Guatemala Comunitaria

Por: Nelton Rivera. / desInformémonos

El Ministerio Público MP en Guatemala, solicitó recientemente el sobreseimiento de la causa penal en contra de Domingo Francisco Cristóbal Francisco, autoridad maya Q’anjob’al, el MP con esta acción luego de un año de investigación, solicitó ante la juzgadora que la persecución penal se suspenda o clausure, porque sencillamente no tienen casusa reales que justifiquen la acción penal de la justicia en contra de don Domingo Francisco, meses antes lo detuvieron y encarcelaron injustamente.

Domingo Francisco se considera uno de varios presos políticos en el país, la juez Claudette Domínguez quien preside el juzgado de Mayor Riesgo A de la ciudad capital, resolvió otorgarle el sobreseimiento y emitió la orden el día 23 de febrero 2017 al Organismo Judicial y a la Policía Nacional Civil –PNC- para que suspendan toda persecución penal en contra de la autoridad comunitaria.

En esta acusación aún quedan personas comunitarias con orden de aprensión, la jueza explicó que aún deben de presentarse ante la justicia, para solucionar su situación jurídica.

Domingo Francisco permaneció en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, a 500 kilómetros de distancia de su hogar, desde el día 28 de octubre hasta el 11 de noviembre 2016, luego la juez Claudette Domínguez resolvió que debía quedar en libertad provisional sin ningún tipo de medida de coerción y esperar 3 meses para que el MP pudiera ampliar su investigación, finalmente llego la fecha y el MP sin prueba alguna solicitó que este proceso se cerrara.

“Gracias a Dios, tuve hoy la otra audiencia, cuando la jueza señalo 10 días atrás esta nueva fecha, porque los querellantes en mi contra no se presentaron, ni la fiscalía del MP, ni el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni los oficiales del CAJ de Santa Eulalia.

Hoy por fin se presentaron los fiscales del MP, y se dio por terminado este proceso penal, la resolución de la jueza en el caso de mi persona fue favorable, hoy la juez decidió que este caso debe de terminarse.

Los paisanos y los vecinos en el área Q’anjob’al, de los municipios del norte de Huehuetenango, sabemos que allá están los defensores del territorio y de los derechos, así como nosotros, y sabemos que aún hay comunitarios con órdenes de aprensión que no han podido resolver sus casos, pero también ya hay varias autoridades de Barillas y Santa Eulalia que ya logramos resolver estas acusaciones falsas.

Así como nosotros, en Guatemala, como pueblo Maya, que habitamos nuestra Coactemalan (tierra de bosques) en idioma Nahuathl, hemos sufrido ante los tribunales, de la misma forma como nuestros antepasados lo sufrieron igual, que dieron la vida por la lucha de la defensa de los derechos humanos, como la madre tierra, defensa del territorio y la naturaleza, esto no es nada nuevo.

Vemos como ya nos están contaminando el agua, la tierra, las rocas con las minas, simplemente estamos defendiendo que otra gente no se aproveche de los recursos que son de todos, especialmente cuando llegan de otras naciones extranjeras a hacerlo.

Me siento muy contento, tranquilo, dando las gracias a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos, no solo en Guatemala si no tambien en todo el mundo, a mi familia, a los vecinos que vinieron a acompañarme, aquí estamos junto a los hermanos Rigoberto Juárez, y Domingo Baltazar, juntos hemos sufrido la cárcel, hemos sido amenazados, perseguidos y seguimos aquí, con vida, y con libertad.”

¿Por qué lo encarcelaron?

Don Domingo Francisco Cristóbal Francisco, es una autoridad reconocida por su pueblo de Jolom Konob’ (Cabeza de Pueblo en idioma Q’anjob’al), tiene 65 años de edad, el día 26 de octubre del 2016, luego de almorzar fue detenido por agentes del DEIC de la PNC en el municipio de Chiantla, Huehuetenango. Domingo Francisco regresaba de la cabecera departamental luego de participar en una movilización pacífica convocada por Comité de Desarrollo Campesino -CODECA- para exigir la nacionalización de la energía eléctrica.

Domingo Francisco fue sindicado de cometer delitos como: instigación a delinquir, plagio o secuestro, según consta en la Causa Penal No. 10915, de fecha 25-03-2015, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia, del Centro de Administración de Justicia –CAJ-, a él lo responsabilizaron por la movilización de la población ocurrida el 19 de enero 2015 en el CAJ, luego de la detención arbitraria de dos jóvenes en el municipio vecino de San Mateo Ixtatán.

Fue acusado injustamente por el ex alcalde municipal Diego Marcos Pedro, quien afirmó que había sido golpeado y obligado por don Domingo Francisco a asistir a una audiencia realizada en el CAJ en la noche del 19 de enero 2015, el ex alcalde que simpatiza con las empresas hidroeléctricas insistió en victimizarse, en su versión manifestó que más de un centenar de comunitarios lo amenazaron, agredieron y desalojaron de su casa para obligarlo a asistir al CAJ.

Durante el Debate Oral y Público en el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la juez Yassmin Barrios en 2016, comprobó que el testimonio y la acusación del ex alcalde no eran ciertos, que deliberadamente había mentido y que su testimonio, en similitud con otros 20 testigos más, la mayoría trabajadores del CAJ, todos estos testimonios fueron presentados como parte de la estrategia de criminalización de la hidroeléctrica en contra de las autoridades ancestrales y comunitarias que enfrentaron ese debate oral, al final fueron absueltos.

En una columna anterior Sí creo en su inocencia hablo de este juicio histórico.

“¿Señor Rigoberto en dónde está?, creo en su inocencia, siempre me han dicho que soy muy dura para condenar, pero con esa misma dureza lo soy para absolver y creo en su inocencia.” Jueza Yassmin Barrios.

Su abogado defensor, el licenciado Benito Morales Laynes, ha insistido en denunciar la estrategia de criminalización, que desde la instalación de las empresas, utilizando el sistema de justicia para perseguir y encarcelar a las autoridades comunitarias, ancestrales por oponerse a los megaproyectos, son y seguirán siendo juicios políticos.

En el caso de Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar y ahora Domingo Francisco Cristóbal no le queda otro camino al MP más que desistir y pedir que sean cerrados los casos, luego de un año de investigación sin poder comprobar la participación de ellos en algún delito.

Esta historia no se termina aun

Durante los últimos cuatro años, hemos presenciado la ofensiva de las empresas extractivas en el país, muchas han sido las estrategias para imponer de forma violenta la construcción de los megaproyectos y la criminalización ha sido una de las estrategias para castigar a las autoridades comunitarias o ancestrales que se oponen a las empresas.

En esta estrategia, los empresarios cuentan con el respaldo y apoyo del Estado, el Ministerio Publico –MP- perdió total objetividad en las investigaciones y desde el año 2015 persigue a las autoridades ancestrales maya Q’anjob’al en el territorio norte de Huehuetenango por defender el agua de los ríos.

Las empresas echaron mano de la cooptación de persona y de algunos liderazgos en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, con la cooptación llego la división comunitaria, misma que se reflejó en las administraciones municipales durante el gobierno de Otto Pérez Molina 2011- 2015, la de Barillas y Santa Eulalia pro hidroeléctricas.

Pérez Molina un ex general vinculado a la represión durante la guerra ahora se encuentra encarcelado por dirigir varias redes criminales y de corrupción en Guatemala, la vice presidenta de su gobierno Roxana Baldetti Elías y su ministro de Gobernación Masurio López Bonilla podrían ser extraditados a los Estados Unidos por narcotráfico, junto a Erick Archila Dehesa ex ministro de Energía Y Minas impulsaron y promovieron las actividades de las empresas extractivas en todo el país, Erick Archila por ejemplo huyo de la justicia nacional y ahora se encuentra en los Estados Unidos a la espera de ser extraditado a Guatemala.

Luego llegaron las amenazas, la desaparición forzada, la presencia de paramilitares y los asesinatos selectivos, como paso siguiente, comenzaron a aparecer las denuncias ante las fiscalías del MP en el CAJ y los juzgados en Barillas, estas denuncias avanzaron rápidamente y los jueces emitieron docenas de órdenes de aprensión, llegó la militarización, los Estados de Sitio y la prisión política.

Las empresas siguen generando acciones y estrategias para golpear a las comunidades, encarcelar a sus principales autoridades, en un escenario adverso para la movilización comunitaria, mientras los pueblos y comunidades continúan exigiendo el respeto a sus formas propias de toma de decisión, autoridad ancestral y formas propias de resolución de los problemas; en este caso el retiro de las empresas hidroeléctricas de su territorio.

En toda América Latina se están viviendo escenarios similares, con patrones comunes en las estrategias que están implementando en contra de la organización comunitaria, popular o las resistencia en todo el continente, especialmente frente a los grandes megaproyectos como en México, Honduras, Chile, Ecuador, Brasil, y otros.


Por: Quimy De León.

Marco Antonio Molina Theissen era un niño de 14 años, estaba en tercero básico cuando miembros del ejército entraron a su casa, lo detuvieron y lo desaparecieron. Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

Su hermana, Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en el entronque conocido como Cuatro Caminos quienes la llevaron a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue torturada y violada sexualmente. Pese a esto a los ocho días ella logró huir por una ventana.

El 6 de octubre de 1981, un día después de que Emma lograra escapar de sus captores, varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres ubicada en la colonia La Florida en el municipio de Mixco en el departamento de Guatemala. Entraron con lujo de fuerza, dentro estaba Marco Antonio, lo engrilletaron, le taparon la boca con Masking tape y golpearon a su madre. Luego lo metieron a un costal y lo tiraron a la palangana de un picop con placa oficial 17675. A pesar de que su madre corrió tras el carro para rescatar a su hijo nada pudo hacer.

Sus padres desesperadamente buscaron a su hijo en hospitales y destacamentos militares. Hicieron varias gestiones ante las autoridades, ante el ejército, ante la iglesia, ante instancias internacionales de derechos humanos y nunca lograron nada. Hasta la fecha la familia de Marco Antonio no sabe sobre su paradero, pero no han dejado de buscar.

