Guatemala Comunitaria

Por: Quimy De León

Aura Lolita Chávez Ixcaquic, es lideresa dentro del Consejo de Pueblos K’iche’ -CPK- y acompaña a 87 comunidades en su luchas por la vida. Éste forma parte del Consejo del Pueblo Maya CPO. Ella y las comunidades han sido permanentemente asediadas por funcionarios del gobierno local, empresarios y diputados, incluso físicamente sufrió un atentado en 2012.

Las Medidas Cautelares a favor de ella fueron retiradas parcialmente sin ninguna notificación formal ni escrita, aparentemente por parte de la Policía Nacional Civil – PNC ya que retiraron a uno de los agentes que tiene asignados para su seguridad. Esta no es la primera vez que esto ocurre, en el año 2013 ya le habían sido retiradas las medidas.

Estas medidas fueron puestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ordenadas al Estado de Guatemala desde el año 2005 para salvaguardar su vida, debido al alto riesgo en el que se encuentra de forma permanente, hasta el día de hoy éstas se encuentran vigentes. Esto está debidamente registrado por la Procuraduría de Derechos Humanos y otras instancias de protección a defensoras y defensores.

La Comisión Presidencial de Derechos Humanos – COPREDEH es la instancia que responde ante la CIDH sobre las medidas cautelares, el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil y su División de Protección de Personas y Seguridad son las instancias que deben ejecutarlas. Éstas no pueden tomar la decisión unilateral de quitar una medida de protección como ésta ni hacer ningún cambio sin consultar a la CIDH, que es quien decide en qué momento se levantan o quitan estas medidas. Si esto ocurriera debe haber una notificación formal y explicar los motivos.

Ella ha puesto desde el día 8 de enero de éste año las denuncias correspondientes a la COPREDEH, el Ministerio de Gobernación y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Procuraduría de Derechos Humanos, esta última a su vez envió desde el día 9 de enero una nota solicitando al Jefe de la Comisaría No. 71 del departamento del Quiché “SE REESTABLEZCA EL ESQUEMA DE SEGURIDAD en las mismas condiciones que se ha brindado…[1]”

“Lo único que quiero es vivir y vivir en paz”

En un informe y requerimento urgente dirigido a las autoridades, Lolita solicita a las “Instancias que velan por la aplicación adecuada de las Medidas Cautelares en el Estado de Guatemala que verifiquen y acompañen adecuadamente mi caso, y que se de el debido cumplimiento de las medidas cautelares asignadas a mi persona y que se esclarezcan todos los ataques que se he tenido, porque durante el 2014 las amenazas de muerte, persecución, criminalización, estigmatización han sido permanentes y sistemáticas. Así como persiste la fuente del riesgo que dio lugar a las medidas, han surgido nuevos actores principalmente funcionarios públicos, con vínculos directos con el alcalde municipal que me amenazaba desde el año 2005 que ahora me amenazan, con mas fuerza.[2]”

Además ella ha recibido amenazas de muerte por parte de sicarios que se encuentran en una comunidad de Quiché llamada Chujuyub, Santa Cruz del Quiché en donde fue asesinado uno de sus compañeros Silverio Vicente. Uno de los sicarios detenido por este caso acaba de quedar libre y ella ha estado recibiendo amenazas por mensaje de texto de que la van a asesinar.

Los últimos hechos

Lolita Chávez es amenazada y asediada permanentemente, ella teme por su vida tal y como ella misma lo denuncia:

“Me da mucho miedo viajar sola, tanto por los altos índices de violencia generalizada, así también porque me tienen controlada y podrían interceptarme en camino, pues las amenazas son permanentes.”

“Considero que mi situación actual es de Alto Riesgo, las medidas cautelares no son las debidas y además porque se siguen dando incidentes de riesgo, que los califico como atentados incluso por parte de instancias del Estado de Guatemala, específicamente de parte de la Policía Nacional Civil PNC de Guatemala.”

En Santa Cruz del Quiché, en pleno día, el 20 de diciembre de 2014 ella acompañaba un juicio laboral a una mujer, iban acompañadas por el agente que la protegía. Cuando los detuvieron por más de media hora por agentes de la PNC, sin mayor razón. Les agredieron verbalmente, se burlaron de ella y les insultaron e intimidaron.

