Guatemala Comunitaria

Por Nelton Rivera, Quimy De Leon y Gaspar Nicolás.

 

La persecución penal en contra de las autoridades comunitarias y ancestrales no cesa en Guatemala, nuevamente fue detenido otra autoridad por una orden de aprensión que continuaba vigente. Domingo Francisco Cristóbal Francisco es una autoridad maya Q’anjob’al y líder comunitario, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- a eso de las 12: 25 del día miércoles 26 de octubre 2016 recién concluida la manifestación convocada por Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- en Huehuetenango de donde venía, ya que él forma parte de esta organización en el área norte.

 

Es padre de diez hijos e hijas y tiene 64 años, es agricultor, tiene un amplio trabajo comunitario, fue miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo – COCODE – en su comunidad y actualmente tiene el cargo de Asesor del Comité Protector del Medio Ambiente, es miembro del Gobierno Ancestral Local Jolom Konob’. Además es presidente de la organización Pro justicia en el municipio de Santa Eulalia.

 

A don Domingo se le acuso injustamente de varios delitos graves como “Plagio o Secuestro”, e instigación a delinquir, la acusación la realizaron trabajadores del Centro de Atención de Justicia CAJ de Santa Eulalia, los jueces, fiscales del MP, trabajadores del OJ, del Bufete Popular y administrativos, lo más relevante de este caso es que el Tribunal de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios resolvió que esta acusación no tenía sustento jurídico y que se apartó el Ministerio Publico de toda objetividad en la investigación, una de las resoluciones de la jueza fue confirmar que estas acusaciones solamente sirven para criminalizar a las autoridades comunitarias y que los supuestos agraviados solo mintieron en el tribunal. “Sí creo en su inocencia” 

Por esta misma causa penal ya fueron juzgados y absueltos siete autoridades comunitarias este año, pero la orden de aprensión contra otras personas siguió abierta a pesar de varios recursos presentados por el equipo de abogados que conocen esta proceso penal, a criterio del abogado Benito Morales Laynes estas ordenes de aprensión son completamente ilegales, el juez de turno y un fiscal del Ministerio Público en la capital violentó el debido proceso en el mes de abril del 2015 al emitirlas, el juez Victor Herrea Ríos no podia conocer este caso porque un juzgado en Huehuetenango ya lo estaba haciendo.

 

La detención

 

Domingo después de la manifestación se encontraba en uno de los comedores el mercado municipal donde pasaron a almorzar.  Según testigos llegaron a llamarle y le apartaron de las mujeres del grupo que le acompañaba. Quienes no lograron ver si le mostraron algún documento u orden de detención, solo le hablaron y lo subieron al vehículo particular. Él había pasado a almorzar en un comedor del municipio de Chiantla y al salir lo estaban esperando los agentes de la DEIC.

 

 

Al parecer ya existía una orden de detención en su contra en donde se le acusa de instigación a delinquir, plagio o secuestro según Causa No. 10915, fechado 25-03-2015, emanado del Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia departamento de Huehuetenango, firmada por el abogado Otto Felipe Vásquez Vásquez Juez de primera Instancia del Municipio de Santa Eulalia.

 

Por la noche fue escuchado por un juez y luego trasladado a Huehuetenango, se sabe que durante la madrugada iba a ser trasladado a la ciudad capital, a primera hora del jueves 27 de octubre fue trasladado a la Torre de Tribunales en la ciudad capital, lo subieron al nivel 14, en la secretaria del Juzgado de Mayor Riesgo A presidido por la juez Claudette Domínguez, el juzgado no lo escucho en su 1ª. Declaración y la programaron dentro de una semana, don Domingo a medio día fue trasladado al Centro Preventivo para hombres de la zona 18, ahí permanecerá mientras la jueza lo llama a audiencia.

 

¿Quién es don Domingo Fracisco?

 

Es originario del Caserío Yula’ Is, Yal Temux (Temux Chiquito), es una autoridad ancestral junto a Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo expreso político por la misma cusa, la defensa del agua.

 

Es un defensor de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, inició con sus labores humanistas desde los 18 años de edad en el año de 1970 fue uno de los promotores de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, junto a varios líderes y autoridades comunitarias más.

 

Don Domingo fue uno de los copromotores de la creación del Centro de Administración de Justicia CAJ en el territorio Q’anjob’al, específicamente en Jolom Konob’ (Santa Eulalia), paradójicamente ahora fue encarcelado por una denuncia de los trabajadores de este centro.

 

Fue copromotor de las organizaciones “Asociación Pro-justicia” y el “Consejo Asesor Indígena” a las cuales pertenece actualmente. Al mismo tiempo es copromotor y participante activo en la reconstitución de las Autoridades Ancestrales de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ a través del Payxail Yajaw Konob’/Gobierno Ancestral Plurinacional.

 

Formo parte del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en el norte de Huehuetenango, fundador del movimiento social por la defensa del territorio que ahora es la representación de las Autoridades Ancestrales de Jolom Konob’ “Payxa Yajawil Jolom Konob’”

 

Copromotor de la Consulta Comunitaria de Buena Fe por el desarrollo de mega-proyectos en el territorio, llevada a cabo el 29 de agosto del año 2006, junto al héroe y mártir Q’anjob’al Daniel Pedro Mateo, conocido con cariño como Daniel Maya.

 

Durante el conflicto armado interno de Guatemala, fue objeto de discriminación y encarcelamiento por sus labores en la defensa de los derechos humanos y del territorio.

 

En el año 1982 rescató el registro civil y los documentos de administración municipal de un incendio, y en varias ocasiones en que el ejército de Guatemala intentó llevárselos, actos que le han dado reconocimiento en el pueblo por su heroísmo y determinación.

Fue el primer concejal municipal en 1982.  Su formación política y social ha sido a través de su trayectoria en las luchas sociales, participación en talleres de formación, sin embargo, a pesar de su grado académico, se ha dedicado a la lectura de numerosos libros, y es pastor evangélico.

 

Fue uno de los fundadores de la Asociación Microrregional “ACODEY” de donde surgió una academia de mecanografía y computación que brinda sus servicios en su comunidad.

 

En resumen estos son cuarenta y seis años de trabajo comunitario, liderazgo y representación de la nación Q’anjob’al que le permitieron ganarse el respeto, confianza y admiración de muchas generaciones.

 


Por: Quimy De León y Nelton Rivera.

