Guatemala Comunitaria

Hidroeléctrica Renace / Fuente internet

Por Patrick Janiot y Tania Hernández

Durante los últimos diez años en Huehuetenango, las empresas extractivas impulsan una ofensiva utilizando múltiples estrategias para echar a andar sus proyectos. Esto ha causado una serie de agravios y violaciones a los derechos humanos especialmente contra la población maya chuj, q’anjoba’l, poptí, akateka y mestiza.

En San Mateo Ixtatán se encuentra la empresa PHDSA —ahora Energía y Renovación SA—, que ha cambiado su estrategia visible, desde el 2017. Ahora tienen más presencia a través de empresas subcontratadas, trata de impulsar una nueva imagen usando la cantaleta neoliberal de siempre: el desarrollo —que nunca termina de llegar—. Creando la falsa imagen de que las empresas, además de explotar los ríos y achatar cerros, hará crecer al país y dará empleos, traerá bonanza y lo que haga falta. La hidroeléctrica propiedad de uno de los doce principales millonarios del país[1] ha contratado a exguerrilleros para impulsar esta estrategia, desde el nivel operativo comunitario, hasta el estratégico y político.

Un consorcio, nuevas estrategias y viejas prácticas

En el 2017 fue creado un consorcio autodenominado “Paz, desarrollo y cultura”. Surge a partir de dos empresas, ambas vinculadas al empresario Pedro Muadi Menéndez —expresidente del Congreso de la República en 2015—, fue investigado por la CICIG y es uno de los principales procesados por los casos de corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina y el Congreso.

Este consorcio tiene una página web desde donde publica información sobre las actividades de la empresa PDHSA —Energía y Renovación SA.[2]

Acuerdos y Soluciones SA (AYSSA) y Fundación y Tecnológica para el Desarrollo de Guatemala (Funtedegua), ambas empresas venden servicios para “solucionar” los problemas sociales adonde quiera que van. Desde el 2015, ambas intentan convertirse en tomadores de decisión por las comunidades. AYSSA intentó instalar un equipo de promotores en una oficina, pero su vínculo con un empresario acusado de corrupción y su intento por acercar a la gente a la hidroeléctrica le valió su salida del territorio.

Funtedegua por su parte, quiso también realizar acciones que respaldaran a los proyectos hidroeléctricos, incluso involucró al obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini en una falsa caravana religiosa en 2016[3], en aquel momento el obispo negó su vínculo con la empresa.  Dos años después, insisten en montar una “mesa de diálogo” en donde sólo tienen participación la empresa, la municipalidad y trabajadores de la empresa. Sin embargo insisten en llevar el “desarrollo” a las comunidades, para esto ya echaron mano del obispo de Huehuetenango.

Con Pedro Muadi preso, la empresa recurrió a la contratación de un equipo multidisciplinario que cumple diversas acciones. Las autoridades comunitarias lograron confirmar que la dirección de la empresa AYSSA y Funtedegua en la ciudad capital, la asumió German Arnoldo Noriega Pérez, exintegrante de la dirección política del entonces Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG, político y analista, funcionario del gobierno de Álvaro Colom, director del Sistema Nacional de Diálogo Permanente SNDP con el sector social.[4]

Con Noriega, dentro del equipo de AYSSA, hay otros ex trabajadores de la inteligencia de la Secretaría de Asuntos Administrativos, de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS) de ese gobierno, gente cercana a Noriega, con quienes trabajó en el Sistema Nacional de Diálogo, algunos exguerrilleros y gente que formaron parte de algunas oenegés de Huehuetenango.

En esta estrategia del Consorcio, la municipalidad de San Mateo Ixtatán juega un papel activo. El alcalde Andrés Alonzo Pascual, —exintegrante de la URNG— y su hermano Mateo Alonzo Pascual, alias “Otoniel” en el EGP, respaldan abiertamente a la empresa hidroeléctrica y están en contra de la población que defiende los ríos. Durante tres periodos en la municipalidad, el alcalde ha facilitado el camino a la empresa, recibió 200 mil quetzales de esta y que uso para sus propios gastos.[5] Una de sus acciones es la de posicionar la falsa idea del diálogo para San Mateo Ixtatán.

Acciones desde la estrategia que este consorcio está impulsando para lograr sus objetivos:

  1. Diálogo con la estructura afín a la empresa

En San Mateo Ixtatán el consorcio dirigido por Arnoldo Noriega financió la creación y el funcionamiento de la asociación Oxlajunh Lajti’ Tzuk’ti’ (13 Democracia, Consenso, Acuerdo), presidida por Mateo Alonzo Pascual, hermano del alcalde municipal Andrés Alonzo Pascual. Esta asociación surge con el propósito de suplantar a las autoridades comunitarias y organizaciones sociales, deslegitimarlas, para posicionarse como un único grupo de representación del pueblo chuj en San Mateo Ixtatán “ajeno” a la empresa.

En un documento interno de AYSSA y el Consorcio Paz, Desarrollo y Cultura, la empresa ubicó dentro de su estrategia de trabajo qué funciones deberá realizar el nuevo grupo 13 Consenso, Democracia y Desarrollo, dirigido por el hermano del alcalde y el grupo 23 Comunidades dirigido por Santiago Mauricio, este grupo en realidad son 23 personas a quienes la municipalidad les permite suplantar sellos comunitarios.

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Su presencia busca obstaculizar cualquier posibilidad de resolución del problema social generado por la empresa PDHSA, ahora Energía y Renovación y cerrar cualquier espacio en el que el Estado u otras instancias nacionales o internacionales dialoguen con las autoridades comunitarias en oposición a la empresa. Esta asociación se está promoviendo como la única interlocutora de San Mateo Ixtatán ante las instancias gubernamentales, medios de comunicación corporativos, con las entidades financieras internacionales.

Se sabe que esta asociación es un instrumento de la empresa para confundir y confrontar a las comunidades, porque está integrada por algunos exintegrantes de la comisión de la Consulta comunitaria de Buena Fe realizada en el 2009, como el señor Ambrosio Santizo, cuyo hermano le vendió a la empresa PDHSA una propiedad o terreno en la cabecera municipal de San Mateo Ixtatán en donde instalarían la subestación de interconexión.

