Guatemala Comunitaria

Por Nelton Rivera, Quimy De Leon y Gaspar Nicolás.

 

La persecución penal en contra de las autoridades comunitarias y ancestrales no cesa en Guatemala, nuevamente fue detenido otra autoridad por una orden de aprensión que continuaba vigente. Domingo Francisco Cristóbal Francisco es una autoridad maya Q’anjob’al y líder comunitario, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- a eso de las 12: 25 del día miércoles 26 de octubre 2016 recién concluida la manifestación convocada por Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- en Huehuetenango de donde venía, ya que él forma parte de esta organización en el área norte.

 

Es padre de diez hijos e hijas y tiene 64 años, es agricultor, tiene un amplio trabajo comunitario, fue miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo – COCODE – en su comunidad y actualmente tiene el cargo de Asesor del Comité Protector del Medio Ambiente, es miembro del Gobierno Ancestral Local Jolom Konob’. Además es presidente de la organización Pro justicia en el municipio de Santa Eulalia.

 

A don Domingo se le acuso injustamente de varios delitos graves como “Plagio o Secuestro”, e instigación a delinquir, la acusación la realizaron trabajadores del Centro de Atención de Justicia CAJ de Santa Eulalia, los jueces, fiscales del MP, trabajadores del OJ, del Bufete Popular y administrativos, lo más relevante de este caso es que el Tribunal de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios resolvió que esta acusación no tenía sustento jurídico y que se apartó el Ministerio Publico de toda objetividad en la investigación, una de las resoluciones de la jueza fue confirmar que estas acusaciones solamente sirven para criminalizar a las autoridades comunitarias y que los supuestos agraviados solo mintieron en el tribunal. “Sí creo en su inocencia” 

Por esta misma causa penal ya fueron juzgados y absueltos siete autoridades comunitarias este año, pero la orden de aprensión contra otras personas siguió abierta a pesar de varios recursos presentados por el equipo de abogados que conocen esta proceso penal, a criterio del abogado Benito Morales Laynes estas ordenes de aprensión son completamente ilegales, el juez de turno y un fiscal del Ministerio Público en la capital violentó el debido proceso en el mes de abril del 2015 al emitirlas, el juez Victor Herrea Ríos no podia conocer este caso porque un juzgado en Huehuetenango ya lo estaba haciendo.

 

La detención

 

Domingo después de la manifestación se encontraba en uno de los comedores el mercado municipal donde pasaron a almorzar.  Según testigos llegaron a llamarle y le apartaron de las mujeres del grupo que le acompañaba. Quienes no lograron ver si le mostraron algún documento u orden de detención, solo le hablaron y lo subieron al vehículo particular. Él había pasado a almorzar en un comedor del municipio de Chiantla y al salir lo estaban esperando los agentes de la DEIC.

 

 

Al parecer ya existía una orden de detención en su contra en donde se le acusa de instigación a delinquir, plagio o secuestro según Causa No. 10915, fechado 25-03-2015, emanado del Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia departamento de Huehuetenango, firmada por el abogado Otto Felipe Vásquez Vásquez Juez de primera Instancia del Municipio de Santa Eulalia.

 

Por la noche fue escuchado por un juez y luego trasladado a Huehuetenango, se sabe que durante la madrugada iba a ser trasladado a la ciudad capital, a primera hora del jueves 27 de octubre fue trasladado a la Torre de Tribunales en la ciudad capital, lo subieron al nivel 14, en la secretaria del Juzgado de Mayor Riesgo A presidido por la juez Claudette Domínguez, el juzgado no lo escucho en su 1ª. Declaración y la programaron dentro de una semana, don Domingo a medio día fue trasladado al Centro Preventivo para hombres de la zona 18, ahí permanecerá mientras la jueza lo llama a audiencia.

 

¿Quién es don Domingo Fracisco?

 

Es originario del Caserío Yula’ Is, Yal Temux (Temux Chiquito), es una autoridad ancestral junto a Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo expreso político por la misma cusa, la defensa del agua.

 

Es un defensor de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, inició con sus labores humanistas desde los 18 años de edad en el año de 1970 fue uno de los promotores de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, junto a varios líderes y autoridades comunitarias más.

 

Don Domingo fue uno de los copromotores de la creación del Centro de Administración de Justicia CAJ en el territorio Q’anjob’al, específicamente en Jolom Konob’ (Santa Eulalia), paradójicamente ahora fue encarcelado por una denuncia de los trabajadores de este centro.

 

Fue copromotor de las organizaciones “Asociación Pro-justicia” y el “Consejo Asesor Indígena” a las cuales pertenece actualmente. Al mismo tiempo es copromotor y participante activo en la reconstitución de las Autoridades Ancestrales de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ a través del Payxail Yajaw Konob’/Gobierno Ancestral Plurinacional.

 

Formo parte del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en el norte de Huehuetenango, fundador del movimiento social por la defensa del territorio que ahora es la representación de las Autoridades Ancestrales de Jolom Konob’ “Payxa Yajawil Jolom Konob’”

 

Copromotor de la Consulta Comunitaria de Buena Fe por el desarrollo de mega-proyectos en el territorio, llevada a cabo el 29 de agosto del año 2006, junto al héroe y mártir Q’anjob’al Daniel Pedro Mateo, conocido con cariño como Daniel Maya.

 

Durante el conflicto armado interno de Guatemala, fue objeto de discriminación y encarcelamiento por sus labores en la defensa de los derechos humanos y del territorio.

 

En el año 1982 rescató el registro civil y los documentos de administración municipal de un incendio, y en varias ocasiones en que el ejército de Guatemala intentó llevárselos, actos que le han dado reconocimiento en el pueblo por su heroísmo y determinación.

Fue el primer concejal municipal en 1982.  Su formación política y social ha sido a través de su trayectoria en las luchas sociales, participación en talleres de formación, sin embargo, a pesar de su grado académico, se ha dedicado a la lectura de numerosos libros, y es pastor evangélico.

 

Fue uno de los fundadores de la Asociación Microrregional “ACODEY” de donde surgió una academia de mecanografía y computación que brinda sus servicios en su comunidad.

 

En resumen estos son cuarenta y seis años de trabajo comunitario, liderazgo y representación de la nación Q’anjob’al que le permitieron ganarse el respeto, confianza y admiración de muchas generaciones.

 


Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

Don Oscar Sánchez es una autoridad maya ancestral del pueblo Mam de San Marcos, fue detenido recientemente por una orden emitida por un juez de San Marcos, fue detenido el día 4 de agosto a las 11 de la mañana de forma arbitraria y permaneció en prisión durante 7 días sin que el juez lo escuchara durante una audiencia de primera declaración.

Juan Castro abogado de la autoridad ancestral  en una entrevista vía telefónica confirmo el resultado de la audiencia de primera declaración, fue hasta este jueves 11 de agosto 2016, cinco días de su detención que el juez de Malacatán San Marcos el señor Juan José Barrientos Prillwitz realizara esta audiencia, la autoridad ancestral fue ligada a proceso por el delito de “Plagio o secuestro” por un hecho ocurrido el 22 de enero 2015 a requerimiento de la fiscalía de Crimen Organizado del Ministerio Público y de la representante de la empresa HidroSala la abogada Gilda Isabel Aguilar Rodríguez es fiscal del MP.

En el departamento de San Marcos la presencia de empresas que buscan instalar una serie de represas e hidroeléctricas instalaron una fuerte problemática social en las comunidades en donde sus intereses se establecen.

Este es el caso de la Finca Argentina en San Pablo San Marcos, uno de los lugares en donde la empresa Hidrosalá busca construir una hidroeléctrica a pesar de la fuerte oposición de la mayoría de la población.

El Ministerio de Energía y Minas MEM  le ha brindado mucha atención a la construcción de la hidroeléctrica, incluso ampliando el periodo de construcción en 2015 luego que la empresa viera imposibilitada esa tarea, especialmente durante la administración del empresario Erick Archila como ministro, ahora prófugo de la justicia guatemalteca.

