Guatemala Comunitaria

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Santiago Bastos Amigo.

Puede parecer extraño recordar que el detonante fue la propuesta de reglamentación del Convenio 169 que lanzó Álvaro Colom, allá en marzo de 2011. La convocatoria a una carta colectiva y la consiguiente búsqueda de firmas entre contactos y amistades – logramos más de 500 adhesiones en pocos días- sirvió para aquilatar y proponernos dar forma a conversaciones e ideas que venían de tiempo atrás entre Quimy De León y Santiago Bastos.

A partir de ahí, empezamos a poner en orden en nuestras preocupaciones y esperanzas alrededor de la movilización que se estaba dando en las comunidades en esos años, cuya expresión más visible eran las consultas comunitarias de buena fe y los conflictos que ya había en contra de megaproyectos en algunos lados.  En ese entonces se había dado la cobertura que hicieron Nelton y Quimy junto a Sara Mingorría y Alberto Alonso desde la plataforma de Indymedia, de los desalojos del Polochic, que mostraron la importancia de la comunicación independiente para denunciar lo que ahí ocurría.

Comenzamos entonces a buscar cómo poner en práctica un proceso/proyecto en cuyo cetro estuvieran esas comunidades y organizaciones que protagonizaban la movilización, a las que este trabajo debería servir como insumo para su proceso, pero también de quienes la acción debería partir. Pensábamos un basado en cuatro tipos de acciones, cuatro momentos -presencia, documentación, análisis y comunicación-. No queríamos comportarnos como una ONG ni depender de la cooperación, pero también sabíamos que necesitábamos fondos para poner en práctica estas ideas.

Así, entre reuniones, pláticas, propuestas, intentos de coordinación y búsquedas de fondos y consensos, se nos fue 2011. El primer trabajo que pudimos hacer, fue un repositorio de noticias publicadas sobre las consultas comunitarias, que debe andar por algún lado en la red, en dónde trabajó Nelton Rivera y Dania Rodríguez. Poco después, ya en 2012, logramos poner en marcha un proyecto de investigación en donde Diakonia aportó para el inicio, sobre la sistematización y análisis de tres casos concretos definidos por los contactos y la relevancia de la lucha. Escogimos Barillas, San Juan Sacatepéquez y el Polochic.

La urgencia de la comunicación

Cuando estábamos en plena labor, la cercanía con los sujetos que era la base de nuestra propuesta nos impuso la necesidad de acondicionar nuestra propuesta de trabajo. El Estado de sitio decretado en Barillas el 1 de mayo de 2012 llevó a 9 líderes y autoridades comunitarias a la cárcel e hizo que muchos más de ellas y ellos se refugiaran para evitar ser capturados. La labor de sistematización ya no era suficiente, comenzó el acompañamiento de los perseguidos y sus familias, y sobre todo, la necesidad de que todo eso se conociera más allá de las versiones siempre insuficientes, parciales y perversas que difundía la prensa corporativa.

Surgió así “Barillas resiste”, un blog en formato wordpress, en donde publicábamos las noticias que íbamos recolectando sobre los hechos que iban sucediendo alrededor de este caso -mientras la investigación sobre los otros dos lugares debía seguir avanzando- En ella subíamos testimonios, los hechos que ocurrían en los juzgados, entrevistas a los abogados, comunicados de organizaciones. Todas estas tareas empezaron a ser práctica habitual del equipo, al que se sumó Francisco Lucas Pedro, Chico que además sufría persecución penal. Desde este medio se participó en la fundación del Centro de Medios Independientes como espacio de convergencia que recogía voluntades y experiencias de comunicación alternativa, tan necesaria ante la deriva represiva del gobierno del Otto Pérez Molina

En esta labor, la página se fue consolidando como un proyecto en sí mismo y a final de año, dio un salto cualitativo, y de “Barillas resiste”,  pasó a llamarse “Prensa Comunitaria”, mostrando su voluntad de ampliar la cobertura, porque amigos empezaban a enviar textos y los contactos ya se estaban consolidando en más lugares. Uno de estos lugares era Santa Eulalia, donde la desaparición y muerte de Daniel Pedro, Daniel Maya, fue un golpe tremendo, por los proyectos y sueños que tuvimos en conjunto y que empezaban a perfilarse un reto para la comunicación.

En esos meses también estábamos inmersos, como todo el país, en la cobertura del juicio que por el delito de genocidio se seguía a Ríos Montt, lo que mostraba otra cara del trabajo de Prensa Comunitaria que desde entonces no se ha abandonado: la memoria y el conflicto armado como base para entender todo lo que está ocurriendo ahora.

Sin embargo, el trabajo se vio afectado porque desde inicio del año 2013 se empezó a dar una campaña de difamación y ataque a gente del equipo por problemas de poder en los espacios en que trabajamos. Fueron meses de desgaste personal.

El trabajo de análisis y sistematización del acompañamiento en Barillas permitió   preparar la publicación Las Voces del Río junto a UDEFEGUA, a partir de testimonios de perseguidos, presos y sus familiares, presentado en la ciudad de Guatemala en febrero de 2014. En abril presentamos también el resultado de la investigación que iniciamos en 2012, con el título de Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Hicimos presentaciones en la Capital, en Cobán y San Juan Sacatepéquez.

El equipo se amplía y el kilómetro 169

El día 4 de octubre del año 2012 el ejército de Guatemala realizó la masacre de 6 personas maya K’iché’ durante una manifestación pacífica de miles de comunitarios y comunitarias, representadas por los 48 Cantones de Totonicapán, más de 40 personas fueron gravemente heridas por las balas de fusilería del ejército.

El pueblo K’iché de Totonicapán se encontraba movilizado exigiendo al gobierno el cese de la reforma educativa, las reformas Constitucionales y el cese de la persecución de líderes y lideresas por oponerse al incremento de la energía eléctrica de la empresa inglesa ENERGUATE. Nelton Rivera tomó una fotografía de la señal de kilometraje, la subió de perfil de nuestra página en Facebook. Con el tiempo la gente nos identificaba con ese símbolo y decidimos reivindicarlo.

En ese tiempo, con apoyo financiero de Hivos empieza un trabajo en equipo con Luciérnaga, que marca la marcha a lo que ya va siendo la nueva Prensa Comunitaria: la ampliación del equipo de comunicadores comunitarios con la incorporación desde Alta Verapaz y Norte de Huehuetenango sobre todo de Rony Morales, Alfredo Rax y Joel Pérez. Con ellos y otras personas más se lleva a cabo una escuela de comunicación comunitaria, que sirven para ir ampliando y dando otro carácter al trabajo y al equipo. En la capital, también se van sumando gente como Jovita Tzul, Andrea y Lucía Ixchíu, o Simón Antonio, Gerardo Monterroso, Marta Karina Fuentes, Pablo Rangel y Norma Sancir que empezaron a colaborar de distintas maneras Se establecieron vínculos con otros medios digitales de otros países como Periodismo Humano en España o Desinformémonos en México; mientras que la gente con la que trabajábamos en el norte de Huehuetenango seguían siendo hostigada.

Con todo eso, Prensa Comunitaria se va llenando de contenidos de lo más diverso y las tareas se van ampliando.  Nos llaman desde lugares donde hay conflictos o movilizaciones para cubrirlos, o para enviar la propia versión de un acontecimiento importante. Los jóvenes que van llegando van mostrando sus trabajos en la página. Los nuevos soportes, redes sociales sobre todo Facebook pero también twitter e instagram se van convirtiendo en un vehículo de nuestro quehacer.

El cierre de  la radio Jolom Konob, de Santa Eulalia, el 20 de enero de 2015 por orden del alcalde del municipio nos hace desplegar una campaña para denunciar los ataques a la libertad de prensa; que nuestros compañeros sufren de forma directa cuando dos meses después subían a Santa Eulalia a acompañar la esperada apertura de la radio, y fueron agredidos por los partidarios del alcalde, al igual que otras persona de la comunidad.

Ya en en abril de 2015 empiezan las movilizaciones en contra de la corrupción en gobierno de Otto Pérez Molina, que supusieron todo un terremoto político, y también un reto comunicativo para el equipo. Cada vez que había movilización, en la Plaza de la capital- corazón geográfico del país- o en cualquiera de los lugares más apartados de la República, allá estaba alguien  del equipo de Prensa Comunitaria poniendo en marcha la maquinaria para que la fotos, los reportajes, textos, acabaran en  las páginas de facebook, wordpress, twitter, medium informado con prontitud y rigor de lo que iba ocurriendo.

Esto ayudó  a fortalecer el equipo y las redes en las comunidades, y a potenciar el uso de las plataformas tecnológicas, con lo que se aplicó a la capacidad de difusión.

Además, a finales de año, nuestro trabajo de acompañamiento y denuncia de los derechos humanos fue reconocido con el premio de derechos humanos “Alice Zachmann” que anualmente otorga la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, con sede en Washington, USA. Don Lorenzo Mateo fue quien viajó a recibirlo y hacer una gira con su hermanos q’anjobales en ese país.

Diversificándonos

El cambio de año, con el resultado de las elecciones nos deja tan abatidos como a todo mundo, pero hay que seguir trabajando, buscando cómo hacer para estar al día de una tarea que cada vez exige más complejidad tecnológica.

La muerte repentina de Poncho Porres, fundador y personaje central de Luciérnaga, pero también pieza clave del desarrollo de Prensa Comunitaria en sus años de existencia nos impacta fuertemente. Como si fuera su energía después de su partida, toma forma un viejo proyecto que surgió precisamente en una plática con él en el Café Chichoy de Agua Escondida. Se trata de la Muestra Guatemala en MovimientoS que gracias al empuje de las chicas de la Casa Yaxs, acaba siendo un proyecto multimedia y multitodo, en que desplegamos nuestra memoria para intentar explicar cómo las movilizaciones comunitarias desde 2010 pusieron la base para las que se centraron en la capital en 2015. Las muestras en ciudad de Guatemala en junio y en Xela en julio fueron para el equipo un gran aprendizaje lleno de satisfacciones.

Mientras tanto, el trabajo continuado junto a los equipos de abogados de los presos políticos del norte de Huehuetenango, llevó a la posibilidad de que el acompañamiento, investigación y  conocimiento sobre el proceso que se desarrolla en el área se vuelque en el peritaje que Santiago Bastos realizó para presentar en el juicio que finalmente se realizó los días 5 al 20 de julio y que terminó con la absolución de todos ellos por la juez Yassmín Barrios. Realmente, fue un día alegre.