El proceso penal

La mañana del 12 de enero 2016 cuatro militares retirados esperaban ansiosos junto a sus familiares y abogados que diera inicio la audiencia de primera declaración por el caso de desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen. Ellos fueron detenidos el 6 de enero de 2016 por una orden de aprehensión y arraigo emitida por el juzgado cuarto el 4 de enero de este mismo año. Los delitos por los que están presos son desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad. Posteriomente el Juzgado de Mayor Riesgo C ligó a este mismo proceso penal a Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor de la Defensa en 1981, detenido el 6 de enero 2016 junto a otros 17 altos mandos del ejército guatemalteco por el caso conocido como #ZonaMiliatar21Coban o caso CREOMPAZ durante la guerra.

A las once de la mañana después de una hora de espera dio inicio esta audiencia en la sala primera del juzgado quinto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala.

Hugo Ramiro Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor, Manuel Antonio Callejas Callejas General de división, Francisco Luis Gordillo Martínez fue comandante de la zona militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, cuando ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa. También fue de la Junta Militar que asumió después de dar un golpe de Estado y asumiera de facto la presidencia Efraín Ríos Montt y Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenango.

La sala es muy pequeña y en ella también esperaban las familiares de Marco Antonio, su madre Emma Theissen Álvarez viuda de Molina, sus hermanas María Eugenia y Ana Lucrecia Molina Theissen acompañadas por defensoras de derechos humanos.

Benedicto Lucas García fue ligado a este mismo proceso penal

El juez Víctor Herrera Ríos que preside el juzgado de Mayor Riesgo C en la ciudad de Guatemala ligo a proceso penal a cinco altos mandos del ejército por varios delitos de Lesa Humanidad que incluyen: Deberes contra la humanidad y por la detención y Desaparición Forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen el 6 de octubre de 1981 en el municipio de Mixco, Guatemala.

También por los delitos de Violación con agravación de la pena y Deberes contra la Humanidad por la detención arbitraria de Emma Guadalupe Molina Theissen el 27 de septiembre de 1981 retenida clandestinamente en la Brigada Militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas” a quien sometieron a tortura, interrogatorios y violación sexual repetidamente.

La audiencia se realizó en la sala del nivel 12 de la Torre de Tribunales en presencia de los cinco sindicados: Benedicto Lucas García, Hugo Ramiro Zaldaña, Francisco Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares y Manuel Antonio Callejas, los cinco militares quedaron ligaros por los tres delitos,  todos permanecen en prisión preventiva en un cuartel militar desde enero del 2016, el juez ordenó que todos permanecerán en prisión preventiva.

Fotografía de Nelton Rivera.

La acusación

El fiscal del Ministerio Publico hizo responsable a los cuatro militares de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen. Para ello cuentan con varias pruebas que determinan el papel de cada uno de los militares.

Hugo Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor en la Brigada Manuel Lisandro Barillas dirigía el retén militar donde fue capturada Emma en el entronque conocido como cuatro caminos ubicado en San Cristóbal Totonicapán, después fue llevada a la zona militar en donde fue detenida ilegalmente, torturada y violada sexualmente.

Francisco Gordillo Martínez era comandante de la zona Militar a la vez que Ediliberto Letona Linares como segundo comandante son responsables junto a Hugo Zaldaña Rojas por los delitos contra deberes de la humanidad y violación agravada.

Manuel Antonio Callejas y Callejas General de División tuvo la responsabilidad de ordenar nuevamente la captura de Emma Molina Theissen y que desaparecieran a su hermano menor, por lo que a él se le acusa solamente del delito de desaparición forzada y delitos contra deberes de la humanidad.

De los cuatro militares Edilberto Letona accedió a hablar y negó su responsabilidad en los hechos y delitos por los que se le acusa, sí reconoció su cargo como Segundo Comandante en la zona militar y que entonces se encontraba de alta.

 

 


Texto: Quimy De León.

Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en la carretera interamericana, para finalmente ser llevada a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue sometida a interrogatorios, tortura y violación sexual. Pese a esto a los ocho días ella logró huir por una ventana.

El 6 de octubre de 1981, un día después varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres y fue detenido desaparecido su hermano Marco Antonio de 14 años. Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

La mañana del 6 de enero de 2016 fueron detenidos varios militares por una orden de aprehensión y arraigo emitida por el juzgado cuarto el 4 de enero de este mismo año. Entre ellos cinco que están siendo procesados por los delitos de desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad.

Ellos son Benedicto Lucas Jefe del Estado Mayor Presidencial durante el período del 2 de julio de 1978 al 18 de marzo de 1982 teniendo bajo su responsabilidad y mando al ejército de Guatemala, Ramiro Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor, Manuel Antonio Callejas General de división, Francisco Luis Gordillo Martínez fue comandante de la zona militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, cuando ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa. También fue de la junta Militar que asumió después de dar un golpe de Estado y asumiera de facto la presidencia Efraín Ríos Montt y Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenango.

El juez Víctor Hugo Herrera Ríos quien preside el juzgado de Mayor Riesgo C ligó a proceso penal a los cinco altos mandos del ejército por la detención arbitraria de Emma Guadalupe y la desaparición forzada de Marco Antonio.

Entrevista

¿Quién es hoy Emma Molina Theissen?

En este 2016, cuando se abrió finalmente la esperanza de justicia para mi familia, soy una mujer de 56 años, madre de una hija inteligente y trabajadora, y abuela de un pequeñito de dos años y medio que es la más reciente alegría de mi vida. Soy la hija orgullosa de una mujer cuyo amor es la fuerza vital de la familia, especialmente en la búsqueda de justicia para mi hermanito Marco Antonio y para toda la familia. Y soy también la hermana de dos valientes, honradas y dignas mujeres. El ejemplo y el amor que siento por cada uno de ellos, me acompaña todos los días y me hace sentirme parte de una estirpe especial.

Soy también una profesional de la ingeniería de sistemas de información. Me considero exitosa en mi carrera y he logrado cosechar respeto y reconocimiento en mi campo. Estoy muy orgullosa de haber estudiado en la universidad y de tener una maestría que pude estudiar hasta hace pocos años. La universidad significó mucho sacrificio, especialmente del tiempo que le podía dedicar a mi hija, que era muy pequeña cuando yo pude estudiar. Tenía 27 años cuando inicié la carrera, que hice teniendo que trabajar. Como madre sola, pude terminarla porque conté con el apoyo de mis padres y mis hermanas para cuidarme a mi hija mientras yo iba a clases o tenía exigentes tareas y exámenes que cumplir.

Hoy trabajo entre cincuenta y cincuenta y cinco horas por semana (por muchos años trabajaba mucho más). Soy la directora de tecnología de información de una empresa aseguradora del magisterio costarricense. A estas alturas proyecto jubilarme en cuatro años, para lo cual estoy ahorrando todo lo que puedo. Quiero descansar y dedicarme a acompañar a mi nieto en sus años de escuela. Voy a entregarle a él el tiempo que no pude darle a mi hija.

Soy amante de la lectura. Me encantan las novelas, especialmente las históricas, y disfruto de hacer ejercicios. Especialmente de caminar los domingos con mi madre, con quien caminamos una hora, bien tempranito. Me gusta el cine y las series cómicas de televisión por las que me despierto los sábados a las 6 de la mañana, para pescar los episodios que no logro ver entre semana.

Me encanta tomar café con pan y adoro las champurradas.

No quiero morirme sin conocer Europa y anhelo hacer mucho por la educación en derechos humanos de niños y jóvenes guatemaltecos.

El camino por la justicia es un camino tortuoso y complejo especialmente en lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército y donde estarían implicados altos mandos.

¿En qué momento y cómo fue que tomó la decisión de buscar justicia, usted y su familia?

Siempre perseguimos la justicia. Desde el momento en que el Ejército secuestró a mi hermano Marco Antonio, en 1981. En 1997, luego de la firma de los acuerdos de paz, buscamos la justicia presentando la denuncia en un juzgado penal. También se acudió a la justicia cuando, no hallándola en Guatemala, la familia recurrió al sistema interamericano de derechos humanos. Este último dio trámite a la acusación del Estado, por el secuestro y desaparición de mi hermano Marco Antonio, que culminó en una sentencia mediante la cual se condenó al Estado guatemalteco, en 2004.

¿Cómo ha sido ese camino hacia la justicia?

El mismo seguido para Marco Antonio. Aunque ante el Sistema Interamericano no figuré como víctima –solo él y por decisión mía– con base en los hechos y pruebas periciales, la Corte Interamericana dictaminó que yo también lo fui, al igual que toda la familia. En Guatemala ha sido el mismo camino. Lo sucedido a mi persona y mi escapatoria forman parte de una cadena de hechos en la que detención ilegal de mi hermano es un eslabón más. Es un continuo de sucesos inseparables.

¿En qué momento usted rompió el silencio y decidió contar lo que ocurrió durante su cautiverio?

Las personas, compañeros del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) en su mayoría, que me auxiliaron, me protegieron y me ayudaron a salir de Guatemala, supieron desde el primer momento todo lo ocurrido durante mi detención.

¿Cuál ha sido el recorrido de su palabra, su testimonio?

Entre octubre de 1981 y abril de 1982 conté lo sucedido a personas que me rodeaban.

Estando en México a donde llegué en enero de 1982 en calidad de exiliada, me sentía muy cerca de la comunidad de guatemaltecos, la mayoría con historias trágicas, pérdidas familiares o experiencias terribles de persecución. Todos vivíamos al filo en todo sentido, material y emocionalmente. Contarnos lo que vivimos y cómo nos sentíamos nos proporcionaba (al menos a mí) un sentimiento de seguridad y contención afectiva en la soledad y la tristeza que todos cargábamos. Mis palabras quedaron grabadas en cassettes cuyo rumbo perdí.

En mayo de 1982, fui informada del secuestro y desaparición de Marco Antonio. No estaba enterada porque mi familia y los compañeros del Partido (del PGT) que me rodeaban, noblemente lo ocultaron para no debilitar aún más, mi frágil estabilidad emocional, socavada por el terror. Decidieron contarme lo sucedido porque sería publicada una lista de personas desaparecidas, en la que figuraría Marco Antonio. Quisieron que no me enterara leyendo la lista.