Durante esta audiencia de primera declaración con la presencia de la abogada Gilda Aguilar quedo evidenciado nuevamente que la estrategia de judicialización por parte de la empresa y el MP va en la línea de imputar el delito de plagio o secuestro por hechos en donde hay una participación masiva de personas, la empresa busca criminalizar a las autoridades ancestrales del pueblo maya Mam de San Marcos y la movilización comunitaria opuesta a las hidroeléctricas.

La empresa en años anteriores ya logro que diez personas de San Pablo San Marcos fueran encarceladas por defender el agua y a las comunidades, entre estas una mujer, considerados todos como presos políticos del Estado guatemalteco.

¿Quién es la abogada de la empresa HidroSalá?

La abogada de la empresa hidroeléctrica tiene antecedentes recientes de actuar de forma anómala cuando fue fiscal del MP, es una persona que se caracteriza por violentar expedientes y procesos judiciales, además de mentir insistentemente, como se muestra en el artículo “Gilda, la mentirosa”. [1]

La ex fiscal del MP, para beneficiar los intereses de otra empresa hidroeléctrica en Barillas Huehuetenango; Ecoener Hidralia Energía una empresa de Galicia España que opera con la imagen de Hidro Santa Cruz en el país.

A partir de una serie de actuaciones y denuncias realizadas por el empresa en Barillas, la ex fiscal a través de su intervención realizo una audiencia de prueba anticipada con un comunitario de Barillas detenidos quien acepto estando en prisión el respaldo de la Hidro Santa Cruz, con una audiencia de prueba anticipada en Huehuetenango Gilda Aguilar logro otras 10 órdenes de aprensión contra otros representantes del movimiento social de Barillas y de las comunidades.

Esta actuación fue revertida pero quedo abiertamente evidenciado el papel de una ex fiscal del MP al servicio de las empresas; como se muestra en el artículo ¿Qué es lo que realmente ocurrió con doña Gilda Aguilar?[2]

También la abogada y representante de la Liga Pro Patria se vio en medio de una acusación en contra de Monseñor Alvaro Ramazzini a quien acusó de intimidaciones y otros delitos, de la misma manera en contra de Daniel Pascual representante del Comité de Unidad Campesina CUC.[3]

[1] Plaza Pública. Iduvina Hernández. Plaza pública, Sábado 22 de Febrero de 2014.  http://www.plazapublica.com.gt/content/hilda-la-mentirosa

[2] Santiago Bastos Amigo. Barillas Resiste, 21 noviembre 2012. http://barillasresiste.wordpress.com/2012/11/21/que-es-lo-que-realmente-ocurrio-con-dona-gilda-aguilar/

[3] Siglo 21. Accionaran contra Daniel Pascual. http://www.s21.com.gt/nacionales/2014/10/06/accionaran-contra-daniel-pascual.


 

La jueza Claudette Domínguez de forma contundente en la sala de audiencias en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, se dirigió a todas las personas en la sala: “nadie es superior a la justicia”.

Estas seis palabras encierran mucho para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes llevan un año con tres meses en prisión. La resolución de la jueza en esta audiencia les demostró todo lo contrario: los operadores de justicia sí están por encima de la justicia.

Personas como Rigoberto Juárez trabajaron por muchos años para que el sistema de justicia guatemalteco reconociera el papel que juega el sistema de justicia indígena, incluso la fundación del Centro de Administración de Justicia (CAJ) para descentralizar y atender de forma directa las necesidades de ocho municipios indígenas en el norte de Huehuetenango fue el resultado de muchos años de trabajo de los pueblos indígenas en el país. Hoy, los mismos operadores de justicia, entre ellos la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), irrespetan y violentan el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y resolución de los conflictos en estos territorios, criminalizándolos y castigándolos por hacerlo.

“Esto sienta un mal precedente para un supuesto modelo democrático de justicia en el país, especialmente para el pueblo maya, suman ya más de 492 años que hemos padecido de esto, eso es sumamente sintomático, los grupos económicos de poder no permiten que hayan reformas a la justicia, menos el reconocimiento del sistema indígena. Nosotros tenemos que llevar este tipo de sufrimientos con tal que nuestra situación se aclare, llevamos 15 meses de estar en prisión sin que el MP tenga pruebas que demuestren que nosotros somos culpables de algún delito”. Rigoberto Juárez.

Luego de cuatro meses de espera, la jueza pudo realizar la audiencia de presentación del acto conclusivo, en la que finalmente estuvieron presentes todos los querellantes. A la fiscalía de Derechos Humanos del MP no le quedó otro camino que presentar su investigación, de esa forma, el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino presentó la acusación por los delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir.

Litigar de forma maliciosa no es una acción exclusiva de los abogados. La fiscalía del MP permitió que los querellantes realizaran una serie de acciones que bloquearon las audiencias, como no presentarse en reiteradas ocasiones, obligando al tribunal a suspender y reprogramar durante cuatro meses la misma audiencia. Con esto evitaron que esta etapa se realizara desde febrero de 2016, retardando el proceso y prolongando el castigo en prisión para las dos autoridades ancestrales.

La jueza resolvió en la tarde del 8 de junio la apertura a juicio oral y público por estos tres delitos. Ahora un tribunal de sentencia deberá conocer este caso con un plazo de 10 días. Específicamente será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A.  Rigoberto Mateo y Domingo Baltazar seguirán en el Preventivo de la Zona 18 mientras dure el juicio. Lo más preocupante es que el MP pretende activar la tercera causa penal contra Rigoberto Juárez.

Elnaño pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció la existencia de 20 denuncias en su contra. De algunas de ellas, no se puede ubicar en qué fiscalía se realizaron. Detrás de todas estas denuncias podrían estar varias empresas con intereses en megaproyectos en Huehuetenango.

Litigio malicioso

La audiencia inició a las 14:00 horas del 8 de junio de 2016. Se realizó en esa fecha debido a que Diego Marcos Pedro, alcalde de Santa Eulalia y querellante en el proceso no se presentó el 19 de mayo, ni tampoco lo hizo su abogado. Una audiencia anterior a la del 19 de mayo también fue reprogramada debido a la ausencia de otro querellante, Pascual Tiu Zapeta, director de CAJ de Santa Eulalia.

Las inasistencias de ambos querellantes en nada incomodan al MP, al contrario pareciera que se alternaron entre ellos para evitar que las audiencias se realizaran. Para los abogados defensores, este comportamiento responde al ejercicio del litigio malicioso de los querellantes, sus abogados y el fiscal.

Iniciada la audiencia a las dos de la tarde, la jueza permitió que las dos autoridades comunitarias se sentaran junto a sus abogados y no dentro de la carceleta, como lo hicieron en las audiencias anteriores. En la sala del tribunal estuvieron sus esposas, Juana Méndez y Juana López Francisco. Desde Santa Eulalia llegaron también varios de sus familiares, observadores de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y la oficina la OACNUDH.

La audiencia duró tres horas. Al terminar quedaban pocas personas en la Torre de Tribunales, un edificio de 15 niveles del cual los pasillos quedan abandonados después de cierta hora, y solo el movimiento en el juzgado de turno da cuenta de lo que sucede durante la noche y madrugada, cuando ingresen más personas detenidas por cualquier delito.

¿Es el MP objetivo en su investigación? 

Maynor Aguilar Bernardino es el fiscal del MP que atiende los procesos en contra de la mayoría de presos políticos de Huehuetenango. Pertenece a la unidad de delitos contra operadores de justicia adscrita a la unidad especial de derechos humanos del MP.

Es un abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 2004[1]. Con el título de profesional, aplicó ese mismo año a la convocatoria de plazas para la carrera judicial[2]. De 2010 a 2012 trabajó en la unidad distrital del departamento de Suchitepéquez[3].

Este fiscal rechazó dos de los tres peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez con el argumento de que hablaban sobre el contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango. Según el fiscal, este tema está fuera de lugar, ya que no explica específicamente los hechos sucedidos en el CAJ el 19 de marzo de 2015. Por otro lado,  rechazó que dos autoridades ancestrales se presentaran durante el juicio oral y púbico para atestiguar y confirmar que Rigoberto Juárez era una autoridad ancestral, y que por lo tanto tiene un papel importante que jugar frente a momentos complicados como los que se viven en esa región.