La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales

La empresa minera EXMINGUA sigue operando de manera ilegal en San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo en el proyecto minera “El Tambor” Progreso VII Derivada, este lunes 9 de mayo, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y Ministerio Publico MP, detuvieron a varios trabajadores de la empresa minera, en total cuatro trabajadores que se transportaban en un Pickup agrícola MAZDA color gris que coincide con el vehículo placas P176FNS. Pretendían transportar 19 sacos grandes con oro y plata semiprocesados, ese mismo vehículo de la empresa anteriormente ha ingresado y salido con toneles y costales desde la mina “El Tambor”.[1]

Con la detención de 4 trabajadores mineros quedó evidenciado que la empresa EXMINGUA sigue operando, hoy continuaban sacando minerales con este vehículo desde el interior de la mina, a pesar que la CC y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc ordenó el cierre de la mina, esta empresa forma parte de Kappes Kassiday & Associates KCA una empresa que tiene sede en Reno California en los Estados Unidos.

Los vecinos de ambos municipios, denunciaron que los trabajadores de EXMINGUA sacan por bultos el mineral y lo colocan en el pickup para movilizar luego los minerales a las bodegas en donde lo almacenan, al momento de ser detenidos se les incautaron más de 10 sacos que podrían contener varios minerales, entre estos oro y plata, para la empresa ha sido complicado sacar los cargamentos de mineral en grandes camiones por eso emplearon un helicóptero en el mes de marzo para hacerlo, finalmente hacen viajes cortos con sus vehículos transportando los sacos.

El pickup de la empresa está detenido en la subestación de la policía en el centro de San José del Golfo, quienes iban en el carro podría ser trasladados a la Torre de Tribunales en el Organismo Judicial en la ciudad capital para ser procesados.  Todavía no se conoce los nombres de los detenidos.

El Ministerio Público confirmó la detención 4 personas trabajadores de la empresa minera: “Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. más conocida como La Puya, luego de se les fuera localizados en el interior de un vehículo, 19 costales de concentrado de oro y plata. De acuerdo con las investigaciones del MP y dictámenes técnicos, los mismos están valorados en la cantidad de 100 mil dólares.” El total de los 19 sacos que eran trasladados fuera de la mina podría alcanzar un monto de $1,900,000.00 mil dólares o su equivalente a Q14 millones 600 mil quetzales.

En Prensa Libre se confirmó los nombres de los detenidos: “Edwin Rubén Díaz Veliz de 23 años; Julio Macario Valle, 30; Wilder Sandoval Revolorio, 31 y Miguel Ángel García, 46.” Todos trabajadores de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A.

Breve Cronología de la actividad de una minera

Una licencia de exploración y explotación es otorgada a “Progreso VII Derivada, Mina El Tambor” durante el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina en el año 2011.

Organización y resistencia pacífica

Las comunidades de San Pedro Ayampuc y de San José el Golfo llevan desde 2011 oponiéndose a las intenciones de la empresas transnacionales como la canadiense Radius Explorations Ltd. Y la sudafricana Gold Field Inc. Quienes posteriormente cedieran sus derechos a la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates -KCA-Exploraciones Mineras de Guatemala -Exmingua subicidiaria de ambas empresas son quienes tienen la tarea de poner en marcha el proyecto minero El Tambor I (Progreso 7 Derivada).

Resultado de esta oposición organizada han sido los atentados sufridos por sus líderes y lideresas, como el intento de asesinato en julio de 2012 de Yolanda Oquelí en donde resultó gravemente herida.[2]

El 2 marzo de 2012 instalaron un plantón pacífico en el lugar conocido como “La Puya”, la organización comunitaria vio nacer al Frente Norte del Área Metropolitana -FRENAM, con el que desde entonces han impedido la puesta en funcionamiento de la mina, a base de su mera presencia y de sus cánticos religiosos.[3]

Tanto la empresa como el Gobierno han intentado acabar con esta muestra de resistencia pacífica, pues se fue convirtiendo en un ejemplo para las luchas en todo el país.

La resistencia pacífica en “La Puya” lograría el incumplimiento de los trabajos dentro del plazo de un año de la licencia de exploración, sin que las empresas KCA y EXMINGUA realizaran trabajo alguno. El silencio cómplice de la Embajada de los EEUU frente a las agresiones de la empresa KCA y el Gobierno guatemalteco quienes han intentado de forma violenta acabar con esta muestra de resistencia pacífica.

Así, la empresa implementaría una nueva fase de violencia contra las comunidades, un sinfín de hechos de violencia, intentos de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Atentados armados, abusos físicos contra las mujeres, insultos, amenazas, difamaciones, intimidaciones, racismo, discriminación y acciones homofóbicas fueron parte de las agresiones de los personeros de la empresa y sus trabajadores que fueron documentadas y publicadas a través de diversos medios de comunicación.

Criminalización de la protesta

Con denuncias de dos supuestos trabajadores mineros y declaraciones del gerente de la EXMINGUA, el coronel del ejercito Mario Ricardo  Figueroa Archila como “testigo”, la empresa KCA – EXMINGUA buscaron criminalizar y judicializar a varias personas, además de desarticular con estos procesos la resistencia comunitaria.

A este proceso se suman las declaraciones de Marco Tulio Garrido Aquino, de Erick Adoni Gálvez Rivera, ambos trabajadores de EXMINGUA, como acusadores, y la declaración de los “testigos” Gerson Miseal Garrido y José Alejandro Ávila Mérida.[4]

Un Tribunal resuelve que se suspenda la licencia de construcción de la mina

La comunidad de la resistencia pacífica “La Puya“ a través de sus Alcaldes comunitarios lograron el 15 de julio de 2015 que un Tribunal de amparo resolviera a su favor y que se suspenda la licencia de construcción del proyecto minero PROGRESO VII DERIVADA mina El Tambor de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA – EXMINGUA

Este amparo había sido puesto contra la municipalidad de San Pedro Ayampuc por los Alcaldes comunitarios de las comunidades El Guapinol y El Carrizal, con el apoyo de la Asociación de Abogados Mayas.

Por lo que el Juzgado tercero del ramo civil ordena al Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Ayampuc suspender actividades de construcción de proyecto minero Progreso VII derivada, también ordena que se realice la consulta de vecinos.

Suspensión provisional de licencia de explotación minera de la empresa

La Corte Suprema de Justicia – CSJ el 22 de febrero de 2016 notificó su decisión de suspender provisionalmente la licencia de explotación minera de la empresa Kappes Kassiday & Associates (KCA de los Estados Unidos) y su filial en el país, la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA S.A.), por considerar que se violó el derecho de consulta de los pueblos en 2011.