De una de las secciones de Guatemala en MovimientoS coincidiendo con la apertura del juicio por el caso por la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen surge otro proyecto que toma vida propia: el montaje El cuarto de las ausencias, que se instala por su cuenta en las instalaciones del IIARS, con el trabajo de las familias que han perdido a sus seres queridos durante la guerra Molina Theissen, Pedro Mateo, Estrada y Portillo.

Al llegar a nuestro cuarto año de trabajo estamos preparando dos volúmenes de textos escritos por gente del equipo y por amigos en torno a los dos temas que han definido nuestro actuar: la resistencia comunitaria y la memoria histórica.

Para entonces hemos conseguido una de las más viejas aspiraciones: abandonar el soporte tecnológico de la página en worpdress -tan plano y bidimensional- y poder construir una página web con las últimas posibilidades, gracias al apoyo incondicional de Gerardo Monterroso.

Esto es, muy por encima, un recorrido por lo que hemos hecho en estos  cuatro años. Son  ¿cuántas notas? ¿Cuantas fotografías? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos muertos y cuántos desvelos compartidos? Todo ello con muchas ganas y con toda la energía de que disponemos y la que nos va llegando, pero también con sacrificios. Con muchos planes y siempre con la frustración de no haber podido hacer todo lo que tenemos planeado hacer; todo lo que este país exige.


Texto: Quimy De León.

Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en la carretera interamericana, para finalmente ser llevada a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue sometida a interrogatorios, tortura y violación sexual. Pese a esto a los ocho días ella logró huir por una ventana.

El 6 de octubre de 1981, un día después varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres y fue detenido desaparecido su hermano Marco Antonio de 14 años. Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

La mañana del 6 de enero de 2016 fueron detenidos varios militares por una orden de aprehensión y arraigo emitida por el juzgado cuarto el 4 de enero de este mismo año. Entre ellos cinco que están siendo procesados por los delitos de desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad.

Ellos son Benedicto Lucas Jefe del Estado Mayor Presidencial durante el período del 2 de julio de 1978 al 18 de marzo de 1982 teniendo bajo su responsabilidad y mando al ejército de Guatemala, Ramiro Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor, Manuel Antonio Callejas General de división, Francisco Luis Gordillo Martínez fue comandante de la zona militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, cuando ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa. También fue de la junta Militar que asumió después de dar un golpe de Estado y asumiera de facto la presidencia Efraín Ríos Montt y Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenango.

El juez Víctor Hugo Herrera Ríos quien preside el juzgado de Mayor Riesgo C ligó a proceso penal a los cinco altos mandos del ejército por la detención arbitraria de Emma Guadalupe y la desaparición forzada de Marco Antonio.

Entrevista

¿Quién es hoy Emma Molina Theissen?

En este 2016, cuando se abrió finalmente la esperanza de justicia para mi familia, soy una mujer de 56 años, madre de una hija inteligente y trabajadora, y abuela de un pequeñito de dos años y medio que es la más reciente alegría de mi vida. Soy la hija orgullosa de una mujer cuyo amor es la fuerza vital de la familia, especialmente en la búsqueda de justicia para mi hermanito Marco Antonio y para toda la familia. Y soy también la hermana de dos valientes, honradas y dignas mujeres. El ejemplo y el amor que siento por cada uno de ellos, me acompaña todos los días y me hace sentirme parte de una estirpe especial.

Soy también una profesional de la ingeniería de sistemas de información. Me considero exitosa en mi carrera y he logrado cosechar respeto y reconocimiento en mi campo. Estoy muy orgullosa de haber estudiado en la universidad y de tener una maestría que pude estudiar hasta hace pocos años. La universidad significó mucho sacrificio, especialmente del tiempo que le podía dedicar a mi hija, que era muy pequeña cuando yo pude estudiar. Tenía 27 años cuando inicié la carrera, que hice teniendo que trabajar. Como madre sola, pude terminarla porque conté con el apoyo de mis padres y mis hermanas para cuidarme a mi hija mientras yo iba a clases o tenía exigentes tareas y exámenes que cumplir.

Hoy trabajo entre cincuenta y cincuenta y cinco horas por semana (por muchos años trabajaba mucho más). Soy la directora de tecnología de información de una empresa aseguradora del magisterio costarricense. A estas alturas proyecto jubilarme en cuatro años, para lo cual estoy ahorrando todo lo que puedo. Quiero descansar y dedicarme a acompañar a mi nieto en sus años de escuela. Voy a entregarle a él el tiempo que no pude darle a mi hija.

Soy amante de la lectura. Me encantan las novelas, especialmente las históricas, y disfruto de hacer ejercicios. Especialmente de caminar los domingos con mi madre, con quien caminamos una hora, bien tempranito. Me gusta el cine y las series cómicas de televisión por las que me despierto los sábados a las 6 de la mañana, para pescar los episodios que no logro ver entre semana.

Me encanta tomar café con pan y adoro las champurradas.

No quiero morirme sin conocer Europa y anhelo hacer mucho por la educación en derechos humanos de niños y jóvenes guatemaltecos.

El camino por la justicia es un camino tortuoso y complejo especialmente en lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército y donde estarían implicados altos mandos.

¿En qué momento y cómo fue que tomó la decisión de buscar justicia, usted y su familia?

Siempre perseguimos la justicia. Desde el momento en que el Ejército secuestró a mi hermano Marco Antonio, en 1981. En 1997, luego de la firma de los acuerdos de paz, buscamos la justicia presentando la denuncia en un juzgado penal. También se acudió a la justicia cuando, no hallándola en Guatemala, la familia recurrió al sistema interamericano de derechos humanos. Este último dio trámite a la acusación del Estado, por el secuestro y desaparición de mi hermano Marco Antonio, que culminó en una sentencia mediante la cual se condenó al Estado guatemalteco, en 2004.

¿Cómo ha sido ese camino hacia la justicia?

El mismo seguido para Marco Antonio. Aunque ante el Sistema Interamericano no figuré como víctima –solo él y por decisión mía– con base en los hechos y pruebas periciales, la Corte Interamericana dictaminó que yo también lo fui, al igual que toda la familia. En Guatemala ha sido el mismo camino. Lo sucedido a mi persona y mi escapatoria forman parte de una cadena de hechos en la que detención ilegal de mi hermano es un eslabón más. Es un continuo de sucesos inseparables.

¿En qué momento usted rompió el silencio y decidió contar lo que ocurrió durante su cautiverio?

Las personas, compañeros del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) en su mayoría, que me auxiliaron, me protegieron y me ayudaron a salir de Guatemala, supieron desde el primer momento todo lo ocurrido durante mi detención.

¿Cuál ha sido el recorrido de su palabra, su testimonio?

Entre octubre de 1981 y abril de 1982 conté lo sucedido a personas que me rodeaban.

Estando en México a donde llegué en enero de 1982 en calidad de exiliada, me sentía muy cerca de la comunidad de guatemaltecos, la mayoría con historias trágicas, pérdidas familiares o experiencias terribles de persecución. Todos vivíamos al filo en todo sentido, material y emocionalmente. Contarnos lo que vivimos y cómo nos sentíamos nos proporcionaba (al menos a mí) un sentimiento de seguridad y contención afectiva en la soledad y la tristeza que todos cargábamos. Mis palabras quedaron grabadas en cassettes cuyo rumbo perdí.

En mayo de 1982, fui informada del secuestro y desaparición de Marco Antonio. No estaba enterada porque mi familia y los compañeros del Partido (del PGT) que me rodeaban, noblemente lo ocultaron para no debilitar aún más, mi frágil estabilidad emocional, socavada por el terror. Decidieron contarme lo sucedido porque sería publicada una lista de personas desaparecidas, en la que figuraría Marco Antonio. Quisieron que no me enterara leyendo la lista.

Después en 1983, junto con otras personas familiares de desaparecidos, conformamos el Comité Guatemalteco de Familiares de Detenidos Desaparecidos y nos sumamos a la denuncia de lo que ocurría en Guatemala.

Eran los años del golpe de Estado de Efraín Ríos Montt y la más violenta represión en Guatemala. No teníamos dinero y nuestra voz era la de una hormiga en un país de 75 millones de habitantes, con exiliados de todo el mundo que daban a conocer su realidad, buscando solidaridad para su propio país. En medio de aquellas actividades asistimos a foros públicos de denuncias y yo contaba la historia de mi detención y el secuestro de mi hermano. Hacíamos afiches y los pegábamos en las calles del centro histórico de la ciudad.

Ese mismo año de 1983, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) que funcionaba en el exilio, en la ciudad de México, recibió al recién nombrado relator especial de Derechos Humanos de la ONU para Guatemala, el ahora Vizconde Colville de Culross, un inglés de mirada gélida que no hablaba una pizca de Español. Me recibió 10 minutos con su traductor. Narré mi historia, tomó nota y salí. De él y su impertérrito rostro no recibí una sola palabra ni el menor gesto de empatía. Pero tengo la convicción de que en algún momento se llegó a escuchar mi voz, mi testimonio, porque era la repetición abrumadora de las palabras de muchos que apenas logramos escapar de la muerte. México tenía en la zona fronteriza con Guatemala, asentamientos de poblaciones rurales de Guatemala de cientos de personas que huyeron de las masacres y vivieron más de diez años en campamentos de refugiados de los que lograron retornar finalmente después de la firma de los acuerdos de paz. Ellos constituyeron una denuncia permanente del estado de terror que se vivía en las zonas rurales de Guatemala.

Mi exilio continuó en Costa Rica adonde llegué en 1985. En el año 86 me integré a una asociación de familiares de desaparecidos en Centroamérica. Habíamos familiares de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta asociación llevó ante el sistema interamericano el primer juicio contra desaparición forzada que culminó en julio de 1988 con la condena al Estado hondureño por la desaparición de dos personas. La sentencia constituyó un precedente fundamental para la lucha por los derechos humanos en la región.

Durante los 35 años desde mi fuga y el secuestro y desaparición de Marco Antonio, he narrado mi experiencia ante jueces, abogados, fiscales, representantes del Gobierno, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, miembros del cuerpo diplomático y periodistas. Asimismo he prestado testimonio judicial en todo momento en que ha sido requerido por los procesos legales nacionales e internacionales.

¿Por qué ha sido para usted importante denunciar, a pesar de lo difícil de los hechos ocurridos y de las implicaciones que pueda tener hacerlo?

