Guatemala Comunitaria

Acción Global #NosDuelen56+1

Hace 365 días, el Estado de Guatemala cometió uno de los peores crímenes femicidas de la época democrática. El 8 de marzo de 2017, 41 niñas murieron en un incendio en el Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción y 15 sobrevivieron con graves quemaduras en todo su cuerpo y traumas asociados al maltrato al que eran sujetas y al horror vivido esa noche.

Todas ellas son víctimas de un sistema que las mantiene en el empobrecimiento, falta de oportunidades y ciclos de violencias sin fin. Cuando ellas y sus familias buscan la protección del Estado, éste las sigue violentando al interior de estos centros con torturas físicas, sexuales y psicológicas, para acabar asesinándolas por rebelarse contra los abusos o intentar escapar de estos infiernos, como sucedió hace un año con las niñas del mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Han pasado 365 días desde este crimen y los avances en la búsqueda de justicia, de reparación digna y de esclarecimiento de la verdad, son casi inexistentes. La justicia es muy lenta y se limita a perseguir a los autores materiales, pero no toca ni señala a los autores intelectuales, que son los verdaderos responsables de que estos Centros de “protección” sean espacios de violencias continuas contra las niñas y jóvenes que allí se encuentran. Incluso los jueces han dado privilegios a algunos de los responsables otorgandoles libertad.

Tampoco se relaciona el papel y responsabilidad del ejecutivo ni se investiga sobre las redes criminales, que muchas voces denunciaron que operaban en este Hogar.

Los mismos medios de comunicación y parte de la sociedad han realizado sus propios juicios paralelos y condenatorios contra las familias y las víctimas, mostrando de nuevo la perversidad de nuestros sistemas al situar a las víctimas de estas violencias como culpables e incluso merecedoras de lo que les pasa.

A los 365 días desde este terrible crimen femicida, las familias de las 41 niñas asesinadas y 15 sobrevivientes, incluyendo al bebé de una de ellas, sufren continuas discriminaciones por parte de las autoridades judiciales. Esto muestra que existen diversas categorías de víctimas y al ser niñas y jóvenes en condiciones de exclusión social y empobrecimiento, eso las convierte en objetos descartables para esta sociedad y sobre todo para sus victimarios, las autoridades del gobierno de turno.

El hecho de que varias niñas estuvieran embarazadas es un signo de violencia sexual del que poco se habla y del que el Estado también es responsable.

Desde todas las estructuras del Estado de Guatemala, con la complicidad de los medios de comunicación oficiales y parte de los movimientos sociales, se está creando un manto de silencio y de olvido sobre estos crímenes, lo cual nos condena como sociedad a repetir una y otra vez estas violencias.

Por ello hoy juntas, en solidaridad y con la convicción de nuestra fortaleza, hacemos acciones de memoria feministas usando el arte, nuestros cuerpos y nuestras voces como herramientas políticas, para elevar un grito de justicia, de rebeldía y de denuncia de este sistema patriarcal y racista en el cual nuestros cuerpos son usados como mercancía y objetos desechables y no tenemos libertad para decidir sobre ellos.

Este 8 de marzo, seguimos luchando junto a las familias de las 41 niñas asesinadas y de las 16 sobrevivientes, en solidaridad con su búsqueda de justicia, de reparación digna y de esclarecimiento de la verdad, lo cual es responsabilidad del Estado de Guatemala.

Seguiremos gritando HOY Y SIEMPRE que #NOSDUELEN56+1, para romper el silencio y luchar contra el olvido que nuestras sociedades y estados construyen sobre estos crímenes todos los días. Porque una sociedad que olvida su historia, está condenada a repetirla. Seguimos y seguiremos poniendo rostro a cada una de las 56 víctimas del Hogar Seguro y de todas las víctimas de las violencias machistas,racistas y colonialistas que se producen cada minuto en cualquier parte del mundo.

Seguiremos gritando HOY Y SIEMPRE que #NOSDUELEN56+1, porque somos feministas, porque nosotras estamos vivas y nuestro compromiso con las 41 niñas asesinadas y 15 sobrevivientes es luchar y denunciar para que no haya una muerta más…VIVAS NOS QUEREMOS!

Todas nuestras acciones son fruto del poder colectivo feminista que vamos tejiendo al compartir las calles, nuestros saberes y prácticas de resistencia individual y colectiva frente a las distintas formas en que se manifiesta el patriarcado, el racismo y el capitalismo depredador de nuestros cuerpos y nuestros territorios.

Por eso hoy, junto a nosotras hay mujeres en Chile, Argentina, Suecia, México, Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Suiza, Colombia, España y otros lugares haciendo acciones de memoria y de lucha que se suman a esta acción global #NosDuelen56 porque somos muchas, no estamos solas, somos poderosas y porque cuando tocan a una nos tocan a todas!! #NOSDUELEN56

Todas nosotras: artistas, feministas, lesbianas, trans, gordas, trabajadoras sexuales, mujeres empobrecidas, viejas, jóvenes, flacas, adolescentes, campesinas, estudiantes, profesionales, analfabetas, indígenas, desempleadas, negras, migrantes, refugiadas, madres, con diversidad funcional, jefas de hogar, empleadas domésticas, cuidadoras, urbanas, rurales…nos sumamos hoy al Paro Internacional de Mujeres a través de la Acción Mundial #NosDuelen56 porque creemos y soñamos que otro mundo es posible…

HOY Y SIEMPRE #NOSDUELEN56 Por eso, mañana 9 de marzo sigamos luchando, así como el 10 y el 11… porque esta lucha contra la impunidad por las 41 niñas asesinadas y 16 sobrevivientes no es solamente de un día, sino de cada día, y se hace con el apoyo a las familias, con cada acción en la calle, con cada acción desde el arte, con cada palabra de memoria y de denuncia. Sólo así lograremos justicia para las víctimas y sobrevivientes y vidas libres de violencias para todas!!!


Fotografía Juan Calles / Prensa Comunitaria.

La Corte Interamerica de Derechos Humanos  publica las medidas cautelares otorgadas a las familias de Ch’ab’il Ch’och’ de Linvingston, Izabal, que fueron desalojados en el mes de noviembre de 2017.

Lea acá el documento íntegro

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

RESOLUCIÓN 3/2018

Medida cautelar No. 860-17

Familias indígenas de la Comunidad Chaab´il Ch´och’ respecto de Guatemala

25 de enero de 2018

I. INTRODUCCIÓN

1. El 13  de  noviembre  de  2017,  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (en adelante, “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una solicitud de medidas cautelares  presentadas  por  la  Oficina  del  Procurador  de  los  Derechos  Humanos  de  Guatemala,  Miriam  Catarina  Roquel  Chávez,  Leocadio  Juracán  Salomé,  y  Julián  Marcelo  Sabuc  (en  adelante  “los solicitantes”),  instando  a  la  CIDH  que  requiera  al  Estado  de  Guatemala  (en  adelante  “el  Estado” o “Guatemala”)  la  adopción  de  las  medidas  de  protección  necesarias  para  garantizar  la  vida  e integridad  personal  de  los  miembros  de  la  Comunidad  Chaab´il  Ch´och’ ,  Livingston[1],  Izabal  (en adelante “los propuestos beneficiarios”). Según la solicitud, los propuestos beneficiarios estarían en una situación de riesgo tras haber sido desalojados el 30 de octubre de 2017 de un área denominada finca Santa Isabel, la cual sería reclamada como propiedad en nombre de “Lisbal S.A.”.

2. La Comisión solicitó información a ambas partes el 19 de diciembre de 2017 por el plazo de 10 días. Los solicitantes respondieron el 29 de diciembre de 2017. El 9 de enero de 2018 el Estado presentó una solicitud de prórroga, sin recibirse sus observaciones al día de la fecha.

3. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho de las partes, a la luz del contexto específicoen que tendrían lugar, la Comisión considera que los miembros de la Comunidad Chaab´il Ch´och’ se encuentran prima facie en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita a Guatemala que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos  a  la  vida  y  la  integridad  personal  de  las  familias  indígenas  de  la  comunidad  Chaab´il  Ch´och’, a través de medidas culturalmente adecuadas dirigidas a mejorar, entre otros aspectos, las condiciones  sanitarias,  de  salud y  alimentación,  en  especial  de  los  niños,  niñas,  mujeres  y  personas  mayores; b)  concierte  las  medidas  a  adoptarse  con  los  beneficiarios  y  sus  representantes  teniendo en cuenta la importancia de salvaguardar la identidad cultural de los propuestos beneficiarios, como miembros  de  la  comunidad  Maya-Q’eqchi’;  y  c)  informe  sobre  las  acciones  adoptadas  a  fin  de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.

Fotografía Juan Calles / Prensa Comunitaria.

II. RESUMEN DE HECHOS Y ARGUMENTOS APORTADOS POR LOS PARTES

Información aportada por los solicitantes

4. La comunidad Chaab´il Ch´och’[2] estaría integrada por personas de origen Maya-Q’eqchi’ que habrían vivido en la misma desde 1935. El nombre de la comunidad en idioma originario significaría “Tierra  Buena”.  La  comunidad  habría  sido  formada  por  diversas  familias  que  huyeron  del  conflicto armado interno de diversos lugares de Alta Verapaz al ser perseguidos y despojados de sus tierras. Según  los  solicitantes,  durante  el  conflicto  armado  interno  muchas  tierras  fueron  escrituradas  a nombres  de  otras  personas,  fundamentalmente  militares;  o  simplemente  ocuparon  las  tierras  y,  cuando  las  personas  quisieron  volver  a ellas, se encontraron con que estaban ocupadas[3] . Existirían miembros de la comunidad que trabajaron para los terratenientes como “mozos colonos” en “la finca de sus ancestros” recibiendo 30 quetzales diarios, sin prestaciones y trabajando 7 días a la semana para poder sobrevivir.

5. La comunidad se  encontraba ubicada  en  la  parte  occidente  de  la  cabecera  municipal  en  el área  del  Río  Chocón  y  Sarstún  en  el  área  de  Biotopo  Chocón  Machacas.  La  comunidad  tenía una iglesia  y  un  cementerio.  Se  podía acceder  a  la  comunidad  por  vía  terrestre  en  la  aldea  San  Antonio Seja’, Livingston, Izabal y por vía marítima de Rio Dulce, Livingston, sobre el Rio Chocón Machacas. Según los solicitantes, el área de Livingston sería favorable para el intercambio comercial y también para  negocios  ilícitos  como  el  narcotráfico.  Los  solicitantes  indicaron  que  la  comunidad  estaba rodeada por fincas de “narco-ganaderos” y de personas que realizan narcoactividades.

6. Como contexto,  los  solicitantes  indicaron  que  existe  una  falta  de  certeza  jurídica  de  lapropiedad de las tierras de las comunidades indígenas en Guatemala. Lo anterior, debido, entre otros aspectos, a la falta de un Registro de Información Catastral (RIC) actualizado sobre todo el país y al avance de la frontera agrícola y ganadera, los incendios forestales y el despojo de sus tierras desde hace años por causas ligadas al conflicto armado interno y la apropiación de las mismas a manos de terceros. Para los solicitantes, la defensa del territorio de las comunidades indígenas se enmarca en condiciones  adversas  propias  de la  historia  de  Guatemala,  las  que  derivan  en  un  aumento  de  la conflictividad  social  reflejadas  en  la  criminalización,  represión,  entre  otras  cosas. Particularmente,  los solicitantes refirieron que el “Programa de Compra de Tierras” del “Fondo de Tierras” terminaría en el 2017 y, en el 2018, ya no podrían comprar tierras sino solo alquilarlas o arrendarlas, por lo que vendría una nueva ola de desalojos y el mal uso del derecho penal para la ejecución de los mismos en comunidades  indígenas  y  campesinas. Los  solicitantes  denunciaron  que  diversa  normativa  interna sobre pueblos indígenas no sería acorde a los estándares internacionales en la materia.

7. Según los  solicitantes, existe controversia  en  torno  a  la  propiedad  de  la  tierra  en  la  cualvivían los propuestos beneficiarios puesto que había anomalías en el registro correspondiente y nose había demostrado  en  la  vía  civil  que  la  finca  donde  se  encontraban los  propuestos  beneficiarios pertenezca  a  “Lisbal  S.A.”  o  que  los  propuestos  beneficiarios  no  fueran  los  dueños  de  las  tierras.  Según los solicitantes, el Registro de Información Catastral (RIC) indicó que no es posible determinar cuál es la finca Santa Isabel porque no se encuentra esa información en las inscripciones registrales de  las  fincas[4] .  Los  solicitantes  también  resaltaron  que  el  Estado  no  había  realizado  peritajes antropológicos,  culturales  e  históricos  para  analizar  la  posesión  ancestral  de  la  tierra  de  parte  del  pueblo Maya-Q’eqchi’ ni ha analizado las posibles anomalías en los registros públicos.

8. Los propuestos  beneficiarios  indican  que  los  que  actúan  como  propietarios  son  Rodrigo Lainfiesta   y   Otto   Pérez   Molina.   Según   indican,   Lainfiesta   realizaba   disparos   atemorizando   y   amenazando a la población. Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, los propuestos beneficiarios  habrían denunciado que estaban siendo amenazados y arrinconados en la montaña prácticamente obligándolos a quedarse como “mozos colonos”, siendo despedidos y sin pagos a honorarios y prestaciones. Durante los últimos años, las familias habrían denunciados “cosas extrañas” como la llegada de personas que estarían traficando droga.

9. El 25 de enero de 2017 se habría realizado una audiencia unilateral en un Juzgado de Izabal donde se ordenó el desalojo de diversas fincas en el plazo de un mes y la aprehensión de las personas que se encontraran en delito flagrante. El 13 de febrero de 2017 una delegación del Ministerio Público y de la PNC se habría presentado en la comunidad para realizar investigaciones que se tenían programadas, las cuales no pudieron realizarse, posponiéndose la diligencia para el 16 de febrero de 2017. El desalojo se habría programado hasta por 8 veces siendo suspendido por falta de personal de la policía nacional civil (PNC).

