y el arte para tomar conciencia y construir una sociedad antiautoritaria, solidaria e incluyente. Invitamos a todas y todos a sumarse y denunciar estas gravísimas violaciones a los derechos humanos en Guatemala.

Ellos no son delincuentes, son defensores de la vida.

¡Libertad para los que defienden la vida, el agua y los recursos naturales!
¡Libertad para los presos políticos!

#LibertadParaLosPresosPolíticos

Tello VillatoroArturo PabloRigoberto Juárez (2)
Francisco JuanHermitaño LópezDomingo Baltazar

Publicado en Guatemala


Don Mateo Rax

Por: Nelton Rivera.

En la década de los ochenta Don Mateo Rax junto a las familias de la Aldea San Lucas en Panzós decidieron organizarse y tramitar la titulación de la propiedad de las tierras en las que vivían, los finqueros de Alta Verapaz sintieron amenazados sus intereses y fueron a denunciarlos a la Zona Naval y Militar No. 6 de Puerto Barrios Izabal y la base militar No. 21 de Cobán Alta Verapaz; los finqueros afirmaron que los indígenas q’eqchi formaban parte de la guerrilla. 

De esa cuenta en 1982 llegó el ejército a Panzós y a Sepur Zarco en El Estor, inmediatamente comenzaron las detenciones arbitrarias y la desaparición de los hombres, luego la violación y esclavitud sexual de las mujeres, quemaron las casas, robaron las pertenencias,  y finalmente hicieron el despojo de la tierra. Don Mateo es uno de los sobrevivientes de la represión y 34 años después junto a las mujeres de Sepur Zarco buscan la justicia.

“Todos los que estuvimos detenidos en Tinajas estábamos gestionando las tierras, por eso nos tenían ahí. Los militares nos decían que las tierras les pertenecían a ellos”

El día miércoles 3 de febrero 2016 don Mateo Rax fue el tercero de los testigos que se presentaron ante los tres jueces en el Tribunal de Mayor Riesgo A, don Mateo viajó desde el departamento de Alta Verapaz para declarar en el juicio del caso de Sepur Zarco, quiere dar su testimonio y que se sepa la verdad de todo lo ocurrido en su comunidad durante la guerra a partir del año 1982, todo lo que él vivió, todo lo que sus ojos vieron, una historia vivida en carne propia que ha llevado guardada durante treinta y cuatro años de su vida.

Un agente del Organismo Judicial con su uniforme azul custodia una puerta de madera en el lado derecho de la sala, cuando don Mateo fue llamado por la juez Yassmin Barrios en pocos segundos se abrió la puerta, él hizo su ingreso a esa sala, dió unos pocos pasos hasta el lugar en donde debía sentarse, llegó con un pantalón negro, sus botas también eran de ese color y su camisa combinaba con el pantalón y con las botas, así llego finalmente el momento de encontrase con la justicia, comenzó con su testimonio, tres décadas esperó para que los acusados y todos en la sala lo escucharan contar su verdad.

Don Mateo es maya Q’eqchí, es agricultor y nació en el municipio de Panzós Alta Verapaz, vivía en la Aldea de San Lucas de este municipio para el año de 1982, fue en ese mismo año que recuerda cuando llegaron por primera vez los militares, a partir de ese momento todo cambió radicalmente.

El municipio cuenta con nueve microrregiones, San Lucas es la cuarta de estas, Panzós significa en idioma Q’eqchi “dentro de verdosas aguas”, porque está rodeado por los afluentes del río Polochic que desemboca en el Caribe sobre el océano Atlántico.

Don Mateo junto a su familia migró para la Aldea San Lucas, son descendientes de mozos colonos de las fincas de café de la región, al igual que muchas familias Q’eqchis en los años ochenta se organizaron en el comité Pro Tierra, juntos comenzaron a gestionaron la legalización de la propiedad de las tierras en donde estaban asentadas sus comunidades y aldeas, esta gestión se realizó directamente al Instituto de Transformación Agraria -INTA- creado desde 1962 para implementar en todo el país la ley de transformación agraria durante el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes.

Para el año de 1982 fue nombrado por la población de su comunidad como Mayor de San Lucas Panzós, por eso tuvo que representarlos en muchas gestiones, recuerda que para movilizarse hacia la cabecera del municipio había que caminar muchísimo, no tenían carreteras, ni transporte, solamente los carretones que jalaban los tractores de las fincas lograban llegar hasta las aldeas, en uno de esos viajes comenzó a ver varios los retenes militares, algo que no era normal, además algunos soldados llevaban listados, él recuerda “revisaban nuestra identidad” los soldados con la lista en mano, en ese momento comenzaron las dudas del porque de los soldados ahí, y del porque de los listados con ellos.

Luego de presenciar los retenes, regresó a su comunidad, ya de vuelta en su casa, la cotidianidad lo absorbió de nuevo, un día domingo mientras él y otras personas estaban en la iglesia apareció el ejército en la comunidad sin previo aviso.

“Después del culto los soldados llegaron, venían bajando de otra de las comunidades de arriba y a todos nos pidieron que mostráramos las cédulas de identidad. Vieron el listado, compararon nuestros nombres con las listas y ninguno estaba.”