A partir de ese día le empresa no debía seguir explotando ningún mineral en toda el área que comprenden los 20 kilómetros cuadrados de la Mina El Tambor, especialmente oro y plata, tan solo unos meses atrás la Municipalidad de San Pedro Ayampuc también ordenó la suspensión de los trabajos por no contar con la licencia municipal para hacerlo, en respuesta la empresa rompió la medida municipal y siguió trabajando.

La decisión de la CSJ se debe luego de analizar un recurso de amparo planteado por la el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y la resistencia pacífica de La Puya en el mes de agosto del 2014, quienes plantearon que el otorgamiento de la licencia de explotación se dio por el MEM sin haber realizado la consultada a las comunidades.

“CALAS interpuso el recurso en contra del ministro Erick Archila por el otorgamiento de la licencia minera de explotación, consideramos que el ministro había afectado el derecho de consulta a los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo, que se establece en el Convenio 169 de la OIT”

A partir de la resolución de la CSJ el Ministerio de Energía y Minas deberá verificar que la empresa KCA-EXMINGUA no realice ningún trabajo de explotación en el área.

“… se decreta el ampara provisional en virtud que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, como consecuencia se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo en el departamento de Guatemala denominada Progreso VII Derivada… Por lo que se ordena a dicha autoridad, remitir el expediente original dentro del plazo de 48 horas notificada la presente resolución bajo apercibimiento que de no cumplirse certificara lo conducente a donde corresponde…”

Según el gobierno central esta suspensión no procede y todo le da igual: el asesor jurídico del Ministerio de energía y minas Rogelio Zarceño dijo que “La Corte Suprema de Justicia manda a que suspendamos el otorgamiento, pero si ya está consumado el acto… ya no se puede hacer más”[5]

 Además opinan sobre las consultas comunitarias que estas no son vinculantes y que si la población dice que no, de todos modos el Ministerio puede otorgar licencias. [6]

 La minera siguió explotando minerales

 La empresa minera Kappes Cassiday & Associated – KCA y su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala – Exmingua continuaron con la actividad extractiva y de explotación.

 Otras empresas privadas involucradas en extracción ilegal

 En el mes de marzo EXMINGUA contrató a una empresa para continuar extrayendo el mineral que están explotando de la mina El Tambor, esta vez lo hicieron por aire, un helicóptero color azul con calcomanías celestes y blancas siglas TG-CHA Aerospatiale 350B3 Ecureuil  (3888 F-WWXD, TG-GEA [3], TG-CHA)[7]  tripulado por dos pilotos realizó una serie de viajes a una distancia de 15 minutos cada uno.

 Por desacato Calas solicita un antejuicio contra el ministro de Energía y Minas

 Por negarse a cumplir la orden de amparo provisional de que se detengan las operaciones de la minera se solicitó un amparo contra el ministro Pelayo Castañón este 2 de marzo, ya que se estaría incurriendo en un delito de explotación ilegal de recursos, como está en el artículo 346 del Código Procesal Penal. Esto además implicaría el delito de instigación a delinquir, por lo que Calas pidió que se le retire la inmunidad a este funcionario y que se cumpla con el amparo provisional.

 Agresión al Plantón de la Puya frente al MEM

 El día 29 de abril 2016 en horas de la noche miembros de la resistencia, denuncian que vehículo con placas P-072DRK, embistió al plantón ubicado en las afueras del Ministerio de Energía y Minas y luego se dio a la fuga, de ese hecho resultaron varias personas heridas y se registró la destrucción parcial del campamento de la resistencia.

 La Corte de Constitucionalidad rechaza apelación de minera

 Se suspenden operaciones y queda en suspenso la licencia de exploración minera según resolvió la Corte de Constitucionalidad – CC al rechazar este 5 de mayo la apelación de Exploraciones Mineras, S.A., y del Ministerio de Energía y Minas – MEM. Es obligatorio realizar la consulta a las comunidades sobre este proyecto según el convenio 169.

 Esto además confirma el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia – CSJ al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social – Calas el 11 de noviembre del 2015.

 CALAS debe verificar que la mina Progreso VII Derivada haga efectiva la suspensión de operaciones desde que sean notificados de esta resolución, de lo contrario la CSJ debe actuar.



[1]  Información del Abogado Rafael Maldonado de CALAS. https://twitter.com/rafa_calas/status/729746543817805824

 

[2] “Acción urgente: Yolanda Oquelí, dirigenta guatemalteca opuesta a una explotación minera sufre atentado en Guatemala”. Amnistía Internacional, http://www.amnistia.org.pe/yolanda-oqueli-sufre-atentado-en-guatemala/

[3] “La fuerza de la comunidad frente al capital transnacional de la minería” Nelton Rivera, 22 marzo 2013,  http://comunitariapress.blogspot.mx/2013/03/la-fuerza-de-la-comunidad-frente-al.html

[4] Intervención de la agente Fiscal Blanca Araceli Monzón Soto. 3 de diciembre 2013.

[5] Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[6]Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[7] Complete (Historical) Civil Rotorcraft Register of Guatemala, 30 de Abril 2016. http://www.rotorspot.nl/historic/tg.php

 


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La existencia de presos políticos en un país es un claro síntoma de la falta de libertades políticas en la defensa de derechos humanos, de la vida y de los recursos naturales, una situación propia de las dictaduras o de los regímenes no democráticos.

De forma conjunta Prensa Comunitaria, Festivales Solidarios, Tierra Lanuda, Realizadores Tzikin, Raquio Snuq’ Jolom Jonob’ y Grupo de Mujeres Ixchel lanzamos la campaña internacional: “Libertad para los presos políticos en Guatemala”, una campaña que visibiliza y demuestra la persecución y la criminalización contra autoridades indígenas y líderes comunitarios, miembros de resistencias y organizaciones comunitarias en defensa de los derechos humanos, la vida y los recursos naturales.

Esta es una acción de nosotras y nosotros que amamos la vida y lo hacemos desde lo que sabemos hacer, es decir, el periodismo independiente comunitario y alternativo y el arte para tomar conciencia y construir una sociedad antiautoritaria, solidaria e incluyente. Invitamos a todas y todos a sumarse y denunciar estas gravísimas violaciones a los derechos humanos en Guatemala.

Ellos no son delincuentes, son defensores de la vida.

¡Libertad para los que defienden la vida, el agua y los recursos naturales!
¡Libertad para los presos políticos!

#LibertadParaLosPresosPolíticos

Tello VillatoroArturo PabloRigoberto Juárez (2)
Francisco JuanHermitaño LópezDomingo Baltazar

Publicado en Guatemala


Prensa Comunitaria Km 169

Por Nelton Rivera.

