Guatemala Comunitaria

Foto tomada de http://www.tribunahacker.com.ar

 

Por: Quimy De León

La compra y venta de medicinas en Guatemala ha sido desde hace mucho un tema controversial. Dominados por las grandes farmacéuticas nacionales, los eventos de compra han perdido su razón de ser: obtener medicinas de buena calidad al menor precio. La casa que ha dominado en los últimos años el negocio de la salud ha sido agencias J.I. Cohen, una empresa familiar que ha quedado en manos de uno de los hijos de la familia Irving Cohen.

Ya en el año 2007 Luis Solano revisó de forma profunda los últimos procesos de licitación de medicina y concluyó en que para entonces esta empresa había monopolizado durante más de cuarenta años la distribución de medicamentos. Uno de los operadores políticos más eficientes para esta compañía es Gustavo Alejos, quien se entregó hoy a la justicia después de más de dos meses prófugo y señalado por la CICIG de encabezar una estructura criminal denominada “Negociantes de la salud” que se beneficiaron del Estado de forma ilícita.

El 16 de diciembre se publicó en el diario de Centro América que la Corte de Constitucionalidad – CC- había fallado a favor de la compañía  farmacéutica J. I. Cohen, de la que fue parte Gustavo Alejos, quién había estado  prófugo de la justicia y reapareció este 28 de diciembre. Esta empresa había puesto una acción de inconstitucionalidad para eliminar el Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines. Esto afectaba el acceso a la población a medicamentos genéricos y por su puesto les beneficiaba. Siete días después la misma Corte aclara públicamente que este fallo no afecta “el deber de observancia y aplicación por parte de las autoridades correspondientes del Estado de Guatemala del Reglamento” y deja a criterio de las autoridades la aplicación del fallo.

La  compañía en un comunicado de prensa piden al Presidente de la República, a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la población que estén vigilantes del exacto cumplimiento con lo ordenado por la CC.

¿Quiénes se benefician de la precaria salud en Guatemala?

En el mundo las grandes compañías farmacéuticas bloquean la venta de medicamentos genéricos, para tener el monopolio de las ventas y enriquecerse. Esto trae como consecuencia que la población con menos recursos y donde hay más precariedad no se puedan curar o tratar enfermedades.

Esto limita al Estado la posibilidad de prevenir, tratar enfermedades y pandemias, quedando en última instancia dos posibilidades comprar medicamentos a precios altos o la muerte. La mayoría de la población asume de su propia bolsa el pago de medicamentos para tratarse. Estas empresas obtienen beneficios mediante negocios con los gobiernos para que éstos les compren con exclusividad, reduciendo la posibilidad de invertir en otros niveles de atención como el primario.

Foto tomada de Prensa Libre. “El empresario y financista Gustavo Alejos en uno de los pasillos de Tribunales.” (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec). 28 de diciembre de 2015.

 

Poder e influencia de J.I. Cohen a través de Gustavo Alejos

Gustavo Alejos Cámbara es un empresario que tiene orden de captura y arraigo por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias, hasta hoy estuvo prófugo y fue declarado en rebeldía el 30 de octubre por el Juzgado Sexto Penal cuando se realizaba la “audiencia de primera declaración de 11 señalados en el escándalo de corrupción por la compraventa de medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS.”[0]

Es señalado de pertenecer a una red de corrupción que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG llamó “Negociantes de la salud” que el mismo dirigía junto a funcionarios y otras personas en las que beneficiaban a varias empresas tales como la droguería Colón, Evolución Farmacéutica S.A., Sabiapharma S.A. No hay que olvidar que Alejos fue parte de la compañía J.I. Cohen, misma que en un campo pagado en marzo del 2014 se desliga de él, después de que el afirmara en una entrevista que :

“La empresa JI Cohen, de la cual soy parte, ha tenido problemas con las multinacionales farmacéuticas, nos han pedido que nos alejemos del tema político.”[1]

“Nosotros hemos tenido que parar un poco las entregas al Ministerio de Salud debido a la falta de pago. Hemos cerrado los créditos hasta que limpien la mesa. Al ministerio le vendemos alrededor de Q25 millones en medicamentos contra el cáncer y otros males graves. El Ministerio de Salud tiene mucho desorden en sus cuentas, pero el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) está totalmente ordenado gracias al sistema que dejó Carlos Torrebiarte. Además, el presidente anterior, Luis Alberto Reyes Mayén, dejó un acuerdo en Junta Directiva que determina que a los proveedores se les debe pagar por igual.”