“Con los militares venía un hombre que señalaba a las personas, así las fueron sacando del grupo. Ese día cuatro hombres de la comunidad fuimos señalados, los soldados nos amarraron de nuestras manos y nos llevaron a otra comunidad en Tinajas.”

Don Mateo explicó al tribunal que los soldados los llevaron sin decirles nada, sin darles explicación del porque los habían sacado amarrados de la comunidad, al llegar al destacamento los amarraron a un poste, “nos trataban como si fuéramos cerdos” en esa Tinajas que era parte de una funca, el finquero había prestado su tierra para que el ejército estableciera ahí un destacamento militar.

Una y otra vez, don Mateo pensaba en la razón por el cual estaban en esas condiciones, no tardó mucho en darse cuenta que la detención era por el conflicto de las tierras, esas tierras que también querrian los finqueros, las horas pasaron y los soldados simplemente no les dijeron nada.

“Santiago logró desamarrarse y huir”, recuerda don Mateo. Durante tres días y cuatro noches estuvo secuestrado dentro del destacamento militar en Tinajas, “en mi caso yo también pude salir y salvarme de los militares, fue a la cuarta noche que me pude salir…”

Como fue la tortura dentro del destacamento

“Yo vi como a una persona le cortaban las orejas, a otra el cuello y otra la lengua. Eran muchos los soldados que participaban, incluso hacían fila para golpearnos, también a las mujeres que llevaron las violaban.”

Don Mateo explicó que mientras lo tuvieron amarrado a un poste en el interior del destacamento pudo ver como llevaron a otro señor también q’eqchi, narró como ahí mismo lo golpearon los soldados con sus armas hasta matarlo. Los militares los torturaban, una y otra vez les preguntaban por un campamento que nunca conocieron, fue testigo de cómo a otros detenidos les cortaban las orejas… “Yo insistí que no conocía eso… que no sabía de ese campamento que ellos querían.”

“…Todo esto lo hacían para que dijéramos que nosotros éramos los jefes guerrilleros pero los únicos extraños en la comunidad eran solo ellos, nunca vimos a un solo guerrillero.”

Recuerda que fueron los militares los que llevaron la muerte a la región, estando en cautiverio pudo darse cuenta que los oficiales hicieron una llamada a través de un equipo de comunicación que ellos mismos llevaron, él tuvo la percepción que hablaban con alguien de la presidencia, escucho cuando desde la capital dieron la orden de matarlos.

Intenta hacer memoria de los otros vecinos detenidos con él, dos de ellos se llamaban Santiago y Ricardo Tiu era el tercero, a todos los llevaron a Tinajas, nunca les explicaron el motivo del porque los detuvieron.

“Nos mantuvieron amarrados de pies y manos, hablaban con el teniente poniéndose de acuerdo para que no saliera ninguno de nosotros vivos, Ríos Montt era el presidente, lo llamaron y él les ordenó que tenían que hacer con nosotros. Así fue como me di cuenta de lo que querían hacernos.”

Don Mateo comprendía el idioma castellano, al escuchar la orden del alto mando supo que en ese preciso momento el teniente del destacamento había recibido la orden de que los mataran a las 3 de la mañana, en ese instante se llenó de un sentimiento de tristeza porque sabía que los iban a matar.

Su comprensión del castellano le permitió entender parte de conversación en el cuarto vecino, lo único que separaba a los hombres que estaban siendo torturados con el cuarto de mando del destacamento era una pared de tablas de madera de 1 pulgada de grosor, entre tabla y tabla siempre había espacios vacíos que permitían que los gritos de terror de un lado se escucharan en el otro.

Al otro lado el oficial con un grupo de soldados sentían mucha emoción, la llamada afirmó don Mateo era desde la capital, la voz de quien daba las órdenes era la del presidente de aquel entonces, el general Efraín Ríos Montt, su voz se escuchaba con fuerza, y por si fuera poco el volumen del aparato estaba en lo más alto. Los soldados se pusieron contentos al escuchar a Ríos Montt hablándoles y dándoles órdenes.

“Estuve detenido 3 días y 4 noches en Tinajas. Habían 100 soldados aproximadamente, un grupo estaba fuera deteniendo a más personas en las comunidades, otro grupo subía a la montaña para perseguir a las personas que allá se refugiaban.”

En Tinajas hubo mucha gente que la llevaron obligada, ahí mismo la mataron los militares en ese lugar, sus cuerpos allí se quedaron. El ejército convirtió una casa sencilla en un destacamento militar y este en un centro de tortura.

“…a Ricardo Tiu lo mataron esa madrugada que yo logre huir… esa era la orden, habían muchas personas de las otras comunidades, de mi comunidad ejecutaron por lo menos a 20 personas más.”

Estando en el destacamento les dijeron que a ellos alguien de la comunidad los había denunciado y que ahí en Tinajas lo tenían, pero fue el señor Ricardo Coc quien era un jornalero la persona que con uniforme militar los señalo en la comunidad el día que los detuvieron, incluso le colgaron un fusil para que pareciera soldado.