Aguilar Bernardino rechazó que se incorporara como medio de prueba un documento utilizado por él y la fiscalía del MP como base de sus investigaciones. El documento se titula: Informe Estructura Criminal Conflicto Social Huehuetenango. Mayo 2014. Este fue elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz y entregado por el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro al fiscal Aguilar Bernardino en 2014 y este la introdujo ilegalmente a la fiscalía de Operadores de Justicia del MP.

En este documento se identifican como delincuentes o criminales a los principales líderes comunitarios del territorio norte de Huehuetenango. Entre ellos Rigoberto Juárez, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro; todos están actualmente detenidos mientras que el resto de líderes y lideresas tienen órdenes de aprehensión.

¿Qué objetividad pueden tener las investigaciones del MP, si basa su investigación en documentos elaborados extrajudicialmente por el abogado de una empresa?

Lo curioso es que en esta misma fiscalía del MP, no avanza ninguna de las investigaciones en contra del exalcalde Diego Marcos Pedro y otras personas afines a él por muchos delitos cometidos en los últimos años, específicamente por los hechos ocurridos entre el 19 y 20 de febrero de 2015: un atentado armado, amenazas de muerte, el asesinato de un joven comunitario, el secuestro de una mujer perteneciente al Cocode a quien había amenazado con desnudarla y arrancarle el pelo en medio del parque central, frente a cientos de personas, por oponerse a la hidroeléctrica. Además también se le atribuye el cierre ilegal y violento de la radio comunitaria, y el hecho de que varias personas fueron golpeadas. En fin, se trata de un personaje que, tras un año de haber sido denunciado por delitos graves, se presenta en un tribunal de mayor riesgo en la ciudad capital con total impunidad y en coordinación con el MP.

Fiscal Maynor Aguilar Bernardino.

Otra vez se le niegan los derechos

La jueza en su resolución aceptó la petición del MP de negar varias de las pruebas testimoniales y peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez, pero a solicitud del MP sí acepto a los 26 testigos, todos trabajadores del CAJ: abogados del Bufete Popular, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces del Organismo Judicial y  fiscales del MP, entre otros.

La resolución de la jueza a las cinco de la tarde causó un acalorado debate con el abogado Benito Morales, quien la rechazó a través de un recurso de reposición parcial, por considerar que la jueza estaba afectando de forma directa los derechos de defensa Rigoberto Juárez, al dejar fuera pruebas testimoniales y documentales importantes para probar la tesis de su defensa. Pruebas que sí fueron aceptadas en otra causa penal vinculada a los procesos penales contra los presos políticos de Barillas, en donde también están involucrados varios de los querellantes de esta causa penal.

La discusión entre la jueza y el abogado Morales se agravó cuando él solicitó a la juzgadora que le permitiera a Rigoberto Juárez manifestarse en la audiencia, un derecho que se garantiza para los sindicados, esto por la alusión hecha por el abogado de Diego Marcos Pedro, quien lo señaló de forma directa. La jueza se negó a darle la palabra.

Finalizada esta etapa en este juzgado será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A quien confirme la fecha de apertura a juicio para las dos autoridades ancestrales. Mientras todo esto sucede, deberán seguir en prisión preventiva. La primera semana del mes de julio se abre el juicio oral y público para Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, líderes comentarios de Barillas.

Al final de la tarde, la audiencia terminó. Los agentes del sistema penitenciario trataban apurados de retirar a las dos autoridades ancestrales fuera da la sala y llevarlos al sótano para esperar el traslado al Centro Preventivo de la Zona 18.

Así finalizó un proceso que deja más cuestionamientos sobre la objetividad del fiscal, que certezas para los ciudadanos para creer en el sistema de justicia guatemalteco.

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[1] Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Biblioteca Central – Sección Tesis 5to. Nivel – Item: 4701227184.

[2] Diario de Centro América DCA. MINISTERIO PÚBLICO CONVOCATORIA No. 01-2004 TRIBUNAL DE ONCURSO MINISTERIO PÚBLICO LISTA DE MERITO. Año 2004.

[3] Organismo Judicial. Expediente 108-2010. Sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Rethalhuleu. 6 de octubre 2010.


Don Mateo Rax

Por: Nelton Rivera.

En la década de los ochenta Don Mateo Rax junto a las familias de la Aldea San Lucas en Panzós decidieron organizarse y tramitar la titulación de la propiedad de las tierras en las que vivían, los finqueros de Alta Verapaz sintieron amenazados sus intereses y fueron a denunciarlos a la Zona Naval y Militar No. 6 de Puerto Barrios Izabal y la base militar No. 21 de Cobán Alta Verapaz; los finqueros afirmaron que los indígenas q’eqchi formaban parte de la guerrilla. 

De esa cuenta en 1982 llegó el ejército a Panzós y a Sepur Zarco en El Estor, inmediatamente comenzaron las detenciones arbitrarias y la desaparición de los hombres, luego la violación y esclavitud sexual de las mujeres, quemaron las casas, robaron las pertenencias,  y finalmente hicieron el despojo de la tierra. Don Mateo es uno de los sobrevivientes de la represión y 34 años después junto a las mujeres de Sepur Zarco buscan la justicia.

“Todos los que estuvimos detenidos en Tinajas estábamos gestionando las tierras, por eso nos tenían ahí. Los militares nos decían que las tierras les pertenecían a ellos”

El día miércoles 3 de febrero 2016 don Mateo Rax fue el tercero de los testigos que se presentaron ante los tres jueces en el Tribunal de Mayor Riesgo A, don Mateo viajó desde el departamento de Alta Verapaz para declarar en el juicio del caso de Sepur Zarco, quiere dar su testimonio y que se sepa la verdad de todo lo ocurrido en su comunidad durante la guerra a partir del año 1982, todo lo que él vivió, todo lo que sus ojos vieron, una historia vivida en carne propia que ha llevado guardada durante treinta y cuatro años de su vida.

Un agente del Organismo Judicial con su uniforme azul custodia una puerta de madera en el lado derecho de la sala, cuando don Mateo fue llamado por la juez Yassmin Barrios en pocos segundos se abrió la puerta, él hizo su ingreso a esa sala, dió unos pocos pasos hasta el lugar en donde debía sentarse, llegó con un pantalón negro, sus botas también eran de ese color y su camisa combinaba con el pantalón y con las botas, así llego finalmente el momento de encontrase con la justicia, comenzó con su testimonio, tres décadas esperó para que los acusados y todos en la sala lo escucharan contar su verdad.

Don Mateo es maya Q’eqchí, es agricultor y nació en el municipio de Panzós Alta Verapaz, vivía en la Aldea de San Lucas de este municipio para el año de 1982, fue en ese mismo año que recuerda cuando llegaron por primera vez los militares, a partir de ese momento todo cambió radicalmente.

El municipio cuenta con nueve microrregiones, San Lucas es la cuarta de estas, Panzós significa en idioma Q’eqchi “dentro de verdosas aguas”, porque está rodeado por los afluentes del río Polochic que desemboca en el Caribe sobre el océano Atlántico.

Don Mateo junto a su familia migró para la Aldea San Lucas, son descendientes de mozos colonos de las fincas de café de la región, al igual que muchas familias Q’eqchis en los años ochenta se organizaron en el comité Pro Tierra, juntos comenzaron a gestionaron la legalización de la propiedad de las tierras en donde estaban asentadas sus comunidades y aldeas, esta gestión se realizó directamente al Instituto de Transformación Agraria -INTA- creado desde 1962 para implementar en todo el país la ley de transformación agraria durante el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes.