El 21 de diciembre de 2014 ella vio dos agentes de la PNC afuera de su casa uniformados, quienes permanecieron ahí por mucho tiempo, lo cual la alarmó a ella y a sus vecinos y vecinas que también habían visto militares armados en el área.

El 7 de enero de 2015 el agente asignado para su seguridad le llama por teléfono para decirle que “le dieron cambio de destino” sin informarle a ella nada formalmente. Hasta la fecha no ha sido informada de ninguna otra disposición. Ella llamó inmediatamente a instancias de derechos humanos gubernamentales, no gubernamentales, e internacionales.

 

[1] Documento enviado de la Procuraduría de Derechos Humanos al Comisario y jefe de la comisaría No. 71 departamento de Quiché de la Policía Nacional Civil. Ref. Exp. Ord. Gua. 99-2015.

[2] Informe y requerimento urgente. Fecha 8 de enero de 2015.

 


Por: Ronny Morales Tot

El dia 14 de julio del 2014 pude conocer la historia Matilde Col Choc, víctima de desaparición forzosa en 1983. Me causó una gran curiosidad el caso ya que como defensor de los derechos humanos y periodista comunitario, mi trabajo ha sido alrededor de la lucha por la tierra, la represión y criminalización de las luchas. Gracias a Mario, esposo de una sobrina de Matilde pude conocer la historia de una mujer soñadora, mujer de caminar, que brindó su identidad, a este mundo tan desigual, indiferente a las poblaciones mayas.

Matilde nació en Cobán el 14 de marzo de 1954 con energia “13 AJ”, que ante los abuelos significa que será como la semilla ante la madre naturaleza, que dará frutos. Aj es la energía  de los estudiosos, lectores e investigadores. Fue una niña de pies descalzos con la sonrisa alegre amante a la lectura.

 

La educación y la educadora

Al terminar la primaria por vicisitudes de la vida dejó de estudiar y se dedicó al trabajo en la casa, ayudando a su madre. Pero los sueños de superarse los tenía muy presentes, y con un grupo de amigas decidieron estudiar en la jornada nocturna. Ellas fueron de las primeras mujeres indígenas de Cobán en graduarse como maestras de educación primaria Bilingüe.

Cuando terminó sus estudios fue una de las fundadoras del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica -IGER. Junto al Padre Franz Vond Tattenbach recorrieron todo el territorio nacional divulgando la importancia de la educación bilingüe en los pueblos mayas. Ése fue el granito de maíz que germinó y que hoy vemos sus frutos: ahora miramos el derecho a la educación para adultos con la visión de fortalecer la cultura la cosmovisión maya.

Hablar de cultura, identidad, idioma, espiritualidad es sinónimo de hablar de identidad tambien hablar de los derechos de un pueblo maya, todo esto representaba Matilde para nosotros una pionera idealista.

Trabajó como Maestra de Educación Bilingüe, en la atención a niños en salud y fue comunicadora social. Condujo un programa radial de IGER en idioma Q’eqchi, donde trataba  el tema de la importancia de la educación, traduccion y derechos de los pueblos idigenas.  Tuvo a su cargo la traducción de los textos del castellano al idioma q’eqchi para adultos. También era poeta.

El sueño de Matilde, era que los niños, mujeres y adultos aprendieran a leer y escribir en su idioma natal y que esto les permitiera salir adelante para tener un mejor futuro. Sus familiares y amigos la recuerdan como alguien que buscó el bien para los demás, solidaria, amable y humilde.

 

 

Desaparecieron a Matilde

El 13 de enero del 1983 fue desaparecida con 7 meses de embarazo, según nos contaba una amiga. “Fueron pasando los días y no regresó; la empezamos a buscar en varios lugares del país. Incluso su hermano empezó a trabajar en la zona militar # 21 con el único objetivo de encontrarla, y alguien del ejército le dijo que si preguntaba más, algo le pasaría a él y a su familia, que mejor que se callara”

“Con el tiempo nos enteramos que Mati fue detenida y desaparecida cuando regresaba de una Ceremonia Maya entre los municipios de Tactic y Cobán, en un puesto de registro o retén militar. Junto a ella también fue detenido y desaparecido Otto Federico Ical Choc”. Su caso aparece en el informe de la CEH, Tomo VIII, pagina 84.

