Guatemala Comunitaria

Por: Nelton Rivera. / desInformémonos

El Ministerio Público MP en Guatemala, solicitó recientemente el sobreseimiento de la causa penal en contra de Domingo Francisco Cristóbal Francisco, autoridad maya Q’anjob’al, el MP con esta acción luego de un año de investigación, solicitó ante la juzgadora que la persecución penal se suspenda o clausure, porque sencillamente no tienen casusa reales que justifiquen la acción penal de la justicia en contra de don Domingo Francisco, meses antes lo detuvieron y encarcelaron injustamente.

Domingo Francisco se considera uno de varios presos políticos en el país, la juez Claudette Domínguez quien preside el juzgado de Mayor Riesgo A de la ciudad capital, resolvió otorgarle el sobreseimiento y emitió la orden el día 23 de febrero 2017 al Organismo Judicial y a la Policía Nacional Civil –PNC- para que suspendan toda persecución penal en contra de la autoridad comunitaria.

En esta acusación aún quedan personas comunitarias con orden de aprensión, la jueza explicó que aún deben de presentarse ante la justicia, para solucionar su situación jurídica.

Domingo Francisco permaneció en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, a 500 kilómetros de distancia de su hogar, desde el día 28 de octubre hasta el 11 de noviembre 2016, luego la juez Claudette Domínguez resolvió que debía quedar en libertad provisional sin ningún tipo de medida de coerción y esperar 3 meses para que el MP pudiera ampliar su investigación, finalmente llego la fecha y el MP sin prueba alguna solicitó que este proceso se cerrara.

“Gracias a Dios, tuve hoy la otra audiencia, cuando la jueza señalo 10 días atrás esta nueva fecha, porque los querellantes en mi contra no se presentaron, ni la fiscalía del MP, ni el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni los oficiales del CAJ de Santa Eulalia.

Hoy por fin se presentaron los fiscales del MP, y se dio por terminado este proceso penal, la resolución de la jueza en el caso de mi persona fue favorable, hoy la juez decidió que este caso debe de terminarse.

Los paisanos y los vecinos en el área Q’anjob’al, de los municipios del norte de Huehuetenango, sabemos que allá están los defensores del territorio y de los derechos, así como nosotros, y sabemos que aún hay comunitarios con órdenes de aprensión que no han podido resolver sus casos, pero también ya hay varias autoridades de Barillas y Santa Eulalia que ya logramos resolver estas acusaciones falsas.

Así como nosotros, en Guatemala, como pueblo Maya, que habitamos nuestra Coactemalan (tierra de bosques) en idioma Nahuathl, hemos sufrido ante los tribunales, de la misma forma como nuestros antepasados lo sufrieron igual, que dieron la vida por la lucha de la defensa de los derechos humanos, como la madre tierra, defensa del territorio y la naturaleza, esto no es nada nuevo.

Vemos como ya nos están contaminando el agua, la tierra, las rocas con las minas, simplemente estamos defendiendo que otra gente no se aproveche de los recursos que son de todos, especialmente cuando llegan de otras naciones extranjeras a hacerlo.

Me siento muy contento, tranquilo, dando las gracias a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos, no solo en Guatemala si no tambien en todo el mundo, a mi familia, a los vecinos que vinieron a acompañarme, aquí estamos junto a los hermanos Rigoberto Juárez, y Domingo Baltazar, juntos hemos sufrido la cárcel, hemos sido amenazados, perseguidos y seguimos aquí, con vida, y con libertad.”

¿Por qué lo encarcelaron?

Don Domingo Francisco Cristóbal Francisco, es una autoridad reconocida por su pueblo de Jolom Konob’ (Cabeza de Pueblo en idioma Q’anjob’al), tiene 65 años de edad, el día 26 de octubre del 2016, luego de almorzar fue detenido por agentes del DEIC de la PNC en el municipio de Chiantla, Huehuetenango. Domingo Francisco regresaba de la cabecera departamental luego de participar en una movilización pacífica convocada por Comité de Desarrollo Campesino -CODECA- para exigir la nacionalización de la energía eléctrica.

Domingo Francisco fue sindicado de cometer delitos como: instigación a delinquir, plagio o secuestro, según consta en la Causa Penal No. 10915, de fecha 25-03-2015, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia, del Centro de Administración de Justicia –CAJ-, a él lo responsabilizaron por la movilización de la población ocurrida el 19 de enero 2015 en el CAJ, luego de la detención arbitraria de dos jóvenes en el municipio vecino de San Mateo Ixtatán.

Fue acusado injustamente por el ex alcalde municipal Diego Marcos Pedro, quien afirmó que había sido golpeado y obligado por don Domingo Francisco a asistir a una audiencia realizada en el CAJ en la noche del 19 de enero 2015, el ex alcalde que simpatiza con las empresas hidroeléctricas insistió en victimizarse, en su versión manifestó que más de un centenar de comunitarios lo amenazaron, agredieron y desalojaron de su casa para obligarlo a asistir al CAJ.

Durante el Debate Oral y Público en el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la juez Yassmin Barrios en 2016, comprobó que el testimonio y la acusación del ex alcalde no eran ciertos, que deliberadamente había mentido y que su testimonio, en similitud con otros 20 testigos más, la mayoría trabajadores del CAJ, todos estos testimonios fueron presentados como parte de la estrategia de criminalización de la hidroeléctrica en contra de las autoridades ancestrales y comunitarias que enfrentaron ese debate oral, al final fueron absueltos.

En una columna anterior Sí creo en su inocencia hablo de este juicio histórico.

“¿Señor Rigoberto en dónde está?, creo en su inocencia, siempre me han dicho que soy muy dura para condenar, pero con esa misma dureza lo soy para absolver y creo en su inocencia.” Jueza Yassmin Barrios.

Su abogado defensor, el licenciado Benito Morales Laynes, ha insistido en denunciar la estrategia de criminalización, que desde la instalación de las empresas, utilizando el sistema de justicia para perseguir y encarcelar a las autoridades comunitarias, ancestrales por oponerse a los megaproyectos, son y seguirán siendo juicios políticos.

En el caso de Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar y ahora Domingo Francisco Cristóbal no le queda otro camino al MP más que desistir y pedir que sean cerrados los casos, luego de un año de investigación sin poder comprobar la participación de ellos en algún delito.

Esta historia no se termina aun

Durante los últimos cuatro años, hemos presenciado la ofensiva de las empresas extractivas en el país, muchas han sido las estrategias para imponer de forma violenta la construcción de los megaproyectos y la criminalización ha sido una de las estrategias para castigar a las autoridades comunitarias o ancestrales que se oponen a las empresas.

En esta estrategia, los empresarios cuentan con el respaldo y apoyo del Estado, el Ministerio Publico –MP- perdió total objetividad en las investigaciones y desde el año 2015 persigue a las autoridades ancestrales maya Q’anjob’al en el territorio norte de Huehuetenango por defender el agua de los ríos.

Las empresas echaron mano de la cooptación de persona y de algunos liderazgos en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, con la cooptación llego la división comunitaria, misma que se reflejó en las administraciones municipales durante el gobierno de Otto Pérez Molina 2011- 2015, la de Barillas y Santa Eulalia pro hidroeléctricas.