Lo irregular de esta venta, es que en San Mateo Ixtatán la tierra es propiedad comunal y nadie puede desmembrarla y venderla. Por aparte su coordinador general, Mateo Alonzo, tiene fuertes vínculos con el gobierno municipal y la empresa.

De acuerdo con el documento interno del Consorcio, estos consideran como una fortaleza el apoyo de la municipalidad, la relación con el Estado y sector empresarial. Al mismo tiempo consideran una amenaza a las autoridades ancestrales y comunales, al Gobierno Ancestral Plurinacional, al Consejo de Pueblos Mayas (CPO), a las organizaciones como el Frente Nacional de Lucha (FNL), y plantean como estrategia aislar a quienes ellos definen como “líderes negativos”.[6]

Algunos operadores locales y regionales de las hidroeléctricas son exguerrilleros

Ironías de la vida. En Jacaltenango, Huehuetenango, por ejemplo, Antonio Ros Montejo “Tono Ros” quien aparece como coordinador regional de la empresa AYSSA, fue excombatiente de la guerrilla del EGP durante la guerra, también formó parte de la Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH), de la cual se retiró hace ya varios años.

Ros Montejo ha intensificado una campaña de desinformación en contra del Consejo de Pueblos Wuxhtaj y del Gobierno Ancestral Plurinacional en el norte de Huehuetenango. Intenta organizar un grupo de personas con el objetivo de cuestionar la participación del pueblo poptí’ en el Gobierno Plurinacional y de respaldo a la empresa Energía y Renovación.

En el grupo organizado por la empresa AYSSA se pueden ubicar a otras personas que han trabajado en instancias que trabajan en “beneficio de los pueblos indígenas” como Rudy Ortíz, Carlos Mendoza, Francisco Domingo, Bartolo Sebastián Camposeco y Bartolo López Baltazar. Este último fue Director Departamental de Educación de Huehuetenango en DIGEPSA-MINEDUC. También Romaldo Mauro Montejo Díaz, trabajador de FODIGUA y expresidente de junta directiva poptí de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG). En redes sociales se difundió en el mes de enero una denuncia pública sobre la vinculación de estos personajes con la hidroeléctrica.[7]

El Consorcio también se ha acercado a varios sectores de la sociedad huehueteca, vinculados en su momento al Partido Patriota (PP). Se presentan, eso sí, como actores comunitarios que buscan el “diálogo y beneficios conjuntos”.

Algunos de ellos han trabajado temas de seguridad e inteligencia con el Estado, como el abogado Jorge Pablo Versluys Hipp, quien fue miembro del EGP y de la seguridad de la comandancia general de la URNG, en específico de Rolando Morán. Son personas contratadas para “tratar” la conflictividad en el ámbito penal y trabajar con las comunidades impartiendo talleres sobre las “ventajas de las hidroeléctricas, el uso del agua y el manejo del sistema ecológico”. Incluso realizan protocolos de seguridad para el manejo de las crisis apoyados por estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas (ECP) de la Usac, que realizan el ejercicio profesional supervisado (EPS), o el trabajo de tesis, previo a que se les confiera el título correspondiente.

Versluys Hipp, asumió como una de las caras visibles de la empresa, es quién tienen la comunicación directa con el destacamento militar y la comisaria 43 de la PNC, instalados dentro del terreno de la hidroeléctrica. En 2016, fue director superior del área de dirección de recursos humanos del Ministerio de Gobernación de ahí salto a la microrregión de Yich K’isis.

La institucionalidad al servicio de las empresas

Las empresas de Pedro Muadi, no son las únicas haciendo este tipo de trabajo en el territorio norte de Huehuetenango. Rokael Cardona Recinos es fundador de una oenegé llamada Poder para todos (PPT) desde la cual asesora a distintas personas en el municipio de San Mateo Ixtatán y el resto del departamento de Huehuetenango. Su asesoría se vincula al beneficio de la empresa hidroeléctrica y a la corporación municipal. Cardona estuvo al frente de la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD) hasta el mes de septiembre de 2017, cuando fue destituido por el presidente Jimmy Morales nombrando en su lugar a Sergio Alejandro Flores Cruz.

Cardona además estuvo vinculado a la construcción del Corredor Interoceánico, un mega negocio que se vino abajo al final del gobierno de Otto Pérez Molina. Fue durante ese gobierno que constituyó su oenegé. En Huehuetenango sigue teniendo presencia a partir de su vinculación con el modelo de las Mancomunidades a través de la Universidad Rafael Landívar (URL) y forma parte de otra empresa vinculada con militares y familiares de estos, la Oficina de Enlace y Negocios para América Latina (Odepal).[8]

La hidroeléctrica también articula sus esfuerzos con los gobernadores de turno, diputados del departamento, Byron Herrera delegado de la COPREDEH, Erick Villatoro auxiliar de la PDH y el comandante de Quinta Brigada de Infantería “Mariscal Gregorio Solares” de ese departamento.

Herrera ha sido quién con más ímpetu solicitó que el gobierno de Jimmy Morales estableciera un Estado de Sitio en San Mateo Ixtatán, sin haberlo logrado.

La desgastada estrategia del diálogo para deslegitimar a la oposición

El Consorcio de empresas dirigido por Arnoldo Noriega buscó legitimar a los grupos cercanos a la empresa Energía y Renovación – PDHSA como el único espacio de diálogo para “resolver” el problema provocado por las hidroeléctricas. Para eso han estado convocando, cabildeando y organizando distintas reuniones y encuentros en Huehuetenango y en la ciudad capital. En uno de los documentos institucionales del Consorcio se ubica al obispo de Huehuetenango, monseñor Álvaro Ramazzini, como uno de los actores que dan su respaldo al espacio promovido por la empresa, al que ellos mismos autonombraron “Diálogo”.[9]

El 17 de noviembre de 2017, Mateo Alonzo Pascual, hermano del alcalde de San Mateo Ixtatán, y coordinador del autodenominado grupo 13 Consenso, Democracia, Desarrollo, realizaron una conferencia de prensa en el Hotel Panamerican en la zona 1 de la capital. Estas personas se agruparon alrededor de la figura del espacio “Diálogo” promovido por la empresa.

Es como si la selección nacional de futbol de Inglaterra, jugara un partido de clasificación al mundial, pero no hay otro equipo contendiente, sino solamente sus propios titulares y suplentes.

