Guatemala Comunitaria

Por: Nelton Rivera. / desInformémonos

El Ministerio Público MP en Guatemala, solicitó recientemente el sobreseimiento de la causa penal en contra de Domingo Francisco Cristóbal Francisco, autoridad maya Q’anjob’al, el MP con esta acción luego de un año de investigación, solicitó ante la juzgadora que la persecución penal se suspenda o clausure, porque sencillamente no tienen casusa reales que justifiquen la acción penal de la justicia en contra de don Domingo Francisco, meses antes lo detuvieron y encarcelaron injustamente.

Domingo Francisco se considera uno de varios presos políticos en el país, la juez Claudette Domínguez quien preside el juzgado de Mayor Riesgo A de la ciudad capital, resolvió otorgarle el sobreseimiento y emitió la orden el día 23 de febrero 2017 al Organismo Judicial y a la Policía Nacional Civil –PNC- para que suspendan toda persecución penal en contra de la autoridad comunitaria.

En esta acusación aún quedan personas comunitarias con orden de aprensión, la jueza explicó que aún deben de presentarse ante la justicia, para solucionar su situación jurídica.

Domingo Francisco permaneció en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, a 500 kilómetros de distancia de su hogar, desde el día 28 de octubre hasta el 11 de noviembre 2016, luego la juez Claudette Domínguez resolvió que debía quedar en libertad provisional sin ningún tipo de medida de coerción y esperar 3 meses para que el MP pudiera ampliar su investigación, finalmente llego la fecha y el MP sin prueba alguna solicitó que este proceso se cerrara.

“Gracias a Dios, tuve hoy la otra audiencia, cuando la jueza señalo 10 días atrás esta nueva fecha, porque los querellantes en mi contra no se presentaron, ni la fiscalía del MP, ni el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni los oficiales del CAJ de Santa Eulalia.

Hoy por fin se presentaron los fiscales del MP, y se dio por terminado este proceso penal, la resolución de la jueza en el caso de mi persona fue favorable, hoy la juez decidió que este caso debe de terminarse.

Los paisanos y los vecinos en el área Q’anjob’al, de los municipios del norte de Huehuetenango, sabemos que allá están los defensores del territorio y de los derechos, así como nosotros, y sabemos que aún hay comunitarios con órdenes de aprensión que no han podido resolver sus casos, pero también ya hay varias autoridades de Barillas y Santa Eulalia que ya logramos resolver estas acusaciones falsas.

Así como nosotros, en Guatemala, como pueblo Maya, que habitamos nuestra Coactemalan (tierra de bosques) en idioma Nahuathl, hemos sufrido ante los tribunales, de la misma forma como nuestros antepasados lo sufrieron igual, que dieron la vida por la lucha de la defensa de los derechos humanos, como la madre tierra, defensa del territorio y la naturaleza, esto no es nada nuevo.

Vemos como ya nos están contaminando el agua, la tierra, las rocas con las minas, simplemente estamos defendiendo que otra gente no se aproveche de los recursos que son de todos, especialmente cuando llegan de otras naciones extranjeras a hacerlo.

Me siento muy contento, tranquilo, dando las gracias a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos, no solo en Guatemala si no tambien en todo el mundo, a mi familia, a los vecinos que vinieron a acompañarme, aquí estamos junto a los hermanos Rigoberto Juárez, y Domingo Baltazar, juntos hemos sufrido la cárcel, hemos sido amenazados, perseguidos y seguimos aquí, con vida, y con libertad.”

¿Por qué lo encarcelaron?

Don Domingo Francisco Cristóbal Francisco, es una autoridad reconocida por su pueblo de Jolom Konob’ (Cabeza de Pueblo en idioma Q’anjob’al), tiene 65 años de edad, el día 26 de octubre del 2016, luego de almorzar fue detenido por agentes del DEIC de la PNC en el municipio de Chiantla, Huehuetenango. Domingo Francisco regresaba de la cabecera departamental luego de participar en una movilización pacífica convocada por Comité de Desarrollo Campesino -CODECA- para exigir la nacionalización de la energía eléctrica.

Domingo Francisco fue sindicado de cometer delitos como: instigación a delinquir, plagio o secuestro, según consta en la Causa Penal No. 10915, de fecha 25-03-2015, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia, del Centro de Administración de Justicia –CAJ-, a él lo responsabilizaron por la movilización de la población ocurrida el 19 de enero 2015 en el CAJ, luego de la detención arbitraria de dos jóvenes en el municipio vecino de San Mateo Ixtatán.

Fue acusado injustamente por el ex alcalde municipal Diego Marcos Pedro, quien afirmó que había sido golpeado y obligado por don Domingo Francisco a asistir a una audiencia realizada en el CAJ en la noche del 19 de enero 2015, el ex alcalde que simpatiza con las empresas hidroeléctricas insistió en victimizarse, en su versión manifestó que más de un centenar de comunitarios lo amenazaron, agredieron y desalojaron de su casa para obligarlo a asistir al CAJ.

Durante el Debate Oral y Público en el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la juez Yassmin Barrios en 2016, comprobó que el testimonio y la acusación del ex alcalde no eran ciertos, que deliberadamente había mentido y que su testimonio, en similitud con otros 20 testigos más, la mayoría trabajadores del CAJ, todos estos testimonios fueron presentados como parte de la estrategia de criminalización de la hidroeléctrica en contra de las autoridades ancestrales y comunitarias que enfrentaron ese debate oral, al final fueron absueltos.

En una columna anterior Sí creo en su inocencia hablo de este juicio histórico.

“¿Señor Rigoberto en dónde está?, creo en su inocencia, siempre me han dicho que soy muy dura para condenar, pero con esa misma dureza lo soy para absolver y creo en su inocencia.” Jueza Yassmin Barrios.

Su abogado defensor, el licenciado Benito Morales Laynes, ha insistido en denunciar la estrategia de criminalización, que desde la instalación de las empresas, utilizando el sistema de justicia para perseguir y encarcelar a las autoridades comunitarias, ancestrales por oponerse a los megaproyectos, son y seguirán siendo juicios políticos.

En el caso de Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar y ahora Domingo Francisco Cristóbal no le queda otro camino al MP más que desistir y pedir que sean cerrados los casos, luego de un año de investigación sin poder comprobar la participación de ellos en algún delito.

Esta historia no se termina aun

Durante los últimos cuatro años, hemos presenciado la ofensiva de las empresas extractivas en el país, muchas han sido las estrategias para imponer de forma violenta la construcción de los megaproyectos y la criminalización ha sido una de las estrategias para castigar a las autoridades comunitarias o ancestrales que se oponen a las empresas.

En esta estrategia, los empresarios cuentan con el respaldo y apoyo del Estado, el Ministerio Publico –MP- perdió total objetividad en las investigaciones y desde el año 2015 persigue a las autoridades ancestrales maya Q’anjob’al en el territorio norte de Huehuetenango por defender el agua de los ríos.

Las empresas echaron mano de la cooptación de persona y de algunos liderazgos en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, con la cooptación llego la división comunitaria, misma que se reflejó en las administraciones municipales durante el gobierno de Otto Pérez Molina 2011- 2015, la de Barillas y Santa Eulalia pro hidroeléctricas.

