Guatemala Comunitaria

Por Nelton Rivera, Quimy De Leon y Gaspar Nicolás.

 

La persecución penal en contra de las autoridades comunitarias y ancestrales no cesa en Guatemala, nuevamente fue detenido otra autoridad por una orden de aprensión que continuaba vigente. Domingo Francisco Cristóbal Francisco es una autoridad maya Q’anjob’al y líder comunitario, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- a eso de las 12: 25 del día miércoles 26 de octubre 2016 recién concluida la manifestación convocada por Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- en Huehuetenango de donde venía, ya que él forma parte de esta organización en el área norte.

 

Es padre de diez hijos e hijas y tiene 64 años, es agricultor, tiene un amplio trabajo comunitario, fue miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo – COCODE – en su comunidad y actualmente tiene el cargo de Asesor del Comité Protector del Medio Ambiente, es miembro del Gobierno Ancestral Local Jolom Konob’. Además es presidente de la organización Pro justicia en el municipio de Santa Eulalia.

 

A don Domingo se le acuso injustamente de varios delitos graves como “Plagio o Secuestro”, e instigación a delinquir, la acusación la realizaron trabajadores del Centro de Atención de Justicia CAJ de Santa Eulalia, los jueces, fiscales del MP, trabajadores del OJ, del Bufete Popular y administrativos, lo más relevante de este caso es que el Tribunal de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios resolvió que esta acusación no tenía sustento jurídico y que se apartó el Ministerio Publico de toda objetividad en la investigación, una de las resoluciones de la jueza fue confirmar que estas acusaciones solamente sirven para criminalizar a las autoridades comunitarias y que los supuestos agraviados solo mintieron en el tribunal. “Sí creo en su inocencia” 

Por esta misma causa penal ya fueron juzgados y absueltos siete autoridades comunitarias este año, pero la orden de aprensión contra otras personas siguió abierta a pesar de varios recursos presentados por el equipo de abogados que conocen esta proceso penal, a criterio del abogado Benito Morales Laynes estas ordenes de aprensión son completamente ilegales, el juez de turno y un fiscal del Ministerio Público en la capital violentó el debido proceso en el mes de abril del 2015 al emitirlas, el juez Victor Herrea Ríos no podia conocer este caso porque un juzgado en Huehuetenango ya lo estaba haciendo.

 

La detención

 

Domingo después de la manifestación se encontraba en uno de los comedores el mercado municipal donde pasaron a almorzar.  Según testigos llegaron a llamarle y le apartaron de las mujeres del grupo que le acompañaba. Quienes no lograron ver si le mostraron algún documento u orden de detención, solo le hablaron y lo subieron al vehículo particular. Él había pasado a almorzar en un comedor del municipio de Chiantla y al salir lo estaban esperando los agentes de la DEIC.

 

 

Al parecer ya existía una orden de detención en su contra en donde se le acusa de instigación a delinquir, plagio o secuestro según Causa No. 10915, fechado 25-03-2015, emanado del Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia departamento de Huehuetenango, firmada por el abogado Otto Felipe Vásquez Vásquez Juez de primera Instancia del Municipio de Santa Eulalia.

 

Por la noche fue escuchado por un juez y luego trasladado a Huehuetenango, se sabe que durante la madrugada iba a ser trasladado a la ciudad capital, a primera hora del jueves 27 de octubre fue trasladado a la Torre de Tribunales en la ciudad capital, lo subieron al nivel 14, en la secretaria del Juzgado de Mayor Riesgo A presidido por la juez Claudette Domínguez, el juzgado no lo escucho en su 1ª. Declaración y la programaron dentro de una semana, don Domingo a medio día fue trasladado al Centro Preventivo para hombres de la zona 18, ahí permanecerá mientras la jueza lo llama a audiencia.

 

¿Quién es don Domingo Fracisco?

 

Es originario del Caserío Yula’ Is, Yal Temux (Temux Chiquito), es una autoridad ancestral junto a Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo expreso político por la misma cusa, la defensa del agua.

 

Es un defensor de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, inició con sus labores humanistas desde los 18 años de edad en el año de 1970 fue uno de los promotores de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, junto a varios líderes y autoridades comunitarias más.

 

Don Domingo fue uno de los copromotores de la creación del Centro de Administración de Justicia CAJ en el territorio Q’anjob’al, específicamente en Jolom Konob’ (Santa Eulalia), paradójicamente ahora fue encarcelado por una denuncia de los trabajadores de este centro.

 

Fue copromotor de las organizaciones “Asociación Pro-justicia” y el “Consejo Asesor Indígena” a las cuales pertenece actualmente. Al mismo tiempo es copromotor y participante activo en la reconstitución de las Autoridades Ancestrales de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ a través del Payxail Yajaw Konob’/Gobierno Ancestral Plurinacional.

 

Formo parte del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en el norte de Huehuetenango, fundador del movimiento social por la defensa del territorio que ahora es la representación de las Autoridades Ancestrales de Jolom Konob’ “Payxa Yajawil Jolom Konob’”

 

Copromotor de la Consulta Comunitaria de Buena Fe por el desarrollo de mega-proyectos en el territorio, llevada a cabo el 29 de agosto del año 2006, junto al héroe y mártir Q’anjob’al Daniel Pedro Mateo, conocido con cariño como Daniel Maya.