Pérez Molina un ex general vinculado a la represión durante la guerra ahora se encuentra encarcelado por dirigir varias redes criminales y de corrupción en Guatemala, la vice presidenta de su gobierno Roxana Baldetti Elías y su ministro de Gobernación Masurio López Bonilla podrían ser extraditados a los Estados Unidos por narcotráfico, junto a Erick Archila Dehesa ex ministro de Energía Y Minas impulsaron y promovieron las actividades de las empresas extractivas en todo el país, Erick Archila por ejemplo huyo de la justicia nacional y ahora se encuentra en los Estados Unidos a la espera de ser extraditado a Guatemala.

Luego llegaron las amenazas, la desaparición forzada, la presencia de paramilitares y los asesinatos selectivos, como paso siguiente, comenzaron a aparecer las denuncias ante las fiscalías del MP en el CAJ y los juzgados en Barillas, estas denuncias avanzaron rápidamente y los jueces emitieron docenas de órdenes de aprensión, llegó la militarización, los Estados de Sitio y la prisión política.

Las empresas siguen generando acciones y estrategias para golpear a las comunidades, encarcelar a sus principales autoridades, en un escenario adverso para la movilización comunitaria, mientras los pueblos y comunidades continúan exigiendo el respeto a sus formas propias de toma de decisión, autoridad ancestral y formas propias de resolución de los problemas; en este caso el retiro de las empresas hidroeléctricas de su territorio.

En toda América Latina se están viviendo escenarios similares, con patrones comunes en las estrategias que están implementando en contra de la organización comunitaria, popular o las resistencia en todo el continente, especialmente frente a los grandes megaproyectos como en México, Honduras, Chile, Ecuador, Brasil, y otros.


Por Nelton Rivera, Quimy De Leon y Gaspar Nicolás.

 

La persecución penal en contra de las autoridades comunitarias y ancestrales no cesa en Guatemala, nuevamente fue detenido otra autoridad por una orden de aprensión que continuaba vigente. Domingo Francisco Cristóbal Francisco es una autoridad maya Q’anjob’al y líder comunitario, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- a eso de las 12: 25 del día miércoles 26 de octubre 2016 recién concluida la manifestación convocada por Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- en Huehuetenango de donde venía, ya que él forma parte de esta organización en el área norte.

 

Es padre de diez hijos e hijas y tiene 64 años, es agricultor, tiene un amplio trabajo comunitario, fue miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo – COCODE – en su comunidad y actualmente tiene el cargo de Asesor del Comité Protector del Medio Ambiente, es miembro del Gobierno Ancestral Local Jolom Konob’. Además es presidente de la organización Pro justicia en el municipio de Santa Eulalia.

 

A don Domingo se le acuso injustamente de varios delitos graves como “Plagio o Secuestro”, e instigación a delinquir, la acusación la realizaron trabajadores del Centro de Atención de Justicia CAJ de Santa Eulalia, los jueces, fiscales del MP, trabajadores del OJ, del Bufete Popular y administrativos, lo más relevante de este caso es que el Tribunal de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios resolvió que esta acusación no tenía sustento jurídico y que se apartó el Ministerio Publico de toda objetividad en la investigación, una de las resoluciones de la jueza fue confirmar que estas acusaciones solamente sirven para criminalizar a las autoridades comunitarias y que los supuestos agraviados solo mintieron en el tribunal. “Sí creo en su inocencia” 

Por esta misma causa penal ya fueron juzgados y absueltos siete autoridades comunitarias este año, pero la orden de aprensión contra otras personas siguió abierta a pesar de varios recursos presentados por el equipo de abogados que conocen esta proceso penal, a criterio del abogado Benito Morales Laynes estas ordenes de aprensión son completamente ilegales, el juez de turno y un fiscal del Ministerio Público en la capital violentó el debido proceso en el mes de abril del 2015 al emitirlas, el juez Victor Herrea Ríos no podia conocer este caso porque un juzgado en Huehuetenango ya lo estaba haciendo.

 

La detención

 

Domingo después de la manifestación se encontraba en uno de los comedores el mercado municipal donde pasaron a almorzar.  Según testigos llegaron a llamarle y le apartaron de las mujeres del grupo que le acompañaba. Quienes no lograron ver si le mostraron algún documento u orden de detención, solo le hablaron y lo subieron al vehículo particular. Él había pasado a almorzar en un comedor del municipio de Chiantla y al salir lo estaban esperando los agentes de la DEIC.

 

 

Al parecer ya existía una orden de detención en su contra en donde se le acusa de instigación a delinquir, plagio o secuestro según Causa No. 10915, fechado 25-03-2015, emanado del Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia departamento de Huehuetenango, firmada por el abogado Otto Felipe Vásquez Vásquez Juez de primera Instancia del Municipio de Santa Eulalia.

 

Por la noche fue escuchado por un juez y luego trasladado a Huehuetenango, se sabe que durante la madrugada iba a ser trasladado a la ciudad capital, a primera hora del jueves 27 de octubre fue trasladado a la Torre de Tribunales en la ciudad capital, lo subieron al nivel 14, en la secretaria del Juzgado de Mayor Riesgo A presidido por la juez Claudette Domínguez, el juzgado no lo escucho en su 1ª. Declaración y la programaron dentro de una semana, don Domingo a medio día fue trasladado al Centro Preventivo para hombres de la zona 18, ahí permanecerá mientras la jueza lo llama a audiencia.

 

¿Quién es don Domingo Fracisco?

 

Es originario del Caserío Yula’ Is, Yal Temux (Temux Chiquito), es una autoridad ancestral junto a Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo expreso político por la misma cusa, la defensa del agua.

 

Es un defensor de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, inició con sus labores humanistas desde los 18 años de edad en el año de 1970 fue uno de los promotores de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, junto a varios líderes y autoridades comunitarias más.

 

Don Domingo fue uno de los copromotores de la creación del Centro de Administración de Justicia CAJ en el territorio Q’anjob’al, específicamente en Jolom Konob’ (Santa Eulalia), paradójicamente ahora fue encarcelado por una denuncia de los trabajadores de este centro.

 

Fue copromotor de las organizaciones “Asociación Pro-justicia” y el “Consejo Asesor Indígena” a las cuales pertenece actualmente. Al mismo tiempo es copromotor y participante activo en la reconstitución de las Autoridades Ancestrales de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ a través del Payxail Yajaw Konob’/Gobierno Ancestral Plurinacional.

 

Formo parte del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en el norte de Huehuetenango, fundador del movimiento social por la defensa del territorio que ahora es la representación de las Autoridades Ancestrales de Jolom Konob’ “Payxa Yajawil Jolom Konob’”

 

Copromotor de la Consulta Comunitaria de Buena Fe por el desarrollo de mega-proyectos en el territorio, llevada a cabo el 29 de agosto del año 2006, junto al héroe y mártir Q’anjob’al Daniel Pedro Mateo, conocido con cariño como Daniel Maya.

 

Durante el conflicto armado interno de Guatemala, fue objeto de discriminación y encarcelamiento por sus labores en la defensa de los derechos humanos y del territorio.