Doña Petrona es una mujer Q’eqchi de 75 años de edad, cuando ella tenía 41 llegó el ejército a su comunidad y tomo control de las otras comunidades en Panzós Alta Verapaz en 1982, ella recuerda ese año porque fue cuando comenzó la represión del ejército.

“Llegaban los soldados a buscar a la gente a las comunidades y se los llevaban y nunca más los volvimos a ver.”

Las comunidades se organizaron en la década de los años ochenta para solicitar al Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) legalizara las tierras a favor de la población, esto motivo que los terratenientes en la región con intereses concretos en las tierras los denunciaron de pertenecer a la guerrilla, a partir de esa denuncia llegaron los militares.

Durante el juicio realizado para esclarecer los delitos cometidos por el ejército en Sepur Zarco y Panzós a partir del caso “Sepur Zarco”, varios sobrevivientes y testigos narraron como el ejército llego a las comunidades, haciendo uso de listados ubico a los hombres, los detuvo y los desapareció, luego regresó por las mujeres, las esclavizó y las violó constantemente.

Muchas familias al comprender que correrían la misma suerte decidieron huir a las montañas para sobrevivir, el ejército respondió enviando patrullas a buscarlos, también hizo uso de artillería pesada sobre la montaña y a la aviación para atacarlos, muchos niños murieron de hambre y enfermedad.

El ejército asesino a su esposo y ella para sobrevivir tuvo que entregarse al destacamento militar de Sepur Zarco, fue esclavizada para trabajar al servicio del ejército, fue violada múltiples veces por los militares.

Luego de 34 años de buscar la justicia, finalmente doña Petrona dio su testimonio ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, los dos militares acusados fueron condenados el día 26 de febrero de 2016, el primero fue el comandante del destacamento militar, el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón, el segundo fue comisionado militar, Heriberto Valdés Asij, conocido también como el canche Asij.

A Reyes Girón el tribunal lo condenó a 120 años de prisión por los delitos contra los deberes de humanidad durante los años 1982 y 1983, por esclavitud y violación sexual de mujeres Q’qchis y el asesinato de doña Dominga Cuc y sus dos hijas. Al “canche Asij” a 240 años de prisión por la violación y esclavitud sexual de 11 mujeres Maya Q’eqchi y la desaparición forzada de siete de los esposos.

Solamente un oficial y un comisionado militar fueron juzgados, quince fueron las mujeres Q’eqchis las querellantes en el juicio, pero fácilmente el número de mujeres que sufrieron lo mismo puede llegar a sobrepasar el número de sesenta[1], quizás este juicio podrá abrir el camino para que las demás mujeres y familias afectadas busquen justicia, quizás el MP amplié la investigación a los otros autores materiales e intelectuales, altos mandos del ejército o a civiles como los terratenientes que también participaron de forma directa o indirecta.

***

Doña Petrona contó su historia

Doña Petrona se casó con Mario Mes Chub, juntos tuvieron a cuatro hijos, Candelaria, Juan, Abelino y Margarito Mes Choc, construyeron su hogar en Panzós Alta Verapaz. El día 2 de febrero 2016 ella llegó al Tribunal de Mayor Riesgo A para dar su testimonio sobre todo lo vivido durante la guerra.

Su cabello ya es de color gris, sus canas brillaban reflejando la luz de la sala, iban recogidas con una cola de elástico con dos pelotitas rosadas, una frazada de colores cubre su espalda y una toalla rosada está en una de sus manos con la que contuvo muchas veces sus lágrimas mientras le explicaba al tribunal cada uno de los terribles momentos que vivió.

La juez Yassmin Barrios, presidenta del tribunal le explicó que ella llegó para hablar de “la represión, control, desapariciones forzadas, violencia sexual, violencia generalizada en la comunidad La Esperanza, municipio de Panzós Alta Verapaz y sus alrededores, ejercida por miembros del ejército de Guatemala, comisionados militares, colaboradores del ejercito e integrantes de las patrullas de autodefensa civil.”

Sobre los dos acusados, al coronel Reyes Girón, el otro el comisionado militar “el canche Asij”, ella los conoció en el pasado, aunque aclara que los nombres completos de ambos no los sabia hasta que la presidenta del tribunal se los mencionó.

Doña Petrona no recuerda la fecha exacta de su nacimiento, en su papel de identidad esta la fecha, afirmó. Nació en la jurisdicción de Carchá Alta Verapaz, junto a su esposo para buscar su sobrevivencia decidieron ir a trabajar la tierra en Panzós, juntos construyeron su casa en la Aldea La Esperanza.

No recuerda la fecha exacta, hora, día y mes cuando llego finalmente al destacamento militar de Sepur Zarco, no tuvo forma de memorizar las fechas.

“no sé leer ni escribir, de haber sabido hubiera registrado esas fechas. Recuerdo que fue en 1982 cuando huimos a la montaña y que fue el año de 1983 cuando regresé y estuve en el destacamento.”

Así comenzó a narrar su historia…

***

Los T’zultaka de la Montaña les dieron refugio y protección

“En el año de 1982 nosotros nos fuimos a refugiar a la montaña, en esa época lo que sucedía es que llegan a las comunidades los militares y se llegaban a llevar a las personas, se los llevaron en camiones y así fue como nosotros comenzamos a ver que hacíamos para sobrevivir y así huimos.”

Para los mayas Q’eqchí, Achí y Pocomochí en Guatemala y Belice, T’zultaka es el dios del maíz, de las alturas, de las profundidades y de la abundancia de los animales, habita en los cerros y en las montañas[2], por lo tanto es el protector de la montaña.

Doña Petrona cuenta como su casa estaba divida en dos áreas principales, la mitad estaba dedicada a una tienda que tuvieron y para almacenar el maíz y las mazorcas que estaban cosechando en aquella época, la otra área era prácticamente para la vivienda. Recuerda que todavía les faltaba cosechar 10 tareas de milpa el día que llegaron los soldados a la comunidad.

“Mi finado esposo nos dijo que teníamos que huir y vimos que podíamos llevar, teníamos 4 hijos los más pequeños llevaban las bolsas de azúcar y aguas gaseosas, con lo que podían cargar y así nos fuimos a refugiar a la montaña.

Cuando nos agarraba la noche nos enrollábamos en unos nylons, nos lluvia todo el tiempo, los usábamos para protegernos del agua y de los insectos, todo esto que nos ocurrió no me lo estoy inventando, yo lo viví, cuando los soldados nos encontrabran, volvíamos a huir, usamos los ríos para caminar, porque en la montaña no habían caminos.”