Pérez Molina un ex general vinculado a la represión durante la guerra ahora se encuentra encarcelado por dirigir varias redes criminales y de corrupción en Guatemala, la vice presidenta de su gobierno Roxana Baldetti Elías y su ministro de Gobernación Masurio López Bonilla podrían ser extraditados a los Estados Unidos por narcotráfico, junto a Erick Archila Dehesa ex ministro de Energía Y Minas impulsaron y promovieron las actividades de las empresas extractivas en todo el país, Erick Archila por ejemplo huyo de la justicia nacional y ahora se encuentra en los Estados Unidos a la espera de ser extraditado a Guatemala.

Luego llegaron las amenazas, la desaparición forzada, la presencia de paramilitares y los asesinatos selectivos, como paso siguiente, comenzaron a aparecer las denuncias ante las fiscalías del MP en el CAJ y los juzgados en Barillas, estas denuncias avanzaron rápidamente y los jueces emitieron docenas de órdenes de aprensión, llegó la militarización, los Estados de Sitio y la prisión política.

Las empresas siguen generando acciones y estrategias para golpear a las comunidades, encarcelar a sus principales autoridades, en un escenario adverso para la movilización comunitaria, mientras los pueblos y comunidades continúan exigiendo el respeto a sus formas propias de toma de decisión, autoridad ancestral y formas propias de resolución de los problemas; en este caso el retiro de las empresas hidroeléctricas de su territorio.

En toda América Latina se están viviendo escenarios similares, con patrones comunes en las estrategias que están implementando en contra de la organización comunitaria, popular o las resistencia en todo el continente, especialmente frente a los grandes megaproyectos como en México, Honduras, Chile, Ecuador, Brasil, y otros.


Por Nelton Rivera, Quimy De Leon y Gaspar Nicolás.

 

La persecución penal en contra de las autoridades comunitarias y ancestrales no cesa en Guatemala, nuevamente fue detenido otra autoridad por una orden de aprensión que continuaba vigente. Domingo Francisco Cristóbal Francisco es una autoridad maya Q’anjob’al y líder comunitario, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- a eso de las 12: 25 del día miércoles 26 de octubre 2016 recién concluida la manifestación convocada por Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- en Huehuetenango de donde venía, ya que él forma parte de esta organización en el área norte.

 

Es padre de diez hijos e hijas y tiene 64 años, es agricultor, tiene un amplio trabajo comunitario, fue miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo – COCODE – en su comunidad y actualmente tiene el cargo de Asesor del Comité Protector del Medio Ambiente, es miembro del Gobierno Ancestral Local Jolom Konob’. Además es presidente de la organización Pro justicia en el municipio de Santa Eulalia.

 

A don Domingo se le acuso injustamente de varios delitos graves como “Plagio o Secuestro”, e instigación a delinquir, la acusación la realizaron trabajadores del Centro de Atención de Justicia CAJ de Santa Eulalia, los jueces, fiscales del MP, trabajadores del OJ, del Bufete Popular y administrativos, lo más relevante de este caso es que el Tribunal de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios resolvió que esta acusación no tenía sustento jurídico y que se apartó el Ministerio Publico de toda objetividad en la investigación, una de las resoluciones de la jueza fue confirmar que estas acusaciones solamente sirven para criminalizar a las autoridades comunitarias y que los supuestos agraviados solo mintieron en el tribunal. “Sí creo en su inocencia” 

Por esta misma causa penal ya fueron juzgados y absueltos siete autoridades comunitarias este año, pero la orden de aprensión contra otras personas siguió abierta a pesar de varios recursos presentados por el equipo de abogados que conocen esta proceso penal, a criterio del abogado Benito Morales Laynes estas ordenes de aprensión son completamente ilegales, el juez de turno y un fiscal del Ministerio Público en la capital violentó el debido proceso en el mes de abril del 2015 al emitirlas, el juez Victor Herrea Ríos no podia conocer este caso porque un juzgado en Huehuetenango ya lo estaba haciendo.

 

La detención

 

Domingo después de la manifestación se encontraba en uno de los comedores el mercado municipal donde pasaron a almorzar.  Según testigos llegaron a llamarle y le apartaron de las mujeres del grupo que le acompañaba. Quienes no lograron ver si le mostraron algún documento u orden de detención, solo le hablaron y lo subieron al vehículo particular. Él había pasado a almorzar en un comedor del municipio de Chiantla y al salir lo estaban esperando los agentes de la DEIC.

 

 

Al parecer ya existía una orden de detención en su contra en donde se le acusa de instigación a delinquir, plagio o secuestro según Causa No. 10915, fechado 25-03-2015, emanado del Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia departamento de Huehuetenango, firmada por el abogado Otto Felipe Vásquez Vásquez Juez de primera Instancia del Municipio de Santa Eulalia.

 

Por la noche fue escuchado por un juez y luego trasladado a Huehuetenango, se sabe que durante la madrugada iba a ser trasladado a la ciudad capital, a primera hora del jueves 27 de octubre fue trasladado a la Torre de Tribunales en la ciudad capital, lo subieron al nivel 14, en la secretaria del Juzgado de Mayor Riesgo A presidido por la juez Claudette Domínguez, el juzgado no lo escucho en su 1ª. Declaración y la programaron dentro de una semana, don Domingo a medio día fue trasladado al Centro Preventivo para hombres de la zona 18, ahí permanecerá mientras la jueza lo llama a audiencia.

 

¿Quién es don Domingo Fracisco?

 

Es originario del Caserío Yula’ Is, Yal Temux (Temux Chiquito), es una autoridad ancestral junto a Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo expreso político por la misma cusa, la defensa del agua.

 

Es un defensor de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, inició con sus labores humanistas desde los 18 años de edad en el año de 1970 fue uno de los promotores de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, junto a varios líderes y autoridades comunitarias más.

 

Don Domingo fue uno de los copromotores de la creación del Centro de Administración de Justicia CAJ en el territorio Q’anjob’al, específicamente en Jolom Konob’ (Santa Eulalia), paradójicamente ahora fue encarcelado por una denuncia de los trabajadores de este centro.

 

Fue copromotor de las organizaciones “Asociación Pro-justicia” y el “Consejo Asesor Indígena” a las cuales pertenece actualmente. Al mismo tiempo es copromotor y participante activo en la reconstitución de las Autoridades Ancestrales de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ a través del Payxail Yajaw Konob’/Gobierno Ancestral Plurinacional.

 

Formo parte del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en el norte de Huehuetenango, fundador del movimiento social por la defensa del territorio que ahora es la representación de las Autoridades Ancestrales de Jolom Konob’ “Payxa Yajawil Jolom Konob’”

 

Copromotor de la Consulta Comunitaria de Buena Fe por el desarrollo de mega-proyectos en el territorio, llevada a cabo el 29 de agosto del año 2006, junto al héroe y mártir Q’anjob’al Daniel Pedro Mateo, conocido con cariño como Daniel Maya.

 

Durante el conflicto armado interno de Guatemala, fue objeto de discriminación y encarcelamiento por sus labores en la defensa de los derechos humanos y del territorio.