10. El desalojo habría iniciado el 30 de octubre de 2017 a la 4:00 a.m. y terminó el 31 de octubrede   2017   a   las   2:30   a.m.   La   Procuraduría   de   Derechos   Humanos,  la  Comisión   Presidencial   Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), una Jueza de Paz, el Ministerio Publico, la PNC, el administrador y abogado de la finca habrían estado presentes al  momento  del  desalojo.  En  el  desarrollo  y  ejecución  de  la  diligencia  habrían  participado  129 patrullas con 1,800 agentes del PNC que rodearon a la comunidad[5] . Asimismo, el desalojo se habría realizado sin  presencia  de  abogados  de  los  propuestos  beneficiarios.  El  diálogo  no  habría  durado más  de  15  minutos,  y,  después  de  darles  20  minutos  para  recoger  sus  pertenencias,  se  les  habría  desalojado.  Producto  del  desalojo  se  habrían  quemado  56  viviendas,  896  cuerdas  cultivadas (incluyendo  224  cosechas  de  maíz)  y  aproximadamente  1400  aves  de  corral  y  112  cerdos.  La  Procuraduría denunció que trabajadores de la finca también habrían quemado viviendas.

11. Según la Procuraduría,  ningún  funcionario  del  Estado  tenía  un  plan  de  traslado  de  lapoblación,  pese  a  que  se habría  sido  coordinado  con  otras  instancias,  las  cuales  no  respondieron.  Según  los  solicitantes,  tampoco  tuvieron  atención  en  salud  durante  el  desalojo. No  habría  habido suficientes lanchas para transportar a las familias fuera de la comunidad durante el desalojo, por lo que  las  propias  familias  habrían  tenido  que  conseguir  “cayucos”  para  movilizarse  o  esperar  a  que regresen  las  lanchas.  Según  los  solicitantes,  el  desalojo  no  respetó  la  normativa  internacional  en  la  materia.

12. Según un censo,  se  habría  desalojado  a  56  familias  equivalentes  a  304  personas  integradas por: 94 hombres adultos, 96 mujeres adultas (de las cuales 4 recién habrían dado a luz y 5 estarían embarazadas), 47 niños y 47 niñas, 20 lactantes (de los cuales no puedo desglosarse la información por  sexo)[6] . Ya  no  quedaría  ninguna  persona  de  la  comunidad  en  el  área  desalojada.    No  se  habría  seguido  el  debido  proceso  porque  no  se  habría demostrado  que  los  propuestos  beneficiarios  no fueran los dueños de la tierra, y no habrían sido informados adecuadamente del desalojo.

13. La ubicación actual  de  las  56  familias  sería  la  siguiente:  35  estarían  en  la  Comunidad Quebrada  Seca;  10  en  la  Comunidad  Lo  de  Medio  2;  5  en  la  Aldea  Nuevo  Nacimiento  Cáliz;  y  6 familias  en  Aldea  Chacalte  del  Municipio  de  Livingston.  Algunas  de  las  comunidades  en  las  que  se  encontrarían   las   familias   también  podrían  estar   en   proceso   de   ser   desalojadas [7].   Según   los solicitantes, ninguna de las familias ha recibido atención estatal y estarían viviendo de la solidaridad de  las  comunidades  que  las  han  acogido.  Las  familias  no  contarían  con  servicios  de  agua  potable  o  para  consumo  humano,  servicios   de   “letrinizicacion”,  viviendas,   alimentación   mínima   segura, atención en salud o educación para niños y niñas. Según los solicitantes, dicha situación los coloca en riesgo  de  sufrir  una  epidemia  de  enfermedades gastrointestinales.  Nadie  de  la  comunidad  habría recibido  atención  psicosocial  por  el  trauma  sufrido  a  raíz  del  desalojo,  lo  que  se  habría visto  agravado  por  el  gran  despliegue  de  fuerzas  de  seguridad  que  les  habría  recordado  la  violencia, represión y tierra arrasada sufrida durante el conflicto armado interno. Según los solicitantes, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACHNUDH) habría coordinado dos jornadas  médicas  especialmente  para  niños  y  niñas,  sin  intervención  del  Estado.  No  habría  un acompañamiento  de  las  autoridades  estatales  a  la  situación  de  salud,  alimentación,  vivienda,  educación,  entre  otras.  Las  familias  no  tendrían  sus  tierras  para  producir  sus  alimentos.  Los solicitantes  también  indicaron  que  seguiría  la  persecución  de  líderes  y  lideresas  comunitarios  por  parte de un administrador de la finca San Isabel y de dos personas que laboran para dicha finca.

14. Según los solicitantes,  existiría  un  amparo  interpuesto  a  favor  de  la  comunidad  ante  la  Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Izabal el 17 de marzo de 2017, y otro amparo ante  la  Jueza  de  Paz  del  Municipio  de  Puerto  Barrios  el  27  de  octubre  de  2017.  No  contarían  con pronunciamiento a la fecha. Ambos amparos buscaban frenar el desalojo por lo que habrían quedado sin  materia.  El  Comité  Campesino  del  Altiplano  (CCDA)  estaría  brindando  asistencia  legal  a  los propuestos beneficiarios.

15. Este CCDA habrían  acordado con  el  gobierno  de  Guatemala  el 30  de  noviembre  de  2017abordar  casos  de  conflictividad  agraria,  incluyendo  el  caso  de  los  propuestos  beneficiarios.  Sin  embargo,  hasta  el  momento  no  se  habría  convocado  a  la  mesa  correspondiente  lo  que,  según  los solicitantes, demostraría el poco interés del Estado de resolver el tema. Los propuestos beneficiarios habrían  indicado  que  están  a  la  espera  de  que  se  les  atienda,  ya  sea  mediante  la  posibilidad  de retorno o reubicación[8].

16. Finalmente, los solicitantes indicaron que este caso formaría parte de “una política estatal dedesalojos  que  afecta  a  la  población  campesina  cuya  mayoría  es  de  origen  Maya”.  Añadieron  que  los desalojos ocurridos hasta la fecha en Guatemala son “síntoma de un problema estructural e histórico de  falta  de  acceso  a  las  tierras  para  las  familias  indígenas  y  campesinas”[9]. El  Estado  no  habría  establecidos mandatos  adecuados  y  recursos  suficientes  para  generar  alternativas  de  desarrollo  y acceso a la tierra para la población, privilegiando “demandas de los empresarios”.

  1. Respuesta del Estado

17. El 19 de  diciembre  de  2017  la  Comisión  solicitó  información  al  Estado  para  que  aporte  sus observaciones  a  la  solicitud  de  medidas  cautelares en  el  plazo  de  10  días. El 9  de  enero  de  2018  el Estado presentó una solicitud de prórroga, sin recibirse sus observaciones al día de la fecha.

III.  ANALISIS SOBRE LOS ELEMENTOS DE GRAVEDAD, URGENCIA E IRREPARABILIDAD

18. El mecanismo de  medidas cautelares es parte de la función de la Comisión de supervisar elcumplimiento con las obligaciones de derechos humanos establecidas en el artículo 106 de la Carta de   la   Organización   de   Estados   Americanos.   Estas   funciones   generales   de   supervisión   están establecidas  en  el  artículo  41  (b)  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos,  recogido  también  en  el  artículo  18  (b)  del  Estatuto  de  la  CIDH. El mecanismo  de  medidas  cautelares  es  descrito en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión. De conformidad con ese artículo, la Comisión otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas.

19. La Comisión Interamericana  y  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (en  adelante “la  Corte  Interamericana”  o  “Corte  IDH”)  han  establecido  de  manera  reiterada  que  las  medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno cautelar y otro tutelar. Respecto del carácter tutelar,  las  medidas  buscan  evitar  un  daño  irreparable  y  preservar  el  ejercicio  de  los  derechos humanos. Con respecto al carácter cautelar, las medidas cautelares tienen como propósito preservar una  situación  jurídica  mientras  está  siendo  considerada  por  la  CIDH.  El  carácter  cautelar  tiene  por objeto  y  fin  preservar  los  derechos  en  posible  riesgo  hasta  tanto  se  resuelva  la  petición  que  se  encuentra  bajo  conocimiento  en  el  Sistema  Interamericano.  Su  objeto  y  fin  son  los  de  asegurar  la integridad  y  la  efectividad  de  la  decisión  de  fondo  y,  de  esta  manera,  evitar  que  se  lesionen  los derechos  alegados,  situación  que  podría  hacer  inocua  o  desvirtuar  el  efecto  útil  (effet  utile)  de  la  decisión  final.  En  tal  sentido,  las  medidas  cautelares  o  provisionales  permiten  así  que  el  Estado  encuestión pueda cumplir la decisión final y, de ser necesario, cumplir con las reparaciones ordenadas. Para  los  efectos  de  tomar  una  decisión,  y  de  acuerdo  con  el  artículo  25.2  de  su  Reglamento,  la Comisión considera que:

  1. La “gravedad  de  la  situación”  implica  el  serio  impacto  que  una  acción  u  omisión  puede  tener sobre  un  derecho  protegido  o  sobre  el  efecto  eventual  de  una  decisión  pendiente  en  un  caso  o petición ante los órganos del Sistema Interamericano;
  2. La “urgencia de la situación” se determina por medio de la información aportada, indicando el riesgo o la amenaza que puedan ser inminentes y materializarse, requiriendo de esa manera una acción preventiva o tutelar; y
  3. El “daño irreparable” consiste en la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

20. En el análisis  de  tales  requisitos,  la  Comisión  reitera  que  los  hechos  que  motivan  unasolicitud  de  medidas  de  cautelares  no  requieren  estar  plenamente  comprobados,  sino  que  la  información  proporcionada  debe  ser  apreciada  desde  una  perspectiva  prima  facie  que  permita  identificar una situación de gravedad y urgencia[10].

21. Como punto preliminar,  la  Comisión  considera  pertinente  aclarar  que,  en  el  marco  delmecanismo de medidas cautelares, no le corresponde determinar quiénes serían los propietarios de la  tierra  reclamada  ni declarar violaciones a  los  derechos  humanos  consagrados  en la  Convención Americana u otros  instrumentos  aplicables atribuibles  al  Estado  de  Guatemala  en  el  marco  de  los  hechos  alegados.  El  análisis  que  se  efectúa  a  continuación  se  relaciona  exclusivamente  con  los elementos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, los cuales pueden resolverse sin entrar en determinaciones de fondo que son propias de un caso.

22. En relación con  el  requisito  de  gravedad,  la  Comisión  identifica  que  el  presente  asunto  se enmarca  en  un  conflicto  existente  por  la  propiedad  de  la  tierra  entre  indígenas  y  no  indígenas en diversas  zonas  de  Guatemala. La  información  recibida  sobre  la  situación  de  la  comunidad  Chaab´il Ch´och’ es consistente  con  aquella  obtenida  por  la  Comisión  en  su  última  visita  a  Guatemala  en  agosto  de  2017.  En  dicha  visita la  Comisión  constató  que  existiría  una  grave  situación  humanitaria producto  de  los  desalojos  forzosos  de  comunidades,  la  aplicación  de  los  delitos  de  usurpación  y  su  modalidad agravada, así como la criminalización y detención de miembros de comunidades en zonas como el departamento de Izabal.

23. Al respecto, la   Comisión   fue   informada   que   los   desalojos   no   suelen   ser   notificados previamente, son realizados de manera sumaria y violenta por miembros de la Policía Nacional Civil, el Ejército y, en el caso que participe, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), involucran la  quema  y  destrucción  de  viviendas,  alimentos,  animales,  no  tienen  previsión  de  retorno  ni  reubicación, y no dan posibilidades reales de un debido proceso ni de acceso a la justicia[11].

24. En el presente  asunto,  la  Comisión nota  que,  si  bien  no  se  denunciaron  hechos  de  violencia durante el desalojo, sí se informó sobre la eliminación de las fuentes de subsistencia de la comunidad en  el  área  en  la  que  habrían  vivido  y  que  reclaman  como  suya.  Así,  como  resultado  se  habría quemado   56   viviendas,   896   cuerdas   cultivadas   (incluyendo   224   cosechas   de   maíz)   y   aproximadamente  1400  aves  de  corral  y  112  cerdos.  Además,  ante la  alegada  falta  de  un  plan  de traslado  y  tierras  propias  para  producir  los  alimentos,  las  56  familias  estarían  viviendo  de  la  solidaridad  de  otras comunidades  que  las  han  acogido, algunas  de  las  cuales  estarían también en proceso de ser desalojadas.

25. Sumado a lo anterior, la Comisión advierte que, según fue informado por los solicitantes, lasfamilias no contarían actualmente con servicios de agua potable o para consumo humano, servicios de  “letrinizicacion”,  viviendas,  alimentación  mínima  segura,  atención  en  salud  (en  especial  para  las personas mayores, mujeres embarazadas y niños/as lactantes), psicosocial y educación para niños y niñas.   Para  los   solicitantes,   dicha   situación   los  coloca   en   riesgo   de   sufrir   una   epidemia   de enfermedades gastrointestinales.

26. La Comisión observa  que  la  anterior  situación  de  riesgo  habría  llevado  a  que  el  AltoComisionado  de  Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos  (OACHNUDH)[12]  coordinara  dosjornadas  médicas  especialmente  para  niños  y  niñas.  Sin  embargo,  no  existiría  a  la  fecha  una respuesta  integral  de  las  autoridades  estatales  para  atender  la  situación  de  salud,  alimentación,  vivienda, educación, entre otras. Además, si bien los solicitantes no indicaron hechos más concretos, la  Comisión  toma  nota  que  denuncian  una  presunta  persecución  a  líderes  y  lideresas  de  la  comunidad por parte de personas allegadas a la finca San Isabel.

27. Finalmente, la Comisión considera pertinente tomar especialmente en cuenta al evaluar la gravedad de la situación presentada que, al estar las familias dispersas en diversas comunidades y aldeas producto del desalojo fuera de donde solían habitar, podría afectarse la cohesión social del colectivo e impactar en la identidad cultural del mismo[13], generándose la ruptura del tejido social, el debilitamiento y la fragmentación comunitaria, y en los casos más graves suponer la pérdida total o serio deterioro de su identidad étnica y cultural[14]. Al respecto, la Comisión recuerda que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha indicado que los pueblos indígenas se ven afectados en medida desproporcionada por la práctica de los desalojos forzados[15]. En esa línea, la Corte Interamericana ha indicado que el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o bien de sus integrantes, los puede colocar en una situación de especial vulnerabilidad, que por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico de los pueblos indígenas[16].