Don Mario Mes y ella tenían en aquella época 8 tareas de tierra, que son 8 cuerdas de terreno, doña Petrona afirma que pelear por la tierra, por esa tierra que tenían, más las otras parcelas de las demás familias de la comunidad molestó a los terratenientes, porque poco a poco la gente tuvo sus propiedades, sus inmuebles, animales y negocios, describe que ellos tenían cacao, maíz, frijol y que cuando llegó la represión lo tuvieron que abandonar todo.

Su finado esposo le decía “que les vamos a dar de comer a nuestros hijos, él se iba a buscar algo que el mismo monte nos daba, yerbas, a veces él encontraba caña y eso le dábamos a nuestros hijos, porque eso era lo único que encontrábamos.” Su voz en ese momento se quebró, la toalla rosada en su mano limpió de su rostro sus lágrimas.

De 1982 a 1988 aproximadamente, los T’zultaka de las montañas protegieron a un sin número de personas Q’eqchís; ancianos, mujeres y niños que encontraron adentro de la montaña la protección frente al ejército y los terratenientes.

Esa misma historia se vivió en Huehuetenango, Quiché, Petén, Chimaltenango y otros lugares del país.

***

El ejército asesinó a su esposo

Un día seis personas se juntaron para ir a buscar comida, así salieron de la montaña, estaban en un sitio mientras comían unas naranjas cuando Abelino su hijo de 6 años grito “ahí vienen los saldados nos vamos a morir… mi esposo se arrodilló ahí mismo y se puso a orar, desde ese día él murió y ya no lo tenemos entre nosotros.”

La acción de don Mario le permitió a Abelino su hijo pequeño correr inmediatamente y meterse adentro de la montaña de nuevo, doña Petrona ante el grito de alarma decidió reunir a sus hijos, juntos salieron huyendo de la patrulla del ejército, montaña adentro podían tener un respiro de tranquilidad.

Recuerda que caminaron por muchos cerros, en el momento cuando iban caminando sobre unas peñas escucharon los disparos de fusil. “Ese fue el momento en el que mataron a mi esposo, junto a los otros hombres, en ese momento nos quedamos solos.”

A don Mario Mes no lo volvió a ver, “desde ese día nunca encontré su cuerpo, no lo he podido velar, ni enterrar y despedir.”

***

El destacamento militar de Sepur Zarco

Mientras ella narraba ante el tribunal hablo de los serios problemas en su salud, está enferma del oído, en 1982 se fracturó el pie cuando huyó del ejército junto a su familia, “me resbale en un río y ahí me rompí el pie, desde ese entonces me duele, todavía siento el dolor.” Su voz se quiebra de nuevo, su mano coloca sobre sus ojos, guarda de nuevos sus lágrimas.

“Mi hijo Abelino quedo también afectado, él quedo mal de un oído y de un ojo, cuando sucedió ese incidente con el ejército, cuándo perdimos a su padre, él escucho los disparos muy de cerca y como pudo corrió adentro de la montaña y como pudo logró salvarse.”

Sin el apoyo de su esposo, tuvieron que salir de la montaña, buscaron ir a la comunidad de Sepur Zarco sin otra opción, en juego estaba la vida de sus hijos pequeños, caminaron como 2 días y al tercer día llegaron al destacamento militar, ahí se presentaron para que el ejército respetara su vida.

“Cuando llegamos nos arrodillamos en el suelo y empezamos a orar para que nos perdonaran y nos dejaran ingresar a la comunidad. Nos quedamos a dormir en la sombra de una de las casas del destacamento, en la noche los soldados llegaban a jalarme de las piernas y yo despertaba a mis hijos para decirles que llegaron los diablos y que me querían llevar, así nos protegíamos entre nosotros.”

***

Esclavitud y violación sexual

En el destacamento miliar fue el lugar en donde la violaron; “ahí estuvimos, es muy doloroso relatar todo el daño que nos ocasionaron esos hombres, luego nos llevaron a una pequeña casa y esa casa estaba rodeada por ellos, no podíamos movernos a ningún lugar, al amanecer nos llevaban a cocinar, nos decían vengan y me llevaban a cocinar con otras de las mujeres, muchas veces fui violada, una de mis hijas también fue violada.”

Doña Petrona recuerda que mientras estuvo detenida con ella hubo muchas mujeres, pero recuerda a una en particular porque se escondía debajo del pollo para cocinar, todas las demás mujeres lloraban de terror y los soldados llegaban, la buscaban y se la llevaron.

“ella nos contó que la llevaron a la orilla de una fosa y le dijeron que en el fondo estaba su esposo, le dijeron te vamos a llevar a ver a tu esposo y él estaba al fondo de la fosa.”

Doña Petrona explica que dentro del destacamento había varias construcciones, algunas parecían casas, otras no, con insistencia los soldados le decían: “vos ya no tenés a nadie, nadie está preguntando por vos.”

Todos los días la llevaron a trabajar a la cocina del destacamento junto con otras mujeres, las hicieron trabajar de manera forzada, tenían que soplar el maíz y el frijol para limpiarlo, todo el tiempo eran grandes cantidades de estos granos, luego lo tenían que cocinar en unas olladas grandes, “las hoyas eran como para cocinar a los cerdos, ahí era donde les cocinábamos.”

Los vecinos de Sepur Zarco hacían una “contribución” de los alimentos que ellas cocinaban para el ejército, el frijol y el maíz llegaba por canastadas, ni una sola libra del grano fue comprada por los militares.

“Lo que nos daban eran 4 tortillas, cuando decíamos que si en agradecimiento, nos decían ¿así es como ustedes comían en la montaña? ¿Se comieron la carne?, sí, respondimos nosotras, ¿les gusto la carne?… lo que ustedes se acaban de comer es carne de perro, nos gritaban”

“Nos decían apestosas, eso era realmente humillante porque en nuestra comunidad siempre íbamos al río y en la montaña siempre nos bañamos. La mujer de quién les hablo se llamaba Candelaria Beb y ella ya está fallecida, estas son mis palabras.”

Ella recuerda a otras mujeres que corrieron por la misma suerte, su hija Candelaria Mes, Candelaria Yat, Rosa Tiul, Margarita Chub, son algunos nombres que recuerda a sus 75 años, con su voz cuenta que hubieron muchísimas más mujeres, por momentos se aleja del micrófono, dice que todos los días llegaban más mujeres al destacamento, a tal punto que el ejército podía hacer turnos con ellas, unas reemplazaban a las otras.

“Las mujeres que estaban conmigo todas eran viudas, y eran un montón de mujeres, todos los días llegaba el montón de mujeres.”

