Guatemala Comunitaria

Fotografía Francisco Simón

 

El 30 de agosto 2017 representantes y autoridades comunitarias en Pojom, San Mateo Ixtatán realizaron una manifestación pacífica hacia la región de YichKisis, ahí se encuentra la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos SA. (PDHSA) en la finca Ixquisis, también está un destacamento militar y un campamento de antimotines de la PNC custodiando a la empresa.

Los comunitarios entregaron un memorial al jefe del destacamento militar y otro al oficial encargado de la PNC en los terrenos de la empresa, en el memorial nuevamente les solicitan que se retiren de la empresa, la población no quiere continuar militarizada, y rechazan el uso de los recursos públicos para dar seguridad estatal a una empresa.

La movilización terminó de manera pacífica y la población se retiró del lugar, en ese momento varios incendios comenzaron a provocarse dentro del área del  taller de la empresa a un costado de la carretera comunitaria, los agentes de la PNC que atendieron a la población tuvieron información de este hecho.

Minutos después, la empresa anunciaba la quema de maquinaria, la versión de la empresa se colocó inmediatamente en varios medios de comunicación empresariales y Javier Zepeda del CACIF  lo anunció como un acto terrorista.[1]

Para los comunitarios este tipo de acciones de la empresa no son nada nuevo, organizar la quema de la maquinaria sabiendo que habría una manifestación y la publicación de un listado de personas acusadas de este hecho buscan provocar órdenes de aprensión o el Estado de Sitio que tanto ha pedido la empresa en el territorio.

La conflictividad social generada en Ixquisís ha atravesado diversos momentos en la historia reciente. En primer lugar, el primer punto de divergencia de la presencia de la hidroeléctrica en la comunidad se constató con el resultado de la consulta comunitaria. A pesar del resultado negativo de la consulta realizada en 2009, una observación generalizada de los testimonios de las comunidades evidencia que la empresa ha utilizado la estrategia de comprar voluntades y dividir a la población. La intención de la empresa ha sido respaldada con la implementación de diversas formas de violencia, ejercida tanto de forma estatal a través de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala, como de actores locales, específicamente, ex comisionados militares que conviven con los comunitarios en el lugar.

El Estado de Guatemala ha apoyado la inversión de la hidroeléctrica, movilizando a la fuerza de seguridad pública para proteger sus intereses comerciales. Por otra parte se han emitido órdenes de captura que afectan de forma directa a las personas que se oponen a la hidroeléctrica. Incluso, según declaraciones de los comunitarios, el alcalde de San Mateo ha contribuido a la división comunitaria mediante la distribución de dinero en efectivo, comprometiendo a quienes lo acepten a apoyar el proyecto hidroeléctrico.

El pasado 30 de agosto, se registraron “disturbios” en Ixquisís y se incendió una parte de la maquinaria de la empresa. Los responsables de dichos incidentes no han sido identificados, sin embargo, han culpado a personas de la comunidad que se encontraban haciendo una manifestación pacífica. Francisco Simón realizó una entrevista a la autoridad regional de la microrregión de Ixquisís, Lucas Jorge, en la que desmienten las acusaciones en contra de los manifestantes.

La hidroeléctrica contrato a dos empresas del empresario Pedro Muadi, AYSSA y Fundetegua, además de una agencia internacional de comunicación con sede en Madrid Españá, llamada ATREVIA que durante los primeros meses del 2017 realizo un fuerte trabajo de acercamiento con la mayoría de los periodistas en Huehuetenango. Muadi fue enviado a juicio el pasado 1 de agosto 2017 por corrupción, sindicado del desvió de fondos del Congreso a través de plazas fantasmas.

El 30 de agosto fueron señalados a través de una página web varios comunitarios, que públicamente rechazan a la empresa, uno de ellos es Lucas Jorge, una autoridad comunitaria.

 “Que les cuesta levantar sus maquinarias y retirarse de la región, aquí es evidente que detrás del discurso llamado desarrollo traen otros intereses”.

Relato de Lucas Jorge.

Toda la gente de nuestra región nos reunimos a las 9:00 de la mañana en el salón de usos múltiples en la microrregión de Ixquisis, se elaboró un acta regional por las ocho comunidades que conforman la microrregión, y posteriormente se hizo una manifestación pacífica. Se suscribieron en el acta varias peticiones y demandas, dentro de las que están el retiro de la Empresa, del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC), porque creemos y consideramos que ellos (el Ejército y la policía) están en el predio de la empresa. Manifestamos en el acta el retiro de estos actores porque están invadiendo nuestro territorio sin el conocimiento ni el consentimiento de la microrregión de Ixquisís, y del municipio de San Mateo Ixtatán en general.

Exigimos el retiro total porque ellos provocan problemas, no respetaron nuestra consulta comunitaria de buena fe hecha en el año 2009, la firma de la paz ni el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre el derecho de los pueblos indígenas a ser escuchados y respetados con base en sus normas y tradiciones en defensa del territorio. La obligación del Ejército y de la Policía Nacional Civil es cuidar al Estado de Guatemala, y no a las Empresas Transnacionales. No puede entrar ningún invasor en nuestro territorio pero se está viendo que el Ejército y la policía están a favor de la empresa. Razón por la cual suscribimos en el acta el retiro inmediato porque no consideramos oportunas sus presencias en nuestra región.

Nosotros hicimos una manifestación pacífica en el puente, sobre la Franja Transversal del Norte,  justo en el crucero que conecta al municipio de San Mateo Ixtatán, Nentón y Playa Grande Ixcán. Ahí estuvimos desde la 11:00 de la mañana y nos retiramos a las 6:00 de la tarde. No hicimos nada de escándalo, la manifestación fue pacífica, estuvimos ahí bloqueando la carretera.

Elementos de la Policía Nacional Civil llegaron con nosotros y nos dijeron “les ofrecemos nuestro apoyo y nuestra ayuda si ustedes están haciendo una manifestación pacífica”, así nos dijeron. Además nos dejaron su número de teléfono “si pasa algo con ustedes y nos llaman y estaremos para apoyarlos”, recalcó la PNC.

Nosotros no hicimos nada malo pero la seguridad privada de la empresa, siempre ellos son los que hacen sus escándalos, intimidándonos. Ellos quemaron las máquinas en el destacamento, pero dijimos al oficial de PNC: “señores, ahí donde está el campamento de la empresa, la seguridad privada está quemando. Están echando fuego, si pasa algo nosotros no somos los culpables, miren dónde estamos haciendo nuestra manifestación. Así le dijimos al elemento de la PNC. Ellos dijeron que sí, que era cierto; la empresa a través de su seguridad privada, hacía sus estrategias para justificar el crimen organizado en la región, pero realmente incriminan a las comunidades. Los agentes de la seguridad privada de la empresa fueron los que hicieron quemazones ahí en el campamento, pero nosotros nunca nos movimos al campamento de la empresa, pero elementos de la PNC llegaron y nos dijeron: “aquí donde ustedes están, están bien, y hagan su manifestación pacífica, llegamos en nuestras casas, en nuestras comunidades, cada quien llegó sin novedad y no hubo escándalo durante nuestra manifestación”.

Ustedes elaboraron un acta con una serie de peticiones, ese documento que ustedes elaboraron, ¿fue firmado por elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército?

Sí, firmaron ellos.

¿Cuál fue la postura de ellos cuando ustedes se acercaron al destacamento militar y a la subestación de la policía? ¿Qué les dijeron cuando se presentaron con el documento?

El Ejército dijo que sí, dijeron que no tenían nada que ver en el problema. Resaltaron que todo ciudadano guatemalteco tiene derecho a manifestar. Afirmaron que la empresa es la que viene a provocar problemas aquí en la región. Los elementos de la PNC llegaron ahí donde estábamos manifestando.  Cuando pasamos primero con la PNC, no firmaron el documento, ya después llegaron con nosotros y sí lo firmaron.

El Ejército y la PNC mencionaron que estaban de acuerdo con nuestra manifestación y dijeron que todos tenemos derecho a una manifestación pacífica. Cuando estábamos en el bloqueo de la carretera cerca del puente, la PNC nos dijo que no estábamos haciendo nada malo.

De parte de la seguridad privada de la empresa hicieron disparos para dispersar a la población cuando estaban en la manifestación.

Sí, si siempre se escucharon los disparos, porque casi estamos cerca del campamento de la empresa, como a 900 metros o 1000 metros, allí estaba la seguridad. Nosotros no nos corrimos porque sabemos que no estábamos haciendo actos delictivos ni delincuenciales. Se escuchaban disparos y le dijimos al elementos de la PNC si había algo que pasaba aquí, si muere algunos de nuestros compañeros así como pasó cuando hicimos la manifestación el 17 de enero 2017, hubo manifestación pacífica, siempre la PNC apoya a la empresa, cuando murió el compañero nuestro, el señor Sebastián Alonzo Juan, nunca llegó la PNC a apoyarnos. Por eso tenemos desconfianza con ustedes, así le dijimos a la PNC. Entonces la PNC dijo no, ahora sí cuentan con nuestro apoyo, ustedes son pacíficos y no están haciendo nada mal. Así nos dijo la PNC con nosotros. Yo ocupo el cargo de Presidente Regional de segundo nivel.

Ustedes en algún momento obligaron a los comunitarios a manifestar, o fue por voluntad propia.

Fue voluntad de los comunitarios.

Se escucha que algunos obligaron a los comunitarios a manifestar, e incluso cobraron una cantidad de Q300 si no asistían a la manifestación. ¿Es cierto que se dieron esas amenazas?

En ningún momento obligamos a los comunitarios, y eso de cobrar Q300 si no asistían a la manifestación es totalmente falso. La presencia de todos en la manifestación fue voluntaria, porque ellos se sienten invadidos por la empresa; sobre el desvío de ríos, porque según dicen los compañeros y vecinos de las comunidades que conforma la región que van a quedar sin agua y son los que van a ser afectados directamente por la empresa. Se van a quedar sin río y el cien por ciento de la población de esta región depende de los ríos Pojom, Negro y Yalwitz, de esos dependen la mayor parte del cultivo.