 

El reencuentro

Matilde fue una de las victimas encontradas entre las 533 osamentas encontradas en el destacamento de Cobán: “En 2012 nos pidieron ADN para ver si uno de esos cuerpos era el de Mati. Dos años después nos entregaron su cuerpo, donde nos pudimos dar cuenta que ella fue torturada, violada y asesinada. Fue muy duro para nosotros saber los sufrimientos que tuvo antes de su muerte. muchos de los restos juntos a Matilde, tenían los ojos vendados, amarrados de las manos, tenían con maskin en las bocas para que no se les oyera gritar”

El convivir con una familia que ha sufrido una desaparición forzosa en tiempos de la guerra interna en Guatemala, me hizo valorar aun más mi labor como periodista comunitario en este país tan injusto y desigual. Todavía me asombra y me indigna muchísimo saber que personas valiosas como Matilde sean perseguidas, desaparecidas y hasta asesinadas por pensar, escribir, hacer radio.

Como comunicador popular siento que Matilde se merecía un futuro y la nación Q´eqchi siempre estará en agradecimiento a Mati por lo mucho que nos ha dejado.


Heriberto Valdés Asij, su abogada defensora, Gilda Aguilar abogada y Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar.

Quimy De León

“No estamos inventando, nosotras vivimos y sufrimos con nuestros propios cuerpos”

Doña Demesia

El Juez Miguel Ángel Gálvez preside el juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo B ubicado en el nivel 14 en la Torre de Tribunales en el centro de la ciudad capital.

Éste martes 14 de octubre de 2014, después de tres audiencias para escuchar tanto al Ministerio Público como parte acusadora, a las querellantes adhesivas y a la defensa de dos militares. El Juez Miguel Ángel Gálvez decidió mediante un análisis de la ley a la luz de las pruebas presentadas, testimonios y argumentos, que el coronel del ejército Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij van a Juicio oral y público.

Los delitos de los que se les acusa son a Francisco Esteelmer Reyes Girón los delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad por tratos humillantes y a Heriberto Valdés Asij: desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual.

Esta verdad histórica será probada en el juicio que abrirá el 29 de octubre en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esta verdad, que es la verdad de quienes vivieron este horror. El juez declaró que el proceso debe seguir y que se abre el juicio y ellos quedan en prisión preventiva.

Abogada defensora Gilda Aguilar y el militar Francisco Esteelmer Reyes Girón

Ex comisionado militar Heriberto Valdés Asij

Justicia por violación y esclavitud sexual

Sepur Zarco es una comunidad que se ubica en el municipio de El Estor en Izabal, en ella durante los años más duros de la guerra y el genocidio se construyó en el año de 1982[1] un destacamento militar, en éste lugar como en otros, los militares cometieron una serie de crímenes tipificados como de lesa humanidad, entre éstos la violación y esclavitud sexual durante al menos seis meses en contra de aproximadamente 20 mujeres. A varias de ellas, además les habían desaparecido o asesinado a sus esposos o familiares.

Las mujeres que se atrevieron a no permitir que éstos crímenes quedaran impunes, que se atrevieron a hablar y a pasar por una serie de momentos y trámites engorrosos que alargan el tiempo de espera para que la justicia vaya tomando forma, son nuestra motivación para reflexionar, pensar y seguir actuando a favor de la verdad y la memoria.

Desde que declararon en audiencia anticipada, las mujeres llegaron cubiertas con colores y con tejidos llegaron a sentarse frente a sus perpetradores. No llegaron solas, llegaron acompañadas por varias personas, mujeres comunitarias, por organizaciones de mujeres que conforman la Alianza Rompiendo el Silencio y la impunidad. En las últimas tres audiencias solo llegó quien representa la colectiva en la que se organizaron para ser querellantes también de este caso.

Querellante adhesiva y sobreviviente

Mientras la justicia llega

Ingresar a la torre de tribunales no es nada agradable, las veces que lo he hecho ha sido para acompañar algún caso de alto impacto, relacionado con derechos humanos y sus constantes violaciones. Conocer y comprender cómo se mueve el poder en uno de los campos de lucha más complejos es escalofriante, además de lo difícil que es comprender como funciona el sistema de justicia y las mismas leyes y su manoseo. La mayoría de veces que he asistido a una audiencia, he podido comprobar más allá del discurso que ambas funciona a beneficio del bloque de poder representado en las estructuras patriarcales políticas, militares, sociales, religiosas  y económicas que controlan en su mayoría hombres.