Después en 1983, junto con otras personas familiares de desaparecidos, conformamos el Comité Guatemalteco de Familiares de Detenidos Desaparecidos y nos sumamos a la denuncia de lo que ocurría en Guatemala.

Eran los años del golpe de Estado de Efraín Ríos Montt y la más violenta represión en Guatemala. No teníamos dinero y nuestra voz era la de una hormiga en un país de 75 millones de habitantes, con exiliados de todo el mundo que daban a conocer su realidad, buscando solidaridad para su propio país. En medio de aquellas actividades asistimos a foros públicos de denuncias y yo contaba la historia de mi detención y el secuestro de mi hermano. Hacíamos afiches y los pegábamos en las calles del centro histórico de la ciudad.

Ese mismo año de 1983, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) que funcionaba en el exilio, en la ciudad de México, recibió al recién nombrado relator especial de Derechos Humanos de la ONU para Guatemala, el ahora Vizconde Colville de Culross, un inglés de mirada gélida que no hablaba una pizca de Español. Me recibió 10 minutos con su traductor. Narré mi historia, tomó nota y salí. De él y su impertérrito rostro no recibí una sola palabra ni el menor gesto de empatía. Pero tengo la convicción de que en algún momento se llegó a escuchar mi voz, mi testimonio, porque era la repetición abrumadora de las palabras de muchos que apenas logramos escapar de la muerte. México tenía en la zona fronteriza con Guatemala, asentamientos de poblaciones rurales de Guatemala de cientos de personas que huyeron de las masacres y vivieron más de diez años en campamentos de refugiados de los que lograron retornar finalmente después de la firma de los acuerdos de paz. Ellos constituyeron una denuncia permanente del estado de terror que se vivía en las zonas rurales de Guatemala.

Mi exilio continuó en Costa Rica adonde llegué en 1985. En el año 86 me integré a una asociación de familiares de desaparecidos en Centroamérica. Habíamos familiares de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta asociación llevó ante el sistema interamericano el primer juicio contra desaparición forzada que culminó en julio de 1988 con la condena al Estado hondureño por la desaparición de dos personas. La sentencia constituyó un precedente fundamental para la lucha por los derechos humanos en la región.

Durante los 35 años desde mi fuga y el secuestro y desaparición de Marco Antonio, he narrado mi experiencia ante jueces, abogados, fiscales, representantes del Gobierno, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, miembros del cuerpo diplomático y periodistas. Asimismo he prestado testimonio judicial en todo momento en que ha sido requerido por los procesos legales nacionales e internacionales.

¿Por qué ha sido para usted importante denunciar, a pesar de lo difícil de los hechos ocurridos y de las implicaciones que pueda tener hacerlo?

Porque no nos resignamos ante la desaparición de Marco Antonio. Porque todo lo que sucedió no puede quedar impune. Por el inmenso dolor causado a mis padres quienes lo buscaron incansablemente y solo recibieron la indiferencia de las autoridades y la persecución de la inteligencia militar. Porque todavía tenemos la vida, el vigor y la voz para gritar que lo que nos hicieron no está olvidado y que no nos silenciaron pese a la brutalidad de sus acciones.

¿Cómo vivió usted el hecho de que en primera instancia no hayan ligado a proceso a los militares por el delito de violación agravada?

En enero, la jueza Secaida decidió no ligar a proceso por el el delito de violación agravada a los exmilitares detenidos. No desestimó completamente el cargo, pero pidió más pruebas y aclaró que ello no significaba que no pudieran presentarse en el futuro.

En los meses posteriores, el Ministerio Público se dedicó a fortalecer la imputación y a obtener peritajes como el que se hizo basado en el Protocolo de Estambul (Nota de Prensa Comunitaria: ver referencia en el enlace Protocolo de Estambul).

¿Cómo se sintió al respecto?

Este fue un obstáculo más en el largo y escabroso camino de llegar a conocer la verdad de lo sucedido y alcanzar la justicia. Se buscó cómo solucionarlo y finalmente el juez Herrera Ríos, en la audiencia del 25 de octubre, decidió que hay suficientes indicios para incluir la acusación de violación sexual con agravación de la pena, cargo por el que quedaron imputados los cinco exmilitares.

Hablar de violación sexual durante la guerra no es fácil para quienes son sobrevivientes. Sin embargo, usted no es solo una sobreviviente sino que además está llevando con mucha valentía un proceso penal por estos delitos perpetrados en su contra y por la desaparición forzada de su hermano menor Marco Antonio.

En el juicio, tanto el Ministerio Público como su abogado han planteado (y el juez así lo ratificó) que usted fue considerada “enemiga interna” y por esta razón fue detenida y llevada a una cárcel clandestina ubicada en la zona militar de Quetzaltenango. Y además fue sometida a interrogatorios, abusos físicos, psicológicos y sexuales para obtener información estratégica y para lograr que usted fuera colaboradora del Ejército.

 ¿Usted estaba desarrollando en el momento de su detención alguna tarea, o acción específica?

Mi detención ocurrió cuando yo viajaba en una camioneta desde la capital hacia Quetzaltenango. Eran cerca de las ocho de la mañana y el bus fue detenido por un puesto de vigilancia (retén) a la altura de Santa Lucía Utatlán. Yo portaba documentos de estudio político y panfletos del Partido Guatemalteco del Trabajo. Los soldados hallaron los documentos y me detuvieron. No andaba armada. Nunca anduve armada ni sabía utilizar un arma.

¿Por qué el hecho de haber sido miembro de la Juventud Patriótica del Trabajo la convertía en enemiga del Estado? ¿Cómo analiza usted esto, con relación al trato que recibió?

Desde la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional y la estrategia de guerra de baja intensidad, prácticamente cualquier persona que fuera sospechosa de disidencia ideológica y actividad política, era considerada enemiga del Estado y por lo tanto perseguida por eso. Al momento de mi detención, yo tenía 21 años y recién había sido dirigente estudiantil en secundaria, que culminé en el año 78. Participé en movimientos populares contra el alza del pasaje urbano, el sepelio de Robin García con la marcha de los claveles rojos, así como huelgas y manifestaciones pacíficas de protesta. Tuve un papel protagónico en Belén, donde estudié, así como en la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media que reunía a todas las asociaciones estudiantiles de secundaria. Desde la visión de los militares que tenían el poder en los años 80, mi actividad ciudadana o la militancia en una organización de izquierda apuntaban a que yo fuera considerada enemiga del Estado

Pero… ¿Cuál es la visión desde una óptica de institucionalidad de justicia y legalidad? Que el Estado guatemalteco (del cual es parte el Ejército) violó inclusive su propia legalidad. Las leyes guatemaltecas han reconocido derechos civiles y políticos, de libre asociación, libertad de expresión del pensamiento y consagraron en la Constitución de la República, además del derecho a la vida. En esa lógica, el Estado violó mis derechos políticos desde el momento de considerarme enemiga del Estado, justamente por ejercer estos derechos.

Si bien es cierto las organizaciones de izquierda, como el partido comunista (el PGT) eran ilegales, el Estado continuó violando mis derechos al detenerme ilegalmente, al no ser presentada ante un juez competente, al no ser legalmente acusada de actos al margen de la ley y al negar mi derecho a la defensa. Estuve además detenida en un cuartel del Ejército, en una cárcel clandestina porque los recintos militares no forman parte del sistema carcelario.

Y eso no bastó. Durante los nueve días de mi detención ilegal, fui sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo con la práctica oficial de esos años, con toda seguridad mi detención hubiera culminado con mi asesinato.

¿Por qué cree usted que se daba este trato a opositores? ¿Por qué tanta saña?

La detención ilegal, la tortura y el asesinato de opositores políticos o dirigentes sociales, era parte de un plan que buscaba sofocar el descontento de sectores del país, por medio del terror. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales calculan que el Estado asesinó a cerca de 250 mil personas, de manera individual o colectiva y que desapareció a otras 45 mil personas en Guatemala. Entre las personas desaparecidas se contabilizan 5 mil niños. Entre ellos, mi hermano, que tenía 14 años al momento de su secuestro.

La saña que me fue aplicada es la misma que sufría cualquier persona capturada ilegalmente. Yo no fui la excepción. Las torturas de las que fui víctima fueron las mismas que recibió toda persona que cayó en manos de la inteligencia del Ejército o sus efectivos y aparatos oficiales o clandestinos, llámese soldados, policía militar ambulante, G2 o escuadrón de la muerte. Era cuestión de tiempo para que me asesinaran con tortura. Digamos que yo tuve la “suerte” de que las torturas que me aplicaron no me mataron de inmediato, como ocurrió con personas cuyos cadáveres era arrojados a la orilla de caminos, o a ríos como el Motagua, tras pocas horas de la captura ilegal.

¿Pero el hecho de ser mujer y estar en manos del Ejército supone alguna diferencia en el trato durante interrogatorios tratándose de una detención ilegal ¿cómo podemos comprender esto?

 Considero que la violencia sexual de la que fui objeto era un tratamiento rutinario hacia las mujeres capturadas ilegalmente. Los ataques sexuales son una forma de tortura especialmente aplicada a sabiendas de que el enorme daño no solo es físico, sino moral y emocional. La violación no es sexo, es violencia pura, cruel y destructiva.

Es sometimiento al soldado y poderoso, protegido por la clandestinidad de la detención y por su posición impune ante la ley. El soldado o efectivo militar que viola a una mujer secuestrada pone en práctica su adiestramiento caracterizado por la carencia absoluta no solo de conocimiento de los derechos humanos más elementales, sino de la sensibilidad más básica hacia las personas. La violación es un arma de guerra. La practican los ejércitos en todo el mundo porque es sumamente efectiva para paralizar la fuerza formadora de la vida y la conciencia a partir de la mujer, dentro de la familia. Aprendí en carne propia que estar en manos de los militares significa ser objeto de las más asquerosas, denigrantes y dolorosas formas de violencia sexual.

¿En el proceso penal desde la defensa de los acusados se ha tratado de deslegitimar su testimonio usando adjetivos como “loca” o “traidora”? ¿Cómo se siente al respecto?