 

En el año 1982 rescató el registro civil y los documentos de administración municipal de un incendio, y en varias ocasiones en que el ejército de Guatemala intentó llevárselos, actos que le han dado reconocimiento en el pueblo por su heroísmo y determinación.

Fue el primer concejal municipal en 1982.  Su formación política y social ha sido a través de su trayectoria en las luchas sociales, participación en talleres de formación, sin embargo, a pesar de su grado académico, se ha dedicado a la lectura de numerosos libros, y es pastor evangélico.

 

Fue uno de los fundadores de la Asociación Microrregional “ACODEY” de donde surgió una academia de mecanografía y computación que brinda sus servicios en su comunidad.

 

En resumen estos son cuarenta y seis años de trabajo comunitario, liderazgo y representación de la nación Q’anjob’al que le permitieron ganarse el respeto, confianza y admiración de muchas generaciones.

 


Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

Don Oscar Sánchez es una autoridad maya ancestral del pueblo Mam de San Marcos, fue detenido recientemente por una orden emitida por un juez de San Marcos, fue detenido el día 4 de agosto a las 11 de la mañana de forma arbitraria y permaneció en prisión durante 7 días sin que el juez lo escuchara durante una audiencia de primera declaración.

Juan Castro abogado de la autoridad ancestral  en una entrevista vía telefónica confirmo el resultado de la audiencia de primera declaración, fue hasta este jueves 11 de agosto 2016, cinco días de su detención que el juez de Malacatán San Marcos el señor Juan José Barrientos Prillwitz realizara esta audiencia, la autoridad ancestral fue ligada a proceso por el delito de “Plagio o secuestro” por un hecho ocurrido el 22 de enero 2015 a requerimiento de la fiscalía de Crimen Organizado del Ministerio Público y de la representante de la empresa HidroSala la abogada Gilda Isabel Aguilar Rodríguez es fiscal del MP.

En el departamento de San Marcos la presencia de empresas que buscan instalar una serie de represas e hidroeléctricas instalaron una fuerte problemática social en las comunidades en donde sus intereses se establecen.

Este es el caso de la Finca Argentina en San Pablo San Marcos, uno de los lugares en donde la empresa Hidrosalá busca construir una hidroeléctrica a pesar de la fuerte oposición de la mayoría de la población.

El Ministerio de Energía y Minas MEM  le ha brindado mucha atención a la construcción de la hidroeléctrica, incluso ampliando el periodo de construcción en 2015 luego que la empresa viera imposibilitada esa tarea, especialmente durante la administración del empresario Erick Archila como ministro, ahora prófugo de la justicia guatemalteca.

Durante esta audiencia de primera declaración con la presencia de la abogada Gilda Aguilar quedo evidenciado nuevamente que la estrategia de judicialización por parte de la empresa y el MP va en la línea de imputar el delito de plagio o secuestro por hechos en donde hay una participación masiva de personas, la empresa busca criminalizar a las autoridades ancestrales del pueblo maya Mam de San Marcos y la movilización comunitaria opuesta a las hidroeléctricas.

La empresa en años anteriores ya logro que diez personas de San Pablo San Marcos fueran encarceladas por defender el agua y a las comunidades, entre estas una mujer, considerados todos como presos políticos del Estado guatemalteco.

¿Quién es la abogada de la empresa HidroSalá?

La abogada de la empresa hidroeléctrica tiene antecedentes recientes de actuar de forma anómala cuando fue fiscal del MP, es una persona que se caracteriza por violentar expedientes y procesos judiciales, además de mentir insistentemente, como se muestra en el artículo “Gilda, la mentirosa”. [1]

La ex fiscal del MP, para beneficiar los intereses de otra empresa hidroeléctrica en Barillas Huehuetenango; Ecoener Hidralia Energía una empresa de Galicia España que opera con la imagen de Hidro Santa Cruz en el país.

A partir de una serie de actuaciones y denuncias realizadas por el empresa en Barillas, la ex fiscal a través de su intervención realizo una audiencia de prueba anticipada con un comunitario de Barillas detenidos quien acepto estando en prisión el respaldo de la Hidro Santa Cruz, con una audiencia de prueba anticipada en Huehuetenango Gilda Aguilar logro otras 10 órdenes de aprensión contra otros representantes del movimiento social de Barillas y de las comunidades.

Esta actuación fue revertida pero quedo abiertamente evidenciado el papel de una ex fiscal del MP al servicio de las empresas; como se muestra en el artículo ¿Qué es lo que realmente ocurrió con doña Gilda Aguilar?[2]

También la abogada y representante de la Liga Pro Patria se vio en medio de una acusación en contra de Monseñor Alvaro Ramazzini a quien acusó de intimidaciones y otros delitos, de la misma manera en contra de Daniel Pascual representante del Comité de Unidad Campesina CUC.[3]

[1] Plaza Pública. Iduvina Hernández. Plaza pública, Sábado 22 de Febrero de 2014.  http://www.plazapublica.com.gt/content/hilda-la-mentirosa

[2] Santiago Bastos Amigo. Barillas Resiste, 21 noviembre 2012. http://barillasresiste.wordpress.com/2012/11/21/que-es-lo-que-realmente-ocurrio-con-dona-gilda-aguilar/

[3] Siglo 21. Accionaran contra Daniel Pascual. http://www.s21.com.gt/nacionales/2014/10/06/accionaran-contra-daniel-pascual.


 

La jueza Claudette Domínguez de forma contundente en la sala de audiencias en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, se dirigió a todas las personas en la sala: “nadie es superior a la justicia”.

Estas seis palabras encierran mucho para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes llevan un año con tres meses en prisión. La resolución de la jueza en esta audiencia les demostró todo lo contrario: los operadores de justicia sí están por encima de la justicia.

Personas como Rigoberto Juárez trabajaron por muchos años para que el sistema de justicia guatemalteco reconociera el papel que juega el sistema de justicia indígena, incluso la fundación del Centro de Administración de Justicia (CAJ) para descentralizar y atender de forma directa las necesidades de ocho municipios indígenas en el norte de Huehuetenango fue el resultado de muchos años de trabajo de los pueblos indígenas en el país. Hoy, los mismos operadores de justicia, entre ellos la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), irrespetan y violentan el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y resolución de los conflictos en estos territorios, criminalizándolos y castigándolos por hacerlo.

“Esto sienta un mal precedente para un supuesto modelo democrático de justicia en el país, especialmente para el pueblo maya, suman ya más de 492 años que hemos padecido de esto, eso es sumamente sintomático, los grupos económicos de poder no permiten que hayan reformas a la justicia, menos el reconocimiento del sistema indígena. Nosotros tenemos que llevar este tipo de sufrimientos con tal que nuestra situación se aclare, llevamos 15 meses de estar en prisión sin que el MP tenga pruebas que demuestren que nosotros somos culpables de algún delito”. Rigoberto Juárez.

Luego de cuatro meses de espera, la jueza pudo realizar la audiencia de presentación del acto conclusivo, en la que finalmente estuvieron presentes todos los querellantes. A la fiscalía de Derechos Humanos del MP no le quedó otro camino que presentar su investigación, de esa forma, el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino presentó la acusación por los delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir.