Como funciona “Diálogo” se constituyó a partir del Consorcio Paz, Desarrollo y Cultura, creado por las empresas AYSSA y Funtedegua. También participa la empresa Energía y Renovación SA (PDHSA), propietaria de las tres hidroeléctricas en Yich K’isis, el Consejo Municipal de San Mateo Ixtatán, el alcalde, el obispo monseñor Álvaro Ramazzini y el grupo dirigido por el hermano del alcalde municipal, llamado 13 Consenso. A este grupo adhirieron a supuestos representantes de 23 comunidades de una de las microrregiones de San Mateo Ixtatán, una agrupación de reciente creación.[10]

Las contradicciones

El 16 de noviembre 2017, la delegación de la empresa Energía y Renovación SA se reunió con el viceministro de Gobernación, Axel Romero, para darle seguimiento a las reuniones que respaldan al “diálogo” promovido por Arnoldo Noriega.[11]

Quienes asistieron a la reunión con el viceministro, son las mismas que en enero de 2017, solicitaron al entonces gobernador departamental, Hiram Martínez, la declaración de un Estado de Sitio en todo el municipio de San Mateo Ixtatán, luego que la seguridad de la empresa Energía y Renovación SA disparara en contra de los comunitarios al finalizar una manifestación pacífica, asesinando a don Sebastián Alonzo Juan, de 72 años de edad. La Muerte Regresa A Yichkisis

Axel Romero en su cuenta de twitter informó públicamente de su participación en la “Mesa de Diálogo”. En la reunión estuvieron todos los actores afines a la empresa hidroeléctrica.[12] No participan, obviamente, las autoridades comunales de la microrregión de Yich K’isis, tampoco las demás regiones del municipio, ni las autoridades ancestrales del Gobierno Plurinacional.

El Mingob, a las 14:26 horas del 16 de noviembre, confirmó la participación del viceministro Axel Romero en la mesa de diálogo para resolver la problemática en el municipio de San Mateo Ixtatán.

Al realizar el requerimiento de información pública al Mingob para tener acceso a los acuerdos alcanzados, la agenda y el listado de personas participantes  en dicha mesa de diálogo, que el viceministro acompaña, la unidad de información pública del ministerio notificó que el viceministro Axel Rojas confirma que asistió solamente como invitado, para desarrollar un tema relacionado a la prevención del delito y la seguridad. En resumen, no existe tal mesa de diálogo.

“(…)1. Que en el contexto de conflicto de ingobernabilidad del Municipio de San Mateo Ixtatán, el cual tuvo una escalada por la instalación de un proyecto hidroeléctrico en la aldea Ixquisis en el municipio en mención, la entidad privada Consorcio por la Paz Desarrollo y Cultura, propició un acercamiento entre las partes en conflicto que se mostraron dispuestas al diálogo y negociación para el desarrollo del Municipio con la participación de la Empresa Productos y Desarrollo Hídrico, S.A.; la Corporación Municipal de San Mateo Ixtatán; las 23 comunidades del área de influencia del proyecto hidroeléctrico, así como la Asociación 13 Democracia , Consenso y Desarrollo. Espacio de diálogo se reúne periódicamente desde el mes de agosto del año 2017 e invitan a funcionarios de gobierno dependiendo del tema y agenda que abordará la mesa en cada reunión de diálogo. 2. En la reunión del 25 de enero a la que el solicitante hace mención, fui invitado por el Consorcio en mención a participar en mi calidad de viceministro, ya que se iba a tocar el tema de la prevención de la violencia y el delito y hacer algunos planteamientos para el área, razón por la cual participe en calidad de invitado. Por todo lo anterior expuesto, a este vicedespacho no le es posible entregar la información requerida, dado que no se cuenta con ella; ya que por acuerdo de las partes en la mesa, toda la información referente al proceso en mención, la tiene la entidad Consorcio por la Paz Desarrollo y Cultura quien coordina y facilita el proceso.”[13]

Tal parece que las empresas dirigidas por Arnoldo Noriega implementan una estrategia de falso diálogo, queriendo hacer ver que hay una participación legítima del pueblo chuj y q’anjoba’l  de San Mateo Ixtatán. Para esto el Consorcio se hace valer de personas particulares que no ostentan un cargo comunitario o por lo menos no cuentan con el respaldo de la comunidad a la que afirman pertenecer o representar, cuando el Consorcio los muestra dentro de ese espacio al que llaman “Diálogo”.

Una nueva reunión de la empresa se realizó del 23 al 25 de enero 2018. La anunciaron como diálogo. Participó el viceministro Axel Romero. La última mesa la trabajaron el 9 de marzo del 2018.

Frente a las acciones legales que la resistencia pacífica en la microrregión de Yich K’isis realizó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con tres amparos que podría suspender toda actividad de la empresa, Noriega y el Consorcio aceleraron en noviembre la firma de un “Acuerdo” que llevará la paz y el desarrollo a esa región del país.

El 8 de noviembre, tiraron la casa por la ventana, en un lujoso hotel de Huehuetenango lanzaron la firma, en el acto estuvo presente el nuncio apostólico Nicola Thevenin, el obispo de Huehuetenango Ramazzini al centro de la mesa principal, Harald Klein embajador de Alemania y un grupo de autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán y de la autoridad indígena de Sololá.

En conclusión, el acuerdo se firmó entre la empresa hidroeléctrica, la municipalidad de San Mateo Ixtatán y toda la estructura montada para validar el falso diálogo, una firma entre los mismos de la foto.

En el acuerdo se habla de promover la paz y el desarrollo para San Mateo Ixtatán, sin la participación del pueblo chuj, akateko, poptí, mestizo y q’anjob’al afectados por la instalación de los proyectos de hidroeléctricas.

  1. Incidencia en medios de comunicación y periodistas

Como parte de la estrategia mediática, este consorcio creó la página Actualidad Huehuetenango, con el objeto de generar “noticias” favorables a las tres hidroeléctricas de la empresa Energía y Renovación SA (PDHSA) y otros proyectos extractivos en Huehuetenango. Desde este sitio lanzan contenidos que deslegitiman el ejercicio libre de las consultas comunitarias, por ejemplo, o el derecho legítimo de la movilización de las comunidades. Por lo general sus publicaciones son anónimas.