 

Durante el conflicto armado interno de Guatemala, fue objeto de discriminación y encarcelamiento por sus labores en la defensa de los derechos humanos y del territorio.

 

En el año 1982 rescató el registro civil y los documentos de administración municipal de un incendio, y en varias ocasiones en que el ejército de Guatemala intentó llevárselos, actos que le han dado reconocimiento en el pueblo por su heroísmo y determinación.

Fue el primer concejal municipal en 1982.  Su formación política y social ha sido a través de su trayectoria en las luchas sociales, participación en talleres de formación, sin embargo, a pesar de su grado académico, se ha dedicado a la lectura de numerosos libros, y es pastor evangélico.

 

Fue uno de los fundadores de la Asociación Microrregional “ACODEY” de donde surgió una academia de mecanografía y computación que brinda sus servicios en su comunidad.

 

En resumen estos son cuarenta y seis años de trabajo comunitario, liderazgo y representación de la nación Q’anjob’al que le permitieron ganarse el respeto, confianza y admiración de muchas generaciones.

 


 

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Quimy De León.

El presidente y comediante Jimmy Morales junto al vicepresidente Jafeth Cabrera y su gabinete, decidieron sorpresivamente este 20 de septiembre suspender las garantías constitucionales como la libertad de expresión, acción y locomoción, además el gobierno podría hacer compras a discreción sin necesidad de cotizaciones o licitaciones. Todo esto bajo el argumento de que por las lluvias la población corría riesgos.

Las críticas no se hicieron esperar y al día siguiente el vicepresidente anunció que sería anulado el decreto gubernamental.

Ellos fueron electos como presidente y vicepresidente en el 2015, y desde el inicio de su gestión han tenido protagonismo político ínfimo, al punto que parecía que gobernaban en el adormecimiento. Todo mundo sabe que carecían de un plan de gobierno y de equipo de trabajo.

¿Qué fue lo que pasó?

El 19 de septiembre Jimmy arremetió contra los medios de comunicación, pues se siente cuestionado, ya que en las últimas semanas había sido motivo de escándalo pues su hijo y hermano están involucrados en el caso de corrupción llamado “Botín Registro de la Propiedad” donde hay más de 17 personas en la cárcel. Jafeth Cabrera también ha sido señalado por nepotismo y crearse una nueva vida de aparente derroche.

También ha sido motivo de críticas su cercanía con militares de dudosa reputación, los intereses empresariales que están expresados en el gobierno, parte de sus funcionarios vienen del gobierno del Partido Patriota y la presencia evidente de los intereses de los Estados Unidos.

Entonces anuncian la suspensión de garantías constitucionales que serían efectivas mediante un Estado de Prevención (decreto 5-2016) con vigencia de 15 días para todo el territorio nacional. El argumento era absurdo y estaba basado en el peligro que las lluvias provocarían en particular en algunas zonas que nunca especificaron, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-.

A todo esto, la población se quedó estupefacta por la medida autoritaria y sin sentido, la pregunta sigue siendo ¿cuál fue el trasfondo para tomar una medida de tremenda magnitud?

¿Cuál ha sido la dinámica para imponer Estados de prevención y de sitio?

En Guatemala implementar Estados de Sitio o de Prevención para limitar las garantías constitucionales ha sido una medida utilizada con la finalidad de controlar y reprimir a la población. Fue una práctica común durante los gobiernos dirigidos por militares en los años de la guerra fría y las dictaduras.

La narrativa violenta a la que hemos asistido en los últimos años en Guatemala han sido de implementación del modelo neoliberal y extractivista, conocido como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2,004) que basa la necesidad de explotar la naturaleza a costa de lo que sea, principalmente del uso de la violencia. Esto ha quedado claro en diferentes lugares donde se han tratado de implementar megaproyectos como los monocultivos para la agroindustria, las hidroeléctricas, la minería a cielo abierto, plantas cementeras, petroleras entre otras.

En estos casos ha habido tres actores fundamentales en tensión: el Estado, las empresas y las comunidades. Aunque también han participado otro tipo de actores no estatales con actividades clandestinas y criminales, que no siempre ha quedado claro su papel.

El papel del Estado en esta etapa ha sido crear las condiciones para la implementación del modelo a beneficio de las grandes empresas, incluso en detrimento de si mismo, de la naturaleza y de la población. Se ha hecho uso de la fuerza pública para reprimir y crear terror a la población organizada que se niega al modelo por considerarlo nocivo. Para lograrlo han llegado al extremo de imponer Estado de sitio y/o de prevención.

Una breve mirada para atrás

La aplicación de medidas represivas como los Estados de Excepción y de Sitio que obvian incluso los marcos legales existentes, les permite actuar con eficacia y rapidez para imponer proyectos de carácter económico. En estos casos el Estado no actúa solo, también participan estructuras paralelas y privadas, relacionadas con las empresas. Algunos ejemplos ocurridos en la historia reciente:

  • 2014 Estado de Sitio en San Juan Sacatepéquez durante el gobierno del Partido Patriota para imponer un proyecto cementero de Cementos Progreso S.A. y la construcción del anillo regional al que la población organizada se oponía.
  • 2013 Estado de Prevención San Rafael Las Flores durante el gobierno del Partido Patriota para beneficiar a la minera San Rafael.
  • 2012 Estado de Sitio en Barillas durante el gobierno del PP para beneficiar una hidroeléctrica española que buscaba imponerse pese a la oposición de más de 300 comunidades.
  • 2011 Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez durante el gobierno de la UNE dirigido por Álvaro Colom a beneficio de la empresa Cementos Progreso que buscaba implantarse en el municipio pese a la oposición de 12 comunidades.