Litigar de forma maliciosa no es una acción exclusiva de los abogados. La fiscalía del MP permitió que los querellantes realizaran una serie de acciones que bloquearon las audiencias, como no presentarse en reiteradas ocasiones, obligando al tribunal a suspender y reprogramar durante cuatro meses la misma audiencia. Con esto evitaron que esta etapa se realizara desde febrero de 2016, retardando el proceso y prolongando el castigo en prisión para las dos autoridades ancestrales.

La jueza resolvió en la tarde del 8 de junio la apertura a juicio oral y público por estos tres delitos. Ahora un tribunal de sentencia deberá conocer este caso con un plazo de 10 días. Específicamente será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A.  Rigoberto Mateo y Domingo Baltazar seguirán en el Preventivo de la Zona 18 mientras dure el juicio. Lo más preocupante es que el MP pretende activar la tercera causa penal contra Rigoberto Juárez.

Elnaño pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció la existencia de 20 denuncias en su contra. De algunas de ellas, no se puede ubicar en qué fiscalía se realizaron. Detrás de todas estas denuncias podrían estar varias empresas con intereses en megaproyectos en Huehuetenango.

Litigio malicioso

La audiencia inició a las 14:00 horas del 8 de junio de 2016. Se realizó en esa fecha debido a que Diego Marcos Pedro, alcalde de Santa Eulalia y querellante en el proceso no se presentó el 19 de mayo, ni tampoco lo hizo su abogado. Una audiencia anterior a la del 19 de mayo también fue reprogramada debido a la ausencia de otro querellante, Pascual Tiu Zapeta, director de CAJ de Santa Eulalia.

Las inasistencias de ambos querellantes en nada incomodan al MP, al contrario pareciera que se alternaron entre ellos para evitar que las audiencias se realizaran. Para los abogados defensores, este comportamiento responde al ejercicio del litigio malicioso de los querellantes, sus abogados y el fiscal.

Iniciada la audiencia a las dos de la tarde, la jueza permitió que las dos autoridades comunitarias se sentaran junto a sus abogados y no dentro de la carceleta, como lo hicieron en las audiencias anteriores. En la sala del tribunal estuvieron sus esposas, Juana Méndez y Juana López Francisco. Desde Santa Eulalia llegaron también varios de sus familiares, observadores de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y la oficina la OACNUDH.

La audiencia duró tres horas. Al terminar quedaban pocas personas en la Torre de Tribunales, un edificio de 15 niveles del cual los pasillos quedan abandonados después de cierta hora, y solo el movimiento en el juzgado de turno da cuenta de lo que sucede durante la noche y madrugada, cuando ingresen más personas detenidas por cualquier delito.

¿Es el MP objetivo en su investigación? 

Maynor Aguilar Bernardino es el fiscal del MP que atiende los procesos en contra de la mayoría de presos políticos de Huehuetenango. Pertenece a la unidad de delitos contra operadores de justicia adscrita a la unidad especial de derechos humanos del MP.

Es un abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 2004[1]. Con el título de profesional, aplicó ese mismo año a la convocatoria de plazas para la carrera judicial[2]. De 2010 a 2012 trabajó en la unidad distrital del departamento de Suchitepéquez[3].

Este fiscal rechazó dos de los tres peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez con el argumento de que hablaban sobre el contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango. Según el fiscal, este tema está fuera de lugar, ya que no explica específicamente los hechos sucedidos en el CAJ el 19 de marzo de 2015. Por otro lado,  rechazó que dos autoridades ancestrales se presentaran durante el juicio oral y púbico para atestiguar y confirmar que Rigoberto Juárez era una autoridad ancestral, y que por lo tanto tiene un papel importante que jugar frente a momentos complicados como los que se viven en esa región.

Aguilar Bernardino rechazó que se incorporara como medio de prueba un documento utilizado por él y la fiscalía del MP como base de sus investigaciones. El documento se titula: Informe Estructura Criminal Conflicto Social Huehuetenango. Mayo 2014. Este fue elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz y entregado por el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro al fiscal Aguilar Bernardino en 2014 y este la introdujo ilegalmente a la fiscalía de Operadores de Justicia del MP.

En este documento se identifican como delincuentes o criminales a los principales líderes comunitarios del territorio norte de Huehuetenango. Entre ellos Rigoberto Juárez, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro; todos están actualmente detenidos mientras que el resto de líderes y lideresas tienen órdenes de aprehensión.

¿Qué objetividad pueden tener las investigaciones del MP, si basa su investigación en documentos elaborados extrajudicialmente por el abogado de una empresa?

Lo curioso es que en esta misma fiscalía del MP, no avanza ninguna de las investigaciones en contra del exalcalde Diego Marcos Pedro y otras personas afines a él por muchos delitos cometidos en los últimos años, específicamente por los hechos ocurridos entre el 19 y 20 de febrero de 2015: un atentado armado, amenazas de muerte, el asesinato de un joven comunitario, el secuestro de una mujer perteneciente al Cocode a quien había amenazado con desnudarla y arrancarle el pelo en medio del parque central, frente a cientos de personas, por oponerse a la hidroeléctrica. Además también se le atribuye el cierre ilegal y violento de la radio comunitaria, y el hecho de que varias personas fueron golpeadas. En fin, se trata de un personaje que, tras un año de haber sido denunciado por delitos graves, se presenta en un tribunal de mayor riesgo en la ciudad capital con total impunidad y en coordinación con el MP.

Fiscal Maynor Aguilar Bernardino.

Otra vez se le niegan los derechos

La jueza en su resolución aceptó la petición del MP de negar varias de las pruebas testimoniales y peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez, pero a solicitud del MP sí acepto a los 26 testigos, todos trabajadores del CAJ: abogados del Bufete Popular, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces del Organismo Judicial y  fiscales del MP, entre otros.

La resolución de la jueza a las cinco de la tarde causó un acalorado debate con el abogado Benito Morales, quien la rechazó a través de un recurso de reposición parcial, por considerar que la jueza estaba afectando de forma directa los derechos de defensa Rigoberto Juárez, al dejar fuera pruebas testimoniales y documentales importantes para probar la tesis de su defensa. Pruebas que sí fueron aceptadas en otra causa penal vinculada a los procesos penales contra los presos políticos de Barillas, en donde también están involucrados varios de los querellantes de esta causa penal.

La discusión entre la jueza y el abogado Morales se agravó cuando él solicitó a la juzgadora que le permitiera a Rigoberto Juárez manifestarse en la audiencia, un derecho que se garantiza para los sindicados, esto por la alusión hecha por el abogado de Diego Marcos Pedro, quien lo señaló de forma directa. La jueza se negó a darle la palabra.

Finalizada esta etapa en este juzgado será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A quien confirme la fecha de apertura a juicio para las dos autoridades ancestrales. Mientras todo esto sucede, deberán seguir en prisión preventiva. La primera semana del mes de julio se abre el juicio oral y público para Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, líderes comentarios de Barillas.

