Guatemala Comunitaria

Texto: Quimy De León.

Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en la carretera interamericana, para finalmente ser llevada a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue sometida a interrogatorios, tortura y violación sexual. Pese a esto a los ocho días ella logró huir por una ventana.

El 6 de octubre de 1981, un día después varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres y fue detenido desaparecido su hermano Marco Antonio de 14 años. Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

La mañana del 6 de enero de 2016 fueron detenidos varios militares por una orden de aprehensión y arraigo emitida por el juzgado cuarto el 4 de enero de este mismo año. Entre ellos cinco que están siendo procesados por los delitos de desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad.

Ellos son Benedicto Lucas Jefe del Estado Mayor Presidencial durante el período del 2 de julio de 1978 al 18 de marzo de 1982 teniendo bajo su responsabilidad y mando al ejército de Guatemala, Ramiro Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor, Manuel Antonio Callejas General de división, Francisco Luis Gordillo Martínez fue comandante de la zona militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, cuando ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa. También fue de la junta Militar que asumió después de dar un golpe de Estado y asumiera de facto la presidencia Efraín Ríos Montt y Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenango.

El juez Víctor Hugo Herrera Ríos quien preside el juzgado de Mayor Riesgo C ligó a proceso penal a los cinco altos mandos del ejército por la detención arbitraria de Emma Guadalupe y la desaparición forzada de Marco Antonio.

Entrevista

¿Quién es hoy Emma Molina Theissen?

En este 2016, cuando se abrió finalmente la esperanza de justicia para mi familia, soy una mujer de 56 años, madre de una hija inteligente y trabajadora, y abuela de un pequeñito de dos años y medio que es la más reciente alegría de mi vida. Soy la hija orgullosa de una mujer cuyo amor es la fuerza vital de la familia, especialmente en la búsqueda de justicia para mi hermanito Marco Antonio y para toda la familia. Y soy también la hermana de dos valientes, honradas y dignas mujeres. El ejemplo y el amor que siento por cada uno de ellos, me acompaña todos los días y me hace sentirme parte de una estirpe especial.

Soy también una profesional de la ingeniería de sistemas de información. Me considero exitosa en mi carrera y he logrado cosechar respeto y reconocimiento en mi campo. Estoy muy orgullosa de haber estudiado en la universidad y de tener una maestría que pude estudiar hasta hace pocos años. La universidad significó mucho sacrificio, especialmente del tiempo que le podía dedicar a mi hija, que era muy pequeña cuando yo pude estudiar. Tenía 27 años cuando inicié la carrera, que hice teniendo que trabajar. Como madre sola, pude terminarla porque conté con el apoyo de mis padres y mis hermanas para cuidarme a mi hija mientras yo iba a clases o tenía exigentes tareas y exámenes que cumplir.

Hoy trabajo entre cincuenta y cincuenta y cinco horas por semana (por muchos años trabajaba mucho más). Soy la directora de tecnología de información de una empresa aseguradora del magisterio costarricense. A estas alturas proyecto jubilarme en cuatro años, para lo cual estoy ahorrando todo lo que puedo. Quiero descansar y dedicarme a acompañar a mi nieto en sus años de escuela. Voy a entregarle a él el tiempo que no pude darle a mi hija.

Soy amante de la lectura. Me encantan las novelas, especialmente las históricas, y disfruto de hacer ejercicios. Especialmente de caminar los domingos con mi madre, con quien caminamos una hora, bien tempranito. Me gusta el cine y las series cómicas de televisión por las que me despierto los sábados a las 6 de la mañana, para pescar los episodios que no logro ver entre semana.

Me encanta tomar café con pan y adoro las champurradas.

No quiero morirme sin conocer Europa y anhelo hacer mucho por la educación en derechos humanos de niños y jóvenes guatemaltecos.

El camino por la justicia es un camino tortuoso y complejo especialmente en lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército y donde estarían implicados altos mandos.

¿En qué momento y cómo fue que tomó la decisión de buscar justicia, usted y su familia?

Siempre perseguimos la justicia. Desde el momento en que el Ejército secuestró a mi hermano Marco Antonio, en 1981. En 1997, luego de la firma de los acuerdos de paz, buscamos la justicia presentando la denuncia en un juzgado penal. También se acudió a la justicia cuando, no hallándola en Guatemala, la familia recurrió al sistema interamericano de derechos humanos. Este último dio trámite a la acusación del Estado, por el secuestro y desaparición de mi hermano Marco Antonio, que culminó en una sentencia mediante la cual se condenó al Estado guatemalteco, en 2004.

¿Cómo ha sido ese camino hacia la justicia?

El mismo seguido para Marco Antonio. Aunque ante el Sistema Interamericano no figuré como víctima –solo él y por decisión mía– con base en los hechos y pruebas periciales, la Corte Interamericana dictaminó que yo también lo fui, al igual que toda la familia. En Guatemala ha sido el mismo camino. Lo sucedido a mi persona y mi escapatoria forman parte de una cadena de hechos en la que detención ilegal de mi hermano es un eslabón más. Es un continuo de sucesos inseparables.

¿En qué momento usted rompió el silencio y decidió contar lo que ocurrió durante su cautiverio?

Las personas, compañeros del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) en su mayoría, que me auxiliaron, me protegieron y me ayudaron a salir de Guatemala, supieron desde el primer momento todo lo ocurrido durante mi detención.

¿Cuál ha sido el recorrido de su palabra, su testimonio?

Entre octubre de 1981 y abril de 1982 conté lo sucedido a personas que me rodeaban.

Estando en México a donde llegué en enero de 1982 en calidad de exiliada, me sentía muy cerca de la comunidad de guatemaltecos, la mayoría con historias trágicas, pérdidas familiares o experiencias terribles de persecución. Todos vivíamos al filo en todo sentido, material y emocionalmente. Contarnos lo que vivimos y cómo nos sentíamos nos proporcionaba (al menos a mí) un sentimiento de seguridad y contención afectiva en la soledad y la tristeza que todos cargábamos. Mis palabras quedaron grabadas en cassettes cuyo rumbo perdí.

En mayo de 1982, fui informada del secuestro y desaparición de Marco Antonio. No estaba enterada porque mi familia y los compañeros del Partido (del PGT) que me rodeaban, noblemente lo ocultaron para no debilitar aún más, mi frágil estabilidad emocional, socavada por el terror. Decidieron contarme lo sucedido porque sería publicada una lista de personas desaparecidas, en la que figuraría Marco Antonio. Quisieron que no me enterara leyendo la lista.

Después en 1983, junto con otras personas familiares de desaparecidos, conformamos el Comité Guatemalteco de Familiares de Detenidos Desaparecidos y nos sumamos a la denuncia de lo que ocurría en Guatemala.

Eran los años del golpe de Estado de Efraín Ríos Montt y la más violenta represión en Guatemala. No teníamos dinero y nuestra voz era la de una hormiga en un país de 75 millones de habitantes, con exiliados de todo el mundo que daban a conocer su realidad, buscando solidaridad para su propio país. En medio de aquellas actividades asistimos a foros públicos de denuncias y yo contaba la historia de mi detención y el secuestro de mi hermano. Hacíamos afiches y los pegábamos en las calles del centro histórico de la ciudad.

Ese mismo año de 1983, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) que funcionaba en el exilio, en la ciudad de México, recibió al recién nombrado relator especial de Derechos Humanos de la ONU para Guatemala, el ahora Vizconde Colville de Culross, un inglés de mirada gélida que no hablaba una pizca de Español. Me recibió 10 minutos con su traductor. Narré mi historia, tomó nota y salí. De él y su impertérrito rostro no recibí una sola palabra ni el menor gesto de empatía. Pero tengo la convicción de que en algún momento se llegó a escuchar mi voz, mi testimonio, porque era la repetición abrumadora de las palabras de muchos que apenas logramos escapar de la muerte. México tenía en la zona fronteriza con Guatemala, asentamientos de poblaciones rurales de Guatemala de cientos de personas que huyeron de las masacres y vivieron más de diez años en campamentos de refugiados de los que lograron retornar finalmente después de la firma de los acuerdos de paz. Ellos constituyeron una denuncia permanente del estado de terror que se vivía en las zonas rurales de Guatemala.

