Guatemala Comunitaria

Por: Quimy De León.

Marco Antonio Molina Theissen era un niño de 14 años, estaba en tercero básico cuando miembros del ejército entraron a su casa, lo detuvieron y lo desaparecieron. Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

Su hermana, Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en el entronque conocido como Cuatro Caminos quienes la llevaron a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue torturada y violada sexualmente. Pese a esto a los ocho días ella logró huir por una ventana.

El 6 de octubre de 1981, un día después de que Emma lograra escapar de sus captores, varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres ubicada en la colonia La Florida en el municipio de Mixco en el departamento de Guatemala. Entraron con lujo de fuerza, dentro estaba Marco Antonio, lo engrilletaron, le taparon la boca con Masking tape y golpearon a su madre. Luego lo metieron a un costal y lo tiraron a la palangana de un picop con placa oficial 17675. A pesar de que su madre corrió tras el carro para rescatar a su hijo nada pudo hacer.

Sus padres desesperadamente buscaron a su hijo en hospitales y destacamentos militares. Hicieron varias gestiones ante las autoridades, ante el ejército, ante la iglesia, ante instancias internacionales de derechos humanos y nunca lograron nada. Hasta la fecha la familia de Marco Antonio no sabe sobre su paradero, pero no han dejado de buscar.

El proceso penal

La mañana del 12 de enero 2016 cuatro militares retirados esperaban ansiosos junto a sus familiares y abogados que diera inicio la audiencia de primera declaración por el caso de desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen. Ellos fueron detenidos el 6 de enero de 2016 por una orden de aprehensión y arraigo emitida por el juzgado cuarto el 4 de enero de este mismo año. Los delitos por los que están presos son desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad. Posteriomente el Juzgado de Mayor Riesgo C ligó a este mismo proceso penal a Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor de la Defensa en 1981, detenido el 6 de enero 2016 junto a otros 17 altos mandos del ejército guatemalteco por el caso conocido como #ZonaMiliatar21Coban o caso CREOMPAZ durante la guerra.

A las once de la mañana después de una hora de espera dio inicio esta audiencia en la sala primera del juzgado quinto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala.

Hugo Ramiro Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor, Manuel Antonio Callejas Callejas General de división, Francisco Luis Gordillo Martínez fue comandante de la zona militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, cuando ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa. También fue de la Junta Militar que asumió después de dar un golpe de Estado y asumiera de facto la presidencia Efraín Ríos Montt y Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenango.

La sala es muy pequeña y en ella también esperaban las familiares de Marco Antonio, su madre Emma Theissen Álvarez viuda de Molina, sus hermanas María Eugenia y Ana Lucrecia Molina Theissen acompañadas por defensoras de derechos humanos.

Benedicto Lucas García fue ligado a este mismo proceso penal

El juez Víctor Herrera Ríos que preside el juzgado de Mayor Riesgo C en la ciudad de Guatemala ligo a proceso penal a cinco altos mandos del ejército por varios delitos de Lesa Humanidad que incluyen: Deberes contra la humanidad y por la detención y Desaparición Forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen el 6 de octubre de 1981 en el municipio de Mixco, Guatemala.

También por los delitos de Violación con agravación de la pena y Deberes contra la Humanidad por la detención arbitraria de Emma Guadalupe Molina Theissen el 27 de septiembre de 1981 retenida clandestinamente en la Brigada Militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas” a quien sometieron a tortura, interrogatorios y violación sexual repetidamente.

La audiencia se realizó en la sala del nivel 12 de la Torre de Tribunales en presencia de los cinco sindicados: Benedicto Lucas García, Hugo Ramiro Zaldaña, Francisco Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares y Manuel Antonio Callejas, los cinco militares quedaron ligaros por los tres delitos,  todos permanecen en prisión preventiva en un cuartel militar desde enero del 2016, el juez ordenó que todos permanecerán en prisión preventiva.

Fotografía de Nelton Rivera.

La acusación

El fiscal del Ministerio Publico hizo responsable a los cuatro militares de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen. Para ello cuentan con varias pruebas que determinan el papel de cada uno de los militares.

Hugo Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor en la Brigada Manuel Lisandro Barillas dirigía el retén militar donde fue capturada Emma en el entronque conocido como cuatro caminos ubicado en San Cristóbal Totonicapán, después fue llevada a la zona militar en donde fue detenida ilegalmente, torturada y violada sexualmente.

Francisco Gordillo Martínez era comandante de la zona Militar a la vez que Ediliberto Letona Linares como segundo comandante son responsables junto a Hugo Zaldaña Rojas por los delitos contra deberes de la humanidad y violación agravada.