Al final de la tarde, la audiencia terminó. Los agentes del sistema penitenciario trataban apurados de retirar a las dos autoridades ancestrales fuera da la sala y llevarlos al sótano para esperar el traslado al Centro Preventivo de la Zona 18.

Así finalizó un proceso que deja más cuestionamientos sobre la objetividad del fiscal, que certezas para los ciudadanos para creer en el sistema de justicia guatemalteco.

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[1] Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Biblioteca Central – Sección Tesis 5to. Nivel – Item: 4701227184.

[2] Diario de Centro América DCA. MINISTERIO PÚBLICO CONVOCATORIA No. 01-2004 TRIBUNAL DE ONCURSO MINISTERIO PÚBLICO LISTA DE MERITO. Año 2004.

[3] Organismo Judicial. Expediente 108-2010. Sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Rethalhuleu. 6 de octubre 2010.


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El Memorial de los Pueblos

“No somos criminales somos defensores de los ríos y las montañas”

Su excelencia Jimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala

CC.

Dr. Arnulfo Rafael Rojas Cetina, Presidente del Organismo Judicial

Licda. Thelma Aldana, Fiscal General del Ministerio Publico.

Lic. Jorge De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala.

Sr. Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos

Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Sra. Rose-Marie Belle Antoine, Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

 

Las personas que firmamos somos representantes de organizaciones sociales, instituciones, autoridades, personalidades y pueblos en general.

Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante las sistemáticas violaciones a nuestros derechos fundamentales, como consecuencia de la implementación del modelo extractivista en nuestros territorios, la imposición de proyectos mineros, hidroeléctricas, petróleo, monocultivos, entre otros; todo sin el consentimiento y sin consulta previa a nuestros pueblos. Este momento histórico se debe considerar como el nuevo despojo en nombre del falso desarrollo.

En Guatemala, desde el año 2005 haciendo uso de nuestros mecanismos de participación y toma de decisiones, venimos expresando nuestras demandas de manera pacífica y democrática a través consultas de buena fe.[1] Este derechos es plenamente reconocido en convenios internacionales como el 169 de la OIT, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: sin embargo; el Estado de Guatemala en lugar de asumir con responsabilidad la implementación de los instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas , ha optado por la judicialización de las luchas legitimas de los pueblos como estrategia para intimidar, dividir y enfrentar a nuestras comunidades.

Nos indigna profundamente la desestabilización social de la empresa Hidro Santa Cruz, Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A., y empresa Cinco M S.A. Que en complicidad con los gobiernos de turno han generado en nuestros territorios, desde el 2010 hasta la fecha, especialmente en la zona norte de Huehuetenango. Esta Crisis ha provocado muertes, detenciones ilegales, represión y militarización. Se han asesinado a nuestros hermanos mayas Q’anjob’ales Daniel Pedro Mateo y Andrés Pedro Miguel. Así como la detención arbitraria de nuestros compañeros Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, líderes comunitarios de Barillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán de Huehuetenango.

Nos preocupa también la sistemática violación al debido proceso por parte del Sistema de Justicia en Guatemala en relación a los presos políticos. El Ministerio Publico, específicamente la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos , utiliza un documento elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz , denominado “Estructural Criminal, Conflicto Social Huehuetenango” para criminalizar. En dicho documento se señala a los líderes comunitarios Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, como parte de la red criminal en la zona norte de Huehuetenango. Preocupa de igual manera la utilización del delito de Plagio o Secuestro en contra de defensores de derechos humanos, con lo cual han logrado el objetivo de mantener por tiempo indefinido a los líderes comunitarios en prisión preventiva, impidiendo su trabajo a favor de los derechos de las comunidades; a esto se suma la estrategia de suspensión permanente de audiencias que ha prolongado por más de un año la prisión de los líderes, aun cuando se está en las primeras fases de los procesos. No quisiéramos pensar que en Guatemala se está utilizando la denominada doctrina del Derecho Penal del Enemigo en contra de los pueblos indígenas que luchan por la defensa de sus derechos fundamentales.

Ante esta situación, los pueblos que hemos participado en más de 80 Consultas Comunitarias de buena fe desde 2005 hasta la fecha, organizaciones sociales, instituciones propias de nuestros pueblos, personalidades y la solidaridad internacional demandamos:

 

Libertad pronta para los presos políticos Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, Domingo Baltazar, Rigoberto Juárez y Mynor López; asegurando la justicia y el debido proceso, establecido por leyes nacionales y estándares internacionales.

Protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas comunitarias de acciones violentas, hostigamientos, intimidaciones y amenazas por parte del Estado de Guatemala y empresas extractivistas.

Respetar las decisiones de los pueblos emitidos en 80 consultas de buena fe; así como a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, como la libre determinación de los pueblos, el derecho a la consulta, territorio y organización propia.

La anulación de las licencias mineras, hidroeléctricas, y petroleras autorizadas en nuestros territorios sin consulta a nuestros pueblos, puesto que esa condición las hace arbitrarias, y por tanto, la causa principal de la conflictividad social en nuestras comunidades.

Guatemala, abril 2016.

[1] Consejo de pueblos mayas CPO.


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La existencia de presos políticos en un país es un claro síntoma de la falta de libertades políticas en la defensa de derechos humanos, de la vida y de los recursos naturales, una situación propia de las dictaduras o de los regímenes no democráticos.

De forma conjunta Prensa Comunitaria, Festivales Solidarios, Tierra Lanuda, Realizadores Tzikin, Raquio Snuq’ Jolom Jonob’ y Grupo de Mujeres Ixchel lanzamos la campaña internacional: “Libertad para los presos políticos en Guatemala”, una campaña que visibiliza y demuestra la persecución y la criminalización contra autoridades indígenas y líderes comunitarios, miembros de resistencias y organizaciones comunitarias en defensa de los derechos humanos, la vida y los recursos naturales.

Esta es una acción de nosotras y nosotros que amamos la vida y lo hacemos desde lo que sabemos hacer, es decir, el periodismo independiente comunitario y alternativo y el arte para tomar conciencia y construir una sociedad antiautoritaria, solidaria e incluyente. Invitamos a todas y todos a sumarse y denunciar estas gravísimas violaciones a los derechos humanos en Guatemala.

Ellos no son delincuentes, son defensores de la vida.

¡Libertad para los que defienden la vida, el agua y los recursos naturales!
¡Libertad para los presos políticos!

#LibertadParaLosPresosPolíticos

Tello VillatoroArturo PabloRigoberto Juárez (2)
Francisco JuanHermitaño LópezDomingo Baltazar

Publicado en Guatemala


Fotografía de Ruth Adriana Tánchez Ixcayà

Fotografía de Ruth Tánchez

“Cuando al fin logro entrar a ver a Chico es una alegría siempre verlo, yo le doy gracias a Dios porque mi esposo está vivo. Nosotros hace unos días cumplimos 55 años de casados. Yo soy feliz porque tengo un esposo amoroso, fuerte y luchador. Él es un buen hombre que no le ha hecho daño a nadie. Chico tiene su carácter, pero ha sabido ser un buen esposo y un buen padre.”

Por Cesia Juárez.