“Lo que sucedía es que llegaban todos los días los soldados, de un lado tenia a mi hija, a mi yerno y mis dos hijos, y yo con un palo les decía hijos de puta váyanse de acá los voy a denunciar con quien los manda, acaso no les da vergüenza lo que nos vienen a hacer.”

Yo no puedo inventármelo, lo que me sucedió a mi es lo que vengo a contar, yo estuve ahí. Solo Dios sabrá cuánta gente llevaron, si eran mujeres u hombres, no lo sé con exactitud todas las tardes escuchamos disparos.”

***

Del destacamento de Sepur Zarco las llevaron al de Tinajas

El destacamento de Sepur Zarco estaba ubicado en una de las fincas del municipio de El Estor Izabal, el destacamento de Tinajas lo ubicaron en otra finca en el municipio de Panzós Alta Verapaz, con el permiso y el apoyo del dueño de la finca de Tinajas, propiedad en ese entonces de Flavio Monzón alcalde municipal de Panzós Alta Verapaz en 1982. Otras fincas que se encontraban entre Panzós y El Estor eran propiedad de las familias Milla, Meagli en El Estor Izabal[3], también los Overdick García, los Monzón entre otros terratenientes.[4]

Doña Petrona, recuerda que primero estuvieron en el destacamento de Sepur Zarco, luego ordenaron que las enviaran al destacamento de Tinajas.

“Cuando estuvimos en Tinajas, mis hijos tenían como 6 o 7 años el más pequeño, ahí los amarraban y los dejaban tirados, no estuvimos en ninguna casa, si no que nos cubríamos con las hojas gruesas de los árboles para quedarnos en la intemperie. A mis dos hijos y mi yerno los mantenían amarrados; el esposo de Candelaria mi hija era Manuel Caal Beb, Juan Mes y Abelino Mes eran mis otros dos hijos pequeños, Mariano es el hijo que todavía me cuida.

A su yerno y sus hijos los soldados dentro del destacamento en Tinajas constantemente los pateaban y los golpeaban con sus armas en el estómago. Ella recuerda que en su estancia les gritaban “vayan a bañarse”, luego llegaba un hombre gordo quien las violaba de primero y luego llegan otros hombres más pequeños que formaban parte de la tropa y las violaban también.

“Recuerdo que todo esto sucedió en la época de Ríos Montt, todo esto fue muy doloroso lo que nos sucedió.”

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La vida fuera del destacamento

Doña Petrona sabía que su comunidad la esperaba un lote de tierra, para ella y su familia, por eso en el año de 1982 las autoridades de la comunidad estaban gestionando ante el INTA esas tierras, ella comprende que la lucha por la tierra fue la razón por la cual se enojaron los terratenientes de la región, toda la represión fue por pedir la legalización de la tierra, hoy esas fincas las tienen con Palma Africana en grandes extensiones de cultivo.

“Cuando yo regrese a mi casa ya no había nada. Algunos de nuestros cultivos habían sobrevivido debajo del monte cuando este creció, nuestras reses, nuestras gallinas, nuestros coches, todos se perdió.

Les enseñé a mis hijos a trabajar, porque somos gente de trabajo, les enseñé a trabajar la tierra a mis dos hijos varones. Ellos me preguntaban que vamos a hacer para comer, yo le respondí tendremos que cultivar la tierra para comer. Compramos un machete, compramos una lima para afilarlo y comenzamos a sembrar de nuevo la tierra. Sembramos cinco cuerdas de arroz, una cuerda de chile y otra de frijol.”

Doña Petrona salió de la montaña sin nada, cuando ella y sus hijos salieron del destacamento militar de Tinajas, no tenían absolutamente nada, poco a poco fueron comenzando de nuevo, algunos vecinos le regalaron ropa vieja para vestir a sus hijos, también las mujeres le regalaron un corte viejo.

“Les enseñé a trabajar a mis hijos, así comenzaron a ganarse la vida y sus centavos, yo también trabajaba vendiendo tortillas, vendiendo tamales y tayuyos. Luego aprendí a tejer y así fue como seguimos trabajando tejiendo cosas.

Ahora a duras penas puedo sobrevivir, la gente que es buena me regala, comida, azúcar y así voy pasando los días. De 1982 hasta la fecha aún no tenemos la propiedad de la tierra.”

Ella insiste en recordar que perdió a su esposo, nunca lo pudo enterrar, aún no ha encontrado su cuerpo, el ejercito no quiere decir en donde los enterraron, y en el lugar en donde ella sabe que lo mataron, en la comunidad de San Marcos la gente ha quemado muchas veces el suelo para sembrar y su cuerpo aun no aparece.

Treinta cuatro años después ella y su familia, al igual que las demás personas de su comunidad siguen el derecho y la propiedad legal de la tierra. Doña Petrona terminó de contar su historia, su testimonio sirvió para condenar al coronel Esteelmer Reyes Girón y al comisionado militar Heriberto Valdes Asij.

La tierra sigue en disputa

Actualmente en menos de quince años la finca Tinajas ha cambiado de dueños constantemente, de la misma manera que otras fincas sobre el Valle del Polochic (Alta Verapaz y El Estor Izabal), en el año 2011 la familia Widmann vendió la finca Tinajas a la familia Pellas Chamorro de Nicaragua, nuevamente desalojaron por la fuerza a las comunidades Q’eqchi asentadas en el valle.

Los Pellas intentaron hacer funcionar un ingenio azucarero el Chabil Utzaj[5], en el intento fracasaron ahora en 2016 está quebrado, cientos de familias desalojadas siguen sin retornar a sus tierras, los terratenientes y empresarios tienen nuevamente puestos los ojos sobre la tierra, esta vez para la Palma Africana.

En los desalojos violentos del 2011, murió Antonio Beb Ac en la comunidad Miralvalle en el Valle del Polochic, en el desalojo participaron los terratenientes, cuadrilleros, paramilitares, policías y soldados.[6]

El asesinato del profesor Adofo Ich Chaman[7] en 2009 por el jefe de seguridad de la CGN Mynor Rolando Padilla, para el 2016 las empresas como la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. (CGN) explotan grandes cantidades de minerales de estas tierras, el monocultivo de la Palma Africana en grandes extensiones de tierra se impuso bajo el control de la empresa NATURACEITES, propiedad de las viejas familias terratenientes en esa región como los Maegli-Müeller.[8]

La historia del despojo se repite nuevamente.