Pero estaban también los judiciales, estos vestían siempre de civil y la forma de reconocerlos fue cuando la gente comenzó a contar que ellos se llevaban a la gente de las comunidades a escondidas, sin saber el papel de estos varias veces se los encontró en los caminos.

“No supe cuántas personas mataron pero después aparecieron las fosas y la gente estaba con las manos amarradas y torturadas. A las mujeres las violaron muchas veces”

“Las mujeres que perdieron a sus esposos las violaron.”

La fuga y como sobrevivió

Don Mateo cuenta como logro escapar del destacamento a la cuarta noche: “Logre desatarme, vi a otra persona grave en una esquina del lugar en donde nos tenían, vi como lo torturaron, al huir del destacamento me refugie en el monte, solo así logre huir y sobrevivir.”

Luego de desatarse las manos y los pies, salió de la casa que usaban para torturarlos, ese lugar no tenía puerta, se la habían quitado, solamente estaba el marco en donde un día hubo una, corrió fuera del destacamento, logro llegar a la orilla del riachuelo que pasa cerca de la aldea, mientras tanto los soldados intentaron alcanzarlo, pero no lo lograron, a él no le dispararon, pero a otro de los comunitarios que también logró huir antes si lo hicieron pero no lo hirieron.

Don Mateo al llegar al riachuelo cercano salto, uso la corriente del río para escapar, adentro del agua permaneció como unos treinta minutos, la corriente lo saco rumbo al río Polochic, uno de los ríos más grandes que atraviesa todo el Valle que lleva el mismo nombre, recuerda que salió muerto de frío y que paso la madrugada debajo de un árbol de plátano.

Cuando finalmente amaneció busco los caminos no comunes, y las rutas alternas para evitar encontrarse con los soldados porque estos iban por los caminos principales y los puentes, encontrárselos habría sido su sentencia a muerte.

“Es triste recordar que a mucha gente la llevaron al destacamento de Sepur Zarco… atravesé los ríos nadando y Dios me cuido por ser una persona de bien… esto no es mentira.”

Levantando sus manos frente al tribunal don Mateo muestra que aún tiene las marcas del lazo que usaron los militares para amarrarle sus muñecas, la presión y el material lo lastimaron profundamente.

“Cuando les pedí un poco de agua para beber llenaron sus cantimploras con sus orines y eso me daban los soldados.”

Cuando logró regresar a su casa, la construcción ya no estaba, la habían quemado los miliares. Perdió sus cosechas, no pudo seguir trabajando la tierra, perdió sus animales domésticos, hasta su propio matrimonio se perdió, paso un año sin poder trabajar por los golpes y las heridas que le provocaron en el destacamento miliar, durante el día debía irse a esconder en el monte para que no lo localizara la patrulla y la gente le daba tortillas para alimentarse y así estuvo algún tiempo.

“Luego de 3 meses tuve que irme a otro lugar, llegue a la casa de mi padre en su comunidad me aceptaron y pude quedarme a vivir ahí.”

Al regresar a la comunidad supo que el ejército permaneció durante tres días cuando a el se lo llevaron a Tinajas, su suegro le confirmo que estuvieron ahí varios días y noches, también que al permanecer en la comunidad estuvieron molestando a las mujeres, y que a todas las mujeres que se llevaron a Sepur Zarco las violaron.

Esteelmer Reyes

Esteelmer Reyes Girón

Quién era “El cache Asij”

“Conocí a Asij porque permanecía ahí en la municipalidad de Panzós, era una mala persona,  si encontrabas un problema con él te iba a ir muy mal.”

“Canche Asij” fue el apodo con el que se conoció en la región de Panzós Alta Verapaz al comisionado militar Heriberto Valdés Asij, era policía municipal, era una persona violenta, enojada, trabajó por muchos años en la municipalidad, y también era el comisionado militar… “esta persona acompañaba a los militares la mayor parte del tiempo desde 1982, les mostraba los caminos, las aldeas y señalaba a las personas, así realizo muchos viajes a las comunidades para ir a traer a la gente y nunca se les volvió a ver.”

Incluso con cada cambio de alcalde en la municipalidad el Canche Asij siempre mantuvo su plaza, el testimonio de don Mateo como el de otros testigos, especialmente el de las mujeres sobrevivientes señalan al canche Asij en muchas de las detenciones arbitrarias de los hombres, también de las mujeres cuando se quedaron solas.

Cada alcalde comunitario no recibía ningún pago por ir a hacer “el viernes”, esto significa que la autoridad comunitaria designó un día para ir con el alcalde y tratar los temas importantes, ese día debían presentarse, pero todos esos costos para ir a Panzós tenían que cubrirse con sus propio dinero, si no llegaban a la siguiente vez sabían que tenían problemas, incluso podían recibir agresiones y golpes.

“Si una persona era denunciada el canche Asij la iba a traer a patadas, del cuello lo agarraba, a patadas a golpes y cuando empezó todo esto en nuestra región, cuando todo se agravó él se puso contento cuando llegaron los soldados, es cuando detienen a un perro cazador él se ponía contento y acompañaba a los militares.”