28. Frente a la alegada situación, la Comisión observa que si bien el Estado de Guatemala, luego de  vencido  el  plazo  de  10  días  otorgado  para  responder  a  la  comunicación  del  19  de  diciembre de 2017, presentó el 9 de enero de 2018 una solicitud de prórroga, no ha presentado sus observaciones respecto de la alegada situación de riesgo a la fecha, a fin de conocer si las autoridades competentes habrían  adoptado  medidas  tendientes  a  proteger  la  vida  e  integridad  personal  de  los  propuestos beneficiarios, o en relación con la idoneidad y efectividad de tales medidas. La Comisión observa que si  bien  la ausencia  de  tales  observaciones  no  es  motivo  per se para  el  otorgamiento  de  una  medida cautela, sí constituye en cambio un elemento importante a tener en cuenta a la hora de determinar su procedencia, puesto que, en el asunto específico, la Comisión no cuenta con elementos aportados por el Estado que desvirtuen la alegada situación de riesgo informada por los solicitantes.

29. En suma, tras el análisis de los aspectos previamente señalados, la Comisión recapitula que: i) las fuentes de subsistencia de los miembros de la comunidad habrían sido destruidas, o no se les permitiría su acceso, ii) ante el desalojo no contarían con una alimentación adecuada, ni servicios de salud  adecuados,  siendo  posible  el  desarrollo  de  enfermedades  y  epidemias  particularmente  en  los  grupos  en  más  situación  de  vulnerabilidad  como  niños  y  niñas  (incluidos  lactantes),  mujeres embarazadas  y  adultos  mayores;  y  iii)  la  dispersión  de  los  miembros  de  la  comunidad,  tendría  un  impacto significativo en  términos  de  su  cohesión  social  y  tejido  social  de  la  comunidad  indígena, quienes   se   verían   próximos   a   tener   que   volver   a   desplazarse   en   condiciones   de   mayor   vulnerabilidad,  de   ser   desalojadas   también   las   comunidades   donde   se   encuentran  en   forma temporal. Con base en todo lo anterior, analizando las características del presente asunto a la luz del criterio  de  apreciación  prima  facie  del  mecanismo  de  medidas  la  Comisión  considera  que  los derechos  a  la  vida  e  integridad  personal  de  los  propuestos  beneficiarios  se  encuentran  en  una  situación de grave riesgo.

30. En cuanto al  requisito  de  urgencia,  la  Comisión  considera  que  se  encuentra  cumplido  en  la medida  que  el  transcurso  del  tiempo,  en  las  circunstancias  descritas,  es  susceptible  de  generar  mayores  afectaciones  a  los  derechos  a  la  vida  e  integridad  de  los  propuestos  beneficiarios.  En  ese sentido, la Comisión toma nota que los solicitantes indicaron que no existiría un plan de traslado de la  comunidad,  y  que  el  desalojo  se  realizó  pese  a  existir dos  amparos  presentados en marzo  y octubre  de  2017  que  buscaban  impedirlo.  En  tales  circunstancias,  la  Comisión  observa  que en  las  condiciones  previamente  analizadas,  los  propuestos  beneficiarios  se  encontrarían  en  una  situación de gran vulnerabilidad, particularmente niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores. En particular, ante la falta de atención médica y una alimentación adecuada, se encuentran en un riesgo iminente   de   sufrir   una   epidemia   de   enfermedades   gastrointestinales,   entre   otros   posibles padecimientos   o   patologías.  Asimismo  los   propuestos   beneficiarios   podrían   sufrir   un   nuevo desplazamiento  de  ser  desalojadas  las  comunidades  donde  se  encuentran  de  manera  temporal  profundizándose la afectación que tendrían a su cohesión social como miembros de un pueblo indígena.

31. Como se ha indicado, la Comisión no cuenta con información en otro sentido que le permita identificar  que  la  situación  alegada  de  las  familias  de  la  Comunidad  estaría  siendo  atendida  de  manera  idónea  y  efectiva  por  el  Estado.  Por  el  contario,  la  Comisión  resalta  que,  según  los solicitantes, existiría  “poco  interés” del  Estado  de  resolver  el  tema.  En consecuencia,  la  Comisión  observa   que   la   situación   planteada,   es  posible   de   prolongarse   en   el   tiempo,   agravando  las condiciones de  por  sí  graves  en  que  se  encontrarían  los  propuestos  beneficiarios,  requiriendo  la adopción inmediata de medidas para salvaguardar sus  derechos a la vida e integridad personal.

32. En cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión estima que se encuentra cumplido, enla  medida  que  la  posible  afectación  al  derecho  a  la  vida  e  integridad  personal  de  las  familias  de  la  comunidad constituye la máxima situación de irreparabilidad.

IV. BENEFICIARIOS

33. La Comisión declara  que  los  beneficiarios  de  la  presente  medida  cautelar  son  las  familias desalojadas  de  la  Comunidad,  los  cuales  son  determinables  en  los  términos  del  artículo  25.6  del  Reglamento de la CIDH.

V. DECISIÓN

34. En vista de los antecedentes señalados, la CIDH considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita al Estado de Guatemala que:

  1. Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de   las   familias   indígenas   de   la   comunidad   Chaab´il   Ch´och’,   a   través   de   medidas   culturalmente   adecuadas   dirigidas   a   mejorar,   entre   otros   aspectos,   las   condiciones sanitarias,  de  salud  y  alimentación,  en  especial  de  los  niños,  niñas,  mujeres  y  personas  mayores;
  2. Concierte las  medidas  a  adoptarse  con  los  beneficiarios  y  sus  representantes  teniendo  en cuenta la importancia de salvaguardar la identidad cultural de los propuestos beneficiarios, como miembros de la comunidad Maya-Q’eqchi’; y
  3. c) Informe  sobre  las  acciones  adoptadas  a  fin  de  investigar  los  hechos  que  dieron  lugar  a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.

35. La Comisión también solicita al Gobierno de Guatemala tenga a bien informar a la Comisión dentro  del  plazo de 15 días  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  presente  comunicación,  sobre  la  adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica.

36. La Comisión resalta  que,  de  conformidad  con  el  artículo  25(8)  del  Reglamento  de  la Comisión,  el  otorgamiento  de  medidas  cautelares  y  su  adopción  por  el  Estado  no  constituye  prejuzgamiento sobre la posible violación de los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.

37. La Comisión ordena  que  la  Secretaría  de  la  Comisión  Interamericana  notifique  la  presente Resolución al Estado de Guatemala y a los solicitantes.

38. Aprobado el 25  de  enero  de   2018  por:  Francisco   José   Eguiguren   Praeli,   Presidente; Margarette  May  Macaulay,  Primera  Vicepresidenta;  Esmeralda  Arosemena  de  Troitiño,  Segunda  Vicepresidenta; Luis Ernesto Vargas, Joel Antonio Hernández García, Flavia Piovesan y Antonia Urrejola, miembros de la CIDH.

María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Adjunta

[1] Si  bien  los  solicitantes  solicitaron  expresamente  medidas  cautelares  a  favor  de  esta  comunidad,  también  hicieron  referencia  a la situación de las siguientes comunidades en torno a diversos desalojos producidos hasta la fecha: Comunidad La Cumbre Chamche’, Tactic, Alta  Verapaz;  Comunidad  Lote  23,  Lotificación  Candelaria,  Finca  Trece  Aguas,  Parcelamiento  Chacchila’  II,  San  Antonio  Senahu’,  Alta  Verapaz;    Comunidad  Nuevo  Centro;  Comunidad  Choctun  Basila;  Comunidad  Nueva  Libertad;  Comunidad  Ixloc  San  Pedrito;  Comunidad  Chinacte;  Comunidad  Rio  Zarco;  Comunidad  Santa  Elena  Samanzana  II;  Comunidad  Chaquila;  Comunidad  La  Cumbre;  Comunidad  Centro  Uno,  Comunidad  Nueva  Esperanza;  Comunidad  La  Coloroda;  Comunidad  Laguna  Larga;  Comunidad  Vergelito;  Caserio  Poma  Rosal  Finca  Santa  Rita,  Zona  Reina  Uspantán  Quiché;  Comunidad  Granada  1,  Municipio  de  Uspantán  Quiché;  Comunidad  Tierra  Linda,  Uspantán Quiché;  Comunidad  La  Esperanza  Barberena  Santa  Rosa;  Comunidad  Nueva  Jerusalén,  Guiscoyol,  Istapa,  Escuintla;  y  53  comunidades  en Laguna del Tigre y Sierra Lacandón.

Los  solicitantes  también  requirieron  medidas  cautelares  a  favor  de  Ramiro  Choc,  Juan  Carlos  Caal  Coc,  y  Cristins  Ico’  Pacham. Sin embargo,  no  brindaron  información  concreta  sobre  una  situación  de  riesgo  respecto  da  tales  personas.  En  su  última  comunicación,  los  solicitantes  se  refirieron  al  desalojo  de  la  Comunidad  La  Esperanza,  Barnerena,  Santa  Rosa  el  13  de  diciembre  de  2017,  el  cual  se  habría  realizado sin las garantías correspondientes.

 

[2] Según los solicitantes, anteriormente llamada Comunidad Chinamachacas.

[3] En el caso de la presente comunidad, las familias fueron perseguidas y tuvieron que huir de sus tierras, asentándose en Sarstun Creek, Blue Creek, Belice, Nacimiento Cáliz, entre otros lugares, para después volver al lugar.

[4] Según los solicitantes, el historial de registro de la finca empezaría el 11 de mayo de 1999 a nombre de un tercero que la desmembró en diversas fincas. Posteriormente, una parte habría sido vendida en diversas oportunidades hasta ser vendida a “Lisbal S.A.” el 27 de agosto de 2007.

[5] Inicialmente, indicaron que fueron 1,126 agentes del PNC

[6] En su última comunicación, los solicitantes indicaron que la comunidad estaría compuesta por 307 personas: 94 mujeres mayores, 5 mujeres embarazadas (2 de ellas próximas a dar a luz), 20 mujeres lactantes, 94 hombres mayores, 47 niños y 47 niñas.

[7] Inicialmente, los solicitantes informaron que las familias se habrían refugiado en comunidades vecinas como Q’otozha’ (Finca Manzanita) y Edén del Mar (Finca la Reventada) en Livingston, Izabal. Asimismo, de varias familias se desconoce su paradero desde el día del desalojo. Los solicitantes indican que las comunidades vecinas que estarían brindando alimentos para las familias desalojadas también tendrían procesos legales que llevarían a su pronto desalojo.

[8] Los solicitantes indicaron que los propuestos beneficiarios habrían considerado incluso la posibilidad de ser trasladados a otro lugar, es decir “abandonar” definitivamente las tierras de sus ancestros. Sin embargo, indicaron que ello implicaría que se les dote de tierra para vivir y trabajar, vivienda, servicios de agua y saneamiento; y debería consensuarse con ellos el posible lugar a ser trasladados.

[9] Según los solicitantes, en lo que va del 2017, 12 comunidades fueron afectadas violentamente en varias de ellas quemadas sus casas, sus chamarras, las pocas cosas que tenían y hasta sus siembras. Cientos de familias habrían sido “abandonadas a su suerte”.

[10] Al respecto, por ejemplo, refiriéndose a las medidas provisionales, la Corte Interamericana ha indicado que se requiere un mínimo de detalle e información que permitan apreciar prima facie una situación de extrema gravedad y urgencia. Corte IDH, Asunto de los niños y adolescentes privados de libertad en el “Complexo do Tatuapé” de la Fundação CASA. Solicitud de ampliación de medidas provisionales. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de julio de 2006. Considerando

[11] CIDH, Observaciones Preliminares de la Visita in loco de la CIDH a Guatemala Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/114A.asp

[12] Véase inter alia: ONU. La ONU en Guatemala expresa su “preocupación” por el desalojo en Chabilchoch, 1 de noviembre de 2017. Disponible en: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-onu-en-guatemala-expresa-su-preocupacion-por-el-desalojochabilchoch/20000013-3425227

[13] La Corte IDH considera que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. Véase: Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 217. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf

[14] Por ejemplo, véase inter alia para el caso de impactos en la identidad cultural de los pueblos indígenas por proyectos de desarrollo e industrias extractivas: CIDH, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo, 31 de diciembre de 2015, párr. 264 y 265. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/industriasextractivas2016.pdf

[15] Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 7 (1997): El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): desalojos forzosos, párr. 11. Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/GC7_sp.doc

[16] Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012, párr. 177. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf

Fuente: oas.org


Fotografía Nelton Rivera

Por: Nelton Rivera.

Dos periodistas parte de Prensa Comunitaria Carlos Choc y Jerson Xitumul Morales empezaron a documentar la contaminación del lago de Izabal por parte de la Compañía Procesadora de Níquel, así como las actividades de la Gremial de Pescadores que empezaron a organizarse para proteger al lago en el municipio de El Estor.

En esta localidad hubo una manifestación pacífica el 3 y 4 de mayo exigiendo el cierre de la empresa, realizada por la Gremial, por lo que el alcalde municipal y la Compañía se incomodaron.  Días después en el juzgado de Puerto Barrrios, la empresa Compañía Procesadora de Níquel (Pronico), subsidiaria de la empresa de capital ruso Soloway Investment Group, puso una denuncia en contra de cinco directivos de la Gremial de Pescadores Artesanales y contra los dos periodistas. El 11 de noviembre Jerson Xitumul fue detenido mientras realizaba un reportaje.

¿Cómo fue la detención?

Era 11 de noviembre cuando Jerson Xitumul estaba con su cámara en la mano, trabajaba un reportaje en el centro del Estor. Quería documentar el funcionamiento de los semáforos, e iba a hacer un trabajo publicitario para un comercio local. Eran las nueve de la mañana cuando vio pasar el vehículo del alcalde municipal Rony Méndez Caal, a penas habían pasado unos minutos cuando apareció una patrulla de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil – Difep-.