Manuel Antonio Callejas y Callejas General de División tuvo la responsabilidad de ordenar nuevamente la captura de Emma Molina Theissen y que desaparecieran a su hermano menor, por lo que a él se le acusa solamente del delito de desaparición forzada y delitos contra deberes de la humanidad.

De los cuatro militares Edilberto Letona accedió a hablar y negó su responsabilidad en los hechos y delitos por los que se le acusa, sí reconoció su cargo como Segundo Comandante en la zona militar y que entonces se encontraba de alta.

 

 


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Por Juan Calles

El calor es húmedo y pegajoso, el camino de terracería hace que nos agolpemos en la palangana del pick-up que nos transporta por las cercanías del rio Polochic. Una anciana con cara de molestia se acaricia el brazo derecho que se acaba de golpear por un movimiento brusco; se da cuenta que la observo y baja la mirada entre apenada e incómoda. “Usted se parece a Mamá Maquín” le digo con fingida timidez. Ella levanta la mirada y me hace sentir escalofríos cuando responde: “ese nombre no se menciona desde hace 36 años”, y vuelve a bajar la mirada. Volteo a ver a la gente que se amontona en el pick-up: todos fingen que no escucharon y ven distraídos hacia la nada.

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Mamá Maquín fue una lideresa Q´eqchi´ que encabezó la lucha por la tierra durante los años 70 en Alta Verapaz. Junto a decenas de campesinos y campesinas estaba frente a la municipalidad de Panzós el 29 de mayo de 1978, esperando una respuesta del alcalde de la localidad ante el despojo de tierras que sufrían. El complejo minero EXMIBAL, dedicado a la explotación de níquel, ocupaba tierras comunales y las que los campesinos usaban para sembrar su comida. Además, los megaproyectos de la Franja Transversal del Norte y la hidroeléctrica Chixoy amenazaban con expoliar las pocas parcelas que les quedaban.

Como respuesta a sus exigencias, ese día obtuvieron la represión del ejército de Guatemala, que desde temprano ocupó lugares estratégicos para atacar a la población civil desarmada. Las primeras ráfagas asesinaron a 35 personas. El eco de los disparos aún no se dejaba de escuchar, decenas de personas corrían por salvar su vida, el Ejercito hizo más disparos; hombres, mujeres y niños se abalanzaron a las lanchas que les esperaban sobre el río Polochic, en la carrera por salvar su vida volcaron los aparatos y murieron ahogados.

Entre los primeros asesinados se encontraba Mamá Maquín.

Durante una comparecencia pública en junio de 2011, el ex alcalde de Alta Verapaz, Wálter Overdick García, testificó sobre la participación de finqueros y altos mandos militares en la masacre ocurrida en 1978.  En esa audiencia habló de una reunión entre finqueros en Telemán, pedida por los hermanos Flavio y Héctor Monzón, así como por Amílcar SolísJoaquín González yEnrique Hernández, quienes buscaban la intervención del ejército porque los campesinos exigían tierra. Con la autorización de Guillermo de la Cruz -en ese tiempo Jefe del Estado Mayor Presidencial-, el ejército presente en Panzós secuestró y eliminó a algunos líderes campesinos, finalizando con la masacre el 29 de mayo.

Hasta hoy, ninguna persona ha sido acusada, ni perseguida judicialmente por esta masacre.

Después de cometida la masacre, la tropa que había llegado desde Zacapa tomó control absoluto de la población y en fosas comunes sepultaron uno sobre otro los cadáveres que inicialmente quedaron esparcidos en el centro del pueblo. Para ello se valieron de tractores que ya estaban preparados para ello.

Antes de llegar a Panzós quise hablar de nuevo con la anciana que me había pedido no mencionar el nombre de Mamá Maquín. Ella lo sospechó y me vio fijo a los ojos. Entonces entendí: el silencio nos ha sido impuesto, lo llevamos en el torrente sanguíneo, en los ojos, en las palabras que decimos el silencio nos ha mantenido vivos. Eso me decía ella con los ojos llenos de cansancio y dolor.

Cuando llegamos al pueblo, habían pasado 36 años de la masacre. La señora se bajó del pick-up, caminó lento hacia la plaza, se puso de rodillas y encendió algunas velas, se limpió algunas lágrimas de los ojos. El pueblo entero estaba en silencio, sólo el rumor del calor y del río se escuchaban en el ambiente.

La señora tomó aire y gritó, gritó con todas sus fuerzas, “NI EL OLVIDO, NI EL PERDÓN”.

Su voz retumbó por todo el pueblo. Era el momento de gritar, es el momento de dejar de callar.