Mi exilio continuó en Costa Rica adonde llegué en 1985. En el año 86 me integré a una asociación de familiares de desaparecidos en Centroamérica. Habíamos familiares de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta asociación llevó ante el sistema interamericano el primer juicio contra desaparición forzada que culminó en julio de 1988 con la condena al Estado hondureño por la desaparición de dos personas. La sentencia constituyó un precedente fundamental para la lucha por los derechos humanos en la región.

Durante los 35 años desde mi fuga y el secuestro y desaparición de Marco Antonio, he narrado mi experiencia ante jueces, abogados, fiscales, representantes del Gobierno, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, miembros del cuerpo diplomático y periodistas. Asimismo he prestado testimonio judicial en todo momento en que ha sido requerido por los procesos legales nacionales e internacionales.

¿Por qué ha sido para usted importante denunciar, a pesar de lo difícil de los hechos ocurridos y de las implicaciones que pueda tener hacerlo?

Porque no nos resignamos ante la desaparición de Marco Antonio. Porque todo lo que sucedió no puede quedar impune. Por el inmenso dolor causado a mis padres quienes lo buscaron incansablemente y solo recibieron la indiferencia de las autoridades y la persecución de la inteligencia militar. Porque todavía tenemos la vida, el vigor y la voz para gritar que lo que nos hicieron no está olvidado y que no nos silenciaron pese a la brutalidad de sus acciones.

¿Cómo vivió usted el hecho de que en primera instancia no hayan ligado a proceso a los militares por el delito de violación agravada?

En enero, la jueza Secaida decidió no ligar a proceso por el el delito de violación agravada a los exmilitares detenidos. No desestimó completamente el cargo, pero pidió más pruebas y aclaró que ello no significaba que no pudieran presentarse en el futuro.

En los meses posteriores, el Ministerio Público se dedicó a fortalecer la imputación y a obtener peritajes como el que se hizo basado en el Protocolo de Estambul (Nota de Prensa Comunitaria: ver referencia en el enlace Protocolo de Estambul).

¿Cómo se sintió al respecto?

Este fue un obstáculo más en el largo y escabroso camino de llegar a conocer la verdad de lo sucedido y alcanzar la justicia. Se buscó cómo solucionarlo y finalmente el juez Herrera Ríos, en la audiencia del 25 de octubre, decidió que hay suficientes indicios para incluir la acusación de violación sexual con agravación de la pena, cargo por el que quedaron imputados los cinco exmilitares.

Hablar de violación sexual durante la guerra no es fácil para quienes son sobrevivientes. Sin embargo, usted no es solo una sobreviviente sino que además está llevando con mucha valentía un proceso penal por estos delitos perpetrados en su contra y por la desaparición forzada de su hermano menor Marco Antonio.

En el juicio, tanto el Ministerio Público como su abogado han planteado (y el juez así lo ratificó) que usted fue considerada “enemiga interna” y por esta razón fue detenida y llevada a una cárcel clandestina ubicada en la zona militar de Quetzaltenango. Y además fue sometida a interrogatorios, abusos físicos, psicológicos y sexuales para obtener información estratégica y para lograr que usted fuera colaboradora del Ejército.

 ¿Usted estaba desarrollando en el momento de su detención alguna tarea, o acción específica?

Mi detención ocurrió cuando yo viajaba en una camioneta desde la capital hacia Quetzaltenango. Eran cerca de las ocho de la mañana y el bus fue detenido por un puesto de vigilancia (retén) a la altura de Santa Lucía Utatlán. Yo portaba documentos de estudio político y panfletos del Partido Guatemalteco del Trabajo. Los soldados hallaron los documentos y me detuvieron. No andaba armada. Nunca anduve armada ni sabía utilizar un arma.

¿Por qué el hecho de haber sido miembro de la Juventud Patriótica del Trabajo la convertía en enemiga del Estado? ¿Cómo analiza usted esto, con relación al trato que recibió?

Desde la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional y la estrategia de guerra de baja intensidad, prácticamente cualquier persona que fuera sospechosa de disidencia ideológica y actividad política, era considerada enemiga del Estado y por lo tanto perseguida por eso. Al momento de mi detención, yo tenía 21 años y recién había sido dirigente estudiantil en secundaria, que culminé en el año 78. Participé en movimientos populares contra el alza del pasaje urbano, el sepelio de Robin García con la marcha de los claveles rojos, así como huelgas y manifestaciones pacíficas de protesta. Tuve un papel protagónico en Belén, donde estudié, así como en la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media que reunía a todas las asociaciones estudiantiles de secundaria. Desde la visión de los militares que tenían el poder en los años 80, mi actividad ciudadana o la militancia en una organización de izquierda apuntaban a que yo fuera considerada enemiga del Estado

Pero… ¿Cuál es la visión desde una óptica de institucionalidad de justicia y legalidad? Que el Estado guatemalteco (del cual es parte el Ejército) violó inclusive su propia legalidad. Las leyes guatemaltecas han reconocido derechos civiles y políticos, de libre asociación, libertad de expresión del pensamiento y consagraron en la Constitución de la República, además del derecho a la vida. En esa lógica, el Estado violó mis derechos políticos desde el momento de considerarme enemiga del Estado, justamente por ejercer estos derechos.

Si bien es cierto las organizaciones de izquierda, como el partido comunista (el PGT) eran ilegales, el Estado continuó violando mis derechos al detenerme ilegalmente, al no ser presentada ante un juez competente, al no ser legalmente acusada de actos al margen de la ley y al negar mi derecho a la defensa. Estuve además detenida en un cuartel del Ejército, en una cárcel clandestina porque los recintos militares no forman parte del sistema carcelario.

Y eso no bastó. Durante los nueve días de mi detención ilegal, fui sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo con la práctica oficial de esos años, con toda seguridad mi detención hubiera culminado con mi asesinato.

¿Por qué cree usted que se daba este trato a opositores? ¿Por qué tanta saña?

La detención ilegal, la tortura y el asesinato de opositores políticos o dirigentes sociales, era parte de un plan que buscaba sofocar el descontento de sectores del país, por medio del terror. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales calculan que el Estado asesinó a cerca de 250 mil personas, de manera individual o colectiva y que desapareció a otras 45 mil personas en Guatemala. Entre las personas desaparecidas se contabilizan 5 mil niños. Entre ellos, mi hermano, que tenía 14 años al momento de su secuestro.

La saña que me fue aplicada es la misma que sufría cualquier persona capturada ilegalmente. Yo no fui la excepción. Las torturas de las que fui víctima fueron las mismas que recibió toda persona que cayó en manos de la inteligencia del Ejército o sus efectivos y aparatos oficiales o clandestinos, llámese soldados, policía militar ambulante, G2 o escuadrón de la muerte. Era cuestión de tiempo para que me asesinaran con tortura. Digamos que yo tuve la “suerte” de que las torturas que me aplicaron no me mataron de inmediato, como ocurrió con personas cuyos cadáveres era arrojados a la orilla de caminos, o a ríos como el Motagua, tras pocas horas de la captura ilegal.

¿Pero el hecho de ser mujer y estar en manos del Ejército supone alguna diferencia en el trato durante interrogatorios tratándose de una detención ilegal ¿cómo podemos comprender esto?

 Considero que la violencia sexual de la que fui objeto era un tratamiento rutinario hacia las mujeres capturadas ilegalmente. Los ataques sexuales son una forma de tortura especialmente aplicada a sabiendas de que el enorme daño no solo es físico, sino moral y emocional. La violación no es sexo, es violencia pura, cruel y destructiva.

Es sometimiento al soldado y poderoso, protegido por la clandestinidad de la detención y por su posición impune ante la ley. El soldado o efectivo militar que viola a una mujer secuestrada pone en práctica su adiestramiento caracterizado por la carencia absoluta no solo de conocimiento de los derechos humanos más elementales, sino de la sensibilidad más básica hacia las personas. La violación es un arma de guerra. La practican los ejércitos en todo el mundo porque es sumamente efectiva para paralizar la fuerza formadora de la vida y la conciencia a partir de la mujer, dentro de la familia. Aprendí en carne propia que estar en manos de los militares significa ser objeto de las más asquerosas, denigrantes y dolorosas formas de violencia sexual.