 

En todos los casos la implementación de Estados de Sitio tuvo como objetivos al menos estos tres:

  • Defender los intereses económicos empresariales
  • Profundizar el proyecto militar de control y terror
  • Debilitar, neutralizar y desarticular la organización u oposición al este modelo.

El Estado en estos casos echó mano del ejército, policía nacional civil y policía privada para reprimir directamente. Esto permitió detenciones injustas e ilegales de muchas personas con lo cual se requirió la participación del Ministerio Público y Organismo Judicial. También hubo personas asesinadas y otras perseguidas y reprimidas. Por si fuera poco la población tuvo que vivir durante los Estados de Sitio o prevención persecución, hostigamiento, “listas negras”, división y control comunitario, abuso sexual hacia las mujeres, control físico y psicológico, allanamientos de casas, desplazamiento forzado entre otras.

Además, el sistema de justicia y los tribunales ignoran la responsabilidad del Estado, los  cuerpos de seguridad y paramilitares en los hechos violentos y la arbietrariedad en la aplicación de este tipo de medidas.

 Lo que nos espera

La aplicación del Estados de Prevención que decretó este gobierno es una forma de violencia política que significa censura, represión y control. Ya que se querían permitir el uso de la fuerza para reprimir cualquier forma de manifestación y crítica.

Lo extraño es que hasta este momento del gobierno no ha habido manifestaciones públicas ni oposición abierta desde organizaciones sociales a su gestión. A excepción de las organizaciones territoriales y comunitarias que se mantienen en alerta permanente por el asedio de la industria extractiva y los cobros excesivos de energía eléctrica por mencionar algunas. Lo que si ha habido es cuestionamientos evidentes, críticas e investigación desde algunos medios hacia la gestión débil y la evidente voracidad personal con que inician su gestión y manejan su posición de poder y acceso a recursos.

Parece ser que con este Estado de prevención habían encontrado una salida para resolver su propia crisis, resultado de la incapacidad para llevar la gestión y la opinión pública frente a los señalamientos de corrupción prematura.

Buscaban torpe y autoritariamente fortalecerse mediante el control del orden público, metiendo miedo y logrando evitar la crítica abierta y la investigación hacia los ya evidentes malos manejos.

Dado el ambiente que estamos, no deja de parecer también una medida para hacer negocios sin control, ya que como vimos la aplicación de medidas extremas como los Estados de Prevención siempre hay intereses económicos de fondo.

No deja de llamar la atención el silencio de La Embajada de los Estados Unidos, tan preocupada últimamente por la calidad de nuestra democracia. ¿Estaría enterada de lo que se iba a producir? Quién sabe.

En definitiva, con esta acción podemos empezar a comprender el tipo de régimen que pueden llegar a ser con Jimmy Morales y Jafeth Cabrera al frente y el uso de la violencia que pueden llegar a utilizar.

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Fotografía de Nelton Rivera.

 


Por: Nelton Rivera.

Nuevas amenazas contra la integridad de Aura Lolita Chávez, fueron realizadas públicamente en el parque central del Quiché en una concentración en apoyo al INAB.

Aura Lolita Chávez es una mujer maya Kiché que forma parte del Consejo de Pueblos Kichés CPK, es una mujer fuerte que ha sabido representar los intereses del pueblo maya Kiché y la organización de las comunidades.

Una de las luchas que el CPK que ha realizado durante muchos años es la defensa de los bienes naturales del departamento, la instalación de empresas extractivas ha generado una fuerte problemática social en los últimos años. Recientemente las comunidades se organizaron para denunciar la tala inmoderada e ilegal de los árboles en el departamento, algunos camiones de empresarios madereros que se dedican a la extracción ilícita fueron detenidos por la organización comunitaria.

Esta lucha despertó el descontento de empresarios y representantes de los programas del INAB, quienes dirigen una campaña de difamación y odio contra la líder comunitaria.

La tala inmoderada e ilegal de los arboles

Las autoridades gubernamentales nada han hecho frente a las múltiples denuncias hechas por las autoridades comunitarias, instancias como el Instituto Nacional de Bosques INAB lejos de jugar el rol que le corresponde en promover el manejo y cuidado de los bosques se ha visto envuelto en denuncias de corrupción al facilitar la tala ilegal de los bosques.

El día 4 de julio del 2016 fueron trasladadas personas de distintos lugares del departamento para manifestarse en el parque central de Quiché, en un acto abiertamente en apoyo al INAB, varios oradores con un mensaje violento amenazaron en reiteradas ocasiones a Lolita Chávez.

En distintos momentos se escucharon consignas en defensa del INAB en el departamento, durante la duración del mitin los mensajes subieron de tono a un nivel amenazador promoviendo un mensaje de odio contra la líder comunitaria.