 

En el año 1982 rescató el registro civil y los documentos de administración municipal de un incendio, y en varias ocasiones en que el ejército de Guatemala intentó llevárselos, actos que le han dado reconocimiento en el pueblo por su heroísmo y determinación.

Fue el primer concejal municipal en 1982.  Su formación política y social ha sido a través de su trayectoria en las luchas sociales, participación en talleres de formación, sin embargo, a pesar de su grado académico, se ha dedicado a la lectura de numerosos libros, y es pastor evangélico.

 

Fue uno de los fundadores de la Asociación Microrregional “ACODEY” de donde surgió una academia de mecanografía y computación que brinda sus servicios en su comunidad.

 

En resumen estos son cuarenta y seis años de trabajo comunitario, liderazgo y representación de la nación Q’anjob’al que le permitieron ganarse el respeto, confianza y admiración de muchas generaciones.

 


Por: Nelton Rivera.

Los diputados Leocadio Juracan y Sandra Morán de Convergencia participaron esta mañana en una conferencia de prensa para denunciar la violación del debido proceso contra siete líderes y autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango.

Una comisión interparlamentaria recorrió distintos centros de detención para hombres en donde se encuentran recluidos de forma arbitraria e injusta los señores: Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo, Ermitaño López Reyes, Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Mynor López.

Todos considerados presos políticos, encarcelados por el Estado a raíz de los intereses de empresas transnacionales y nacionales dedicadas a la actividad extractiva con proyectos en municipios como San Mateo Ixtatán, Barillas, San Juan Ixcoy, Santa Eulalia en Huehuetenango.

Esta conferencia se realizó en el marco de la apertura a debate oral y público que dará inicio el próximo miércoles 6 de julio en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo grupo A en la Torre de Tribunales de la ciudad capital.

Los abogados de la defensa de los siete líderes comunitarios esperan que finalmente finalice la judicialización y la prisión política de las autoridades comunitarias y que en Guatemala cese desde el aparato de justicia la aplicación  del castigo con la prisión como un mecanismo para detener la organización en las comunidades en su derecho de defensa y protección de los bienes naturales, así lo manifestó Benito Morales Laynes, abogado defensor.


 

La jueza Claudette Domínguez de forma contundente en la sala de audiencias en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, se dirigió a todas las personas en la sala: “nadie es superior a la justicia”.

Estas seis palabras encierran mucho para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes llevan un año con tres meses en prisión. La resolución de la jueza en esta audiencia les demostró todo lo contrario: los operadores de justicia sí están por encima de la justicia.

Personas como Rigoberto Juárez trabajaron por muchos años para que el sistema de justicia guatemalteco reconociera el papel que juega el sistema de justicia indígena, incluso la fundación del Centro de Administración de Justicia (CAJ) para descentralizar y atender de forma directa las necesidades de ocho municipios indígenas en el norte de Huehuetenango fue el resultado de muchos años de trabajo de los pueblos indígenas en el país. Hoy, los mismos operadores de justicia, entre ellos la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), irrespetan y violentan el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y resolución de los conflictos en estos territorios, criminalizándolos y castigándolos por hacerlo.

“Esto sienta un mal precedente para un supuesto modelo democrático de justicia en el país, especialmente para el pueblo maya, suman ya más de 492 años que hemos padecido de esto, eso es sumamente sintomático, los grupos económicos de poder no permiten que hayan reformas a la justicia, menos el reconocimiento del sistema indígena. Nosotros tenemos que llevar este tipo de sufrimientos con tal que nuestra situación se aclare, llevamos 15 meses de estar en prisión sin que el MP tenga pruebas que demuestren que nosotros somos culpables de algún delito”. Rigoberto Juárez.

Luego de cuatro meses de espera, la jueza pudo realizar la audiencia de presentación del acto conclusivo, en la que finalmente estuvieron presentes todos los querellantes. A la fiscalía de Derechos Humanos del MP no le quedó otro camino que presentar su investigación, de esa forma, el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino presentó la acusación por los delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir.

Litigar de forma maliciosa no es una acción exclusiva de los abogados. La fiscalía del MP permitió que los querellantes realizaran una serie de acciones que bloquearon las audiencias, como no presentarse en reiteradas ocasiones, obligando al tribunal a suspender y reprogramar durante cuatro meses la misma audiencia. Con esto evitaron que esta etapa se realizara desde febrero de 2016, retardando el proceso y prolongando el castigo en prisión para las dos autoridades ancestrales.

La jueza resolvió en la tarde del 8 de junio la apertura a juicio oral y público por estos tres delitos. Ahora un tribunal de sentencia deberá conocer este caso con un plazo de 10 días. Específicamente será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A.  Rigoberto Mateo y Domingo Baltazar seguirán en el Preventivo de la Zona 18 mientras dure el juicio. Lo más preocupante es que el MP pretende activar la tercera causa penal contra Rigoberto Juárez.

Elnaño pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció la existencia de 20 denuncias en su contra. De algunas de ellas, no se puede ubicar en qué fiscalía se realizaron. Detrás de todas estas denuncias podrían estar varias empresas con intereses en megaproyectos en Huehuetenango.

Litigio malicioso

La audiencia inició a las 14:00 horas del 8 de junio de 2016. Se realizó en esa fecha debido a que Diego Marcos Pedro, alcalde de Santa Eulalia y querellante en el proceso no se presentó el 19 de mayo, ni tampoco lo hizo su abogado. Una audiencia anterior a la del 19 de mayo también fue reprogramada debido a la ausencia de otro querellante, Pascual Tiu Zapeta, director de CAJ de Santa Eulalia.

Las inasistencias de ambos querellantes en nada incomodan al MP, al contrario pareciera que se alternaron entre ellos para evitar que las audiencias se realizaran. Para los abogados defensores, este comportamiento responde al ejercicio del litigio malicioso de los querellantes, sus abogados y el fiscal.

Iniciada la audiencia a las dos de la tarde, la jueza permitió que las dos autoridades comunitarias se sentaran junto a sus abogados y no dentro de la carceleta, como lo hicieron en las audiencias anteriores. En la sala del tribunal estuvieron sus esposas, Juana Méndez y Juana López Francisco. Desde Santa Eulalia llegaron también varios de sus familiares, observadores de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y la oficina la OACNUDH.

La audiencia duró tres horas. Al terminar quedaban pocas personas en la Torre de Tribunales, un edificio de 15 niveles del cual los pasillos quedan abandonados después de cierta hora, y solo el movimiento en el juzgado de turno da cuenta de lo que sucede durante la noche y madrugada, cuando ingresen más personas detenidas por cualquier delito.

¿Es el MP objetivo en su investigación? 

Maynor Aguilar Bernardino es el fiscal del MP que atiende los procesos en contra de la mayoría de presos políticos de Huehuetenango. Pertenece a la unidad de delitos contra operadores de justicia adscrita a la unidad especial de derechos humanos del MP.

Es un abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 2004[1]. Con el título de profesional, aplicó ese mismo año a la convocatoria de plazas para la carrera judicial[2]. De 2010 a 2012 trabajó en la unidad distrital del departamento de Suchitepéquez[3].