¿En el proceso penal desde la defensa de los acusados se ha tratado de deslegitimar su testimonio usando adjetivos como “loca” o “traidora”? ¿Cómo se siente al respecto?

El Ejército no ha dado muestras de honor y no reconocerá lo que hicieron. Han cerrado filas para ocultar la información y protegerse. Puede ser que algunos, en su fuero interno sepan que lo actuado estuvo mal, que viola leyes, que está muy lejos de los principios morales aprendidos o de sus enseñanzas religiosas. Aun así, el Ejército ha decidido guardar silencio y aunque institucionalmente no defiende a los acusados, tampoco entrega información ni hay integrantes prestando testimonio para esclarecer la verdad. No hay voluntad institucional para limpiar su nombre ni hacer frente a las consecuencias de sus actuaciones que, aunque son pasadas, fueron oficiales y sistemáticas. Imagino el conflicto ético que podrían estar atravesando oficiales del Ejército de las nuevas generaciones, que no estuvieron directamente involucrados en los actos represivos.

Me pregunto qué pueden pensar las esposas o madres, en general los familiares de los militares activos… ¿qué podrán pensar cuando ven a mi madre con su dolor por su niño? Me pregunto si logran hallar en su corazón argumentos convincentes que justifiquen el secuestro, el asesinato y la desaparición de Marco Antonio… o ¿cómo se puede explicar que la violencia sexual contra personas detenidas era parte de su “trabajo”?

Entonces, en ese marco, las acusaciones de locura obedecen a esa lógica. Intentan descalificarme como persona y como sujeta de derechos. Quieren al menos sembrar así la duda sobre mi testimonio, en el intento de “razonamiento” de que una persona loca no dice la verdad (cosa que tampoco es necesariamente cierta).

Finalmente pienso que tendría que preocuparme si quien dice que estoy loca es un profesional, un experto en la materia y que me conoce, terapéuticamente hablando y me hubiera diagnosticado. Viniendo de ellos lo tomo como un esfuerzo por ofenderme, lo cual no causa ninguna mella en mi espíritu.

Sobre las otras acusaciones de que soy traidora, que ya trabajaba para ellos o de que delaté compañeros y que por eso la guerrilla (no ellos) secuestraron a mi hermanito: respondo que no soy traidora, no delaté a nadie, no trabajé jamás para el Ejército y proclamo a los cuatro vientos y con toda la fuerza vital que fue el Ejército el que secuestró y desapareció a Marco Antonio.

¿Por qué es importante que el Estado sea tercero demandado?

Primero, porque el Estado guatemalteco en su conjunto es responsable de la actuación de sus fuerzas armadas. También es responsable de la impunidad de los actos criminales cometidos por el Ejército en los años 80.

Se quiere hacer una separación del Gobierno y el Ejército, pero todos forman el conjunto llamado Estado. El Ejército también está compuesto por funcionarios públicos, pagados con los impuestos de los guatemaltecos y por lo tanto, al servicio de la sociedad en su totalidad. En tanto es así, los ministerios a cargo de su conducción como el ministerio de la defensa, tienen plena responsabilidad en la comisión de delitos por parte de las fuerzas armadas. También es responsable un poder judicial que negó las posibilidades de aplicación de la ley y no impartió justicia durante tres décadas y media.

Lo mínimo por lo que tendría que responder el Estado, es por su incapacidad y negligencia para proteger la vida, la seguridad y la integridad física y emocional mías y de mi hermano.

Segundo, porque el Estado no ha cumplido en su totalidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En este caso, con las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad.

Estas medidas incluyen en

  • El establecimiento y revelación pública de la verdad, lo cual implica la localizar los restos mortales de Marco Antonio y su devolución a nuestra familia para darle la digna sepultura que merece todo ser humano. Asimismo que la familia pueda conocer qué le sucedió a Marco Antonio.

Asociado con este punto, la CIDH ordenó la creación de un banco de datos genéticos que faciliten la localización de las personas desaparecidas. El proyecto de ley que pretende materializar esta medida lleva años engavetado en el Congreso de la República (es la Ley 3590)

  • La justicia sobre este delito: esta se encuentra en proceso y persigue identificar, enjuiciar y sancionar a quienes resulten culpables: sean autores materiales o intelectuales.
  • Finalmente, el Estado debe asegurarse de que a quienes sean hallados culpables por los crímenes cometidos, se les obligue a reponer a favor del Estado, el monto de la indemnización que nos fue entregada a la familia por mandato de la CIDH, así como a devolverle al mismo Estado y a la familia, los costos de este proceso judicial.

¿Para usted qué significa en este momento justicia y resarcimiento?

Justicia es la posibilidad de que haya leyes y de que sean aplicadas para juzgar y castigar a quienes violan los derechos de las personas, sin distinción de ninguna clase.

Mi concepto de resarcimiento es la búsqueda de reparación del daño causado a las víctimas. Hay varias formas de resarcimiento:

En primerísimo lugar:

  • El establecimiento de la verdad. Conocer qué pasó con la víctima.
  • La aplicación de la ley. Es decir, juicio y castigo conforme al derecho, a los responsables de los crímenes cometidos.

En segundo lugar, que la sociedad conozca los hechos criminales y el daño causado. Es importante y valioso si además el reconocimiento se acompaña del compromiso estatal de no repetición. Cuando este reconocimiento parte de una voluntad general y honesta, se materializan toda clase de mecanismos institucionales y leyes en contra de una nueva comisión de los delitos, así como de acciones para resguardar la memoria histórica mediante los cuales se reconoce lo actuado y se preserva y honra la vida de las víctimas.

En tercer lugar, la reparación del daño material que trajo consigo el hecho criminal. Generalmente esto consiste en una compensación económica, contemplada en el derecho internacional. En nuestro caso, la familia recibió en conjunto US$698 mil (unos Q5 millones 235 mil). La suma es insignificante o simbólica si con ella se tratara de “pagar” por la vida de Marco Antonio o si de esta manera se quisiera compensar por los efectos físicos y psicológicos o el profundo, continuo y permanente dolor provocado a la familia, especialmente a mis padres.

Con esta suma, que fijó la CIDH, se compensó la pérdida de proyectos de vida individual y familiar, truncados cuando mis padres se vieron obligados a dejar de trabajar por buscar a Marco Antonio y luego, cuando mis padres y mis hermanas tuvieron que huir de la represión en Guatemala hacia un exilio que dejó atrás empleos, estudios y bienes familiares, fruto del trabajo de mis padres y hermanas.

En mi caso, cuando salí de Guatemala, mi equipaje era lo que llevaba puesto. Me sentí despojada de patria, familia y amigos. Mis estudios no valían nada en México ni en Costa Rica. En Guatemala me gradué como maestra, pero en otro país mi título no era suficiente para ejercer el magisterio. En México el primer obstáculo para sobrevivir era no contar ni siquiera con cédula guatemalteca, no digamos con un pasaporte. No pude acceder a empleo ni a estudios en mi condición de migrante irregular

Mis hermanas pasaron por situaciones muy similares. Ese es el tipo de daño que intenta reparar la compensación económica.

Es importante que cuente a los lectores que en el año 2004 en el marco del juicio ante la CIDH y de la condena al Estado guatemalteco por la desaparición de Marco Antonio, por medio de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), mi familia convino con el Gobierno que no se volvería a solicitar indemnizaciones adicionales en concepto de reparación del daño material. Este acuerdo no incluye una solicitud de pago de costos y gastos legales.

¿Qué espera usted de este proceso penal?

Espero que el proceso deje claridad sobre lo que sucedió. El esclarecimiento de los hechos significa que la sociedad guatemalteca reconozca que yo fui detenida ilegalmente, que sufrí violencia sexual y que fui sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Significa que reconozca que en venganza por mi fuga, mi hermanito Marco Antonio fue secuestrado, desaparecido y asesinado y que a la G2 no le importó que tuviera solo catorce años ni el dolor que causaba especialmente en mis padres. Significa que la historia se escribirá de otro modo y se podrá comprobar que las acciones contrainsurgentes del Ejército incluyeron actos criminales, aun dentro de sus represivas leyes, no digamos a la luz de los derechos humanos, que es uno de los principales logros de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial.