Las amenazas contra Lolita Chávez

“Denme una I, denme una N, denme una A, denme una B… que dice INAB, mas fuerte INAB” se repetía por un grupo de personas que llegaron hasta el parque central.

“Que se vaya o que se quede… que se vaya! Y quien se va a ir del departamento? Lolita Chávez! Repetían una y otra vez promovidos por una persona que dirigió buena parte de los mensajes contra la Lolita Chávez.

En otros momentos los señores Jorge Quezada representante de regentes forestales, Vitalino Muchuch, representante de Silvicultores y Benedicto Pérez Azañon, representante de la RED PINPEP fueron algunas de las personas que haciendo uso de un sonido, lanzaron serios mensajes en contra de la líder comunitaria, insultos, amenazas, difamación y expresiones misóginas fueron la constante de estas personas.

Los tres señores que arengaron mensajes de odio hacia Lolita Chávez y varias amenazas, fueron los mismos que introdujeron una nota en la casa de ella, citándola a una reunión de dialogo junto al gobernador departamental del Quiché, Clemente de León a las 11 de la mañana en el salón de reuniones en el segundo nivel del banco BANRURAL.

Distinto al carácter de la nota, los tres personajes Jorge Quezada, Vitalino Muchuch y Benedicto Pérez Azañon se encontraban en el parque central lanzando amenazas públicamente contra la representante del CPK.

Agresiones en el Parque Central de Quiché promovidas por INAB

Video agresiones contra Lolita chavez

Estas son imágenes de algunas de las personas que hicieron uso del sonido durante la movilización organizada en contra de Lolita Chávez.

 

Que está pasando con la tala ilegal de bosques

Recientemente la última semana del mes de junio, varios camiones que transportaban madera talada ilegalmente en el departamento fueron detenidos por las comunidades, tal es el caso de un camión propiedad de Oscar Montealegre, quien acusó públicamente que la organización comunitaria recibe financiamiento de organismos internacionales para realizar las manifestaciones.[1]

El día 23 de junio varios periodistas que cubrieron el caso de uno de los camiones que transportaba madera y que fue detenido por la población se trasladaron hacia el municipio de Chichicastenango  buscando entrevistar a los representantes de los programas del INAB y a representantes del mismo instituto, ese mismo día realizaban una actividad en ese municipio, y los periodistas buscaban entrevistarlos sobre los camiones que transportan madera de manera ilegal. Al llegar a la altura del Km 153, en la Aldea Lemoa, rumbo a Chichicastenango desde una camioneta agrícola realizaron un disparo al pasar a un costado del vehículo que transportaba a los periodistas, así lo narro Héctor Cordero de Guatevision.[2]

[1] Entrevista realizada por el Canal 4 Quiche a empresario maderero. 23 de junio 2016.

[2] Entrevista realizada por el Canal 4 Quiche a periodistas que sufrieron de agresión. 23 de junio 2016.


Por: Quimy De León y Nelton Rivera.

La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales

La empresa minera EXMINGUA sigue operando de manera ilegal en San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo en el proyecto minera “El Tambor” Progreso VII Derivada, este lunes 9 de mayo, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y Ministerio Publico MP, detuvieron a varios trabajadores de la empresa minera, en total cuatro trabajadores que se transportaban en un Pickup agrícola MAZDA color gris que coincide con el vehículo placas P176FNS. Pretendían transportar 19 sacos grandes con oro y plata semiprocesados, ese mismo vehículo de la empresa anteriormente ha ingresado y salido con toneles y costales desde la mina “El Tambor”.[1]

Con la detención de 4 trabajadores mineros quedó evidenciado que la empresa EXMINGUA sigue operando, hoy continuaban sacando minerales con este vehículo desde el interior de la mina, a pesar que la CC y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc ordenó el cierre de la mina, esta empresa forma parte de Kappes Kassiday & Associates KCA una empresa que tiene sede en Reno California en los Estados Unidos.

Los vecinos de ambos municipios, denunciaron que los trabajadores de EXMINGUA sacan por bultos el mineral y lo colocan en el pickup para movilizar luego los minerales a las bodegas en donde lo almacenan, al momento de ser detenidos se les incautaron más de 10 sacos que podrían contener varios minerales, entre estos oro y plata, para la empresa ha sido complicado sacar los cargamentos de mineral en grandes camiones por eso emplearon un helicóptero en el mes de marzo para hacerlo, finalmente hacen viajes cortos con sus vehículos transportando los sacos.

El pickup de la empresa está detenido en la subestación de la policía en el centro de San José del Golfo, quienes iban en el carro podría ser trasladados a la Torre de Tribunales en el Organismo Judicial en la ciudad capital para ser procesados.  Todavía no se conoce los nombres de los detenidos.

El Ministerio Público confirmó la detención 4 personas trabajadores de la empresa minera: “Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. más conocida como La Puya, luego de se les fuera localizados en el interior de un vehículo, 19 costales de concentrado de oro y plata. De acuerdo con las investigaciones del MP y dictámenes técnicos, los mismos están valorados en la cantidad de 100 mil dólares.” El total de los 19 sacos que eran trasladados fuera de la mina podría alcanzar un monto de $1,900,000.00 mil dólares o su equivalente a Q14 millones 600 mil quetzales.