Justicia por violación y esclavitud sexual

Sepur Zarco es una comunidad que se ubica en el municipio de El Estor en Izabal, en ella durante los años más duros de la guerra y el genocidio se construyó en el año de 1982[1] un destacamento militar, en éste lugar como en otros, los militares cometieron una serie de crímenes tipificados como de lesa humanidad, entre éstos la violación y esclavitud sexual durante al menos seis meses en contra de aproximadamente 20 mujeres. A varias de ellas, además les habían desaparecido o asesinado a sus esposos o familiares.

Aún así estoy convencida que si para muchas mujeres y personas sobrevivientes de genocidio y otros delitos contra los deberes de humanidad, es importante buscar la justicia en este campo, entonces éste se convierte en estratégico para la disputa de sentido que se requiere hacer en nuestro país. La valentía de quienes se atreven a llevar hasta un juicio a sus perpetradores y abusadores, se convierte es una responsabilidad para la sociedad completa, para entender la historia y reconstruirla.

Asistentes a la audiencia

Conforme se va desarrollando la trama judicial, se van presentando pruebas, peritajes, testimonios y documentos de archivo existe la posibilidad de llegar a ratificar que lo que sabemos como pueblos, lo que hemos sabido siempre en voz baja y es que estos crímenes si ocurrieron, que si hubo genocidio, que si hubo violación y esclavitud sexual. Este tipo de hechos marcan una huella en la historia, en la memoria colectiva, de las luchas de las mujeres y de las luchas feministas.

[1]  El destacamento fue cerrado en el año de 1988.


Las mujeres Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez en resistencia pacífica para la inauguración de la planta cementera San Gabriel. Julio 2013.

 

Claudia Korol – Feminista inconveniente. Integrante del equipo de educación popular pañuelos en rebeldía.*

 

Fue el cuento más breve y más conmovedor, el del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que escribió en 1959:

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

 

El microrrelato brevísimo condensa una larguísima historia de dolores, de masacres que continúan, amparadas en el racismo impuesto por la violencia capitalista colonial patriarcal. Todavía sentimos en nuestros cuerpos y en nuestra piel las miradas de las mujeres ixiles denunciando la violencia sexual, como parte de los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por la dictadura encabezada por Ríos Montt. Todavía sentimos las voces de las mujeres xincas de las montañas de Jalapa, denunciando el estado de sitio impuesto para defender los intereses de las corporaciones de la minería.

“No te duermas”, digo, que el dinosaurio todavía está allá. No te duermas, porque las masacres siguen enlutando a los pueblos de esa franja de territorio nuestroamericano, y si miramos a otro lado sellaremos complicidades entre silencios que también exudan un racismo que vuelve selectivas las solidaridades.

Este relato no será tan breve como el de Monterroso, porque hace falta decir lo que la prensa oficial calla. Y porque están silenciando a los comunicadores y a las comunicadoras indígenas que nos hacen llegar la información, apresándolxs o iniciándoles procesos judiciales en su país (como hicieron con Norma Sancir, detenida cuando cubría el desalojo de las comunidades chortís en Chiquimula).

Entre el viernes 19 de septiembre y el sábado 20 de septiembre, en la Comunidad Los Paloques, de San Juan Sacatepéquez, fueron masacradas 11 personas, y hubo más de una decena de heridos. Este conflicto se inscribe en las muchas resistencias contra las políticas extractivas.

En el 2006 la empresa “Progreso” decidió construir proyectos cementeros sin consultar a las poblaciones indígenas y comunidades de resistencia que residen en esos territorios. “Progreso” se llama la cementera. También podía haberse llamado “Desarrollo” o “Civilización”. Esos son los nombres que eligen los brutales colonizadores de estos tiempos para sus espejitos de colores.

Pero las comunidades ya no son las mismas. Más de cinco siglos les enseñaron que ese progreso se pinta con la sangre de sus pueblos. En el 2011, el caso fue expuesto por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Las comunidades denunciaron que las medidas del presidente Otto Pérez Molina, renuevan el genocidio contra los pueblos mayas, recurriendo a la violencia, al estado de excepción, cada vez que los intereses empresariales se ven afectados o amenazados.