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Coronel Esteelmer Reyes Girón
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Heriberto Valdés Asij
[1] Entrevista realizada a Amandine Fulchiron en el marco de la investigación “Tejidos que lleva el alma. Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado”. Febrero 2016.
[2] Celso A. Lara Figueroa. Leyendas mágicas del corazón del cielo de Guatemala. Centro de Estudios Folklóricos, USAC, 2005.
[3]  Plaza Pública. Sepur Zarco: La violencia sexual será juzgada. Oswaldo Hernández. 15 de octubre de 2015.https://www.plazapublica.com.gt/content/sepur-zarco-la-violencia-sexual-sera-juzgada
[4] Periodismo Humano. Masacre de Panzós Cobán, Guatemala: Nos enseñaron el silencio, pero es hora de gritar. Juan Calles.http://guatemalacomunitaria.periodismohumano.com/2014/06/01/nos-ensenaron-el-silencio-pero-es-hora-de-gritar/
[5] Nelton Rivera. Valle del Polochic: Despojo con sabor a Flor de Caña. Albedrio. 27 de junio 2011.http://www.albedrio.org/htm/articulos/n/neltonr-019.htm
[6] Indymedia Guatemala. Resumen desalojos Comunidad Miralvalle. Desalojos de cerca de 800 familias en el Valle del Polochic. 16 de marzo 201. http://radiopozol.blogspot.com/p/internacional.html http://www.chiapas.indymedia.org/index.php?category=4
[7] Nelton Rivera. Profesor Adolfo Ich Chamán, estás en la memoria del pueblo. Prensa Comunitaria. Septiembre 2014.https://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/27/profesor-adolfo-ich-chaman-estas-en-la-memoria-del-pueblo/
[8] Luis Solano. Palma Africana y empresas se expanden aceleradamente a lo largo de la FTN. Revista Enfoque, 15 de julio 2015.

Foto tomada de http://www.tribunahacker.com.ar

 

Por: Quimy De León

La compra y venta de medicinas en Guatemala ha sido desde hace mucho un tema controversial. Dominados por las grandes farmacéuticas nacionales, los eventos de compra han perdido su razón de ser: obtener medicinas de buena calidad al menor precio. La casa que ha dominado en los últimos años el negocio de la salud ha sido agencias J.I. Cohen, una empresa familiar que ha quedado en manos de uno de los hijos de la familia Irving Cohen.

Ya en el año 2007 Luis Solano revisó de forma profunda los últimos procesos de licitación de medicina y concluyó en que para entonces esta empresa había monopolizado durante más de cuarenta años la distribución de medicamentos. Uno de los operadores políticos más eficientes para esta compañía es Gustavo Alejos, quien se entregó hoy a la justicia después de más de dos meses prófugo y señalado por la CICIG de encabezar una estructura criminal denominada “Negociantes de la salud” que se beneficiaron del Estado de forma ilícita.

El 16 de diciembre se publicó en el diario de Centro América que la Corte de Constitucionalidad – CC- había fallado a favor de la compañía  farmacéutica J. I. Cohen, de la que fue parte Gustavo Alejos, quién había estado  prófugo de la justicia y reapareció este 28 de diciembre. Esta empresa había puesto una acción de inconstitucionalidad para eliminar el Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines. Esto afectaba el acceso a la población a medicamentos genéricos y por su puesto les beneficiaba. Siete días después la misma Corte aclara públicamente que este fallo no afecta “el deber de observancia y aplicación por parte de las autoridades correspondientes del Estado de Guatemala del Reglamento” y deja a criterio de las autoridades la aplicación del fallo.

La  compañía en un comunicado de prensa piden al Presidente de la República, a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la población que estén vigilantes del exacto cumplimiento con lo ordenado por la CC.

¿Quiénes se benefician de la precaria salud en Guatemala?

En el mundo las grandes compañías farmacéuticas bloquean la venta de medicamentos genéricos, para tener el monopolio de las ventas y enriquecerse. Esto trae como consecuencia que la población con menos recursos y donde hay más precariedad no se puedan curar o tratar enfermedades.

Esto limita al Estado la posibilidad de prevenir, tratar enfermedades y pandemias, quedando en última instancia dos posibilidades comprar medicamentos a precios altos o la muerte. La mayoría de la población asume de su propia bolsa el pago de medicamentos para tratarse. Estas empresas obtienen beneficios mediante negocios con los gobiernos para que éstos les compren con exclusividad, reduciendo la posibilidad de invertir en otros niveles de atención como el primario.

Foto tomada de Prensa Libre. “El empresario y financista Gustavo Alejos en uno de los pasillos de Tribunales.” (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec). 28 de diciembre de 2015.

 

Poder e influencia de J.I. Cohen a través de Gustavo Alejos

Gustavo Alejos Cámbara es un empresario que tiene orden de captura y arraigo por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias, hasta hoy estuvo prófugo y fue declarado en rebeldía el 30 de octubre por el Juzgado Sexto Penal cuando se realizaba la “audiencia de primera declaración de 11 señalados en el escándalo de corrupción por la compraventa de medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS.”[0]

Es señalado de pertenecer a una red de corrupción que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG llamó “Negociantes de la salud” que el mismo dirigía junto a funcionarios y otras personas en las que beneficiaban a varias empresas tales como la droguería Colón, Evolución Farmacéutica S.A., Sabiapharma S.A. No hay que olvidar que Alejos fue parte de la compañía J.I. Cohen, misma que en un campo pagado en marzo del 2014 se desliga de él, después de que el afirmara en una entrevista que :

“La empresa JI Cohen, de la cual soy parte, ha tenido problemas con las multinacionales farmacéuticas, nos han pedido que nos alejemos del tema político.”[1]

“Nosotros hemos tenido que parar un poco las entregas al Ministerio de Salud debido a la falta de pago. Hemos cerrado los créditos hasta que limpien la mesa. Al ministerio le vendemos alrededor de Q25 millones en medicamentos contra el cáncer y otros males graves. El Ministerio de Salud tiene mucho desorden en sus cuentas, pero el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) está totalmente ordenado gracias al sistema que dejó Carlos Torrebiarte. Además, el presidente anterior, Luis Alberto Reyes Mayén, dejó un acuerdo en Junta Directiva que determina que a los proveedores se les debe pagar por igual.”

Gustavo Alejos lograba que el Estado le comprara a varias empresas con las que el tuvo relación a través del Ministerio de Salud y el IGSS. Esto fue parte de la investigación realizada por la CICIG y el Ministerio Público MP, en donde demostraron que esto se hacía a cambio de comisiones.[2]  Esto se realizaba organizadamente mediante una estructura criminal de la que también eran parte Alejandro Enrique Toledo Paz ex director del Hospital Roosevelt y Juan Pablo Muralles Morán. Estos dos últimos están ya presos, en total son 11 señalados por el caso de corrupción en el IGSS. Todo esto se destapó en el 2015 y se supo de las redes de corrupción en relación con el caso IGSS- PISA.