En Prensa Libre se confirmó los nombres de los detenidos: “Edwin Rubén Díaz Veliz de 23 años; Julio Macario Valle, 30; Wilder Sandoval Revolorio, 31 y Miguel Ángel García, 46.” Todos trabajadores de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A.

Breve Cronología de la actividad de una minera

Una licencia de exploración y explotación es otorgada a “Progreso VII Derivada, Mina El Tambor” durante el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina en el año 2011.

Organización y resistencia pacífica

Las comunidades de San Pedro Ayampuc y de San José el Golfo llevan desde 2011 oponiéndose a las intenciones de la empresas transnacionales como la canadiense Radius Explorations Ltd. Y la sudafricana Gold Field Inc. Quienes posteriormente cedieran sus derechos a la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates -KCA-Exploraciones Mineras de Guatemala -Exmingua subicidiaria de ambas empresas son quienes tienen la tarea de poner en marcha el proyecto minero El Tambor I (Progreso 7 Derivada).

Resultado de esta oposición organizada han sido los atentados sufridos por sus líderes y lideresas, como el intento de asesinato en julio de 2012 de Yolanda Oquelí en donde resultó gravemente herida.[2]

El 2 marzo de 2012 instalaron un plantón pacífico en el lugar conocido como “La Puya”, la organización comunitaria vio nacer al Frente Norte del Área Metropolitana -FRENAM, con el que desde entonces han impedido la puesta en funcionamiento de la mina, a base de su mera presencia y de sus cánticos religiosos.[3]

Tanto la empresa como el Gobierno han intentado acabar con esta muestra de resistencia pacífica, pues se fue convirtiendo en un ejemplo para las luchas en todo el país.

La resistencia pacífica en “La Puya” lograría el incumplimiento de los trabajos dentro del plazo de un año de la licencia de exploración, sin que las empresas KCA y EXMINGUA realizaran trabajo alguno. El silencio cómplice de la Embajada de los EEUU frente a las agresiones de la empresa KCA y el Gobierno guatemalteco quienes han intentado de forma violenta acabar con esta muestra de resistencia pacífica.

Así, la empresa implementaría una nueva fase de violencia contra las comunidades, un sinfín de hechos de violencia, intentos de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Atentados armados, abusos físicos contra las mujeres, insultos, amenazas, difamaciones, intimidaciones, racismo, discriminación y acciones homofóbicas fueron parte de las agresiones de los personeros de la empresa y sus trabajadores que fueron documentadas y publicadas a través de diversos medios de comunicación.

Criminalización de la protesta

Con denuncias de dos supuestos trabajadores mineros y declaraciones del gerente de la EXMINGUA, el coronel del ejercito Mario Ricardo  Figueroa Archila como “testigo”, la empresa KCA – EXMINGUA buscaron criminalizar y judicializar a varias personas, además de desarticular con estos procesos la resistencia comunitaria.

A este proceso se suman las declaraciones de Marco Tulio Garrido Aquino, de Erick Adoni Gálvez Rivera, ambos trabajadores de EXMINGUA, como acusadores, y la declaración de los “testigos” Gerson Miseal Garrido y José Alejandro Ávila Mérida.[4]

Un Tribunal resuelve que se suspenda la licencia de construcción de la mina

La comunidad de la resistencia pacífica “La Puya“ a través de sus Alcaldes comunitarios lograron el 15 de julio de 2015 que un Tribunal de amparo resolviera a su favor y que se suspenda la licencia de construcción del proyecto minero PROGRESO VII DERIVADA mina El Tambor de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA – EXMINGUA

Este amparo había sido puesto contra la municipalidad de San Pedro Ayampuc por los Alcaldes comunitarios de las comunidades El Guapinol y El Carrizal, con el apoyo de la Asociación de Abogados Mayas.

Por lo que el Juzgado tercero del ramo civil ordena al Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Ayampuc suspender actividades de construcción de proyecto minero Progreso VII derivada, también ordena que se realice la consulta de vecinos.

Suspensión provisional de licencia de explotación minera de la empresa

La Corte Suprema de Justicia – CSJ el 22 de febrero de 2016 notificó su decisión de suspender provisionalmente la licencia de explotación minera de la empresa Kappes Kassiday & Associates (KCA de los Estados Unidos) y su filial en el país, la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA S.A.), por considerar que se violó el derecho de consulta de los pueblos en 2011.

A partir de ese día le empresa no debía seguir explotando ningún mineral en toda el área que comprenden los 20 kilómetros cuadrados de la Mina El Tambor, especialmente oro y plata, tan solo unos meses atrás la Municipalidad de San Pedro Ayampuc también ordenó la suspensión de los trabajos por no contar con la licencia municipal para hacerlo, en respuesta la empresa rompió la medida municipal y siguió trabajando.

La decisión de la CSJ se debe luego de analizar un recurso de amparo planteado por la el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y la resistencia pacífica de La Puya en el mes de agosto del 2014, quienes plantearon que el otorgamiento de la licencia de explotación se dio por el MEM sin haber realizado la consultada a las comunidades.

“CALAS interpuso el recurso en contra del ministro Erick Archila por el otorgamiento de la licencia minera de explotación, consideramos que el ministro había afectado el derecho de consulta a los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo, que se establece en el Convenio 169 de la OIT”

A partir de la resolución de la CSJ el Ministerio de Energía y Minas deberá verificar que la empresa KCA-EXMINGUA no realice ningún trabajo de explotación en el área.