El Ejército no ha dado muestras de honor y no reconocerá lo que hicieron. Han cerrado filas para ocultar la información y protegerse. Puede ser que algunos, en su fuero interno sepan que lo actuado estuvo mal, que viola leyes, que está muy lejos de los principios morales aprendidos o de sus enseñanzas religiosas. Aun así, el Ejército ha decidido guardar silencio y aunque institucionalmente no defiende a los acusados, tampoco entrega información ni hay integrantes prestando testimonio para esclarecer la verdad. No hay voluntad institucional para limpiar su nombre ni hacer frente a las consecuencias de sus actuaciones que, aunque son pasadas, fueron oficiales y sistemáticas. Imagino el conflicto ético que podrían estar atravesando oficiales del Ejército de las nuevas generaciones, que no estuvieron directamente involucrados en los actos represivos.

Me pregunto qué pueden pensar las esposas o madres, en general los familiares de los militares activos… ¿qué podrán pensar cuando ven a mi madre con su dolor por su niño? Me pregunto si logran hallar en su corazón argumentos convincentes que justifiquen el secuestro, el asesinato y la desaparición de Marco Antonio… o ¿cómo se puede explicar que la violencia sexual contra personas detenidas era parte de su “trabajo”?

Entonces, en ese marco, las acusaciones de locura obedecen a esa lógica. Intentan descalificarme como persona y como sujeta de derechos. Quieren al menos sembrar así la duda sobre mi testimonio, en el intento de “razonamiento” de que una persona loca no dice la verdad (cosa que tampoco es necesariamente cierta).

Finalmente pienso que tendría que preocuparme si quien dice que estoy loca es un profesional, un experto en la materia y que me conoce, terapéuticamente hablando y me hubiera diagnosticado. Viniendo de ellos lo tomo como un esfuerzo por ofenderme, lo cual no causa ninguna mella en mi espíritu.

Sobre las otras acusaciones de que soy traidora, que ya trabajaba para ellos o de que delaté compañeros y que por eso la guerrilla (no ellos) secuestraron a mi hermanito: respondo que no soy traidora, no delaté a nadie, no trabajé jamás para el Ejército y proclamo a los cuatro vientos y con toda la fuerza vital que fue el Ejército el que secuestró y desapareció a Marco Antonio.

¿Por qué es importante que el Estado sea tercero demandado?

Primero, porque el Estado guatemalteco en su conjunto es responsable de la actuación de sus fuerzas armadas. También es responsable de la impunidad de los actos criminales cometidos por el Ejército en los años 80.

Se quiere hacer una separación del Gobierno y el Ejército, pero todos forman el conjunto llamado Estado. El Ejército también está compuesto por funcionarios públicos, pagados con los impuestos de los guatemaltecos y por lo tanto, al servicio de la sociedad en su totalidad. En tanto es así, los ministerios a cargo de su conducción como el ministerio de la defensa, tienen plena responsabilidad en la comisión de delitos por parte de las fuerzas armadas. También es responsable un poder judicial que negó las posibilidades de aplicación de la ley y no impartió justicia durante tres décadas y media.

Lo mínimo por lo que tendría que responder el Estado, es por su incapacidad y negligencia para proteger la vida, la seguridad y la integridad física y emocional mías y de mi hermano.

Segundo, porque el Estado no ha cumplido en su totalidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En este caso, con las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad.

Estas medidas incluyen en

  • El establecimiento y revelación pública de la verdad, lo cual implica la localizar los restos mortales de Marco Antonio y su devolución a nuestra familia para darle la digna sepultura que merece todo ser humano. Asimismo que la familia pueda conocer qué le sucedió a Marco Antonio.

Asociado con este punto, la CIDH ordenó la creación de un banco de datos genéticos que faciliten la localización de las personas desaparecidas. El proyecto de ley que pretende materializar esta medida lleva años engavetado en el Congreso de la República (es la Ley 3590)

  • La justicia sobre este delito: esta se encuentra en proceso y persigue identificar, enjuiciar y sancionar a quienes resulten culpables: sean autores materiales o intelectuales.
  • Finalmente, el Estado debe asegurarse de que a quienes sean hallados culpables por los crímenes cometidos, se les obligue a reponer a favor del Estado, el monto de la indemnización que nos fue entregada a la familia por mandato de la CIDH, así como a devolverle al mismo Estado y a la familia, los costos de este proceso judicial.

¿Para usted qué significa en este momento justicia y resarcimiento?

Justicia es la posibilidad de que haya leyes y de que sean aplicadas para juzgar y castigar a quienes violan los derechos de las personas, sin distinción de ninguna clase.

Mi concepto de resarcimiento es la búsqueda de reparación del daño causado a las víctimas. Hay varias formas de resarcimiento:

En primerísimo lugar:

  • El establecimiento de la verdad. Conocer qué pasó con la víctima.
  • La aplicación de la ley. Es decir, juicio y castigo conforme al derecho, a los responsables de los crímenes cometidos.

En segundo lugar, que la sociedad conozca los hechos criminales y el daño causado. Es importante y valioso si además el reconocimiento se acompaña del compromiso estatal de no repetición. Cuando este reconocimiento parte de una voluntad general y honesta, se materializan toda clase de mecanismos institucionales y leyes en contra de una nueva comisión de los delitos, así como de acciones para resguardar la memoria histórica mediante los cuales se reconoce lo actuado y se preserva y honra la vida de las víctimas.

En tercer lugar, la reparación del daño material que trajo consigo el hecho criminal. Generalmente esto consiste en una compensación económica, contemplada en el derecho internacional. En nuestro caso, la familia recibió en conjunto US$698 mil (unos Q5 millones 235 mil). La suma es insignificante o simbólica si con ella se tratara de “pagar” por la vida de Marco Antonio o si de esta manera se quisiera compensar por los efectos físicos y psicológicos o el profundo, continuo y permanente dolor provocado a la familia, especialmente a mis padres.

Con esta suma, que fijó la CIDH, se compensó la pérdida de proyectos de vida individual y familiar, truncados cuando mis padres se vieron obligados a dejar de trabajar por buscar a Marco Antonio y luego, cuando mis padres y mis hermanas tuvieron que huir de la represión en Guatemala hacia un exilio que dejó atrás empleos, estudios y bienes familiares, fruto del trabajo de mis padres y hermanas.

En mi caso, cuando salí de Guatemala, mi equipaje era lo que llevaba puesto. Me sentí despojada de patria, familia y amigos. Mis estudios no valían nada en México ni en Costa Rica. En Guatemala me gradué como maestra, pero en otro país mi título no era suficiente para ejercer el magisterio. En México el primer obstáculo para sobrevivir era no contar ni siquiera con cédula guatemalteca, no digamos con un pasaporte. No pude acceder a empleo ni a estudios en mi condición de migrante irregular

Mis hermanas pasaron por situaciones muy similares. Ese es el tipo de daño que intenta reparar la compensación económica.

Es importante que cuente a los lectores que en el año 2004 en el marco del juicio ante la CIDH y de la condena al Estado guatemalteco por la desaparición de Marco Antonio, por medio de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), mi familia convino con el Gobierno que no se volvería a solicitar indemnizaciones adicionales en concepto de reparación del daño material. Este acuerdo no incluye una solicitud de pago de costos y gastos legales.

¿Qué espera usted de este proceso penal?

Espero que el proceso deje claridad sobre lo que sucedió. El esclarecimiento de los hechos significa que la sociedad guatemalteca reconozca que yo fui detenida ilegalmente, que sufrí violencia sexual y que fui sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Significa que reconozca que en venganza por mi fuga, mi hermanito Marco Antonio fue secuestrado, desaparecido y asesinado y que a la G2 no le importó que tuviera solo catorce años ni el dolor que causaba especialmente en mis padres. Significa que la historia se escribirá de otro modo y se podrá comprobar que las acciones contrainsurgentes del Ejército incluyeron actos criminales, aun dentro de sus represivas leyes, no digamos a la luz de los derechos humanos, que es uno de los principales logros de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial.

De hallarlos culpables, espero que los ahora sindicados, sean castigados por los delitos cometidos con todo el peso de la ley. Esto significaría que la sociedad guatemalteca decida terminar con 35 años de impunidad.

Espero que Guatemala establezca este proceso como un punto de partida, como un precedente, para que nunca jamás haya desaparecidos por razones políticas y para que se investigue el paradero de los niños y adultos desaparecidos cuyo punto de partida es la aprobación de la ley 3590.

Espero que este proceso avive la esperanza de que Guatemala fortalezca la ley y la institucionalidad de la Justicia como forma civilizada de dirimir los conflictos y que se vaya desterrando la violencia como forma imperante de relación social.

Y finalmente, espero que se materialice el gesto de justicia más importante para mi familia: la entrega de los restos de Marco Antonio para su digna sepultura. Merecemos cerrar el duelo inconcluso que nos roba la paz desde hace tres décadas y media.

Quizá algo sobre el esclarecimiento de la historia y la verdad.


Por Nelton Rivera, Quimy De Leon y Gaspar Nicolás.

 

La persecución penal en contra de las autoridades comunitarias y ancestrales no cesa en Guatemala, nuevamente fue detenido otra autoridad por una orden de aprensión que continuaba vigente. Domingo Francisco Cristóbal Francisco es una autoridad maya Q’anjob’al y líder comunitario, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- a eso de las 12: 25 del día miércoles 26 de octubre 2016 recién concluida la manifestación convocada por Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- en Huehuetenango de donde venía, ya que él forma parte de esta organización en el área norte.

 

Es padre de diez hijos e hijas y tiene 64 años, es agricultor, tiene un amplio trabajo comunitario, fue miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo – COCODE – en su comunidad y actualmente tiene el cargo de Asesor del Comité Protector del Medio Ambiente, es miembro del Gobierno Ancestral Local Jolom Konob’. Además es presidente de la organización Pro justicia en el municipio de Santa Eulalia.