Para el año de 1982 fue nombrado por la población de su comunidad como Mayor de San Lucas Panzós, por eso tuvo que representarlos en muchas gestiones, recuerda que para movilizarse hacia la cabecera del municipio había que caminar muchísimo, no tenían carreteras, ni transporte, solamente los carretones que jalaban los tractores de las fincas lograban llegar hasta las aldeas, en uno de esos viajes comenzó a ver varios los retenes militares, algo que no era normal, además algunos soldados llevaban listados, él recuerda “revisaban nuestra identidad” los soldados con la lista en mano, en ese momento comenzaron las dudas del porque de los soldados ahí, y del porque de los listados con ellos.

Luego de presenciar los retenes, regresó a su comunidad, ya de vuelta en su casa, la cotidianidad lo absorbió de nuevo, un día domingo mientras él y otras personas estaban en la iglesia apareció el ejército en la comunidad sin previo aviso.

“Después del culto los soldados llegaron, venían bajando de otra de las comunidades de arriba y a todos nos pidieron que mostráramos las cédulas de identidad. Vieron el listado, compararon nuestros nombres con las listas y ninguno estaba.”

“Con los militares venía un hombre que señalaba a las personas, así las fueron sacando del grupo. Ese día cuatro hombres de la comunidad fuimos señalados, los soldados nos amarraron de nuestras manos y nos llevaron a otra comunidad en Tinajas.”

Don Mateo explicó al tribunal que los soldados los llevaron sin decirles nada, sin darles explicación del porque los habían sacado amarrados de la comunidad, al llegar al destacamento los amarraron a un poste, “nos trataban como si fuéramos cerdos” en esa Tinajas que era parte de una funca, el finquero había prestado su tierra para que el ejército estableciera ahí un destacamento militar.

Una y otra vez, don Mateo pensaba en la razón por el cual estaban en esas condiciones, no tardó mucho en darse cuenta que la detención era por el conflicto de las tierras, esas tierras que también querrian los finqueros, las horas pasaron y los soldados simplemente no les dijeron nada.

“Santiago logró desamarrarse y huir”, recuerda don Mateo. Durante tres días y cuatro noches estuvo secuestrado dentro del destacamento militar en Tinajas, “en mi caso yo también pude salir y salvarme de los militares, fue a la cuarta noche que me pude salir…”

Como fue la tortura dentro del destacamento

“Yo vi como a una persona le cortaban las orejas, a otra el cuello y otra la lengua. Eran muchos los soldados que participaban, incluso hacían fila para golpearnos, también a las mujeres que llevaron las violaban.”

Don Mateo explicó que mientras lo tuvieron amarrado a un poste en el interior del destacamento pudo ver como llevaron a otro señor también q’eqchi, narró como ahí mismo lo golpearon los soldados con sus armas hasta matarlo. Los militares los torturaban, una y otra vez les preguntaban por un campamento que nunca conocieron, fue testigo de cómo a otros detenidos les cortaban las orejas… “Yo insistí que no conocía eso… que no sabía de ese campamento que ellos querían.”

“…Todo esto lo hacían para que dijéramos que nosotros éramos los jefes guerrilleros pero los únicos extraños en la comunidad eran solo ellos, nunca vimos a un solo guerrillero.”

Recuerda que fueron los militares los que llevaron la muerte a la región, estando en cautiverio pudo darse cuenta que los oficiales hicieron una llamada a través de un equipo de comunicación que ellos mismos llevaron, él tuvo la percepción que hablaban con alguien de la presidencia, escucho cuando desde la capital dieron la orden de matarlos.

Intenta hacer memoria de los otros vecinos detenidos con él, dos de ellos se llamaban Santiago y Ricardo Tiu era el tercero, a todos los llevaron a Tinajas, nunca les explicaron el motivo del porque los detuvieron.

“Nos mantuvieron amarrados de pies y manos, hablaban con el teniente poniéndose de acuerdo para que no saliera ninguno de nosotros vivos, Ríos Montt era el presidente, lo llamaron y él les ordenó que tenían que hacer con nosotros. Así fue como me di cuenta de lo que querían hacernos.”

Don Mateo comprendía el idioma castellano, al escuchar la orden del alto mando supo que en ese preciso momento el teniente del destacamento había recibido la orden de que los mataran a las 3 de la mañana, en ese instante se llenó de un sentimiento de tristeza porque sabía que los iban a matar.

Su comprensión del castellano le permitió entender parte de conversación en el cuarto vecino, lo único que separaba a los hombres que estaban siendo torturados con el cuarto de mando del destacamento era una pared de tablas de madera de 1 pulgada de grosor, entre tabla y tabla siempre había espacios vacíos que permitían que los gritos de terror de un lado se escucharan en el otro.

Al otro lado el oficial con un grupo de soldados sentían mucha emoción, la llamada afirmó don Mateo era desde la capital, la voz de quien daba las órdenes era la del presidente de aquel entonces, el general Efraín Ríos Montt, su voz se escuchaba con fuerza, y por si fuera poco el volumen del aparato estaba en lo más alto. Los soldados se pusieron contentos al escuchar a Ríos Montt hablándoles y dándoles órdenes.

“Estuve detenido 3 días y 4 noches en Tinajas. Habían 100 soldados aproximadamente, un grupo estaba fuera deteniendo a más personas en las comunidades, otro grupo subía a la montaña para perseguir a las personas que allá se refugiaban.”

En Tinajas hubo mucha gente que la llevaron obligada, ahí mismo la mataron los militares en ese lugar, sus cuerpos allí se quedaron. El ejército convirtió una casa sencilla en un destacamento militar y este en un centro de tortura.

“…a Ricardo Tiu lo mataron esa madrugada que yo logre huir… esa era la orden, habían muchas personas de las otras comunidades, de mi comunidad ejecutaron por lo menos a 20 personas más.”

Estando en el destacamento les dijeron que a ellos alguien de la comunidad los había denunciado y que ahí en Tinajas lo tenían, pero fue el señor Ricardo Coc quien era un jornalero la persona que con uniforme militar los señalo en la comunidad el día que los detuvieron, incluso le colgaron un fusil para que pareciera soldado.

Pero estaban también los judiciales, estos vestían siempre de civil y la forma de reconocerlos fue cuando la gente comenzó a contar que ellos se llevaban a la gente de las comunidades a escondidas, sin saber el papel de estos varias veces se los encontró en los caminos.

“No supe cuántas personas mataron pero después aparecieron las fosas y la gente estaba con las manos amarradas y torturadas. A las mujeres las violaron muchas veces”

“Las mujeres que perdieron a sus esposos las violaron.”

La fuga y como sobrevivió

Don Mateo cuenta como logro escapar del destacamento a la cuarta noche: “Logre desatarme, vi a otra persona grave en una esquina del lugar en donde nos tenían, vi como lo torturaron, al huir del destacamento me refugie en el monte, solo así logre huir y sobrevivir.”

Luego de desatarse las manos y los pies, salió de la casa que usaban para torturarlos, ese lugar no tenía puerta, se la habían quitado, solamente estaba el marco en donde un día hubo una, corrió fuera del destacamento, logro llegar a la orilla del riachuelo que pasa cerca de la aldea, mientras tanto los soldados intentaron alcanzarlo, pero no lo lograron, a él no le dispararon, pero a otro de los comunitarios que también logró huir antes si lo hicieron pero no lo hirieron.

Don Mateo al llegar al riachuelo cercano salto, uso la corriente del río para escapar, adentro del agua permaneció como unos treinta minutos, la corriente lo saco rumbo al río Polochic, uno de los ríos más grandes que atraviesa todo el Valle que lleva el mismo nombre, recuerda que salió muerto de frío y que paso la madrugada debajo de un árbol de plátano.

Cuando finalmente amaneció busco los caminos no comunes, y las rutas alternas para evitar encontrarse con los soldados porque estos iban por los caminos principales y los puentes, encontrárselos habría sido su sentencia a muerte.

“Es triste recordar que a mucha gente la llevaron al destacamento de Sepur Zarco… atravesé los ríos nadando y Dios me cuido por ser una persona de bien… esto no es mentira.”

Levantando sus manos frente al tribunal don Mateo muestra que aún tiene las marcas del lazo que usaron los militares para amarrarle sus muñecas, la presión y el material lo lastimaron profundamente.