Los de las aldeas Yuch´en Frontera y Concepción manifestaron que continuamos con la manifestación y no queremos que desvíen y comercialicen nuestros ríos. La empresa ha puesto postes ya cableados como una estrategia para justificar y disfrazar el desarrollo, para convencer a los comunidades a fines de sus intereses, que les cuesta levantar sus maquinarias y retirarse de la región, aquí es evidente que detrás del discurso llamado desarrollo traen otros intereses. Nosotros nos hemos dado cuenta que lo que prometen a las comunidades son engaños y mentiras.

El domingo pasado, a eso de las 8:00 de la mañana, los comunitarios que conforma la microrregión hicieron una reunión para planificar la manifestación en contra de la empresa. Ellos concluyeron que estaban dispuestos a manifestar en contra de la empresa, en la reunión concluyeron que tienen el total derecho para manifestar sin intervención de las autoridades. Nosotros, las autoridades regionales, no les podemos limitar y decir que no lo hagan porque son los que tienen la decisión para manifestar, y tomaron decisiones. Nadie les obligó para hacer la manifestación, sino que fue por voluntad propia.

¿Cuál es la postura que tienen como comunitarios?, ¿van a seguir manifestando, o van a buscar otras medidas? ¿Qué planes tienen en relación con la empresa que está operando en esta región con el apoyo del Ejército y de la Policía Nacional Civil? ¿Ustedes van a insistir siempre en el retiro de la empresa, del Ejército y de la PNC o van a buscar espacios de diálogo con ellos? ¿Ustedes están dispuestos a dialogar o qué es lo que ustedes plantean como región?

La gente toma la decisión y es avalada por todas las comunidades que sí van a seguir manifestando porque el diálogo… ya no hay dialogo, ellos (la empresa) hubieran pensando desde un principio. Ya hubo amenazas, denuncias en contra de los líderes, persecuciones, órdenes de captura y asesinatos y todavía quieren hacer un diálogo. Diálogo ya no, ya no cedemos espacios a los diálogos, y son los que ponen los criterios sobre la mesa. No más diálogo porque ellos no respetan el derecho sobre el territorio, está violando la ley, como que no somos nada. Estamos viviendo como en los años 81 y 82, en el tiempo del conflicto armado: el Ejército y la Policía ya no deberían estar en las comunidades ni en la microrregión de Ixquisís. Si la microrregión de Yalanwitz quiere al Ejército, a la PNC y a la empresa, mejor que llevan ellos a la empresa ahí a la microrregión de Yalanwitz. Si están necesitados de la empresa, mejor que lo lleven ahí a su región, pero no a la microrregión de Ixquisís porque llegan directamente a imponer sus intereses. En la microrregión de Ixquisís nunca se hizo una plática, nunca se avaló sobre la empresa sino que ellos llegaron directamente y operan en nuestro territorio sin dar el conocimiento a las comunidades y al municipio en general. Por eso se hizo una consulta comunitaria de buena fe, en el año 2009, en la que el 99 por ciento de la población a nivel microrregional y municipal dijo NO  a la minera, No a las Hidroeléctricas en el territorio Chuj a cielo abierto. Pero ellos nunca respetan esas decisiones comunitarias y el alcalde municipal Andrés Alonzo Pascual Alonzo Alonzo, él es el que convocó que se hiciera esa consulta pero no la respetó. Está violando esa decisión y está bien vinculado con la empresa, para vender al pueblo y a las comunidades, es una violación y una discriminación hacia los pueblos que está haciendo el señor alcalde municipal.

A la manifestación llegaron comunitarios de las distintas aldeas de la región como también autoridades auxiliares, representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), también había niños, mujeres y personas de la tercera edad manifestando su rechazo a la empresa en la región. Llegaron alrededor de mil personas a la manifestación.

La imposición de un proyecto hidroeléctrico

Ixquisís es una microrregión ubicada en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. El municipio de San Mateo tiene una población total de 43 mil habitantes, según la estimación del INE. La microrregión de Ixquisís está conformada por ocho comunidades: Bella Linda, Ixquisís, Nueva Concepción, Platanar, Yulchén Frontera, Nuevo San Mateo, San Andrés, y Primavera. La población de la microrregión es de entre 4 mil y 5 mil habitantes. La empresa Proyectos de Desarrollo Hídrico, S.A. (PDHSA) pretende en la actualidad desarrollar varios proyectos hidroeléctricos en la región en el río Pojom, cuya cuenca es de 813 km2. En la actualidad, los ríos que convergen al río Pojom, así como el río Pojom, no tienen un monitoreo de parte del Insivumeh. La construcción de la hidroeléctrica afecta directamente a las comunidades de la microrregión de Ixquisís y a la comunidad de Pojom, ubicada en la ribera del río homónimo.

La microrregión de Ixquisís está ubicada al norte de Huehuetenango, y limita al norte con la frontera con México. La región es habitada en su mayoría por población maya chuj y q’anjob’al. El lugar sorprende por la gran cantidad de fuentes y nacimientos de agua, lo que le da a la región una belleza particular. Los comunitarios están conscientes de este atractivo: “esa es la belleza de esta microrregión y esta vista se va a quitar si la empresa continúa”, afirmó el representante de Ixquisís.

La conflictividad social en Ixquisís

En la aldea de Pojom en San Mateo Ixtatán están ocurriendo muchas hechos violentos desde que la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) inició sus actividades. Como en otros lugares del norte de Huehuetenango, los medios corporativos representan a pueblos completos y sus problemáticas y demandas de una manera tergiversada.

Para comprender mejor lo que ha ocurrido en los últimos años en esta comunidad, Francisco Simón Francisco ha entrevistado a autoridades y a vecinos, ha consultado documentos y ha reconstruido el proceso para quienes leen Prensa Comunitaria y les interesa comprender la compleja realidad que vive el país.

En el primero de los cuatro reportajes sobre la realidad que se vive en comunidad de Pojom, desde sus protagonistas, vimos cómo fue la consulta comunitaria. En este segundo, vamos a ver cómo fue la llegda de la empresa PDHSA a la comunidad caso que presenta a la aldea Pojom y muestra cómo se realizó la Consulta Comunitaria y como todo el mundo actuaba de forma conjunta. San Mateo Ixtatán: Pojom, la historia de una agresión – Segunda entrega

La finca Ixquisís donde está instalada la empresa PDH, S.A. es una finca que tiene problemas respecto a la adquisición de los territorios. Y dentro del territorio donde está instalada la empresa, también está instalado un destacamento militar y una estación de la PNC. La seguridad estatal está al servicio de los intereses privados empresariales.

[1] Guatevision. CACIF califica de acto terrorista ataque a hidroeléctrica Ixquisis. Ligia Herrera. 31 de agosto 2017. http://www.guatevision.com/2017/08/31/cacif-califica-acto-terrorista-ataque-hidroelectrica-ixquisis/


Fotografía Quimy De León

 

Publicado en desInformemonos en México.

“…que no quede ninguno vivo”

Pedro García Arrendo es culpable”… con estas palabras hace un año exactamente, en la ciudad de Guatemala, en sala mayor de la Corte Suprema de Justicia el Tribunal de Mayor Riesgo B, frente a una multitud de personas de distintos pueblos del país, escuchamos la sentencia por la masacre cometida por el Estado de Guatemala en 1980. El nerviosismo lleno por completo la sala de audiencias, esta sentencia llegó dos años después de la sentencia por Genocidio en contra del pueblo Ixil contra del general José Efraín Ríos Montt en 2013.

La jueza y presidenta del Tribunal, inició por la tarde de ese histórico lunes 19 de enero, llegó el momento de la lectura del documento final, el resumen de la sentencia, haciendo uso de la palabra, y con el silencio de la multitud en la sala, abrió la audiencia a las 5 y 23 minutos de la tarde, treinta cinco años después de la masacre en la Embajada de España en 1980.

La jueza Sara Griselda Yoc Yoc de manera sencilla, sin leer un lenguaje técnico jurídico trasladó el análisis del tribunal para argumentar el porqué de su sentencia, en el caso de la “Toma y Quema de la Embajada de España” ocurrida el 31 de enero del 80.

El jefe del Comando Seis, teniente coronel Pedro García Arredondo fue condenado a 90 años de presión inconmutables, 40 años por cometer Delitos Contra Deberes de Humanidad en concurso ideal, delitos de Asesinato en Grado de Tentativa en concurso real contra el Embajador de España Dr. Máximo Cajal y López y el campesino Maya Gregorio Yujá Xoná, y el asesinato de 37 personas dentro de la Embajada de España el 31 de enero de 1980.

Cientos de personas esperaban con atención que la jueza con sus palabras llegara finalmente a la parte condenatoria, pasaron tan solo pocos minutos, que se convirtieron en largas horas de espera para quienes ahí presenciábamos la lectura, finalmente pocos minutos más tarde ocurrió, sus palabras rompieron la espera de décadas: “Pedro García Arrendo es culpable.”

Los corazones comenzaron a latir con fuerza, la respiración de cientos de personas ahí presentes en esa sala se hicieron profundas, muchas lágrimas rodaron por los rostros arados por el tiempo, hombres y mujeres maya Ixil y K’iché presenciaban como la justicia en Guatemala comenzaba a saldar la deuda enorme que aún tienen con su pueblo, varios hombres y mujeres Ixiles, hijos de quienes murieron calcinados adentro de esa embajada volvían a recordar con insistencia el reclamo de justicia, ese reclamo que los llevo a sobrevivir y a luchar 35 años ante los tribunales nacionales.

El tribunal continuo con la lectura de la sentencia, impone la condena de 50 años más de prisión inconmutables; por el asesinato de los estudiantes universitarios Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España Valle cometidos posteriormente el 2 de febrero de 1980, dos días después de la quema de la embajada.

“… estamos totalmente convencidas de la responsabilidad del señor Pedro García Arredondo como autor de los hechos que se han explicado.”