Guadalupe de Juan es esposa de Francisco Juan Pedro (don Chico Palás), él actualmente es preso político del Estado de Guatemala desde el 26 de febrero de 2015, por oponerse a la construcción de varios proyectos hidroeléctricos en su departamento, él es luchador por la defensa del agua, la vida y el territorio.

Doña Lupe, tiene 69 años de edad, nació en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Se casó con don Chico Palás en el año de 1961, con quien procreó 6 hijos, Samuel, Daniel, Abel, Marcia, Keren y Cesia. Junto a don Chico pastorearon varias Iglesia evangélicas en el Norte de Huehuetenango, ambos continuaron sus estudios en Teología en el Seminario Teológico Centro Americano SETECA, en la ciudad Capital. Regresaron a Barillas para continuar su vida pastoral y a su vez colocaron un pequeño negocio de librería.

Doña Lupe es fundadora de la organización de mujeres indígenas de Barillas ASOCIACIÓN YALMOTX, fue presidenta y representante legal. Esta iniciativa surge luego de que viera la necesidad de impulsar un espacio para la gestión de proyectos productivos y de desarrollo integral para cada mujer, puso su interés en las mujeres indígenas de escasos recursos económicos provenientes de las comunidades circunvecinas de Barillas, Huehuetenango. La Asociación sigue activa. En el año 2014, luego de realizarse varios exámenes médicos fue diagnosticada con cáncer terminal de páncreas.

El 26 de febrero de 2015, hace exactamente 1 año, ella se entera de la detención de su esposo, quien había sido acusado por once trabajadores de la empresa española Hidro Santa Cruz que quiere implantarse en el Municipio. Lo acusaron de varios delitos, dentro de ellos el de plagio o secuestro; éste delito no alcanza medida sustitutiva, por lo que el juez que conocía el caso inmediatamente ordenó su prisión preventiva.

-¿Cuál fue su reacción al momento de enterarse de que su esposo había sido detenido?

Antes de empezar quiero agradecerle a Prensa Comunitaria su interés de acercarse a mi persona y agradezco el trabajo que han estado haciendo en apoyo a todos nosotros, informando al mundo de todo lo que está pasando aquí y con ellos (los presos políticos) allá donde están.

Lo primero que hice fue pedirle a Dios calma y fortaleza, yo estaba sola en la casa con mi nieta Fernanda, me puse a orar y a pedirle a Dios que también fortaleciera a su siervo (Chico); me preocupé mucho por él, porque nunca había estado en una cárcel y con todo lo que escuchamos y miramos en las noticias de lo que pasa en las cárceles, la preocupación aumentaba, además él ya es un hombre mayor, pensé muchas cosas, me dio un poco de miedo pensar que lo podían golpear. Pero también pensé en esa gente que lo denunció e imaginé que estaban contentos, porque lograron lo que querían. Y le dije a Dios que los perdonara por este dolor que nos ocasionaron. La gente se enteró de inmediato de lo que estaba pasando, empezaron a llegar a la casa para apoyarnos. Pero inmediatamente sentí cómo las cargas que Chico tenía ahora iban a ser mías.

– ¿Usted imaginó que esto podía pasarle a su esposo?

 

Sí, siempre hablábamos de esto con él. Nosotros sabíamos que esto podía pasar, desde que empezó la persecución política contra él, empezaron a intimidarlo y amenazarlo por su lucha al lado del pueblo. Hace muchos años para callar la lucha de los pueblos, mataban a los líderes, los desaparecían, los torturaban, ahora los criminalizan, los meten a la cárcel, a algunos los han matado, y a otros los torturan psicológicamente. Sí imaginé que esto iba a pasar, pues mi esposo ha sido un buen hombre, un buen líder tanto en la iglesia como en otros espacios. Él sabe perfectamente que este lugar que el Creador nos dio para habitar, lo debemos cuidar, siempre lo ha dicho.

“La naturaleza, se protege, se respeta y se defiende”.

– ¿Quiénes son sus abogados? – ¿Qué nos puede decir sobre el proceso penal en contra de su esposo?

 

Nuestros abogados son del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, los licenciados Edgar Pérez, Francisco Vivar y Santiago Choc. Yo sé que en la parte jurídica estamos en buenas manos. Ellos han demostrado su profesionalismo, y no sólo en este caso de Chico, sino en otros más de gran trascendencia en nuestro país.

Desconozco de leyes, pero me han explicado y lo poco que he podido captar es que el caso de él está viciado, es decir que se han cometido muchas irregularidades en su contra. Sus abogados han hecho varias cosas, han presentado algunos recursos en la Corte de Constitucionalidad, pero parece que la juez no ha querido entrar en razón, con jueces así como ella no se puede garantizar un proceso justo; porque ella se está dejando llevar por las mentiras de la otra parte, especialmente del fiscal del Ministerio Público. Además, han suspendido muchas veces las audiencias, a veces por que la juez se va a recibir clases, otra vez fue cuando ella se fue de vacaciones, o porque se enfermó y otras veces por que los licenciados de la hidroeléctrica no se presentan.

“No es justo que nos tengan de juguete.”

-¿Cómo ha sido su experiencia al momento de entrar a ver don Francisco al Centro Preventivo de la zona 18 y durante la visita?

 

Es de las experiencias más feas y humillantes. Esa gente nos trata hasta por los suelos, es más cuando a uno lo miran con corte, son discriminadores. Nos manosean, a mí en varias ocasiones me dijeron que me aflojara el corte, y que me quitara los zapatos, nos levantan el brasier para ver si no llevamos algo escondido. Hay alimentos que se conservan mejor en lata, pero ahí no los dejan entrar, en el caso de Chico, él siempre necesita de su medicamento y ahí no lo dejan entrar.

A veces tenemos que hacer cola por más de 2 horas, bajo el sol o bajo la lluvia. Llega uno cansado del viaje, porque desde Barillas son 12 horas en bus para la Capital, son 405 kilómetros los que tenemos que viajar. Yo paso a comprar las cositas que el necesita, como por ejemplo su comidita, su jabón para lavar, porque él lava su ropa allá adentro, sus cosas para su higiene personal, y las bolsas pesan. A veces tengo que ir sola y yo ya estoy grande, soy de la tercera edad, además estoy enferma no tengo las mismas fuerzas que alguna vez tuve.

Cuando al fin logro entrar a ver a Chico es una alegría siempre verlo, yo le doy gracias a Dios porque mi esposo está vivo. Nosotros hace unos días cumplimos 55 años de casados. Yo soy feliz porque tengo un esposo amoroso, fuerte y luchador. Él es un buen hombre que no le ha hecho daño a nadie. Chico tiene su carácter, pero ha sabido ser un buen esposo y un buen padre. Lo difícil es cuando uno sale de ese lugar, para mí es triste saber que mi esposo se queda ahí y yo sé que para él es difícil, tal vez más difícil, porque no está en su casa.

-¿Qué ha pasado durante este año que don Chico no está con ustedes aquí afuera? Y por último ¿Qué mensaje quiere compartir con nosotros?

 

Han pasado muchas cosas, dentro de ellas las más difíciles tal vez han sido, tenerle que avisar por teléfono a Chico que dos de sus buenos amigos fallecieron, también la muerte de nuestro sobrino en un trágico accidente para Chico fue muy difícil, porque este patojo cuando era más pequeño siempre lo llevaban a la casa y compartía con nosotros.