Porque no nos resignamos ante la desaparición de Marco Antonio. Porque todo lo que sucedió no puede quedar impune. Por el inmenso dolor causado a mis padres quienes lo buscaron incansablemente y solo recibieron la indiferencia de las autoridades y la persecución de la inteligencia militar. Porque todavía tenemos la vida, el vigor y la voz para gritar que lo que nos hicieron no está olvidado y que no nos silenciaron pese a la brutalidad de sus acciones.

¿Cómo vivió usted el hecho de que en primera instancia no hayan ligado a proceso a los militares por el delito de violación agravada?

En enero, la jueza Secaida decidió no ligar a proceso por el el delito de violación agravada a los exmilitares detenidos. No desestimó completamente el cargo, pero pidió más pruebas y aclaró que ello no significaba que no pudieran presentarse en el futuro.

En los meses posteriores, el Ministerio Público se dedicó a fortalecer la imputación y a obtener peritajes como el que se hizo basado en el Protocolo de Estambul (Nota de Prensa Comunitaria: ver referencia en el enlace Protocolo de Estambul).

¿Cómo se sintió al respecto?

Este fue un obstáculo más en el largo y escabroso camino de llegar a conocer la verdad de lo sucedido y alcanzar la justicia. Se buscó cómo solucionarlo y finalmente el juez Herrera Ríos, en la audiencia del 25 de octubre, decidió que hay suficientes indicios para incluir la acusación de violación sexual con agravación de la pena, cargo por el que quedaron imputados los cinco exmilitares.

Hablar de violación sexual durante la guerra no es fácil para quienes son sobrevivientes. Sin embargo, usted no es solo una sobreviviente sino que además está llevando con mucha valentía un proceso penal por estos delitos perpetrados en su contra y por la desaparición forzada de su hermano menor Marco Antonio.

En el juicio, tanto el Ministerio Público como su abogado han planteado (y el juez así lo ratificó) que usted fue considerada “enemiga interna” y por esta razón fue detenida y llevada a una cárcel clandestina ubicada en la zona militar de Quetzaltenango. Y además fue sometida a interrogatorios, abusos físicos, psicológicos y sexuales para obtener información estratégica y para lograr que usted fuera colaboradora del Ejército.

 ¿Usted estaba desarrollando en el momento de su detención alguna tarea, o acción específica?

Mi detención ocurrió cuando yo viajaba en una camioneta desde la capital hacia Quetzaltenango. Eran cerca de las ocho de la mañana y el bus fue detenido por un puesto de vigilancia (retén) a la altura de Santa Lucía Utatlán. Yo portaba documentos de estudio político y panfletos del Partido Guatemalteco del Trabajo. Los soldados hallaron los documentos y me detuvieron. No andaba armada. Nunca anduve armada ni sabía utilizar un arma.

¿Por qué el hecho de haber sido miembro de la Juventud Patriótica del Trabajo la convertía en enemiga del Estado? ¿Cómo analiza usted esto, con relación al trato que recibió?

Desde la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional y la estrategia de guerra de baja intensidad, prácticamente cualquier persona que fuera sospechosa de disidencia ideológica y actividad política, era considerada enemiga del Estado y por lo tanto perseguida por eso. Al momento de mi detención, yo tenía 21 años y recién había sido dirigente estudiantil en secundaria, que culminé en el año 78. Participé en movimientos populares contra el alza del pasaje urbano, el sepelio de Robin García con la marcha de los claveles rojos, así como huelgas y manifestaciones pacíficas de protesta. Tuve un papel protagónico en Belén, donde estudié, así como en la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media que reunía a todas las asociaciones estudiantiles de secundaria. Desde la visión de los militares que tenían el poder en los años 80, mi actividad ciudadana o la militancia en una organización de izquierda apuntaban a que yo fuera considerada enemiga del Estado

Pero… ¿Cuál es la visión desde una óptica de institucionalidad de justicia y legalidad? Que el Estado guatemalteco (del cual es parte el Ejército) violó inclusive su propia legalidad. Las leyes guatemaltecas han reconocido derechos civiles y políticos, de libre asociación, libertad de expresión del pensamiento y consagraron en la Constitución de la República, además del derecho a la vida. En esa lógica, el Estado violó mis derechos políticos desde el momento de considerarme enemiga del Estado, justamente por ejercer estos derechos.

Si bien es cierto las organizaciones de izquierda, como el partido comunista (el PGT) eran ilegales, el Estado continuó violando mis derechos al detenerme ilegalmente, al no ser presentada ante un juez competente, al no ser legalmente acusada de actos al margen de la ley y al negar mi derecho a la defensa. Estuve además detenida en un cuartel del Ejército, en una cárcel clandestina porque los recintos militares no forman parte del sistema carcelario.

Y eso no bastó. Durante los nueve días de mi detención ilegal, fui sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo con la práctica oficial de esos años, con toda seguridad mi detención hubiera culminado con mi asesinato.

¿Por qué cree usted que se daba este trato a opositores? ¿Por qué tanta saña?

La detención ilegal, la tortura y el asesinato de opositores políticos o dirigentes sociales, era parte de un plan que buscaba sofocar el descontento de sectores del país, por medio del terror. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales calculan que el Estado asesinó a cerca de 250 mil personas, de manera individual o colectiva y que desapareció a otras 45 mil personas en Guatemala. Entre las personas desaparecidas se contabilizan 5 mil niños. Entre ellos, mi hermano, que tenía 14 años al momento de su secuestro.

La saña que me fue aplicada es la misma que sufría cualquier persona capturada ilegalmente. Yo no fui la excepción. Las torturas de las que fui víctima fueron las mismas que recibió toda persona que cayó en manos de la inteligencia del Ejército o sus efectivos y aparatos oficiales o clandestinos, llámese soldados, policía militar ambulante, G2 o escuadrón de la muerte. Era cuestión de tiempo para que me asesinaran con tortura. Digamos que yo tuve la “suerte” de que las torturas que me aplicaron no me mataron de inmediato, como ocurrió con personas cuyos cadáveres era arrojados a la orilla de caminos, o a ríos como el Motagua, tras pocas horas de la captura ilegal.

¿Pero el hecho de ser mujer y estar en manos del Ejército supone alguna diferencia en el trato durante interrogatorios tratándose de una detención ilegal ¿cómo podemos comprender esto?

 Considero que la violencia sexual de la que fui objeto era un tratamiento rutinario hacia las mujeres capturadas ilegalmente. Los ataques sexuales son una forma de tortura especialmente aplicada a sabiendas de que el enorme daño no solo es físico, sino moral y emocional. La violación no es sexo, es violencia pura, cruel y destructiva.

Es sometimiento al soldado y poderoso, protegido por la clandestinidad de la detención y por su posición impune ante la ley. El soldado o efectivo militar que viola a una mujer secuestrada pone en práctica su adiestramiento caracterizado por la carencia absoluta no solo de conocimiento de los derechos humanos más elementales, sino de la sensibilidad más básica hacia las personas. La violación es un arma de guerra. La practican los ejércitos en todo el mundo porque es sumamente efectiva para paralizar la fuerza formadora de la vida y la conciencia a partir de la mujer, dentro de la familia. Aprendí en carne propia que estar en manos de los militares significa ser objeto de las más asquerosas, denigrantes y dolorosas formas de violencia sexual.

¿En el proceso penal desde la defensa de los acusados se ha tratado de deslegitimar su testimonio usando adjetivos como “loca” o “traidora”? ¿Cómo se siente al respecto?

El Ejército no ha dado muestras de honor y no reconocerá lo que hicieron. Han cerrado filas para ocultar la información y protegerse. Puede ser que algunos, en su fuero interno sepan que lo actuado estuvo mal, que viola leyes, que está muy lejos de los principios morales aprendidos o de sus enseñanzas religiosas. Aun así, el Ejército ha decidido guardar silencio y aunque institucionalmente no defiende a los acusados, tampoco entrega información ni hay integrantes prestando testimonio para esclarecer la verdad. No hay voluntad institucional para limpiar su nombre ni hacer frente a las consecuencias de sus actuaciones que, aunque son pasadas, fueron oficiales y sistemáticas. Imagino el conflicto ético que podrían estar atravesando oficiales del Ejército de las nuevas generaciones, que no estuvieron directamente involucrados en los actos represivos.

Me pregunto qué pueden pensar las esposas o madres, en general los familiares de los militares activos… ¿qué podrán pensar cuando ven a mi madre con su dolor por su niño? Me pregunto si logran hallar en su corazón argumentos convincentes que justifiquen el secuestro, el asesinato y la desaparición de Marco Antonio… o ¿cómo se puede explicar que la violencia sexual contra personas detenidas era parte de su “trabajo”?

Entonces, en ese marco, las acusaciones de locura obedecen a esa lógica. Intentan descalificarme como persona y como sujeta de derechos. Quieren al menos sembrar así la duda sobre mi testimonio, en el intento de “razonamiento” de que una persona loca no dice la verdad (cosa que tampoco es necesariamente cierta).

Finalmente pienso que tendría que preocuparme si quien dice que estoy loca es un profesional, un experto en la materia y que me conoce, terapéuticamente hablando y me hubiera diagnosticado. Viniendo de ellos lo tomo como un esfuerzo por ofenderme, lo cual no causa ninguna mella en mi espíritu.

Sobre las otras acusaciones de que soy traidora, que ya trabajaba para ellos o de que delaté compañeros y que por eso la guerrilla (no ellos) secuestraron a mi hermanito: respondo que no soy traidora, no delaté a nadie, no trabajé jamás para el Ejército y proclamo a los cuatro vientos y con toda la fuerza vital que fue el Ejército el que secuestró y desapareció a Marco Antonio.

¿Por qué es importante que el Estado sea tercero demandado?

Primero, porque el Estado guatemalteco en su conjunto es responsable de la actuación de sus fuerzas armadas. También es responsable de la impunidad de los actos criminales cometidos por el Ejército en los años 80.

Se quiere hacer una separación del Gobierno y el Ejército, pero todos forman el conjunto llamado Estado. El Ejército también está compuesto por funcionarios públicos, pagados con los impuestos de los guatemaltecos y por lo tanto, al servicio de la sociedad en su totalidad. En tanto es así, los ministerios a cargo de su conducción como el ministerio de la defensa, tienen plena responsabilidad en la comisión de delitos por parte de las fuerzas armadas. También es responsable un poder judicial que negó las posibilidades de aplicación de la ley y no impartió justicia durante tres décadas y media.

Lo mínimo por lo que tendría que responder el Estado, es por su incapacidad y negligencia para proteger la vida, la seguridad y la integridad física y emocional mías y de mi hermano.