“…esta sentencia viene a ser esa agua que apaga ese incendio de esa búsqueda de justicia que han tenido los familiares de las víctimas que han tenido todo este tiempo y lo esperamos que este acto justo que hoy se dicta sea un precedente para que todo funcionario adecue su conducta al marco de la ley, al respeto de los derechos humanos, a la vida y dignidad de las personas.” jueza, Irma Jeannette Valdés.

Pedro García Arredondo es un militar que dirigió con mano dura el temido “Comando Seis” de la Policía Nacional –PN- durante la dictadura del general Fernando Romeo Lucas García (1980-1982), junto a su hermano Manuel Benedicto Lucas García quien era Jefe del Estado Mayor del Ejército, desde su comandancia se dirigió la más atroz estrategia contrainsurgente en contra del pueblo guatemalteco, miles de jóvenes, estudiantes, obreros, militantes revolucionarios, académicos, maestros, religiosos, la dictadura y el empresariado no diferencia edades, etnias, la violencia del Estado golpeo con fuerza, la más sanguinaria de toda América.

“Un testigo escuchó decir de la policía “que no quede ninguno vivo”.  Contrario a lo que se supone la policía llegó con la orden de matar al grupo de campesinos, así que quemaron la sede de la Embajada y asesinaron a 37 personas, dos lograron sobrevivir; el embajador Máximo Cajal y López quien logró escapar por sus propios medios y el campesino Gregorio Yujá que fue llevado al hospital privado “Herrera Llerandi”, estando ahí fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y después lo asesinaron. Su cuerpo fue lanzado en el Campus central de la Universidad de San Carlos.”, la universidad nacional.1

García Arrendo cumplirá 72 años de edad, de esos, lleva 3 años en la cárcel por delitos de lesa humanidad, es el único oficial de alto rango que fue condenado por la masacre de los 37 indígenas del Quiché y los estudiantes universitarios dentro de la embajada, los cuadros operativos de la Policía Nacional de menor rango, y los elementos del ejército ahí presentes ese 31 de enero del 80, así como Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor permanecen aún sin ser juzgados, Romeo Lucas al frente de la dictadura de ese entonces falleció en el 2006 viviendo un supuesto exilio en Venezuela.2

La historia de Benedicto Lucas será distinta, fue detenido en enero del 2016 junto a 18 altos mandos del ejército, está en prisión preventiva, acusado por delitos de lesa humanidad por la detención y desaparición más grande de América, 558 osamentas exhumadas en la zona militar, conocida como #CasoCreompaz o Zona militar número 21 de Cobán, Alta Verapaz.3

No es el único caso, Benedicto Lucas fue ligado a otro proceso, por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, y por la detención y tortura de su hermana Emma Molina Theissen ocurridos en 1981.4

Benedicto Lucas al igual que Pedro García Arredondo está enfrentando la justicia, junto a Benedicto están otros 18 altos mandos del ejército, unos con arraigo domiciliario, la mayoría presos en los cuarteles militares y otros aun prófugos de la justicia.

Nuevamente, estamos esperando otras sentencias, continúan los juicios históricos, continua el proceso penal de la Zona militar número 21 de Cobán, la masacre de las Dos Erres en Peten en 1982, el caso Molina Theissen, el caso del Diario Militar, en fin falta mucho aun, pero es el único camino para ir encontrando la paz en Guatemala, y la no repetición de tantas atrocidades.

Con estos procesos nace de nuevo la esperanza.

1 Quimy De León. Toma y quema de la Embajada de España: “que no quede ninguno vivo”. Prensa Comunitaria. 31 de enero 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/31/toma-y-quema-de-la-embajada-de-espana-que-no-quede-ninguno-vivo/

2 El Mundo. Fernando Romeo Lucas García, ex dictador de Guatemala. 31 de mayo 2006. http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/29/obituarios/1148920570.html

3 Nelton Rivera. Caso Creompaz: la cara de la represión y los vínculos con el gobierno. Prensa Comunitaria. 6 de mayo 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/05/06/caso-creompaz-la-cara-de-la-represion-y-los-vinculos-con-el-gobierno/

4 Quimy De León. Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años desaparecido por el ejército de Guatemala. Prensa Comunitaria. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/12/marco-antonio-molina-theissen-un-nino-de-14-anos-desaparecido-por-el-ejercito-de-guatemala/

Fotografía ABC

 

Fotografía Guatevision.

 

Fotografía Noticias de Bomberos en Guatemala.

 

Fotografía Publinews


Por Nelton Rivera, Quimy De Leon y Gaspar Nicolás.

 

La persecución penal en contra de las autoridades comunitarias y ancestrales no cesa en Guatemala, nuevamente fue detenido otra autoridad por una orden de aprensión que continuaba vigente. Domingo Francisco Cristóbal Francisco es una autoridad maya Q’anjob’al y líder comunitario, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- a eso de las 12: 25 del día miércoles 26 de octubre 2016 recién concluida la manifestación convocada por Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- en Huehuetenango de donde venía, ya que él forma parte de esta organización en el área norte.

 

Es padre de diez hijos e hijas y tiene 64 años, es agricultor, tiene un amplio trabajo comunitario, fue miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo – COCODE – en su comunidad y actualmente tiene el cargo de Asesor del Comité Protector del Medio Ambiente, es miembro del Gobierno Ancestral Local Jolom Konob’. Además es presidente de la organización Pro justicia en el municipio de Santa Eulalia.

 

A don Domingo se le acuso injustamente de varios delitos graves como “Plagio o Secuestro”, e instigación a delinquir, la acusación la realizaron trabajadores del Centro de Atención de Justicia CAJ de Santa Eulalia, los jueces, fiscales del MP, trabajadores del OJ, del Bufete Popular y administrativos, lo más relevante de este caso es que el Tribunal de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios resolvió que esta acusación no tenía sustento jurídico y que se apartó el Ministerio Publico de toda objetividad en la investigación, una de las resoluciones de la jueza fue confirmar que estas acusaciones solamente sirven para criminalizar a las autoridades comunitarias y que los supuestos agraviados solo mintieron en el tribunal. “Sí creo en su inocencia” 

Por esta misma causa penal ya fueron juzgados y absueltos siete autoridades comunitarias este año, pero la orden de aprensión contra otras personas siguió abierta a pesar de varios recursos presentados por el equipo de abogados que conocen esta proceso penal, a criterio del abogado Benito Morales Laynes estas ordenes de aprensión son completamente ilegales, el juez de turno y un fiscal del Ministerio Público en la capital violentó el debido proceso en el mes de abril del 2015 al emitirlas, el juez Victor Herrea Ríos no podia conocer este caso porque un juzgado en Huehuetenango ya lo estaba haciendo.

 

La detención

 

Domingo después de la manifestación se encontraba en uno de los comedores el mercado municipal donde pasaron a almorzar.  Según testigos llegaron a llamarle y le apartaron de las mujeres del grupo que le acompañaba. Quienes no lograron ver si le mostraron algún documento u orden de detención, solo le hablaron y lo subieron al vehículo particular. Él había pasado a almorzar en un comedor del municipio de Chiantla y al salir lo estaban esperando los agentes de la DEIC.

 

 

Al parecer ya existía una orden de detención en su contra en donde se le acusa de instigación a delinquir, plagio o secuestro según Causa No. 10915, fechado 25-03-2015, emanado del Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia departamento de Huehuetenango, firmada por el abogado Otto Felipe Vásquez Vásquez Juez de primera Instancia del Municipio de Santa Eulalia.

 

Por la noche fue escuchado por un juez y luego trasladado a Huehuetenango, se sabe que durante la madrugada iba a ser trasladado a la ciudad capital, a primera hora del jueves 27 de octubre fue trasladado a la Torre de Tribunales en la ciudad capital, lo subieron al nivel 14, en la secretaria del Juzgado de Mayor Riesgo A presidido por la juez Claudette Domínguez, el juzgado no lo escucho en su 1ª. Declaración y la programaron dentro de una semana, don Domingo a medio día fue trasladado al Centro Preventivo para hombres de la zona 18, ahí permanecerá mientras la jueza lo llama a audiencia.

 

¿Quién es don Domingo Fracisco?

 

Es originario del Caserío Yula’ Is, Yal Temux (Temux Chiquito), es una autoridad ancestral junto a Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo expreso político por la misma cusa, la defensa del agua.

 

Es un defensor de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, inició con sus labores humanistas desde los 18 años de edad en el año de 1970 fue uno de los promotores de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, junto a varios líderes y autoridades comunitarias más.

 

Don Domingo fue uno de los copromotores de la creación del Centro de Administración de Justicia CAJ en el territorio Q’anjob’al, específicamente en Jolom Konob’ (Santa Eulalia), paradójicamente ahora fue encarcelado por una denuncia de los trabajadores de este centro.

 

Fue copromotor de las organizaciones “Asociación Pro-justicia” y el “Consejo Asesor Indígena” a las cuales pertenece actualmente. Al mismo tiempo es copromotor y participante activo en la reconstitución de las Autoridades Ancestrales de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ a través del Payxail Yajaw Konob’/Gobierno Ancestral Plurinacional.

 

Formo parte del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en el norte de Huehuetenango, fundador del movimiento social por la defensa del territorio que ahora es la representación de las Autoridades Ancestrales de Jolom Konob’ “Payxa Yajawil Jolom Konob’”

 

Copromotor de la Consulta Comunitaria de Buena Fe por el desarrollo de mega-proyectos en el territorio, llevada a cabo el 29 de agosto del año 2006, junto al héroe y mártir Q’anjob’al Daniel Pedro Mateo, conocido con cariño como Daniel Maya.

 

Durante el conflicto armado interno de Guatemala, fue objeto de discriminación y encarcelamiento por sus labores en la defensa de los derechos humanos y del territorio.

 

En el año 1982 rescató el registro civil y los documentos de administración municipal de un incendio, y en varias ocasiones en que el ejército de Guatemala intentó llevárselos, actos que le han dado reconocimiento en el pueblo por su heroísmo y determinación.