De hallarlos culpables, espero que los ahora sindicados, sean castigados por los delitos cometidos con todo el peso de la ley. Esto significaría que la sociedad guatemalteca decida terminar con 35 años de impunidad.

Espero que Guatemala establezca este proceso como un punto de partida, como un precedente, para que nunca jamás haya desaparecidos por razones políticas y para que se investigue el paradero de los niños y adultos desaparecidos cuyo punto de partida es la aprobación de la ley 3590.

Espero que este proceso avive la esperanza de que Guatemala fortalezca la ley y la institucionalidad de la Justicia como forma civilizada de dirimir los conflictos y que se vaya desterrando la violencia como forma imperante de relación social.

Y finalmente, espero que se materialice el gesto de justicia más importante para mi familia: la entrega de los restos de Marco Antonio para su digna sepultura. Merecemos cerrar el duelo inconcluso que nos roba la paz desde hace tres décadas y media.

Quizá algo sobre el esclarecimiento de la historia y la verdad.


Por: Redacción Prensa Comunitaria

23 de marzo de 2015. En un día como hoy en 1982 se llevó a cabo un golpe de Estado en Guatemala que llevó el militar Efraín Ríos Montt como jefe de Estado de facto y que encabezó el gobierno que causó al país uno de los períodos más crueles en la historia reciente. Ríos Montt fue condenado por genocidio perpetrado en el período que gobernó entre 1982 y 1983 contra el pueblo Ixil el 10 de mayo del 2013 por un tribunal. Muchas personas aún sobreviven a esta barbarie, muchas de ellas continúan una lucha permanente en incansable por la memoria y la justicia.

A continuación compartimos tres fotografías de la muestra “Nuestra Cultura es Nuestra Resistencia, Represión, Refugio, y Recuperación en Guatemala” del artista Jonatan “Jonás” Moller. Esta es una exhibición ambulante de fotografías publicada por Turner Libros, Madrid y México y originalmente en inglés por powerHouse Books, Nueva York y que Jonás ha compartido con Prensa Comunitaria.

“Esta exhibición busca iluminar la historia reciente de los pueblos indígenas-mayas que fueron desplazados y aterrorizados durante el largo conflicto armado interno guatemalteco. Habla sobre la represión y el genocidio ocurridos durante los ochentas, y del trabajo por la verdad y la reconciliación que se desarrolla en la actualidad bajo una impunidad casi total y violaciones de derechos humanos constantes. Estas imágenes revelan historias de vida y muerte, de esperanza y de angustia, y de las luchas por sobrevivir, el respeto, y la verdad.”

 

A principios de 1982, el ejército llegó a la cooperativa en Chimaltenango donde Gabriel trabajaba. Los soldados comenzaron a masacrar indiscriminadamente a la gente que vivía allí. Gabriel y otros dos hombres lograron escapar, escondiéndose en las montañas cercanas. Varios días después, cuando regresaron a la comunidad, encontraron los cadáveres de sus familiares, que estaban siendo devorados por los perros. También vieron los cuerpos decapitados de niños pequeños. Fue entonces que él se fue al Petén, un departamento alejado y poco poblado. Allí escuchó que campesinos pobres estaban formando cooperativas agrícolas en tierras baldías de la selva. Finalmente se asentó en una cooperativa recientemente establecida en la comunidad cooperativista de Las Josefinas. En menos de dos semanas, el ejército llegó una mañana bien temprano y masacró a todos los que no pudieron escapar. Gabriel y otras personas huyeron hacia la selva cercana, donde se refugiaron por meses, frecuentemente moviéndose de lugar a otro. Así fue como él y los sobrevivientes de otras masacres que se encontraban dispersos, se juntaron y se organizaron con el nombre de Comunidades Populares en Resistencia del Petén. Albeño, CPR del Petén, 1995.

 

 

Durante la peor época de la campaña contrainsurgente de tierra arrasada a principios de los ochenta, el ejército forzó a los habitantes locales a cortar los árboles a lo largo de las carreteras y caminos principales para reducir los riesgos de emboscadas guerrilleras. Estos árboles son sagrados para los mayas Chuj de esta región, quienes rehusaron usar esta madera o mover los troncos de los árboles donde habían caído, a pesar de que la madera es una fuente muy útil para la cocina de alimentos y la construcción. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, 1997.

 

 

Una ceremonia maya frente del monumento que fue dedicado este día a los 177 mujeres y niños que fueron masacrados en la comunidad de Rio Negro en marzo de 1982. Rabinal, Baja Verapaz, marzo 1995.


Foto: AGN (Tomada de la página web de noticias.com.gt)

31 de enero de 1980

En la Ciudad de Guatemala, en la mañana de lo que pudo haber sido un día cualquiera se encontraba en las afueras de la Embajada de España junto a sus subalternos Pedro García Arredondo, jefe de la Sección de Investigaciones Especiales, Comando seis. Ésta temible estructura era dependencia de la Jefatura del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional.

El Comando Seis era conocido por toda la gente como “la policía judicial” ya que vestían de particular, se cubrían la cara y se movilizaban en vehículos sin placas. La memoria colectiva tiene registrada que fue responsable de crímenes como la desaparición forzosa, tortura y asesinatos contra centenas de personas principalmente en la capital de Guatemala, cuando la gente los veía no podían evitar sentir terror.

Miles de papeles viejos resguardados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional han arrojado nombres, direcciones, datos que desde que empezaron a hablar no han dejado de sorprendernos, ayudando a esclarecer la historia. En ellos se ha podido comprobar las acciones del Comando Seis y la Cadena de Mando que en este caso empezaba desde la misma Presidencia, que en 1980 ocupaba el general Romeo Lucas García.

Pedro García Arredondo durante el juicio por la Toma y quema de la Embajada de España. Guatemala, 12 de enero de 2014.

Gritos que no fueron escuchados

Eran aproximadamente las 11: 30 de la mañana de ese jueves cuando un grupo de campesinos entró a la Embajada de España, venían de comunidades de Chajul, Nebaj, San Juan Cotzal y San Miguel Uspantán del norte de El Quiché, acompañados de estudiantes universitarios. Llevaban días tocando puertas de forma pacífica pidiendo apoyo a medios de comunicación, al Congreso de la República y la Organización de Estados Americanos sin haber obtenido apoyo.

Y así fue como tomaron la decisión de llegar pacíficamente la Embajada con el objetivo de llamar la atención y pedir apoyo al embajador, su petición desesperada era que les apoyaran a integrar una comisión investigadora para esclarecer los crímenes que se cometían en sus comunidades. En Chajul en el mes de diciembre de 1979 había ocurrido una masacre, también denunciaban secuestros, violaciones sexuales de niñas, mujeres embarazadas, ancianas y la destrucción de casas y cosechas.

Nunca imaginaron que sus voces iban a ser ignoradas del mismo modo que sus peticiones, menos les pasó por la mente que había ya un plan para terminar con ellos, con ellas y sus demandas.  No había pasado mucho tiempo desde que el grupo había entrado, cuando la Policía violentó y entró por la fuerza sin autorización del Embajador de España, poco tiempo después quemaron vivos a quienes estaban adentro.

Se supo que el mismo presidente dio la orden de sacar a los campesinos y estudiantes “a como de lugar”, ésta fue transmitida a través de la cadena de mando llegando hasta Pedro García Arredondo, él mismo en el lugar de los hechos reconoció que la orden venía de “muy arriba”.

Varios testigos lo señalan como el que dirigió personalmente el operativo policial que ocasionó que 37 personas murieran quemadas en el acto y dos salieran con vida, el Embajador de España Máximo Cajal y López y el campesino Gregorio Yujá Xoná quien fue asesinado al día siguiente después de haber sido secuestrado en el hospital “Herrera Llerandi” donde se encontraba en recuperación. Después su cuerpo fue tirado al campus central de la Universidad de San Carlos.

Foto: Nelton Rivera, hecha al Diario el Gráfico tomada de Archivo de la Hemeroteca Nacional.