Gustavo Alejos lograba que el Estado le comprara a varias empresas con las que el tuvo relación a través del Ministerio de Salud y el IGSS. Esto fue parte de la investigación realizada por la CICIG y el Ministerio Público MP, en donde demostraron que esto se hacía a cambio de comisiones.[2]  Esto se realizaba organizadamente mediante una estructura criminal de la que también eran parte Alejandro Enrique Toledo Paz ex director del Hospital Roosevelt y Juan Pablo Muralles Morán. Estos dos últimos están ya presos, en total son 11 señalados por el caso de corrupción en el IGSS. Todo esto se destapó en el 2015 y se supo de las redes de corrupción en relación con el caso IGSS- PISA.

cicig

Tomado de Prensa Libre publicada el 28 de diciembre de 2015.

Las Agencias Cohen son propiedad de Jack Irving Cohen, en un análisis hecho por el economista Luis Solano en el año 2007 explica que dicha empresa había monopolizado durante más de cuarenta años la distribución de medicamentos y que han sido de los principales contratistas del Estado. Ya entonces Solano señalaba que las Agencias Cohen llevaban 22 años de ser proveedores del IGSS y que en los últimos gobiernos anteriores al de Álvaro Colom habían obtenido millonarios contratos.[3] Durante el gobierno de éste último Gustavo Alejos fue secretario privado de la presidencia  y Alberto Cohen presidente del Instituto Nacional de Electrificación – INDE[4] considerado el heredero de la  compañía J.I. Cohen.

La CICIG en su informe sobre el Financiamiento de la política en Guatemala coloca a Gustavo Alejos como caso emblemático ya que además de ser financista y recaudador no solamente se enriquece sino que construye redes de tráfico de influencia, beneficiando a las empresas vinculadas a él. Curiosamente en este informe la  CICIG obvia nombrar a J.I.Cohen[5] pero afirma que Alejos tenía el poder de nombrar y destituir funcionarios durante el gobierno de Álvaro Colom, desde su posición de poder dentro del gobierno.

Sylvia Gereda en la revista ContraPoder aseguró que Alejos “manejó los principales negocios del Estado, de los cuales la farmacéutica de la que él fue el más alto ejecutivo: J. I. Cohen fue beneficiada con 2 mil 940 adjudicaciones en contratos que superan los Q485.9 millones, según el portal de Guatecompras. Además, fue uno de los grandes negociadores de leyes y corruptor de diputados en el Congreso.”[6]

En la entrevista que Juan Luis Font realiza a Alejos en julio de 2015, el mismo explica cómo era su papel como operador político y deja claro el apoyo y financiamiento al gobierno de Otto Pérez Molina, así como la relación que había con J.I. Cohen en asuntos políticos y gubernamentales. Al parecer por problemas comerciales deciden desligarse de la política. El mismo reconoció que le dió a Otto Pérez Molina la casa donde vivía, esto explica el nivel de relación que tuvo con este gobierno. Sin embargo en asuntos comerciales destacó que J.I. Cohen tuvo una fuerte competencia y que el gobierno encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti benefició más a su competencia la empresa AGEFINSA, mientras que J.I Cohen siguieron vendiendo al IGSS.

Lo que deja claro en esta entrevista es la relación que hay entre política, asuntos de Estado y de gobierno y los intereses comerciales de las farmacéuticas, cuando plantea entre líneas que Baldizón empieza a ser una amenaza para los negocios pues “él quería crear en Guatemala una empresa representante de medicamentos de origen indio y empezó a citar a las multinacionales. Eso movió a JI Cohen a declarar que no participará en política.” Con lo cual Roxana Baldetti, Otto Pérez Molina y el mismo Manuel Baldizón resultaron ser una amenaza para el monopolio de los fármacos. La típica disputa por los negocios.