Fue el primer concejal municipal en 1982.  Su formación política y social ha sido a través de su trayectoria en las luchas sociales, participación en talleres de formación, sin embargo, a pesar de su grado académico, se ha dedicado a la lectura de numerosos libros, y es pastor evangélico.

 

Fue uno de los fundadores de la Asociación Microrregional “ACODEY” de donde surgió una academia de mecanografía y computación que brinda sus servicios en su comunidad.

 

En resumen estos son cuarenta y seis años de trabajo comunitario, liderazgo y representación de la nación Q’anjob’al que le permitieron ganarse el respeto, confianza y admiración de muchas generaciones.

 


 

La jueza Claudette Domínguez de forma contundente en la sala de audiencias en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, se dirigió a todas las personas en la sala: “nadie es superior a la justicia”.

Estas seis palabras encierran mucho para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes llevan un año con tres meses en prisión. La resolución de la jueza en esta audiencia les demostró todo lo contrario: los operadores de justicia sí están por encima de la justicia.

Personas como Rigoberto Juárez trabajaron por muchos años para que el sistema de justicia guatemalteco reconociera el papel que juega el sistema de justicia indígena, incluso la fundación del Centro de Administración de Justicia (CAJ) para descentralizar y atender de forma directa las necesidades de ocho municipios indígenas en el norte de Huehuetenango fue el resultado de muchos años de trabajo de los pueblos indígenas en el país. Hoy, los mismos operadores de justicia, entre ellos la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), irrespetan y violentan el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y resolución de los conflictos en estos territorios, criminalizándolos y castigándolos por hacerlo.

“Esto sienta un mal precedente para un supuesto modelo democrático de justicia en el país, especialmente para el pueblo maya, suman ya más de 492 años que hemos padecido de esto, eso es sumamente sintomático, los grupos económicos de poder no permiten que hayan reformas a la justicia, menos el reconocimiento del sistema indígena. Nosotros tenemos que llevar este tipo de sufrimientos con tal que nuestra situación se aclare, llevamos 15 meses de estar en prisión sin que el MP tenga pruebas que demuestren que nosotros somos culpables de algún delito”. Rigoberto Juárez.

Luego de cuatro meses de espera, la jueza pudo realizar la audiencia de presentación del acto conclusivo, en la que finalmente estuvieron presentes todos los querellantes. A la fiscalía de Derechos Humanos del MP no le quedó otro camino que presentar su investigación, de esa forma, el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino presentó la acusación por los delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir.

Litigar de forma maliciosa no es una acción exclusiva de los abogados. La fiscalía del MP permitió que los querellantes realizaran una serie de acciones que bloquearon las audiencias, como no presentarse en reiteradas ocasiones, obligando al tribunal a suspender y reprogramar durante cuatro meses la misma audiencia. Con esto evitaron que esta etapa se realizara desde febrero de 2016, retardando el proceso y prolongando el castigo en prisión para las dos autoridades ancestrales.

La jueza resolvió en la tarde del 8 de junio la apertura a juicio oral y público por estos tres delitos. Ahora un tribunal de sentencia deberá conocer este caso con un plazo de 10 días. Específicamente será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A.  Rigoberto Mateo y Domingo Baltazar seguirán en el Preventivo de la Zona 18 mientras dure el juicio. Lo más preocupante es que el MP pretende activar la tercera causa penal contra Rigoberto Juárez.

Elnaño pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció la existencia de 20 denuncias en su contra. De algunas de ellas, no se puede ubicar en qué fiscalía se realizaron. Detrás de todas estas denuncias podrían estar varias empresas con intereses en megaproyectos en Huehuetenango.

Litigio malicioso

La audiencia inició a las 14:00 horas del 8 de junio de 2016. Se realizó en esa fecha debido a que Diego Marcos Pedro, alcalde de Santa Eulalia y querellante en el proceso no se presentó el 19 de mayo, ni tampoco lo hizo su abogado. Una audiencia anterior a la del 19 de mayo también fue reprogramada debido a la ausencia de otro querellante, Pascual Tiu Zapeta, director de CAJ de Santa Eulalia.

Las inasistencias de ambos querellantes en nada incomodan al MP, al contrario pareciera que se alternaron entre ellos para evitar que las audiencias se realizaran. Para los abogados defensores, este comportamiento responde al ejercicio del litigio malicioso de los querellantes, sus abogados y el fiscal.

Iniciada la audiencia a las dos de la tarde, la jueza permitió que las dos autoridades comunitarias se sentaran junto a sus abogados y no dentro de la carceleta, como lo hicieron en las audiencias anteriores. En la sala del tribunal estuvieron sus esposas, Juana Méndez y Juana López Francisco. Desde Santa Eulalia llegaron también varios de sus familiares, observadores de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y la oficina la OACNUDH.

La audiencia duró tres horas. Al terminar quedaban pocas personas en la Torre de Tribunales, un edificio de 15 niveles del cual los pasillos quedan abandonados después de cierta hora, y solo el movimiento en el juzgado de turno da cuenta de lo que sucede durante la noche y madrugada, cuando ingresen más personas detenidas por cualquier delito.

¿Es el MP objetivo en su investigación? 

Maynor Aguilar Bernardino es el fiscal del MP que atiende los procesos en contra de la mayoría de presos políticos de Huehuetenango. Pertenece a la unidad de delitos contra operadores de justicia adscrita a la unidad especial de derechos humanos del MP.

Es un abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 2004[1]. Con el título de profesional, aplicó ese mismo año a la convocatoria de plazas para la carrera judicial[2]. De 2010 a 2012 trabajó en la unidad distrital del departamento de Suchitepéquez[3].

Este fiscal rechazó dos de los tres peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez con el argumento de que hablaban sobre el contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango. Según el fiscal, este tema está fuera de lugar, ya que no explica específicamente los hechos sucedidos en el CAJ el 19 de marzo de 2015. Por otro lado,  rechazó que dos autoridades ancestrales se presentaran durante el juicio oral y púbico para atestiguar y confirmar que Rigoberto Juárez era una autoridad ancestral, y que por lo tanto tiene un papel importante que jugar frente a momentos complicados como los que se viven en esa región.

Aguilar Bernardino rechazó que se incorporara como medio de prueba un documento utilizado por él y la fiscalía del MP como base de sus investigaciones. El documento se titula: Informe Estructura Criminal Conflicto Social Huehuetenango. Mayo 2014. Este fue elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz y entregado por el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro al fiscal Aguilar Bernardino en 2014 y este la introdujo ilegalmente a la fiscalía de Operadores de Justicia del MP.

En este documento se identifican como delincuentes o criminales a los principales líderes comunitarios del territorio norte de Huehuetenango. Entre ellos Rigoberto Juárez, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro; todos están actualmente detenidos mientras que el resto de líderes y lideresas tienen órdenes de aprehensión.

¿Qué objetividad pueden tener las investigaciones del MP, si basa su investigación en documentos elaborados extrajudicialmente por el abogado de una empresa?

Lo curioso es que en esta misma fiscalía del MP, no avanza ninguna de las investigaciones en contra del exalcalde Diego Marcos Pedro y otras personas afines a él por muchos delitos cometidos en los últimos años, específicamente por los hechos ocurridos entre el 19 y 20 de febrero de 2015: un atentado armado, amenazas de muerte, el asesinato de un joven comunitario, el secuestro de una mujer perteneciente al Cocode a quien había amenazado con desnudarla y arrancarle el pelo en medio del parque central, frente a cientos de personas, por oponerse a la hidroeléctrica. Además también se le atribuye el cierre ilegal y violento de la radio comunitaria, y el hecho de que varias personas fueron golpeadas. En fin, se trata de un personaje que, tras un año de haber sido denunciado por delitos graves, se presenta en un tribunal de mayor riesgo en la ciudad capital con total impunidad y en coordinación con el MP.

Fiscal Maynor Aguilar Bernardino.

Otra vez se le niegan los derechos

La jueza en su resolución aceptó la petición del MP de negar varias de las pruebas testimoniales y peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez, pero a solicitud del MP sí acepto a los 26 testigos, todos trabajadores del CAJ: abogados del Bufete Popular, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces del Organismo Judicial y  fiscales del MP, entre otros.

La resolución de la jueza a las cinco de la tarde causó un acalorado debate con el abogado Benito Morales, quien la rechazó a través de un recurso de reposición parcial, por considerar que la jueza estaba afectando de forma directa los derechos de defensa Rigoberto Juárez, al dejar fuera pruebas testimoniales y documentales importantes para probar la tesis de su defensa. Pruebas que sí fueron aceptadas en otra causa penal vinculada a los procesos penales contra los presos políticos de Barillas, en donde también están involucrados varios de los querellantes de esta causa penal.

La discusión entre la jueza y el abogado Morales se agravó cuando él solicitó a la juzgadora que le permitiera a Rigoberto Juárez manifestarse en la audiencia, un derecho que se garantiza para los sindicados, esto por la alusión hecha por el abogado de Diego Marcos Pedro, quien lo señaló de forma directa. La jueza se negó a darle la palabra.

Finalizada esta etapa en este juzgado será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A quien confirme la fecha de apertura a juicio para las dos autoridades ancestrales. Mientras todo esto sucede, deberán seguir en prisión preventiva. La primera semana del mes de julio se abre el juicio oral y público para Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, líderes comentarios de Barillas.

Al final de la tarde, la audiencia terminó. Los agentes del sistema penitenciario trataban apurados de retirar a las dos autoridades ancestrales fuera da la sala y llevarlos al sótano para esperar el traslado al Centro Preventivo de la Zona 18.

Así finalizó un proceso que deja más cuestionamientos sobre la objetividad del fiscal, que certezas para los ciudadanos para creer en el sistema de justicia guatemalteco.

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[1] Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Biblioteca Central – Sección Tesis 5to. Nivel – Item: 4701227184.

[2] Diario de Centro América DCA. MINISTERIO PÚBLICO CONVOCATORIA No. 01-2004 TRIBUNAL DE ONCURSO MINISTERIO PÚBLICO LISTA DE MERITO. Año 2004.