Los operadores del Consorcio permanentemente tienen reuniones con algunos medios de comunicación de la cabecera departamental de Huehuetenango. Inciden informando sobre el funcionamiento de las hidroeléctricas y tratando de obtener respaldo desde el trabajo de algunos periodistas y medios, justificando el apoyo económico a través de pautas radiales, televisivas y en redes sociales.

Realizan mapeos y dan seguimiento a todas las actividades de las organizaciones sociales. En algunos casos se ha determinado que ciertos reporteros de medios locales y nacionales son utilizados para informar sobre los procesos en materia de defensa del territorio y derechos humanos que se llevan a cabo en la ciudad. Esta información, la sistematizan y la proporcionan a las empresas.

Para lo mediático, contrataron a una empresa española, fue en mayo del 2017, que la transnacional de la comunicación llegó a Huehuetenango para reunirse con los periodistas locales y directivos de los medios de comunicación. Durante varios encuentros y reuniones, María René Monje se presentó como representante de la empresa ATREVIA. Esta es una empresa transnacional con sede en España, pero que tiene oficinas en distintos países del continente americano y que abrió sus oficinas en 2016 para Guatemala.

Con la llegada de ATREVIA a Huehuetenango, la empresa PDHSA comenzó a tener una mayor presencia en los medios locales, redes sociales y medios a nivel nacional. Coincidentemente, fue a partir de mayo de 2017, con AYSSA y Funtedegua, que se incrementaron los perfiles falsos en twitter  y Facebook que respaldan a la hidroeléctrica y atacan a varias autoridades comunitarias opuestas a estos proyectos.

Desde Yich K’isis, son trasladados los trabajadores y operadores de PDHSA hacia Huehuetenango para realizar conferencias de prensa o reuniones en varios hoteles, lo mismo ocurre hacia la ciudad capital, incluyendo una agenda de reuniones en programas radiales, canales de televisión y conferencias de prensa.

La misma estrategia usó la empresa CINCO M con el proyecto hidroeléctrico San Luis, en Santa Eulalia, utilizando a la corporación municipal en 2015 como operadores de la empresa.

En lo mediático dieron un nuevo giro, ahora con el capital de la familia Mata Castillo, principales dueños de la empresas como Pepsi Cola y otras, los medios corporativos escritos del país como El Periódico y Prensa Libre, dedican editoriales, portadas y sendos artículos sobre la microrregión de Yich K’isis, la Franja Transversal del Norte y la “conflictividad” que no permite el avance de las hidroeléctricas.

En sus escritos se replica la versión de la hidroeléctrica sobre lo que ocurre en la microrregión, se criminaliza la movilización de la resistencia pacífica y a sus principales autoridades. De esa cuenta le dedicaron especial cobertura al acto de la firma del acuerdo entre la municipalidad de San Mateo Ixtatán y la hidroeléctrica el pasado 8 de noviembre y en escritos sin firmar atacan directamente a Rigoberto Juárez Mateo, autoridad ancestral q’anjob’al, a Julio Gómez  Lucas autoridad comunal chuj y a Lucas Ordóñez Pablo  presidente de la microrregión de Yich K’isis en resistencia pacifica.

En un doble discurso mediático, por un lado afirman atacar la corrupción e impunidad en el país y por el otro lo respaldan cuando de hidroeléctricas se trata.

[1] José Guillermo Mata Monteros aparece como representante legal de la empresa Energía y Renovación SA, hijo de uno de los doce millonarios de Guatemala, nos referimos a Carlos Enrique Mata Castillo. Lo que explica el porqué de la presión del sector empresarial organizado en el CACIF y los medios corporativos de comunicación. El norte de Huehuetenango se debate entre inversiones millonarias, violencia y el discurso del odio. CMI-G. 10 de abril 2016. https://cmiguate.org/el-norte-de-huehuetenango-se-debate-entre-inversiones-millonarias-violencia-y-el-discurso-del-odio/

[2] https://www.huewebtenango.com/

[3] FUNTEDEGUA. Carta a Álvaro Ramazzinni, obispo de Huehuetenango. Sábado 29 de octubre de 2016.

[4] El Observador. Defensa de territorios frente a la nueva acumulación capitalista: una lucha por la vida. Carmen Reina. Diciembre 2009. http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/ElObservadorNos2223febrero%202010.pdf

[5] Huehuetenango: “recibí Q200 mil de parte de la empresa hidroeléctrica”. Prensa Comunitaria. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rG9TZdvLE6o

[6] Documento de la estrategia del Consorcio Paz, Desarrollo y  Cultura. De las empresas AYSSA y Funtedegua.

[7] Voces de los pueblos indígenas en Guatemala. 6 de enero 2018. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1821980824531217&id=381359348593379

[8] Equipo de Análisis. Nueva Comisión para el Diálogo vinculada a militares. 25 de septiembre de 2016. https://cmiguate.org/nueva-comision-para-el-dialogo-vinculada-a-militares/

[9] Documento del Consorcio Paz, Desarrollo y  Cultura. De las empresas AYSSA y Funtedegua.

[10] Soy502. Roberto Cubilla. San Mateo Ixtatán llama al diálogo para terminar conflicto en el área. 17 de noviembre 2017. http://www.soy502.com/articulo/san-mateo-ixtatan-llama-al-dialogo-terminar-conflicto-area-31313

[11] Axel Romero G. Cuenta de twitter. @axelromg https://twitter.com/axelromg/status/931320967179264000

[12] Ibídem.

[13] Ministerio de Gobernación, Unidad de Información Pública.


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Norma Sancir, periodista comunitaria narra la experiencia que vivió cuando hacía una cobertura durante una manifestación pacífica, organizada por grupos campesinos e indígenas Chorti´ en el puente Jupilingo. Ahí fue detenida arbitrariamente por más de 10 agentes de la Policía Nacional Civil que, sin mediar palabra, la sacaron a empujones y maltratos por la montaña, de manera que no hubiera testigos del agravio que recibía.

Las peripecias vividas por Norma, desde que es llevada a una subestación de la policía, fue trasladada al menos a tres lugares antes de dar su primera declaración ante un juez, hasta que por fin recobró su libertad. Esto es algo que nunca olvidará.

En América Latina la población organizada ha sido sujeta de persecución penal, encarcelamiento y criminalización por reclamar sus derechos humanos más elementales. La libertad de expresión también ha sido limitada, especialmente para quienes documentan y cubren hechos que tocan los intereses de sectores de poder.