En julio del 2013 Cementos “Progreso” inició las obras para una planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720 millones de dólares. Su entrada en funcionamiento está prevista para 2017.

En un comunicado conjunto firmado recientemente por las Doce Comunidades Organizadas y en Resistencia en San Juan Sacatepéquez, se explica que desde “el inicio de la instalación de la Empresa Cementos Progreso en nuestro territorio, hemos solicitado al Estado de Guatemala la realización de una consulta comunitaria para conocer el sentimiento de las comunidades en relación a dicho megaproyecto. Nuestras acciones desde entonces han sido pacíficas y en búsqueda del diálogo para el consenso, recibiendo como reacción del Estado, la represión sistemática y persecución política de nuestros líderes y lideresas. Durante la movilización del 16 y 17 de junio del 2014, se acordó con el Gobierno de Guatemala, la realización de un análisis de la problemática que ha generado en la comunidad la instalación de la empresa cementera y la construcción del anillo regional, para posteriormente abordar la criminalización y persecución de los dirigentes comunitarios. Dicho diálogo no se llevó a cabo, a pesar de haberse celebrado dos reuniones posteriores a la macha. El día 14 de julio del 2014 se le envió al Gobierno la solicitud de una mesa técnica para discutir y realizar el estudio de impacto ambiental pertinentes a dichos proyectos. Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado a favor ni en contra de dicha petición”.

Las Comunidades en Resistencia denuncian que la Empresa Cementos Progreso ha utilizado recursos como la compra de voluntades de vecinos, para emplearlos en su sistema de seguridad, y en oficios destinados a convencer sobre los beneficios de su proyecto, llegando desde la coacción y la represión, incluso a nombrar falsas autoridades comunitarias. Señalan que estas prácticas están en el origen de la masacre de septiembre de este año.

Después de la masacre, el gobierno de Guatemala intervino decretando el Estado de Prevención en la región (un Estado de Sitio con otro nombre). Se suspendieron sin aviso previo (lo que corresponde de acuerdo a la legalidad de ese país) las garantías constitucionales. El lunes 22 de septiembre a las 6 am el Ejército ya estaba en las aldeas, y luego fue publicado el decreto 6-2014. Según las comunidades, lejos de resguardar la seguridad como proclaman, amparados por el estado de prevención, la gente de la cementera está falsificando escrituras, inventando títulos y presionando a la gente para vender sus tierras. Denuncian también que son los promotores de la empresa los que mataron a los vecinos. Denuncian que los muertos son compañeros que pertenecen a la lucha contra la cementera, y que quedan niñas y niños huérfanos.

Señalan observadores internacionales, que “quienes estuvieron a cargo de perpetrar esa masacre fue gente entrenada en producir la muerte, de la misma forma en que lo han hecho los militares guatemaltecos durante la dictadura”.

Posteriormente el Ejército entró en las casas allanando las viviendas, produciendo destrozos, acusando a los dirigentes comunitarios de terroristas, deteniendo a varios de ellos. Ponen como ejemplo el caso de José Pajoc, que está preso, padre de un joven asesinado y de dos jóvenes heridos. “Don José pasó por el hospital, la morgue, y ahora está en la cárcel”, dicen los comuneros. También denuncian que el Ejército obliga a las niñas y niños a dar los nombres de las autoridades comunitarias, violando abiertamente los derechos de la infancia. Se emitieron así numerosas órdenes de captura.

En medio de este clima de terror, se continúan las obras de construcción del Anillo Regional, que es clave para la culminación de los objetivos de la Cementera.

Las Comunidades en Resistencia exigen al Estado de Guatemala la suspensión inmediata de la licencia otorgada a Cementos Progreso por alterar la paz y armonía en San Juan Sacatepéquez, dilucidar las responsabilidades, y demandan al gobierno suspender inmediatamente el Estado de Prevención, poner fin a la judicialización de las demandas comunitarias, a la persecución legal y política y el respeto al consentimiento libre de la población.

En Guatemala, el genocidio de los pueblos continúa. Pero también es fuerte el silencio. Este cuento debe terminar. Tal vez la masacre de Sacatepéquez, tal vez la sangre indígena derramada una vez más en defensa del territorio, de los bienes comunes, nos convoque para que en cada uno de los países en los que la colonización dividió el continente, se hagan oír las voces de un coro polifónico de resistencias.