Don Mateo recuerda que el canche Asij era un tipo de complexión grande, fuerte, lo conoció porque cuando él fue nombrado como autoridad de su comunidad iba seguido a la municipalidad de Panzós para realizar varias gestiones, por eso más de alguna vez tuvo que hablarle.

Recuerda como perdieron a su representante de la comunidad, al dirigente que comenzó con el tramite de la tierra, él salió a hacer unos trámites y fue detenido por unas personas que estaban vestidos de civil, eran judiciales porque no estaban de camuflaje, los tramites por los que había salido de la comunidad tenían que ver con la legalización de la tierra de la Aldea San Lucas, como ya pasaron tantos años no recordó el nombre del dirigente, nunca mas lo volvió a ver.

Así termino su testimonio, la juez lo despidió y el regreso por la misma puerta de madera.

***

En 1978 las comunidades en Panzós fueron testigos de cómo el ejército y los terratenientes actuaban cuando los indígenas exigían derechos, o cuando exigían el título de propiedad de sus tierras que estaban siendo despojadas por los finqueros y terratenientes locales, solamente cuatro años atrás los militares habían masacrado a cientos de comunitarios en el Parque Central de Panzós, las balas de fusil hirieron a un número grande de personas, ahí murió Adelina Caal Mamá Maquín y con el paso del tiempo los finqueros se quedaron nuevamente con sus tierras.

Treinta y cuatro años después, el teniente Reyes Girón quien comandó el destacamento militar de Sepur Zarco y el comisionado militar Heriberto Valdés Asij enfrentan un juicio por los delitos de violación y esclavitud sexual “contra 15 mujeres maya q´eqchi´, también de la desaparición forzada de más de 20 personas.”[1] A ellos se les acusa de delitos contra los deberes de humanidad, al coronel del ejército Esteelmer Reyes Girón además se le acusa de asesinato y a Heriberto Valdéz de desaparición forzada.

Heriberto Valdez Asij

 


Foto: Twitter Ecuador TV

 

Gladys Tzul Tzul[1]

“Deberán desalojar este inmueble en los quince días hábiles a partir de esta fecha, (…) Este edificio no cumple ninguna función social”[2]

Cuando leemos estas palabras pareciera ser que se trata de una orden de desalojo a cualquier ciudadan@ que es víctima de la crisis financiera en España[3]. Pero ésta orden tiene lugar en Ecuador, viene ni más ni menos que del Ministerio de la Inclusión Social del gobierno de Rafael Correa, que busca expulsar de su sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE-.

Esta ordenanza representa una de las más grandes agresiones contra las sociedades indígenas del Ecuador y contra el movimiento indígena en Latinoamérica. Jorge Herrera el presidente de la CONAIE lo analiza de la siguiente forma: “ Es por nuestra postura crítica a la ley de Tierras, a la ley del Agua, a la extracción minera[4].

Siguiendo el análisis de Herrera y conociendo sobre las luchas que actualmente despliega la CONAIE contra esas leyes, que buscan sentar las condiciones para la profundización del despojo de las tierras de las comunidades es preciso hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué significa ordenar que la CONAIE desaloje la sede que ocupa desde 1991? Claramente, esta es una agresión directa contras las luchas de las nacionalidades indígenas.

Porque por muchos años la CONAIE ha sido una escuela política desde donde se gestaron los levantamientos indígenas, las luchas de las nacionalidades indígenas del Ecuador han sido un referente continental de la capacidad de las comunidades indígenas en los momentos de rebelión y eso mucho nos enseñado a las jóvenes generaciones indígenas en varios lugares del mundo.

Junto a este movimiento, con sus análisis, sus actores y actoras hemos aprendido de la potencia disruptora que tienen las comunidades indígenas cuando interpelan e impugnan el orden de dominación colonial que sigue vivo en Latinoamérica. De esa forma nos enseñaron que la lucha política es por la dignidad, por la vida. Nunca por las armas y por la muerte.

Esta organización se ha solidarizado con el pueblo palestino, cuando ha sido bombardeado por Israel; también han echo notar su solidaridad con los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en México, y así innumerables actos de apoyo y solidaridad con las luchas en el mundo, seguramente, de no estar enredados en este acto de desalojo, se solidarizarían con las miles de personas desalojados hoy día en España.

Por eso ésta orden de desalojo, es una agresión contra las luchas políticas por la vida en común. Como dice Nina Pacari: “La resistencia no es sólo por la casa, es por la defensa de un proceso histórico que ha luchado contra la agresión, la privatización y contra los Tratados de Libre Comercio.”

[1] K’iche’ de Guatemala, ingrante de la Comunidad de Estudios Mayas, doctorante en sociología por la ICSYH de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde participa en el área de investigación: Entramados comunitarios y formas de lo político. Su tesis doctoral se denomina: Comunidad Indígena: Una genealogía de los sistemas de gobierno en Chuimekena’. Actualmente, reside en Alemania donde realiza una estancia en la Universidad de Gissen, Frankfurt. Realizó una estancia doctoral en el Ecuador que tenian como objetivo documentar los levantamientos indígenas de la década de los 90, ahí estaba adscrita al Centro de Investigación de Movimientos   Indígenas del Ecuador. –CEDIME- y a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, -FLACSO-

[2] Tomado de Pueblos en Camino. http://www.pueblosencamino.org/index.php/component/allvideoshare/video/latest/vergonzoso-correa-ordena-desalojo-del-edificio-de-la-conaie. Consultado el 15 de diciembre de 2014.