Segundos después se bajaron de la patrulla dos agentes, le mostraron un celular en donde tenían su fotografía y le preguntaron si era él, cuando les respondió que si, lo detuvieron sin llevar una orden de juez. El les hacía preguntas ¿porqué me detienen? ¿hacia dónde me llevan? Solamente respondieron que le llevarían al municipio de Río Dulce, para evitar que la gente lo rescatara, ya que tenían referencias que el estaba armado y que el dirigía a un grupo de gente peligrosa, mientras decían esto lo registraban para encontrarle “las armas“. El solamente llevaba su cámara y su teléfono celular. Estaba junto a otras personas y pudo dejarles su equipo de trabajo. Pedía una llamada pero no se lo permitieron porque según ellos era para “llamar gente que saliera a las carreteras“.

Hasta en la noche ya en Río Dulce un juez le explicó los motivos de la detención, estaba acusado de instigación a delinquir, asociación ilícita, reuniones y manifestación ilícita, daños, detenciones ilegales y amenazas. Fue trasladado a la cárcel de Puerto Barrios hasta el día 16 cuando se realizó la audiencia de primera declaración.

Fotografía Nelton Rivera.

 

Audiencia de primera declaración

Jerson está acusado en dos causas penales vinculadas a las manifestaciones de mayo. Una de las acusaciones fue hecha por trabajadores guatemaltecos de la Compañía, por la manifestacion del tres de mayo y otra por la del día cuatro, puesta por cuatro trabajadores rusos. En las dos causas los delitos son los mismos.

El jueves 16 de noviembre, a las diez de la mañana, Jerson fue trasladado de la carceleta de la comisaría de la PNC en Puerto Barrios al complejo de justicia del Organismo Judicial, como ocurre en la mayoría de casos, lo llevaron en la palangana de un picop. Con las manos engrilletadas entró al edificio de justicia.

En la entrada del juzgado estaba su esposa, su hija al verlo salió a su encuentro. Su padre, con lágrimas en los ojos, insistía “Jerson es una persona de bien, con él se quiere cometer una injusticia.“

Todos estaban listos, el juez Edgar Arteaga llegó a los tribunales una hora antes de la audiencia, entró a su despacho en el primer nivel del complejo de justicia.

La sala de audiencia del juzgado de primera instancia penal es un espacio reducido, con a penas un ventilador. Apenas cabían los tres abogados de la defensa de Jerson, la fiscal del MP, los dos abogados de la empresa minera y tres de sus familiares, su esposa y sus padres. A los trabajadores del juzgado y al mismo juez les incomodó la presencia de la prensa. Al principio, uno de los trabajadores intentó cerrar la puerta del juzgado buscando impedir que los periodistas ingresaran a la audiencia.

Fotografía Nelton Rivera.

La resolución del juez

El juez Edgar Arteaga descartó el proceso penal relacionado con el día 3 de mayo, luego de que la defensa de Jerson acreditara que él no estuvo en el lugar de la manifestación ya que ese día participó en las “jornadas sobre organización para promotores de derechos humanos“ que impartió la red para la defensa de derechos humanos, en el municipio de Livingston.

El Ministerio Público tampoco logró demostrar la participación de él, en las manifestaciones del día 4 de mayo. Pese a esto el juez lo ligó a proceso debido a que tomó como válida la declaración de los cuatro trabajadores rusos, que afirman reconocerlo a través de un albúm fotográfico proporcionado por ellos mismos. La empresa afirma que el periodista los retuvo en contra de su voluntad.

Sin embargo Jerson ese día tampoco estuvo en la manifestación porque se quedó en casa para arreglar un pozo para lo cual tuvo que contratar a un ayudante y después acompañó a su esposa a vender comida a una escuela pública. Pese a que Jerson y sus abogados argumentaron que el no estuvo ahí y a las cartas de recomendación y declaración de vecinos que declaran la veracidad de su testimonio, fue ligado a proceso y quedó detenido, el juez le negó la medida sustitutiva. Ahora deberá esperar tres meses para que el MP presente sus conclusiones de investigación.

Los fiscales del MP en Izabal argumentaron que ignoraban por completo, que dos de las siete personas que aparecieran en la denuncia de la empresa CGN Pronico, fueran periodistas. La denuncia pública los tomó por sorpresa, a tal punto que varios días después, la unidad especial de delitos contra periodistas del MP, inició una investigación para determinar las condiciones de la detención de Jerson Xitumul.

Jerson se declaró como un preso político al finalizar la audiencia. Este día 13 de diciembre, se realizará una audiencia para revisar la medida de coerción. La defensa del periodista busca que el juez Edgar Aníbal Arteaga le permita gozar de la medida sustitutiva y recuperar su libertad.

El relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos –Cidh- , Edison Lanza se manifestó de inmediato sobre la detención arbitraria de Jerson diciendo “Detención de un periodista que cubre hechos de corrupción. El procesamiento con prisión de un periodista es incompatible con la Libertad de Expresión”.[1]


[1] Edison Lanza. (11 de noviembre 2017). Twitter. https://twitter.com/EdisonLanza/status/929451389016788993


Fotografía Francisco Simón

 

El 30 de agosto 2017 representantes y autoridades comunitarias en Pojom, San Mateo Ixtatán realizaron una manifestación pacífica hacia la región de YichKisis, ahí se encuentra la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos SA. (PDHSA) en la finca Ixquisis, también está un destacamento militar y un campamento de antimotines de la PNC custodiando a la empresa.

Los comunitarios entregaron un memorial al jefe del destacamento militar y otro al oficial encargado de la PNC en los terrenos de la empresa, en el memorial nuevamente les solicitan que se retiren de la empresa, la población no quiere continuar militarizada, y rechazan el uso de los recursos públicos para dar seguridad estatal a una empresa.

La movilización terminó de manera pacífica y la población se retiró del lugar, en ese momento varios incendios comenzaron a provocarse dentro del área del  taller de la empresa a un costado de la carretera comunitaria, los agentes de la PNC que atendieron a la población tuvieron información de este hecho.

Minutos después, la empresa anunciaba la quema de maquinaria, la versión de la empresa se colocó inmediatamente en varios medios de comunicación empresariales y Javier Zepeda del CACIF  lo anunció como un acto terrorista.[1]

Para los comunitarios este tipo de acciones de la empresa no son nada nuevo, organizar la quema de la maquinaria sabiendo que habría una manifestación y la publicación de un listado de personas acusadas de este hecho buscan provocar órdenes de aprensión o el Estado de Sitio que tanto ha pedido la empresa en el territorio.

La conflictividad social generada en Ixquisís ha atravesado diversos momentos en la historia reciente. En primer lugar, el primer punto de divergencia de la presencia de la hidroeléctrica en la comunidad se constató con el resultado de la consulta comunitaria. A pesar del resultado negativo de la consulta realizada en 2009, una observación generalizada de los testimonios de las comunidades evidencia que la empresa ha utilizado la estrategia de comprar voluntades y dividir a la población. La intención de la empresa ha sido respaldada con la implementación de diversas formas de violencia, ejercida tanto de forma estatal a través de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala, como de actores locales, específicamente, ex comisionados militares que conviven con los comunitarios en el lugar.

El Estado de Guatemala ha apoyado la inversión de la hidroeléctrica, movilizando a la fuerza de seguridad pública para proteger sus intereses comerciales. Por otra parte se han emitido órdenes de captura que afectan de forma directa a las personas que se oponen a la hidroeléctrica. Incluso, según declaraciones de los comunitarios, el alcalde de San Mateo ha contribuido a la división comunitaria mediante la distribución de dinero en efectivo, comprometiendo a quienes lo acepten a apoyar el proyecto hidroeléctrico.

El pasado 30 de agosto, se registraron “disturbios” en Ixquisís y se incendió una parte de la maquinaria de la empresa. Los responsables de dichos incidentes no han sido identificados, sin embargo, han culpado a personas de la comunidad que se encontraban haciendo una manifestación pacífica. Francisco Simón realizó una entrevista a la autoridad regional de la microrregión de Ixquisís, Lucas Jorge, en la que desmienten las acusaciones en contra de los manifestantes.

La hidroeléctrica contrato a dos empresas del empresario Pedro Muadi, AYSSA y Fundetegua, además de una agencia internacional de comunicación con sede en Madrid Españá, llamada ATREVIA que durante los primeros meses del 2017 realizo un fuerte trabajo de acercamiento con la mayoría de los periodistas en Huehuetenango. Muadi fue enviado a juicio el pasado 1 de agosto 2017 por corrupción, sindicado del desvió de fondos del Congreso a través de plazas fantasmas.

El 30 de agosto fueron señalados a través de una página web varios comunitarios, que públicamente rechazan a la empresa, uno de ellos es Lucas Jorge, una autoridad comunitaria.

 “Que les cuesta levantar sus maquinarias y retirarse de la región, aquí es evidente que detrás del discurso llamado desarrollo traen otros intereses”.

Relato de Lucas Jorge.

Toda la gente de nuestra región nos reunimos a las 9:00 de la mañana en el salón de usos múltiples en la microrregión de Ixquisis, se elaboró un acta regional por las ocho comunidades que conforman la microrregión, y posteriormente se hizo una manifestación pacífica. Se suscribieron en el acta varias peticiones y demandas, dentro de las que están el retiro de la Empresa, del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC), porque creemos y consideramos que ellos (el Ejército y la policía) están en el predio de la empresa. Manifestamos en el acta el retiro de estos actores porque están invadiendo nuestro territorio sin el conocimiento ni el consentimiento de la microrregión de Ixquisís, y del municipio de San Mateo Ixtatán en general.

Exigimos el retiro total porque ellos provocan problemas, no respetaron nuestra consulta comunitaria de buena fe hecha en el año 2009, la firma de la paz ni el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre el derecho de los pueblos indígenas a ser escuchados y respetados con base en sus normas y tradiciones en defensa del territorio. La obligación del Ejército y de la Policía Nacional Civil es cuidar al Estado de Guatemala, y no a las Empresas Transnacionales. No puede entrar ningún invasor en nuestro territorio pero se está viendo que el Ejército y la policía están a favor de la empresa. Razón por la cual suscribimos en el acta el retiro inmediato porque no consideramos oportunas sus presencias en nuestra región.

Nosotros hicimos una manifestación pacífica en el puente, sobre la Franja Transversal del Norte,  justo en el crucero que conecta al municipio de San Mateo Ixtatán, Nentón y Playa Grande Ixcán. Ahí estuvimos desde la 11:00 de la mañana y nos retiramos a las 6:00 de la tarde. No hicimos nada de escándalo, la manifestación fue pacífica, estuvimos ahí bloqueando la carretera.

Elementos de la Policía Nacional Civil llegaron con nosotros y nos dijeron “les ofrecemos nuestro apoyo y nuestra ayuda si ustedes están haciendo una manifestación pacífica”, así nos dijeron. Además nos dejaron su número de teléfono “si pasa algo con ustedes y nos llaman y estaremos para apoyarlos”, recalcó la PNC.

Nosotros no hicimos nada malo pero la seguridad privada de la empresa, siempre ellos son los que hacen sus escándalos, intimidándonos. Ellos quemaron las máquinas en el destacamento, pero dijimos al oficial de PNC: “señores, ahí donde está el campamento de la empresa, la seguridad privada está quemando. Están echando fuego, si pasa algo nosotros no somos los culpables, miren dónde estamos haciendo nuestra manifestación. Así le dijimos al elemento de la PNC. Ellos dijeron que sí, que era cierto; la empresa a través de su seguridad privada, hacía sus estrategias para justificar el crimen organizado en la región, pero realmente incriminan a las comunidades. Los agentes de la seguridad privada de la empresa fueron los que hicieron quemazones ahí en el campamento, pero nosotros nunca nos movimos al campamento de la empresa, pero elementos de la PNC llegaron y nos dijeron: “aquí donde ustedes están, están bien, y hagan su manifestación pacífica, llegamos en nuestras casas, en nuestras comunidades, cada quien llegó sin novedad y no hubo escándalo durante nuestra manifestación”.

Ustedes elaboraron un acta con una serie de peticiones, ese documento que ustedes elaboraron, ¿fue firmado por elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército?

Sí, firmaron ellos.

¿Cuál fue la postura de ellos cuando ustedes se acercaron al destacamento militar y a la subestación de la policía? ¿Qué les dijeron cuando se presentaron con el documento?

El Ejército dijo que sí, dijeron que no tenían nada que ver en el problema. Resaltaron que todo ciudadano guatemalteco tiene derecho a manifestar. Afirmaron que la empresa es la que viene a provocar problemas aquí en la región. Los elementos de la PNC llegaron ahí donde estábamos manifestando.  Cuando pasamos primero con la PNC, no firmaron el documento, ya después llegaron con nosotros y sí lo firmaron.

El Ejército y la PNC mencionaron que estaban de acuerdo con nuestra manifestación y dijeron que todos tenemos derecho a una manifestación pacífica. Cuando estábamos en el bloqueo de la carretera cerca del puente, la PNC nos dijo que no estábamos haciendo nada malo.

De parte de la seguridad privada de la empresa hicieron disparos para dispersar a la población cuando estaban en la manifestación.

Sí, si siempre se escucharon los disparos, porque casi estamos cerca del campamento de la empresa, como a 900 metros o 1000 metros, allí estaba la seguridad. Nosotros no nos corrimos porque sabemos que no estábamos haciendo actos delictivos ni delincuenciales. Se escuchaban disparos y le dijimos al elementos de la PNC si había algo que pasaba aquí, si muere algunos de nuestros compañeros así como pasó cuando hicimos la manifestación el 17 de enero 2017, hubo manifestación pacífica, siempre la PNC apoya a la empresa, cuando murió el compañero nuestro, el señor Sebastián Alonzo Juan, nunca llegó la PNC a apoyarnos. Por eso tenemos desconfianza con ustedes, así le dijimos a la PNC. Entonces la PNC dijo no, ahora sí cuentan con nuestro apoyo, ustedes son pacíficos y no están haciendo nada mal. Así nos dijo la PNC con nosotros. Yo ocupo el cargo de Presidente Regional de segundo nivel.

Ustedes en algún momento obligaron a los comunitarios a manifestar, o fue por voluntad propia.