Este fiscal rechazó dos de los tres peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez con el argumento de que hablaban sobre el contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango. Según el fiscal, este tema está fuera de lugar, ya que no explica específicamente los hechos sucedidos en el CAJ el 19 de marzo de 2015. Por otro lado,  rechazó que dos autoridades ancestrales se presentaran durante el juicio oral y púbico para atestiguar y confirmar que Rigoberto Juárez era una autoridad ancestral, y que por lo tanto tiene un papel importante que jugar frente a momentos complicados como los que se viven en esa región.

Aguilar Bernardino rechazó que se incorporara como medio de prueba un documento utilizado por él y la fiscalía del MP como base de sus investigaciones. El documento se titula: Informe Estructura Criminal Conflicto Social Huehuetenango. Mayo 2014. Este fue elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz y entregado por el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro al fiscal Aguilar Bernardino en 2014 y este la introdujo ilegalmente a la fiscalía de Operadores de Justicia del MP.

En este documento se identifican como delincuentes o criminales a los principales líderes comunitarios del territorio norte de Huehuetenango. Entre ellos Rigoberto Juárez, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro; todos están actualmente detenidos mientras que el resto de líderes y lideresas tienen órdenes de aprehensión.

¿Qué objetividad pueden tener las investigaciones del MP, si basa su investigación en documentos elaborados extrajudicialmente por el abogado de una empresa?

Lo curioso es que en esta misma fiscalía del MP, no avanza ninguna de las investigaciones en contra del exalcalde Diego Marcos Pedro y otras personas afines a él por muchos delitos cometidos en los últimos años, específicamente por los hechos ocurridos entre el 19 y 20 de febrero de 2015: un atentado armado, amenazas de muerte, el asesinato de un joven comunitario, el secuestro de una mujer perteneciente al Cocode a quien había amenazado con desnudarla y arrancarle el pelo en medio del parque central, frente a cientos de personas, por oponerse a la hidroeléctrica. Además también se le atribuye el cierre ilegal y violento de la radio comunitaria, y el hecho de que varias personas fueron golpeadas. En fin, se trata de un personaje que, tras un año de haber sido denunciado por delitos graves, se presenta en un tribunal de mayor riesgo en la ciudad capital con total impunidad y en coordinación con el MP.

Fiscal Maynor Aguilar Bernardino.

Otra vez se le niegan los derechos

La jueza en su resolución aceptó la petición del MP de negar varias de las pruebas testimoniales y peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez, pero a solicitud del MP sí acepto a los 26 testigos, todos trabajadores del CAJ: abogados del Bufete Popular, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces del Organismo Judicial y  fiscales del MP, entre otros.

La resolución de la jueza a las cinco de la tarde causó un acalorado debate con el abogado Benito Morales, quien la rechazó a través de un recurso de reposición parcial, por considerar que la jueza estaba afectando de forma directa los derechos de defensa Rigoberto Juárez, al dejar fuera pruebas testimoniales y documentales importantes para probar la tesis de su defensa. Pruebas que sí fueron aceptadas en otra causa penal vinculada a los procesos penales contra los presos políticos de Barillas, en donde también están involucrados varios de los querellantes de esta causa penal.

La discusión entre la jueza y el abogado Morales se agravó cuando él solicitó a la juzgadora que le permitiera a Rigoberto Juárez manifestarse en la audiencia, un derecho que se garantiza para los sindicados, esto por la alusión hecha por el abogado de Diego Marcos Pedro, quien lo señaló de forma directa. La jueza se negó a darle la palabra.

Finalizada esta etapa en este juzgado será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A quien confirme la fecha de apertura a juicio para las dos autoridades ancestrales. Mientras todo esto sucede, deberán seguir en prisión preventiva. La primera semana del mes de julio se abre el juicio oral y público para Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, líderes comentarios de Barillas.

Al final de la tarde, la audiencia terminó. Los agentes del sistema penitenciario trataban apurados de retirar a las dos autoridades ancestrales fuera da la sala y llevarlos al sótano para esperar el traslado al Centro Preventivo de la Zona 18.

Así finalizó un proceso que deja más cuestionamientos sobre la objetividad del fiscal, que certezas para los ciudadanos para creer en el sistema de justicia guatemalteco.

****

[1] Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Biblioteca Central – Sección Tesis 5to. Nivel – Item: 4701227184.

[2] Diario de Centro América DCA. MINISTERIO PÚBLICO CONVOCATORIA No. 01-2004 TRIBUNAL DE ONCURSO MINISTERIO PÚBLICO LISTA DE MERITO. Año 2004.

[3] Organismo Judicial. Expediente 108-2010. Sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Rethalhuleu. 6 de octubre 2010.


índic6e

índirweceíndqeiceíndicwree

El Memorial de los Pueblos

“No somos criminales somos defensores de los ríos y las montañas”

Su excelencia Jimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala

CC.

Dr. Arnulfo Rafael Rojas Cetina, Presidente del Organismo Judicial

Licda. Thelma Aldana, Fiscal General del Ministerio Publico.

Lic. Jorge De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala.

Sr. Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos

Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Sra. Rose-Marie Belle Antoine, Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

 

Las personas que firmamos somos representantes de organizaciones sociales, instituciones, autoridades, personalidades y pueblos en general.

Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante las sistemáticas violaciones a nuestros derechos fundamentales, como consecuencia de la implementación del modelo extractivista en nuestros territorios, la imposición de proyectos mineros, hidroeléctricas, petróleo, monocultivos, entre otros; todo sin el consentimiento y sin consulta previa a nuestros pueblos. Este momento histórico se debe considerar como el nuevo despojo en nombre del falso desarrollo.

En Guatemala, desde el año 2005 haciendo uso de nuestros mecanismos de participación y toma de decisiones, venimos expresando nuestras demandas de manera pacífica y democrática a través consultas de buena fe.[1] Este derechos es plenamente reconocido en convenios internacionales como el 169 de la OIT, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: sin embargo; el Estado de Guatemala en lugar de asumir con responsabilidad la implementación de los instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas , ha optado por la judicialización de las luchas legitimas de los pueblos como estrategia para intimidar, dividir y enfrentar a nuestras comunidades.

Nos indigna profundamente la desestabilización social de la empresa Hidro Santa Cruz, Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A., y empresa Cinco M S.A. Que en complicidad con los gobiernos de turno han generado en nuestros territorios, desde el 2010 hasta la fecha, especialmente en la zona norte de Huehuetenango. Esta Crisis ha provocado muertes, detenciones ilegales, represión y militarización. Se han asesinado a nuestros hermanos mayas Q’anjob’ales Daniel Pedro Mateo y Andrés Pedro Miguel. Así como la detención arbitraria de nuestros compañeros Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, líderes comunitarios de Barillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán de Huehuetenango.

Nos preocupa también la sistemática violación al debido proceso por parte del Sistema de Justicia en Guatemala en relación a los presos políticos. El Ministerio Publico, específicamente la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos , utiliza un documento elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz , denominado “Estructural Criminal, Conflicto Social Huehuetenango” para criminalizar. En dicho documento se señala a los líderes comunitarios Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, como parte de la red criminal en la zona norte de Huehuetenango. Preocupa de igual manera la utilización del delito de Plagio o Secuestro en contra de defensores de derechos humanos, con lo cual han logrado el objetivo de mantener por tiempo indefinido a los líderes comunitarios en prisión preventiva, impidiendo su trabajo a favor de los derechos de las comunidades; a esto se suma la estrategia de suspensión permanente de audiencias que ha prolongado por más de un año la prisión de los líderes, aun cuando se está en las primeras fases de los procesos. No quisiéramos pensar que en Guatemala se está utilizando la denominada doctrina del Derecho Penal del Enemigo en contra de los pueblos indígenas que luchan por la defensa de sus derechos fundamentales.