Este proyecto es una colaboración entre la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala – UDEFEGUA y Prensa Comunitaria.

 


Fotografía Quimy De León

 

Publicado en desInformemonos en México.

“…que no quede ninguno vivo”

Pedro García Arrendo es culpable”… con estas palabras hace un año exactamente, en la ciudad de Guatemala, en sala mayor de la Corte Suprema de Justicia el Tribunal de Mayor Riesgo B, frente a una multitud de personas de distintos pueblos del país, escuchamos la sentencia por la masacre cometida por el Estado de Guatemala en 1980. El nerviosismo lleno por completo la sala de audiencias, esta sentencia llegó dos años después de la sentencia por Genocidio en contra del pueblo Ixil contra del general José Efraín Ríos Montt en 2013.

La jueza y presidenta del Tribunal, inició por la tarde de ese histórico lunes 19 de enero, llegó el momento de la lectura del documento final, el resumen de la sentencia, haciendo uso de la palabra, y con el silencio de la multitud en la sala, abrió la audiencia a las 5 y 23 minutos de la tarde, treinta cinco años después de la masacre en la Embajada de España en 1980.

La jueza Sara Griselda Yoc Yoc de manera sencilla, sin leer un lenguaje técnico jurídico trasladó el análisis del tribunal para argumentar el porqué de su sentencia, en el caso de la “Toma y Quema de la Embajada de España” ocurrida el 31 de enero del 80.

El jefe del Comando Seis, teniente coronel Pedro García Arredondo fue condenado a 90 años de presión inconmutables, 40 años por cometer Delitos Contra Deberes de Humanidad en concurso ideal, delitos de Asesinato en Grado de Tentativa en concurso real contra el Embajador de España Dr. Máximo Cajal y López y el campesino Maya Gregorio Yujá Xoná, y el asesinato de 37 personas dentro de la Embajada de España el 31 de enero de 1980.

Cientos de personas esperaban con atención que la jueza con sus palabras llegara finalmente a la parte condenatoria, pasaron tan solo pocos minutos, que se convirtieron en largas horas de espera para quienes ahí presenciábamos la lectura, finalmente pocos minutos más tarde ocurrió, sus palabras rompieron la espera de décadas: “Pedro García Arrendo es culpable.”

Los corazones comenzaron a latir con fuerza, la respiración de cientos de personas ahí presentes en esa sala se hicieron profundas, muchas lágrimas rodaron por los rostros arados por el tiempo, hombres y mujeres maya Ixil y K’iché presenciaban como la justicia en Guatemala comenzaba a saldar la deuda enorme que aún tienen con su pueblo, varios hombres y mujeres Ixiles, hijos de quienes murieron calcinados adentro de esa embajada volvían a recordar con insistencia el reclamo de justicia, ese reclamo que los llevo a sobrevivir y a luchar 35 años ante los tribunales nacionales.

El tribunal continuo con la lectura de la sentencia, impone la condena de 50 años más de prisión inconmutables; por el asesinato de los estudiantes universitarios Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España Valle cometidos posteriormente el 2 de febrero de 1980, dos días después de la quema de la embajada.

“… estamos totalmente convencidas de la responsabilidad del señor Pedro García Arredondo como autor de los hechos que se han explicado.”

“…esta sentencia viene a ser esa agua que apaga ese incendio de esa búsqueda de justicia que han tenido los familiares de las víctimas que han tenido todo este tiempo y lo esperamos que este acto justo que hoy se dicta sea un precedente para que todo funcionario adecue su conducta al marco de la ley, al respeto de los derechos humanos, a la vida y dignidad de las personas.” jueza, Irma Jeannette Valdés.

Pedro García Arredondo es un militar que dirigió con mano dura el temido “Comando Seis” de la Policía Nacional –PN- durante la dictadura del general Fernando Romeo Lucas García (1980-1982), junto a su hermano Manuel Benedicto Lucas García quien era Jefe del Estado Mayor del Ejército, desde su comandancia se dirigió la más atroz estrategia contrainsurgente en contra del pueblo guatemalteco, miles de jóvenes, estudiantes, obreros, militantes revolucionarios, académicos, maestros, religiosos, la dictadura y el empresariado no diferencia edades, etnias, la violencia del Estado golpeo con fuerza, la más sanguinaria de toda América.

“Un testigo escuchó decir de la policía “que no quede ninguno vivo”.  Contrario a lo que se supone la policía llegó con la orden de matar al grupo de campesinos, así que quemaron la sede de la Embajada y asesinaron a 37 personas, dos lograron sobrevivir; el embajador Máximo Cajal y López quien logró escapar por sus propios medios y el campesino Gregorio Yujá que fue llevado al hospital privado “Herrera Llerandi”, estando ahí fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y después lo asesinaron. Su cuerpo fue lanzado en el Campus central de la Universidad de San Carlos.”, la universidad nacional.1

García Arrendo cumplirá 72 años de edad, de esos, lleva 3 años en la cárcel por delitos de lesa humanidad, es el único oficial de alto rango que fue condenado por la masacre de los 37 indígenas del Quiché y los estudiantes universitarios dentro de la embajada, los cuadros operativos de la Policía Nacional de menor rango, y los elementos del ejército ahí presentes ese 31 de enero del 80, así como Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor permanecen aún sin ser juzgados, Romeo Lucas al frente de la dictadura de ese entonces falleció en el 2006 viviendo un supuesto exilio en Venezuela.2

La historia de Benedicto Lucas será distinta, fue detenido en enero del 2016 junto a 18 altos mandos del ejército, está en prisión preventiva, acusado por delitos de lesa humanidad por la detención y desaparición más grande de América, 558 osamentas exhumadas en la zona militar, conocida como #CasoCreompaz o Zona militar número 21 de Cobán, Alta Verapaz.3

No es el único caso, Benedicto Lucas fue ligado a otro proceso, por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, y por la detención y tortura de su hermana Emma Molina Theissen ocurridos en 1981.4

Benedicto Lucas al igual que Pedro García Arredondo está enfrentando la justicia, junto a Benedicto están otros 18 altos mandos del ejército, unos con arraigo domiciliario, la mayoría presos en los cuarteles militares y otros aun prófugos de la justicia.