 

A don Domingo se le acuso injustamente de varios delitos graves como “Plagio o Secuestro”, e instigación a delinquir, la acusación la realizaron trabajadores del Centro de Atención de Justicia CAJ de Santa Eulalia, los jueces, fiscales del MP, trabajadores del OJ, del Bufete Popular y administrativos, lo más relevante de este caso es que el Tribunal de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios resolvió que esta acusación no tenía sustento jurídico y que se apartó el Ministerio Publico de toda objetividad en la investigación, una de las resoluciones de la jueza fue confirmar que estas acusaciones solamente sirven para criminalizar a las autoridades comunitarias y que los supuestos agraviados solo mintieron en el tribunal. “Sí creo en su inocencia” 

Por esta misma causa penal ya fueron juzgados y absueltos siete autoridades comunitarias este año, pero la orden de aprensión contra otras personas siguió abierta a pesar de varios recursos presentados por el equipo de abogados que conocen esta proceso penal, a criterio del abogado Benito Morales Laynes estas ordenes de aprensión son completamente ilegales, el juez de turno y un fiscal del Ministerio Público en la capital violentó el debido proceso en el mes de abril del 2015 al emitirlas, el juez Victor Herrea Ríos no podia conocer este caso porque un juzgado en Huehuetenango ya lo estaba haciendo.

 

La detención

 

Domingo después de la manifestación se encontraba en uno de los comedores el mercado municipal donde pasaron a almorzar.  Según testigos llegaron a llamarle y le apartaron de las mujeres del grupo que le acompañaba. Quienes no lograron ver si le mostraron algún documento u orden de detención, solo le hablaron y lo subieron al vehículo particular. Él había pasado a almorzar en un comedor del municipio de Chiantla y al salir lo estaban esperando los agentes de la DEIC.

 

 

Al parecer ya existía una orden de detención en su contra en donde se le acusa de instigación a delinquir, plagio o secuestro según Causa No. 10915, fechado 25-03-2015, emanado del Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia departamento de Huehuetenango, firmada por el abogado Otto Felipe Vásquez Vásquez Juez de primera Instancia del Municipio de Santa Eulalia.

 

Por la noche fue escuchado por un juez y luego trasladado a Huehuetenango, se sabe que durante la madrugada iba a ser trasladado a la ciudad capital, a primera hora del jueves 27 de octubre fue trasladado a la Torre de Tribunales en la ciudad capital, lo subieron al nivel 14, en la secretaria del Juzgado de Mayor Riesgo A presidido por la juez Claudette Domínguez, el juzgado no lo escucho en su 1ª. Declaración y la programaron dentro de una semana, don Domingo a medio día fue trasladado al Centro Preventivo para hombres de la zona 18, ahí permanecerá mientras la jueza lo llama a audiencia.

 

¿Quién es don Domingo Fracisco?

 

Es originario del Caserío Yula’ Is, Yal Temux (Temux Chiquito), es una autoridad ancestral junto a Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo expreso político por la misma cusa, la defensa del agua.

 

Es un defensor de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, inició con sus labores humanistas desde los 18 años de edad en el año de 1970 fue uno de los promotores de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, junto a varios líderes y autoridades comunitarias más.

 

Don Domingo fue uno de los copromotores de la creación del Centro de Administración de Justicia CAJ en el territorio Q’anjob’al, específicamente en Jolom Konob’ (Santa Eulalia), paradójicamente ahora fue encarcelado por una denuncia de los trabajadores de este centro.

 

Fue copromotor de las organizaciones “Asociación Pro-justicia” y el “Consejo Asesor Indígena” a las cuales pertenece actualmente. Al mismo tiempo es copromotor y participante activo en la reconstitución de las Autoridades Ancestrales de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ a través del Payxail Yajaw Konob’/Gobierno Ancestral Plurinacional.

 

Formo parte del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en el norte de Huehuetenango, fundador del movimiento social por la defensa del territorio que ahora es la representación de las Autoridades Ancestrales de Jolom Konob’ “Payxa Yajawil Jolom Konob’”

 

Copromotor de la Consulta Comunitaria de Buena Fe por el desarrollo de mega-proyectos en el territorio, llevada a cabo el 29 de agosto del año 2006, junto al héroe y mártir Q’anjob’al Daniel Pedro Mateo, conocido con cariño como Daniel Maya.

 

Durante el conflicto armado interno de Guatemala, fue objeto de discriminación y encarcelamiento por sus labores en la defensa de los derechos humanos y del territorio.

 

En el año 1982 rescató el registro civil y los documentos de administración municipal de un incendio, y en varias ocasiones en que el ejército de Guatemala intentó llevárselos, actos que le han dado reconocimiento en el pueblo por su heroísmo y determinación.

Fue el primer concejal municipal en 1982.  Su formación política y social ha sido a través de su trayectoria en las luchas sociales, participación en talleres de formación, sin embargo, a pesar de su grado académico, se ha dedicado a la lectura de numerosos libros, y es pastor evangélico.

 

Fue uno de los fundadores de la Asociación Microrregional “ACODEY” de donde surgió una academia de mecanografía y computación que brinda sus servicios en su comunidad.

 

En resumen estos son cuarenta y seis años de trabajo comunitario, liderazgo y representación de la nación Q’anjob’al que le permitieron ganarse el respeto, confianza y admiración de muchas generaciones.

 


La desaparición forzada en Guatemala durante los años más duros de la guerra es hoy un grave problema. Más de 45 mil personas se estiman están desaparecidas entre ellos niñas y niños, Marco Antonio Molina Theissen de 14 años es uno de ellos.



Marco Antonio, el niño que aún escribe en al aire – VIDEO -

Esta es la historia del niño Marco Antonio Molina Theissen contada por su hermana Ana Lucrecia, quien recuerda la alegría, las ocurrencias y los juegos de su hermano menor.
En octubre de 1981, cuando él era un niño de 14 años, miembros del ejército de Guatemala llegaron a la casa de la familia, lo secuestraron pese a los ruegos de su madre y lo desaparecieron.
Su hermana Emma, había sido detenida ilegalmente en un retén del ejército en la carretera hacia el Occidente del país. Ella logró escapar tras nueve días de cautiverio en la zona militar de Quetzaltenango, donde fue torturada y violentada sexualmente. Unas horas después, tres agentes de inteligencia militar irrumpieron en la casa familiar. Al no hallar a Emma, tomaron a Marco Antonio como rehén, en un cruel acto de venganza.
En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco por este hecho que consideró un castigo contra la familia por su lucha a favor de las libertades democráticas y los derechos humanos en Guatemala.
El 6 de enero del 2016, la lucha familiar y social por verdad y justicia para Marco Antonio fructificó en la acusación legal y captura de cinco militares, dos de ellos estrategas de la guerra sucia en Guatemala en los años 80.  Uno, además, vinculado hoy con el crimen organizado. Actualmente, guardan prisión en espera de juicio, acusados de crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos.
35 años después ¿Dónde está Marco Antonio?
#JusticiaParaMarcoAntonio

 


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Por: Nelton Rivera.

En el Tribunal de Mayor Riesgo A en la ciudad de Guatemala, la etapa del proceso en contra de 10 altos mandos del ejército concluyo, la fase de Audiencia de Acto Conclusivo luego de varias audiencias concluyo el día viernes 26 de mayo 2016. Ahora la juez Claudette Domínguez deberá analizar si existen los suficientes indicios legales para ordenar que 10 algos mandos del ejército guatemalteco vayan a un juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad: desaparición forzada y deberes contra la humanidad cometidos en la zona militar 21 en la ciudad de Cobán Alta Verapaz durante la década de los años 80.

La asociación de víctimas del conflicto armado interno de Cobán, la asociación de afectados de Chicoyoguito de Cobán, el Grupo de Apoyo Mutuo GAM y La Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala, esperan la próxima audiencia el día martes 7 de junio 2016 para que la juzgadora emita su sentencia y que los 10 oficiales vayan a juicio.

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El Memorial de los Pueblos

“No somos criminales somos defensores de los ríos y las montañas”

Su excelencia Jimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala

CC.

Dr. Arnulfo Rafael Rojas Cetina, Presidente del Organismo Judicial

Licda. Thelma Aldana, Fiscal General del Ministerio Publico.

Lic. Jorge De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala.

Sr. Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos

Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Sra. Rose-Marie Belle Antoine, Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

 

Las personas que firmamos somos representantes de organizaciones sociales, instituciones, autoridades, personalidades y pueblos en general.

Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante las sistemáticas violaciones a nuestros derechos fundamentales, como consecuencia de la implementación del modelo extractivista en nuestros territorios, la imposición de proyectos mineros, hidroeléctricas, petróleo, monocultivos, entre otros; todo sin el consentimiento y sin consulta previa a nuestros pueblos. Este momento histórico se debe considerar como el nuevo despojo en nombre del falso desarrollo.

En Guatemala, desde el año 2005 haciendo uso de nuestros mecanismos de participación y toma de decisiones, venimos expresando nuestras demandas de manera pacífica y democrática a través consultas de buena fe.[1] Este derechos es plenamente reconocido en convenios internacionales como el 169 de la OIT, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: sin embargo; el Estado de Guatemala en lugar de asumir con responsabilidad la implementación de los instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas , ha optado por la judicialización de las luchas legitimas de los pueblos como estrategia para intimidar, dividir y enfrentar a nuestras comunidades.

Nos indigna profundamente la desestabilización social de la empresa Hidro Santa Cruz, Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A., y empresa Cinco M S.A. Que en complicidad con los gobiernos de turno han generado en nuestros territorios, desde el 2010 hasta la fecha, especialmente en la zona norte de Huehuetenango. Esta Crisis ha provocado muertes, detenciones ilegales, represión y militarización. Se han asesinado a nuestros hermanos mayas Q’anjob’ales Daniel Pedro Mateo y Andrés Pedro Miguel. Así como la detención arbitraria de nuestros compañeros Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, líderes comunitarios de Barillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán de Huehuetenango.

Nos preocupa también la sistemática violación al debido proceso por parte del Sistema de Justicia en Guatemala en relación a los presos políticos. El Ministerio Publico, específicamente la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos , utiliza un documento elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz , denominado “Estructural Criminal, Conflicto Social Huehuetenango” para criminalizar. En dicho documento se señala a los líderes comunitarios Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, como parte de la red criminal en la zona norte de Huehuetenango. Preocupa de igual manera la utilización del delito de Plagio o Secuestro en contra de defensores de derechos humanos, con lo cual han logrado el objetivo de mantener por tiempo indefinido a los líderes comunitarios en prisión preventiva, impidiendo su trabajo a favor de los derechos de las comunidades; a esto se suma la estrategia de suspensión permanente de audiencias que ha prolongado por más de un año la prisión de los líderes, aun cuando se está en las primeras fases de los procesos. No quisiéramos pensar que en Guatemala se está utilizando la denominada doctrina del Derecho Penal del Enemigo en contra de los pueblos indígenas que luchan por la defensa de sus derechos fundamentales.