[3] Organismo Judicial. Expediente 108-2010. Sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Rethalhuleu. 6 de octubre 2010.


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Por Nelton Rivera.

“Los militares sabían lo que hicieron, sabían de la existencia de los planes, de todos estos planes que hicieron como estrategia para poder destruir a la población, de antemano lo sabíamos, porque de alguna manera el ejército específicamente Oscar Mejía Víctores desde 1983 siempre lo negó, siempre nos negó a los familiares la existencia de información.

Él nos dijo aquí no es Chile, no es Argentina, no es Perú, no es Bolivia, para tener películas ni mucho menos libros, haciendo referencia a otros documentos desclasificados en Sudamérica. Con esto demostramos los familiares de los detenidos desaparecidos que la verdad que siempre la hemos dicho sobre el señalamiento que los hechores intelectuales y materiales siempre han sido los ellos, los militares.”

El ejército de Guatemala  no ha desclasificado sus archivos militares, durante décadas ha negado la existencia de documentos que detallen las operaciones militares contrainsurgentes de los años de 1960 a 1996 que comprenden 36 años de guerra. Fue en 1997 cuando apareció el Plan de Campaña “Victoria 82”, sustraído de forma clandestina del ejército, este documento los utilizó la Comisión del Esclarecimiento Histórico para la elaboración del informe “Guatemala Nunca Más.”

El plan de Operaciones “Sofía” contiene las comunicaciones internas del ejército durante las operaciones realizadas en la región Ixil en el departamento del Quiche durante los primeros años de la década de los 80.  Como un paso previo para materializar el Plan de Campaña Victoria 82, y el Plan de Campaña “Firmeza 83”. En la ejecución de los mismos estuvieron los oficiales: mayor Arango Barrios y el mayor Otto Pérez Molina.[2]

Los documentos secuestrados por el Tribunal de Mayor Riesgo B en marzo de 2016, 19 años después del aparecimiento de los primeros planes son el Plan de Campaña Firmeza 83- 1, Plan de Campaña Reencuentro Institucional 84, Plan de Campaña Estabilidad 85, Plan de Campaña Consolidación 86,  Plan de Campaña Fortaleza 87, Plan de Campaña Unidad 88, Plan de Campaña Institución 89 y el Plan de Campaña Avance 90.

Para los familiares de las personas detenidas desaparecidas estos documentos pueden dar más elementos para esclarecer la actuación del ejército implicado en delitos de lesa humanidad y Genocidio, información que podría servir para esclarecer la verdad, estos planes comprenden los regímenes del general José Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores y Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Estos planes fueron secuestrados por un juez en Guatemala para incorporarlos dentro de la investigación del Caso Diario Militar, un documento del ejército en el que se documentó la detención y desaparición forzada de 182 guerrilleros de distintas organizaciones entre los años 1983 y 1984.

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La audiencia del caso Diario Militar  

El secuestro se realizó el día 9 de marzo 2016 en una diligencia realizada por el juez del Tribunal de Mayor Riesgo B en las instalaciones del Estado Mayor de la Defensa en la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

Como era de esperarse, el ejército intento que el juez no realizara la diligencia, varios abogados del ejército se presentaron argumentando que los planes eran documentos “secretos”, que de por medio estaba la seguridad nacional, pero finalmente no pudieron retenerlos.

Previo a que el Tribunal de Mayor Riesgo B presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez realizara la audiencia del día 31 de marzo 2016 los querellantes del proceso conocido como Caso del Diario Militar no tenían la seguridad que esta audiencia se realizara.

Finalmente la audiencia comenzó a las 11 de la mañana en la Torre de Tribunales, para Mario Polanco director del Grupo de Apoyo Mutuo GAM esta es una audiencia histórica, por tener a la mano la continuidad de los planes militares que permanecieron ocultos, hasta que el Juez Gálvez realizó el secuestro de ocho planes de campaña del ejército que comprenden el período de 1983 a 1990.

Estos planes fueron incorporados al proceso del Caso Diario Militar “José Miguel Gudiel Álvarez” contra el Estado de Guatemala, en la audiencia estuvo presente el Ministerio Público –MP-, la representación del GAM, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala –FAMDEGUA- y la Asociación Verdad y Justicia AVEJA quienes actúan como querellantes en este caso, la audiencia finalizó a las 5 de la tarde.

Aura Elena Farfán

“Este es un momento histórico, este momento es de gran trascendencia para nosotros como familiares de las personas detenidas desaparecidas, especialmente para las familias de los casos del Diario Militar. Para todos en general, por los más de 45 mil guatemaltecos y guatemaltecas, niños y niñas que años atrás los capturaron y los desaparecieron.

Para mí ha significado una mezcla de sentimientos, de saber de lo que fueron capaz, o de lo que es capaz el ejército de elaborar esos planes para destruir a la población, solo porque creían o pensaban que ellos eran el enemigo interno.  Para mí es bastante significativo y espero que no solo sirva para el caso del Diario Militar sino para todos los procesos por las violaciones que se dio en el Conflicto Armado Interno, específicamente con las masacres con la tierra arrasada en Guatemala.”

Mario Polanco

“hoy es un día histórico porque por fin las asociaciones de víctimas estamos teniendo acceso a la información que el Ministerio de la Defensa de Guatemala había dicho reiteradamente que no existía, que no la tenían, o que había sido destruida. Esperamos analizar la información para trabajar activamente en beneficio de la justicia, en favor de que los violadores de los derechos humanos vayan a prisión, esperamos que aporten información valiosa los documentos, esperaremos a conocer el contenido pero es un paso trascendental la que vivimos hoy.

El caso sigue abierto, estamos querellados dentro del caso Diario Militar, seguiremos recopilando pruebas para poder individualizar las responsabilidades y eventualmente poder emitir ordenes de aprensión.”

 

Para saber más sobre el caso del Diario Militar puede visitar: Guatemala: el Diario Militar una historia de desapariones y muerte 

 

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[1] Entrevista a Aura Elena Farfán directora de la FAMDEGUA. Audiencia presentación de Planes de Campaña militar de 1983 a 1990. Tribunal de Mayor Riesgo B. 31 de marzo 2016.

[2] Albedrio. Plan Sofía y Victoria 82. ¿Prueba o farsa?. Andrea Orozco. 10 de mayo 2010.http://www.albedrio.org/htm/noticias/lh100510.htm

 

 


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La existencia de presos políticos en un país es un claro síntoma de la falta de libertades políticas en la defensa de derechos humanos, de la vida y de los recursos naturales, una situación propia de las dictaduras o de los regímenes no democráticos.

De forma conjunta Prensa Comunitaria, Festivales Solidarios, Tierra Lanuda, Realizadores Tzikin, Raquio Snuq’ Jolom Jonob’ y Grupo de Mujeres Ixchel lanzamos la campaña internacional: “Libertad para los presos políticos en Guatemala”, una campaña que visibiliza y demuestra la persecución y la criminalización contra autoridades indígenas y líderes comunitarios, miembros de resistencias y organizaciones comunitarias en defensa de los derechos humanos, la vida y los recursos naturales.

Esta es una acción de nosotras y nosotros que amamos la vida y lo hacemos desde lo que sabemos hacer, es decir, el periodismo independiente comunitario y alternativo y el arte para tomar conciencia y construir una sociedad antiautoritaria, solidaria e incluyente. Invitamos a todas y todos a sumarse y denunciar estas gravísimas violaciones a los derechos humanos en Guatemala.

Ellos no son delincuentes, son defensores de la vida.

¡Libertad para los que defienden la vida, el agua y los recursos naturales!
¡Libertad para los presos políticos!

#LibertadParaLosPresosPolíticos

Tello VillatoroArturo PabloRigoberto Juárez (2)
Francisco JuanHermitaño LópezDomingo Baltazar

Publicado en Guatemala


Fotografía de Ruth Adriana Tánchez Ixcayà

Fotografía de Ruth Tánchez

“Cuando al fin logro entrar a ver a Chico es una alegría siempre verlo, yo le doy gracias a Dios porque mi esposo está vivo. Nosotros hace unos días cumplimos 55 años de casados. Yo soy feliz porque tengo un esposo amoroso, fuerte y luchador. Él es un buen hombre que no le ha hecho daño a nadie. Chico tiene su carácter, pero ha sabido ser un buen esposo y un buen padre.”

Por Cesia Juárez.

Guadalupe de Juan es esposa de Francisco Juan Pedro (don Chico Palás), él actualmente es preso político del Estado de Guatemala desde el 26 de febrero de 2015, por oponerse a la construcción de varios proyectos hidroeléctricos en su departamento, él es luchador por la defensa del agua, la vida y el territorio.

Doña Lupe, tiene 69 años de edad, nació en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Se casó con don Chico Palás en el año de 1961, con quien procreó 6 hijos, Samuel, Daniel, Abel, Marcia, Keren y Cesia. Junto a don Chico pastorearon varias Iglesia evangélicas en el Norte de Huehuetenango, ambos continuaron sus estudios en Teología en el Seminario Teológico Centro Americano SETECA, en la ciudad Capital. Regresaron a Barillas para continuar su vida pastoral y a su vez colocaron un pequeño negocio de librería.

Doña Lupe es fundadora de la organización de mujeres indígenas de Barillas ASOCIACIÓN YALMOTX, fue presidenta y representante legal. Esta iniciativa surge luego de que viera la necesidad de impulsar un espacio para la gestión de proyectos productivos y de desarrollo integral para cada mujer, puso su interés en las mujeres indígenas de escasos recursos económicos provenientes de las comunidades circunvecinas de Barillas, Huehuetenango. La Asociación sigue activa. En el año 2014, luego de realizarse varios exámenes médicos fue diagnosticada con cáncer terminal de páncreas.

El 26 de febrero de 2015, hace exactamente 1 año, ella se entera de la detención de su esposo, quien había sido acusado por once trabajadores de la empresa española Hidro Santa Cruz que quiere implantarse en el Municipio. Lo acusaron de varios delitos, dentro de ellos el de plagio o secuestro; éste delito no alcanza medida sustitutiva, por lo que el juez que conocía el caso inmediatamente ordenó su prisión preventiva.