[3] En estos días he conocido a varias mujeres y hombres que han sido desalojados de sus hogares en Madrid. Según los registros en lo que va del año se han realizado 8.749 desahucios entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2014. Tomado de http://afectadosporlahipoteca.com/2014/10/10/los-datos-del-cgpj-confirman-que-siguen-aumentando-los-desahucios-en-espana/

[4] Tomado de: http://www.larepublica.ec/blog/politica/2014/12/15/presidente-conaie-no-saldran-sede-pedido-gobierno/

 


Por: Quimy De León

Desde las siete y media de la mañana del 2 de octubre pasado, acudimos al llamado que había hecho por distintos medios Rigoberta Menchú Tum y la fundación que lleva su nombre. Es un día importante pues inicia un nuevo proceso judicial que nos dará la posibilidad de entender parte de nuestra historia y los hechos ocurridos en 1980, ya que en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia inició el juicio oral y público en contra del Jefe del Comando 6 de la Policía Nacional: Pedro García Arredondo.

En las afueras del edificio de la corte se realizó una invocación, yo llegué muy temprano y ya estaban colocadas varias ofrendas en el suelo velas blancas, rosas rojas, jocotes, piñas y otras ofrendas para empezar agradeciendo y pidiendo buenas energías para empezar la jornada.

Quienes pasaban por ahí para ir al trabajo o quizá para realizar alguna gestión miraban con indiferencia lo que ocurría en este lugar, seguramente pocas de estas personas tenían la más mínima idea de que ahí mismo, en una sala de audiencias se empezaría a discutir acerca de la historia, de su propia historia.

Testiga Rigoberta Menchú. Premio Nobel de la Paz.

El inicio del juicio: lleno de expectativas

En la sala habían más de doscientas cincuenta personas, entre activistas, cientistas sociales, luchadoras sociales, periodistas, familiares y sobrevivientes con mucho nerviosismo y ganas de encontrar justicia. La jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B Irma Yanet Valdez Rojas abre la audiencia en la sala de vistas de Corte Suprema de Justicia junto a su tribunal compuesta por otras dos juezas. Se presentan las fiscales del Ministerio Público, también quienes serán querellantes adhesivos y sus abogados y abogadas.

El abogado defensor de García Arredondo Moisés Galindo, solicita que se admita como defensa a otro abogado. Inmediatamente después un supuesto abogado de la Fundación contra el Terrorismo, empieza a hablar desde el público irrumpiendo la audiencia pretendiendo hacer una exposición y presenta a Ricardo Méndez Ruíz en calidad de presidente de esta Fundación y de querellante adhesivo. Habla durante unos quince minutos hasta que los abogados querellantes adhesivos solicitan a la jueza que no se puede permitir ésta acción ya que son personas del público.

Finalmente el tribunal resuelve que no están acreditados para actuar como querellantes y que deben permanecer como público. Inmediatamente después se retiraron.

“Ninguno vivo”

Pudo haber sido un día cualquiera sin embargo un 31 de enero del año ochenta, ocurrió un hecho indescriptible, una masacre adentro de las instalaciones de la Embajada de España. Esto conmocionó, indignó y aterrorizó al país y a la comunidad internacional.

La fiscal del Ministerio presentó sus alegatos y dijo que quedarán acreditados los hechos que constituyen las tres acusaciones en contra de Pedro García Arredondo en grado de autor.

A las once y media de la mañana de ese día se ocupó “de forma pacifica por varios ciudadanas y ciudadanos que tenían por objeto denunciar las masacres y las violaciones a sus derechos fundamentales cometidas por el ejército de Guatemala. Quedará acreditado que el acusado quien ejercía el cargo de primer jefe de la sección de investigaciones especiales comando seis de la policía nacional ejecutó órdenes giradas por sus superiores jerárquicos, de donde provino la orden que nadie saliera vivo de la embajada. El acusado para cumplir realizó:

  1. Impidió la salida de los ocupantes de la embajada de España, funcionarios y empleados, otros ciudadanos guatemaltecos y españoles.
  2. Hizo caso omiso a las peticiones del embajador español Máximo Cajal y López quien le indicó que las fuerzas de seguridad no ingresaran a la sede diplomática.
  3. Impidió y obstaculizó cualquier comunicación, mediación y negociación pacifica.
  4. Vulneró flagrantemente la inviolabilidad diplomática de la embajada española cuando ordeno el ingreso de las fuerzas policiales bajo su mando.
  5. Ordenó que agentes policiales bajo su mando destruyeran ventas y puertas con la única intención de darle muerte a los que se encontraban ahí por considerarlos enemigos internos y así darles fiel cumplimiento a las órdenes que había recibido.
  6. Obstaculizó el ingreso de la Cruz Roja, bomberos municipales y voluntarios para ayudar a las personas que se estaban quemando dentro de la embajada de España quienes gritaban de dolor pidiendo auxilio.