Muchas personas vieron a Pedro García muy tranquilo mientras los miembros de su Comando disfrazados de policía entraron por el techo, también por la puerta, rompieron las ventanas con hachas y así tomaron la embajada.

No se permitió ni se accedió a ninguna negociación, a pesar de los esfuerzos desesperados del Embajador, del ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Rafael Cáceres Lenhoff y del doctor Gustavo Adolfo Molina Orantes quienes pedían a las autoridades no actuar por la fuerza y dialogar, ellos también murieron quemados. Muchas fueron las llamadas que se hicieron a las autoridades desde la Embajada hasta que les cortaron la luz y las líneas telefónicas. Desde fuera varias personas también intentaron pedir su intervención a las autoridades de gobierno, sin conseguir ningún resultado.

Representantes de la Cruz Roja como María Odette Arzú también se presentaron para hacer de intermediarios y para garantizar que la gente pudiera salir con su apoyo y con vida, lo que recibieron fueron patadas. No se permitió que entraran cuerpos de socorro, tampoco la prensa. No se permitió que la toda la gente que estuvo adentro pudiera salir. Solo algunas personas tuvieron la suerte de salvarse y salir antes de que ocurriera lo peor, uno de ellos fue el mismo Embajador. Cuando lo hizo se escuchó a un policía decir “mátenlo”, sin embargo gracias a la intervención de Odette Arzú esto se pudo evitar y fue llevado en un autobús de la policía rumbo al hospital.

Minutos antes de que se quemara vivos a 37 personas, varios testigos dan fe de que a la Embajada entró un policía gordo con un artefacto cilíndrico, a quien otro policía le dijo que “rociara para adentro” poco después se escucha un sonido estruendoso y se ve salir el fuego por la ventana. Antes de ésto un testigo escucha decir de la policía: “que no quede ninguno vivo”. Quienes estaban afuera todavía no pueden olvidar los gritos de terror pidiendo auxilio desde adentro. El periodista Guillermo Meoño aún recuerda el clamor “por favor mucho calor, nos están quemando, nos estamos quemando.”

Sepelio de campesinos y estudiantes asesinados en la Embajada de España en el Paraninfo Universitario. Fotografía facilitada por Ximena Morales del archivo de Mauro Calanchina.

Las escenas siguientes fueron cuerpos calcinados descendiendo por la ventana en camillas cargadas por los bomberos. Mientras les sacaban uno a uno, se dieron cuenta que un campesino estaba vivo: Gregorio Yujá Xoná.

Dos días después mientras se realizaban los preparativos para el cortejo fúnebre de quienes habían muerto fueron asesinados los estudiantes Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España. El asesinato fue perpetrado también por la Policía que iba dirigida por Pedro García Arredondo y Manuel de Jesús Valiente Téllez  Primer Jefe del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional.

Texto: Quimy De León realizado a partir de presenciar, escuchar y analizar los testimonios y las pruebas presentadas en el Juicio del caso por la “Toma y quema de la Embajada de España” No. MP001-2003-27178.


Por: Quimy De León

El 23 de diciembre quedó conformada la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente que debiera fundamentar “las razones por las cuales no es aplicable ninguna ley de amnistía en la persecución penal del delito de genocidio[1]” así es cómo ha sido requerido por la Corte de Constitucionalidad en una resolución del año 2013. Es decir que ésta Sala no deberá analizar el caso ni evaluar si se le da amnistía o no a Efraín Ríos Montt, sino solamente argumentar la resolución a la solicitud presentada por el ex militar golpista, que ya ha sido negada en el 2012.

Se espera que en los siguientes días esta sala resuelva lo requerido por la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados miembros de esta Sala que conocerán el caso son: Freddy Fernández Ortiz y Carlos Rodríguez Meza, también estará a cargo de Edith Marilena Pérez Ordóñez suplente de la Sala Cuarta de Apelaciones.

Solicitud de Amnistía a pesar de todo

El manejo que han estado dando los medios corporativos acerca de este hecho es que la Sala resolverá si le otorga o no la amnistía, sin embargo las organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes en un comunicado plantean que no es éste el sentido.

Sin embargo la forma impune en la que han actuado diversas instancias del Sistema de Justicia, del Legislativo y el Ejecutivo en los últimos años, nos hace temer que puedan llegar a cometer un error gravísimo como otorgarle la amnistía a Efraín Ríos Montt, aún cuando diversos juristas plantean que no procede legalmente y que va en contra de resoluciones internacionales y del mismo marco jurídico vigente.

Esto implicaría cerrar la posibilidad de que avance el juicio que iniciaría el 5 de enero, además esto contribuiría a deteriorar la historia y una ofensa profunda para quienes perecieron y sobrevivieron a éstos crímenes.

Es preciso enfatizar que la Corte también en el 2013 resolvió que “… son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos…[2]”

La solicitud de amnistía y de que se cerrara el proceso penal en contra de Ríos Montt, fue solicitado el 17 de febrero de 2012, argumentando y basándose en el decreto Ley 8-86 y que no podía juzgársele por crímenes cometidos del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de1986.

La Fundación Mirna Mack realizó un análisis al respecto y expresa claramente que “A la luz de las normas citadas, puede indicarse que, si bien la legislación guatemalteca contempla la figura de la amnistía en la Constitución Política y la desarrolla en la Ley de Reconciliación Nacional, es imposible encuadrar el caso de Efraín Ríos Montt en alguno de sus supuestos. Es la misma Ley de Reconciliación Nacional, la que establece que deberán seguirse conforme al proceso penal guatemalteco aquellos delitos que no admiten extinción de la responsabilidad penal de acuerdo a tratados internacionales ratificados por el Estado y, tal es el caso del delito de genocidio, según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.”

Sobrevivientes esperan el inicio del juicio

El reinicio del juicio por Genocidio está programado para el 5 de enero en el Tribunal B de Mayor Riesgo contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez.

Es preciso no olvidar que el 10 de mayo del 2013, la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo leyó ante el mundo la sentencia en donde se condenó a Efraín Ríos Montt quien fue presidente de facto entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

Esta condena fue resuelta por haberse demostrado que el es responsable del genocidio perpetrado en contra del pueblo Ixil en calidad de autor. Fue condenado a 80 años de prisión, 50 por delitos contra deberes de la humanidad y 50 por genocidio.

[1] La Corte de Constitucionalidad en su sentencia del 13 de agosto de 2013. Citado en el comunicado “La paz solo puede florecer con la justicia” de diversas organizaciones de derechos humanos.

[2] Ibid.


Por: Ronny Morales Tot

El dia 14 de julio del 2014 pude conocer la historia Matilde Col Choc, víctima de desaparición forzosa en 1983. Me causó una gran curiosidad el caso ya que como defensor de los derechos humanos y periodista comunitario, mi trabajo ha sido alrededor de la lucha por la tierra, la represión y criminalización de las luchas. Gracias a Mario, esposo de una sobrina de Matilde pude conocer la historia de una mujer soñadora, mujer de caminar, que brindó su identidad, a este mundo tan desigual, indiferente a las poblaciones mayas.

Matilde nació en Cobán el 14 de marzo de 1954 con energia “13 AJ”, que ante los abuelos significa que será como la semilla ante la madre naturaleza, que dará frutos. Aj es la energía  de los estudiosos, lectores e investigadores. Fue una niña de pies descalzos con la sonrisa alegre amante a la lectura.

 

La educación y la educadora

Al terminar la primaria por vicisitudes de la vida dejó de estudiar y se dedicó al trabajo en la casa, ayudando a su madre. Pero los sueños de superarse los tenía muy presentes, y con un grupo de amigas decidieron estudiar en la jornada nocturna. Ellas fueron de las primeras mujeres indígenas de Cobán en graduarse como maestras de educación primaria Bilingüe.

Cuando terminó sus estudios fue una de las fundadoras del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica -IGER. Junto al Padre Franz Vond Tattenbach recorrieron todo el territorio nacional divulgando la importancia de la educación bilingüe en los pueblos mayas. Ése fue el granito de maíz que germinó y que hoy vemos sus frutos: ahora miramos el derecho a la educación para adultos con la visión de fortalecer la cultura la cosmovisión maya.