-¿Cuál fue su reacción al momento de enterarse de que su esposo había sido detenido?

Antes de empezar quiero agradecerle a Prensa Comunitaria su interés de acercarse a mi persona y agradezco el trabajo que han estado haciendo en apoyo a todos nosotros, informando al mundo de todo lo que está pasando aquí y con ellos (los presos políticos) allá donde están.

Lo primero que hice fue pedirle a Dios calma y fortaleza, yo estaba sola en la casa con mi nieta Fernanda, me puse a orar y a pedirle a Dios que también fortaleciera a su siervo (Chico); me preocupé mucho por él, porque nunca había estado en una cárcel y con todo lo que escuchamos y miramos en las noticias de lo que pasa en las cárceles, la preocupación aumentaba, además él ya es un hombre mayor, pensé muchas cosas, me dio un poco de miedo pensar que lo podían golpear. Pero también pensé en esa gente que lo denunció e imaginé que estaban contentos, porque lograron lo que querían. Y le dije a Dios que los perdonara por este dolor que nos ocasionaron. La gente se enteró de inmediato de lo que estaba pasando, empezaron a llegar a la casa para apoyarnos. Pero inmediatamente sentí cómo las cargas que Chico tenía ahora iban a ser mías.

– ¿Usted imaginó que esto podía pasarle a su esposo?

 

Sí, siempre hablábamos de esto con él. Nosotros sabíamos que esto podía pasar, desde que empezó la persecución política contra él, empezaron a intimidarlo y amenazarlo por su lucha al lado del pueblo. Hace muchos años para callar la lucha de los pueblos, mataban a los líderes, los desaparecían, los torturaban, ahora los criminalizan, los meten a la cárcel, a algunos los han matado, y a otros los torturan psicológicamente. Sí imaginé que esto iba a pasar, pues mi esposo ha sido un buen hombre, un buen líder tanto en la iglesia como en otros espacios. Él sabe perfectamente que este lugar que el Creador nos dio para habitar, lo debemos cuidar, siempre lo ha dicho.

“La naturaleza, se protege, se respeta y se defiende”.

– ¿Quiénes son sus abogados? – ¿Qué nos puede decir sobre el proceso penal en contra de su esposo?

 

Nuestros abogados son del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, los licenciados Edgar Pérez, Francisco Vivar y Santiago Choc. Yo sé que en la parte jurídica estamos en buenas manos. Ellos han demostrado su profesionalismo, y no sólo en este caso de Chico, sino en otros más de gran trascendencia en nuestro país.

Desconozco de leyes, pero me han explicado y lo poco que he podido captar es que el caso de él está viciado, es decir que se han cometido muchas irregularidades en su contra. Sus abogados han hecho varias cosas, han presentado algunos recursos en la Corte de Constitucionalidad, pero parece que la juez no ha querido entrar en razón, con jueces así como ella no se puede garantizar un proceso justo; porque ella se está dejando llevar por las mentiras de la otra parte, especialmente del fiscal del Ministerio Público. Además, han suspendido muchas veces las audiencias, a veces por que la juez se va a recibir clases, otra vez fue cuando ella se fue de vacaciones, o porque se enfermó y otras veces por que los licenciados de la hidroeléctrica no se presentan.

“No es justo que nos tengan de juguete.”

-¿Cómo ha sido su experiencia al momento de entrar a ver don Francisco al Centro Preventivo de la zona 18 y durante la visita?

 

Es de las experiencias más feas y humillantes. Esa gente nos trata hasta por los suelos, es más cuando a uno lo miran con corte, son discriminadores. Nos manosean, a mí en varias ocasiones me dijeron que me aflojara el corte, y que me quitara los zapatos, nos levantan el brasier para ver si no llevamos algo escondido. Hay alimentos que se conservan mejor en lata, pero ahí no los dejan entrar, en el caso de Chico, él siempre necesita de su medicamento y ahí no lo dejan entrar.

A veces tenemos que hacer cola por más de 2 horas, bajo el sol o bajo la lluvia. Llega uno cansado del viaje, porque desde Barillas son 12 horas en bus para la Capital, son 405 kilómetros los que tenemos que viajar. Yo paso a comprar las cositas que el necesita, como por ejemplo su comidita, su jabón para lavar, porque él lava su ropa allá adentro, sus cosas para su higiene personal, y las bolsas pesan. A veces tengo que ir sola y yo ya estoy grande, soy de la tercera edad, además estoy enferma no tengo las mismas fuerzas que alguna vez tuve.

Cuando al fin logro entrar a ver a Chico es una alegría siempre verlo, yo le doy gracias a Dios porque mi esposo está vivo. Nosotros hace unos días cumplimos 55 años de casados. Yo soy feliz porque tengo un esposo amoroso, fuerte y luchador. Él es un buen hombre que no le ha hecho daño a nadie. Chico tiene su carácter, pero ha sabido ser un buen esposo y un buen padre. Lo difícil es cuando uno sale de ese lugar, para mí es triste saber que mi esposo se queda ahí y yo sé que para él es difícil, tal vez más difícil, porque no está en su casa.

-¿Qué ha pasado durante este año que don Chico no está con ustedes aquí afuera? Y por último ¿Qué mensaje quiere compartir con nosotros?

 

Han pasado muchas cosas, dentro de ellas las más difíciles tal vez han sido, tenerle que avisar por teléfono a Chico que dos de sus buenos amigos fallecieron, también la muerte de nuestro sobrino en un trágico accidente para Chico fue muy difícil, porque este patojo cuando era más pequeño siempre lo llevaban a la casa y compartía con nosotros.

Fue la primera navidad que él no está conmigo, me hizo falta ir con mi compañero de vida al servicio a la iglesia el 24 de diciembre de 2015, es cierto; mi hija la más pequeña fue conmigo, pero sinceramente sentimos la ausencia de él. Algo que me dolió mucho, fue ver a mi hija Cesia llorando cuando llegó a la casa y no vio a su papá. Ella salió como su papá, muy fuerte, a veces uno cree que su corazón es bien duro, pero ese momento para ella fue muy difícil, ella ha estado pendiente de él en todos los sentidos y eso me ha dado tranquilidad. Han pasado muchas cosas más, Chico nos hace falta, es indignante saber que vivimos en un país donde la justicia para nosotros los pobres no existe.

Visita de la Premio Nobel 1997 Jody Williams junto a la Premio Nobel Rigoberta Menchu al preventivo de la zona 18. Febrero 2016.

Visita de la Premio Nobel 1997 Jody Williams junto a la Premio Nobel Rigoberta Menchu al preventivo de la zona 18. Febrero 2016.

“Sigamos luchando, no descansemos hasta lograr que mi esposoChico Palás, don Tello esposo de doña Anita, Arturo esposo de Mónica, don Tañito esposo de doña Pricila, Rigo esposo de doña Juana y Domingo esposo de Juana estén LIBRES. Ellos no son criminales, ellos han luchado para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan heredar un lugar digno, puro y limpio para vivir. No destruyamos la naturaleza, hagamos de ella el mejor lugar para todos.”


Fuente: iueuropa.org

 

Por Nelton Rivera.

Marina Albiol Guzmán actualmente es diputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y portavoz de la delegación de la Izquierda Plural[1], ella elevara al Parlamento Europeo una serie de denuncias en contra de empresas europeas asentadas en Guatemala por distintas violaciones cometidas.

“Vamos a denunciar como continúan operando las transnacionales aquí en Guatemala, como continúan saqueando los recursos naturales, como continúan espoleando los recursos naturales, implicadas a esas violaciones a los derechos humanos… también el Estado español tienen una responsabilidad con estas multinacionales porque muchas son de capital europeo y de capital español.”

En octubre del 2014 la diputada al parlamento Europeo cuestiono a la Alta representante y vicepresidenta Ashton en nombre de la comisión por las reiteradas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra el pueblo Maya Q’anjob’al y mestizo de Santa Cruz Barillas en Huehuetenango, violaciones echas por la empresa Ecoener Hidralia Energía de capital español dueña de la empresa Hidro Santa Cruz.[2]

La empresa Hidro Santa Cruz sería una de varias  empresas señaladas ante el Parlamento Europeo, pero existen 27 centrales hidroeléctricas de capital europeo funcionando en Guatemala, más 20 proyectos en estudio de construcción.[3]

La conflictividad social de la empresa española en Barillas ha provocado la existencia de siete presos políticos por la defensa del agua y el territorio actualmente en prisión en Huehuetenango y en el Centro Preventivo para hombres de la zona 18 en la ciudad de Guatemala.

Vea la entrevista aquí:

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Fuente: Canal Antigua.



[1] Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. Marina Albiol. http://iueuropa.org

[2] Respuestas de la Alta representante y vicepresidenta Ashton en nombre de la comisión. Parlamento Europeo. 31 de octubre 2014.

[3] Ibidem.

 


Por Nelton Rivera  -Prensa Comunitaria

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Guatemala: en el mes de septiembre el gobierno y las empresas profundizaron la conflictividad en la región norte del departamento de Huehuetenango, especialmente en el territorio del pueblo Maya Q’anjob’al.  El presidente Otto Pérez Molina insiste en realizar una “Mesa de Diálogo en ese territorio”, espacio conformado por varios ministros de su gobierno -especialmente los de Energía y Minas, Recursos Naturales, Gobernación y Defensa-.  El presidente guatemalteco respalda como un “actor” del diálogo a la empresa española Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz,  pese a todas las violaciones de Derechos Humanos que ha cometido la empresa para avanzar en su fase de instalación. Representantes de los pueblos, y comunidades son claros en rechazar esta propuesta, pues aducen que cualquier espacio de reunión entre gobierno y pueblos no se puede considerar “diálogo”, sencillamente porque no hay condiciones para ello, rechazo que se generaliza con la presencia del empresario de Galicia, Luis Castro Valdivia.

Otros actores buscan tener protagonismo en esta conflictividad, como el obispo de Huehuetenango Álvaro Ramazzinni y el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, convocados como testigos de honor frente a un proceso que arroja más dudas que soluciones.

