Guatemala Comunitaria

Por: Nelton Rivera.

Los diputados Leocadio Juracan y Sandra Morán de Convergencia participaron esta mañana en una conferencia de prensa para denunciar la violación del debido proceso contra siete líderes y autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango.

Una comisión interparlamentaria recorrió distintos centros de detención para hombres en donde se encuentran recluidos de forma arbitraria e injusta los señores: Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo, Ermitaño López Reyes, Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Mynor López.

Todos considerados presos políticos, encarcelados por el Estado a raíz de los intereses de empresas transnacionales y nacionales dedicadas a la actividad extractiva con proyectos en municipios como San Mateo Ixtatán, Barillas, San Juan Ixcoy, Santa Eulalia en Huehuetenango.

Esta conferencia se realizó en el marco de la apertura a debate oral y público que dará inicio el próximo miércoles 6 de julio en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo grupo A en la Torre de Tribunales de la ciudad capital.

Los abogados de la defensa de los siete líderes comunitarios esperan que finalmente finalice la judicialización y la prisión política de las autoridades comunitarias y que en Guatemala cese desde el aparato de justicia la aplicación  del castigo con la prisión como un mecanismo para detener la organización en las comunidades en su derecho de defensa y protección de los bienes naturales, así lo manifestó Benito Morales Laynes, abogado defensor.


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El Memorial de los Pueblos

“No somos criminales somos defensores de los ríos y las montañas”

Su excelencia Jimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala

CC.

Dr. Arnulfo Rafael Rojas Cetina, Presidente del Organismo Judicial

Licda. Thelma Aldana, Fiscal General del Ministerio Publico.

Lic. Jorge De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala.

Sr. Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos

Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Sra. Rose-Marie Belle Antoine, Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

 

Las personas que firmamos somos representantes de organizaciones sociales, instituciones, autoridades, personalidades y pueblos en general.

Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante las sistemáticas violaciones a nuestros derechos fundamentales, como consecuencia de la implementación del modelo extractivista en nuestros territorios, la imposición de proyectos mineros, hidroeléctricas, petróleo, monocultivos, entre otros; todo sin el consentimiento y sin consulta previa a nuestros pueblos. Este momento histórico se debe considerar como el nuevo despojo en nombre del falso desarrollo.

En Guatemala, desde el año 2005 haciendo uso de nuestros mecanismos de participación y toma de decisiones, venimos expresando nuestras demandas de manera pacífica y democrática a través consultas de buena fe.[1] Este derechos es plenamente reconocido en convenios internacionales como el 169 de la OIT, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: sin embargo; el Estado de Guatemala en lugar de asumir con responsabilidad la implementación de los instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas , ha optado por la judicialización de las luchas legitimas de los pueblos como estrategia para intimidar, dividir y enfrentar a nuestras comunidades.

Nos indigna profundamente la desestabilización social de la empresa Hidro Santa Cruz, Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A., y empresa Cinco M S.A. Que en complicidad con los gobiernos de turno han generado en nuestros territorios, desde el 2010 hasta la fecha, especialmente en la zona norte de Huehuetenango. Esta Crisis ha provocado muertes, detenciones ilegales, represión y militarización. Se han asesinado a nuestros hermanos mayas Q’anjob’ales Daniel Pedro Mateo y Andrés Pedro Miguel. Así como la detención arbitraria de nuestros compañeros Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, líderes comunitarios de Barillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán de Huehuetenango.

Nos preocupa también la sistemática violación al debido proceso por parte del Sistema de Justicia en Guatemala en relación a los presos políticos. El Ministerio Publico, específicamente la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos , utiliza un documento elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz , denominado “Estructural Criminal, Conflicto Social Huehuetenango” para criminalizar. En dicho documento se señala a los líderes comunitarios Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, como parte de la red criminal en la zona norte de Huehuetenango. Preocupa de igual manera la utilización del delito de Plagio o Secuestro en contra de defensores de derechos humanos, con lo cual han logrado el objetivo de mantener por tiempo indefinido a los líderes comunitarios en prisión preventiva, impidiendo su trabajo a favor de los derechos de las comunidades; a esto se suma la estrategia de suspensión permanente de audiencias que ha prolongado por más de un año la prisión de los líderes, aun cuando se está en las primeras fases de los procesos. No quisiéramos pensar que en Guatemala se está utilizando la denominada doctrina del Derecho Penal del Enemigo en contra de los pueblos indígenas que luchan por la defensa de sus derechos fundamentales.

Ante esta situación, los pueblos que hemos participado en más de 80 Consultas Comunitarias de buena fe desde 2005 hasta la fecha, organizaciones sociales, instituciones propias de nuestros pueblos, personalidades y la solidaridad internacional demandamos:

 

Libertad pronta para los presos políticos Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, Domingo Baltazar, Rigoberto Juárez y Mynor López; asegurando la justicia y el debido proceso, establecido por leyes nacionales y estándares internacionales.

Protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas comunitarias de acciones violentas, hostigamientos, intimidaciones y amenazas por parte del Estado de Guatemala y empresas extractivistas.

Respetar las decisiones de los pueblos emitidos en 80 consultas de buena fe; así como a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, como la libre determinación de los pueblos, el derecho a la consulta, territorio y organización propia.

La anulación de las licencias mineras, hidroeléctricas, y petroleras autorizadas en nuestros territorios sin consulta a nuestros pueblos, puesto que esa condición las hace arbitrarias, y por tanto, la causa principal de la conflictividad social en nuestras comunidades.

Guatemala, abril 2016.

[1] Consejo de pueblos mayas CPO.


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La existencia de presos políticos en un país es un claro síntoma de la falta de libertades políticas en la defensa de derechos humanos, de la vida y de los recursos naturales, una situación propia de las dictaduras o de los regímenes no democráticos.

De forma conjunta Prensa Comunitaria, Festivales Solidarios, Tierra Lanuda, Realizadores Tzikin, Raquio Snuq’ Jolom Jonob’ y Grupo de Mujeres Ixchel lanzamos la campaña internacional: “Libertad para los presos políticos en Guatemala”, una campaña que visibiliza y demuestra la persecución y la criminalización contra autoridades indígenas y líderes comunitarios, miembros de resistencias y organizaciones comunitarias en defensa de los derechos humanos, la vida y los recursos naturales.

Esta es una acción de nosotras y nosotros que amamos la vida y lo hacemos desde lo que sabemos hacer, es decir, el periodismo independiente comunitario y alternativo y el arte para tomar conciencia y construir una sociedad antiautoritaria, solidaria e incluyente. Invitamos a todas y todos a sumarse y denunciar estas gravísimas violaciones a los derechos humanos en Guatemala.

Ellos no son delincuentes, son defensores de la vida.

¡Libertad para los que defienden la vida, el agua y los recursos naturales!
¡Libertad para los presos políticos!

#LibertadParaLosPresosPolíticos

Tello VillatoroArturo PabloRigoberto Juárez (2)
Francisco JuanHermitaño LópezDomingo Baltazar

Publicado en Guatemala


En San Juan Sacatepéquez municipio del departamento de Guatemala,  a las 7:30 horas en el lote 226 B fue detenida doña Bárbara Díaz Surin, es maya Kaqchikel, vive en la comunidad Cruz Blanca en San Juan Sacatepéquez. Ella está siendo criminalizada por oponerse a la construcción de la planta cementera “San Gabriel” de la empresa Cementos Progreso en su municipio, por considerar que atenta contra la vida.

En los medios de comunicación corporativos a ella se le está vinculando a los hechos ocurridos en la comunidad Los Pajoques los días 19 y 20 de septiembre, hechos que justificaron desde el gobierno de Guatemala la imposición de un Estado de Prevención en las comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez, es importante desmentir esta acusación, a ella se le acusa por un asesinato en relación a hechos sucedidos meses atrás y no por lo sucedido en Los Pajoques, su detención es evidentemente política por ser ella la  autoridad comunitaria de Cruz Blanca  y  por ser quién asume la representación de la comunidad en espacios públicos.

La detención fue realizada en la aldea Cruz Blanca cuando ella se dirigía a su negocio en la comunidad Pilar I, mientras ella iba a dejarle desayuno a un trabajador en su terreno, iba acompañada de su pequeña hija de 9 años de edad.

La detención la realizaron un aproximado de 40 agentes de la Policía Nacional Civil PNC, ella narró que solamente vio a un mujer policía dentro de un fuerte grupo de policías,  quienes utilizaron la violencia para detenerla, en la piel de sus brazos son evidentes varios moretones provocados por los policías.

Doña Bárbara es autoridad comunitaria, desde hace años ella es presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE y representante de su comunidad una de las doce comunidades en oposición a la construcción de la cementera y de la carretera “Anillo Regional”.

El ambiente dentro de la cárcel es terrible, ella está sola como mujer en una cerceleta rodeada por hombres que la acosan y violentan. Ella está recibiendo agresiones verbales en éste momento, además el equipo de mujeres corresponsales que ingresaron a la carceleta para verificar las condiciones de doña Bárbara fueron acosadas sexualmente por los hombres dentro de la cárcel.

Ella pide que oren por su situación, además expresó estar contenta de que la apoyen, ante la pregunta: ¿Por qué cree que la detuvieron? doña Bárbara respondió “por defender la vida de mis hijos, es fue el motivo que cometí”.

La policía realizó la detención sin darle a conocer el motivo de la detención. Fue hasta que ella fuera ingresada al Juzgado en el municipio de Mixco que le indicaron que había sido detenida por asesinato y pasaron más de 24 horas para que fuera escuchada en primera declaración por un juez, los abogados defensores denunciaron fuertes anomalías en el proceso de detención y garantías constitucionales para su primera declaración.

Cobertura Colaborativa: Quimy De Léon de Prensa Comunitaria y Prensa Opal.

Fotografía Quimy De León