En una nota que hizo La Hora en junio de 2015 se mostró que tanto J.I. Cohen como AGEFINSA fueron los dos grupos que se repartieron mayores ganancias de los contratos con el Estado de las 82 empresas que tuvieron contratos abiertos. Estos beneficios ascienden a un poco más de 2 mil millones de quetzales que equivale al 29% aproximadamente. También señalaron que las ventas que se le hacen al Ministerio de la Defensa no tienen rastro, aún cuando tienen un presupuesto de más de 2 mil millones para 2015. [7]

¿Los magistrados de la CC hicieron este fallo pensando en el bien común o en los negocios?

En teoría la salud debe ser un derecho garantizado por el Estado de Guatemala que tiene la obligación de velar por la salud de todos los habitantes, sin embargo en la práctica sabemos de sobra que la situación precaria en la que tiene la clase política al Sistema de Salud. Por lo visto las únicas garantías son para la industria que negocia con la salud, por ejemplo para las empresas farmacéuticas.

La mayoría de la gente desconocemos los niveles de mortalidad en mujeres o menores de 5 años por diarreas o infecciones respiratorias, no digamos la desatención y abandono completo a cientos de miles de personas en el campo que resuelven y gestionan por si mismas la salud.

La crisis que se vive en el nivel hospitalario es uno de los tantos problemas que tiene el Sistema de Salud, y casi del único que nos enteramos a través de los medios y que fueron debate en los últimos meses cuando se destaparon algunos actos de corrupción desde el gobierno. Todo esto: corrupción, tráfico de influencias, asignación presupuestaria en salud pasa por la toma de decisiones y la planificación del desarrollo social de un país y que está en manos de los políticos y gobernantes.

Está claro que a los empresarios, a los gobernantes y la clase política no les interesa la salud sino solo los negocios, eso sí instrumentalizando para ello la estructura del Estado.

La Corte de Constitucionalidad al dar un fallo favorable a esta empresa refuerza la impunidad en la que vivimos y aleja al Estado de la obligatoriedad y el deber que tienen de velar por el bien común.

 [0] Orozco, Andrea. “Gustavo Alejos se entrega a la justicia.” 28 de diciembre de 2015. Prensa Libre.
[1] Font, Juan Luis. “Gustavo Alejos: “La he ayudado y la sigo ayudando” 14 de marzo de 2014, edición número 45. Revista ContraPoder.
[2] Prensa Libre. “Gustavo Alejos tiene arraigo y orden de captura, según MP.
[3] Solano, Luis. “Compras y contratos estatales en pocas manos”. 2 de octubre de 2007. Revista electrónica Albedrío.
[4] Font, Juan Luis. “Gustavo Alejos: “La he ayudado y la sigo ayudando” 14 de marzo de 2014, edición número 45. Revista ContraPoder.
[5] Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG. “Financiamiento de la política en Guatemala.” 16 de julio de 2015. Editorial Servi prensa.
[6] Gereda, Sylvia. “El día que Alejos cayó”. ContraPoder. 6 de noviembre de 2015.
[7] La Hora. “Q8 mil 500 millones a 82 empresas con contratos abiertos de medicinas e insumos.” 2 de junio de 2015.
[8] Para ampliar sobre el proceso penal de este caso: http://elperiodico.com.gt/2015/10/29/pais/escuchas-implican-a-gustavo-alejos-en-el-caso-de-corrupcion-del-igss/

Foto: Facilitada por Prensa Comunitaria

Por: Iñaqui Aizpurúa Veitia

Diego Marcos Pedro más conocido como “Tiburcio” es el candidato a la reelección al cargo de Alcalde municipal por partido Libertad Democrática Renovada –LIDER- en Santa Eulalia en el departamento de Huehuetenango. Actualmente el Ministerio Público tiene dos procesos de antejuicio en su contra. En donde se le sindica de haber cometido delitos en contra de la libertad de expresión.