“Cuando les pedí un poco de agua para beber llenaron sus cantimploras con sus orines y eso me daban los soldados.”

Cuando logró regresar a su casa, la construcción ya no estaba, la habían quemado los miliares. Perdió sus cosechas, no pudo seguir trabajando la tierra, perdió sus animales domésticos, hasta su propio matrimonio se perdió, paso un año sin poder trabajar por los golpes y las heridas que le provocaron en el destacamento miliar, durante el día debía irse a esconder en el monte para que no lo localizara la patrulla y la gente le daba tortillas para alimentarse y así estuvo algún tiempo.

“Luego de 3 meses tuve que irme a otro lugar, llegue a la casa de mi padre en su comunidad me aceptaron y pude quedarme a vivir ahí.”

Al regresar a la comunidad supo que el ejército permaneció durante tres días cuando a el se lo llevaron a Tinajas, su suegro le confirmo que estuvieron ahí varios días y noches, también que al permanecer en la comunidad estuvieron molestando a las mujeres, y que a todas las mujeres que se llevaron a Sepur Zarco las violaron.

Esteelmer Reyes

Esteelmer Reyes Girón

Quién era “El cache Asij”

“Conocí a Asij porque permanecía ahí en la municipalidad de Panzós, era una mala persona,  si encontrabas un problema con él te iba a ir muy mal.”

“Canche Asij” fue el apodo con el que se conoció en la región de Panzós Alta Verapaz al comisionado militar Heriberto Valdés Asij, era policía municipal, era una persona violenta, enojada, trabajó por muchos años en la municipalidad, y también era el comisionado militar… “esta persona acompañaba a los militares la mayor parte del tiempo desde 1982, les mostraba los caminos, las aldeas y señalaba a las personas, así realizo muchos viajes a las comunidades para ir a traer a la gente y nunca se les volvió a ver.”

Incluso con cada cambio de alcalde en la municipalidad el Canche Asij siempre mantuvo su plaza, el testimonio de don Mateo como el de otros testigos, especialmente el de las mujeres sobrevivientes señalan al canche Asij en muchas de las detenciones arbitrarias de los hombres, también de las mujeres cuando se quedaron solas.

Cada alcalde comunitario no recibía ningún pago por ir a hacer “el viernes”, esto significa que la autoridad comunitaria designó un día para ir con el alcalde y tratar los temas importantes, ese día debían presentarse, pero todos esos costos para ir a Panzós tenían que cubrirse con sus propio dinero, si no llegaban a la siguiente vez sabían que tenían problemas, incluso podían recibir agresiones y golpes.

“Si una persona era denunciada el canche Asij la iba a traer a patadas, del cuello lo agarraba, a patadas a golpes y cuando empezó todo esto en nuestra región, cuando todo se agravó él se puso contento cuando llegaron los soldados, es cuando detienen a un perro cazador él se ponía contento y acompañaba a los militares.”

Don Mateo recuerda que el canche Asij era un tipo de complexión grande, fuerte, lo conoció porque cuando él fue nombrado como autoridad de su comunidad iba seguido a la municipalidad de Panzós para realizar varias gestiones, por eso más de alguna vez tuvo que hablarle.

Recuerda como perdieron a su representante de la comunidad, al dirigente que comenzó con el tramite de la tierra, él salió a hacer unos trámites y fue detenido por unas personas que estaban vestidos de civil, eran judiciales porque no estaban de camuflaje, los tramites por los que había salido de la comunidad tenían que ver con la legalización de la tierra de la Aldea San Lucas, como ya pasaron tantos años no recordó el nombre del dirigente, nunca mas lo volvió a ver.

Así termino su testimonio, la juez lo despidió y el regreso por la misma puerta de madera.

***

En 1978 las comunidades en Panzós fueron testigos de cómo el ejército y los terratenientes actuaban cuando los indígenas exigían derechos, o cuando exigían el título de propiedad de sus tierras que estaban siendo despojadas por los finqueros y terratenientes locales, solamente cuatro años atrás los militares habían masacrado a cientos de comunitarios en el Parque Central de Panzós, las balas de fusil hirieron a un número grande de personas, ahí murió Adelina Caal Mamá Maquín y con el paso del tiempo los finqueros se quedaron nuevamente con sus tierras.

Treinta y cuatro años después, el teniente Reyes Girón quien comandó el destacamento militar de Sepur Zarco y el comisionado militar Heriberto Valdés Asij enfrentan un juicio por los delitos de violación y esclavitud sexual “contra 15 mujeres maya q´eqchi´, también de la desaparición forzada de más de 20 personas.”[1] A ellos se les acusa de delitos contra los deberes de humanidad, al coronel del ejército Esteelmer Reyes Girón además se le acusa de asesinato y a Heriberto Valdéz de desaparición forzada.

Heriberto Valdez Asij

 


Por Nelton Rivera.

La exposición fotográfica “Guatemala: la movilización pacífica en un segundo de luz” surge de la necesidad de hacer una reflexión colectiva pública acerca del papel de la fotografía en la transformación social.

Esta exposición contiene imágenes de 34 fotógrafos que venimos de las comunidades de distintos departamentos del país y la ciudad.  Cada uno de quienes participamos en esta exposición, tenemos en común nuestro trabajo dentro de la agencia de noticias Prensa Comunitaria

“Guatemala: la movilización pacífica en un segundo de luz” busca mostrar el trabajo colectivo durante las coberturas colaborativas desde la comunidad, desde la mirada de quien captura a través de la lente cada uno de estos momentos en un segundo de luz.

Más de 50 fotografías formarán parte de la construcción colectiva de nuestra propia narrativa sobre la movilización pacífica, las dinámicas comunitarias, la vida, lo convulso de enfrentarse a un modelo por desposesión, continuum  del despojo y destrucción.

Treinta y cuatro autores aportaron material fotográfico para describir la movilización pacífica en buena parte del territorio nacional, durante un periodo comprendido entre el año 2011 al 2015; las consultas comunitarias, los procesos asamblearios, la elección de autoridades comunitarias y ancestrales, las movilizaciones multitudinarias defendiendo el agua, la tierra, la nacionalización de la energía eléctrica  y el territorio.

Un movimiento comunitario que ha ido acrecentándose a partir de las consultas comunitarias de buena fe y consultas municipales desde el año 2005 al 2015; estas movilizaciones siguen denunciando la corrupción en el Estado detrás de la concesión de distintos territorios en complicidad con empresas nacionales y transnacionales.

Las principales ciudades del país no están ajenas a la movilización, en muchos de los casos la ciudad sigue siendo receptora de la demanda social por la centralidad del Estado. Durante cinco meses del 2015, las ciudades retomaron un rol importante en la movilización pacífica que se dio en ese espacio, la lucha masiva contra la corrupción y las redes criminales vinculadas al partido de gobierno, al presidente y vicepresidenta, junto a los más importantes cargos dentro de la administración pública, empresarios y congresistas.

Estas movilizaciones contra la corrupción acapararon la mirada internacional sobre Guatemala, construyendo un imaginario sobre un tipo de movilización desdibujando o visibilizando la movilización pacífica que históricamente ha estado presente en el país.

En la exposición está reflejado el trabajo de Prensa Comunitaria durante los últimos cinco años en el marco de un nuevo aniversario. Éste es un primer ejercicio por crear una exposición fotográfica cuya narrativa nos revela la continuidad histórica de la movilización popular expresada de distintas maneras y formas.

Qué sucede en los territorios de Santa Eulalia, Barillas, San Juan Ixcoy en Huehuetenango; Sipakapa y San Miguel Ixtahucan en San Marcos; Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, en municipios como San José Del Golfo, San Pedro Ayampuc, Chuarrancho o la ciudad capital en el departamento de Guatemala.

Qué sucede en el departamento de El Quiché, en Alta y Baja Verapaz, El Petén, Izabal, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, entre otros. Los procesos de justicia en los casos de Sepur Zarco, la quema de la Embajada de España o el juicio por Genocidio, la criminalización y judicialización de los presos políticos, los desalojos violentos en el Valle del Polochic, Monte Olivo,  la masacre en la Cumbre de Alaska en Totonicapán y Samochoc en Alta Verapaz.