“… se decreta el ampara provisional en virtud que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, como consecuencia se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo en el departamento de Guatemala denominada Progreso VII Derivada… Por lo que se ordena a dicha autoridad, remitir el expediente original dentro del plazo de 48 horas notificada la presente resolución bajo apercibimiento que de no cumplirse certificara lo conducente a donde corresponde…”

Según el gobierno central esta suspensión no procede y todo le da igual: el asesor jurídico del Ministerio de energía y minas Rogelio Zarceño dijo que “La Corte Suprema de Justicia manda a que suspendamos el otorgamiento, pero si ya está consumado el acto… ya no se puede hacer más”[5]

 Además opinan sobre las consultas comunitarias que estas no son vinculantes y que si la población dice que no, de todos modos el Ministerio puede otorgar licencias. [6]

 La minera siguió explotando minerales

 La empresa minera Kappes Cassiday & Associated – KCA y su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala – Exmingua continuaron con la actividad extractiva y de explotación.

 Otras empresas privadas involucradas en extracción ilegal

 En el mes de marzo EXMINGUA contrató a una empresa para continuar extrayendo el mineral que están explotando de la mina El Tambor, esta vez lo hicieron por aire, un helicóptero color azul con calcomanías celestes y blancas siglas TG-CHA Aerospatiale 350B3 Ecureuil  (3888 F-WWXD, TG-GEA [3], TG-CHA)[7]  tripulado por dos pilotos realizó una serie de viajes a una distancia de 15 minutos cada uno.

 Por desacato Calas solicita un antejuicio contra el ministro de Energía y Minas

 Por negarse a cumplir la orden de amparo provisional de que se detengan las operaciones de la minera se solicitó un amparo contra el ministro Pelayo Castañón este 2 de marzo, ya que se estaría incurriendo en un delito de explotación ilegal de recursos, como está en el artículo 346 del Código Procesal Penal. Esto además implicaría el delito de instigación a delinquir, por lo que Calas pidió que se le retire la inmunidad a este funcionario y que se cumpla con el amparo provisional.

 Agresión al Plantón de la Puya frente al MEM

 El día 29 de abril 2016 en horas de la noche miembros de la resistencia, denuncian que vehículo con placas P-072DRK, embistió al plantón ubicado en las afueras del Ministerio de Energía y Minas y luego se dio a la fuga, de ese hecho resultaron varias personas heridas y se registró la destrucción parcial del campamento de la resistencia.

 La Corte de Constitucionalidad rechaza apelación de minera

 Se suspenden operaciones y queda en suspenso la licencia de exploración minera según resolvió la Corte de Constitucionalidad – CC al rechazar este 5 de mayo la apelación de Exploraciones Mineras, S.A., y del Ministerio de Energía y Minas – MEM. Es obligatorio realizar la consulta a las comunidades sobre este proyecto según el convenio 169.

 Esto además confirma el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia – CSJ al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social – Calas el 11 de noviembre del 2015.

 CALAS debe verificar que la mina Progreso VII Derivada haga efectiva la suspensión de operaciones desde que sean notificados de esta resolución, de lo contrario la CSJ debe actuar.



[1]  Información del Abogado Rafael Maldonado de CALAS. https://twitter.com/rafa_calas/status/729746543817805824

 

[2] “Acción urgente: Yolanda Oquelí, dirigenta guatemalteca opuesta a una explotación minera sufre atentado en Guatemala”. Amnistía Internacional, http://www.amnistia.org.pe/yolanda-oqueli-sufre-atentado-en-guatemala/

[3] “La fuerza de la comunidad frente al capital transnacional de la minería” Nelton Rivera, 22 marzo 2013,  http://comunitariapress.blogspot.mx/2013/03/la-fuerza-de-la-comunidad-frente-al.html

[4] Intervención de la agente Fiscal Blanca Araceli Monzón Soto. 3 de diciembre 2013.

[5] Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[6]Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[7] Complete (Historical) Civil Rotorcraft Register of Guatemala, 30 de Abril 2016. http://www.rotorspot.nl/historic/tg.php

 


Foto tomada de http://www.tribunahacker.com.ar

 

Por: Quimy De León

La compra y venta de medicinas en Guatemala ha sido desde hace mucho un tema controversial. Dominados por las grandes farmacéuticas nacionales, los eventos de compra han perdido su razón de ser: obtener medicinas de buena calidad al menor precio. La casa que ha dominado en los últimos años el negocio de la salud ha sido agencias J.I. Cohen, una empresa familiar que ha quedado en manos de uno de los hijos de la familia Irving Cohen.

Ya en el año 2007 Luis Solano revisó de forma profunda los últimos procesos de licitación de medicina y concluyó en que para entonces esta empresa había monopolizado durante más de cuarenta años la distribución de medicamentos. Uno de los operadores políticos más eficientes para esta compañía es Gustavo Alejos, quien se entregó hoy a la justicia después de más de dos meses prófugo y señalado por la CICIG de encabezar una estructura criminal denominada “Negociantes de la salud” que se beneficiaron del Estado de forma ilícita.