Las acciones ejecutadas por el acusado y los agentes bajo su mando en el operativo de asalto a la embajada de España, produjeron

La muerte de 37 personas calcinadas quienes murieron por quemaduras de tercero y cuarto grado y dos personas sobrevivientes. Eran 22 campesinos:

  • Mateo Sis
  • Víctor Gómez Zacarías
  • Juan Chic Hernández
  • Mateo López Calvo
  • Juan José Yox
  • Maria Ramírez Anai
  • Regina Pol Puy
  • Francisco Chen
  • Salomón Tavico
  • Vicente Menchú
  • María Pinula Lux
  • Juan Us Chic
  • Francisco Tuc
  • Trinidad Gómez Hernández
  • José Ángel Xoná
  • Gabino Mario Chuté
  • Juan Tomás Lux
  • Mateo Sic Chen
  • Juan López Yax
  • Gaspar Vi Vi
  • Felipe Antonio García
  • María Ramírez Anai.

5 Estudiantes Universitarios:

  • Sonia Magalí Welches Valdéz
  • Luis Antonio Ramírez Paz
  • Leopoldo Pineda Pedroza
  • Edgar Rodolfo Negreros y
  • Blanca Lidia Domínguez Girón.

Personal Diplomático:

  • Felipe Sáenz Martínez
  • Jaime Ruíz del Arbol Soler
  • María Wilkem Molina
  • María Lucrecia Rivas Fernández de Anleu
  • Nora Adela Mena Aceituno
  • Miriam Judith Rodríguez Urrutia
  • María Teresa Vásquez Ochando
  • María Cristina Melgar Espinoza

Dos visitantes

  • Eduardo Rafael Cáceres
  • Gustavo Adolfo Molina Orantes

Sobrevivientes:

Máximo Cajal y López quien logró escapar por sus propios medios y Gregorio Yujá Xoná”[1].

La fiscalía dijo que muchas de las acciones realizadas por Pedro García Arredondo, miembros del comando 6 y su grupo de choque, podrían ser tipificadas como delitos de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad contra 37 víctimas que murieron en la masacre de la Embajada de España ocurrida el 31 de enero de 1980 y por asesinato en grado de tentativa contra Máximo Cajal entonces embajador de España y Gregorio Yujá Xoná quienes habían logrado sobrevivir. También será acusado por el asesinato de Gustavo Adolfo Hernández González presidente del Frente Estudiantil Universitario y Jesús Alberto España cuando se encontraban en el Paraninfo Universitario en el velorio de las víctimas de la masacre.

Pedro García Arredondo, jefe del comando 6.

Sentado en el banquillo de los acusados

Pedro García Arredondo jefe del comando 6 de la policía acusado de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad contra 37 víctimas de la masacre de la Embajada de España. Sus únicas palabras fueron:

“ante dios y la tierra soy inocente, soy inocente y soy inocente”

Testimonios

Tres testigos tuvieron la oportunidad de declarar hoy Rigoberta Menchú Tum premio Nobel de la Paz hija de Vicente Menchú quien murió en esta masacre, quien era catequista y campesino “se dedicó a la agricultura y a defender a la naturaleza, a las montañas de Chimel, era analfabeto, era dirigente campesino, guía espiritual, catequista. una persona conocido en muchas comunidades.”

Su testimonio fue contundente y detallado, nos permite no solamente acercarnos a los hechos ocurridos sino a la realidad que viven miles de personas indígenas en zonas rurales excluidas. Sergio Vi también tuvo la oportunidad de hablar por el asesinato de su padre Gaspar Vi en este terrible hecho. El Lic. Aguirre Godoy quien fue presidente de la Corte suprema de Justicia da su testimonio de lo ocurrido ese 31 de enero de 1980 y de cómo el logró salvar su vida.

[1] La fiscal del Ministerio presentó sus alegatos y dijo que quedarán acreditados los hechos que constituyen las tres acusaciones en contra de Pedro García Arredondo en grado de autor.

 


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Por Nelton Rivera.

Don Felipe Chalí es un hombre maya Kaqchikel de San Juan Comalapa en el departamento de Chimaltenango, en Guatemala. Él lleva el mismo nombre de su padre Felipe Juchuná Chalí quien a los 34 años de edad fuera detenido y desaparecido por el ejército guatemalteco en 1980. El desde muy joven vivió de cerca la violencia del Estado, la represión del ejército en los años 80 llegó hasta la puerta de su casa, le dio un duro golpe siendo adolescente, golpeó fuertemente a su familia y a muchas familias de su comunidad.

En su rostro y manos se deja ver la fuerza el trabajo y el sol que marcan los caminos de la piel, en su cabeza brillan las puntas de las canas que su corto pelo le permite mostrar. Se muestra serio, pero al calor de la conversación va soltando algunas cuantas sonrisas, don Felipe tiene presente esos días como si hubiera ocurrido hoy mismo, cualquier día de agosto del 2014.