Ante esta situación, los pueblos que hemos participado en más de 80 Consultas Comunitarias de buena fe desde 2005 hasta la fecha, organizaciones sociales, instituciones propias de nuestros pueblos, personalidades y la solidaridad internacional demandamos:

 

Libertad pronta para los presos políticos Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, Domingo Baltazar, Rigoberto Juárez y Mynor López; asegurando la justicia y el debido proceso, establecido por leyes nacionales y estándares internacionales.

Protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas comunitarias de acciones violentas, hostigamientos, intimidaciones y amenazas por parte del Estado de Guatemala y empresas extractivistas.

Respetar las decisiones de los pueblos emitidos en 80 consultas de buena fe; así como a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, como la libre determinación de los pueblos, el derecho a la consulta, territorio y organización propia.

La anulación de las licencias mineras, hidroeléctricas, y petroleras autorizadas en nuestros territorios sin consulta a nuestros pueblos, puesto que esa condición las hace arbitrarias, y por tanto, la causa principal de la conflictividad social en nuestras comunidades.

Guatemala, abril 2016.

[1] Consejo de pueblos mayas CPO.


photo192878958720690111

La existencia de presos políticos en un país es un claro síntoma de la falta de libertades políticas en la defensa de derechos humanos, de la vida y de los recursos naturales, una situación propia de las dictaduras o de los regímenes no democráticos.

De forma conjunta Prensa Comunitaria, Festivales Solidarios, Tierra Lanuda, Realizadores Tzikin, Raquio Snuq’ Jolom Jonob’ y Grupo de Mujeres Ixchel lanzamos la campaña internacional: “Libertad para los presos políticos en Guatemala”, una campaña que visibiliza y demuestra la persecución y la criminalización contra autoridades indígenas y líderes comunitarios, miembros de resistencias y organizaciones comunitarias en defensa de los derechos humanos, la vida y los recursos naturales.

Esta es una acción de nosotras y nosotros que amamos la vida y lo hacemos desde lo que sabemos hacer, es decir, el periodismo independiente comunitario y alternativo y el arte para tomar conciencia y construir una sociedad antiautoritaria, solidaria e incluyente. Invitamos a todas y todos a sumarse y denunciar estas gravísimas violaciones a los derechos humanos en Guatemala.

Ellos no son delincuentes, son defensores de la vida.

¡Libertad para los que defienden la vida, el agua y los recursos naturales!
¡Libertad para los presos políticos!

#LibertadParaLosPresosPolíticos

Tello VillatoroArturo PabloRigoberto Juárez (2)
Francisco JuanHermitaño LópezDomingo Baltazar

Publicado en Guatemala


Fotografía de Ruth Adriana Tánchez Ixcayà

Fotografía de Ruth Tánchez

“Cuando al fin logro entrar a ver a Chico es una alegría siempre verlo, yo le doy gracias a Dios porque mi esposo está vivo. Nosotros hace unos días cumplimos 55 años de casados. Yo soy feliz porque tengo un esposo amoroso, fuerte y luchador. Él es un buen hombre que no le ha hecho daño a nadie. Chico tiene su carácter, pero ha sabido ser un buen esposo y un buen padre.”

Por Cesia Juárez.

Guadalupe de Juan es esposa de Francisco Juan Pedro (don Chico Palás), él actualmente es preso político del Estado de Guatemala desde el 26 de febrero de 2015, por oponerse a la construcción de varios proyectos hidroeléctricos en su departamento, él es luchador por la defensa del agua, la vida y el territorio.

Doña Lupe, tiene 69 años de edad, nació en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Se casó con don Chico Palás en el año de 1961, con quien procreó 6 hijos, Samuel, Daniel, Abel, Marcia, Keren y Cesia. Junto a don Chico pastorearon varias Iglesia evangélicas en el Norte de Huehuetenango, ambos continuaron sus estudios en Teología en el Seminario Teológico Centro Americano SETECA, en la ciudad Capital. Regresaron a Barillas para continuar su vida pastoral y a su vez colocaron un pequeño negocio de librería.

Doña Lupe es fundadora de la organización de mujeres indígenas de Barillas ASOCIACIÓN YALMOTX, fue presidenta y representante legal. Esta iniciativa surge luego de que viera la necesidad de impulsar un espacio para la gestión de proyectos productivos y de desarrollo integral para cada mujer, puso su interés en las mujeres indígenas de escasos recursos económicos provenientes de las comunidades circunvecinas de Barillas, Huehuetenango. La Asociación sigue activa. En el año 2014, luego de realizarse varios exámenes médicos fue diagnosticada con cáncer terminal de páncreas.

El 26 de febrero de 2015, hace exactamente 1 año, ella se entera de la detención de su esposo, quien había sido acusado por once trabajadores de la empresa española Hidro Santa Cruz que quiere implantarse en el Municipio. Lo acusaron de varios delitos, dentro de ellos el de plagio o secuestro; éste delito no alcanza medida sustitutiva, por lo que el juez que conocía el caso inmediatamente ordenó su prisión preventiva.

-¿Cuál fue su reacción al momento de enterarse de que su esposo había sido detenido?

Antes de empezar quiero agradecerle a Prensa Comunitaria su interés de acercarse a mi persona y agradezco el trabajo que han estado haciendo en apoyo a todos nosotros, informando al mundo de todo lo que está pasando aquí y con ellos (los presos políticos) allá donde están.

Lo primero que hice fue pedirle a Dios calma y fortaleza, yo estaba sola en la casa con mi nieta Fernanda, me puse a orar y a pedirle a Dios que también fortaleciera a su siervo (Chico); me preocupé mucho por él, porque nunca había estado en una cárcel y con todo lo que escuchamos y miramos en las noticias de lo que pasa en las cárceles, la preocupación aumentaba, además él ya es un hombre mayor, pensé muchas cosas, me dio un poco de miedo pensar que lo podían golpear. Pero también pensé en esa gente que lo denunció e imaginé que estaban contentos, porque lograron lo que querían. Y le dije a Dios que los perdonara por este dolor que nos ocasionaron. La gente se enteró de inmediato de lo que estaba pasando, empezaron a llegar a la casa para apoyarnos. Pero inmediatamente sentí cómo las cargas que Chico tenía ahora iban a ser mías.

– ¿Usted imaginó que esto podía pasarle a su esposo?

 

Sí, siempre hablábamos de esto con él. Nosotros sabíamos que esto podía pasar, desde que empezó la persecución política contra él, empezaron a intimidarlo y amenazarlo por su lucha al lado del pueblo. Hace muchos años para callar la lucha de los pueblos, mataban a los líderes, los desaparecían, los torturaban, ahora los criminalizan, los meten a la cárcel, a algunos los han matado, y a otros los torturan psicológicamente. Sí imaginé que esto iba a pasar, pues mi esposo ha sido un buen hombre, un buen líder tanto en la iglesia como en otros espacios. Él sabe perfectamente que este lugar que el Creador nos dio para habitar, lo debemos cuidar, siempre lo ha dicho.