Fue voluntad de los comunitarios.

Se escucha que algunos obligaron a los comunitarios a manifestar, e incluso cobraron una cantidad de Q300 si no asistían a la manifestación. ¿Es cierto que se dieron esas amenazas?

En ningún momento obligamos a los comunitarios, y eso de cobrar Q300 si no asistían a la manifestación es totalmente falso. La presencia de todos en la manifestación fue voluntaria, porque ellos se sienten invadidos por la empresa; sobre el desvío de ríos, porque según dicen los compañeros y vecinos de las comunidades que conforma la región que van a quedar sin agua y son los que van a ser afectados directamente por la empresa. Se van a quedar sin río y el cien por ciento de la población de esta región depende de los ríos Pojom, Negro y Yalwitz, de esos dependen la mayor parte del cultivo.

Los de las aldeas Yuch´en Frontera y Concepción manifestaron que continuamos con la manifestación y no queremos que desvíen y comercialicen nuestros ríos. La empresa ha puesto postes ya cableados como una estrategia para justificar y disfrazar el desarrollo, para convencer a los comunidades a fines de sus intereses, que les cuesta levantar sus maquinarias y retirarse de la región, aquí es evidente que detrás del discurso llamado desarrollo traen otros intereses. Nosotros nos hemos dado cuenta que lo que prometen a las comunidades son engaños y mentiras.

El domingo pasado, a eso de las 8:00 de la mañana, los comunitarios que conforma la microrregión hicieron una reunión para planificar la manifestación en contra de la empresa. Ellos concluyeron que estaban dispuestos a manifestar en contra de la empresa, en la reunión concluyeron que tienen el total derecho para manifestar sin intervención de las autoridades. Nosotros, las autoridades regionales, no les podemos limitar y decir que no lo hagan porque son los que tienen la decisión para manifestar, y tomaron decisiones. Nadie les obligó para hacer la manifestación, sino que fue por voluntad propia.

¿Cuál es la postura que tienen como comunitarios?, ¿van a seguir manifestando, o van a buscar otras medidas? ¿Qué planes tienen en relación con la empresa que está operando en esta región con el apoyo del Ejército y de la Policía Nacional Civil? ¿Ustedes van a insistir siempre en el retiro de la empresa, del Ejército y de la PNC o van a buscar espacios de diálogo con ellos? ¿Ustedes están dispuestos a dialogar o qué es lo que ustedes plantean como región?

La gente toma la decisión y es avalada por todas las comunidades que sí van a seguir manifestando porque el diálogo… ya no hay dialogo, ellos (la empresa) hubieran pensando desde un principio. Ya hubo amenazas, denuncias en contra de los líderes, persecuciones, órdenes de captura y asesinatos y todavía quieren hacer un diálogo. Diálogo ya no, ya no cedemos espacios a los diálogos, y son los que ponen los criterios sobre la mesa. No más diálogo porque ellos no respetan el derecho sobre el territorio, está violando la ley, como que no somos nada. Estamos viviendo como en los años 81 y 82, en el tiempo del conflicto armado: el Ejército y la Policía ya no deberían estar en las comunidades ni en la microrregión de Ixquisís. Si la microrregión de Yalanwitz quiere al Ejército, a la PNC y a la empresa, mejor que llevan ellos a la empresa ahí a la microrregión de Yalanwitz. Si están necesitados de la empresa, mejor que lo lleven ahí a su región, pero no a la microrregión de Ixquisís porque llegan directamente a imponer sus intereses. En la microrregión de Ixquisís nunca se hizo una plática, nunca se avaló sobre la empresa sino que ellos llegaron directamente y operan en nuestro territorio sin dar el conocimiento a las comunidades y al municipio en general. Por eso se hizo una consulta comunitaria de buena fe, en el año 2009, en la que el 99 por ciento de la población a nivel microrregional y municipal dijo NO  a la minera, No a las Hidroeléctricas en el territorio Chuj a cielo abierto. Pero ellos nunca respetan esas decisiones comunitarias y el alcalde municipal Andrés Alonzo Pascual Alonzo Alonzo, él es el que convocó que se hiciera esa consulta pero no la respetó. Está violando esa decisión y está bien vinculado con la empresa, para vender al pueblo y a las comunidades, es una violación y una discriminación hacia los pueblos que está haciendo el señor alcalde municipal.

A la manifestación llegaron comunitarios de las distintas aldeas de la región como también autoridades auxiliares, representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), también había niños, mujeres y personas de la tercera edad manifestando su rechazo a la empresa en la región. Llegaron alrededor de mil personas a la manifestación.

La imposición de un proyecto hidroeléctrico

Ixquisís es una microrregión ubicada en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. El municipio de San Mateo tiene una población total de 43 mil habitantes, según la estimación del INE. La microrregión de Ixquisís está conformada por ocho comunidades: Bella Linda, Ixquisís, Nueva Concepción, Platanar, Yulchén Frontera, Nuevo San Mateo, San Andrés, y Primavera. La población de la microrregión es de entre 4 mil y 5 mil habitantes. La empresa Proyectos de Desarrollo Hídrico, S.A. (PDHSA) pretende en la actualidad desarrollar varios proyectos hidroeléctricos en la región en el río Pojom, cuya cuenca es de 813 km2. En la actualidad, los ríos que convergen al río Pojom, así como el río Pojom, no tienen un monitoreo de parte del Insivumeh. La construcción de la hidroeléctrica afecta directamente a las comunidades de la microrregión de Ixquisís y a la comunidad de Pojom, ubicada en la ribera del río homónimo.

La microrregión de Ixquisís está ubicada al norte de Huehuetenango, y limita al norte con la frontera con México. La región es habitada en su mayoría por población maya chuj y q’anjob’al. El lugar sorprende por la gran cantidad de fuentes y nacimientos de agua, lo que le da a la región una belleza particular. Los comunitarios están conscientes de este atractivo: “esa es la belleza de esta microrregión y esta vista se va a quitar si la empresa continúa”, afirmó el representante de Ixquisís.

La conflictividad social en Ixquisís

En la aldea de Pojom en San Mateo Ixtatán están ocurriendo muchas hechos violentos desde que la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) inició sus actividades. Como en otros lugares del norte de Huehuetenango, los medios corporativos representan a pueblos completos y sus problemáticas y demandas de una manera tergiversada.

Para comprender mejor lo que ha ocurrido en los últimos años en esta comunidad, Francisco Simón Francisco ha entrevistado a autoridades y a vecinos, ha consultado documentos y ha reconstruido el proceso para quienes leen Prensa Comunitaria y les interesa comprender la compleja realidad que vive el país.

En el primero de los cuatro reportajes sobre la realidad que se vive en comunidad de Pojom, desde sus protagonistas, vimos cómo fue la consulta comunitaria. En este segundo, vamos a ver cómo fue la llegda de la empresa PDHSA a la comunidad caso que presenta a la aldea Pojom y muestra cómo se realizó la Consulta Comunitaria y como todo el mundo actuaba de forma conjunta. San Mateo Ixtatán: Pojom, la historia de una agresión – Segunda entrega

La finca Ixquisís donde está instalada la empresa PDH, S.A. es una finca que tiene problemas respecto a la adquisición de los territorios. Y dentro del territorio donde está instalada la empresa, también está instalado un destacamento militar y una estación de la PNC. La seguridad estatal está al servicio de los intereses privados empresariales.

[1] Guatevision. CACIF califica de acto terrorista ataque a hidroeléctrica Ixquisis. Ligia Herrera. 31 de agosto 2017. http://www.guatevision.com/2017/08/31/cacif-califica-acto-terrorista-ataque-hidroelectrica-ixquisis/


Fotografía Prensa Comunitaria

Por: Quimy De León.

Durante el segundo día de la audiencia de primera declaración de las cinco personas detenidas el 12 de julio, hubo varias declaraciones que causaron controversia.

El primero en declarar fue el subcomisario de la Policía Nacional Civil Luis Armando Pérez Borja, relató que al Hogar Seguro el día 7 de marzo se apersonó Carlos Beltetón Coronado, en calidad de “asesor“ de la presidencia, que llamó por teléfono a Jimmy Morales y que se lo comunicó. Entonces el presidente le dio la orden de que cien policías tomaran el control del Hogar Seguro.

Esta solicitud ya se la había hecho Carlos Rodas secretario de Bienestar Social y Harold Flores de la Procuraduría General de la Nación, como consta en el acta que firmaron varios funcionarios esa noche. La declaración de Pérez Borja coincide con la que dio al MP el comisario Wilson Petronilo López jefe de la comisaría 13.

Días después del crimen Carlos Beltetón estuvo en una rueda de prensa ofrecida por el ejecutivo, para hablar sobre el tema y dio declaraciones como parte de la Secretaría de Bienestar Social. Sin embargo El periódico confirmó que está contratado por la Secretaría de Obras sociales de la esposa del presidente – SOSEP.

Las declaraciones de Pérez Borja no fueron sorprendentes, ya que el mismo Jimmy Morales reconoció este hecho a CNN y también lo dijo en conferencia de prensa a medios nacionales “yo di la instrucción, y la di personalmente; para que la PNC se quedara cumpliendo su trabajo que era resguardar las instalaciones porque no es el protocolo que alguien armado pueda entrar”, dijo Morales en conferencia de prensa. [1]

A la Corte Suprema de Justicia le corresponde resolver la solicitud de antejuicio que puso el diputado Leocadio Juracán y la diputada Sandra Morán contra el presidente, para que se dilucide su responsabilidad directa o indirecta sobre este crimen.

Otros vínculos que apuntan al presidente

Carlos Rodas y Anahy Keller de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia eran personas de confianza del presidente, con uno tiene amistad y con la otra una relación en la televisión nacional, por eso ocuparon esos cargos al frente de la Secretaria de Bienestar Social (SBS), por lo tanto lo que ocurría en el Hogar Seguro fue informado al presidente, lo que aconteció durante el 7 y 8 de marzo, el mismo presidente tuvo que tener información de lo que estaba ocurriendo y de las ordenes que se emitieron y de las acciones que se realizaron.

Seis días después de la masacre, “La relatora Silvia Villata dijo que el presidente de la Oficina de Prevención de la Tortura, Carlos Solórzano, vetó información sobre los abusos a menores en el “Hogar Seguro” debido a una amistad que mantiene con el mandatario Jimmy Morales y con el ex secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas.” [2]

Según El Periódico Carlos Beltetón es primo del abogado de confianza de Jimmy Morales Elmer Beltetón, actual registrador de la propiedad. El fue quien realizó los trámites a los dueños de Fulanos & Menganos cuando fundaron Carnes & ensaladas involucrada en el caso botín Registro de la Propiedad.

“Yo no soy un monstruo, soy un héroe”

La Sub inspectora de la Policía Nacional Civil Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, tenía la llave cuando inició el incendio según el Ministerio Público. Entonces algunas agentes de policía bajo su conducción, le dijeron que abriera la puerta y dijo: “que se quemen esas hijas de la gran puta, a ver si como son buenas para fugarse son fibrudas para salir.”

Ella es acusada de homicidio y maltrato contra personas menores de edad y hasta el momento de las personas detenidas, la única responsable de lo que ocurrió el 8 de marzo durante el incendio.

Ante esto en su declaración dijo que ella no era un monstruo, que es de buen corazón y que es madre y estudiada. Dijo que sus compañeras habían dado ese testimonio en su contra porque el Ministerio Público las acosó para durante el interrogatorio, igual que lo hicieron con ella.

Relató que ella más bien es una “héroe”, porque fue gracias a ella que algunas niñas se salvaron. Dijo que solo ella había logrado sacar al menos a 30 niñas y que incluso se había quemado y que arriesgó su vida por ellas.

Gloria Castro de la Procuraduría de Derechos Humanos, se abstuvo de declarar.


[1] Kimberly López. Presidente confirma que ordenó a PNC resguardar “Hogar Seguro”. La Hora. 10 de marzo 2017. http://lahora.gt/presidente-confirma-ordeno-pnc-resguardar-hogar-seguro/

[2] Denis Aguilar. Relatores contra la tortura se contradicen al denunciar abusos en “Hogar Seguro”. La Hora.  14 de marzo 2017 http://lahora.gt/relatores-la-tortura-se-contradicen-al-denunciar-abusos-hogar-seguro/

 

 


Nos Duelen 56

Acción global por las niñas

 

 

Arte: Angela Mariluz Francisco Diego y
Damaris Magdalena Francisco Diego — niñas q´anjob´al de Santa Eulalia, Huehuetenango.

#NosDuelen56 es un grito por la justicia desde el arte, el periodismo, el medioactivismo y los feminismos. Es un ejercicio de memoria colectiva y de dignificación por las 56 niñas que fueron encerradas y quemadas en un hogar estatal en Guatemala el pasado 8 de marzo del presente año. De ellas, 41 murieron como resultado de este crimen femicida y 15 están con heridas de gravedad.

Este 15 de mayo los medios de comunicación alternativos Prensa Comunitaria de Guatemala, en colaboración con Desinformémonos de México y otros 60 medios digitales y 40 organizaciones y colectivos del mundo se unen en una sola voz. #NosDuelen56 se suma a las acciones y luchas por exigir #NiUnaMenos.

El arte es la fuerza motriz que pone rostros y colores al duelo por las 41 niñas que murieron masacradas. A través de esta acción manifestamos nuestra intención porque el mundo las recuerde. Este es el resultado de la contribución de 58 artistas de México, Argentina, Francia, Italia, España y Guatemala.

#NosDuelen56 es nuestra contribución por las niñas, contra la impunidad y el olvido.

Ilustración: Kristian de León

¿Qué les pasó a las 56 niñas?

En Guatemala asistimos a una de las masacres más atroces en la historia del país y de Nuestra América. Ellas se encontraban bajo el resguardo y la protección del Estado.

Al menos unas sesenta niñas intentaron huir el 7 de marzo del Hogar Seguro “Virgen de la Asunción“, era un infierno el que estaban viviendo. Había denuncias desde el 2013 de que en este lugar, eran víctimas de violencia sexual, violencia física, abortos forzados, administración de fármacos, comida con gusanos y torturas de todo tipo, incluso de una red de trata. Las voces provenientes de instancias de derechos humanos, de una jueza, medios de comunicación y de las mismas niñas no fueron tomados en cuenta.