Segundo, porque el Estado no ha cumplido en su totalidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En este caso, con las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad.

Estas medidas incluyen en

  • El establecimiento y revelación pública de la verdad, lo cual implica la localizar los restos mortales de Marco Antonio y su devolución a nuestra familia para darle la digna sepultura que merece todo ser humano. Asimismo que la familia pueda conocer qué le sucedió a Marco Antonio.

Asociado con este punto, la CIDH ordenó la creación de un banco de datos genéticos que faciliten la localización de las personas desaparecidas. El proyecto de ley que pretende materializar esta medida lleva años engavetado en el Congreso de la República (es la Ley 3590)

  • La justicia sobre este delito: esta se encuentra en proceso y persigue identificar, enjuiciar y sancionar a quienes resulten culpables: sean autores materiales o intelectuales.
  • Finalmente, el Estado debe asegurarse de que a quienes sean hallados culpables por los crímenes cometidos, se les obligue a reponer a favor del Estado, el monto de la indemnización que nos fue entregada a la familia por mandato de la CIDH, así como a devolverle al mismo Estado y a la familia, los costos de este proceso judicial.

¿Para usted qué significa en este momento justicia y resarcimiento?

Justicia es la posibilidad de que haya leyes y de que sean aplicadas para juzgar y castigar a quienes violan los derechos de las personas, sin distinción de ninguna clase.

Mi concepto de resarcimiento es la búsqueda de reparación del daño causado a las víctimas. Hay varias formas de resarcimiento:

En primerísimo lugar:

  • El establecimiento de la verdad. Conocer qué pasó con la víctima.
  • La aplicación de la ley. Es decir, juicio y castigo conforme al derecho, a los responsables de los crímenes cometidos.

En segundo lugar, que la sociedad conozca los hechos criminales y el daño causado. Es importante y valioso si además el reconocimiento se acompaña del compromiso estatal de no repetición. Cuando este reconocimiento parte de una voluntad general y honesta, se materializan toda clase de mecanismos institucionales y leyes en contra de una nueva comisión de los delitos, así como de acciones para resguardar la memoria histórica mediante los cuales se reconoce lo actuado y se preserva y honra la vida de las víctimas.

En tercer lugar, la reparación del daño material que trajo consigo el hecho criminal. Generalmente esto consiste en una compensación económica, contemplada en el derecho internacional. En nuestro caso, la familia recibió en conjunto US$698 mil (unos Q5 millones 235 mil). La suma es insignificante o simbólica si con ella se tratara de “pagar” por la vida de Marco Antonio o si de esta manera se quisiera compensar por los efectos físicos y psicológicos o el profundo, continuo y permanente dolor provocado a la familia, especialmente a mis padres.

Con esta suma, que fijó la CIDH, se compensó la pérdida de proyectos de vida individual y familiar, truncados cuando mis padres se vieron obligados a dejar de trabajar por buscar a Marco Antonio y luego, cuando mis padres y mis hermanas tuvieron que huir de la represión en Guatemala hacia un exilio que dejó atrás empleos, estudios y bienes familiares, fruto del trabajo de mis padres y hermanas.

En mi caso, cuando salí de Guatemala, mi equipaje era lo que llevaba puesto. Me sentí despojada de patria, familia y amigos. Mis estudios no valían nada en México ni en Costa Rica. En Guatemala me gradué como maestra, pero en otro país mi título no era suficiente para ejercer el magisterio. En México el primer obstáculo para sobrevivir era no contar ni siquiera con cédula guatemalteca, no digamos con un pasaporte. No pude acceder a empleo ni a estudios en mi condición de migrante irregular

Mis hermanas pasaron por situaciones muy similares. Ese es el tipo de daño que intenta reparar la compensación económica.

Es importante que cuente a los lectores que en el año 2004 en el marco del juicio ante la CIDH y de la condena al Estado guatemalteco por la desaparición de Marco Antonio, por medio de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), mi familia convino con el Gobierno que no se volvería a solicitar indemnizaciones adicionales en concepto de reparación del daño material. Este acuerdo no incluye una solicitud de pago de costos y gastos legales.

¿Qué espera usted de este proceso penal?

Espero que el proceso deje claridad sobre lo que sucedió. El esclarecimiento de los hechos significa que la sociedad guatemalteca reconozca que yo fui detenida ilegalmente, que sufrí violencia sexual y que fui sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Significa que reconozca que en venganza por mi fuga, mi hermanito Marco Antonio fue secuestrado, desaparecido y asesinado y que a la G2 no le importó que tuviera solo catorce años ni el dolor que causaba especialmente en mis padres. Significa que la historia se escribirá de otro modo y se podrá comprobar que las acciones contrainsurgentes del Ejército incluyeron actos criminales, aun dentro de sus represivas leyes, no digamos a la luz de los derechos humanos, que es uno de los principales logros de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial.

De hallarlos culpables, espero que los ahora sindicados, sean castigados por los delitos cometidos con todo el peso de la ley. Esto significaría que la sociedad guatemalteca decida terminar con 35 años de impunidad.

Espero que Guatemala establezca este proceso como un punto de partida, como un precedente, para que nunca jamás haya desaparecidos por razones políticas y para que se investigue el paradero de los niños y adultos desaparecidos cuyo punto de partida es la aprobación de la ley 3590.

Espero que este proceso avive la esperanza de que Guatemala fortalezca la ley y la institucionalidad de la Justicia como forma civilizada de dirimir los conflictos y que se vaya desterrando la violencia como forma imperante de relación social.

Y finalmente, espero que se materialice el gesto de justicia más importante para mi familia: la entrega de los restos de Marco Antonio para su digna sepultura. Merecemos cerrar el duelo inconcluso que nos roba la paz desde hace tres décadas y media.

Quizá algo sobre el esclarecimiento de la historia y la verdad.


Por Nelton Rivera, Quimy De Leon y Gaspar Nicolás.

 

La persecución penal en contra de las autoridades comunitarias y ancestrales no cesa en Guatemala, nuevamente fue detenido otra autoridad por una orden de aprensión que continuaba vigente. Domingo Francisco Cristóbal Francisco es una autoridad maya Q’anjob’al y líder comunitario, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- a eso de las 12: 25 del día miércoles 26 de octubre 2016 recién concluida la manifestación convocada por Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- en Huehuetenango de donde venía, ya que él forma parte de esta organización en el área norte.

 

Es padre de diez hijos e hijas y tiene 64 años, es agricultor, tiene un amplio trabajo comunitario, fue miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo – COCODE – en su comunidad y actualmente tiene el cargo de Asesor del Comité Protector del Medio Ambiente, es miembro del Gobierno Ancestral Local Jolom Konob’. Además es presidente de la organización Pro justicia en el municipio de Santa Eulalia.

 

A don Domingo se le acuso injustamente de varios delitos graves como “Plagio o Secuestro”, e instigación a delinquir, la acusación la realizaron trabajadores del Centro de Atención de Justicia CAJ de Santa Eulalia, los jueces, fiscales del MP, trabajadores del OJ, del Bufete Popular y administrativos, lo más relevante de este caso es que el Tribunal de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios resolvió que esta acusación no tenía sustento jurídico y que se apartó el Ministerio Publico de toda objetividad en la investigación, una de las resoluciones de la jueza fue confirmar que estas acusaciones solamente sirven para criminalizar a las autoridades comunitarias y que los supuestos agraviados solo mintieron en el tribunal. “Sí creo en su inocencia” 

Por esta misma causa penal ya fueron juzgados y absueltos siete autoridades comunitarias este año, pero la orden de aprensión contra otras personas siguió abierta a pesar de varios recursos presentados por el equipo de abogados que conocen esta proceso penal, a criterio del abogado Benito Morales Laynes estas ordenes de aprensión son completamente ilegales, el juez de turno y un fiscal del Ministerio Público en la capital violentó el debido proceso en el mes de abril del 2015 al emitirlas, el juez Victor Herrea Ríos no podia conocer este caso porque un juzgado en Huehuetenango ya lo estaba haciendo.

 

La detención

 

Domingo después de la manifestación se encontraba en uno de los comedores el mercado municipal donde pasaron a almorzar.  Según testigos llegaron a llamarle y le apartaron de las mujeres del grupo que le acompañaba. Quienes no lograron ver si le mostraron algún documento u orden de detención, solo le hablaron y lo subieron al vehículo particular. Él había pasado a almorzar en un comedor del municipio de Chiantla y al salir lo estaban esperando los agentes de la DEIC.

 

 

Al parecer ya existía una orden de detención en su contra en donde se le acusa de instigación a delinquir, plagio o secuestro según Causa No. 10915, fechado 25-03-2015, emanado del Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia departamento de Huehuetenango, firmada por el abogado Otto Felipe Vásquez Vásquez Juez de primera Instancia del Municipio de Santa Eulalia.

 

Por la noche fue escuchado por un juez y luego trasladado a Huehuetenango, se sabe que durante la madrugada iba a ser trasladado a la ciudad capital, a primera hora del jueves 27 de octubre fue trasladado a la Torre de Tribunales en la ciudad capital, lo subieron al nivel 14, en la secretaria del Juzgado de Mayor Riesgo A presidido por la juez Claudette Domínguez, el juzgado no lo escucho en su 1ª. Declaración y la programaron dentro de una semana, don Domingo a medio día fue trasladado al Centro Preventivo para hombres de la zona 18, ahí permanecerá mientras la jueza lo llama a audiencia.

 

¿Quién es don Domingo Fracisco?

 

Es originario del Caserío Yula’ Is, Yal Temux (Temux Chiquito), es una autoridad ancestral junto a Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo expreso político por la misma cusa, la defensa del agua.

 

Es un defensor de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, inició con sus labores humanistas desde los 18 años de edad en el año de 1970 fue uno de los promotores de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, junto a varios líderes y autoridades comunitarias más.

 

Don Domingo fue uno de los copromotores de la creación del Centro de Administración de Justicia CAJ en el territorio Q’anjob’al, específicamente en Jolom Konob’ (Santa Eulalia), paradójicamente ahora fue encarcelado por una denuncia de los trabajadores de este centro.

 

Fue copromotor de las organizaciones “Asociación Pro-justicia” y el “Consejo Asesor Indígena” a las cuales pertenece actualmente. Al mismo tiempo es copromotor y participante activo en la reconstitución de las Autoridades Ancestrales de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ a través del Payxail Yajaw Konob’/Gobierno Ancestral Plurinacional.