Diego Marcos Pedro busca reelegirse por un nuevo período 2016-2020 como alcalde municipal de Santa Eulalia, su administración es fuertemente cuestionada por el movimiento social por la mala administración pública, por criminalizar a las autoridades comunitarias y por violar los derechos humanos.

El papel del Tribunal Supremo Electoral

Durante la mañana del día jueves 3 de septiembre de 2015  varios periodistas e investigadores de la agencia de noticias Prensa Comunitaria Km. 169 y autoridades estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presentamos ante el Tribunal Supremo Electoral –TSE- información de los dos expedientes de antejuicios abiertos por la Fiscalía del Ministerio Público –MP- de Santa Eulalia.

En la base de datos del TSE no aparecen registrados los dos procesos de antejuicio, a consideración de la abogada Estela López integrante del Bufete de Abogados en Derechos Humanos, la Fiscalía de Santa Eulalia del MP debió de haber notificado inmediatamente al TSE de la situación jurídica del alcalde, especialmente porque busca la reelección en este proceso electoral.

El próximo domingo 6 de septiembre Diego Marcos Pedro habrá participado en las elecciones generales 2015. Independientemente del resultado de la elección él deberá responder ante los tribunales por los procesos abiertos en su contra, sin derecho a antejuicio o como un ciudadano común.

Los dos procesos de antejuicio no son los únicos casos que enfrenta el alcalde municipal, están en las fiscalías otros casos por violación a la Libertad de Expresión, agresiones y amenazas contra periodistas, comunicadores comunitarios y autoridades comunitarias en la fiscalía de delitos contra defensores de derechos humanos y en la fiscalía de delitos contra periodistas del Ministerio Público en la ciudad capital.

Sobre los antejuicios contra el alcalde de Santa Eulalia:

La Fiscalía de Santa Eulalia del Ministerio Publico MP en Huehuetenango solicitó dos antejuicios en contra del alcalde:

  1. Antejuicio No. 01006-2015-00117 o Antejuicio 117-2015

El juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango nombro al Juez Pesquisidor Abogado Jorga Adalberto Cano Villatoro para conocer el antejuicio 117-2015 en contra de Diego Marcos Pedro promovido por la Fiscalía del Ministerio Publico de Santa Eulalia para ser investigado en calidad de alcalde municipal por el cierre ilegal de la Radio Snuq’ Jolom Konob’.

Se investiga el cierre de la radio durante los hechos ocurridos en la madrugada del día 20 de enero 2015 en donde resultaron comunicadores comunitarios ese mismo día agredidos, además la fiscalía conexo a este mismo antejuicio la investigación por el atentado armado [1] que sufrieron esa misma madrugada dos jóvenes pobladores de una de las aldeas de Santa Eulalia opuestos a las hidroeléctricas, muriendo el joven Pascual Basilio Pascual Diego, como resultado de los disparos, testigos responsabilizan al alcalde Diego Marcos Pedro de haber realizado los disparos. [2]

  1. Antejuicio No. 01006-2015-00314 o Antejuicio 314-2015

La Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Huehuetenango promovió otro Antejuicio presentado por la Fiscalía del Ministerio Público de Santa Eulalia contra de Diego Marcos Pedro. La sala séptima nombro al juez pesquisidor abogado Julio Bonifacio Baquiax Bulux, en su calidad de Juez Unipersonal del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para iniciar las pesquisas.

Este Antejuicio se solicitó por las agresiones y amenazas que sufrieron una delegación de periodistas nacionales e internacionales, comunicadores comunitarios e investigadores sociales el día 19 de marzo 2015 en Santa Eulalia Huehuetenango. Las agresiones fueron hechas por el alcalde municipal, simpatizantes, trabajadores municipales, agentes seguridad del alcalde y miembros del Consejo Municipal. [3]

Esta delegación llego al municipio luego que la Autoridad ancestral indígena maya Qanjobal resolviera a través del derecho ancestral maya realizar la reapertura de la radio comunitaria, tras el fracaso de la mediación hecha entre los meses de febrero y marzo 2015 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) y la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH- en un intento de conseguir que el alcalde municipal desistiera de mantener ilegalmente cerrada la radio.