Varios son los conflictos provocados por empresas nacionales y transnacionales: proyectos de construcción de hidroeléctricas, minería, petróleo, interconexión eléctrica entre otros. Frente al rechazo de los pueblos, estos proyectos aumentan aceleradamente los conflictos en las comunidades, no solo es la española Hidro Santa Cruz en Barillas, sino que muchas más pretenden instalarse en todo el territorio.

Frente a este falso diálogo, son las mujeres las que están jugando un papel importante desde la organización y resistencia comunitaria. Para comprender de mejor manera el papel de las mujeres en los territorios en lucha y Resistencia por la territorio y la vida, realizamos entrevistamos a lideresas de la región.

  • María Guadalupe García Hernández, es mujer Maya Mam, forma parte de la Organización de Mujeres Guatemaltecas Mama Maquín.
  • Alicia López, es representante de la Red de Mujeres Mayas de Aguacatán, Huehuetenango.
  • Blanca Faustina Jiménez Gómez, es parte de la Junta Coordinadora del Movimiento de Mujeres Mayas.
  • Hermelinda Simon Diego, es parte de la Asociación de Mujeres  Akabal de Santa Cruz Barillas.

Todas forman parte del Movimiento de Mujeres Mayas de Huehuetenango, en donde se integran representantes de los nueve pueblos lingüísticos que conviven en este departamento.

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María Guadalupe García

¿Cuál es el análisis y el posicionamiento político que hacen las mujeres mayas del departamento sobre la intencionalidad de una “Mesa de Diálogo” promovida por este gobierno?

Hemos tenido nuestros espacios de análisis y de reflexión como mujeres mayas sobre estas propuestas de las mesas de diálogo. Creo que lo que se planteó, cuando llegó el Presidente Otto Pérez Molina a Barillas, para que se hiciera una mesa de diálogo en Huehuetenango, no ha sido decisión de las comunidades, de los pueblos que están en resistencia y que exigen el respeto a las Consultas Comunitarias.

Por ejemplo, nosotras en análisis y con las representantes de las mujeres de los nueve pueblos mayas en Huehuetenango, decimos NO a las mesas de diálogo, no sólo ahora. Nosotras decimos no rotundamente, porque sabemos que detrás de esas mesas de diálogo lo que quieren lograr es negociar y nosotras hemos dicho como pueblos y como mujeres no a la negociación.

No, porque hemos hecho nuestras consultas comunitarias, por ejemplo: en Barillas en el año 2007 se hizo la consulta comunitaria en el mes de junio, en donde más de 45 mil personas dijeron un NO a la minería y a los mega proyectos. Hemos realizado 28 consultas comunitarias sólo en el departamento de Huehuetenango.

Aparte de las consultas comunitarias de buena fe, hemos declarado territorios libres de licencias de minería y de megaproyectos, el territorio Q’anjob’al, Akateco, Chuj por el norte, el territorio Huista, en el territorio Mam. Hemos tenido ya tres declaraciones.

Nosotras estamos claras como pueblo, que hemos dicho NO. Los que no están claros son las instituciones de gobierno o los gobiernos. Pero nosotras sí tenemos claro que no  negociamos la madre tierra, si no al contrario, la defendemos porque es parte primordial de nuestra vida, ella nos da los alimentos, nos da el agua, nos da el aire, pero además sobre ella se construye nuestra historia, nuestra identidad como pueblos y es por eso que decimos NO.

 ¿Desde la Cosmovisión del pueblo Maya qué es Dialogar?

Como mujeres  y como pueblos tenemos una concepción de la vida en donde nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron que nosotros somos una parte más de la naturaleza, todos los elementos que coexistimos en el planeta todos somos importantes y debemos vivir en armonía y en equilibrio con ella. Eso es lo que nosotros estamos de mandando y construyendo en los territorios en donde vivimos, ésa es la voz de las mujeres mayas en Huehuetenango.

Dialogar por ejemplo es lo que han mostrado nuestras consultas comunitarias, pero siempre y cuando se toma en cuenta de verdad el sentir. Dialogar es ponernos de acuerdo, es que todos y todas lleguemos a consenso, pero que nadie nos imponga.

En este caso, ¿quién tomo la decisión?, ¿será que el pueblo dijo que sí queremos dialogar, queremos implementar una mesa de dialogo?, ¿será que los pueblos dijeron quiénes van a estar, quienes no van a estar y cuantos van a estar?.

Ellos (gobiernos y empresas) dicen… cuando y donde. Ellos imponen  y no toman en cuenta lo que realmente dice la población.

En cambio desde la cosmovisión maya, el diálogo es información transparente, es el análisis, la discusión, la reflexión y es el consenso. En donde todos y todas, podemos expresar libremente lo que sentimos, lo que pensamos y por esa razón hemos hecho las consultas comunitarias.

 ¿Qué son las Consultas Comunitarias desde los pueblos originarios?

Las consultas comunitarias son una práctica desde nuestros ancestros para tomar decisiones. Son ellas quienes dieron apertura a la participación de las mujeres, son los que dieron apertura a la participación de la juventud y de la participación de la niñez, como un ejercicio de su participación.

En realidad, por eso nosotros valoramos esas prácticas ancestrales, pero también no sólo son prácticas ancestrales, si no que están respaldadas en la Constitución Política, en las leyes de Descentralización, en Código Municipal, en el Convenio 169, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas,  está el derecho a la consulta. Hay que consultar y hay que informar.

Pero entonces ellos también se quieren apropiar de la palabra diálogo, pero un diálogo impuesto, eso es lo que nosotros no queremos. “Nosotros decimos la madre tierra no esta en venta, no se puede negociar, porque la madre tierra es la vida.”

 ¿Qué se defiende con las Consultas Comunitarias?

No sólo es la vida de los pueblos, estamos luchando por la vida de todos y todas que coexistimos en este planeta, humanidad, animales, plantas, por la biodiversidad. La biodiversidad mantiene el equilibrio de la vida, si ésta se destruye, automáticamente estamos destruyendo la vida de la humanidad.

Por eso decimos desde la cosmovisión de nuestro pueblo que solamente somos una parte más de la naturaleza y la humanidad no está en el centro, si no que solo somos una parte más. Por esa razón tenemos que vivir en armonía, en equilibrio. Por eso nuestros pueblos han vivido miles y miles de años. Pero si nos ponemos a pensar, el “desarrollo” que ellos han planteado, ha entrado en choque con esta armonía y con este equilibrio, por eso ellos muchas veces convencen a la población con este discurso de supuesto desarrollo. ¿Pero qué es el desarrollo? ¿para quién es el desarrollo? Un desarrollo que lo quieren a costo de la humanidad y a costo de la madre tierra.

Por eso, con toda claridad nosotras rechazamos estos planes. Creo que fue muy clara la posición el día de hoy 19 de septiembre, que no queremos diálogo porque generan conflicto, división, masacres de las comunidades.

Estamos claros que nuestra lucha tiene que seguir, para defender el territorio que es nuestro. El territorio que nuestros abuelos y abuelas lo han mantenido, así como nosotros ahora estamos luchando, mujeres, pueblos, jóvenes y así lo seguirán, nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietas y bisnietos.

Esa sabiduría y esos conocimientos, esa es la herencia más importante de nuestros ancestros.

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 Alicia López

¿Qué sucede cuando el gobierno llama a diálogo pero impone la presencia de la empresa Hidro Santa Cruz?

Cuando un diálogo no parte de un consenso y de una decisión colectiva, desde ese momento ya vienen con una intención de negociaciones de los poderes económicos y políticos. Por eso decimos que NO aceptamos los diálogos que van en razón de negociaciones. Éstas son estrategias políticas de cómo reprimir a la población, en este caso a los pueblos y desde este punto están negando el derecho de las comunidades y de los pueblos en sus formas de organización. Es decir el Estado los está escogiendo y no está integrando a la totalidad de la participación organizativa que tenemos como pueblos, que al final lo establece la Constitución Política en su Articulo 66.

Cómo es posible que vamos a dialogar con la empresa que esta atentando contra  nuestra vida. Nadie puede ser juez y parte en un diálogo, en una conversación o en una toma de decisiones. Prácticamente ahí es donde desestabiliza esta unidad y existe la división, justamente decimos que  su presencia es más que suficiente para decir NO.

Frente a la empresa ¿cómo van a tomar decisiones si aquí estoy?. Entonces la mirada aquí esta, los oídos aquí están,  y por supuesto las palabras aquí están. Entonces se reprime a la población en su expresión, se le está negando esa libertad de expresarse.

Considero que desde el otro punto, esas entidades económicas que son del poder político internacional, también no tienen el derecho de estar en un dialogo que es del pueblo, del país y en función del país. Si vemos en materia legal, considero que eso no es legal, mucho menos legítimo, porque de hecho cuando estamos hablando del derecho a la vida, considero que no hay dialogo sobre eso. Una vez se ha demostrado científicamente, políticamente, económicamente que esto está haciendo daño, entonces ya no es considerable decir: “vamos a diálogo y en que acuerdos quedamos”.

¿Qué estaríamos haciendo?,  es como preguntarle a alguien: ¿Quieres que te mate? ¿Quién va a decir que sí? Así de simple es como nos contrapone el gobierno en función de estas empresas, considero que eso es la peor indignación y la peor muestra que  lo que se quiere es exterminar a la población, no solo indígena si no de quienes vivimos en lo rural del país. Eso es lo que están demostrando, aunque aquí estamos,  pero para ellos no existimos.

¿Qué está pasando en los territorios con la criminalización de las mujeres?

Estadísticamente la mayoría de las personas que cohabitamos el país en cada uno de los departamentos, somos mujeres. Desde un análisis que hemos hecho como mujeres mayas, si hay una ola de violencia, las que salimos más afectadas somos nosotras la mujeres y los niños. Si existe un espacio de participación, pues las menos visibilizadas y escuchadas somos nosotras las mujeres. Nos cuesta tanto el lograr hacerles entender a la población en general y máxime al gobierno que nosotras existimos y que somos sujetas de derecho, que  no sólo estamos formando un numero en la toma de decisiones de un país.