“La naturaleza, se protege, se respeta y se defiende”.

– ¿Quiénes son sus abogados? – ¿Qué nos puede decir sobre el proceso penal en contra de su esposo?

 

Nuestros abogados son del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, los licenciados Edgar Pérez, Francisco Vivar y Santiago Choc. Yo sé que en la parte jurídica estamos en buenas manos. Ellos han demostrado su profesionalismo, y no sólo en este caso de Chico, sino en otros más de gran trascendencia en nuestro país.

Desconozco de leyes, pero me han explicado y lo poco que he podido captar es que el caso de él está viciado, es decir que se han cometido muchas irregularidades en su contra. Sus abogados han hecho varias cosas, han presentado algunos recursos en la Corte de Constitucionalidad, pero parece que la juez no ha querido entrar en razón, con jueces así como ella no se puede garantizar un proceso justo; porque ella se está dejando llevar por las mentiras de la otra parte, especialmente del fiscal del Ministerio Público. Además, han suspendido muchas veces las audiencias, a veces por que la juez se va a recibir clases, otra vez fue cuando ella se fue de vacaciones, o porque se enfermó y otras veces por que los licenciados de la hidroeléctrica no se presentan.

“No es justo que nos tengan de juguete.”

-¿Cómo ha sido su experiencia al momento de entrar a ver don Francisco al Centro Preventivo de la zona 18 y durante la visita?

 

Es de las experiencias más feas y humillantes. Esa gente nos trata hasta por los suelos, es más cuando a uno lo miran con corte, son discriminadores. Nos manosean, a mí en varias ocasiones me dijeron que me aflojara el corte, y que me quitara los zapatos, nos levantan el brasier para ver si no llevamos algo escondido. Hay alimentos que se conservan mejor en lata, pero ahí no los dejan entrar, en el caso de Chico, él siempre necesita de su medicamento y ahí no lo dejan entrar.

A veces tenemos que hacer cola por más de 2 horas, bajo el sol o bajo la lluvia. Llega uno cansado del viaje, porque desde Barillas son 12 horas en bus para la Capital, son 405 kilómetros los que tenemos que viajar. Yo paso a comprar las cositas que el necesita, como por ejemplo su comidita, su jabón para lavar, porque él lava su ropa allá adentro, sus cosas para su higiene personal, y las bolsas pesan. A veces tengo que ir sola y yo ya estoy grande, soy de la tercera edad, además estoy enferma no tengo las mismas fuerzas que alguna vez tuve.

Cuando al fin logro entrar a ver a Chico es una alegría siempre verlo, yo le doy gracias a Dios porque mi esposo está vivo. Nosotros hace unos días cumplimos 55 años de casados. Yo soy feliz porque tengo un esposo amoroso, fuerte y luchador. Él es un buen hombre que no le ha hecho daño a nadie. Chico tiene su carácter, pero ha sabido ser un buen esposo y un buen padre. Lo difícil es cuando uno sale de ese lugar, para mí es triste saber que mi esposo se queda ahí y yo sé que para él es difícil, tal vez más difícil, porque no está en su casa.

-¿Qué ha pasado durante este año que don Chico no está con ustedes aquí afuera? Y por último ¿Qué mensaje quiere compartir con nosotros?

 

Han pasado muchas cosas, dentro de ellas las más difíciles tal vez han sido, tenerle que avisar por teléfono a Chico que dos de sus buenos amigos fallecieron, también la muerte de nuestro sobrino en un trágico accidente para Chico fue muy difícil, porque este patojo cuando era más pequeño siempre lo llevaban a la casa y compartía con nosotros.

Fue la primera navidad que él no está conmigo, me hizo falta ir con mi compañero de vida al servicio a la iglesia el 24 de diciembre de 2015, es cierto; mi hija la más pequeña fue conmigo, pero sinceramente sentimos la ausencia de él. Algo que me dolió mucho, fue ver a mi hija Cesia llorando cuando llegó a la casa y no vio a su papá. Ella salió como su papá, muy fuerte, a veces uno cree que su corazón es bien duro, pero ese momento para ella fue muy difícil, ella ha estado pendiente de él en todos los sentidos y eso me ha dado tranquilidad. Han pasado muchas cosas más, Chico nos hace falta, es indignante saber que vivimos en un país donde la justicia para nosotros los pobres no existe.

Visita de la Premio Nobel 1997 Jody Williams junto a la Premio Nobel Rigoberta Menchu al preventivo de la zona 18. Febrero 2016.

Visita de la Premio Nobel 1997 Jody Williams junto a la Premio Nobel Rigoberta Menchu al preventivo de la zona 18. Febrero 2016.

“Sigamos luchando, no descansemos hasta lograr que mi esposoChico Palás, don Tello esposo de doña Anita, Arturo esposo de Mónica, don Tañito esposo de doña Pricila, Rigo esposo de doña Juana y Domingo esposo de Juana estén LIBRES. Ellos no son criminales, ellos han luchado para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan heredar un lugar digno, puro y limpio para vivir. No destruyamos la naturaleza, hagamos de ella el mejor lugar para todos.”


Fuente: iueuropa.org

 

Por Nelton Rivera.

Marina Albiol Guzmán actualmente es diputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y portavoz de la delegación de la Izquierda Plural[1], ella elevara al Parlamento Europeo una serie de denuncias en contra de empresas europeas asentadas en Guatemala por distintas violaciones cometidas.

“Vamos a denunciar como continúan operando las transnacionales aquí en Guatemala, como continúan saqueando los recursos naturales, como continúan espoleando los recursos naturales, implicadas a esas violaciones a los derechos humanos… también el Estado español tienen una responsabilidad con estas multinacionales porque muchas son de capital europeo y de capital español.”

En octubre del 2014 la diputada al parlamento Europeo cuestiono a la Alta representante y vicepresidenta Ashton en nombre de la comisión por las reiteradas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra el pueblo Maya Q’anjob’al y mestizo de Santa Cruz Barillas en Huehuetenango, violaciones echas por la empresa Ecoener Hidralia Energía de capital español dueña de la empresa Hidro Santa Cruz.[2]

La empresa Hidro Santa Cruz sería una de varias  empresas señaladas ante el Parlamento Europeo, pero existen 27 centrales hidroeléctricas de capital europeo funcionando en Guatemala, más 20 proyectos en estudio de construcción.[3]

La conflictividad social de la empresa española en Barillas ha provocado la existencia de siete presos políticos por la defensa del agua y el territorio actualmente en prisión en Huehuetenango y en el Centro Preventivo para hombres de la zona 18 en la ciudad de Guatemala.

Vea la entrevista aquí:

Imagen de previsualización de YouTube

Fuente: Canal Antigua.



[1] Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. Marina Albiol. http://iueuropa.org

[2] Respuestas de la Alta representante y vicepresidenta Ashton en nombre de la comisión. Parlamento Europeo. 31 de octubre 2014.

[3] Ibidem.