Hablar de cultura, identidad, idioma, espiritualidad es sinónimo de hablar de identidad tambien hablar de los derechos de un pueblo maya, todo esto representaba Matilde para nosotros una pionera idealista.

Trabajó como Maestra de Educación Bilingüe, en la atención a niños en salud y fue comunicadora social. Condujo un programa radial de IGER en idioma Q’eqchi, donde trataba  el tema de la importancia de la educación, traduccion y derechos de los pueblos idigenas.  Tuvo a su cargo la traducción de los textos del castellano al idioma q’eqchi para adultos. También era poeta.

El sueño de Matilde, era que los niños, mujeres y adultos aprendieran a leer y escribir en su idioma natal y que esto les permitiera salir adelante para tener un mejor futuro. Sus familiares y amigos la recuerdan como alguien que buscó el bien para los demás, solidaria, amable y humilde.

 

 

Desaparecieron a Matilde

El 13 de enero del 1983 fue desaparecida con 7 meses de embarazo, según nos contaba una amiga. “Fueron pasando los días y no regresó; la empezamos a buscar en varios lugares del país. Incluso su hermano empezó a trabajar en la zona militar # 21 con el único objetivo de encontrarla, y alguien del ejército le dijo que si preguntaba más, algo le pasaría a él y a su familia, que mejor que se callara”

“Con el tiempo nos enteramos que Mati fue detenida y desaparecida cuando regresaba de una Ceremonia Maya entre los municipios de Tactic y Cobán, en un puesto de registro o retén militar. Junto a ella también fue detenido y desaparecido Otto Federico Ical Choc”. Su caso aparece en el informe de la CEH, Tomo VIII, pagina 84.

 

El reencuentro

Matilde fue una de las victimas encontradas entre las 533 osamentas encontradas en el destacamento de Cobán: “En 2012 nos pidieron ADN para ver si uno de esos cuerpos era el de Mati. Dos años después nos entregaron su cuerpo, donde nos pudimos dar cuenta que ella fue torturada, violada y asesinada. Fue muy duro para nosotros saber los sufrimientos que tuvo antes de su muerte. muchos de los restos juntos a Matilde, tenían los ojos vendados, amarrados de las manos, tenían con maskin en las bocas para que no se les oyera gritar”

El convivir con una familia que ha sufrido una desaparición forzosa en tiempos de la guerra interna en Guatemala, me hizo valorar aun más mi labor como periodista comunitario en este país tan injusto y desigual. Todavía me asombra y me indigna muchísimo saber que personas valiosas como Matilde sean perseguidas, desaparecidas y hasta asesinadas por pensar, escribir, hacer radio.

Como comunicador popular siento que Matilde se merecía un futuro y la nación Q´eqchi siempre estará en agradecimiento a Mati por lo mucho que nos ha dejado.


Heriberto Valdés Asij, su abogada defensora, Gilda Aguilar abogada y Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar.

Quimy De León

“No estamos inventando, nosotras vivimos y sufrimos con nuestros propios cuerpos”

Doña Demesia

El Juez Miguel Ángel Gálvez preside el juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo B ubicado en el nivel 14 en la Torre de Tribunales en el centro de la ciudad capital.

Éste martes 14 de octubre de 2014, después de tres audiencias para escuchar tanto al Ministerio Público como parte acusadora, a las querellantes adhesivas y a la defensa de dos militares. El Juez Miguel Ángel Gálvez decidió mediante un análisis de la ley a la luz de las pruebas presentadas, testimonios y argumentos, que el coronel del ejército Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij van a Juicio oral y público.

Los delitos de los que se les acusa son a Francisco Esteelmer Reyes Girón los delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad por tratos humillantes y a Heriberto Valdés Asij: desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual.

Esta verdad histórica será probada en el juicio que abrirá el 29 de octubre en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esta verdad, que es la verdad de quienes vivieron este horror. El juez declaró que el proceso debe seguir y que se abre el juicio y ellos quedan en prisión preventiva.

Abogada defensora Gilda Aguilar y el militar Francisco Esteelmer Reyes Girón

Ex comisionado militar Heriberto Valdés Asij

Justicia por violación y esclavitud sexual

Sepur Zarco es una comunidad que se ubica en el municipio de El Estor en Izabal, en ella durante los años más duros de la guerra y el genocidio se construyó en el año de 1982[1] un destacamento militar, en éste lugar como en otros, los militares cometieron una serie de crímenes tipificados como de lesa humanidad, entre éstos la violación y esclavitud sexual durante al menos seis meses en contra de aproximadamente 20 mujeres. A varias de ellas, además les habían desaparecido o asesinado a sus esposos o familiares.

Las mujeres que se atrevieron a no permitir que éstos crímenes quedaran impunes, que se atrevieron a hablar y a pasar por una serie de momentos y trámites engorrosos que alargan el tiempo de espera para que la justicia vaya tomando forma, son nuestra motivación para reflexionar, pensar y seguir actuando a favor de la verdad y la memoria.

Desde que declararon en audiencia anticipada, las mujeres llegaron cubiertas con colores y con tejidos llegaron a sentarse frente a sus perpetradores. No llegaron solas, llegaron acompañadas por varias personas, mujeres comunitarias, por organizaciones de mujeres que conforman la Alianza Rompiendo el Silencio y la impunidad. En las últimas tres audiencias solo llegó quien representa la colectiva en la que se organizaron para ser querellantes también de este caso.

Querellante adhesiva y sobreviviente

Mientras la justicia llega

Ingresar a la torre de tribunales no es nada agradable, las veces que lo he hecho ha sido para acompañar algún caso de alto impacto, relacionado con derechos humanos y sus constantes violaciones. Conocer y comprender cómo se mueve el poder en uno de los campos de lucha más complejos es escalofriante, además de lo difícil que es comprender como funciona el sistema de justicia y las mismas leyes y su manoseo. La mayoría de veces que he asistido a una audiencia, he podido comprobar más allá del discurso que ambas funciona a beneficio del bloque de poder representado en las estructuras patriarcales políticas, militares, sociales, religiosas  y económicas que controlan en su mayoría hombres.

Justicia por violación y esclavitud sexual

Sepur Zarco es una comunidad que se ubica en el municipio de El Estor en Izabal, en ella durante los años más duros de la guerra y el genocidio se construyó en el año de 1982[1] un destacamento militar, en éste lugar como en otros, los militares cometieron una serie de crímenes tipificados como de lesa humanidad, entre éstos la violación y esclavitud sexual durante al menos seis meses en contra de aproximadamente 20 mujeres. A varias de ellas, además les habían desaparecido o asesinado a sus esposos o familiares.

Aún así estoy convencida que si para muchas mujeres y personas sobrevivientes de genocidio y otros delitos contra los deberes de humanidad, es importante buscar la justicia en este campo, entonces éste se convierte en estratégico para la disputa de sentido que se requiere hacer en nuestro país. La valentía de quienes se atreven a llevar hasta un juicio a sus perpetradores y abusadores, se convierte es una responsabilidad para la sociedad completa, para entender la historia y reconstruirla.

Asistentes a la audiencia

Conforme se va desarrollando la trama judicial, se van presentando pruebas, peritajes, testimonios y documentos de archivo existe la posibilidad de llegar a ratificar que lo que sabemos como pueblos, lo que hemos sabido siempre en voz baja y es que estos crímenes si ocurrieron, que si hubo genocidio, que si hubo violación y esclavitud sexual. Este tipo de hechos marcan una huella en la historia, en la memoria colectiva, de las luchas de las mujeres y de las luchas feministas.

[1]  El destacamento fue cerrado en el año de 1988.


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Por Nelton Rivera.

Don Felipe Chalí es un hombre maya Kaqchikel de San Juan Comalapa en el departamento de Chimaltenango, en Guatemala. Él lleva el mismo nombre de su padre Felipe Juchuná Chalí quien a los 34 años de edad fuera detenido y desaparecido por el ejército guatemalteco en 1980. El desde muy joven vivió de cerca la violencia del Estado, la represión del ejército en los años 80 llegó hasta la puerta de su casa, le dio un duro golpe siendo adolescente, golpeó fuertemente a su familia y a muchas familias de su comunidad.