Cuando pensaron que habían logrado salir de ese infierno, inmediatamente la policía las atrapó, el mismo presidente Jimmy Morales reconoció que se ordenó enviar más de 250 policías incluyendo antimotines, y que se quedaron ahí toda la noche para tener todo “bajo control“.

En la madrugada del día 8 de marzo, las autoridades del Hogar, la administración de la Secretaría de Bienestar Social de la presidencia y la Procuraduría de Derechos Humanos decidieron dejarlas bajo custodia y responsabilidad de la Policía Nacional Civil.

 

Arte: Gerardo Monterroso — Guatemala

 

¿Quién prendió el fuego?

A 56 niñas las encerraron bajo llave en un salón de clases que mide 6.8 x 7 metros, les dieron escasos colchones sin cobijas para dormir y no tuvieron acceso a servicio sanitario, por lo que improvisaron ellas mismas una letrina ahí dentro. A las 8: 45 de la mañana después de llevarles el desayuno, inicia un incendio. Algunos medios y versiones oficiales afirman que ellas mismas quemaron una colchoneta para llamar la atención, sin embargo esto aún debe investigarse.

Durante 11 minutos fueron expuestas a altas temperaturas, más de 300 grados centígrados quemaron sus cuerpecitos, y pese a los gritos de auxilio no las dejaron salir.

Los monitores o encargados y los cientos de policías no hicieron nada más que amedrentar y amenazar a los jóvenes albergados en otros módulos que querían ayudar. A los cuerpos de socorro se les negó el acceso como lo denunció un oficial bomberos, y los familiares en las afueras pedían desesperadamente entrar y los antimotines impidieron el paso. Nadie pudo hacer nada.

Hasta ahora hay solamente tres personas presas Carlos Rodas, ex director de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Anahy Keller la subsecretaria, y Santos Torres, exdirector del Hogar acusados de los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.

De las 15 sobrevivientes se sabe poco, algunas fueron llevadas a Estados Unidos para ser tratadas, de las cuales tres de ellas han vuelto al país. Lamentablemente en el país poco a poco se ha ido olvidando este terrible hecho.

 

Arte: Lucía Morán Giracca

 

#NosDuelen56

58 artistas de México, Italia, Francia, España, Argentina y Guatemala ilustraron sus rostros

1. Rosa Julia Espino Tobar

16 años

 

Ilustración: Isa Valladares-Guatemala

 

2. Indira Jarisa Pelicó Orellana

17 años

 

 

Ilustración: Claudia Navarro-México

3. Daria Dalila López Meda

16 años

 

 

Ilustraciones: Pigmento Negro-Guatemala y Enrique Flores-España

4. Achley Gabriela Méndez Ramírez

15 años

 

Ilustración: Walter Wirtz-Guatemala

 

5. Yemmi Aracely Ramírez Siquín

15 años

 

Ilustración: Marilinda Guerrero-Guatemala

 

6. Jaqueline Paola Catinac López

15 años

 

Ilustración: Gil Amado-Guatemala

 

7. Siona Hernández García

17 años

 

Ilustración: Sheyda Sabetian-Guatemala

 

8. Josselyn Marisela García Flores

16 años

 

Ilustración: Eyla Lujan-Guatemala

 

9. Mayra Haydeé Chután Urías

16 años

 

Ilustración: Xanderall-Guatemala

 

10. Skarlet Yajaira Pérez Jiménez

15 años

 

ilustración: Soph Ramírez- Guatemala

 

11. Yohana Desiré Cuy Urízar

15 años

 

Ilustración: Baku Estrada-Guatemala

 

12. Rosalinda Victoria Ramírez Pérez

15 años

 

Ilustración: Melanie Forne-Francia

 

13. Madelyn Patricia Hernández Hernández

14 años

 

 

Ilustración: Daniel Morales-Guatemala

14. Sarvía Isel Barrientos Reyes

14 años

 

 

Ilustraciones: Miguel Gallardo- España y Diana De Pietri- Italia

 

 

Ilustraciones : Martin Tognola- Argentina y Victoria Martos- España
Ilustración: Alejandra Pineda-Guatemala

15. Ana Nohemí Morales Galindo

16 años

 

 

Ilustraciones: Antonia Santolaya Ruiz-Clavijo -España y Cintia Bolio-México

16. Ana Rubidia Chocooj Chutá

16 años

 

Ilustración: Claudia Navarro -México

 

17. Jilma Sucely Carías López

14 años

 

 

Ilustración: Sandy Rodríguez-Guatemala

 

 

Ilustraciones: Alfredo González — España, Gusti Rosenffet-Argentino español, Esperanza León Jiménez-España

 

 

Ilustraciones: Esperanza León Jiménez-España y Joaquin López Cruces- España

18. Yoselín Beatriz Ventura Pérez

15 años

Ilustración: Morena III-Guatemala

19. Grindy Jazmín Carias López

16 años

 

 

Ilustraciones: Andrés Andrade-Guatemala y Lucía Ixchíu -Totonicapán Guatemala

 

Ilustración: Alexis Rojas — Guatemala

 

20. Mari Carmen Ramírez Melgar

14 años

 

 

Ilustracion: Desiree Cordón-Guatemala

21. Keila Rebeca López Salguero

17 años

 

 

Ilustración: Pigmento Negro-Guatemala

22. Kimberly Mishel Palencia Ortíz

17 años

 

Ilustración: Lucía Morán Giracca — Guatemala

 

23. Nancy Paola Vela García

15 años

 

 

Ilustración: Beatriz Sandoval — Guatemala

 

 

Ilustraciones: Nelton Rivera-Guatemala y Antonia Santolaya Ruiz-Clavijo-España

24. Estefany Sucely Véliz Pablo

16 años

 

 

Ilustraciones: Leo Dosbe-Guatemala y Alfredo González- España

25. Lilian Andrea Gómez Arceno

13 años

 

Ilustración: Adrián Oliva-Guatemala

 

26. Mirza Rosmery López Tojil

16 años

 

Ilustración: Annika Lehnhoff-Guatemala

 

27. Ana Roselia Pérez Junay

14 años

 

 

Ilustración: Andrea Gómez-Guatemala

28. Grisna Yamileth Cu Ulán

15 años

 

 

Ilustraciones: Luis Pérez Ortíz “LPO”- España y Alejandro Galindo-España

29. Melani Yanira De León Palencia

15 años

Ilustración: Michi Gonzáles-Guatemala

30. Luisa Fernanda Joj González

16 años

Ilustración: Juan Pablo Canale-Guatemala

31. Daily Analí Domingo Martínez

15 años

Ilustración: Astrid Caballeros-Guatemala

32. Iris Yodenis León Pérez

14 años

 

 

Ilustraciones: Juan Ballesta-España y Juan Pensamiento Velasco-Guatemala

33. Candelaria Melendrez Hernández

17 años

 

Ilustración: Luisi Rodríguez-Guatemala

 

34. Milenie Eloisa Rac Hernández

17 años

 

 

Ilustración: Kristian de León-Guatemala

35. Celia María López Aranda

15 años

 

 

Ilustraciones: Amaya Uscola-España y Moni Cruz-Guatemala

36. Hashly Angelie Rodríguez Hernández

14 años

 

Ilustración: Rodolfo de León-Guatemala
Animación: Paula Morales-Guatemala

 

37. Sara Nohemi Lima Ascón

17 años

 

Ilustracion: Quimy de León — Guatemala

 

38. Yusbeli Yubitza Merari Maquín Gómez

14 años

 

Ilustración: Manuel Martínez Meseguer- España

 

39. Silvia Milexi Rivera Sánchez

17 años

 

 

Ilustración: Maria Andrée Paiz- Guatemala

40. Yosselin Yamileth Barahona Beltrán

15 años

Ilustración: Álvaro Sánchez-Guatemala

41. Wendy Anahí Vividor Ramírez

16 años

ilustración: Marielle Che-Guatemala

Créditos

Prensa Comunitaria

Quimy De León
Nelton Rivera
Lucía Ixchíu
Gerardo Monterroso

Colaboraciones

Desinformémonos

Gloria Muñoz

Colectivo 8 Tijax

Celeste Mayorga
Raquel Arreaga
Mayra Jiménez
María Peña

Los Garabatti

Limonada Bandida

Artistas

Isa Valladares
Claudia Navarro
Pigmento Negro
Enrique Flores
Walter Wirtz
Marilinda Guerrero
Gil Amado
Sheyda Sabetian
Eyla Luján
Xanderall
Soph Ramírez
Baku Estrada
Melanie Forne
Gerardo Monterroso
Daniel Morales
Alejandra Pineda
Diana De Pietri
Víctor Martos
Martín Tognola
Miguel Gallardo
Cintia Bolio
Antonia Santolaya
Sandy Rodríguez
Joaquín López
Gusti Rosenffet
Alfredo González
Esperanza León
Morena III
Elizabeth Sandoval
Desirée Cordón
Lucía Morán Giracca
Leo Dosbe
Adrián Oliva
Annika Lehnhoff
Andrea Gómez
Luis Pérez
Alejandro Galindo
Michi González
Juan Pensamiento Velasco
Juan Pablo Canale
Astrid Caballeros
Juan Ballesta
Luisi Rodríguez
Kristian De León
Moni Cruz
Amaya Uscola
Rodolfo De León
Quimy De León
Beatriz Sandoval
Manuel Martínez
Maria Andrée Paiz
Marielle Che
Angela Mariluz Francisco Diego
Damaris Magdalena Francisco Diego
Paula Morales
Lucía Ixchíu
Nelton Rivera

 

 

 


Por: Nelton Rivera. / desInformémonos

El Ministerio Público MP en Guatemala, solicitó recientemente el sobreseimiento de la causa penal en contra de Domingo Francisco Cristóbal Francisco, autoridad maya Q’anjob’al, el MP con esta acción luego de un año de investigación, solicitó ante la juzgadora que la persecución penal se suspenda o clausure, porque sencillamente no tienen casusa reales que justifiquen la acción penal de la justicia en contra de don Domingo Francisco, meses antes lo detuvieron y encarcelaron injustamente.

Domingo Francisco se considera uno de varios presos políticos en el país, la juez Claudette Domínguez quien preside el juzgado de Mayor Riesgo A de la ciudad capital, resolvió otorgarle el sobreseimiento y emitió la orden el día 23 de febrero 2017 al Organismo Judicial y a la Policía Nacional Civil –PNC- para que suspendan toda persecución penal en contra de la autoridad comunitaria.

En esta acusación aún quedan personas comunitarias con orden de aprensión, la jueza explicó que aún deben de presentarse ante la justicia, para solucionar su situación jurídica.

Domingo Francisco permaneció en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, a 500 kilómetros de distancia de su hogar, desde el día 28 de octubre hasta el 11 de noviembre 2016, luego la juez Claudette Domínguez resolvió que debía quedar en libertad provisional sin ningún tipo de medida de coerción y esperar 3 meses para que el MP pudiera ampliar su investigación, finalmente llego la fecha y el MP sin prueba alguna solicitó que este proceso se cerrara.

“Gracias a Dios, tuve hoy la otra audiencia, cuando la jueza señalo 10 días atrás esta nueva fecha, porque los querellantes en mi contra no se presentaron, ni la fiscalía del MP, ni el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni los oficiales del CAJ de Santa Eulalia.

Hoy por fin se presentaron los fiscales del MP, y se dio por terminado este proceso penal, la resolución de la jueza en el caso de mi persona fue favorable, hoy la juez decidió que este caso debe de terminarse.

Los paisanos y los vecinos en el área Q’anjob’al, de los municipios del norte de Huehuetenango, sabemos que allá están los defensores del territorio y de los derechos, así como nosotros, y sabemos que aún hay comunitarios con órdenes de aprensión que no han podido resolver sus casos, pero también ya hay varias autoridades de Barillas y Santa Eulalia que ya logramos resolver estas acusaciones falsas.

Así como nosotros, en Guatemala, como pueblo Maya, que habitamos nuestra Coactemalan (tierra de bosques) en idioma Nahuathl, hemos sufrido ante los tribunales, de la misma forma como nuestros antepasados lo sufrieron igual, que dieron la vida por la lucha de la defensa de los derechos humanos, como la madre tierra, defensa del territorio y la naturaleza, esto no es nada nuevo.

Vemos como ya nos están contaminando el agua, la tierra, las rocas con las minas, simplemente estamos defendiendo que otra gente no se aproveche de los recursos que son de todos, especialmente cuando llegan de otras naciones extranjeras a hacerlo.

Me siento muy contento, tranquilo, dando las gracias a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos, no solo en Guatemala si no tambien en todo el mundo, a mi familia, a los vecinos que vinieron a acompañarme, aquí estamos junto a los hermanos Rigoberto Juárez, y Domingo Baltazar, juntos hemos sufrido la cárcel, hemos sido amenazados, perseguidos y seguimos aquí, con vida, y con libertad.”

¿Por qué lo encarcelaron?

Don Domingo Francisco Cristóbal Francisco, es una autoridad reconocida por su pueblo de Jolom Konob’ (Cabeza de Pueblo en idioma Q’anjob’al), tiene 65 años de edad, el día 26 de octubre del 2016, luego de almorzar fue detenido por agentes del DEIC de la PNC en el municipio de Chiantla, Huehuetenango. Domingo Francisco regresaba de la cabecera departamental luego de participar en una movilización pacífica convocada por Comité de Desarrollo Campesino -CODECA- para exigir la nacionalización de la energía eléctrica.

Domingo Francisco fue sindicado de cometer delitos como: instigación a delinquir, plagio o secuestro, según consta en la Causa Penal No. 10915, de fecha 25-03-2015, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia, del Centro de Administración de Justicia –CAJ-, a él lo responsabilizaron por la movilización de la población ocurrida el 19 de enero 2015 en el CAJ, luego de la detención arbitraria de dos jóvenes en el municipio vecino de San Mateo Ixtatán.