 

Formo parte del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en el norte de Huehuetenango, fundador del movimiento social por la defensa del territorio que ahora es la representación de las Autoridades Ancestrales de Jolom Konob’ “Payxa Yajawil Jolom Konob’”

 

Copromotor de la Consulta Comunitaria de Buena Fe por el desarrollo de mega-proyectos en el territorio, llevada a cabo el 29 de agosto del año 2006, junto al héroe y mártir Q’anjob’al Daniel Pedro Mateo, conocido con cariño como Daniel Maya.

 

Durante el conflicto armado interno de Guatemala, fue objeto de discriminación y encarcelamiento por sus labores en la defensa de los derechos humanos y del territorio.

 

En el año 1982 rescató el registro civil y los documentos de administración municipal de un incendio, y en varias ocasiones en que el ejército de Guatemala intentó llevárselos, actos que le han dado reconocimiento en el pueblo por su heroísmo y determinación.

Fue el primer concejal municipal en 1982.  Su formación política y social ha sido a través de su trayectoria en las luchas sociales, participación en talleres de formación, sin embargo, a pesar de su grado académico, se ha dedicado a la lectura de numerosos libros, y es pastor evangélico.

 

Fue uno de los fundadores de la Asociación Microrregional “ACODEY” de donde surgió una academia de mecanografía y computación que brinda sus servicios en su comunidad.

 

En resumen estos son cuarenta y seis años de trabajo comunitario, liderazgo y representación de la nación Q’anjob’al que le permitieron ganarse el respeto, confianza y admiración de muchas generaciones.

 


 

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Quimy De León.

El presidente y comediante Jimmy Morales junto al vicepresidente Jafeth Cabrera y su gabinete, decidieron sorpresivamente este 20 de septiembre suspender las garantías constitucionales como la libertad de expresión, acción y locomoción, además el gobierno podría hacer compras a discreción sin necesidad de cotizaciones o licitaciones. Todo esto bajo el argumento de que por las lluvias la población corría riesgos.

Las críticas no se hicieron esperar y al día siguiente el vicepresidente anunció que sería anulado el decreto gubernamental.

Ellos fueron electos como presidente y vicepresidente en el 2015, y desde el inicio de su gestión han tenido protagonismo político ínfimo, al punto que parecía que gobernaban en el adormecimiento. Todo mundo sabe que carecían de un plan de gobierno y de equipo de trabajo.

¿Qué fue lo que pasó?

El 19 de septiembre Jimmy arremetió contra los medios de comunicación, pues se siente cuestionado, ya que en las últimas semanas había sido motivo de escándalo pues su hijo y hermano están involucrados en el caso de corrupción llamado “Botín Registro de la Propiedad” donde hay más de 17 personas en la cárcel. Jafeth Cabrera también ha sido señalado por nepotismo y crearse una nueva vida de aparente derroche.

También ha sido motivo de críticas su cercanía con militares de dudosa reputación, los intereses empresariales que están expresados en el gobierno, parte de sus funcionarios vienen del gobierno del Partido Patriota y la presencia evidente de los intereses de los Estados Unidos.

Entonces anuncian la suspensión de garantías constitucionales que serían efectivas mediante un Estado de Prevención (decreto 5-2016) con vigencia de 15 días para todo el territorio nacional. El argumento era absurdo y estaba basado en el peligro que las lluvias provocarían en particular en algunas zonas que nunca especificaron, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-.

A todo esto, la población se quedó estupefacta por la medida autoritaria y sin sentido, la pregunta sigue siendo ¿cuál fue el trasfondo para tomar una medida de tremenda magnitud?

¿Cuál ha sido la dinámica para imponer Estados de prevención y de sitio?

En Guatemala implementar Estados de Sitio o de Prevención para limitar las garantías constitucionales ha sido una medida utilizada con la finalidad de controlar y reprimir a la población. Fue una práctica común durante los gobiernos dirigidos por militares en los años de la guerra fría y las dictaduras.

La narrativa violenta a la que hemos asistido en los últimos años en Guatemala han sido de implementación del modelo neoliberal y extractivista, conocido como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2,004) que basa la necesidad de explotar la naturaleza a costa de lo que sea, principalmente del uso de la violencia. Esto ha quedado claro en diferentes lugares donde se han tratado de implementar megaproyectos como los monocultivos para la agroindustria, las hidroeléctricas, la minería a cielo abierto, plantas cementeras, petroleras entre otras.

En estos casos ha habido tres actores fundamentales en tensión: el Estado, las empresas y las comunidades. Aunque también han participado otro tipo de actores no estatales con actividades clandestinas y criminales, que no siempre ha quedado claro su papel.

El papel del Estado en esta etapa ha sido crear las condiciones para la implementación del modelo a beneficio de las grandes empresas, incluso en detrimento de si mismo, de la naturaleza y de la población. Se ha hecho uso de la fuerza pública para reprimir y crear terror a la población organizada que se niega al modelo por considerarlo nocivo. Para lograrlo han llegado al extremo de imponer Estado de sitio y/o de prevención.

Una breve mirada para atrás

La aplicación de medidas represivas como los Estados de Excepción y de Sitio que obvian incluso los marcos legales existentes, les permite actuar con eficacia y rapidez para imponer proyectos de carácter económico. En estos casos el Estado no actúa solo, también participan estructuras paralelas y privadas, relacionadas con las empresas. Algunos ejemplos ocurridos en la historia reciente:

  • 2014 Estado de Sitio en San Juan Sacatepéquez durante el gobierno del Partido Patriota para imponer un proyecto cementero de Cementos Progreso S.A. y la construcción del anillo regional al que la población organizada se oponía.
  • 2013 Estado de Prevención San Rafael Las Flores durante el gobierno del Partido Patriota para beneficiar a la minera San Rafael.
  • 2012 Estado de Sitio en Barillas durante el gobierno del PP para beneficiar una hidroeléctrica española que buscaba imponerse pese a la oposición de más de 300 comunidades.
  • 2011 Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez durante el gobierno de la UNE dirigido por Álvaro Colom a beneficio de la empresa Cementos Progreso que buscaba implantarse en el municipio pese a la oposición de 12 comunidades.

 

En todos los casos la implementación de Estados de Sitio tuvo como objetivos al menos estos tres:

  • Defender los intereses económicos empresariales
  • Profundizar el proyecto militar de control y terror
  • Debilitar, neutralizar y desarticular la organización u oposición al este modelo.

El Estado en estos casos echó mano del ejército, policía nacional civil y policía privada para reprimir directamente. Esto permitió detenciones injustas e ilegales de muchas personas con lo cual se requirió la participación del Ministerio Público y Organismo Judicial. También hubo personas asesinadas y otras perseguidas y reprimidas. Por si fuera poco la población tuvo que vivir durante los Estados de Sitio o prevención persecución, hostigamiento, “listas negras”, división y control comunitario, abuso sexual hacia las mujeres, control físico y psicológico, allanamientos de casas, desplazamiento forzado entre otras.

Además, el sistema de justicia y los tribunales ignoran la responsabilidad del Estado, los  cuerpos de seguridad y paramilitares en los hechos violentos y la arbietrariedad en la aplicación de este tipo de medidas.

 Lo que nos espera

La aplicación del Estados de Prevención que decretó este gobierno es una forma de violencia política que significa censura, represión y control. Ya que se querían permitir el uso de la fuerza para reprimir cualquier forma de manifestación y crítica.

Lo extraño es que hasta este momento del gobierno no ha habido manifestaciones públicas ni oposición abierta desde organizaciones sociales a su gestión. A excepción de las organizaciones territoriales y comunitarias que se mantienen en alerta permanente por el asedio de la industria extractiva y los cobros excesivos de energía eléctrica por mencionar algunas. Lo que si ha habido es cuestionamientos evidentes, críticas e investigación desde algunos medios hacia la gestión débil y la evidente voracidad personal con que inician su gestión y manejan su posición de poder y acceso a recursos.

Parece ser que con este Estado de prevención habían encontrado una salida para resolver su propia crisis, resultado de la incapacidad para llevar la gestión y la opinión pública frente a los señalamientos de corrupción prematura.

Buscaban torpe y autoritariamente fortalecerse mediante el control del orden público, metiendo miedo y logrando evitar la crítica abierta y la investigación hacia los ya evidentes malos manejos.

Dado el ambiente que estamos, no deja de parecer también una medida para hacer negocios sin control, ya que como vimos la aplicación de medidas extremas como los Estados de Prevención siempre hay intereses económicos de fondo.

No deja de llamar la atención el silencio de La Embajada de los Estados Unidos, tan preocupada últimamente por la calidad de nuestra democracia. ¿Estaría enterada de lo que se iba a producir? Quién sabe.

En definitiva, con esta acción podemos empezar a comprender el tipo de régimen que pueden llegar a ser con Jimmy Morales y Jafeth Cabrera al frente y el uso de la violencia que pueden llegar a utilizar.

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Fotografía de Nelton Rivera.

 


La desaparición forzada en Guatemala durante los años más duros de la guerra es hoy un grave problema. Más de 45 mil personas se estiman están desaparecidas entre ellos niñas y niños, Marco Antonio Molina Theissen de 14 años es uno de ellos.



Marco Antonio, el niño que aún escribe en al aire – VIDEO –

Esta es la historia del niño Marco Antonio Molina Theissen contada por su hermana Ana Lucrecia, quien recuerda la alegría, las ocurrencias y los juegos de su hermano menor.
En octubre de 1981, cuando él era un niño de 14 años, miembros del ejército de Guatemala llegaron a la casa de la familia, lo secuestraron pese a los ruegos de su madre y lo desaparecieron.
Su hermana Emma, había sido detenida ilegalmente en un retén del ejército en la carretera hacia el Occidente del país. Ella logró escapar tras nueve días de cautiverio en la zona militar de Quetzaltenango, donde fue torturada y violentada sexualmente. Unas horas después, tres agentes de inteligencia militar irrumpieron en la casa familiar. Al no hallar a Emma, tomaron a Marco Antonio como rehén, en un cruel acto de venganza.
En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco por este hecho que consideró un castigo contra la familia por su lucha a favor de las libertades democráticas y los derechos humanos en Guatemala.
El 6 de enero del 2016, la lucha familiar y social por verdad y justicia para Marco Antonio fructificó en la acusación legal y captura de cinco militares, dos de ellos estrategas de la guerra sucia en Guatemala en los años 80.  Uno, además, vinculado hoy con el crimen organizado. Actualmente, guardan prisión en espera de juicio, acusados de crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos.
35 años después ¿Dónde está Marco Antonio?
#JusticiaParaMarcoAntonio

 


Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

Don Oscar Sánchez es una autoridad maya ancestral del pueblo Mam de San Marcos, fue detenido recientemente por una orden emitida por un juez de San Marcos, fue detenido el día 4 de agosto a las 11 de la mañana de forma arbitraria y permaneció en prisión durante 7 días sin que el juez lo escuchara durante una audiencia de primera declaración.