El 16 de diciembre se publicó en el diario de Centro América que la Corte de Constitucionalidad – CC- había fallado a favor de la compañía  farmacéutica J. I. Cohen, de la que fue parte Gustavo Alejos, quién había estado  prófugo de la justicia y reapareció este 28 de diciembre. Esta empresa había puesto una acción de inconstitucionalidad para eliminar el Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines. Esto afectaba el acceso a la población a medicamentos genéricos y por su puesto les beneficiaba. Siete días después la misma Corte aclara públicamente que este fallo no afecta “el deber de observancia y aplicación por parte de las autoridades correspondientes del Estado de Guatemala del Reglamento” y deja a criterio de las autoridades la aplicación del fallo.

La  compañía en un comunicado de prensa piden al Presidente de la República, a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la población que estén vigilantes del exacto cumplimiento con lo ordenado por la CC.

¿Quiénes se benefician de la precaria salud en Guatemala?

En el mundo las grandes compañías farmacéuticas bloquean la venta de medicamentos genéricos, para tener el monopolio de las ventas y enriquecerse. Esto trae como consecuencia que la población con menos recursos y donde hay más precariedad no se puedan curar o tratar enfermedades.

Esto limita al Estado la posibilidad de prevenir, tratar enfermedades y pandemias, quedando en última instancia dos posibilidades comprar medicamentos a precios altos o la muerte. La mayoría de la población asume de su propia bolsa el pago de medicamentos para tratarse. Estas empresas obtienen beneficios mediante negocios con los gobiernos para que éstos les compren con exclusividad, reduciendo la posibilidad de invertir en otros niveles de atención como el primario.

Foto tomada de Prensa Libre. “El empresario y financista Gustavo Alejos en uno de los pasillos de Tribunales.” (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec). 28 de diciembre de 2015.

 

Poder e influencia de J.I. Cohen a través de Gustavo Alejos

Gustavo Alejos Cámbara es un empresario que tiene orden de captura y arraigo por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias, hasta hoy estuvo prófugo y fue declarado en rebeldía el 30 de octubre por el Juzgado Sexto Penal cuando se realizaba la “audiencia de primera declaración de 11 señalados en el escándalo de corrupción por la compraventa de medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS.”[0]

Es señalado de pertenecer a una red de corrupción que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG llamó “Negociantes de la salud” que el mismo dirigía junto a funcionarios y otras personas en las que beneficiaban a varias empresas tales como la droguería Colón, Evolución Farmacéutica S.A., Sabiapharma S.A. No hay que olvidar que Alejos fue parte de la compañía J.I. Cohen, misma que en un campo pagado en marzo del 2014 se desliga de él, después de que el afirmara en una entrevista que :

“La empresa JI Cohen, de la cual soy parte, ha tenido problemas con las multinacionales farmacéuticas, nos han pedido que nos alejemos del tema político.”[1]

“Nosotros hemos tenido que parar un poco las entregas al Ministerio de Salud debido a la falta de pago. Hemos cerrado los créditos hasta que limpien la mesa. Al ministerio le vendemos alrededor de Q25 millones en medicamentos contra el cáncer y otros males graves. El Ministerio de Salud tiene mucho desorden en sus cuentas, pero el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) está totalmente ordenado gracias al sistema que dejó Carlos Torrebiarte. Además, el presidente anterior, Luis Alberto Reyes Mayén, dejó un acuerdo en Junta Directiva que determina que a los proveedores se les debe pagar por igual.”

Gustavo Alejos lograba que el Estado le comprara a varias empresas con las que el tuvo relación a través del Ministerio de Salud y el IGSS. Esto fue parte de la investigación realizada por la CICIG y el Ministerio Público MP, en donde demostraron que esto se hacía a cambio de comisiones.[2]  Esto se realizaba organizadamente mediante una estructura criminal de la que también eran parte Alejandro Enrique Toledo Paz ex director del Hospital Roosevelt y Juan Pablo Muralles Morán. Estos dos últimos están ya presos, en total son 11 señalados por el caso de corrupción en el IGSS. Todo esto se destapó en el 2015 y se supo de las redes de corrupción en relación con el caso IGSS- PISA.

cicig

Tomado de Prensa Libre publicada el 28 de diciembre de 2015.

Las Agencias Cohen son propiedad de Jack Irving Cohen, en un análisis hecho por el economista Luis Solano en el año 2007 explica que dicha empresa había monopolizado durante más de cuarenta años la distribución de medicamentos y que han sido de los principales contratistas del Estado. Ya entonces Solano señalaba que las Agencias Cohen llevaban 22 años de ser proveedores del IGSS y que en los últimos gobiernos anteriores al de Álvaro Colom habían obtenido millonarios contratos.[3] Durante el gobierno de éste último Gustavo Alejos fue secretario privado de la presidencia  y Alberto Cohen presidente del Instituto Nacional de Electrificación – INDE[4] considerado el heredero de la  compañía J.I. Cohen.

La CICIG en su informe sobre el Financiamiento de la política en Guatemala coloca a Gustavo Alejos como caso emblemático ya que además de ser financista y recaudador no solamente se enriquece sino que construye redes de tráfico de influencia, beneficiando a las empresas vinculadas a él. Curiosamente en este informe la  CICIG obvia nombrar a J.I.Cohen[5] pero afirma que Alejos tenía el poder de nombrar y destituir funcionarios durante el gobierno de Álvaro Colom, desde su posición de poder dentro del gobierno.