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Tomado de Prensa Libre publicada el 28 de diciembre de 2015.

Las Agencias Cohen son propiedad de Jack Irving Cohen, en un análisis hecho por el economista Luis Solano en el año 2007 explica que dicha empresa había monopolizado durante más de cuarenta años la distribución de medicamentos y que han sido de los principales contratistas del Estado. Ya entonces Solano señalaba que las Agencias Cohen llevaban 22 años de ser proveedores del IGSS y que en los últimos gobiernos anteriores al de Álvaro Colom habían obtenido millonarios contratos.[3] Durante el gobierno de éste último Gustavo Alejos fue secretario privado de la presidencia  y Alberto Cohen presidente del Instituto Nacional de Electrificación – INDE[4] considerado el heredero de la  compañía J.I. Cohen.

La CICIG en su informe sobre el Financiamiento de la política en Guatemala coloca a Gustavo Alejos como caso emblemático ya que además de ser financista y recaudador no solamente se enriquece sino que construye redes de tráfico de influencia, beneficiando a las empresas vinculadas a él. Curiosamente en este informe la  CICIG obvia nombrar a J.I.Cohen[5] pero afirma que Alejos tenía el poder de nombrar y destituir funcionarios durante el gobierno de Álvaro Colom, desde su posición de poder dentro del gobierno.

Sylvia Gereda en la revista ContraPoder aseguró que Alejos “manejó los principales negocios del Estado, de los cuales la farmacéutica de la que él fue el más alto ejecutivo: J. I. Cohen fue beneficiada con 2 mil 940 adjudicaciones en contratos que superan los Q485.9 millones, según el portal de Guatecompras. Además, fue uno de los grandes negociadores de leyes y corruptor de diputados en el Congreso.”[6]

En la entrevista que Juan Luis Font realiza a Alejos en julio de 2015, el mismo explica cómo era su papel como operador político y deja claro el apoyo y financiamiento al gobierno de Otto Pérez Molina, así como la relación que había con J.I. Cohen en asuntos políticos y gubernamentales. Al parecer por problemas comerciales deciden desligarse de la política. El mismo reconoció que le dió a Otto Pérez Molina la casa donde vivía, esto explica el nivel de relación que tuvo con este gobierno. Sin embargo en asuntos comerciales destacó que J.I. Cohen tuvo una fuerte competencia y que el gobierno encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti benefició más a su competencia la empresa AGEFINSA, mientras que J.I Cohen siguieron vendiendo al IGSS.

Lo que deja claro en esta entrevista es la relación que hay entre política, asuntos de Estado y de gobierno y los intereses comerciales de las farmacéuticas, cuando plantea entre líneas que Baldizón empieza a ser una amenaza para los negocios pues “él quería crear en Guatemala una empresa representante de medicamentos de origen indio y empezó a citar a las multinacionales. Eso movió a JI Cohen a declarar que no participará en política.” Con lo cual Roxana Baldetti, Otto Pérez Molina y el mismo Manuel Baldizón resultaron ser una amenaza para el monopolio de los fármacos. La típica disputa por los negocios.

En una nota que hizo La Hora en junio de 2015 se mostró que tanto J.I. Cohen como AGEFINSA fueron los dos grupos que se repartieron mayores ganancias de los contratos con el Estado de las 82 empresas que tuvieron contratos abiertos. Estos beneficios ascienden a un poco más de 2 mil millones de quetzales que equivale al 29% aproximadamente. También señalaron que las ventas que se le hacen al Ministerio de la Defensa no tienen rastro, aún cuando tienen un presupuesto de más de 2 mil millones para 2015. [7]

¿Los magistrados de la CC hicieron este fallo pensando en el bien común o en los negocios?

En teoría la salud debe ser un derecho garantizado por el Estado de Guatemala que tiene la obligación de velar por la salud de todos los habitantes, sin embargo en la práctica sabemos de sobra que la situación precaria en la que tiene la clase política al Sistema de Salud. Por lo visto las únicas garantías son para la industria que negocia con la salud, por ejemplo para las empresas farmacéuticas.

La mayoría de la gente desconocemos los niveles de mortalidad en mujeres o menores de 5 años por diarreas o infecciones respiratorias, no digamos la desatención y abandono completo a cientos de miles de personas en el campo que resuelven y gestionan por si mismas la salud.

La crisis que se vive en el nivel hospitalario es uno de los tantos problemas que tiene el Sistema de Salud, y casi del único que nos enteramos a través de los medios y que fueron debate en los últimos meses cuando se destaparon algunos actos de corrupción desde el gobierno. Todo esto: corrupción, tráfico de influencias, asignación presupuestaria en salud pasa por la toma de decisiones y la planificación del desarrollo social de un país y que está en manos de los políticos y gobernantes.

Está claro que a los empresarios, a los gobernantes y la clase política no les interesa la salud sino solo los negocios, eso sí instrumentalizando para ello la estructura del Estado.

La Corte de Constitucionalidad al dar un fallo favorable a esta empresa refuerza la impunidad en la que vivimos y aleja al Estado de la obligatoriedad y el deber que tienen de velar por el bien común.

 [0] Orozco, Andrea. “Gustavo Alejos se entrega a la justicia.” 28 de diciembre de 2015. Prensa Libre.
[1] Font, Juan Luis. “Gustavo Alejos: “La he ayudado y la sigo ayudando” 14 de marzo de 2014, edición número 45. Revista ContraPoder.
[2] Prensa Libre. “Gustavo Alejos tiene arraigo y orden de captura, según MP.
[3] Solano, Luis. “Compras y contratos estatales en pocas manos”. 2 de octubre de 2007. Revista electrónica Albedrío.
[4] Font, Juan Luis. “Gustavo Alejos: “La he ayudado y la sigo ayudando” 14 de marzo de 2014, edición número 45. Revista ContraPoder.
[5] Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG. “Financiamiento de la política en Guatemala.” 16 de julio de 2015. Editorial Servi prensa.
[6] Gereda, Sylvia. “El día que Alejos cayó”. ContraPoder. 6 de noviembre de 2015.
[7] La Hora. “Q8 mil 500 millones a 82 empresas con contratos abiertos de medicinas e insumos.” 2 de junio de 2015.
[8] Para ampliar sobre el proceso penal de este caso: http://elperiodico.com.gt/2015/10/29/pais/escuchas-implican-a-gustavo-alejos-en-el-caso-de-corrupcion-del-igss/