Juan Castro abogado de la autoridad ancestral  en una entrevista vía telefónica confirmo el resultado de la audiencia de primera declaración, fue hasta este jueves 11 de agosto 2016, cinco días de su detención que el juez de Malacatán San Marcos el señor Juan José Barrientos Prillwitz realizara esta audiencia, la autoridad ancestral fue ligada a proceso por el delito de “Plagio o secuestro” por un hecho ocurrido el 22 de enero 2015 a requerimiento de la fiscalía de Crimen Organizado del Ministerio Público y de la representante de la empresa HidroSala la abogada Gilda Isabel Aguilar Rodríguez es fiscal del MP.

En el departamento de San Marcos la presencia de empresas que buscan instalar una serie de represas e hidroeléctricas instalaron una fuerte problemática social en las comunidades en donde sus intereses se establecen.

Este es el caso de la Finca Argentina en San Pablo San Marcos, uno de los lugares en donde la empresa Hidrosalá busca construir una hidroeléctrica a pesar de la fuerte oposición de la mayoría de la población.

El Ministerio de Energía y Minas MEM  le ha brindado mucha atención a la construcción de la hidroeléctrica, incluso ampliando el periodo de construcción en 2015 luego que la empresa viera imposibilitada esa tarea, especialmente durante la administración del empresario Erick Archila como ministro, ahora prófugo de la justicia guatemalteca.

Durante esta audiencia de primera declaración con la presencia de la abogada Gilda Aguilar quedo evidenciado nuevamente que la estrategia de judicialización por parte de la empresa y el MP va en la línea de imputar el delito de plagio o secuestro por hechos en donde hay una participación masiva de personas, la empresa busca criminalizar a las autoridades ancestrales del pueblo maya Mam de San Marcos y la movilización comunitaria opuesta a las hidroeléctricas.

La empresa en años anteriores ya logro que diez personas de San Pablo San Marcos fueran encarceladas por defender el agua y a las comunidades, entre estas una mujer, considerados todos como presos políticos del Estado guatemalteco.

¿Quién es la abogada de la empresa HidroSalá?

La abogada de la empresa hidroeléctrica tiene antecedentes recientes de actuar de forma anómala cuando fue fiscal del MP, es una persona que se caracteriza por violentar expedientes y procesos judiciales, además de mentir insistentemente, como se muestra en el artículo “Gilda, la mentirosa”. [1]

La ex fiscal del MP, para beneficiar los intereses de otra empresa hidroeléctrica en Barillas Huehuetenango; Ecoener Hidralia Energía una empresa de Galicia España que opera con la imagen de Hidro Santa Cruz en el país.

A partir de una serie de actuaciones y denuncias realizadas por el empresa en Barillas, la ex fiscal a través de su intervención realizo una audiencia de prueba anticipada con un comunitario de Barillas detenidos quien acepto estando en prisión el respaldo de la Hidro Santa Cruz, con una audiencia de prueba anticipada en Huehuetenango Gilda Aguilar logro otras 10 órdenes de aprensión contra otros representantes del movimiento social de Barillas y de las comunidades.

Esta actuación fue revertida pero quedo abiertamente evidenciado el papel de una ex fiscal del MP al servicio de las empresas; como se muestra en el artículo ¿Qué es lo que realmente ocurrió con doña Gilda Aguilar?[2]

También la abogada y representante de la Liga Pro Patria se vio en medio de una acusación en contra de Monseñor Alvaro Ramazzini a quien acusó de intimidaciones y otros delitos, de la misma manera en contra de Daniel Pascual representante del Comité de Unidad Campesina CUC.[3]

[1] Plaza Pública. Iduvina Hernández. Plaza pública, Sábado 22 de Febrero de 2014.  http://www.plazapublica.com.gt/content/hilda-la-mentirosa

[2] Santiago Bastos Amigo. Barillas Resiste, 21 noviembre 2012. http://barillasresiste.wordpress.com/2012/11/21/que-es-lo-que-realmente-ocurrio-con-dona-gilda-aguilar/

[3] Siglo 21. Accionaran contra Daniel Pascual. http://www.s21.com.gt/nacionales/2014/10/06/accionaran-contra-daniel-pascual.


Por: Nelton Rivera.

Nuevas amenazas contra la integridad de Aura Lolita Chávez, fueron realizadas públicamente en el parque central del Quiché en una concentración en apoyo al INAB.

Aura Lolita Chávez es una mujer maya Kiché que forma parte del Consejo de Pueblos Kichés CPK, es una mujer fuerte que ha sabido representar los intereses del pueblo maya Kiché y la organización de las comunidades.

Una de las luchas que el CPK que ha realizado durante muchos años es la defensa de los bienes naturales del departamento, la instalación de empresas extractivas ha generado una fuerte problemática social en los últimos años. Recientemente las comunidades se organizaron para denunciar la tala inmoderada e ilegal de los árboles en el departamento, algunos camiones de empresarios madereros que se dedican a la extracción ilícita fueron detenidos por la organización comunitaria.

Esta lucha despertó el descontento de empresarios y representantes de los programas del INAB, quienes dirigen una campaña de difamación y odio contra la líder comunitaria.

La tala inmoderada e ilegal de los arboles

Las autoridades gubernamentales nada han hecho frente a las múltiples denuncias hechas por las autoridades comunitarias, instancias como el Instituto Nacional de Bosques INAB lejos de jugar el rol que le corresponde en promover el manejo y cuidado de los bosques se ha visto envuelto en denuncias de corrupción al facilitar la tala ilegal de los bosques.

El día 4 de julio del 2016 fueron trasladadas personas de distintos lugares del departamento para manifestarse en el parque central de Quiché, en un acto abiertamente en apoyo al INAB, varios oradores con un mensaje violento amenazaron en reiteradas ocasiones a Lolita Chávez.

En distintos momentos se escucharon consignas en defensa del INAB en el departamento, durante la duración del mitin los mensajes subieron de tono a un nivel amenazador promoviendo un mensaje de odio contra la líder comunitaria.

Las amenazas contra Lolita Chávez

“Denme una I, denme una N, denme una A, denme una B… que dice INAB, mas fuerte INAB” se repetía por un grupo de personas que llegaron hasta el parque central.

“Que se vaya o que se quede… que se vaya! Y quien se va a ir del departamento? Lolita Chávez! Repetían una y otra vez promovidos por una persona que dirigió buena parte de los mensajes contra la Lolita Chávez.

En otros momentos los señores Jorge Quezada representante de regentes forestales, Vitalino Muchuch, representante de Silvicultores y Benedicto Pérez Azañon, representante de la RED PINPEP fueron algunas de las personas que haciendo uso de un sonido, lanzaron serios mensajes en contra de la líder comunitaria, insultos, amenazas, difamación y expresiones misóginas fueron la constante de estas personas.

Los tres señores que arengaron mensajes de odio hacia Lolita Chávez y varias amenazas, fueron los mismos que introdujeron una nota en la casa de ella, citándola a una reunión de dialogo junto al gobernador departamental del Quiché, Clemente de León a las 11 de la mañana en el salón de reuniones en el segundo nivel del banco BANRURAL.

Distinto al carácter de la nota, los tres personajes Jorge Quezada, Vitalino Muchuch y Benedicto Pérez Azañon se encontraban en el parque central lanzando amenazas públicamente contra la representante del CPK.

Agresiones en el Parque Central de Quiché promovidas por INAB

Video agresiones contra Lolita chavez

Estas son imágenes de algunas de las personas que hicieron uso del sonido durante la movilización organizada en contra de Lolita Chávez.

 

Que está pasando con la tala ilegal de bosques

Recientemente la última semana del mes de junio, varios camiones que transportaban madera talada ilegalmente en el departamento fueron detenidos por las comunidades, tal es el caso de un camión propiedad de Oscar Montealegre, quien acusó públicamente que la organización comunitaria recibe financiamiento de organismos internacionales para realizar las manifestaciones.[1]

El día 23 de junio varios periodistas que cubrieron el caso de uno de los camiones que transportaba madera y que fue detenido por la población se trasladaron hacia el municipio de Chichicastenango  buscando entrevistar a los representantes de los programas del INAB y a representantes del mismo instituto, ese mismo día realizaban una actividad en ese municipio, y los periodistas buscaban entrevistarlos sobre los camiones que transportan madera de manera ilegal. Al llegar a la altura del Km 153, en la Aldea Lemoa, rumbo a Chichicastenango desde una camioneta agrícola realizaron un disparo al pasar a un costado del vehículo que transportaba a los periodistas, así lo narro Héctor Cordero de Guatevision.[2]

[1] Entrevista realizada por el Canal 4 Quiche a empresario maderero. 23 de junio 2016.

[2] Entrevista realizada por el Canal 4 Quiche a periodistas que sufrieron de agresión. 23 de junio 2016.


 

La jueza Claudette Domínguez de forma contundente en la sala de audiencias en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, se dirigió a todas las personas en la sala: “nadie es superior a la justicia”.

Estas seis palabras encierran mucho para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes llevan un año con tres meses en prisión. La resolución de la jueza en esta audiencia les demostró todo lo contrario: los operadores de justicia sí están por encima de la justicia.

Personas como Rigoberto Juárez trabajaron por muchos años para que el sistema de justicia guatemalteco reconociera el papel que juega el sistema de justicia indígena, incluso la fundación del Centro de Administración de Justicia (CAJ) para descentralizar y atender de forma directa las necesidades de ocho municipios indígenas en el norte de Huehuetenango fue el resultado de muchos años de trabajo de los pueblos indígenas en el país. Hoy, los mismos operadores de justicia, entre ellos la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), irrespetan y violentan el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y resolución de los conflictos en estos territorios, criminalizándolos y castigándolos por hacerlo.

“Esto sienta un mal precedente para un supuesto modelo democrático de justicia en el país, especialmente para el pueblo maya, suman ya más de 492 años que hemos padecido de esto, eso es sumamente sintomático, los grupos económicos de poder no permiten que hayan reformas a la justicia, menos el reconocimiento del sistema indígena. Nosotros tenemos que llevar este tipo de sufrimientos con tal que nuestra situación se aclare, llevamos 15 meses de estar en prisión sin que el MP tenga pruebas que demuestren que nosotros somos culpables de algún delito”. Rigoberto Juárez.