“Si tocan a uno, si tocan a una, tocan a todos y todas”, dijimos en nuestra rebelión argentina de diciembre del 2001. Las políticas extractivistas pueden tener la forma de una cementera, de una Monsanto, de una minera. Pero todas tienen el mismo color: el de la sangre de los hijos e hijas de la tierra. Es hora de ensayar una vez más nuestros ¡Ya Basta!

 

Claudia Korol, 28 de septiembre, 2014


Por: Quimy De León

“Soy norma Lila, mujer indigena maya kaqchikel comunicadora social, vivo en Camotán, Chiquimula. Me he dedicado a la comunicación con énfasis en pueblos originarios y comunidades lingüísticas en el país. La razón por la cual lo hago es por ser descendiente de padres y madres kaqchikeles, ese es mi compromiso y lo reafirmo, por eso estoy aqui.”

Norma Lila Sut Sancir nació en Tecpán, Chimaltenango. Desde muy pequeña tuvo que salir junto a su familia de su casa e ir a vivir a la capital debido a la guerra que se vivía en el país. Tiene solamente una hermana, Lorena y a su madre, pues su padre falleció.

Norma es periodista comunitaria y licenciada en ciencias de la comunicación. Se graduó de la Universidad de San Carlos en noviembre del año 2010. A sus 35 año ha recorrido una buena parte del país, pues su compromiso profesional lo ha dedicado a los derechos humanos, al medio ambiente y la educación. Esta vocación y entrega la ha hecho trabajar en beneficio de la gente y las comunidades que defienden la vida y la tierra. Por ello se dedica en buena medida a visibilizar a los pueblos indígenas y las mujeres.

Fue así como decidió ir a trabajar en la Coordinadora Central Campesina Ch´orti´ “Nuevo Día”, aportando desde su experiencia como periodista. Norma también forma parte del equipo de Prensa Comunitaria desde el 2013.

¿Cómo ocurrió su detención?

“Yo hacía mi trabajo como comunicadora social, decidí tomar este camino de informar y apoyar e integrarme a este trabajo de prensa comunitaria porqué es mi convicción, no lo hago como trabajo lo hago porque es mi pasión. Porque sé que todas y todos tenemos derecho a informar y a informarnos. Como periodistas es nuestro deber informar con la verdad, no es justo que se nos trate como delincuentes y que me traten así como mujer. Yo iba sola y que 5 policías se vinieron en contra de mi, porque yo no podía hacerles daño mas que tomar una fotografía e informar la verdad”

Norma había salido con entusiasmo y la sonrisa que la caracteriza a un nuevo día, dispuesta a realizar su trabajo periodístico.

La detuvieron después que había salido de su casa en Camotán y había tomado un mototaxi para ir a donde se encontraba la concentración pacífica cerca del puente Jupilingo -ubicado en el kilómetro 204 carretera que comunica el municipio de Camotán con la frontera con Honduras “El Florido.” No habían pasado ni dos minutos desde que llegó, y aún no estaba en el lugar de los hechos, cuando una patrulla la interceptó y sin mediar palabra la detuvieron. Fue como a las ocho de la mañana. Apenas quince minutos antes habían llegado más de 150 policías a este lugar con el objetivo de disolver la concentración.

“Iba a tomar fotografías de lo que estaba pasando para realizar mi trabajo periodístico. Cuando me vieron, entre diez agentes me agarraron, me jalonearon y después me entregaron a unas agentes e inmediatamente me pusieron los grilletes.”[1]

Así es, entre varios agentes se la llevaron por la fuerza y la entregaron a tres policías mujeres. Ella gribaba “¡suéltenme, suéltenme! ¡soy periodista, yo soy periodista!” A pesar de las múltiples explicaciones de ella acerca de su profesión y lo que hacía en el lugar, no sólo no le hicieron caso sino que en la prevención policial la pusieron como “instruida y ama de casa“.  Esa misma mañana, más temprano la policía se dirigió directamente a donde se encontraba Carlos Alfredo Juárez miembro de la organización “Nuevo Día” para detenerlo después que habían tirado bombas lacrimógenas contra la población que se encontraba en manifestación pacífica.