 


Foto: Facilitada por Prensa Comunitaria

Por: Iñaqui Aizpurúa Veitia

Diego Marcos Pedro más conocido como “Tiburcio” es el candidato a la reelección al cargo de Alcalde municipal por partido Libertad Democrática Renovada –LIDER- en Santa Eulalia en el departamento de Huehuetenango. Actualmente el Ministerio Público tiene dos procesos de antejuicio en su contra. En donde se le sindica de haber cometido delitos en contra de la libertad de expresión.

Diego Marcos Pedro busca reelegirse por un nuevo período 2016-2020 como alcalde municipal de Santa Eulalia, su administración es fuertemente cuestionada por el movimiento social por la mala administración pública, por criminalizar a las autoridades comunitarias y por violar los derechos humanos.

El papel del Tribunal Supremo Electoral

Durante la mañana del día jueves 3 de septiembre de 2015  varios periodistas e investigadores de la agencia de noticias Prensa Comunitaria Km. 169 y autoridades estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presentamos ante el Tribunal Supremo Electoral –TSE- información de los dos expedientes de antejuicios abiertos por la Fiscalía del Ministerio Público –MP- de Santa Eulalia.

En la base de datos del TSE no aparecen registrados los dos procesos de antejuicio, a consideración de la abogada Estela López integrante del Bufete de Abogados en Derechos Humanos, la Fiscalía de Santa Eulalia del MP debió de haber notificado inmediatamente al TSE de la situación jurídica del alcalde, especialmente porque busca la reelección en este proceso electoral.

El próximo domingo 6 de septiembre Diego Marcos Pedro habrá participado en las elecciones generales 2015. Independientemente del resultado de la elección él deberá responder ante los tribunales por los procesos abiertos en su contra, sin derecho a antejuicio o como un ciudadano común.

Los dos procesos de antejuicio no son los únicos casos que enfrenta el alcalde municipal, están en las fiscalías otros casos por violación a la Libertad de Expresión, agresiones y amenazas contra periodistas, comunicadores comunitarios y autoridades comunitarias en la fiscalía de delitos contra defensores de derechos humanos y en la fiscalía de delitos contra periodistas del Ministerio Público en la ciudad capital.

Sobre los antejuicios contra el alcalde de Santa Eulalia:

La Fiscalía de Santa Eulalia del Ministerio Publico MP en Huehuetenango solicitó dos antejuicios en contra del alcalde:

  1. Antejuicio No. 01006-2015-00117 o Antejuicio 117-2015

El juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango nombro al Juez Pesquisidor Abogado Jorga Adalberto Cano Villatoro para conocer el antejuicio 117-2015 en contra de Diego Marcos Pedro promovido por la Fiscalía del Ministerio Publico de Santa Eulalia para ser investigado en calidad de alcalde municipal por el cierre ilegal de la Radio Snuq’ Jolom Konob’.

Se investiga el cierre de la radio durante los hechos ocurridos en la madrugada del día 20 de enero 2015 en donde resultaron comunicadores comunitarios ese mismo día agredidos, además la fiscalía conexo a este mismo antejuicio la investigación por el atentado armado [1] que sufrieron esa misma madrugada dos jóvenes pobladores de una de las aldeas de Santa Eulalia opuestos a las hidroeléctricas, muriendo el joven Pascual Basilio Pascual Diego, como resultado de los disparos, testigos responsabilizan al alcalde Diego Marcos Pedro de haber realizado los disparos. [2]

  1. Antejuicio No. 01006-2015-00314 o Antejuicio 314-2015

La Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Huehuetenango promovió otro Antejuicio presentado por la Fiscalía del Ministerio Público de Santa Eulalia contra de Diego Marcos Pedro. La sala séptima nombro al juez pesquisidor abogado Julio Bonifacio Baquiax Bulux, en su calidad de Juez Unipersonal del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para iniciar las pesquisas.

Este Antejuicio se solicitó por las agresiones y amenazas que sufrieron una delegación de periodistas nacionales e internacionales, comunicadores comunitarios e investigadores sociales el día 19 de marzo 2015 en Santa Eulalia Huehuetenango. Las agresiones fueron hechas por el alcalde municipal, simpatizantes, trabajadores municipales, agentes seguridad del alcalde y miembros del Consejo Municipal. [3]

Esta delegación llego al municipio luego que la Autoridad ancestral indígena maya Qanjobal resolviera a través del derecho ancestral maya realizar la reapertura de la radio comunitaria, tras el fracaso de la mediación hecha entre los meses de febrero y marzo 2015 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) y la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH- en un intento de conseguir que el alcalde municipal desistiera de mantener ilegalmente cerrada la radio.

Denuncias de violación a la Ley Electoral

El día viernes 4 de septiembre vecinos de Santa Eulalia denunciaron que por orden de él mismo alcalde municipal los trabajadores de la municipalidad han instalado desde hace un tiempo varias cámaras de video en algunos centros de votación como el Salón Municipal, la instalación de las cámaras pondría responder a la estrategia del partido LIDER de amedrentar a la población para que emita su voto bajo presión y control. También

El Tribunal Supremo Electoral definió que el departamento de Huehuetenango es uno de departamentos con alto nivel de conflictividad electoral para este 2015, coincidiendo con la conflictividad que las empresas nacionales o transnacionales instalaron durante estos últimos 4 años en esta región. [4]

Relación con la empresa hidroeléctrica que genera conflictividad en la región

La corporación municipal 2011-2015 llego electa por el partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, de esa cuenta Víctor López Pascual entró como Concejal Suplente I y Diego Marcos Pedro como alcalde de la municipalidad de Santa Eulalia.

La sociedad civil en Santa Eulalia denunció la complicidad de Diego Marcos Pedro y Víctor López Pascual con la empresa CINCO M y el proyecto Hidro San Luis que pretende construir una hidroeléctrica. [5]

López Pascal siendo miembro de la corporación municipal viaja constantemente a Huehuetenango y la capital, organiza conferencias de prensa en hoteles, participa en programas de radio, hace visitas a instituciones del Estado y organismos internacionales haciéndose pasar por líder comunitario o representantes de COCODES de distintas regiones de Santa Eulalia, siendo miembro de la corporación municipal.

En cada una de las reuniones López Pascual sale en defensa de los proyectos extractivos, las hidroeléctricas y criminaliza a las autoridades comunitarias e indígenas de Santa Eulalia y otras regiones que defienden los bienes naturales y territorio, para estas giras se hace acompañar de trabajadores de la empresa hidroeléctrica y de uno de los personeros de la misma. [6]

De esa cuenta la empresa CINCO M encontró en la corporación municipal a dos de sus principales aliados en contra de las comunidades que se oponen a la empresa y ahora ambos buscan reelegirse con el partido LIDER.

Screenshot_2015-09-04-19-44-14

[1] Óscar Figueroa / Santa Cruz del Quiché, Prensa Libre. Sindican a alcalde de muerte de hombre. 17 de marzo 2015. http://www.prensalibre.com/guatemala/quiche/sindican-a-alcalde-de-muerte-de-hombre

[2] Prensa Comunitaria. Informe de los sucesos acaecidos los días 18, 19 y 20 de enero del año 2015 en los municipios de San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango. 4 de febrero 2015.