Sylvia Gereda en la revista ContraPoder aseguró que Alejos “manejó los principales negocios del Estado, de los cuales la farmacéutica de la que él fue el más alto ejecutivo: J. I. Cohen fue beneficiada con 2 mil 940 adjudicaciones en contratos que superan los Q485.9 millones, según el portal de Guatecompras. Además, fue uno de los grandes negociadores de leyes y corruptor de diputados en el Congreso.”[6]

En la entrevista que Juan Luis Font realiza a Alejos en julio de 2015, el mismo explica cómo era su papel como operador político y deja claro el apoyo y financiamiento al gobierno de Otto Pérez Molina, así como la relación que había con J.I. Cohen en asuntos políticos y gubernamentales. Al parecer por problemas comerciales deciden desligarse de la política. El mismo reconoció que le dió a Otto Pérez Molina la casa donde vivía, esto explica el nivel de relación que tuvo con este gobierno. Sin embargo en asuntos comerciales destacó que J.I. Cohen tuvo una fuerte competencia y que el gobierno encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti benefició más a su competencia la empresa AGEFINSA, mientras que J.I Cohen siguieron vendiendo al IGSS.

Lo que deja claro en esta entrevista es la relación que hay entre política, asuntos de Estado y de gobierno y los intereses comerciales de las farmacéuticas, cuando plantea entre líneas que Baldizón empieza a ser una amenaza para los negocios pues “él quería crear en Guatemala una empresa representante de medicamentos de origen indio y empezó a citar a las multinacionales. Eso movió a JI Cohen a declarar que no participará en política.” Con lo cual Roxana Baldetti, Otto Pérez Molina y el mismo Manuel Baldizón resultaron ser una amenaza para el monopolio de los fármacos. La típica disputa por los negocios.

En una nota que hizo La Hora en junio de 2015 se mostró que tanto J.I. Cohen como AGEFINSA fueron los dos grupos que se repartieron mayores ganancias de los contratos con el Estado de las 82 empresas que tuvieron contratos abiertos. Estos beneficios ascienden a un poco más de 2 mil millones de quetzales que equivale al 29% aproximadamente. También señalaron que las ventas que se le hacen al Ministerio de la Defensa no tienen rastro, aún cuando tienen un presupuesto de más de 2 mil millones para 2015. [7]

¿Los magistrados de la CC hicieron este fallo pensando en el bien común o en los negocios?

En teoría la salud debe ser un derecho garantizado por el Estado de Guatemala que tiene la obligación de velar por la salud de todos los habitantes, sin embargo en la práctica sabemos de sobra que la situación precaria en la que tiene la clase política al Sistema de Salud. Por lo visto las únicas garantías son para la industria que negocia con la salud, por ejemplo para las empresas farmacéuticas.

La mayoría de la gente desconocemos los niveles de mortalidad en mujeres o menores de 5 años por diarreas o infecciones respiratorias, no digamos la desatención y abandono completo a cientos de miles de personas en el campo que resuelven y gestionan por si mismas la salud.

La crisis que se vive en el nivel hospitalario es uno de los tantos problemas que tiene el Sistema de Salud, y casi del único que nos enteramos a través de los medios y que fueron debate en los últimos meses cuando se destaparon algunos actos de corrupción desde el gobierno. Todo esto: corrupción, tráfico de influencias, asignación presupuestaria en salud pasa por la toma de decisiones y la planificación del desarrollo social de un país y que está en manos de los políticos y gobernantes.

Está claro que a los empresarios, a los gobernantes y la clase política no les interesa la salud sino solo los negocios, eso sí instrumentalizando para ello la estructura del Estado.

La Corte de Constitucionalidad al dar un fallo favorable a esta empresa refuerza la impunidad en la que vivimos y aleja al Estado de la obligatoriedad y el deber que tienen de velar por el bien común.

 [0] Orozco, Andrea. “Gustavo Alejos se entrega a la justicia.” 28 de diciembre de 2015. Prensa Libre.
[1] Font, Juan Luis. “Gustavo Alejos: “La he ayudado y la sigo ayudando” 14 de marzo de 2014, edición número 45. Revista ContraPoder.
[2] Prensa Libre. “Gustavo Alejos tiene arraigo y orden de captura, según MP.
[3] Solano, Luis. “Compras y contratos estatales en pocas manos”. 2 de octubre de 2007. Revista electrónica Albedrío.
[4] Font, Juan Luis. “Gustavo Alejos: “La he ayudado y la sigo ayudando” 14 de marzo de 2014, edición número 45. Revista ContraPoder.
[5] Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG. “Financiamiento de la política en Guatemala.” 16 de julio de 2015. Editorial Servi prensa.
[6] Gereda, Sylvia. “El día que Alejos cayó”. ContraPoder. 6 de noviembre de 2015.
[7] La Hora. “Q8 mil 500 millones a 82 empresas con contratos abiertos de medicinas e insumos.” 2 de junio de 2015.
[8] Para ampliar sobre el proceso penal de este caso: http://elperiodico.com.gt/2015/10/29/pais/escuchas-implican-a-gustavo-alejos-en-el-caso-de-corrupcion-del-igss/