En su rostro y manos se deja ver la fuerza el trabajo y el sol que marcan los caminos de la piel, en su cabeza brillan las puntas de las canas que su corto pelo le permite mostrar. Se muestra serio, pero al calor de la conversación va soltando algunas cuantas sonrisas, don Felipe tiene presente esos días como si hubiera ocurrido hoy mismo, cualquier día de agosto del 2014.

Finalmente don Felipe se reunió con su padre, sus restos regresaron el 18 de julio 2014, con él nueve osamentas más que fueron identificadas por la FAFG. Don Felipe afirmá que ahora si podrá visitarle, saber el lugar exacto en donde está y que facilmente podrá encontrarlo cuando  quiera.

San Juan Comalapa recibió a diez de sus hermanos y hermanas detenidas desaparecidas en 1980, el pueblo realizó una marcha desde la entrada hasta el parque central, en el camino las bombas de fiesta fueron anunciando esquina por esquina su llegada. Luego en el Salón municipal una alfombra de pino con miles de petalos de rosas aguardaban su llegada, ahí don Felipe dio su testimonio con la seriedad que lo caracteriza un poco mas contento pero con el dolor aún por dentro.

Me acuerdo bien de mi papá

Me acuerdo bien de mi papá, él siempre presentía cosas, tenía ese don y un día me dijo: “ya no voy a vivir más, que la cosa esta jodida” esas eran sus palabras, él lo presentía y ya no tuvo más vida, cuando el decía esto empezaba a llorar.

La desaparición de mi padre ocurrió durante el conflicto armado interno, fue el 6 de enero de 1981, mi papá fue ayudante de construcción, él iba atrás de un camión cuando lo detuvieron esa mañana, iba temprano al trabajo y nunca más regresó. Nació el 10 de mayo de 1948 era bastante joven cuando se lo llevaron los militares.

Fue a través de CONAVIGUA que supimos que podíamos encontrarle. Ellas nos hablaron de la necesidad de realizar la exhumación en San Juan Comalapa, yo voy a decir la mera verdad en ese terreno encontramos a varios de mis familiares. Lo cierto de todo esto es que fueron los militares quienes hicieron las desapariciones de la gente de aquí, de muchos aún no sabemos a dónde los fueron a enterrar.

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De cuando empezaron las exhumaciones

Aquí estuvieron trabajando los antropólogos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, recuerdo que fue un día domingo del 2003 cuando ellos comenzaron a trabajar, también estuvieron las mujeres de CONAVIGUA. Luego de varias horas de trabajo poco a poco fueron abriendo la tierra y encontrando las fosas. Así fueron apareciendo poco a poco los primeros restos.

Nosotros vimos cuando se hizo la exhumación, vimos cuando encontramos diferentes restos, una vez me tocó ver una de las osamentas, era diferente a las otras, usando mi imaginación supe que era la osamenta de un ladino, por lo alto, porque sus huesos eran más grandes que los otros. Esta exhumación no fue fácil, se tuvo que pedir el permiso para hacerla, costó que lo dieran.

Sabemos que a la gente de otros lugares sí los trajeron aquí. Por ejemplo aquí exhumaron a una persona que venía desde Cobán, por eso es que a los de la ciudad los vinieron a enterrar aquí, pero a la gente de aquí no sabemos a dónde los fueron a tirar.

Ahora ya taparon nuevamente todas las fosas, taparon otra vez el terreno del antiguo destacamento militar, ahí mismo donde se hicieron fosas humanas, a ese lugar se le conoce como Palabor. Al finalizar este proceso entendimos que a mucha gente que desaparecieron en esta comunidad seguro la llevaron a otro lugar, porque muy pocos aparecieron aquí en el antiguo destacamento militar.

La gente dice que aún en ese lugar hay restos de personas que no se han exhumado, que esperan ahí todavía. Recuerdo que a un mi familiar lo agarraron en el destacamento de Comalapa y fue hasta allá en San Agustín que lo fueron a tirar los soldados. Y gente de allá la trajeron para acá a este destacamento, pero tuve entre todos la suerte de encontrar aquí a mi papá en el año 2003.

Del año 2003 hasta este año que no hemos podido enterrar sus restos, pero él ya está identificado a diferencia de cientos más que hacen falta, todo esto luego de 34 años de buscarlo.

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Cuando desaparecieron a mi papá

Cuando desaparecieron a mi papa yo tenía 14 años, ahora tengo 49 años de edad. Nací en el año de 1975. Éramos cuatro en la familia, una hermana y mis dos papas. Cuando se llevaron a mi papa, me tocó vivir a mí y a toda la familia el conflicto armado interno, nos tocó que pasar por muchas enfermedades y muchas penas.

A mi familia y a mí nos dejó mucho dolor en la vida, por ejemplo yo tengo a mi papa detenido – desaparecido, además un cuñado y un tío hermano de mi papá, solo de mi familia secuestraron a tres personas en poco tiempo.

Desde la detención y desaparición de mi papá, me dedique a la agricultura, pero lo que más hago es vender pino por red para cualquier acontecimiento. Hago trabajo ajeno con otra gente a eso me estoy dedicando.

Finalmente me casé tarde, por el momento no tengo familia, mi esposa tiene 29 años y yo ahora tengo 48, pero aún no tengo familia, cuando pasó el conflicto armado interno mi esposa aún no había nacido, fue hasta el año de 1984 cuando nació ella y yo tenía 14 años, así que estuve solo como 16 años.

Yo vivo la desaparición forzada ahora con un poco de alivio porque voy a poder enterrar pronto a mi papa, y saber que los restos de mi papá van a descansar. Ahora vamos el día de los santos al destacamento militar a dejarle sus veladoras, hacemos oraciones, nos llevamos candelas, pero no sabemos en dónde están los restos y esa sigue siendo una gran tristeza.

Hay gente que piensa diferente, algunos dicen que esos restos no son de mi papá, lo dicen porque no vienen a las reuniones de CONAVIGUA, la gente piensa que realmente no son los restos de un familiar, sino de otra persona.

Yo estoy seguro porque a mí me hicieron las pruebas de ADN, la FAFG vino un día por esa muestra. Aquí en la Ceiba se hicieron las pruebas, en ese entonces supe que en un 100% era mi papa, para la prueba de ADN participamos mi mamá, una hermana y yo para la muestra, de esa manera logramos un alto porcentaje de coincidencia finalmente.


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Por Juan Calles

El calor es húmedo y pegajoso, el camino de terracería hace que nos agolpemos en la palangana del pick-up que nos transporta por las cercanías del rio Polochic. Una anciana con cara de molestia se acaricia el brazo derecho que se acaba de golpear por un movimiento brusco; se da cuenta que la observo y baja la mirada entre apenada e incómoda. “Usted se parece a Mamá Maquín” le digo con fingida timidez. Ella levanta la mirada y me hace sentir escalofríos cuando responde: “ese nombre no se menciona desde hace 36 años”, y vuelve a bajar la mirada. Volteo a ver a la gente que se amontona en el pick-up: todos fingen que no escucharon y ven distraídos hacia la nada.

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Mamá Maquín fue una lideresa Q´eqchi´ que encabezó la lucha por la tierra durante los años 70 en Alta Verapaz. Junto a decenas de campesinos y campesinas estaba frente a la municipalidad de Panzós el 29 de mayo de 1978, esperando una respuesta del alcalde de la localidad ante el despojo de tierras que sufrían. El complejo minero EXMIBAL, dedicado a la explotación de níquel, ocupaba tierras comunales y las que los campesinos usaban para sembrar su comida. Además, los megaproyectos de la Franja Transversal del Norte y la hidroeléctrica Chixoy amenazaban con expoliar las pocas parcelas que les quedaban.

Como respuesta a sus exigencias, ese día obtuvieron la represión del ejército de Guatemala, que desde temprano ocupó lugares estratégicos para atacar a la población civil desarmada. Las primeras ráfagas asesinaron a 35 personas. El eco de los disparos aún no se dejaba de escuchar, decenas de personas corrían por salvar su vida, el Ejercito hizo más disparos; hombres, mujeres y niños se abalanzaron a las lanchas que les esperaban sobre el río Polochic, en la carrera por salvar su vida volcaron los aparatos y murieron ahogados.