Fue acusado injustamente por el ex alcalde municipal Diego Marcos Pedro, quien afirmó que había sido golpeado y obligado por don Domingo Francisco a asistir a una audiencia realizada en el CAJ en la noche del 19 de enero 2015, el ex alcalde que simpatiza con las empresas hidroeléctricas insistió en victimizarse, en su versión manifestó que más de un centenar de comunitarios lo amenazaron, agredieron y desalojaron de su casa para obligarlo a asistir al CAJ.

Durante el Debate Oral y Público en el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la juez Yassmin Barrios en 2016, comprobó que el testimonio y la acusación del ex alcalde no eran ciertos, que deliberadamente había mentido y que su testimonio, en similitud con otros 20 testigos más, la mayoría trabajadores del CAJ, todos estos testimonios fueron presentados como parte de la estrategia de criminalización de la hidroeléctrica en contra de las autoridades ancestrales y comunitarias que enfrentaron ese debate oral, al final fueron absueltos.

En una columna anterior Sí creo en su inocencia hablo de este juicio histórico.

“¿Señor Rigoberto en dónde está?, creo en su inocencia, siempre me han dicho que soy muy dura para condenar, pero con esa misma dureza lo soy para absolver y creo en su inocencia.” Jueza Yassmin Barrios.

Su abogado defensor, el licenciado Benito Morales Laynes, ha insistido en denunciar la estrategia de criminalización, que desde la instalación de las empresas, utilizando el sistema de justicia para perseguir y encarcelar a las autoridades comunitarias, ancestrales por oponerse a los megaproyectos, son y seguirán siendo juicios políticos.

En el caso de Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar y ahora Domingo Francisco Cristóbal no le queda otro camino al MP más que desistir y pedir que sean cerrados los casos, luego de un año de investigación sin poder comprobar la participación de ellos en algún delito.

Esta historia no se termina aun

Durante los últimos cuatro años, hemos presenciado la ofensiva de las empresas extractivas en el país, muchas han sido las estrategias para imponer de forma violenta la construcción de los megaproyectos y la criminalización ha sido una de las estrategias para castigar a las autoridades comunitarias o ancestrales que se oponen a las empresas.

En esta estrategia, los empresarios cuentan con el respaldo y apoyo del Estado, el Ministerio Publico –MP- perdió total objetividad en las investigaciones y desde el año 2015 persigue a las autoridades ancestrales maya Q’anjob’al en el territorio norte de Huehuetenango por defender el agua de los ríos.

Las empresas echaron mano de la cooptación de persona y de algunos liderazgos en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, con la cooptación llego la división comunitaria, misma que se reflejó en las administraciones municipales durante el gobierno de Otto Pérez Molina 2011- 2015, la de Barillas y Santa Eulalia pro hidroeléctricas.

Pérez Molina un ex general vinculado a la represión durante la guerra ahora se encuentra encarcelado por dirigir varias redes criminales y de corrupción en Guatemala, la vice presidenta de su gobierno Roxana Baldetti Elías y su ministro de Gobernación Masurio López Bonilla podrían ser extraditados a los Estados Unidos por narcotráfico, junto a Erick Archila Dehesa ex ministro de Energía Y Minas impulsaron y promovieron las actividades de las empresas extractivas en todo el país, Erick Archila por ejemplo huyo de la justicia nacional y ahora se encuentra en los Estados Unidos a la espera de ser extraditado a Guatemala.

Luego llegaron las amenazas, la desaparición forzada, la presencia de paramilitares y los asesinatos selectivos, como paso siguiente, comenzaron a aparecer las denuncias ante las fiscalías del MP en el CAJ y los juzgados en Barillas, estas denuncias avanzaron rápidamente y los jueces emitieron docenas de órdenes de aprensión, llegó la militarización, los Estados de Sitio y la prisión política.

Las empresas siguen generando acciones y estrategias para golpear a las comunidades, encarcelar a sus principales autoridades, en un escenario adverso para la movilización comunitaria, mientras los pueblos y comunidades continúan exigiendo el respeto a sus formas propias de toma de decisión, autoridad ancestral y formas propias de resolución de los problemas; en este caso el retiro de las empresas hidroeléctricas de su territorio.

En toda América Latina se están viviendo escenarios similares, con patrones comunes en las estrategias que están implementando en contra de la organización comunitaria, popular o las resistencia en todo el continente, especialmente frente a los grandes megaproyectos como en México, Honduras, Chile, Ecuador, Brasil, y otros.


Fotografía Quimy De León

 

Publicado en desInformemonos en México.

“…que no quede ninguno vivo”

Pedro García Arrendo es culpable”… con estas palabras hace un año exactamente, en la ciudad de Guatemala, en sala mayor de la Corte Suprema de Justicia el Tribunal de Mayor Riesgo B, frente a una multitud de personas de distintos pueblos del país, escuchamos la sentencia por la masacre cometida por el Estado de Guatemala en 1980. El nerviosismo lleno por completo la sala de audiencias, esta sentencia llegó dos años después de la sentencia por Genocidio en contra del pueblo Ixil contra del general José Efraín Ríos Montt en 2013.

La jueza y presidenta del Tribunal, inició por la tarde de ese histórico lunes 19 de enero, llegó el momento de la lectura del documento final, el resumen de la sentencia, haciendo uso de la palabra, y con el silencio de la multitud en la sala, abrió la audiencia a las 5 y 23 minutos de la tarde, treinta cinco años después de la masacre en la Embajada de España en 1980.

La jueza Sara Griselda Yoc Yoc de manera sencilla, sin leer un lenguaje técnico jurídico trasladó el análisis del tribunal para argumentar el porqué de su sentencia, en el caso de la “Toma y Quema de la Embajada de España” ocurrida el 31 de enero del 80.

El jefe del Comando Seis, teniente coronel Pedro García Arredondo fue condenado a 90 años de presión inconmutables, 40 años por cometer Delitos Contra Deberes de Humanidad en concurso ideal, delitos de Asesinato en Grado de Tentativa en concurso real contra el Embajador de España Dr. Máximo Cajal y López y el campesino Maya Gregorio Yujá Xoná, y el asesinato de 37 personas dentro de la Embajada de España el 31 de enero de 1980.

Cientos de personas esperaban con atención que la jueza con sus palabras llegara finalmente a la parte condenatoria, pasaron tan solo pocos minutos, que se convirtieron en largas horas de espera para quienes ahí presenciábamos la lectura, finalmente pocos minutos más tarde ocurrió, sus palabras rompieron la espera de décadas: “Pedro García Arrendo es culpable.”

Los corazones comenzaron a latir con fuerza, la respiración de cientos de personas ahí presentes en esa sala se hicieron profundas, muchas lágrimas rodaron por los rostros arados por el tiempo, hombres y mujeres maya Ixil y K’iché presenciaban como la justicia en Guatemala comenzaba a saldar la deuda enorme que aún tienen con su pueblo, varios hombres y mujeres Ixiles, hijos de quienes murieron calcinados adentro de esa embajada volvían a recordar con insistencia el reclamo de justicia, ese reclamo que los llevo a sobrevivir y a luchar 35 años ante los tribunales nacionales.

El tribunal continuo con la lectura de la sentencia, impone la condena de 50 años más de prisión inconmutables; por el asesinato de los estudiantes universitarios Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España Valle cometidos posteriormente el 2 de febrero de 1980, dos días después de la quema de la embajada.

“… estamos totalmente convencidas de la responsabilidad del señor Pedro García Arredondo como autor de los hechos que se han explicado.”

“…esta sentencia viene a ser esa agua que apaga ese incendio de esa búsqueda de justicia que han tenido los familiares de las víctimas que han tenido todo este tiempo y lo esperamos que este acto justo que hoy se dicta sea un precedente para que todo funcionario adecue su conducta al marco de la ley, al respeto de los derechos humanos, a la vida y dignidad de las personas.” jueza, Irma Jeannette Valdés.

Pedro García Arredondo es un militar que dirigió con mano dura el temido “Comando Seis” de la Policía Nacional –PN- durante la dictadura del general Fernando Romeo Lucas García (1980-1982), junto a su hermano Manuel Benedicto Lucas García quien era Jefe del Estado Mayor del Ejército, desde su comandancia se dirigió la más atroz estrategia contrainsurgente en contra del pueblo guatemalteco, miles de jóvenes, estudiantes, obreros, militantes revolucionarios, académicos, maestros, religiosos, la dictadura y el empresariado no diferencia edades, etnias, la violencia del Estado golpeo con fuerza, la más sanguinaria de toda América.

“Un testigo escuchó decir de la policía “que no quede ninguno vivo”.  Contrario a lo que se supone la policía llegó con la orden de matar al grupo de campesinos, así que quemaron la sede de la Embajada y asesinaron a 37 personas, dos lograron sobrevivir; el embajador Máximo Cajal y López quien logró escapar por sus propios medios y el campesino Gregorio Yujá que fue llevado al hospital privado “Herrera Llerandi”, estando ahí fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y después lo asesinaron. Su cuerpo fue lanzado en el Campus central de la Universidad de San Carlos.”, la universidad nacional.1

García Arrendo cumplirá 72 años de edad, de esos, lleva 3 años en la cárcel por delitos de lesa humanidad, es el único oficial de alto rango que fue condenado por la masacre de los 37 indígenas del Quiché y los estudiantes universitarios dentro de la embajada, los cuadros operativos de la Policía Nacional de menor rango, y los elementos del ejército ahí presentes ese 31 de enero del 80, así como Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor permanecen aún sin ser juzgados, Romeo Lucas al frente de la dictadura de ese entonces falleció en el 2006 viviendo un supuesto exilio en Venezuela.2

La historia de Benedicto Lucas será distinta, fue detenido en enero del 2016 junto a 18 altos mandos del ejército, está en prisión preventiva, acusado por delitos de lesa humanidad por la detención y desaparición más grande de América, 558 osamentas exhumadas en la zona militar, conocida como #CasoCreompaz o Zona militar número 21 de Cobán, Alta Verapaz.3

No es el único caso, Benedicto Lucas fue ligado a otro proceso, por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, y por la detención y tortura de su hermana Emma Molina Theissen ocurridos en 1981.4

Benedicto Lucas al igual que Pedro García Arredondo está enfrentando la justicia, junto a Benedicto están otros 18 altos mandos del ejército, unos con arraigo domiciliario, la mayoría presos en los cuarteles militares y otros aun prófugos de la justicia.

Nuevamente, estamos esperando otras sentencias, continúan los juicios históricos, continua el proceso penal de la Zona militar número 21 de Cobán, la masacre de las Dos Erres en Peten en 1982, el caso Molina Theissen, el caso del Diario Militar, en fin falta mucho aun, pero es el único camino para ir encontrando la paz en Guatemala, y la no repetición de tantas atrocidades.

Con estos procesos nace de nuevo la esperanza.

1 Quimy De León. Toma y quema de la Embajada de España: “que no quede ninguno vivo”. Prensa Comunitaria. 31 de enero 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/31/toma-y-quema-de-la-embajada-de-espana-que-no-quede-ninguno-vivo/

2 El Mundo. Fernando Romeo Lucas García, ex dictador de Guatemala. 31 de mayo 2006. http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/29/obituarios/1148920570.html

3 Nelton Rivera. Caso Creompaz: la cara de la represión y los vínculos con el gobierno. Prensa Comunitaria. 6 de mayo 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/05/06/caso-creompaz-la-cara-de-la-represion-y-los-vinculos-con-el-gobierno/

4 Quimy De León. Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años desaparecido por el ejército de Guatemala. Prensa Comunitaria. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/12/marco-antonio-molina-theissen-un-nino-de-14-anos-desaparecido-por-el-ejercito-de-guatemala/

Fotografía ABC

 

Fotografía Guatevision.

 

Fotografía Noticias de Bomberos en Guatemala.

 

Fotografía Publinews


Por: Quimy De León.

Marco Antonio Molina Theissen era un niño de 14 años, estaba en tercero básico cuando miembros del ejército entraron a su casa, lo detuvieron y lo desaparecieron. Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

Su hermana, Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en el entronque conocido como Cuatro Caminos quienes la llevaron a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue torturada y violada sexualmente. Pese a esto a los ocho días ella logró huir por una ventana.

El 6 de octubre de 1981, un día después de que Emma lograra escapar de sus captores, varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres ubicada en la colonia La Florida en el municipio de Mixco en el departamento de Guatemala. Entraron con lujo de fuerza, dentro estaba Marco Antonio, lo engrilletaron, le taparon la boca con Masking tape y golpearon a su madre. Luego lo metieron a un costal y lo tiraron a la palangana de un picop con placa oficial 17675. A pesar de que su madre corrió tras el carro para rescatar a su hijo nada pudo hacer.

Sus padres desesperadamente buscaron a su hijo en hospitales y destacamentos militares. Hicieron varias gestiones ante las autoridades, ante el ejército, ante la iglesia, ante instancias internacionales de derechos humanos y nunca lograron nada. Hasta la fecha la familia de Marco Antonio no sabe sobre su paradero, pero no han dejado de buscar.

El proceso penal

La mañana del 12 de enero 2016 cuatro militares retirados esperaban ansiosos junto a sus familiares y abogados que diera inicio la audiencia de primera declaración por el caso de desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen. Ellos fueron detenidos el 6 de enero de 2016 por una orden de aprehensión y arraigo emitida por el juzgado cuarto el 4 de enero de este mismo año. Los delitos por los que están presos son desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad. Posteriomente el Juzgado de Mayor Riesgo C ligó a este mismo proceso penal a Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor de la Defensa en 1981, detenido el 6 de enero 2016 junto a otros 17 altos mandos del ejército guatemalteco por el caso conocido como #ZonaMiliatar21Coban o caso CREOMPAZ durante la guerra.

A las once de la mañana después de una hora de espera dio inicio esta audiencia en la sala primera del juzgado quinto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala.

Hugo Ramiro Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor, Manuel Antonio Callejas Callejas General de división, Francisco Luis Gordillo Martínez fue comandante de la zona militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, cuando ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa. También fue de la Junta Militar que asumió después de dar un golpe de Estado y asumiera de facto la presidencia Efraín Ríos Montt y Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenango.

La sala es muy pequeña y en ella también esperaban las familiares de Marco Antonio, su madre Emma Theissen Álvarez viuda de Molina, sus hermanas María Eugenia y Ana Lucrecia Molina Theissen acompañadas por defensoras de derechos humanos.