A Marco Tulio Vásquez lo detuvieron frente a la casa de su madre, mientras observaba lo que pasó, a los hermanos Domingo y Santos Bernaldino Pérez Ávalos les detuvieron adentro de su terreno después que ellos habían terminado de deshojando maíz.

De esta manera, quedaron cinco personas detenidas: Norma Sut Sancir Carlos Alfredo Juárez Díaz, Marco Tulio Vázquez Martínez, Domingo Pérez Ávalos y Santos Bernaldino Pérez Ávalos.

¿Una detención preparada?

Según la policía Norma Sancir fue detenida cuando se encontraba entre las personas que manifestaban. Dicen tener pruebas que demuestran que ella estaba incitando, porque dicen que encontraron un boletín de peticiones de la manifestación. Sin embargo, todo pareciera indicar que la detención de Norma estaba planificada, por varias razones:

  • Ella no había llegado siquiera al lugar donde realizaría su trabajo periodístico cuando la detuvieron.
  • La patrulla de la policía la interceptó para detenerla y fueron directamente hacia ella del mismo modo que fueron a buscar a Carlos Juárez para detenerlo.
  • Habían tres agentes mujeres ya listas ahí para detenerla: una de ellas de servicio en la subestación de Jocotán, la otra en la de Camotán y una tercera de una comisaría de Chiquimula.

A todas luces estamos ante una acción de violación a la libertad de opinión y expresión impidiendo su trabajo como periodista, y un caso de criminalización de la lucha social y en este caso de quien documenta y asume el papel de informar.

Irregularidades y faltas al debido proceso

Cuando detuvieron a Norma, la llevaron directamente hasta la cabecera del departamento en la ciudad de Chiquimula, y hasta las tres de la tarde fue presentada ante un juez. Esto es más del tiempo estipulado de seis horas para esto. Además no le permiteron realizar ninguna llamada, como ella solicitó.

“No me permitieron hacer ninguna llamada, les he dicho que me indiquen por lo menos para avisar algunos familiares. Les pedí una llamada y me dijeron que no tienen recursos en la policía para hacer ninguna llamada. Les dije que yo tenía saldo y que yo podía llamar y no me dejaron hacer ninguna llamada.“ 

El juez Juan José Regalado Rivas del Jugado Primero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula le hizo saber que el motivo de su detención era Atentado y Desorden publico. El juez dijo que esto era una falta y a pesar de ello, ordenó  su ingreso al Centro Preventivo para hombres y mujeres ubicado en la aldea Los Jocotes en Zacapa, dejando a Norma y las otras cuatro personas en la cárcel durante tres días.

Cuando una persona es detenida, según la ley debe ser tener su audiencia de primera declaración en término de 24 horas. Sin embargo en este caso ese derecho ha sido violado. El juez argumentó tener lleno su calendario y que tenía que viajar a la capital para estudiar un curso. Además ya existen juzgados de turno.

Otra irregularidad que hemos visto en este caso, como en otros casos de detención por razones políticas es lo infundado y armado de los casos judiciales, adjudicándole a las personas, luchadoras sociales y en este caso a una periodista delitos y hechos que no han cometido.

Tres días encarcelada

Afortunadamente Norma se encuentra fuerte y bien físicamente a pesar que usaron la fuerza para detenerla. Diversas organizaciones y sus abogados interpusieron tres recursos de exhibición personal. El INACIF le hizo una evaluación para conocer su estado físico, del cual aún no han emitido dictamen

Su hermana Lorena la fue a ver y nos contó que “está fortalecida porque yo le dije que habían muchas personas que la estaban apoyando y movilizando para sacarla, ella estaba con duda de si la estaban apoyando o no y ella al saber que había bastante apoyo se motivó y así fue como se fortaleció muchísimo”. Al despedirse de nosotros, Lorena  dijo “Lo único que quiero es que mi hermana esté conmigo”

El juez programó su audiencia de primera declaración para el lunes 22 a las 8 de la mañana. El juez decidió darle la libertad por falta de mérito. No solamente ella quedó en libertad también los defensores de derechos humanos Carlos Juarez, Domingo Perez Avalos, Bernardino Perez y Marco Tulio Vasquez. Pudieron salir de la cárcel después de tres días a las 8 de la noche.

[1] Norma Sancir. Noticiero Guatevisión. Departamentales. 18 de septiembre 2014.