[3] Prensa Comunitaria. Llamado a la solidaridad a la prensa nacional e internacional. 19 de marzo 2015. https://comunitariapress.wordpress.com/2015/03/19/llamado-a-la-solidaridad-a-la-prensa-nacional-e-internacional/

[4] Diario de Centro América. Entregan mapa de conflictividad al TSE. Gustavo Villagrán. 29 de julio 2015. http://www.dca.gob.gt/index.php/nacional/item/33034-entregan-mapa-de-conflictividad-al-tse

[5] CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL. REPORTE DE CAMPO NO. 2 NOVIEMBRE 2013. Nelton Rivera. “Jolom Konob”: El pueblo de Santa Eulalia y la agresión empresarial. http://www.albedrio.org/htm/documentos/CIESAS-Jolom%20Konob.pdf

[6] Prensa Comunitaria. Santa Eulalia: población en riesgo por empresa hidroeléctrica. Agosto 27, 2015. https://comunitariapress.wordpress.com/2014/08/27/santa-eulalia-poblacion-en-riesgo-por-empresa-hidroelectrica/


Por Nelton Rivera.

Más de 355 kilómetros son necesarios recorrer desde el kilómetro 0 en la capital de Guatemala para llegar hasta el municipio de Santa Eulalia en Huehuetenango, son como ocho horas de camino.

La carretera Interamericana CA-1 es la que nos lleva hasta este lugar, para ello se pasa entre otros poblados por San Lucas Sacatepéquez, Chimaltenango después empezamos a conducirnos hacia el altiplano para disfrutar de las montañas, esas montañas que son las mejores compañeras de camino. Unas horas después llegamos a la cabecera departamental de Huehuetenango como punto intermedio, finalmente subiremos la Sierra de los Cuchumatanes y luego conducirnos a uno de sus puntos más altos en territorio Q´anjob´al: Santa Eulalia.

Santa Eulalia es conocida por sus habitantes como Jolom Konob’ significa “Cabeza de Pueblo”, así llama el pueblo maya Q’anjob’al a su municipio, uno de los diez que forman parte del territorio norte de Huehuetenango.  El frío y la neblina normalmente son intensos desde el ascenso de la Sierra, luego se sigue la ruta para pasar por Paquix, Todos Santos, a veces es imposible ver centímetro alguno de las piedras de Capt’zin, luego San  Juan Ixcoy y San Pedro Soloma durante 3 horas de camino hasta llegar.

Compartir e intercambiar ideas

La presentación del libro “Dinámicas del despojo y resistencia en Guatemala“  fue realizada el día miércoles 16 de abril,  en el salón de la Escuela Parroquial “Santa Eulalia”, es en esta escuela en donde Daniel Pedro Mateo realizaría parte de sus estudios y es en este lugar en donde el Gobierno Plurinacional Q´anjob´al, Chuj, Akateco, Popti y mestizo decidieron realizar las actividades conmemorativas a un año del asesinato de Daniel “Maya”, como lo llaman con cariño y respeto en toda la región.

“Daniel nos enseñó a luchar y vamos a seguir luchando, 365 días después de la muerte de Daniel nuestras naciones ya trascendieron en su lucha. Hoy ya nos denominamos naciones, como antiguamente se denominaban nuestros pueblos. Daniel fue uno de los impulsores de esta iniciativa de constituirnos como naciones. Daniel siempre soñó que nuestros pueblos tuvieran sus propias autoridades, y hoy nos denominamos como gobierno Plurinacional. Hoy nos vamos a reunir para trascender más…” Rigoberto Juárez.

La voz de Rigoberto no solo se escuchó en el salón, también fue transmitida por la Radio comunitaria Snub Jolom Konob’ “La voz de la cabeza del pueblo”, la radio se encargó de transmitir en vivo la presentación del libro, también estuvieron presentes las autoridades y representantes de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Poptí y mestizo que forman parte del Gobierno Plurinacional, cada una y uno de ellos tomo la palabra.

En el salón parroquial desde las 8 de la mañana varias marimbas hicieron escuchar sus sones: “Alma Norteña”, “Maderas de mi tierra” y “Pixan Konob”. Para quienes aún no conocen Santa Eulalia tiene una larga tradición de músicos, en su parque central hay un monumento a la marimba, porque Santa Eulalia se considera como la cuna en donde nació está.

El libro “Dinámicas del despojo y la resistencia en Guatemala” se dedicó a Daniel Pedro Mateo y fue entregado como un homenaje a su familia, Reina luchadora social y su compañera de vida recibió el libro, sus hijas Magdalena, Victoria, Patricia Daniela y Ana Lucinda la acompañaron en esta actividad de homenaje a la vida y lucha de su padre.

La actividad central fue un foro en el que tuvimos la oportunidad como equipo de investigación “Colibrí Zurdo” y Prensa Comunitaria para socializar la experiencia del trabajo, en la mesa principal que compartimos junto a las autoridades del gobierno Plurinacional y varios artistas quienes el 7 de abril realizaron una serie de pinturas en homenaje a Daniel “Maya”.

Pudimos conversar brevemente sobre los tres casos contenidos dentro de esta investigación: San Juan Sacatepéquez y las Doce comunidades maya Kaqchikel, El Valle del Polochic y las comunidades maya Q’eqchí y Barillas y las comunidades maya Q’anjob’al y mestizas en defensa del territorio.

Luego llegó el momento de cada representante del gobierno Plurinacional, hombres y mujeres de varias naciones quienes tomaron la palabra y se dirigieron a unas trescientas personas que se encontraban en el salón y varios miles más quienes nos escucharon a través de la Radio comunitaria, la Radio Snub Jolom Konob.

“Ésta es una oportunidad para seguir profundizando sobre la realidad que viven nuestros pueblos, todos aquí estamos convencidos que lo que está pasando ahora no son políticas gubernamentales solamente, estamos enfrentando una nueva colonización, es un nuevo despojo como el que vivimos desde hace más de 500 años. Vimos la necesidad de articularnos de acuerdo a nuestras formas de organización ancestral de acuerdo a nuestra libre determinación, estamos recuperando la hermandad entre nosotros como pueblos.” Francisco Mateo Morales. 

Al finalizar, en la escuela nos esperaba el recado de trigo con pollo, tamalitos de maíz y café, mientras el frío continuó cayendo sobre el municipio, la neblina este día se hizo sentir desde el amanecer hasta anochecer.

Ésta fue la cuarta presentación del libro, iniciamos en San Juan Sacatepéquez, Cobán Alta Verapaz, en la ciudad de Guatemala y en Santa Eulalia, aún nos queda camino por recorrer, la palabra para nosotras y nosotros tiene peso, tiene valor, la palabra hablada, la palabra escrita, todas esas palabras hechas testimonios que decenas de personas nos han confiado para que se haga eco de lo que viven, éste es el eco que tratamos de hacer.

Cada visita nos permite retroalimentar, comprender y fortalecer nuestros vínculos con las raíces de los pueblos y de las personas, con su historia y realidad, llevamos con nosotros las preocupaciones, rabias, esperanzas y sus sonrisas.

Para descargar el libro: “Dinámicas del despojo y resistencia en Guatemala”