Cada lugar bajo la amenaza o la agresión de empresas nacionales o transnacionales que se dedican a la actividad extractiva como la minería de oro o el cemento, las hidroeléctricas y represas que formaran parte de la nueva matriz de producción energética, las petroleras, las gigantescas plantaciones de Palma Africana, entre otras.

Los momentos históricos narrados desde “Guatemala: la movilización pacífica en un segundo de luz” nos revelan una buena parte de la movilización, lucha y resistencia de las comunidades indígenas y mestizas a lo largo y ancho de Guatemala.

Nos veremos en el próximo encuentro…


Por: Redacción Prensa Comunitaria

23 de marzo de 2015. En un día como hoy en 1982 se llevó a cabo un golpe de Estado en Guatemala que llevó el militar Efraín Ríos Montt como jefe de Estado de facto y que encabezó el gobierno que causó al país uno de los períodos más crueles en la historia reciente. Ríos Montt fue condenado por genocidio perpetrado en el período que gobernó entre 1982 y 1983 contra el pueblo Ixil el 10 de mayo del 2013 por un tribunal. Muchas personas aún sobreviven a esta barbarie, muchas de ellas continúan una lucha permanente en incansable por la memoria y la justicia.

A continuación compartimos tres fotografías de la muestra “Nuestra Cultura es Nuestra Resistencia, Represión, Refugio, y Recuperación en Guatemala” del artista Jonatan “Jonás” Moller. Esta es una exhibición ambulante de fotografías publicada por Turner Libros, Madrid y México y originalmente en inglés por powerHouse Books, Nueva York y que Jonás ha compartido con Prensa Comunitaria.

“Esta exhibición busca iluminar la historia reciente de los pueblos indígenas-mayas que fueron desplazados y aterrorizados durante el largo conflicto armado interno guatemalteco. Habla sobre la represión y el genocidio ocurridos durante los ochentas, y del trabajo por la verdad y la reconciliación que se desarrolla en la actualidad bajo una impunidad casi total y violaciones de derechos humanos constantes. Estas imágenes revelan historias de vida y muerte, de esperanza y de angustia, y de las luchas por sobrevivir, el respeto, y la verdad.”

 

A principios de 1982, el ejército llegó a la cooperativa en Chimaltenango donde Gabriel trabajaba. Los soldados comenzaron a masacrar indiscriminadamente a la gente que vivía allí. Gabriel y otros dos hombres lograron escapar, escondiéndose en las montañas cercanas. Varios días después, cuando regresaron a la comunidad, encontraron los cadáveres de sus familiares, que estaban siendo devorados por los perros. También vieron los cuerpos decapitados de niños pequeños. Fue entonces que él se fue al Petén, un departamento alejado y poco poblado. Allí escuchó que campesinos pobres estaban formando cooperativas agrícolas en tierras baldías de la selva. Finalmente se asentó en una cooperativa recientemente establecida en la comunidad cooperativista de Las Josefinas. En menos de dos semanas, el ejército llegó una mañana bien temprano y masacró a todos los que no pudieron escapar. Gabriel y otras personas huyeron hacia la selva cercana, donde se refugiaron por meses, frecuentemente moviéndose de lugar a otro. Así fue como él y los sobrevivientes de otras masacres que se encontraban dispersos, se juntaron y se organizaron con el nombre de Comunidades Populares en Resistencia del Petén. Albeño, CPR del Petén, 1995.

 

 

Durante la peor época de la campaña contrainsurgente de tierra arrasada a principios de los ochenta, el ejército forzó a los habitantes locales a cortar los árboles a lo largo de las carreteras y caminos principales para reducir los riesgos de emboscadas guerrilleras. Estos árboles son sagrados para los mayas Chuj de esta región, quienes rehusaron usar esta madera o mover los troncos de los árboles donde habían caído, a pesar de que la madera es una fuente muy útil para la cocina de alimentos y la construcción. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, 1997.

 

 

Una ceremonia maya frente del monumento que fue dedicado este día a los 177 mujeres y niños que fueron masacrados en la comunidad de Rio Negro en marzo de 1982. Rabinal, Baja Verapaz, marzo 1995.


Por: Quimy De León

El 23 de diciembre quedó conformada la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente que debiera fundamentar “las razones por las cuales no es aplicable ninguna ley de amnistía en la persecución penal del delito de genocidio[1]” así es cómo ha sido requerido por la Corte de Constitucionalidad en una resolución del año 2013. Es decir que ésta Sala no deberá analizar el caso ni evaluar si se le da amnistía o no a Efraín Ríos Montt, sino solamente argumentar la resolución a la solicitud presentada por el ex militar golpista, que ya ha sido negada en el 2012.

Se espera que en los siguientes días esta sala resuelva lo requerido por la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados miembros de esta Sala que conocerán el caso son: Freddy Fernández Ortiz y Carlos Rodríguez Meza, también estará a cargo de Edith Marilena Pérez Ordóñez suplente de la Sala Cuarta de Apelaciones.

Solicitud de Amnistía a pesar de todo

El manejo que han estado dando los medios corporativos acerca de este hecho es que la Sala resolverá si le otorga o no la amnistía, sin embargo las organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes en un comunicado plantean que no es éste el sentido.

Sin embargo la forma impune en la que han actuado diversas instancias del Sistema de Justicia, del Legislativo y el Ejecutivo en los últimos años, nos hace temer que puedan llegar a cometer un error gravísimo como otorgarle la amnistía a Efraín Ríos Montt, aún cuando diversos juristas plantean que no procede legalmente y que va en contra de resoluciones internacionales y del mismo marco jurídico vigente.

Esto implicaría cerrar la posibilidad de que avance el juicio que iniciaría el 5 de enero, además esto contribuiría a deteriorar la historia y una ofensa profunda para quienes perecieron y sobrevivieron a éstos crímenes.

Es preciso enfatizar que la Corte también en el 2013 resolvió que “… son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos…[2]”

La solicitud de amnistía y de que se cerrara el proceso penal en contra de Ríos Montt, fue solicitado el 17 de febrero de 2012, argumentando y basándose en el decreto Ley 8-86 y que no podía juzgársele por crímenes cometidos del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de1986.

La Fundación Mirna Mack realizó un análisis al respecto y expresa claramente que “A la luz de las normas citadas, puede indicarse que, si bien la legislación guatemalteca contempla la figura de la amnistía en la Constitución Política y la desarrolla en la Ley de Reconciliación Nacional, es imposible encuadrar el caso de Efraín Ríos Montt en alguno de sus supuestos. Es la misma Ley de Reconciliación Nacional, la que establece que deberán seguirse conforme al proceso penal guatemalteco aquellos delitos que no admiten extinción de la responsabilidad penal de acuerdo a tratados internacionales ratificados por el Estado y, tal es el caso del delito de genocidio, según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.”

Sobrevivientes esperan el inicio del juicio

El reinicio del juicio por Genocidio está programado para el 5 de enero en el Tribunal B de Mayor Riesgo contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez.

Es preciso no olvidar que el 10 de mayo del 2013, la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo leyó ante el mundo la sentencia en donde se condenó a Efraín Ríos Montt quien fue presidente de facto entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

Esta condena fue resuelta por haberse demostrado que el es responsable del genocidio perpetrado en contra del pueblo Ixil en calidad de autor. Fue condenado a 80 años de prisión, 50 por delitos contra deberes de la humanidad y 50 por genocidio.

[1] La Corte de Constitucionalidad en su sentencia del 13 de agosto de 2013. Citado en el comunicado “La paz solo puede florecer con la justicia” de diversas organizaciones de derechos humanos.

[2] Ibid.


Foto: Twitter Ecuador TV

 

Gladys Tzul Tzul[1]

“Deberán desalojar este inmueble en los quince días hábiles a partir de esta fecha, (…) Este edificio no cumple ninguna función social”[2]

Cuando leemos estas palabras pareciera ser que se trata de una orden de desalojo a cualquier ciudadan@ que es víctima de la crisis financiera en España[3]. Pero ésta orden tiene lugar en Ecuador, viene ni más ni menos que del Ministerio de la Inclusión Social del gobierno de Rafael Correa, que busca expulsar de su sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE-.