Ante esta situación, los pueblos que hemos participado en más de 80 Consultas Comunitarias de buena fe desde 2005 hasta la fecha, organizaciones sociales, instituciones propias de nuestros pueblos, personalidades y la solidaridad internacional demandamos:

 

Libertad pronta para los presos políticos Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, Domingo Baltazar, Rigoberto Juárez y Mynor López; asegurando la justicia y el debido proceso, establecido por leyes nacionales y estándares internacionales.

Protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas comunitarias de acciones violentas, hostigamientos, intimidaciones y amenazas por parte del Estado de Guatemala y empresas extractivistas.

Respetar las decisiones de los pueblos emitidos en 80 consultas de buena fe; así como a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, como la libre determinación de los pueblos, el derecho a la consulta, territorio y organización propia.

La anulación de las licencias mineras, hidroeléctricas, y petroleras autorizadas en nuestros territorios sin consulta a nuestros pueblos, puesto que esa condición las hace arbitrarias, y por tanto, la causa principal de la conflictividad social en nuestras comunidades.

Guatemala, abril 2016.

[1] Consejo de pueblos mayas CPO.


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Por Nelton Rivera.

“Los militares sabían lo que hicieron, sabían de la existencia de los planes, de todos estos planes que hicieron como estrategia para poder destruir a la población, de antemano lo sabíamos, porque de alguna manera el ejército específicamente Oscar Mejía Víctores desde 1983 siempre lo negó, siempre nos negó a los familiares la existencia de información.

Él nos dijo aquí no es Chile, no es Argentina, no es Perú, no es Bolivia, para tener películas ni mucho menos libros, haciendo referencia a otros documentos desclasificados en Sudamérica. Con esto demostramos los familiares de los detenidos desaparecidos que la verdad que siempre la hemos dicho sobre el señalamiento que los hechores intelectuales y materiales siempre han sido los ellos, los militares.”

El ejército de Guatemala  no ha desclasificado sus archivos militares, durante décadas ha negado la existencia de documentos que detallen las operaciones militares contrainsurgentes de los años de 1960 a 1996 que comprenden 36 años de guerra. Fue en 1997 cuando apareció el Plan de Campaña “Victoria 82”, sustraído de forma clandestina del ejército, este documento los utilizó la Comisión del Esclarecimiento Histórico para la elaboración del informe “Guatemala Nunca Más.”

El plan de Operaciones “Sofía” contiene las comunicaciones internas del ejército durante las operaciones realizadas en la región Ixil en el departamento del Quiche durante los primeros años de la década de los 80.  Como un paso previo para materializar el Plan de Campaña Victoria 82, y el Plan de Campaña “Firmeza 83”. En la ejecución de los mismos estuvieron los oficiales: mayor Arango Barrios y el mayor Otto Pérez Molina.[2]

Los documentos secuestrados por el Tribunal de Mayor Riesgo B en marzo de 2016, 19 años después del aparecimiento de los primeros planes son el Plan de Campaña Firmeza 83- 1, Plan de Campaña Reencuentro Institucional 84, Plan de Campaña Estabilidad 85, Plan de Campaña Consolidación 86,  Plan de Campaña Fortaleza 87, Plan de Campaña Unidad 88, Plan de Campaña Institución 89 y el Plan de Campaña Avance 90.

Para los familiares de las personas detenidas desaparecidas estos documentos pueden dar más elementos para esclarecer la actuación del ejército implicado en delitos de lesa humanidad y Genocidio, información que podría servir para esclarecer la verdad, estos planes comprenden los regímenes del general José Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores y Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Estos planes fueron secuestrados por un juez en Guatemala para incorporarlos dentro de la investigación del Caso Diario Militar, un documento del ejército en el que se documentó la detención y desaparición forzada de 182 guerrilleros de distintas organizaciones entre los años 1983 y 1984.

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La audiencia del caso Diario Militar  

El secuestro se realizó el día 9 de marzo 2016 en una diligencia realizada por el juez del Tribunal de Mayor Riesgo B en las instalaciones del Estado Mayor de la Defensa en la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

Como era de esperarse, el ejército intento que el juez no realizara la diligencia, varios abogados del ejército se presentaron argumentando que los planes eran documentos “secretos”, que de por medio estaba la seguridad nacional, pero finalmente no pudieron retenerlos.

Previo a que el Tribunal de Mayor Riesgo B presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez realizara la audiencia del día 31 de marzo 2016 los querellantes del proceso conocido como Caso del Diario Militar no tenían la seguridad que esta audiencia se realizara.

Finalmente la audiencia comenzó a las 11 de la mañana en la Torre de Tribunales, para Mario Polanco director del Grupo de Apoyo Mutuo GAM esta es una audiencia histórica, por tener a la mano la continuidad de los planes militares que permanecieron ocultos, hasta que el Juez Gálvez realizó el secuestro de ocho planes de campaña del ejército que comprenden el período de 1983 a 1990.

Estos planes fueron incorporados al proceso del Caso Diario Militar “José Miguel Gudiel Álvarez” contra el Estado de Guatemala, en la audiencia estuvo presente el Ministerio Público –MP-, la representación del GAM, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala –FAMDEGUA- y la Asociación Verdad y Justicia AVEJA quienes actúan como querellantes en este caso, la audiencia finalizó a las 5 de la tarde.

Aura Elena Farfán

“Este es un momento histórico, este momento es de gran trascendencia para nosotros como familiares de las personas detenidas desaparecidas, especialmente para las familias de los casos del Diario Militar. Para todos en general, por los más de 45 mil guatemaltecos y guatemaltecas, niños y niñas que años atrás los capturaron y los desaparecieron.

Para mí ha significado una mezcla de sentimientos, de saber de lo que fueron capaz, o de lo que es capaz el ejército de elaborar esos planes para destruir a la población, solo porque creían o pensaban que ellos eran el enemigo interno.  Para mí es bastante significativo y espero que no solo sirva para el caso del Diario Militar sino para todos los procesos por las violaciones que se dio en el Conflicto Armado Interno, específicamente con las masacres con la tierra arrasada en Guatemala.”

Mario Polanco

“hoy es un día histórico porque por fin las asociaciones de víctimas estamos teniendo acceso a la información que el Ministerio de la Defensa de Guatemala había dicho reiteradamente que no existía, que no la tenían, o que había sido destruida. Esperamos analizar la información para trabajar activamente en beneficio de la justicia, en favor de que los violadores de los derechos humanos vayan a prisión, esperamos que aporten información valiosa los documentos, esperaremos a conocer el contenido pero es un paso trascendental la que vivimos hoy.

El caso sigue abierto, estamos querellados dentro del caso Diario Militar, seguiremos recopilando pruebas para poder individualizar las responsabilidades y eventualmente poder emitir ordenes de aprensión.”

 

Para saber más sobre el caso del Diario Militar puede visitar: Guatemala: el Diario Militar una historia de desapariones y muerte 

 

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[1] Entrevista a Aura Elena Farfán directora de la FAMDEGUA. Audiencia presentación de Planes de Campaña militar de 1983 a 1990. Tribunal de Mayor Riesgo B. 31 de marzo 2016.

[2] Albedrio. Plan Sofía y Victoria 82. ¿Prueba o farsa?. Andrea Orozco. 10 de mayo 2010.http://www.albedrio.org/htm/noticias/lh100510.htm

 

 


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La existencia de presos políticos en un país es un claro síntoma de la falta de libertades políticas en la defensa de derechos humanos, de la vida y de los recursos naturales, una situación propia de las dictaduras o de los regímenes no democráticos.

De forma conjunta Prensa Comunitaria, Festivales Solidarios, Tierra Lanuda, Realizadores Tzikin, Raquio Snuq’ Jolom Jonob’ y Grupo de Mujeres Ixchel lanzamos la campaña internacional: “Libertad para los presos políticos en Guatemala”, una campaña que visibiliza y demuestra la persecución y la criminalización contra autoridades indígenas y líderes comunitarios, miembros de resistencias y organizaciones comunitarias en defensa de los derechos humanos, la vida y los recursos naturales.

Esta es una acción de nosotras y nosotros que amamos la vida y lo hacemos desde lo que sabemos hacer, es decir, el periodismo independiente comunitario y alternativo y el arte para tomar conciencia y construir una sociedad antiautoritaria, solidaria e incluyente. Invitamos a todas y todos a sumarse y denunciar estas gravísimas violaciones a los derechos humanos en Guatemala.

Ellos no son delincuentes, son defensores de la vida.

¡Libertad para los que defienden la vida, el agua y los recursos naturales!
¡Libertad para los presos políticos!

#LibertadParaLosPresosPolíticos

Tello VillatoroArturo PabloRigoberto Juárez (2)
Francisco JuanHermitaño LópezDomingo Baltazar

Publicado en Guatemala


Prensa Comunitaria Km 169

Por Nelton Rivera.

Doña Petrona es una mujer Q’eqchi de 75 años de edad, cuando ella tenía 41 llegó el ejército a su comunidad y tomo control de las otras comunidades en Panzós Alta Verapaz en 1982, ella recuerda ese año porque fue cuando comenzó la represión del ejército.

“Llegaban los soldados a buscar a la gente a las comunidades y se los llevaban y nunca más los volvimos a ver.”

Las comunidades se organizaron en la década de los años ochenta para solicitar al Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) legalizara las tierras a favor de la población, esto motivo que los terratenientes en la región con intereses concretos en las tierras los denunciaron de pertenecer a la guerrilla, a partir de esa denuncia llegaron los militares.

Durante el juicio realizado para esclarecer los delitos cometidos por el ejército en Sepur Zarco y Panzós a partir del caso “Sepur Zarco”, varios sobrevivientes y testigos narraron como el ejército llego a las comunidades, haciendo uso de listados ubico a los hombres, los detuvo y los desapareció, luego regresó por las mujeres, las esclavizó y las violó constantemente.