Denuncias de violación a la Ley Electoral

El día viernes 4 de septiembre vecinos de Santa Eulalia denunciaron que por orden de él mismo alcalde municipal los trabajadores de la municipalidad han instalado desde hace un tiempo varias cámaras de video en algunos centros de votación como el Salón Municipal, la instalación de las cámaras pondría responder a la estrategia del partido LIDER de amedrentar a la población para que emita su voto bajo presión y control. También

El Tribunal Supremo Electoral definió que el departamento de Huehuetenango es uno de departamentos con alto nivel de conflictividad electoral para este 2015, coincidiendo con la conflictividad que las empresas nacionales o transnacionales instalaron durante estos últimos 4 años en esta región. [4]

Relación con la empresa hidroeléctrica que genera conflictividad en la región

La corporación municipal 2011-2015 llego electa por el partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, de esa cuenta Víctor López Pascual entró como Concejal Suplente I y Diego Marcos Pedro como alcalde de la municipalidad de Santa Eulalia.

La sociedad civil en Santa Eulalia denunció la complicidad de Diego Marcos Pedro y Víctor López Pascual con la empresa CINCO M y el proyecto Hidro San Luis que pretende construir una hidroeléctrica. [5]

López Pascal siendo miembro de la corporación municipal viaja constantemente a Huehuetenango y la capital, organiza conferencias de prensa en hoteles, participa en programas de radio, hace visitas a instituciones del Estado y organismos internacionales haciéndose pasar por líder comunitario o representantes de COCODES de distintas regiones de Santa Eulalia, siendo miembro de la corporación municipal.

En cada una de las reuniones López Pascual sale en defensa de los proyectos extractivos, las hidroeléctricas y criminaliza a las autoridades comunitarias e indígenas de Santa Eulalia y otras regiones que defienden los bienes naturales y territorio, para estas giras se hace acompañar de trabajadores de la empresa hidroeléctrica y de uno de los personeros de la misma. [6]

De esa cuenta la empresa CINCO M encontró en la corporación municipal a dos de sus principales aliados en contra de las comunidades que se oponen a la empresa y ahora ambos buscan reelegirse con el partido LIDER.

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[1] Óscar Figueroa / Santa Cruz del Quiché, Prensa Libre. Sindican a alcalde de muerte de hombre. 17 de marzo 2015. http://www.prensalibre.com/guatemala/quiche/sindican-a-alcalde-de-muerte-de-hombre

[2] Prensa Comunitaria. Informe de los sucesos acaecidos los días 18, 19 y 20 de enero del año 2015 en los municipios de San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango. 4 de febrero 2015.

[3] Prensa Comunitaria. Llamado a la solidaridad a la prensa nacional e internacional. 19 de marzo 2015. https://comunitariapress.wordpress.com/2015/03/19/llamado-a-la-solidaridad-a-la-prensa-nacional-e-internacional/

[4] Diario de Centro América. Entregan mapa de conflictividad al TSE. Gustavo Villagrán. 29 de julio 2015. http://www.dca.gob.gt/index.php/nacional/item/33034-entregan-mapa-de-conflictividad-al-tse

[5] CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL. REPORTE DE CAMPO NO. 2 NOVIEMBRE 2013. Nelton Rivera. “Jolom Konob”: El pueblo de Santa Eulalia y la agresión empresarial. http://www.albedrio.org/htm/documentos/CIESAS-Jolom%20Konob.pdf

[6] Prensa Comunitaria. Santa Eulalia: población en riesgo por empresa hidroeléctrica. Agosto 27, 2015. https://comunitariapress.wordpress.com/2014/08/27/santa-eulalia-poblacion-en-riesgo-por-empresa-hidroelectrica/