Finalmente don Felipe se reunió con su padre, sus restos regresaron el 18 de julio 2014, con él nueve osamentas más que fueron identificadas por la FAFG. Don Felipe afirmá que ahora si podrá visitarle, saber el lugar exacto en donde está y que facilmente podrá encontrarlo cuando  quiera.

San Juan Comalapa recibió a diez de sus hermanos y hermanas detenidas desaparecidas en 1980, el pueblo realizó una marcha desde la entrada hasta el parque central, en el camino las bombas de fiesta fueron anunciando esquina por esquina su llegada. Luego en el Salón municipal una alfombra de pino con miles de petalos de rosas aguardaban su llegada, ahí don Felipe dio su testimonio con la seriedad que lo caracteriza un poco mas contento pero con el dolor aún por dentro.

Me acuerdo bien de mi papá

Me acuerdo bien de mi papá, él siempre presentía cosas, tenía ese don y un día me dijo: “ya no voy a vivir más, que la cosa esta jodida” esas eran sus palabras, él lo presentía y ya no tuvo más vida, cuando el decía esto empezaba a llorar.

La desaparición de mi padre ocurrió durante el conflicto armado interno, fue el 6 de enero de 1981, mi papá fue ayudante de construcción, él iba atrás de un camión cuando lo detuvieron esa mañana, iba temprano al trabajo y nunca más regresó. Nació el 10 de mayo de 1948 era bastante joven cuando se lo llevaron los militares.

Fue a través de CONAVIGUA que supimos que podíamos encontrarle. Ellas nos hablaron de la necesidad de realizar la exhumación en San Juan Comalapa, yo voy a decir la mera verdad en ese terreno encontramos a varios de mis familiares. Lo cierto de todo esto es que fueron los militares quienes hicieron las desapariciones de la gente de aquí, de muchos aún no sabemos a dónde los fueron a enterrar.

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De cuando empezaron las exhumaciones

Aquí estuvieron trabajando los antropólogos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, recuerdo que fue un día domingo del 2003 cuando ellos comenzaron a trabajar, también estuvieron las mujeres de CONAVIGUA. Luego de varias horas de trabajo poco a poco fueron abriendo la tierra y encontrando las fosas. Así fueron apareciendo poco a poco los primeros restos.

Nosotros vimos cuando se hizo la exhumación, vimos cuando encontramos diferentes restos, una vez me tocó ver una de las osamentas, era diferente a las otras, usando mi imaginación supe que era la osamenta de un ladino, por lo alto, porque sus huesos eran más grandes que los otros. Esta exhumación no fue fácil, se tuvo que pedir el permiso para hacerla, costó que lo dieran.

Sabemos que a la gente de otros lugares sí los trajeron aquí. Por ejemplo aquí exhumaron a una persona que venía desde Cobán, por eso es que a los de la ciudad los vinieron a enterrar aquí, pero a la gente de aquí no sabemos a dónde los fueron a tirar.

Ahora ya taparon nuevamente todas las fosas, taparon otra vez el terreno del antiguo destacamento militar, ahí mismo donde se hicieron fosas humanas, a ese lugar se le conoce como Palabor. Al finalizar este proceso entendimos que a mucha gente que desaparecieron en esta comunidad seguro la llevaron a otro lugar, porque muy pocos aparecieron aquí en el antiguo destacamento militar.

La gente dice que aún en ese lugar hay restos de personas que no se han exhumado, que esperan ahí todavía. Recuerdo que a un mi familiar lo agarraron en el destacamento de Comalapa y fue hasta allá en San Agustín que lo fueron a tirar los soldados. Y gente de allá la trajeron para acá a este destacamento, pero tuve entre todos la suerte de encontrar aquí a mi papá en el año 2003.

Del año 2003 hasta este año que no hemos podido enterrar sus restos, pero él ya está identificado a diferencia de cientos más que hacen falta, todo esto luego de 34 años de buscarlo.

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Cuando desaparecieron a mi papá

Cuando desaparecieron a mi papa yo tenía 14 años, ahora tengo 49 años de edad. Nací en el año de 1975. Éramos cuatro en la familia, una hermana y mis dos papas. Cuando se llevaron a mi papa, me tocó vivir a mí y a toda la familia el conflicto armado interno, nos tocó que pasar por muchas enfermedades y muchas penas.

A mi familia y a mí nos dejó mucho dolor en la vida, por ejemplo yo tengo a mi papa detenido – desaparecido, además un cuñado y un tío hermano de mi papá, solo de mi familia secuestraron a tres personas en poco tiempo.

Desde la detención y desaparición de mi papá, me dedique a la agricultura, pero lo que más hago es vender pino por red para cualquier acontecimiento. Hago trabajo ajeno con otra gente a eso me estoy dedicando.

Finalmente me casé tarde, por el momento no tengo familia, mi esposa tiene 29 años y yo ahora tengo 48, pero aún no tengo familia, cuando pasó el conflicto armado interno mi esposa aún no había nacido, fue hasta el año de 1984 cuando nació ella y yo tenía 14 años, así que estuve solo como 16 años.