Nuevamente, estamos esperando otras sentencias, continúan los juicios históricos, continua el proceso penal de la Zona militar número 21 de Cobán, la masacre de las Dos Erres en Peten en 1982, el caso Molina Theissen, el caso del Diario Militar, en fin falta mucho aun, pero es el único camino para ir encontrando la paz en Guatemala, y la no repetición de tantas atrocidades.

Con estos procesos nace de nuevo la esperanza.

1 Quimy De León. Toma y quema de la Embajada de España: “que no quede ninguno vivo”. Prensa Comunitaria. 31 de enero 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/31/toma-y-quema-de-la-embajada-de-espana-que-no-quede-ninguno-vivo/

2 El Mundo. Fernando Romeo Lucas García, ex dictador de Guatemala. 31 de mayo 2006. http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/29/obituarios/1148920570.html

3 Nelton Rivera. Caso Creompaz: la cara de la represión y los vínculos con el gobierno. Prensa Comunitaria. 6 de mayo 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/05/06/caso-creompaz-la-cara-de-la-represion-y-los-vinculos-con-el-gobierno/

4 Quimy De León. Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años desaparecido por el ejército de Guatemala. Prensa Comunitaria. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/12/marco-antonio-molina-theissen-un-nino-de-14-anos-desaparecido-por-el-ejercito-de-guatemala/

Fotografía ABC

 

Fotografía Guatevision.

 

Fotografía Noticias de Bomberos en Guatemala.

 

Fotografía Publinews


 

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Quimy De León.

El presidente y comediante Jimmy Morales junto al vicepresidente Jafeth Cabrera y su gabinete, decidieron sorpresivamente este 20 de septiembre suspender las garantías constitucionales como la libertad de expresión, acción y locomoción, además el gobierno podría hacer compras a discreción sin necesidad de cotizaciones o licitaciones. Todo esto bajo el argumento de que por las lluvias la población corría riesgos.

Las críticas no se hicieron esperar y al día siguiente el vicepresidente anunció que sería anulado el decreto gubernamental.

Ellos fueron electos como presidente y vicepresidente en el 2015, y desde el inicio de su gestión han tenido protagonismo político ínfimo, al punto que parecía que gobernaban en el adormecimiento. Todo mundo sabe que carecían de un plan de gobierno y de equipo de trabajo.

¿Qué fue lo que pasó?

El 19 de septiembre Jimmy arremetió contra los medios de comunicación, pues se siente cuestionado, ya que en las últimas semanas había sido motivo de escándalo pues su hijo y hermano están involucrados en el caso de corrupción llamado “Botín Registro de la Propiedad” donde hay más de 17 personas en la cárcel. Jafeth Cabrera también ha sido señalado por nepotismo y crearse una nueva vida de aparente derroche.

También ha sido motivo de críticas su cercanía con militares de dudosa reputación, los intereses empresariales que están expresados en el gobierno, parte de sus funcionarios vienen del gobierno del Partido Patriota y la presencia evidente de los intereses de los Estados Unidos.

Entonces anuncian la suspensión de garantías constitucionales que serían efectivas mediante un Estado de Prevención (decreto 5-2016) con vigencia de 15 días para todo el territorio nacional. El argumento era absurdo y estaba basado en el peligro que las lluvias provocarían en particular en algunas zonas que nunca especificaron, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-.

A todo esto, la población se quedó estupefacta por la medida autoritaria y sin sentido, la pregunta sigue siendo ¿cuál fue el trasfondo para tomar una medida de tremenda magnitud?

¿Cuál ha sido la dinámica para imponer Estados de prevención y de sitio?

En Guatemala implementar Estados de Sitio o de Prevención para limitar las garantías constitucionales ha sido una medida utilizada con la finalidad de controlar y reprimir a la población. Fue una práctica común durante los gobiernos dirigidos por militares en los años de la guerra fría y las dictaduras.

La narrativa violenta a la que hemos asistido en los últimos años en Guatemala han sido de implementación del modelo neoliberal y extractivista, conocido como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2,004) que basa la necesidad de explotar la naturaleza a costa de lo que sea, principalmente del uso de la violencia. Esto ha quedado claro en diferentes lugares donde se han tratado de implementar megaproyectos como los monocultivos para la agroindustria, las hidroeléctricas, la minería a cielo abierto, plantas cementeras, petroleras entre otras.

En estos casos ha habido tres actores fundamentales en tensión: el Estado, las empresas y las comunidades. Aunque también han participado otro tipo de actores no estatales con actividades clandestinas y criminales, que no siempre ha quedado claro su papel.

El papel del Estado en esta etapa ha sido crear las condiciones para la implementación del modelo a beneficio de las grandes empresas, incluso en detrimento de si mismo, de la naturaleza y de la población. Se ha hecho uso de la fuerza pública para reprimir y crear terror a la población organizada que se niega al modelo por considerarlo nocivo. Para lograrlo han llegado al extremo de imponer Estado de sitio y/o de prevención.

Una breve mirada para atrás

La aplicación de medidas represivas como los Estados de Excepción y de Sitio que obvian incluso los marcos legales existentes, les permite actuar con eficacia y rapidez para imponer proyectos de carácter económico. En estos casos el Estado no actúa solo, también participan estructuras paralelas y privadas, relacionadas con las empresas. Algunos ejemplos ocurridos en la historia reciente:

  • 2014 Estado de Sitio en San Juan Sacatepéquez durante el gobierno del Partido Patriota para imponer un proyecto cementero de Cementos Progreso S.A. y la construcción del anillo regional al que la población organizada se oponía.
  • 2013 Estado de Prevención San Rafael Las Flores durante el gobierno del Partido Patriota para beneficiar a la minera San Rafael.
  • 2012 Estado de Sitio en Barillas durante el gobierno del PP para beneficiar una hidroeléctrica española que buscaba imponerse pese a la oposición de más de 300 comunidades.
  • 2011 Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez durante el gobierno de la UNE dirigido por Álvaro Colom a beneficio de la empresa Cementos Progreso que buscaba implantarse en el municipio pese a la oposición de 12 comunidades.

 

En todos los casos la implementación de Estados de Sitio tuvo como objetivos al menos estos tres:

  • Defender los intereses económicos empresariales
  • Profundizar el proyecto militar de control y terror
  • Debilitar, neutralizar y desarticular la organización u oposición al este modelo.