Benedicto Lucas García fue ligado a este mismo proceso penal

El juez Víctor Herrera Ríos que preside el juzgado de Mayor Riesgo C en la ciudad de Guatemala ligo a proceso penal a cinco altos mandos del ejército por varios delitos de Lesa Humanidad que incluyen: Deberes contra la humanidad y por la detención y Desaparición Forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen el 6 de octubre de 1981 en el municipio de Mixco, Guatemala.

También por los delitos de Violación con agravación de la pena y Deberes contra la Humanidad por la detención arbitraria de Emma Guadalupe Molina Theissen el 27 de septiembre de 1981 retenida clandestinamente en la Brigada Militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas” a quien sometieron a tortura, interrogatorios y violación sexual repetidamente.

La audiencia se realizó en la sala del nivel 12 de la Torre de Tribunales en presencia de los cinco sindicados: Benedicto Lucas García, Hugo Ramiro Zaldaña, Francisco Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares y Manuel Antonio Callejas, los cinco militares quedaron ligaros por los tres delitos,  todos permanecen en prisión preventiva en un cuartel militar desde enero del 2016, el juez ordenó que todos permanecerán en prisión preventiva.

Fotografía de Nelton Rivera.

La acusación

El fiscal del Ministerio Publico hizo responsable a los cuatro militares de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen. Para ello cuentan con varias pruebas que determinan el papel de cada uno de los militares.

Hugo Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor en la Brigada Manuel Lisandro Barillas dirigía el retén militar donde fue capturada Emma en el entronque conocido como cuatro caminos ubicado en San Cristóbal Totonicapán, después fue llevada a la zona militar en donde fue detenida ilegalmente, torturada y violada sexualmente.

Francisco Gordillo Martínez era comandante de la zona Militar a la vez que Ediliberto Letona Linares como segundo comandante son responsables junto a Hugo Zaldaña Rojas por los delitos contra deberes de la humanidad y violación agravada.

Manuel Antonio Callejas y Callejas General de División tuvo la responsabilidad de ordenar nuevamente la captura de Emma Molina Theissen y que desaparecieran a su hermano menor, por lo que a él se le acusa solamente del delito de desaparición forzada y delitos contra deberes de la humanidad.

De los cuatro militares Edilberto Letona accedió a hablar y negó su responsabilidad en los hechos y delitos por los que se le acusa, sí reconoció su cargo como Segundo Comandante en la zona militar y que entonces se encontraba de alta.

 

 


Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Santiago Bastos Amigo.

Puede parecer extraño recordar que el detonante fue la propuesta de reglamentación del Convenio 169 que lanzó Álvaro Colom, allá en marzo de 2011. La convocatoria a una carta colectiva y la consiguiente búsqueda de firmas entre contactos y amistades – logramos más de 500 adhesiones en pocos días- sirvió para aquilatar y proponernos dar forma a conversaciones e ideas que venían de tiempo atrás entre Quimy De León y Santiago Bastos.

A partir de ahí, empezamos a poner en orden en nuestras preocupaciones y esperanzas alrededor de la movilización que se estaba dando en las comunidades en esos años, cuya expresión más visible eran las consultas comunitarias de buena fe y los conflictos que ya había en contra de megaproyectos en algunos lados.  En ese entonces se había dado la cobertura que hicieron Nelton y Quimy junto a Sara Mingorría y Alberto Alonso desde la plataforma de Indymedia, de los desalojos del Polochic, que mostraron la importancia de la comunicación independiente para denunciar lo que ahí ocurría.

Comenzamos entonces a buscar cómo poner en práctica un proceso/proyecto en cuyo cetro estuvieran esas comunidades y organizaciones que protagonizaban la movilización, a las que este trabajo debería servir como insumo para su proceso, pero también de quienes la acción debería partir. Pensábamos un basado en cuatro tipos de acciones, cuatro momentos -presencia, documentación, análisis y comunicación-. No queríamos comportarnos como una ONG ni depender de la cooperación, pero también sabíamos que necesitábamos fondos para poner en práctica estas ideas.

Así, entre reuniones, pláticas, propuestas, intentos de coordinación y búsquedas de fondos y consensos, se nos fue 2011. El primer trabajo que pudimos hacer, fue un repositorio de noticias publicadas sobre las consultas comunitarias, que debe andar por algún lado en la red, en dónde trabajó Nelton Rivera y Dania Rodríguez. Poco después, ya en 2012, logramos poner en marcha un proyecto de investigación en donde Diakonia aportó para el inicio, sobre la sistematización y análisis de tres casos concretos definidos por los contactos y la relevancia de la lucha. Escogimos Barillas, San Juan Sacatepéquez y el Polochic.

La urgencia de la comunicación

Cuando estábamos en plena labor, la cercanía con los sujetos que era la base de nuestra propuesta nos impuso la necesidad de acondicionar nuestra propuesta de trabajo. El Estado de sitio decretado en Barillas el 1 de mayo de 2012 llevó a 9 líderes y autoridades comunitarias a la cárcel e hizo que muchos más de ellas y ellos se refugiaran para evitar ser capturados. La labor de sistematización ya no era suficiente, comenzó el acompañamiento de los perseguidos y sus familias, y sobre todo, la necesidad de que todo eso se conociera más allá de las versiones siempre insuficientes, parciales y perversas que difundía la prensa corporativa.

Surgió así “Barillas resiste”, un blog en formato wordpress, en donde publicábamos las noticias que íbamos recolectando sobre los hechos que iban sucediendo alrededor de este caso -mientras la investigación sobre los otros dos lugares debía seguir avanzando- En ella subíamos testimonios, los hechos que ocurrían en los juzgados, entrevistas a los abogados, comunicados de organizaciones. Todas estas tareas empezaron a ser práctica habitual del equipo, al que se sumó Francisco Lucas Pedro, Chico que además sufría persecución penal. Desde este medio se participó en la fundación del Centro de Medios Independientes como espacio de convergencia que recogía voluntades y experiencias de comunicación alternativa, tan necesaria ante la deriva represiva del gobierno del Otto Pérez Molina

En esta labor, la página se fue consolidando como un proyecto en sí mismo y a final de año, dio un salto cualitativo, y de “Barillas resiste”,  pasó a llamarse “Prensa Comunitaria”, mostrando su voluntad de ampliar la cobertura, porque amigos empezaban a enviar textos y los contactos ya se estaban consolidando en más lugares. Uno de estos lugares era Santa Eulalia, donde la desaparición y muerte de Daniel Pedro, Daniel Maya, fue un golpe tremendo, por los proyectos y sueños que tuvimos en conjunto y que empezaban a perfilarse un reto para la comunicación.

En esos meses también estábamos inmersos, como todo el país, en la cobertura del juicio que por el delito de genocidio se seguía a Ríos Montt, lo que mostraba otra cara del trabajo de Prensa Comunitaria que desde entonces no se ha abandonado: la memoria y el conflicto armado como base para entender todo lo que está ocurriendo ahora.

Sin embargo, el trabajo se vio afectado porque desde inicio del año 2013 se empezó a dar una campaña de difamación y ataque a gente del equipo por problemas de poder en los espacios en que trabajamos. Fueron meses de desgaste personal.

El trabajo de análisis y sistematización del acompañamiento en Barillas permitió   preparar la publicación Las Voces del Río junto a UDEFEGUA, a partir de testimonios de perseguidos, presos y sus familiares, presentado en la ciudad de Guatemala en febrero de 2014. En abril presentamos también el resultado de la investigación que iniciamos en 2012, con el título de Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Hicimos presentaciones en la Capital, en Cobán y San Juan Sacatepéquez.

El equipo se amplía y el kilómetro 169

El día 4 de octubre del año 2012 el ejército de Guatemala realizó la masacre de 6 personas maya K’iché’ durante una manifestación pacífica de miles de comunitarios y comunitarias, representadas por los 48 Cantones de Totonicapán, más de 40 personas fueron gravemente heridas por las balas de fusilería del ejército.

El pueblo K’iché de Totonicapán se encontraba movilizado exigiendo al gobierno el cese de la reforma educativa, las reformas Constitucionales y el cese de la persecución de líderes y lideresas por oponerse al incremento de la energía eléctrica de la empresa inglesa ENERGUATE. Nelton Rivera tomó una fotografía de la señal de kilometraje, la subió de perfil de nuestra página en Facebook. Con el tiempo la gente nos identificaba con ese símbolo y decidimos reivindicarlo.

En ese tiempo, con apoyo financiero de Hivos empieza un trabajo en equipo con Luciérnaga, que marca la marcha a lo que ya va siendo la nueva Prensa Comunitaria: la ampliación del equipo de comunicadores comunitarios con la incorporación desde Alta Verapaz y Norte de Huehuetenango sobre todo de Rony Morales, Alfredo Rax y Joel Pérez. Con ellos y otras personas más se lleva a cabo una escuela de comunicación comunitaria, que sirven para ir ampliando y dando otro carácter al trabajo y al equipo. En la capital, también se van sumando gente como Jovita Tzul, Andrea y Lucía Ixchíu, o Simón Antonio, Gerardo Monterroso, Marta Karina Fuentes, Pablo Rangel y Norma Sancir que empezaron a colaborar de distintas maneras Se establecieron vínculos con otros medios digitales de otros países como Periodismo Humano en España o Desinformémonos en México; mientras que la gente con la que trabajábamos en el norte de Huehuetenango seguían siendo hostigada.

Con todo eso, Prensa Comunitaria se va llenando de contenidos de lo más diverso y las tareas se van ampliando.  Nos llaman desde lugares donde hay conflictos o movilizaciones para cubrirlos, o para enviar la propia versión de un acontecimiento importante. Los jóvenes que van llegando van mostrando sus trabajos en la página. Los nuevos soportes, redes sociales sobre todo Facebook pero también twitter e instagram se van convirtiendo en un vehículo de nuestro quehacer.

El cierre de  la radio Jolom Konob, de Santa Eulalia, el 20 de enero de 2015 por orden del alcalde del municipio nos hace desplegar una campaña para denunciar los ataques a la libertad de prensa; que nuestros compañeros sufren de forma directa cuando dos meses después subían a Santa Eulalia a acompañar la esperada apertura de la radio, y fueron agredidos por los partidarios del alcalde, al igual que otras persona de la comunidad.

Ya en en abril de 2015 empiezan las movilizaciones en contra de la corrupción en gobierno de Otto Pérez Molina, que supusieron todo un terremoto político, y también un reto comunicativo para el equipo. Cada vez que había movilización, en la Plaza de la capital- corazón geográfico del país- o en cualquiera de los lugares más apartados de la República, allá estaba alguien  del equipo de Prensa Comunitaria poniendo en marcha la maquinaria para que la fotos, los reportajes, textos, acabaran en  las páginas de facebook, wordpress, twitter, medium informado con prontitud y rigor de lo que iba ocurriendo.

Esto ayudó  a fortalecer el equipo y las redes en las comunidades, y a potenciar el uso de las plataformas tecnológicas, con lo que se aplicó a la capacidad de difusión.

Además, a finales de año, nuestro trabajo de acompañamiento y denuncia de los derechos humanos fue reconocido con el premio de derechos humanos “Alice Zachmann” que anualmente otorga la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, con sede en Washington, USA. Don Lorenzo Mateo fue quien viajó a recibirlo y hacer una gira con su hermanos q’anjobales en ese país.

Diversificándonos

El cambio de año, con el resultado de las elecciones nos deja tan abatidos como a todo mundo, pero hay que seguir trabajando, buscando cómo hacer para estar al día de una tarea que cada vez exige más complejidad tecnológica.

La muerte repentina de Poncho Porres, fundador y personaje central de Luciérnaga, pero también pieza clave del desarrollo de Prensa Comunitaria en sus años de existencia nos impacta fuertemente. Como si fuera su energía después de su partida, toma forma un viejo proyecto que surgió precisamente en una plática con él en el Café Chichoy de Agua Escondida. Se trata de la Muestra Guatemala en MovimientoS que gracias al empuje de las chicas de la Casa Yaxs, acaba siendo un proyecto multimedia y multitodo, en que desplegamos nuestra memoria para intentar explicar cómo las movilizaciones comunitarias desde 2010 pusieron la base para las que se centraron en la capital en 2015. Las muestras en ciudad de Guatemala en junio y en Xela en julio fueron para el equipo un gran aprendizaje lleno de satisfacciones.

Mientras tanto, el trabajo continuado junto a los equipos de abogados de los presos políticos del norte de Huehuetenango, llevó a la posibilidad de que el acompañamiento, investigación y  conocimiento sobre el proceso que se desarrolla en el área se vuelque en el peritaje que Santiago Bastos realizó para presentar en el juicio que finalmente se realizó los días 5 al 20 de julio y que terminó con la absolución de todos ellos por la juez Yassmín Barrios. Realmente, fue un día alegre.

De una de las secciones de Guatemala en MovimientoS coincidiendo con la apertura del juicio por el caso por la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen surge otro proyecto que toma vida propia: el montaje El cuarto de las ausencias, que se instala por su cuenta en las instalaciones del IIARS, con el trabajo de las familias que han perdido a sus seres queridos durante la guerra Molina Theissen, Pedro Mateo, Estrada y Portillo.

Al llegar a nuestro cuarto año de trabajo estamos preparando dos volúmenes de textos escritos por gente del equipo y por amigos en torno a los dos temas que han definido nuestro actuar: la resistencia comunitaria y la memoria histórica.

Para entonces hemos conseguido una de las más viejas aspiraciones: abandonar el soporte tecnológico de la página en worpdress -tan plano y bidimensional- y poder construir una página web con las últimas posibilidades, gracias al apoyo incondicional de Gerardo Monterroso.

Esto es, muy por encima, un recorrido por lo que hemos hecho en estos  cuatro años. Son  ¿cuántas notas? ¿Cuantas fotografías? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos muertos y cuántos desvelos compartidos? Todo ello con muchas ganas y con toda la energía de que disponemos y la que nos va llegando, pero también con sacrificios. Con muchos planes y siempre con la frustración de no haber podido hacer todo lo que tenemos planeado hacer; todo lo que este país exige.