Luego de cuatro meses de espera, la jueza pudo realizar la audiencia de presentación del acto conclusivo, en la que finalmente estuvieron presentes todos los querellantes. A la fiscalía de Derechos Humanos del MP no le quedó otro camino que presentar su investigación, de esa forma, el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino presentó la acusación por los delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir.

Litigar de forma maliciosa no es una acción exclusiva de los abogados. La fiscalía del MP permitió que los querellantes realizaran una serie de acciones que bloquearon las audiencias, como no presentarse en reiteradas ocasiones, obligando al tribunal a suspender y reprogramar durante cuatro meses la misma audiencia. Con esto evitaron que esta etapa se realizara desde febrero de 2016, retardando el proceso y prolongando el castigo en prisión para las dos autoridades ancestrales.

La jueza resolvió en la tarde del 8 de junio la apertura a juicio oral y público por estos tres delitos. Ahora un tribunal de sentencia deberá conocer este caso con un plazo de 10 días. Específicamente será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A.  Rigoberto Mateo y Domingo Baltazar seguirán en el Preventivo de la Zona 18 mientras dure el juicio. Lo más preocupante es que el MP pretende activar la tercera causa penal contra Rigoberto Juárez.

Elnaño pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció la existencia de 20 denuncias en su contra. De algunas de ellas, no se puede ubicar en qué fiscalía se realizaron. Detrás de todas estas denuncias podrían estar varias empresas con intereses en megaproyectos en Huehuetenango.

Litigio malicioso

La audiencia inició a las 14:00 horas del 8 de junio de 2016. Se realizó en esa fecha debido a que Diego Marcos Pedro, alcalde de Santa Eulalia y querellante en el proceso no se presentó el 19 de mayo, ni tampoco lo hizo su abogado. Una audiencia anterior a la del 19 de mayo también fue reprogramada debido a la ausencia de otro querellante, Pascual Tiu Zapeta, director de CAJ de Santa Eulalia.

Las inasistencias de ambos querellantes en nada incomodan al MP, al contrario pareciera que se alternaron entre ellos para evitar que las audiencias se realizaran. Para los abogados defensores, este comportamiento responde al ejercicio del litigio malicioso de los querellantes, sus abogados y el fiscal.

Iniciada la audiencia a las dos de la tarde, la jueza permitió que las dos autoridades comunitarias se sentaran junto a sus abogados y no dentro de la carceleta, como lo hicieron en las audiencias anteriores. En la sala del tribunal estuvieron sus esposas, Juana Méndez y Juana López Francisco. Desde Santa Eulalia llegaron también varios de sus familiares, observadores de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y la oficina la OACNUDH.

La audiencia duró tres horas. Al terminar quedaban pocas personas en la Torre de Tribunales, un edificio de 15 niveles del cual los pasillos quedan abandonados después de cierta hora, y solo el movimiento en el juzgado de turno da cuenta de lo que sucede durante la noche y madrugada, cuando ingresen más personas detenidas por cualquier delito.

¿Es el MP objetivo en su investigación? 

Maynor Aguilar Bernardino es el fiscal del MP que atiende los procesos en contra de la mayoría de presos políticos de Huehuetenango. Pertenece a la unidad de delitos contra operadores de justicia adscrita a la unidad especial de derechos humanos del MP.

Es un abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 2004[1]. Con el título de profesional, aplicó ese mismo año a la convocatoria de plazas para la carrera judicial[2]. De 2010 a 2012 trabajó en la unidad distrital del departamento de Suchitepéquez[3].

Este fiscal rechazó dos de los tres peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez con el argumento de que hablaban sobre el contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango. Según el fiscal, este tema está fuera de lugar, ya que no explica específicamente los hechos sucedidos en el CAJ el 19 de marzo de 2015. Por otro lado,  rechazó que dos autoridades ancestrales se presentaran durante el juicio oral y púbico para atestiguar y confirmar que Rigoberto Juárez era una autoridad ancestral, y que por lo tanto tiene un papel importante que jugar frente a momentos complicados como los que se viven en esa región.

Aguilar Bernardino rechazó que se incorporara como medio de prueba un documento utilizado por él y la fiscalía del MP como base de sus investigaciones. El documento se titula: Informe Estructura Criminal Conflicto Social Huehuetenango. Mayo 2014. Este fue elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz y entregado por el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro al fiscal Aguilar Bernardino en 2014 y este la introdujo ilegalmente a la fiscalía de Operadores de Justicia del MP.

En este documento se identifican como delincuentes o criminales a los principales líderes comunitarios del territorio norte de Huehuetenango. Entre ellos Rigoberto Juárez, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro; todos están actualmente detenidos mientras que el resto de líderes y lideresas tienen órdenes de aprehensión.

¿Qué objetividad pueden tener las investigaciones del MP, si basa su investigación en documentos elaborados extrajudicialmente por el abogado de una empresa?

Lo curioso es que en esta misma fiscalía del MP, no avanza ninguna de las investigaciones en contra del exalcalde Diego Marcos Pedro y otras personas afines a él por muchos delitos cometidos en los últimos años, específicamente por los hechos ocurridos entre el 19 y 20 de febrero de 2015: un atentado armado, amenazas de muerte, el asesinato de un joven comunitario, el secuestro de una mujer perteneciente al Cocode a quien había amenazado con desnudarla y arrancarle el pelo en medio del parque central, frente a cientos de personas, por oponerse a la hidroeléctrica. Además también se le atribuye el cierre ilegal y violento de la radio comunitaria, y el hecho de que varias personas fueron golpeadas. En fin, se trata de un personaje que, tras un año de haber sido denunciado por delitos graves, se presenta en un tribunal de mayor riesgo en la ciudad capital con total impunidad y en coordinación con el MP.

Fiscal Maynor Aguilar Bernardino.

Otra vez se le niegan los derechos

La jueza en su resolución aceptó la petición del MP de negar varias de las pruebas testimoniales y peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez, pero a solicitud del MP sí acepto a los 26 testigos, todos trabajadores del CAJ: abogados del Bufete Popular, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces del Organismo Judicial y  fiscales del MP, entre otros.

La resolución de la jueza a las cinco de la tarde causó un acalorado debate con el abogado Benito Morales, quien la rechazó a través de un recurso de reposición parcial, por considerar que la jueza estaba afectando de forma directa los derechos de defensa Rigoberto Juárez, al dejar fuera pruebas testimoniales y documentales importantes para probar la tesis de su defensa. Pruebas que sí fueron aceptadas en otra causa penal vinculada a los procesos penales contra los presos políticos de Barillas, en donde también están involucrados varios de los querellantes de esta causa penal.

La discusión entre la jueza y el abogado Morales se agravó cuando él solicitó a la juzgadora que le permitiera a Rigoberto Juárez manifestarse en la audiencia, un derecho que se garantiza para los sindicados, esto por la alusión hecha por el abogado de Diego Marcos Pedro, quien lo señaló de forma directa. La jueza se negó a darle la palabra.

Finalizada esta etapa en este juzgado será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A quien confirme la fecha de apertura a juicio para las dos autoridades ancestrales. Mientras todo esto sucede, deberán seguir en prisión preventiva. La primera semana del mes de julio se abre el juicio oral y público para Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, líderes comentarios de Barillas.

Al final de la tarde, la audiencia terminó. Los agentes del sistema penitenciario trataban apurados de retirar a las dos autoridades ancestrales fuera da la sala y llevarlos al sótano para esperar el traslado al Centro Preventivo de la Zona 18.

Así finalizó un proceso que deja más cuestionamientos sobre la objetividad del fiscal, que certezas para los ciudadanos para creer en el sistema de justicia guatemalteco.

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[1] Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Biblioteca Central – Sección Tesis 5to. Nivel – Item: 4701227184.

[2] Diario de Centro América DCA. MINISTERIO PÚBLICO CONVOCATORIA No. 01-2004 TRIBUNAL DE ONCURSO MINISTERIO PÚBLICO LISTA DE MERITO. Año 2004.

[3] Organismo Judicial. Expediente 108-2010. Sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Rethalhuleu. 6 de octubre 2010.


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Por: Nelton Rivera.

En el Tribunal de Mayor Riesgo A en la ciudad de Guatemala, la etapa del proceso en contra de 10 altos mandos del ejército concluyo, la fase de Audiencia de Acto Conclusivo luego de varias audiencias concluyo el día viernes 26 de mayo 2016. Ahora la juez Claudette Domínguez deberá analizar si existen los suficientes indicios legales para ordenar que 10 algos mandos del ejército guatemalteco vayan a un juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad: desaparición forzada y deberes contra la humanidad cometidos en la zona militar 21 en la ciudad de Cobán Alta Verapaz durante la década de los años 80.

La asociación de víctimas del conflicto armado interno de Cobán, la asociación de afectados de Chicoyoguito de Cobán, el Grupo de Apoyo Mutuo GAM y La Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala, esperan la próxima audiencia el día martes 7 de junio 2016 para que la juzgadora emita su sentencia y que los 10 oficiales vayan a juicio.

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Por: Quimy De León y Nelton Rivera.

La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales

La empresa minera EXMINGUA sigue operando de manera ilegal en San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo en el proyecto minera “El Tambor” Progreso VII Derivada, este lunes 9 de mayo, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y Ministerio Publico MP, detuvieron a varios trabajadores de la empresa minera, en total cuatro trabajadores que se transportaban en un Pickup agrícola MAZDA color gris que coincide con el vehículo placas P176FNS. Pretendían transportar 19 sacos grandes con oro y plata semiprocesados, ese mismo vehículo de la empresa anteriormente ha ingresado y salido con toneles y costales desde la mina “El Tambor”.[1]

Con la detención de 4 trabajadores mineros quedó evidenciado que la empresa EXMINGUA sigue operando, hoy continuaban sacando minerales con este vehículo desde el interior de la mina, a pesar que la CC y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc ordenó el cierre de la mina, esta empresa forma parte de Kappes Kassiday & Associates KCA una empresa que tiene sede en Reno California en los Estados Unidos.