Esta ordenanza representa una de las más grandes agresiones contra las sociedades indígenas del Ecuador y contra el movimiento indígena en Latinoamérica. Jorge Herrera el presidente de la CONAIE lo analiza de la siguiente forma: “ Es por nuestra postura crítica a la ley de Tierras, a la ley del Agua, a la extracción minera[4].

Siguiendo el análisis de Herrera y conociendo sobre las luchas que actualmente despliega la CONAIE contra esas leyes, que buscan sentar las condiciones para la profundización del despojo de las tierras de las comunidades es preciso hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué significa ordenar que la CONAIE desaloje la sede que ocupa desde 1991? Claramente, esta es una agresión directa contras las luchas de las nacionalidades indígenas.

Porque por muchos años la CONAIE ha sido una escuela política desde donde se gestaron los levantamientos indígenas, las luchas de las nacionalidades indígenas del Ecuador han sido un referente continental de la capacidad de las comunidades indígenas en los momentos de rebelión y eso mucho nos enseñado a las jóvenes generaciones indígenas en varios lugares del mundo.

Junto a este movimiento, con sus análisis, sus actores y actoras hemos aprendido de la potencia disruptora que tienen las comunidades indígenas cuando interpelan e impugnan el orden de dominación colonial que sigue vivo en Latinoamérica. De esa forma nos enseñaron que la lucha política es por la dignidad, por la vida. Nunca por las armas y por la muerte.

Esta organización se ha solidarizado con el pueblo palestino, cuando ha sido bombardeado por Israel; también han echo notar su solidaridad con los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en México, y así innumerables actos de apoyo y solidaridad con las luchas en el mundo, seguramente, de no estar enredados en este acto de desalojo, se solidarizarían con las miles de personas desalojados hoy día en España.

Por eso ésta orden de desalojo, es una agresión contra las luchas políticas por la vida en común. Como dice Nina Pacari: “La resistencia no es sólo por la casa, es por la defensa de un proceso histórico que ha luchado contra la agresión, la privatización y contra los Tratados de Libre Comercio.”

[1] K’iche’ de Guatemala, ingrante de la Comunidad de Estudios Mayas, doctorante en sociología por la ICSYH de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde participa en el área de investigación: Entramados comunitarios y formas de lo político. Su tesis doctoral se denomina: Comunidad Indígena: Una genealogía de los sistemas de gobierno en Chuimekena’. Actualmente, reside en Alemania donde realiza una estancia en la Universidad de Gissen, Frankfurt. Realizó una estancia doctoral en el Ecuador que tenian como objetivo documentar los levantamientos indígenas de la década de los 90, ahí estaba adscrita al Centro de Investigación de Movimientos   Indígenas del Ecuador. –CEDIME- y a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, -FLACSO-

[2] Tomado de Pueblos en Camino. http://www.pueblosencamino.org/index.php/component/allvideoshare/video/latest/vergonzoso-correa-ordena-desalojo-del-edificio-de-la-conaie. Consultado el 15 de diciembre de 2014.

[3] En estos días he conocido a varias mujeres y hombres que han sido desalojados de sus hogares en Madrid. Según los registros en lo que va del año se han realizado 8.749 desahucios entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2014. Tomado de http://afectadosporlahipoteca.com/2014/10/10/los-datos-del-cgpj-confirman-que-siguen-aumentando-los-desahucios-en-espana/

[4] Tomado de: http://www.larepublica.ec/blog/politica/2014/12/15/presidente-conaie-no-saldran-sede-pedido-gobierno/

 


Por: Ronny Morales Tot

El dia 14 de julio del 2014 pude conocer la historia Matilde Col Choc, víctima de desaparición forzosa en 1983. Me causó una gran curiosidad el caso ya que como defensor de los derechos humanos y periodista comunitario, mi trabajo ha sido alrededor de la lucha por la tierra, la represión y criminalización de las luchas. Gracias a Mario, esposo de una sobrina de Matilde pude conocer la historia de una mujer soñadora, mujer de caminar, que brindó su identidad, a este mundo tan desigual, indiferente a las poblaciones mayas.

Matilde nació en Cobán el 14 de marzo de 1954 con energia “13 AJ”, que ante los abuelos significa que será como la semilla ante la madre naturaleza, que dará frutos. Aj es la energía  de los estudiosos, lectores e investigadores. Fue una niña de pies descalzos con la sonrisa alegre amante a la lectura.

 

La educación y la educadora

Al terminar la primaria por vicisitudes de la vida dejó de estudiar y se dedicó al trabajo en la casa, ayudando a su madre. Pero los sueños de superarse los tenía muy presentes, y con un grupo de amigas decidieron estudiar en la jornada nocturna. Ellas fueron de las primeras mujeres indígenas de Cobán en graduarse como maestras de educación primaria Bilingüe.

Cuando terminó sus estudios fue una de las fundadoras del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica -IGER. Junto al Padre Franz Vond Tattenbach recorrieron todo el territorio nacional divulgando la importancia de la educación bilingüe en los pueblos mayas. Ése fue el granito de maíz que germinó y que hoy vemos sus frutos: ahora miramos el derecho a la educación para adultos con la visión de fortalecer la cultura la cosmovisión maya.

Hablar de cultura, identidad, idioma, espiritualidad es sinónimo de hablar de identidad tambien hablar de los derechos de un pueblo maya, todo esto representaba Matilde para nosotros una pionera idealista.

Trabajó como Maestra de Educación Bilingüe, en la atención a niños en salud y fue comunicadora social. Condujo un programa radial de IGER en idioma Q’eqchi, donde trataba  el tema de la importancia de la educación, traduccion y derechos de los pueblos idigenas.  Tuvo a su cargo la traducción de los textos del castellano al idioma q’eqchi para adultos. También era poeta.

El sueño de Matilde, era que los niños, mujeres y adultos aprendieran a leer y escribir en su idioma natal y que esto les permitiera salir adelante para tener un mejor futuro. Sus familiares y amigos la recuerdan como alguien que buscó el bien para los demás, solidaria, amable y humilde.

 

 

Desaparecieron a Matilde

El 13 de enero del 1983 fue desaparecida con 7 meses de embarazo, según nos contaba una amiga. “Fueron pasando los días y no regresó; la empezamos a buscar en varios lugares del país. Incluso su hermano empezó a trabajar en la zona militar # 21 con el único objetivo de encontrarla, y alguien del ejército le dijo que si preguntaba más, algo le pasaría a él y a su familia, que mejor que se callara”

“Con el tiempo nos enteramos que Mati fue detenida y desaparecida cuando regresaba de una Ceremonia Maya entre los municipios de Tactic y Cobán, en un puesto de registro o retén militar. Junto a ella también fue detenido y desaparecido Otto Federico Ical Choc”. Su caso aparece en el informe de la CEH, Tomo VIII, pagina 84.

 

El reencuentro

Matilde fue una de las victimas encontradas entre las 533 osamentas encontradas en el destacamento de Cobán: “En 2012 nos pidieron ADN para ver si uno de esos cuerpos era el de Mati. Dos años después nos entregaron su cuerpo, donde nos pudimos dar cuenta que ella fue torturada, violada y asesinada. Fue muy duro para nosotros saber los sufrimientos que tuvo antes de su muerte. muchos de los restos juntos a Matilde, tenían los ojos vendados, amarrados de las manos, tenían con maskin en las bocas para que no se les oyera gritar”

El convivir con una familia que ha sufrido una desaparición forzosa en tiempos de la guerra interna en Guatemala, me hizo valorar aun más mi labor como periodista comunitario en este país tan injusto y desigual. Todavía me asombra y me indigna muchísimo saber que personas valiosas como Matilde sean perseguidas, desaparecidas y hasta asesinadas por pensar, escribir, hacer radio.