Fue la primera navidad que él no está conmigo, me hizo falta ir con mi compañero de vida al servicio a la iglesia el 24 de diciembre de 2015, es cierto; mi hija la más pequeña fue conmigo, pero sinceramente sentimos la ausencia de él. Algo que me dolió mucho, fue ver a mi hija Cesia llorando cuando llegó a la casa y no vio a su papá. Ella salió como su papá, muy fuerte, a veces uno cree que su corazón es bien duro, pero ese momento para ella fue muy difícil, ella ha estado pendiente de él en todos los sentidos y eso me ha dado tranquilidad. Han pasado muchas cosas más, Chico nos hace falta, es indignante saber que vivimos en un país donde la justicia para nosotros los pobres no existe.

Visita de la Premio Nobel 1997 Jody Williams junto a la Premio Nobel Rigoberta Menchu al preventivo de la zona 18. Febrero 2016.

Visita de la Premio Nobel 1997 Jody Williams junto a la Premio Nobel Rigoberta Menchu al preventivo de la zona 18. Febrero 2016.

“Sigamos luchando, no descansemos hasta lograr que mi esposoChico Palás, don Tello esposo de doña Anita, Arturo esposo de Mónica, don Tañito esposo de doña Pricila, Rigo esposo de doña Juana y Domingo esposo de Juana estén LIBRES. Ellos no son criminales, ellos han luchado para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan heredar un lugar digno, puro y limpio para vivir. No destruyamos la naturaleza, hagamos de ella el mejor lugar para todos.”


Fuente: iueuropa.org

 

Por Nelton Rivera.

Marina Albiol Guzmán actualmente es diputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y portavoz de la delegación de la Izquierda Plural[1], ella elevara al Parlamento Europeo una serie de denuncias en contra de empresas europeas asentadas en Guatemala por distintas violaciones cometidas.

“Vamos a denunciar como continúan operando las transnacionales aquí en Guatemala, como continúan saqueando los recursos naturales, como continúan espoleando los recursos naturales, implicadas a esas violaciones a los derechos humanos… también el Estado español tienen una responsabilidad con estas multinacionales porque muchas son de capital europeo y de capital español.”

En octubre del 2014 la diputada al parlamento Europeo cuestiono a la Alta representante y vicepresidenta Ashton en nombre de la comisión por las reiteradas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra el pueblo Maya Q’anjob’al y mestizo de Santa Cruz Barillas en Huehuetenango, violaciones echas por la empresa Ecoener Hidralia Energía de capital español dueña de la empresa Hidro Santa Cruz.[2]

La empresa Hidro Santa Cruz sería una de varias  empresas señaladas ante el Parlamento Europeo, pero existen 27 centrales hidroeléctricas de capital europeo funcionando en Guatemala, más 20 proyectos en estudio de construcción.[3]

La conflictividad social de la empresa española en Barillas ha provocado la existencia de siete presos políticos por la defensa del agua y el territorio actualmente en prisión en Huehuetenango y en el Centro Preventivo para hombres de la zona 18 en la ciudad de Guatemala.

Vea la entrevista aquí:

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Fuente: Canal Antigua.



[1] Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. Marina Albiol. http://iueuropa.org

[2] Respuestas de la Alta representante y vicepresidenta Ashton en nombre de la comisión. Parlamento Europeo. 31 de octubre 2014.

[3] Ibidem.

 


En San Juan Sacatepéquez municipio del departamento de Guatemala,  a las 7:30 horas en el lote 226 B fue detenida doña Bárbara Díaz Surin, es maya Kaqchikel, vive en la comunidad Cruz Blanca en San Juan Sacatepéquez. Ella está siendo criminalizada por oponerse a la construcción de la planta cementera “San Gabriel” de la empresa Cementos Progreso en su municipio, por considerar que atenta contra la vida.

En los medios de comunicación corporativos a ella se le está vinculando a los hechos ocurridos en la comunidad Los Pajoques los días 19 y 20 de septiembre, hechos que justificaron desde el gobierno de Guatemala la imposición de un Estado de Prevención en las comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez, es importante desmentir esta acusación, a ella se le acusa por un asesinato en relación a hechos sucedidos meses atrás y no por lo sucedido en Los Pajoques, su detención es evidentemente política por ser ella la  autoridad comunitaria de Cruz Blanca  y  por ser quién asume la representación de la comunidad en espacios públicos.

La detención fue realizada en la aldea Cruz Blanca cuando ella se dirigía a su negocio en la comunidad Pilar I, mientras ella iba a dejarle desayuno a un trabajador en su terreno, iba acompañada de su pequeña hija de 9 años de edad.

La detención la realizaron un aproximado de 40 agentes de la Policía Nacional Civil PNC, ella narró que solamente vio a un mujer policía dentro de un fuerte grupo de policías,  quienes utilizaron la violencia para detenerla, en la piel de sus brazos son evidentes varios moretones provocados por los policías.

Doña Bárbara es autoridad comunitaria, desde hace años ella es presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE y representante de su comunidad una de las doce comunidades en oposición a la construcción de la cementera y de la carretera “Anillo Regional”.

El ambiente dentro de la cárcel es terrible, ella está sola como mujer en una cerceleta rodeada por hombres que la acosan y violentan. Ella está recibiendo agresiones verbales en éste momento, además el equipo de mujeres corresponsales que ingresaron a la carceleta para verificar las condiciones de doña Bárbara fueron acosadas sexualmente por los hombres dentro de la cárcel.

Ella pide que oren por su situación, además expresó estar contenta de que la apoyen, ante la pregunta: ¿Por qué cree que la detuvieron? doña Bárbara respondió “por defender la vida de mis hijos, es fue el motivo que cometí”.

La policía realizó la detención sin darle a conocer el motivo de la detención. Fue hasta que ella fuera ingresada al Juzgado en el municipio de Mixco que le indicaron que había sido detenida por asesinato y pasaron más de 24 horas para que fuera escuchada en primera declaración por un juez, los abogados defensores denunciaron fuertes anomalías en el proceso de detención y garantías constitucionales para su primera declaración.

Cobertura Colaborativa: Quimy De Léon de Prensa Comunitaria y Prensa Opal.

Fotografía Quimy De León

 


Por: Quimy De León

“Soy norma Lila, mujer indigena maya kaqchikel comunicadora social, vivo en Camotán, Chiquimula. Me he dedicado a la comunicación con énfasis en pueblos originarios y comunidades lingüísticas en el país. La razón por la cual lo hago es por ser descendiente de padres y madres kaqchikeles, ese es mi compromiso y lo reafirmo, por eso estoy aqui.”

Norma Lila Sut Sancir nació en Tecpán, Chimaltenango. Desde muy pequeña tuvo que salir junto a su familia de su casa e ir a vivir a la capital debido a la guerra que se vivía en el país. Tiene solamente una hermana, Lorena y a su madre, pues su padre falleció.