Muchas familias al comprender que correrían la misma suerte decidieron huir a las montañas para sobrevivir, el ejército respondió enviando patrullas a buscarlos, también hizo uso de artillería pesada sobre la montaña y a la aviación para atacarlos, muchos niños murieron de hambre y enfermedad.

El ejército asesino a su esposo y ella para sobrevivir tuvo que entregarse al destacamento militar de Sepur Zarco, fue esclavizada para trabajar al servicio del ejército, fue violada múltiples veces por los militares.

Luego de 34 años de buscar la justicia, finalmente doña Petrona dio su testimonio ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, los dos militares acusados fueron condenados el día 26 de febrero de 2016, el primero fue el comandante del destacamento militar, el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón, el segundo fue comisionado militar, Heriberto Valdés Asij, conocido también como el canche Asij.

A Reyes Girón el tribunal lo condenó a 120 años de prisión por los delitos contra los deberes de humanidad durante los años 1982 y 1983, por esclavitud y violación sexual de mujeres Q’qchis y el asesinato de doña Dominga Cuc y sus dos hijas. Al “canche Asij” a 240 años de prisión por la violación y esclavitud sexual de 11 mujeres Maya Q’eqchi y la desaparición forzada de siete de los esposos.

Solamente un oficial y un comisionado militar fueron juzgados, quince fueron las mujeres Q’eqchis las querellantes en el juicio, pero fácilmente el número de mujeres que sufrieron lo mismo puede llegar a sobrepasar el número de sesenta[1], quizás este juicio podrá abrir el camino para que las demás mujeres y familias afectadas busquen justicia, quizás el MP amplié la investigación a los otros autores materiales e intelectuales, altos mandos del ejército o a civiles como los terratenientes que también participaron de forma directa o indirecta.

***

Doña Petrona contó su historia

Doña Petrona se casó con Mario Mes Chub, juntos tuvieron a cuatro hijos, Candelaria, Juan, Abelino y Margarito Mes Choc, construyeron su hogar en Panzós Alta Verapaz. El día 2 de febrero 2016 ella llegó al Tribunal de Mayor Riesgo A para dar su testimonio sobre todo lo vivido durante la guerra.

Su cabello ya es de color gris, sus canas brillaban reflejando la luz de la sala, iban recogidas con una cola de elástico con dos pelotitas rosadas, una frazada de colores cubre su espalda y una toalla rosada está en una de sus manos con la que contuvo muchas veces sus lágrimas mientras le explicaba al tribunal cada uno de los terribles momentos que vivió.

La juez Yassmin Barrios, presidenta del tribunal le explicó que ella llegó para hablar de “la represión, control, desapariciones forzadas, violencia sexual, violencia generalizada en la comunidad La Esperanza, municipio de Panzós Alta Verapaz y sus alrededores, ejercida por miembros del ejército de Guatemala, comisionados militares, colaboradores del ejercito e integrantes de las patrullas de autodefensa civil.”

Sobre los dos acusados, al coronel Reyes Girón, el otro el comisionado militar “el canche Asij”, ella los conoció en el pasado, aunque aclara que los nombres completos de ambos no los sabia hasta que la presidenta del tribunal se los mencionó.

Doña Petrona no recuerda la fecha exacta de su nacimiento, en su papel de identidad esta la fecha, afirmó. Nació en la jurisdicción de Carchá Alta Verapaz, junto a su esposo para buscar su sobrevivencia decidieron ir a trabajar la tierra en Panzós, juntos construyeron su casa en la Aldea La Esperanza.

No recuerda la fecha exacta, hora, día y mes cuando llego finalmente al destacamento militar de Sepur Zarco, no tuvo forma de memorizar las fechas.

“no sé leer ni escribir, de haber sabido hubiera registrado esas fechas. Recuerdo que fue en 1982 cuando huimos a la montaña y que fue el año de 1983 cuando regresé y estuve en el destacamento.”

Así comenzó a narrar su historia…

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Los T’zultaka de la Montaña les dieron refugio y protección

“En el año de 1982 nosotros nos fuimos a refugiar a la montaña, en esa época lo que sucedía es que llegan a las comunidades los militares y se llegaban a llevar a las personas, se los llevaron en camiones y así fue como nosotros comenzamos a ver que hacíamos para sobrevivir y así huimos.”

Para los mayas Q’eqchí, Achí y Pocomochí en Guatemala y Belice, T’zultaka es el dios del maíz, de las alturas, de las profundidades y de la abundancia de los animales, habita en los cerros y en las montañas[2], por lo tanto es el protector de la montaña.

Doña Petrona cuenta como su casa estaba divida en dos áreas principales, la mitad estaba dedicada a una tienda que tuvieron y para almacenar el maíz y las mazorcas que estaban cosechando en aquella época, la otra área era prácticamente para la vivienda. Recuerda que todavía les faltaba cosechar 10 tareas de milpa el día que llegaron los soldados a la comunidad.

“Mi finado esposo nos dijo que teníamos que huir y vimos que podíamos llevar, teníamos 4 hijos los más pequeños llevaban las bolsas de azúcar y aguas gaseosas, con lo que podían cargar y así nos fuimos a refugiar a la montaña.

Cuando nos agarraba la noche nos enrollábamos en unos nylons, nos lluvia todo el tiempo, los usábamos para protegernos del agua y de los insectos, todo esto que nos ocurrió no me lo estoy inventando, yo lo viví, cuando los soldados nos encontrabran, volvíamos a huir, usamos los ríos para caminar, porque en la montaña no habían caminos.”

Don Mario Mes y ella tenían en aquella época 8 tareas de tierra, que son 8 cuerdas de terreno, doña Petrona afirma que pelear por la tierra, por esa tierra que tenían, más las otras parcelas de las demás familias de la comunidad molestó a los terratenientes, porque poco a poco la gente tuvo sus propiedades, sus inmuebles, animales y negocios, describe que ellos tenían cacao, maíz, frijol y que cuando llegó la represión lo tuvieron que abandonar todo.

Su finado esposo le decía “que les vamos a dar de comer a nuestros hijos, él se iba a buscar algo que el mismo monte nos daba, yerbas, a veces él encontraba caña y eso le dábamos a nuestros hijos, porque eso era lo único que encontrábamos.” Su voz en ese momento se quebró, la toalla rosada en su mano limpió de su rostro sus lágrimas.

De 1982 a 1988 aproximadamente, los T’zultaka de las montañas protegieron a un sin número de personas Q’eqchís; ancianos, mujeres y niños que encontraron adentro de la montaña la protección frente al ejército y los terratenientes.

Esa misma historia se vivió en Huehuetenango, Quiché, Petén, Chimaltenango y otros lugares del país.

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El ejército asesinó a su esposo

Un día seis personas se juntaron para ir a buscar comida, así salieron de la montaña, estaban en un sitio mientras comían unas naranjas cuando Abelino su hijo de 6 años grito “ahí vienen los saldados nos vamos a morir… mi esposo se arrodilló ahí mismo y se puso a orar, desde ese día él murió y ya no lo tenemos entre nosotros.”

La acción de don Mario le permitió a Abelino su hijo pequeño correr inmediatamente y meterse adentro de la montaña de nuevo, doña Petrona ante el grito de alarma decidió reunir a sus hijos, juntos salieron huyendo de la patrulla del ejército, montaña adentro podían tener un respiro de tranquilidad.

Recuerda que caminaron por muchos cerros, en el momento cuando iban caminando sobre unas peñas escucharon los disparos de fusil. “Ese fue el momento en el que mataron a mi esposo, junto a los otros hombres, en ese momento nos quedamos solos.”

A don Mario Mes no lo volvió a ver, “desde ese día nunca encontré su cuerpo, no lo he podido velar, ni enterrar y despedir.”

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El destacamento militar de Sepur Zarco

Mientras ella narraba ante el tribunal hablo de los serios problemas en su salud, está enferma del oído, en 1982 se fracturó el pie cuando huyó del ejército junto a su familia, “me resbale en un río y ahí me rompí el pie, desde ese entonces me duele, todavía siento el dolor.” Su voz se quiebra de nuevo, su mano coloca sobre sus ojos, guarda de nuevos sus lágrimas.

“Mi hijo Abelino quedo también afectado, él quedo mal de un oído y de un ojo, cuando sucedió ese incidente con el ejército, cuándo perdimos a su padre, él escucho los disparos muy de cerca y como pudo corrió adentro de la montaña y como pudo logró salvarse.”

Sin el apoyo de su esposo, tuvieron que salir de la montaña, buscaron ir a la comunidad de Sepur Zarco sin otra opción, en juego estaba la vida de sus hijos pequeños, caminaron como 2 días y al tercer día llegaron al destacamento militar, ahí se presentaron para que el ejército respetara su vida.

“Cuando llegamos nos arrodillamos en el suelo y empezamos a orar para que nos perdonaran y nos dejaran ingresar a la comunidad. Nos quedamos a dormir en la sombra de una de las casas del destacamento, en la noche los soldados llegaban a jalarme de las piernas y yo despertaba a mis hijos para decirles que llegaron los diablos y que me querían llevar, así nos protegíamos entre nosotros.”

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Esclavitud y violación sexual

En el destacamento miliar fue el lugar en donde la violaron; “ahí estuvimos, es muy doloroso relatar todo el daño que nos ocasionaron esos hombres, luego nos llevaron a una pequeña casa y esa casa estaba rodeada por ellos, no podíamos movernos a ningún lugar, al amanecer nos llevaban a cocinar, nos decían vengan y me llevaban a cocinar con otras de las mujeres, muchas veces fui violada, una de mis hijas también fue violada.”

Doña Petrona recuerda que mientras estuvo detenida con ella hubo muchas mujeres, pero recuerda a una en particular porque se escondía debajo del pollo para cocinar, todas las demás mujeres lloraban de terror y los soldados llegaban, la buscaban y se la llevaron.

“ella nos contó que la llevaron a la orilla de una fosa y le dijeron que en el fondo estaba su esposo, le dijeron te vamos a llevar a ver a tu esposo y él estaba al fondo de la fosa.”