El Estado en estos casos echó mano del ejército, policía nacional civil y policía privada para reprimir directamente. Esto permitió detenciones injustas e ilegales de muchas personas con lo cual se requirió la participación del Ministerio Público y Organismo Judicial. También hubo personas asesinadas y otras perseguidas y reprimidas. Por si fuera poco la población tuvo que vivir durante los Estados de Sitio o prevención persecución, hostigamiento, “listas negras”, división y control comunitario, abuso sexual hacia las mujeres, control físico y psicológico, allanamientos de casas, desplazamiento forzado entre otras.

Además, el sistema de justicia y los tribunales ignoran la responsabilidad del Estado, los  cuerpos de seguridad y paramilitares en los hechos violentos y la arbietrariedad en la aplicación de este tipo de medidas.

 Lo que nos espera

La aplicación del Estados de Prevención que decretó este gobierno es una forma de violencia política que significa censura, represión y control. Ya que se querían permitir el uso de la fuerza para reprimir cualquier forma de manifestación y crítica.

Lo extraño es que hasta este momento del gobierno no ha habido manifestaciones públicas ni oposición abierta desde organizaciones sociales a su gestión. A excepción de las organizaciones territoriales y comunitarias que se mantienen en alerta permanente por el asedio de la industria extractiva y los cobros excesivos de energía eléctrica por mencionar algunas. Lo que si ha habido es cuestionamientos evidentes, críticas e investigación desde algunos medios hacia la gestión débil y la evidente voracidad personal con que inician su gestión y manejan su posición de poder y acceso a recursos.

Parece ser que con este Estado de prevención habían encontrado una salida para resolver su propia crisis, resultado de la incapacidad para llevar la gestión y la opinión pública frente a los señalamientos de corrupción prematura.

Buscaban torpe y autoritariamente fortalecerse mediante el control del orden público, metiendo miedo y logrando evitar la crítica abierta y la investigación hacia los ya evidentes malos manejos.

Dado el ambiente que estamos, no deja de parecer también una medida para hacer negocios sin control, ya que como vimos la aplicación de medidas extremas como los Estados de Prevención siempre hay intereses económicos de fondo.

No deja de llamar la atención el silencio de La Embajada de los Estados Unidos, tan preocupada últimamente por la calidad de nuestra democracia. ¿Estaría enterada de lo que se iba a producir? Quién sabe.

En definitiva, con esta acción podemos empezar a comprender el tipo de régimen que pueden llegar a ser con Jimmy Morales y Jafeth Cabrera al frente y el uso de la violencia que pueden llegar a utilizar.

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Fotografía de Nelton Rivera.

 


Imagínese usted que   un día en su cotidianidad después de compartir el desayuno con su familia y cuando se dirige de la mano de su hija a abrir el negocio que sirve como parte del sustento diario de pronto son abruptamente interceptadas y violentadas por 40 miembros de la temible   y represora policía nacional civil de Guatemala.   Así fue capturada el día 29 de octubre en la comunidad Cruz Blanca la dirigente comunitaria Bárbara Díaz Surin, maya Kaqchikel, de San Juan Sacatepéquez.

¿Por qué la capturaron? Nosotras no podemos decir las razones, pero si podemos explicar a qué obedece esta captura.

Las 12 comunidad Kaqchikeles en resistencia de San Juan Sacatepéquez han desplegado una lucha comunitaria frontal contra la expropiación de territorio ancestral comunitario, han luchado por la vida, el agua, el bosque que ha logrado frenar la imposición de la Cementera San Gabriel –Cementos Progreso. Los costos se traducen en asesinatos, órdenes de captura, privados de libertad, y la imposición de cuerpos paramilitares para el control interno no militar de las comunidades. A partir de la Consulta Comunitaria en julio de 2007 donde 8, 948 personas votaron por la no construcción de la cementera y tan solo 4 personas lo hicieron por el si, se han registrado que a partir de esta fecha se incrementaron los riesgos, ataques, persecuciones e intimidaciones a dirigentes y dirigentas.

El día viernes 24 de octubre mujeres de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez se movilizaron por las calles de la Ciudad de Guatemala, de forma pública, pacífica y no violenta para demandar que se finalice el Estado de Prevención número 6-2014 impuesto desde el 22 de septiembre del año en curso. La marcha denunció el acoso sexual contra niñas y mujeres por parte de miembros de la policía y el ejército. La organización pacífica de las mujeres es una amenaza para el Estado guatemalteco, porque visibiliza la exacerbación de la fuerza brutal, característica de la represión contra insurgente que el actual gobierno ejecuta desde sus   políticas militares en los territorios a nivel nacional.

 No fue una captura cualquiera, ésta se realiza dentro de un Estado de Prevención (que funciona como un Estado de Sitio) y que ha sido prorrogado para avanzar con la construcción del anillo regional metropolitano, en un marco legal militar que garantiza la no oposición de las comunidades.

¿Quién es doña Bárbara Díaz Surin?

Es una mujer como varias de las mujeres guatemaltecas, que sueña ver crecer a sus hijas e hijos dentro de un mundo justo, sin violencia, sin contaminación y sin militarización; sueña con que los niños tengan la posibilidad de jugar libremente y que vayan a la escuela sin ser interrogados por los soldados en los caminos y que se frene el proceso de empobrecimiento. Bárbara es madre, ha sido dirigenta comunitaria, activamente aporta a la organización y lucha por la defensa de los territorios. Con su trabajo y su vida cotidiana ha dado ejemplo de la dignidad de miles de mujeres trabajadoras comprometidas con las luchas comunitarias por la defensa de vida.

La noche del 30 de octubre, el juez del juzgado de turno en Mixco la ligó a proceso por asesinato y dictó la siguiente audiencia para la fecha 5 de enero de 2015.

Ante esto nos hacemos las siguiente preguntas ¿Qué mensaje quiere dar el gobierno cuando captura a una mujer kaq’chikel de una comunidad organizada contra proyectos extractivos? ¿Quién asumió el día de ayer y hoy el cuidado de la familia? ¿Quién asume el aporte económico diario que sustenta a la familia de Bárbara? ¿Qué efectos emocionales se han producido en los niños al ver a su madre capturada? ¿Qué respuesta militar espera la sociedad guatemalteca que de el presidente a los hijos de los y las presos políticos?