Norma es periodista comunitaria y licenciada en ciencias de la comunicación. Se graduó de la Universidad de San Carlos en noviembre del año 2010. A sus 35 año ha recorrido una buena parte del país, pues su compromiso profesional lo ha dedicado a los derechos humanos, al medio ambiente y la educación. Esta vocación y entrega la ha hecho trabajar en beneficio de la gente y las comunidades que defienden la vida y la tierra. Por ello se dedica en buena medida a visibilizar a los pueblos indígenas y las mujeres.

Fue así como decidió ir a trabajar en la Coordinadora Central Campesina Ch´orti´ “Nuevo Día”, aportando desde su experiencia como periodista. Norma también forma parte del equipo de Prensa Comunitaria desde el 2013.

¿Cómo ocurrió su detención?

“Yo hacía mi trabajo como comunicadora social, decidí tomar este camino de informar y apoyar e integrarme a este trabajo de prensa comunitaria porqué es mi convicción, no lo hago como trabajo lo hago porque es mi pasión. Porque sé que todas y todos tenemos derecho a informar y a informarnos. Como periodistas es nuestro deber informar con la verdad, no es justo que se nos trate como delincuentes y que me traten así como mujer. Yo iba sola y que 5 policías se vinieron en contra de mi, porque yo no podía hacerles daño mas que tomar una fotografía e informar la verdad”

Norma había salido con entusiasmo y la sonrisa que la caracteriza a un nuevo día, dispuesta a realizar su trabajo periodístico.

La detuvieron después que había salido de su casa en Camotán y había tomado un mototaxi para ir a donde se encontraba la concentración pacífica cerca del puente Jupilingo -ubicado en el kilómetro 204 carretera que comunica el municipio de Camotán con la frontera con Honduras “El Florido.” No habían pasado ni dos minutos desde que llegó, y aún no estaba en el lugar de los hechos, cuando una patrulla la interceptó y sin mediar palabra la detuvieron. Fue como a las ocho de la mañana. Apenas quince minutos antes habían llegado más de 150 policías a este lugar con el objetivo de disolver la concentración.

“Iba a tomar fotografías de lo que estaba pasando para realizar mi trabajo periodístico. Cuando me vieron, entre diez agentes me agarraron, me jalonearon y después me entregaron a unas agentes e inmediatamente me pusieron los grilletes.”[1]

Así es, entre varios agentes se la llevaron por la fuerza y la entregaron a tres policías mujeres. Ella gribaba “¡suéltenme, suéltenme! ¡soy periodista, yo soy periodista!” A pesar de las múltiples explicaciones de ella acerca de su profesión y lo que hacía en el lugar, no sólo no le hicieron caso sino que en la prevención policial la pusieron como “instruida y ama de casa“.  Esa misma mañana, más temprano la policía se dirigió directamente a donde se encontraba Carlos Alfredo Juárez miembro de la organización “Nuevo Día” para detenerlo después que habían tirado bombas lacrimógenas contra la población que se encontraba en manifestación pacífica.

A Marco Tulio Vásquez lo detuvieron frente a la casa de su madre, mientras observaba lo que pasó, a los hermanos Domingo y Santos Bernaldino Pérez Ávalos les detuvieron adentro de su terreno después que ellos habían terminado de deshojando maíz.

De esta manera, quedaron cinco personas detenidas: Norma Sut Sancir Carlos Alfredo Juárez Díaz, Marco Tulio Vázquez Martínez, Domingo Pérez Ávalos y Santos Bernaldino Pérez Ávalos.

¿Una detención preparada?

Según la policía Norma Sancir fue detenida cuando se encontraba entre las personas que manifestaban. Dicen tener pruebas que demuestran que ella estaba incitando, porque dicen que encontraron un boletín de peticiones de la manifestación. Sin embargo, todo pareciera indicar que la detención de Norma estaba planificada, por varias razones:

  • Ella no había llegado siquiera al lugar donde realizaría su trabajo periodístico cuando la detuvieron.
  • La patrulla de la policía la interceptó para detenerla y fueron directamente hacia ella del mismo modo que fueron a buscar a Carlos Juárez para detenerlo.
  • Habían tres agentes mujeres ya listas ahí para detenerla: una de ellas de servicio en la subestación de Jocotán, la otra en la de Camotán y una tercera de una comisaría de Chiquimula.

A todas luces estamos ante una acción de violación a la libertad de opinión y expresión impidiendo su trabajo como periodista, y un caso de criminalización de la lucha social y en este caso de quien documenta y asume el papel de informar.

Irregularidades y faltas al debido proceso

Cuando detuvieron a Norma, la llevaron directamente hasta la cabecera del departamento en la ciudad de Chiquimula, y hasta las tres de la tarde fue presentada ante un juez. Esto es más del tiempo estipulado de seis horas para esto. Además no le permiteron realizar ninguna llamada, como ella solicitó.

“No me permitieron hacer ninguna llamada, les he dicho que me indiquen por lo menos para avisar algunos familiares. Les pedí una llamada y me dijeron que no tienen recursos en la policía para hacer ninguna llamada. Les dije que yo tenía saldo y que yo podía llamar y no me dejaron hacer ninguna llamada.“ 

El juez Juan José Regalado Rivas del Jugado Primero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula le hizo saber que el motivo de su detención era Atentado y Desorden publico. El juez dijo que esto era una falta y a pesar de ello, ordenó  su ingreso al Centro Preventivo para hombres y mujeres ubicado en la aldea Los Jocotes en Zacapa, dejando a Norma y las otras cuatro personas en la cárcel durante tres días.

Cuando una persona es detenida, según la ley debe ser tener su audiencia de primera declaración en término de 24 horas. Sin embargo en este caso ese derecho ha sido violado. El juez argumentó tener lleno su calendario y que tenía que viajar a la capital para estudiar un curso. Además ya existen juzgados de turno.

Otra irregularidad que hemos visto en este caso, como en otros casos de detención por razones políticas es lo infundado y armado de los casos judiciales, adjudicándole a las personas, luchadoras sociales y en este caso a una periodista delitos y hechos que no han cometido.

Tres días encarcelada

Afortunadamente Norma se encuentra fuerte y bien físicamente a pesar que usaron la fuerza para detenerla. Diversas organizaciones y sus abogados interpusieron tres recursos de exhibición personal. El INACIF le hizo una evaluación para conocer su estado físico, del cual aún no han emitido dictamen

Su hermana Lorena la fue a ver y nos contó que “está fortalecida porque yo le dije que habían muchas personas que la estaban apoyando y movilizando para sacarla, ella estaba con duda de si la estaban apoyando o no y ella al saber que había bastante apoyo se motivó y así fue como se fortaleció muchísimo”. Al despedirse de nosotros, Lorena  dijo “Lo único que quiero es que mi hermana esté conmigo”

El juez programó su audiencia de primera declaración para el lunes 22 a las 8 de la mañana. El juez decidió darle la libertad por falta de mérito. No solamente ella quedó en libertad también los defensores de derechos humanos Carlos Juarez, Domingo Perez Avalos, Bernardino Perez y Marco Tulio Vasquez. Pudieron salir de la cárcel después de tres días a las 8 de la noche.

[1] Norma Sancir. Noticiero Guatevisión. Departamentales. 18 de septiembre 2014.