Yo vivo la desaparición forzada ahora con un poco de alivio porque voy a poder enterrar pronto a mi papa, y saber que los restos de mi papá van a descansar. Ahora vamos el día de los santos al destacamento militar a dejarle sus veladoras, hacemos oraciones, nos llevamos candelas, pero no sabemos en dónde están los restos y esa sigue siendo una gran tristeza.

Hay gente que piensa diferente, algunos dicen que esos restos no son de mi papá, lo dicen porque no vienen a las reuniones de CONAVIGUA, la gente piensa que realmente no son los restos de un familiar, sino de otra persona.

Yo estoy seguro porque a mí me hicieron las pruebas de ADN, la FAFG vino un día por esa muestra. Aquí en la Ceiba se hicieron las pruebas, en ese entonces supe que en un 100% era mi papa, para la prueba de ADN participamos mi mamá, una hermana y yo para la muestra, de esa manera logramos un alto porcentaje de coincidencia finalmente.


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Por Juan Calles

El calor es húmedo y pegajoso, el camino de terracería hace que nos agolpemos en la palangana del pick-up que nos transporta por las cercanías del rio Polochic. Una anciana con cara de molestia se acaricia el brazo derecho que se acaba de golpear por un movimiento brusco; se da cuenta que la observo y baja la mirada entre apenada e incómoda. “Usted se parece a Mamá Maquín” le digo con fingida timidez. Ella levanta la mirada y me hace sentir escalofríos cuando responde: “ese nombre no se menciona desde hace 36 años”, y vuelve a bajar la mirada. Volteo a ver a la gente que se amontona en el pick-up: todos fingen que no escucharon y ven distraídos hacia la nada.

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Mamá Maquín fue una lideresa Q´eqchi´ que encabezó la lucha por la tierra durante los años 70 en Alta Verapaz. Junto a decenas de campesinos y campesinas estaba frente a la municipalidad de Panzós el 29 de mayo de 1978, esperando una respuesta del alcalde de la localidad ante el despojo de tierras que sufrían. El complejo minero EXMIBAL, dedicado a la explotación de níquel, ocupaba tierras comunales y las que los campesinos usaban para sembrar su comida. Además, los megaproyectos de la Franja Transversal del Norte y la hidroeléctrica Chixoy amenazaban con expoliar las pocas parcelas que les quedaban.

Como respuesta a sus exigencias, ese día obtuvieron la represión del ejército de Guatemala, que desde temprano ocupó lugares estratégicos para atacar a la población civil desarmada. Las primeras ráfagas asesinaron a 35 personas. El eco de los disparos aún no se dejaba de escuchar, decenas de personas corrían por salvar su vida, el Ejercito hizo más disparos; hombres, mujeres y niños se abalanzaron a las lanchas que les esperaban sobre el río Polochic, en la carrera por salvar su vida volcaron los aparatos y murieron ahogados.

Entre los primeros asesinados se encontraba Mamá Maquín.

Durante una comparecencia pública en junio de 2011, el ex alcalde de Alta Verapaz, Wálter Overdick García, testificó sobre la participación de finqueros y altos mandos militares en la masacre ocurrida en 1978.  En esa audiencia habló de una reunión entre finqueros en Telemán, pedida por los hermanos Flavio y Héctor Monzón, así como por Amílcar SolísJoaquín González yEnrique Hernández, quienes buscaban la intervención del ejército porque los campesinos exigían tierra. Con la autorización de Guillermo de la Cruz -en ese tiempo Jefe del Estado Mayor Presidencial-, el ejército presente en Panzós secuestró y eliminó a algunos líderes campesinos, finalizando con la masacre el 29 de mayo.

Hasta hoy, ninguna persona ha sido acusada, ni perseguida judicialmente por esta masacre.

Después de cometida la masacre, la tropa que había llegado desde Zacapa tomó control absoluto de la población y en fosas comunes sepultaron uno sobre otro los cadáveres que inicialmente quedaron esparcidos en el centro del pueblo. Para ello se valieron de tractores que ya estaban preparados para ello.

Antes de llegar a Panzós quise hablar de nuevo con la anciana que me había pedido no mencionar el nombre de Mamá Maquín. Ella lo sospechó y me vio fijo a los ojos. Entonces entendí: el silencio nos ha sido impuesto, lo llevamos en el torrente sanguíneo, en los ojos, en las palabras que decimos el silencio nos ha mantenido vivos. Eso me decía ella con los ojos llenos de cansancio y dolor.

Cuando llegamos al pueblo, habían pasado 36 años de la masacre. La señora se bajó del pick-up, caminó lento hacia la plaza, se puso de rodillas y encendió algunas velas, se limpió algunas lágrimas de los ojos. El pueblo entero estaba en silencio, sólo el rumor del calor y del río se escuchaban en el ambiente.

La señora tomó aire y gritó, gritó con todas sus fuerzas, “NI EL OLVIDO, NI EL PERDÓN”.

Su voz retumbó por todo el pueblo. Era el momento de gritar, es el momento de dejar de callar.