San José Costa Rica 31 de octubre.

 

Comité de liberación de Bárbara Díaz Surin.

Comité internacional de solidaridad con San Juan Sacatepéquez.

Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, Jalapa.

 

 


Por Nelton Rivera.

Más de 355 kilómetros son necesarios recorrer desde el kilómetro 0 en la capital de Guatemala para llegar hasta el municipio de Santa Eulalia en Huehuetenango, son como ocho horas de camino.

La carretera Interamericana CA-1 es la que nos lleva hasta este lugar, para ello se pasa entre otros poblados por San Lucas Sacatepéquez, Chimaltenango después empezamos a conducirnos hacia el altiplano para disfrutar de las montañas, esas montañas que son las mejores compañeras de camino. Unas horas después llegamos a la cabecera departamental de Huehuetenango como punto intermedio, finalmente subiremos la Sierra de los Cuchumatanes y luego conducirnos a uno de sus puntos más altos en territorio Q´anjob´al: Santa Eulalia.

Santa Eulalia es conocida por sus habitantes como Jolom Konob’ significa “Cabeza de Pueblo”, así llama el pueblo maya Q’anjob’al a su municipio, uno de los diez que forman parte del territorio norte de Huehuetenango.  El frío y la neblina normalmente son intensos desde el ascenso de la Sierra, luego se sigue la ruta para pasar por Paquix, Todos Santos, a veces es imposible ver centímetro alguno de las piedras de Capt’zin, luego San  Juan Ixcoy y San Pedro Soloma durante 3 horas de camino hasta llegar.

Compartir e intercambiar ideas

La presentación del libro “Dinámicas del despojo y resistencia en Guatemala“  fue realizada el día miércoles 16 de abril,  en el salón de la Escuela Parroquial “Santa Eulalia”, es en esta escuela en donde Daniel Pedro Mateo realizaría parte de sus estudios y es en este lugar en donde el Gobierno Plurinacional Q´anjob´al, Chuj, Akateco, Popti y mestizo decidieron realizar las actividades conmemorativas a un año del asesinato de Daniel “Maya”, como lo llaman con cariño y respeto en toda la región.

“Daniel nos enseñó a luchar y vamos a seguir luchando, 365 días después de la muerte de Daniel nuestras naciones ya trascendieron en su lucha. Hoy ya nos denominamos naciones, como antiguamente se denominaban nuestros pueblos. Daniel fue uno de los impulsores de esta iniciativa de constituirnos como naciones. Daniel siempre soñó que nuestros pueblos tuvieran sus propias autoridades, y hoy nos denominamos como gobierno Plurinacional. Hoy nos vamos a reunir para trascender más…” Rigoberto Juárez.

La voz de Rigoberto no solo se escuchó en el salón, también fue transmitida por la Radio comunitaria Snub Jolom Konob’ “La voz de la cabeza del pueblo”, la radio se encargó de transmitir en vivo la presentación del libro, también estuvieron presentes las autoridades y representantes de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Poptí y mestizo que forman parte del Gobierno Plurinacional, cada una y uno de ellos tomo la palabra.

En el salón parroquial desde las 8 de la mañana varias marimbas hicieron escuchar sus sones: “Alma Norteña”, “Maderas de mi tierra” y “Pixan Konob”. Para quienes aún no conocen Santa Eulalia tiene una larga tradición de músicos, en su parque central hay un monumento a la marimba, porque Santa Eulalia se considera como la cuna en donde nació está.

El libro “Dinámicas del despojo y la resistencia en Guatemala” se dedicó a Daniel Pedro Mateo y fue entregado como un homenaje a su familia, Reina luchadora social y su compañera de vida recibió el libro, sus hijas Magdalena, Victoria, Patricia Daniela y Ana Lucinda la acompañaron en esta actividad de homenaje a la vida y lucha de su padre.

La actividad central fue un foro en el que tuvimos la oportunidad como equipo de investigación “Colibrí Zurdo” y Prensa Comunitaria para socializar la experiencia del trabajo, en la mesa principal que compartimos junto a las autoridades del gobierno Plurinacional y varios artistas quienes el 7 de abril realizaron una serie de pinturas en homenaje a Daniel “Maya”.

Pudimos conversar brevemente sobre los tres casos contenidos dentro de esta investigación: San Juan Sacatepéquez y las Doce comunidades maya Kaqchikel, El Valle del Polochic y las comunidades maya Q’eqchí y Barillas y las comunidades maya Q’anjob’al y mestizas en defensa del territorio.

Luego llegó el momento de cada representante del gobierno Plurinacional, hombres y mujeres de varias naciones quienes tomaron la palabra y se dirigieron a unas trescientas personas que se encontraban en el salón y varios miles más quienes nos escucharon a través de la Radio comunitaria, la Radio Snub Jolom Konob.

“Ésta es una oportunidad para seguir profundizando sobre la realidad que viven nuestros pueblos, todos aquí estamos convencidos que lo que está pasando ahora no son políticas gubernamentales solamente, estamos enfrentando una nueva colonización, es un nuevo despojo como el que vivimos desde hace más de 500 años. Vimos la necesidad de articularnos de acuerdo a nuestras formas de organización ancestral de acuerdo a nuestra libre determinación, estamos recuperando la hermandad entre nosotros como pueblos.” Francisco Mateo Morales. 

Al finalizar, en la escuela nos esperaba el recado de trigo con pollo, tamalitos de maíz y café, mientras el frío continuó cayendo sobre el municipio, la neblina este día se hizo sentir desde el amanecer hasta anochecer.

Ésta fue la cuarta presentación del libro, iniciamos en San Juan Sacatepéquez, Cobán Alta Verapaz, en la ciudad de Guatemala y en Santa Eulalia, aún nos queda camino por recorrer, la palabra para nosotras y nosotros tiene peso, tiene valor, la palabra hablada, la palabra escrita, todas esas palabras hechas testimonios que decenas de personas nos han confiado para que se haga eco de lo que viven, éste es el eco que tratamos de hacer.

Cada visita nos permite retroalimentar, comprender y fortalecer nuestros vínculos con las raíces de los pueblos y de las personas, con su historia y realidad, llevamos con nosotros las preocupaciones, rabias, esperanzas y sus sonrisas.

Para descargar el libro, hágalo aquí: “Dinámicas del despojo y resistencia en Guatemala”