Los vecinos de ambos municipios, denunciaron que los trabajadores de EXMINGUA sacan por bultos el mineral y lo colocan en el pickup para movilizar luego los minerales a las bodegas en donde lo almacenan, al momento de ser detenidos se les incautaron más de 10 sacos que podrían contener varios minerales, entre estos oro y plata, para la empresa ha sido complicado sacar los cargamentos de mineral en grandes camiones por eso emplearon un helicóptero en el mes de marzo para hacerlo, finalmente hacen viajes cortos con sus vehículos transportando los sacos.

El pickup de la empresa está detenido en la subestación de la policía en el centro de San José del Golfo, quienes iban en el carro podría ser trasladados a la Torre de Tribunales en el Organismo Judicial en la ciudad capital para ser procesados.  Todavía no se conoce los nombres de los detenidos.

El Ministerio Público confirmó la detención 4 personas trabajadores de la empresa minera: “Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. más conocida como La Puya, luego de se les fuera localizados en el interior de un vehículo, 19 costales de concentrado de oro y plata. De acuerdo con las investigaciones del MP y dictámenes técnicos, los mismos están valorados en la cantidad de 100 mil dólares.” El total de los 19 sacos que eran trasladados fuera de la mina podría alcanzar un monto de $1,900,000.00 mil dólares o su equivalente a Q14 millones 600 mil quetzales.

En Prensa Libre se confirmó los nombres de los detenidos: “Edwin Rubén Díaz Veliz de 23 años; Julio Macario Valle, 30; Wilder Sandoval Revolorio, 31 y Miguel Ángel García, 46.” Todos trabajadores de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A.

Breve Cronología de la actividad de una minera

Una licencia de exploración y explotación es otorgada a “Progreso VII Derivada, Mina El Tambor” durante el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina en el año 2011.

Organización y resistencia pacífica

Las comunidades de San Pedro Ayampuc y de San José el Golfo llevan desde 2011 oponiéndose a las intenciones de la empresas transnacionales como la canadiense Radius Explorations Ltd. Y la sudafricana Gold Field Inc. Quienes posteriormente cedieran sus derechos a la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates -KCA-Exploraciones Mineras de Guatemala -Exmingua subicidiaria de ambas empresas son quienes tienen la tarea de poner en marcha el proyecto minero El Tambor I (Progreso 7 Derivada).

Resultado de esta oposición organizada han sido los atentados sufridos por sus líderes y lideresas, como el intento de asesinato en julio de 2012 de Yolanda Oquelí en donde resultó gravemente herida.[2]

El 2 marzo de 2012 instalaron un plantón pacífico en el lugar conocido como “La Puya”, la organización comunitaria vio nacer al Frente Norte del Área Metropolitana -FRENAM, con el que desde entonces han impedido la puesta en funcionamiento de la mina, a base de su mera presencia y de sus cánticos religiosos.[3]

Tanto la empresa como el Gobierno han intentado acabar con esta muestra de resistencia pacífica, pues se fue convirtiendo en un ejemplo para las luchas en todo el país.

La resistencia pacífica en “La Puya” lograría el incumplimiento de los trabajos dentro del plazo de un año de la licencia de exploración, sin que las empresas KCA y EXMINGUA realizaran trabajo alguno. El silencio cómplice de la Embajada de los EEUU frente a las agresiones de la empresa KCA y el Gobierno guatemalteco quienes han intentado de forma violenta acabar con esta muestra de resistencia pacífica.

Así, la empresa implementaría una nueva fase de violencia contra las comunidades, un sinfín de hechos de violencia, intentos de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Atentados armados, abusos físicos contra las mujeres, insultos, amenazas, difamaciones, intimidaciones, racismo, discriminación y acciones homofóbicas fueron parte de las agresiones de los personeros de la empresa y sus trabajadores que fueron documentadas y publicadas a través de diversos medios de comunicación.

Criminalización de la protesta

Con denuncias de dos supuestos trabajadores mineros y declaraciones del gerente de la EXMINGUA, el coronel del ejercito Mario Ricardo  Figueroa Archila como “testigo”, la empresa KCA – EXMINGUA buscaron criminalizar y judicializar a varias personas, además de desarticular con estos procesos la resistencia comunitaria.

A este proceso se suman las declaraciones de Marco Tulio Garrido Aquino, de Erick Adoni Gálvez Rivera, ambos trabajadores de EXMINGUA, como acusadores, y la declaración de los “testigos” Gerson Miseal Garrido y José Alejandro Ávila Mérida.[4]

Un Tribunal resuelve que se suspenda la licencia de construcción de la mina

La comunidad de la resistencia pacífica “La Puya“ a través de sus Alcaldes comunitarios lograron el 15 de julio de 2015 que un Tribunal de amparo resolviera a su favor y que se suspenda la licencia de construcción del proyecto minero PROGRESO VII DERIVADA mina El Tambor de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA – EXMINGUA

Este amparo había sido puesto contra la municipalidad de San Pedro Ayampuc por los Alcaldes comunitarios de las comunidades El Guapinol y El Carrizal, con el apoyo de la Asociación de Abogados Mayas.

Por lo que el Juzgado tercero del ramo civil ordena al Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Ayampuc suspender actividades de construcción de proyecto minero Progreso VII derivada, también ordena que se realice la consulta de vecinos.

Suspensión provisional de licencia de explotación minera de la empresa

La Corte Suprema de Justicia – CSJ el 22 de febrero de 2016 notificó su decisión de suspender provisionalmente la licencia de explotación minera de la empresa Kappes Kassiday & Associates (KCA de los Estados Unidos) y su filial en el país, la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA S.A.), por considerar que se violó el derecho de consulta de los pueblos en 2011.

A partir de ese día le empresa no debía seguir explotando ningún mineral en toda el área que comprenden los 20 kilómetros cuadrados de la Mina El Tambor, especialmente oro y plata, tan solo unos meses atrás la Municipalidad de San Pedro Ayampuc también ordenó la suspensión de los trabajos por no contar con la licencia municipal para hacerlo, en respuesta la empresa rompió la medida municipal y siguió trabajando.

La decisión de la CSJ se debe luego de analizar un recurso de amparo planteado por la el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y la resistencia pacífica de La Puya en el mes de agosto del 2014, quienes plantearon que el otorgamiento de la licencia de explotación se dio por el MEM sin haber realizado la consultada a las comunidades.

“CALAS interpuso el recurso en contra del ministro Erick Archila por el otorgamiento de la licencia minera de explotación, consideramos que el ministro había afectado el derecho de consulta a los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo, que se establece en el Convenio 169 de la OIT”

A partir de la resolución de la CSJ el Ministerio de Energía y Minas deberá verificar que la empresa KCA-EXMINGUA no realice ningún trabajo de explotación en el área.

“… se decreta el ampara provisional en virtud que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, como consecuencia se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo en el departamento de Guatemala denominada Progreso VII Derivada… Por lo que se ordena a dicha autoridad, remitir el expediente original dentro del plazo de 48 horas notificada la presente resolución bajo apercibimiento que de no cumplirse certificara lo conducente a donde corresponde…”

Según el gobierno central esta suspensión no procede y todo le da igual: el asesor jurídico del Ministerio de energía y minas Rogelio Zarceño dijo que “La Corte Suprema de Justicia manda a que suspendamos el otorgamiento, pero si ya está consumado el acto… ya no se puede hacer más”[5]

 Además opinan sobre las consultas comunitarias que estas no son vinculantes y que si la población dice que no, de todos modos el Ministerio puede otorgar licencias. [6]

 La minera siguió explotando minerales

 La empresa minera Kappes Cassiday & Associated – KCA y su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala – Exmingua continuaron con la actividad extractiva y de explotación.

 Otras empresas privadas involucradas en extracción ilegal

 En el mes de marzo EXMINGUA contrató a una empresa para continuar extrayendo el mineral que están explotando de la mina El Tambor, esta vez lo hicieron por aire, un helicóptero color azul con calcomanías celestes y blancas siglas TG-CHA Aerospatiale 350B3 Ecureuil  (3888 F-WWXD, TG-GEA [3], TG-CHA)[7]  tripulado por dos pilotos realizó una serie de viajes a una distancia de 15 minutos cada uno.

 Por desacato Calas solicita un antejuicio contra el ministro de Energía y Minas

 Por negarse a cumplir la orden de amparo provisional de que se detengan las operaciones de la minera se solicitó un amparo contra el ministro Pelayo Castañón este 2 de marzo, ya que se estaría incurriendo en un delito de explotación ilegal de recursos, como está en el artículo 346 del Código Procesal Penal. Esto además implicaría el delito de instigación a delinquir, por lo que Calas pidió que se le retire la inmunidad a este funcionario y que se cumpla con el amparo provisional.

 Agresión al Plantón de la Puya frente al MEM

 El día 29 de abril 2016 en horas de la noche miembros de la resistencia, denuncian que vehículo con placas P-072DRK, embistió al plantón ubicado en las afueras del Ministerio de Energía y Minas y luego se dio a la fuga, de ese hecho resultaron varias personas heridas y se registró la destrucción parcial del campamento de la resistencia.

 La Corte de Constitucionalidad rechaza apelación de minera

 Se suspenden operaciones y queda en suspenso la licencia de exploración minera según resolvió la Corte de Constitucionalidad – CC al rechazar este 5 de mayo la apelación de Exploraciones Mineras, S.A., y del Ministerio de Energía y Minas – MEM. Es obligatorio realizar la consulta a las comunidades sobre este proyecto según el convenio 169.

 Esto además confirma el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia – CSJ al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social – Calas el 11 de noviembre del 2015.

 CALAS debe verificar que la mina Progreso VII Derivada haga efectiva la suspensión de operaciones desde que sean notificados de esta resolución, de lo contrario la CSJ debe actuar.



[1]  Información del Abogado Rafael Maldonado de CALAS. https://twitter.com/rafa_calas/status/729746543817805824

 

[2] “Acción urgente: Yolanda Oquelí, dirigenta guatemalteca opuesta a una explotación minera sufre atentado en Guatemala”. Amnistía Internacional, http://www.amnistia.org.pe/yolanda-oqueli-sufre-atentado-en-guatemala/

[3] “La fuerza de la comunidad frente al capital transnacional de la minería” Nelton Rivera, 22 marzo 2013,  http://comunitariapress.blogspot.mx/2013/03/la-fuerza-de-la-comunidad-frente-al.html

[4] Intervención de la agente Fiscal Blanca Araceli Monzón Soto. 3 de diciembre 2013.

[5] Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[6]Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[7] Complete (Historical) Civil Rotorcraft Register of Guatemala, 30 de Abril 2016. http://www.rotorspot.nl/historic/tg.php