Doña Petrona explica que dentro del destacamento había varias construcciones, algunas parecían casas, otras no, con insistencia los soldados le decían: “vos ya no tenés a nadie, nadie está preguntando por vos.”

Todos los días la llevaron a trabajar a la cocina del destacamento junto con otras mujeres, las hicieron trabajar de manera forzada, tenían que soplar el maíz y el frijol para limpiarlo, todo el tiempo eran grandes cantidades de estos granos, luego lo tenían que cocinar en unas olladas grandes, “las hoyas eran como para cocinar a los cerdos, ahí era donde les cocinábamos.”

Los vecinos de Sepur Zarco hacían una “contribución” de los alimentos que ellas cocinaban para el ejército, el frijol y el maíz llegaba por canastadas, ni una sola libra del grano fue comprada por los militares.

“Lo que nos daban eran 4 tortillas, cuando decíamos que si en agradecimiento, nos decían ¿así es como ustedes comían en la montaña? ¿Se comieron la carne?, sí, respondimos nosotras, ¿les gusto la carne?… lo que ustedes se acaban de comer es carne de perro, nos gritaban”

“Nos decían apestosas, eso era realmente humillante porque en nuestra comunidad siempre íbamos al río y en la montaña siempre nos bañamos. La mujer de quién les hablo se llamaba Candelaria Beb y ella ya está fallecida, estas son mis palabras.”

Ella recuerda a otras mujeres que corrieron por la misma suerte, su hija Candelaria Mes, Candelaria Yat, Rosa Tiul, Margarita Chub, son algunos nombres que recuerda a sus 75 años, con su voz cuenta que hubieron muchísimas más mujeres, por momentos se aleja del micrófono, dice que todos los días llegaban más mujeres al destacamento, a tal punto que el ejército podía hacer turnos con ellas, unas reemplazaban a las otras.

“Las mujeres que estaban conmigo todas eran viudas, y eran un montón de mujeres, todos los días llegaba el montón de mujeres.”

“Lo que sucedía es que llegaban todos los días los soldados, de un lado tenia a mi hija, a mi yerno y mis dos hijos, y yo con un palo les decía hijos de puta váyanse de acá los voy a denunciar con quien los manda, acaso no les da vergüenza lo que nos vienen a hacer.”

Yo no puedo inventármelo, lo que me sucedió a mi es lo que vengo a contar, yo estuve ahí. Solo Dios sabrá cuánta gente llevaron, si eran mujeres u hombres, no lo sé con exactitud todas las tardes escuchamos disparos.”

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Del destacamento de Sepur Zarco las llevaron al de Tinajas

El destacamento de Sepur Zarco estaba ubicado en una de las fincas del municipio de El Estor Izabal, el destacamento de Tinajas lo ubicaron en otra finca en el municipio de Panzós Alta Verapaz, con el permiso y el apoyo del dueño de la finca de Tinajas, propiedad en ese entonces de Flavio Monzón alcalde municipal de Panzós Alta Verapaz en 1982. Otras fincas que se encontraban entre Panzós y El Estor eran propiedad de las familias Milla, Meagli en El Estor Izabal[3], también los Overdick García, los Monzón entre otros terratenientes.[4]

Doña Petrona, recuerda que primero estuvieron en el destacamento de Sepur Zarco, luego ordenaron que las enviaran al destacamento de Tinajas.

“Cuando estuvimos en Tinajas, mis hijos tenían como 6 o 7 años el más pequeño, ahí los amarraban y los dejaban tirados, no estuvimos en ninguna casa, si no que nos cubríamos con las hojas gruesas de los árboles para quedarnos en la intemperie. A mis dos hijos y mi yerno los mantenían amarrados; el esposo de Candelaria mi hija era Manuel Caal Beb, Juan Mes y Abelino Mes eran mis otros dos hijos pequeños, Mariano es el hijo que todavía me cuida.

A su yerno y sus hijos los soldados dentro del destacamento en Tinajas constantemente los pateaban y los golpeaban con sus armas en el estómago. Ella recuerda que en su estancia les gritaban “vayan a bañarse”, luego llegaba un hombre gordo quien las violaba de primero y luego llegan otros hombres más pequeños que formaban parte de la tropa y las violaban también.

“Recuerdo que todo esto sucedió en la época de Ríos Montt, todo esto fue muy doloroso lo que nos sucedió.”

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La vida fuera del destacamento

Doña Petrona sabía que su comunidad la esperaba un lote de tierra, para ella y su familia, por eso en el año de 1982 las autoridades de la comunidad estaban gestionando ante el INTA esas tierras, ella comprende que la lucha por la tierra fue la razón por la cual se enojaron los terratenientes de la región, toda la represión fue por pedir la legalización de la tierra, hoy esas fincas las tienen con Palma Africana en grandes extensiones de cultivo.

“Cuando yo regrese a mi casa ya no había nada. Algunos de nuestros cultivos habían sobrevivido debajo del monte cuando este creció, nuestras reses, nuestras gallinas, nuestros coches, todos se perdió.

Les enseñé a mis hijos a trabajar, porque somos gente de trabajo, les enseñé a trabajar la tierra a mis dos hijos varones. Ellos me preguntaban que vamos a hacer para comer, yo le respondí tendremos que cultivar la tierra para comer. Compramos un machete, compramos una lima para afilarlo y comenzamos a sembrar de nuevo la tierra. Sembramos cinco cuerdas de arroz, una cuerda de chile y otra de frijol.”

Doña Petrona salió de la montaña sin nada, cuando ella y sus hijos salieron del destacamento militar de Tinajas, no tenían absolutamente nada, poco a poco fueron comenzando de nuevo, algunos vecinos le regalaron ropa vieja para vestir a sus hijos, también las mujeres le regalaron un corte viejo.

“Les enseñé a trabajar a mis hijos, así comenzaron a ganarse la vida y sus centavos, yo también trabajaba vendiendo tortillas, vendiendo tamales y tayuyos. Luego aprendí a tejer y así fue como seguimos trabajando tejiendo cosas.

Ahora a duras penas puedo sobrevivir, la gente que es buena me regala, comida, azúcar y así voy pasando los días. De 1982 hasta la fecha aún no tenemos la propiedad de la tierra.”

Ella insiste en recordar que perdió a su esposo, nunca lo pudo enterrar, aún no ha encontrado su cuerpo, el ejercito no quiere decir en donde los enterraron, y en el lugar en donde ella sabe que lo mataron, en la comunidad de San Marcos la gente ha quemado muchas veces el suelo para sembrar y su cuerpo aun no aparece.

Treinta cuatro años después ella y su familia, al igual que las demás personas de su comunidad siguen el derecho y la propiedad legal de la tierra. Doña Petrona terminó de contar su historia, su testimonio sirvió para condenar al coronel Esteelmer Reyes Girón y al comisionado militar Heriberto Valdes Asij.

La tierra sigue en disputa

Actualmente en menos de quince años la finca Tinajas ha cambiado de dueños constantemente, de la misma manera que otras fincas sobre el Valle del Polochic (Alta Verapaz y El Estor Izabal), en el año 2011 la familia Widmann vendió la finca Tinajas a la familia Pellas Chamorro de Nicaragua, nuevamente desalojaron por la fuerza a las comunidades Q’eqchi asentadas en el valle.

Los Pellas intentaron hacer funcionar un ingenio azucarero el Chabil Utzaj[5], en el intento fracasaron ahora en 2016 está quebrado, cientos de familias desalojadas siguen sin retornar a sus tierras, los terratenientes y empresarios tienen nuevamente puestos los ojos sobre la tierra, esta vez para la Palma Africana.

En los desalojos violentos del 2011, murió Antonio Beb Ac en la comunidad Miralvalle en el Valle del Polochic, en el desalojo participaron los terratenientes, cuadrilleros, paramilitares, policías y soldados.[6]

El asesinato del profesor Adofo Ich Chaman[7] en 2009 por el jefe de seguridad de la CGN Mynor Rolando Padilla, para el 2016 las empresas como la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. (CGN) explotan grandes cantidades de minerales de estas tierras, el monocultivo de la Palma Africana en grandes extensiones de tierra se impuso bajo el control de la empresa NATURACEITES, propiedad de las viejas familias terratenientes en esa región como los Maegli-Müeller.[8]

La historia del despojo se repite nuevamente.

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Coronel Esteelmer Reyes Girón
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Heriberto Valdés Asij
[1] Entrevista realizada a Amandine Fulchiron en el marco de la investigación “Tejidos que lleva el alma. Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado”. Febrero 2016.
[2] Celso A. Lara Figueroa. Leyendas mágicas del corazón del cielo de Guatemala. Centro de Estudios Folklóricos, USAC, 2005.
[3]  Plaza Pública. Sepur Zarco: La violencia sexual será juzgada. Oswaldo Hernández. 15 de octubre de 2015.https://www.plazapublica.com.gt/content/sepur-zarco-la-violencia-sexual-sera-juzgada
[4] Periodismo Humano. Masacre de Panzós Cobán, Guatemala: Nos enseñaron el silencio, pero es hora de gritar. Juan Calles.http://guatemalacomunitaria.periodismohumano.com/2014/06/01/nos-ensenaron-el-silencio-pero-es-hora-de-gritar/
[5] Nelton Rivera. Valle del Polochic: Despojo con sabor a Flor de Caña. Albedrio. 27 de junio 2011.http://www.albedrio.org/htm/articulos/n/neltonr-019.htm
[6] Indymedia Guatemala. Resumen desalojos Comunidad Miralvalle. Desalojos de cerca de 800 familias en el Valle del Polochic. 16 de marzo 201. http://radiopozol.blogspot.com/p/internacional.html http://www.chiapas.indymedia.org/index.php?category=4
[7] Nelton Rivera. Profesor Adolfo Ich Chamán, estás en la memoria del pueblo. Prensa Comunitaria. Septiembre 2014.https://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/27/profesor-adolfo-ich-chaman-estas-en-la-memoria-del-pueblo/
[8] Luis Solano. Palma Africana y empresas se expanden aceleradamente a lo largo de la FTN. Revista Enfoque, 15 de julio 2015.