Entre los primeros asesinados se encontraba Mamá Maquín.

Durante una comparecencia pública en junio de 2011, el ex alcalde de Alta Verapaz, Wálter Overdick García, testificó sobre la participación de finqueros y altos mandos militares en la masacre ocurrida en 1978.  En esa audiencia habló de una reunión entre finqueros en Telemán, pedida por los hermanos Flavio y Héctor Monzón, así como por Amílcar SolísJoaquín González yEnrique Hernández, quienes buscaban la intervención del ejército porque los campesinos exigían tierra. Con la autorización de Guillermo de la Cruz -en ese tiempo Jefe del Estado Mayor Presidencial-, el ejército presente en Panzós secuestró y eliminó a algunos líderes campesinos, finalizando con la masacre el 29 de mayo.

Hasta hoy, ninguna persona ha sido acusada, ni perseguida judicialmente por esta masacre.

Después de cometida la masacre, la tropa que había llegado desde Zacapa tomó control absoluto de la población y en fosas comunes sepultaron uno sobre otro los cadáveres que inicialmente quedaron esparcidos en el centro del pueblo. Para ello se valieron de tractores que ya estaban preparados para ello.

Antes de llegar a Panzós quise hablar de nuevo con la anciana que me había pedido no mencionar el nombre de Mamá Maquín. Ella lo sospechó y me vio fijo a los ojos. Entonces entendí: el silencio nos ha sido impuesto, lo llevamos en el torrente sanguíneo, en los ojos, en las palabras que decimos el silencio nos ha mantenido vivos. Eso me decía ella con los ojos llenos de cansancio y dolor.

Cuando llegamos al pueblo, habían pasado 36 años de la masacre. La señora se bajó del pick-up, caminó lento hacia la plaza, se puso de rodillas y encendió algunas velas, se limpió algunas lágrimas de los ojos. El pueblo entero estaba en silencio, sólo el rumor del calor y del río se escuchaban en el ambiente.

La señora tomó aire y gritó, gritó con todas sus fuerzas, “NI EL OLVIDO, NI EL PERDÓN”.

Su voz retumbó por todo el pueblo. Era el momento de gritar, es el momento de dejar de callar.


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Por Cristina Chiquin 

El 19 de Marzo de 2013, dio inicio el histórico Juicio contra Efraín Rios Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez por los delitos de Genocidio y deberes contra la humanidad. Hoy, un año después el proceso continúa,  un proceso que para el pueblo Ixil ha significado toda una vida de búsqueda justicia.

“Cuando inicio el Juicio yo estaba contento porque sabía que había llegado la verdad al pueblo de Guatemala y no sólo a Guatemala si no al mundo. Eso me dio satisfacción, porque se conoció todo lo que nosotros sufrimos… Ellos lograron anular la sentencia políticamente pero históricamente nadie no la va quitar, ésta se sigue manteniendo en nuestro corazón.  Después de un año de la sentencia, la historia nos ha mantenido fuertes para seguir luchando y seguir exigiendo que haya justicia en Guatemala”  Benjamín Manuel Gerónimo, querellante y representante de las victimas en el Juicio por Genocidio.

Ese 19 de marzo del 2013 la sala de audiencia de la Corte Suprema de Justicia estaba llena, el Tribunal de mayor riesgo A, presidido por la Jueza Jazmín Barrios, dio  apertura a el  juicio a pesar de las estrategias dilatorias que la defensa del General Efraín Ríos Montt trató de imponer.

Los ojos de quienes observábamos se abrieron, muchas personas sabíamos que con el inicio de este proceso podríamos escuchar la voz de la verdad y de la memoria del pueblo a través de las y los testigos del pueblo ixil.

Ríos Montt estaba sentado en el banco de los acusados, algo que muchas víctimas no lograron ver. Sin embargo, quienes sobrevivieron las masacres perpetradas por el ejército de Guatemala, lograron llevar, una lucha que logró que este proceso se pudiera dar.

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A lo largo de los días siguientes se escucharon 97 testimonios  (43 de mujeres y 54 de hombres) presentados por el Ministerio Público y la parte querellante, conformada por la Asociación para la Justicia y Reconciliación –AJR- y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos –CALDH-.

En general, los testimonios hablaron sobre la experiencia vivida en los años 1982 y 1983 en el aérea ixil, en donde se cometieron masacres, bombardeos, asesinatos de hombres, mujeres, niñas, niños y ancianos. Con la estrategia de la tierra arrasada además se quemaron los cultivos como el maíz, se  destruyeron objetos personales y símbolos de cultura y fe, para llegar a la destrucción completa de la comunidad.

Los testigos también narraron los desplazamientos forzosos a los que la población Ixil tuvo que someterse debido a la persecución de la que eran objeto por parte del Ejército de Guatemala. El hambre, las enfermedades, el dolor psicológico, la separación familiar y el exterminio de poblaciones completas fueron parte de las secuelas vividas por el pueblo Ixil.

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Dentro de los testimonios presentados destacaron por su crudeza los de diez mujeres ixilies que narraron las atrocidades de violencia sexual vividas en manos de miembros del Ejército de Guatemala. Las violaciones contra las mujeres fueron actos de violencia carácter sexual, físico y emocional, ocurridos durante las masacres realizadas en las comunidades. Además, en muchos casos, madres e hijas y niñas  estuvieron sometidas a torturas físicas, esclavitud sexual, trabajo forzoso para los soldados ubicados en los destacamentos militares.

 “La verdad está dicha, la Justicia Sentenció”

Fue un proceso que tuvo muchos obstáculos, pero que con el esfuerzo y lucha del pueblo Ixil, se logró una sentencia histórica el 10 de mayo del 2013. Este día, en medio de gran expectación, se condenó a Efraín Ríos Montt  a 80 años de prisión inconmutables por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad y se absolvió de los cargos a José Rodríguez Sánchez.

Sin embargo, el 20 mayo, 10 días después de la sentencia dada por el Tribunal de mayor riesgo A, la Corte de Constitucionalidad, la dejo sin efecto y retrotrajo el proceso. Al hacerlo, la Corte de Constitucionalidad respondió en favor de la impunidad atendiendo los intereses de la oligarquía  y militares.

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A pesar de ello para el pueblo Ixil y para la historia de la justicia de este país la sentencia, se mantiene firme, la voz de la verdad fue escuchada y la búsqueda de justicia continúa.

Un año después y frente a la corte suprema de Justicia, Iduvina Hernández, activista y defensora de Derechos Humanos en Guatemala comentaba

“Sí hubo genocidio en Guatemala y eso se probó con el juicio iniciado justamente hoy hace un año. En las salas de esta Corte hubo genocidio, hubo una sentencia y José Efraín Ríos Montt y sus secuaces son culpables”

Esta Historia Jamás se Olvida

Un año después no llega el olvido y la memoria de quienes han buscado la justicia, y la verdad continúa alzando la voz para denunciar lo que pasó en Guatemala y lo que hoy lamentablemente sigue sucediendo.

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No lograron ocultar la verdad,  no lograron cortar la primavera. Benjamín Manuel Gerónimo  querellante y representante de las victimas en el Juicio por Genocidio, con un clavel rojo en sus manos y con la voz firme comentó:

“Estoy completamente convencido de que esta lucha que nosotros estamos haciendo,  está beneficiando a tres generaciones: una de quienes ya murieron y ya no lograron ver la sentencia pero sí ellas y ellos  se van sentir tranquilos, alegres porque nosotros seguimos trabajando por lo que ellos sufrieron. La otra generación los sobrevivientes porque ellos tienen esperanza de que sí hay justicia en Guatemala,  la otra es para la juventud porque va conocer la historia”

Un año se pasó rápido, pero la  búsqueda de justicia y el poder mostrar la verdad de lo sucedido es una lucha que ha llevado muchos años y que en el camino ha tenido que enfrentarse al terror de quienes quieren seguir manteniendo un estado de exclusión y dolor. Sin embargo, a pesar de ello,  la memoria renace y florece, porque en ella esta tejida la vida de hombres y mujeres que buscaban la vida y la paz.