Como comunicador popular siento que Matilde se merecía un futuro y la nación Q´eqchi siempre estará en agradecimiento a Mati por lo mucho que nos ha dejado.


Por: Quimy De León

“Soy norma Lila, mujer indigena maya kaqchikel comunicadora social, vivo en Camotán, Chiquimula. Me he dedicado a la comunicación con énfasis en pueblos originarios y comunidades lingüísticas en el país. La razón por la cual lo hago es por ser descendiente de padres y madres kaqchikeles, ese es mi compromiso y lo reafirmo, por eso estoy aqui.”

Norma Lila Sut Sancir nació en Tecpán, Chimaltenango. Desde muy pequeña tuvo que salir junto a su familia de su casa e ir a vivir a la capital debido a la guerra que se vivía en el país. Tiene solamente una hermana, Lorena y a su madre, pues su padre falleció.

Norma es periodista comunitaria y licenciada en ciencias de la comunicación. Se graduó de la Universidad de San Carlos en noviembre del año 2010. A sus 35 año ha recorrido una buena parte del país, pues su compromiso profesional lo ha dedicado a los derechos humanos, al medio ambiente y la educación. Esta vocación y entrega la ha hecho trabajar en beneficio de la gente y las comunidades que defienden la vida y la tierra. Por ello se dedica en buena medida a visibilizar a los pueblos indígenas y las mujeres.

Fue así como decidió ir a trabajar en la Coordinadora Central Campesina Ch´orti´ “Nuevo Día”, aportando desde su experiencia como periodista. Norma también forma parte del equipo de Prensa Comunitaria desde el 2013.

¿Cómo ocurrió su detención?

“Yo hacía mi trabajo como comunicadora social, decidí tomar este camino de informar y apoyar e integrarme a este trabajo de prensa comunitaria porqué es mi convicción, no lo hago como trabajo lo hago porque es mi pasión. Porque sé que todas y todos tenemos derecho a informar y a informarnos. Como periodistas es nuestro deber informar con la verdad, no es justo que se nos trate como delincuentes y que me traten así como mujer. Yo iba sola y que 5 policías se vinieron en contra de mi, porque yo no podía hacerles daño mas que tomar una fotografía e informar la verdad”

Norma había salido con entusiasmo y la sonrisa que la caracteriza a un nuevo día, dispuesta a realizar su trabajo periodístico.

La detuvieron después que había salido de su casa en Camotán y había tomado un mototaxi para ir a donde se encontraba la concentración pacífica cerca del puente Jupilingo -ubicado en el kilómetro 204 carretera que comunica el municipio de Camotán con la frontera con Honduras “El Florido.” No habían pasado ni dos minutos desde que llegó, y aún no estaba en el lugar de los hechos, cuando una patrulla la interceptó y sin mediar palabra la detuvieron. Fue como a las ocho de la mañana. Apenas quince minutos antes habían llegado más de 150 policías a este lugar con el objetivo de disolver la concentración.

“Iba a tomar fotografías de lo que estaba pasando para realizar mi trabajo periodístico. Cuando me vieron, entre diez agentes me agarraron, me jalonearon y después me entregaron a unas agentes e inmediatamente me pusieron los grilletes.”[1]

Así es, entre varios agentes se la llevaron por la fuerza y la entregaron a tres policías mujeres. Ella gribaba “¡suéltenme, suéltenme! ¡soy periodista, yo soy periodista!” A pesar de las múltiples explicaciones de ella acerca de su profesión y lo que hacía en el lugar, no sólo no le hicieron caso sino que en la prevención policial la pusieron como “instruida y ama de casa“.  Esa misma mañana, más temprano la policía se dirigió directamente a donde se encontraba Carlos Alfredo Juárez miembro de la organización “Nuevo Día” para detenerlo después que habían tirado bombas lacrimógenas contra la población que se encontraba en manifestación pacífica.

A Marco Tulio Vásquez lo detuvieron frente a la casa de su madre, mientras observaba lo que pasó, a los hermanos Domingo y Santos Bernaldino Pérez Ávalos les detuvieron adentro de su terreno después que ellos habían terminado de deshojando maíz.

De esta manera, quedaron cinco personas detenidas: Norma Sut Sancir Carlos Alfredo Juárez Díaz, Marco Tulio Vázquez Martínez, Domingo Pérez Ávalos y Santos Bernaldino Pérez Ávalos.

¿Una detención preparada?

Según la policía Norma Sancir fue detenida cuando se encontraba entre las personas que manifestaban. Dicen tener pruebas que demuestran que ella estaba incitando, porque dicen que encontraron un boletín de peticiones de la manifestación. Sin embargo, todo pareciera indicar que la detención de Norma estaba planificada, por varias razones:

  • Ella no había llegado siquiera al lugar donde realizaría su trabajo periodístico cuando la detuvieron.
  • La patrulla de la policía la interceptó para detenerla y fueron directamente hacia ella del mismo modo que fueron a buscar a Carlos Juárez para detenerlo.
  • Habían tres agentes mujeres ya listas ahí para detenerla: una de ellas de servicio en la subestación de Jocotán, la otra en la de Camotán y una tercera de una comisaría de Chiquimula.

A todas luces estamos ante una acción de violación a la libertad de opinión y expresión impidiendo su trabajo como periodista, y un caso de criminalización de la lucha social y en este caso de quien documenta y asume el papel de informar.

Irregularidades y faltas al debido proceso

Cuando detuvieron a Norma, la llevaron directamente hasta la cabecera del departamento en la ciudad de Chiquimula, y hasta las tres de la tarde fue presentada ante un juez. Esto es más del tiempo estipulado de seis horas para esto. Además no le permiteron realizar ninguna llamada, como ella solicitó.

“No me permitieron hacer ninguna llamada, les he dicho que me indiquen por lo menos para avisar algunos familiares. Les pedí una llamada y me dijeron que no tienen recursos en la policía para hacer ninguna llamada. Les dije que yo tenía saldo y que yo podía llamar y no me dejaron hacer ninguna llamada.“ 

El juez Juan José Regalado Rivas del Jugado Primero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula le hizo saber que el motivo de su detención era Atentado y Desorden publico. El juez dijo que esto era una falta y a pesar de ello, ordenó  su ingreso al Centro Preventivo para hombres y mujeres ubicado en la aldea Los Jocotes en Zacapa, dejando a Norma y las otras cuatro personas en la cárcel durante tres días.

Cuando una persona es detenida, según la ley debe ser tener su audiencia de primera declaración en término de 24 horas. Sin embargo en este caso ese derecho ha sido violado. El juez argumentó tener lleno su calendario y que tenía que viajar a la capital para estudiar un curso. Además ya existen juzgados de turno.

Otra irregularidad que hemos visto en este caso, como en otros casos de detención por razones políticas es lo infundado y armado de los casos judiciales, adjudicándole a las personas, luchadoras sociales y en este caso a una periodista delitos y hechos que no han cometido.

Tres días encarcelada

Afortunadamente Norma se encuentra fuerte y bien físicamente a pesar que usaron la fuerza para detenerla. Diversas organizaciones y sus abogados interpusieron tres recursos de exhibición personal. El INACIF le hizo una evaluación para conocer su estado físico, del cual aún no han emitido dictamen

Su hermana Lorena la fue a ver y nos contó que “está fortalecida porque yo le dije que habían muchas personas que la estaban apoyando y movilizando para sacarla, ella estaba con duda de si la estaban apoyando o no y ella al saber que había bastante apoyo se motivó y así fue como se fortaleció muchísimo”. Al despedirse de nosotros, Lorena  dijo “Lo único que quiero es que mi hermana esté conmigo”

El juez programó su audiencia de primera declaración para el lunes 22 a las 8 de la mañana. El juez decidió darle la libertad por falta de mérito. No solamente ella quedó en libertad también los defensores de derechos humanos Carlos Juarez, Domingo Perez Avalos, Bernardino Perez y Marco Tulio Vasquez. Pudieron salir de la cárcel después de tres días a las 8 de la noche.

[1] Norma Sancir. Noticiero Guatevisión. Departamentales. 18 de septiembre 2014.