Vemos que para las consultas, para las manifestaciones o en este caso los diálogos o los encuentros, las primeras en aparecer son las mujeres.

El poder económico ha visualizado que en las organizaciones de mujeres ellos pueden entrar, porque ya se les tiene hecho el trabajo de agrupar, organizar, entonces ellos ya sólo tienen que cooptar a esas organizaciones.

Lo mismo hacen con las propagandas o los mítines políticos, lo mismo hacen las empresas buscan a las organizaciones de mujeres,  para darles “proyectos” o “capacitaciones”. Nos ven como  si fuéramos nosotras el medio exacto para introducir sus ideas a la población. Y lo hacen porque las mujeres obviamente compartimos nuestras actividades, nuestro quehacer colectivo, nuestro quehacer comunitario, lo compartimos en la vida con nuestra familia.

Prácticamente el pensamiento y las practicas machistas históricas, quizás desde la colonia, eso ha generado que las mujeres vayan a reuniones, pero tienen que dar una explicación sobre a qué fueron,  qué función tienen todas esas actividades o qué les regalaron. Existe también ese cuestionamiento, hay muchas expresiones que al final, cohíben muchísimo la participación de las mujeres.

Las mujeres somos las principales que nos damos cuenta de la importancia de la madre naturaleza, porque nos relacionamos demasiado y somos parte de ella, pero también de ella vivimos y como nos da vida, como nos ve crecer; así es como nosotras vamos multiplicando, somos dadoras de vida, por nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos funciones distintas, pero nosotras consideramos que tenemos ese don, de dar vida, como también de recocer que es una labor grande que la madre naturaleza hace con todos.

¿Qué papel esta jugando la Iglesia Católica frente a la conflictividad en Huehuetenango?

Con el tema del miedo, por cómo se ha estructurado la defensa de lo nacional, nos hacemos la pregunta ¿en función de que y para quienes se está fortaleciendo?.  Desde la  seguridad, ahí es donde se introduce el miedo. Yo pensaba cuando el Presidente dio el mensaje de que la Iglesia sería testigo de honor del proceso del dialogo. La iglesia católica, o las iglesias en sí, representan un poder o un estatus social, donde nos pintan ese pensamiento de que allí esta la verdad y la justicia, y como esa no hay otra, porque vienen desde la palabra de Dios.

Con esta expresión y con esta postura, entonces decimos “bueno hay que hacerles caso entonces”. Es una forma de estrategia y política de cómo manipular a la mayoría, desde la Colonia viene todo esto, el miedo se introdujo a través de todo esto, desde los frailes que decían: “Si hacen esto es pecado es malo”,  “Si reclaman por tal cosa, también están haciendo algo malo”,  “Mejor estar callados, el refrán lo dice callado te defiendes mejor.” Estas prácticas son históricas, todo esto se fue introduciendo y se internalizó demasiado desde la otra parte,  desde la educación también se ha venido dando.

Puede ser que exista un poco mas de claridad, desde cada uno de quiénes desempeñan un papel desde la estructura de la iglesia. Sin embargo existe esa condición: “doy mi opinión pero tampoco me comprometo”, considero que ese es el papel que ha jugado la iglesia.

¿No pueden hacer tal cuestión porque atenta contra la dignidad? O ¿no pueden hacer porque atenta con la espiritualidad?, atenta con todo, contra las buenas practicas. Creo que desde el fondo de esas expresiones para nosotras va mas allá, no es solamente ese hecho de no pelearse, porque al final ellos (gobiernos y empresas) son los que pelean contra el pueblo, y no es el pueblo el que esta peleando, si no que,  es el pueblo el que se está defendiendo.

Al final hay muchos hechos que deben de ser profundizados y desde esa parte yo creo que sí genera duda cuál va a ser la postura pública de Ramazzinni, pero que también cuál es en realidad a fondo la intervención de la iglesia. Porque pensamos también incluso que estratégicamente el gobierno utilizó, utiliza o quiere utilizar a la iglesia para apaciguar este momento y decir “como me están diciendo que soy y que sigo siendo genocida, entonces ¿por qué no utilizo a la iglesia como escudo?, para que no lleguemos a cuestiones mas allá, avanzando en la justicia internacional. Que digan que también yo tengo conciencia y que quiero hacer las cosas pacíficamente”.

Yo desde allí lo concibo, y habría que ver cual es la postura de Ramazzini en cuanto al planteamiento, porque yo  veo es que lo están utilizando, ahora lo que  nos queda ver es si él se deja utilizar de alguien.

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Blanca Faustina Jiménez Gómez

Sobre la criminalización, quiero agregar el papel que jugamos las mujeres mayas, desde la base en donde nos encontramos, desde ahí reafirmamos el sentir y el accionar.  No sólo tenemos el discurso, sino que tenemos las acciones, tenemos esa relación como mujeres mayas con la madre tierra, estamos constantemente en esa relación con ella.

Esto nos enriquece, nos da vida, porque venimos de la tierra y regresamos a la tierra. Las acciones nos enriquecen y hemos logrado obtener de las compañeras, de las hermanas, de las abuelas y los abuelos esos conocimientos. Es el sentir propio de nosotras y lo intercambiamos con las compañeras.

Lamentablemente, hay grupos, hay asociaciones de mujeres que con facilidad las utilizan, provocando división y manipulación, con eso  no estamos de acuerdo, porque las utilizan los partidos políticos y el gobierno.

Nosotras a través de la cosmogonía reafirmamos esos sentimientos que llevamos adentro y como Movimiento de Mujeres Mayas, nos permite un poder político cuando yo reafirmo que soy una mujer maya Mam y si domino mi idioma nos reafirma en ese poder. Tal vez no es un poder económico ni material,  pero es un poder espiritual que llevamos por dentro. Nos sentimos tan bien que genera mucho más animo para las demás compañeras, para las más jóvenes, principalmente a las mujeres jóvenes y las niñas.

Como personas la criminalización sí nos toca,  tenemos emociones encontradas en muchas ocasiones y también las experiencias vividas. Habemos mujeres que hemos vivido el conflicto armado, han sido tocada nuestra dignidad, nuestras familias, entonces nos hace revivir todo esto.

La unidad, la colectividad nos da fuerza.  Al estar con la naturaleza, con la madre tierra, con el agua, con los árboles, compartimos también esas emociones que son negativas y también compartimos las alegrías, las emociones positivas. Todo eso nos da fuerza para seguir adelante, no tenemos los recursos materiales como lo hemos dicho, para estar presentes con cada una de las compañeras que sufren directamente, físicamente.

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Hermelinda Simón Diego

¿Qué alternativas quedan entonces frente a los planteamientos del gobierno y de las empresas?

Lo  fundamental debido a toda la situación que ocurre actualmente, es la unidad; unificarse entre nosotras las mujeres, como pueblos, pero también que tenemos que plantear la forma de estar unidas, porque cada vez nos dividen las empresas, lo hacen a través de los programas de gobierno. En las comunidades o en los pueblos en donde hay presencia de las empresas, el gobierno siempre llega con sus programas, supuestamente con el desarrollo, para decir que esta contribuyendo y decir que esta con el pueblo.

Como comunidades y como pueblos lo que toca es la unidad que debe de haber entre nosotros y nosotras. Para las mujeres es un reto más complejo, porque como mujeres somos excluidas en varios espacios y  somos mucho mas excluidas en estos espacios en donde se toman decisiones.

Estamos claras  que cuando se trata de la madre tierra y de la madre naturaleza, nosotras tenemos que estar allí, hemos estado y vamos a seguir estando. Es un trabajo y nos toca como mujeres mayas, es lo que estamos retomando, hablando, dialogando.

Como lo menciona María Guadalupe, es ése el consenso de que vamos hacer, cuál es nuestra posición frente a todo esto, porque cada día es diferente lo que esta pasando. Por ejemplo el caso de Santa Cruz Barillas: el 17 de julio nuevamente fueron capturados dos compañeros que fueron presos políticos, el 3 de septiembre llega Otto Pérez al municipio a burlarse del pueblo de Barillas, con todo lo que fue a decir y después de esa semana, sucede la sentencia de los acusados, los que mataron al líder comunitario el 1 de mayo 2012  ahora están libres.

Tenemos que trabajar, analizar  y estamos claras cuál es el camino que debemos seguir, qué queremos. Pero nos toca vivir  la criminalización y  la persecución, cada vez que decimos con lo que no estamos de acuerdo,  como respuesta está la persecución hacia nosotros y nosotras.

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María Guadalupe García

¿Cuáles son los retos para las mujeres en la defensa del territorio en estos momentos?

Los retos, los desafíos, son bastante grandes. Como decían las compañeras, la construcción de la unidad, la organización, y también la información. Porque si la información llega manipulada hacia nosotras ¿qué hacemos?, pues nosotras también tenemos deber y compromiso de informarnos, de hacer nuestro propio análisis de lo que esta pasando en nuestras comunidades, alrededor, en nuestro país y en el exterior. Pero desde el sentir, pensar y la mirada de las mujeres mayas. Entonces desde allí también nos estamos formando, porque a través de la formación tenemos que hacer las propuestas, de cómo realmente nosotros queremos vivir, de fortalecer y practicar los principios y valores. Armonía, equilibrio y reconocernos también que somos mujeres diversas, pero esa diversidad nos da la fuerza para seguir adelante. Relacionarnos, contactarnos nuevamente con la madre tierra, porque allí esta la fuerza.

Hay muchas cosas por hacer  y en eso pues vamos caminando las mujeres, recordando que tenemos claro que cada vez más estamos reivindicando nuestros derechos: a la vida, la vida de nuestros pueblos, el territorio y nuestras consultas comunitarias, eso es lo que nos da la fuerza.

Invitamos a los otros pueblos, a nuestras comunidades a seguir luchando. Sabemos pues que estos planes de saqueo no es solamente para Guatemala, esos son planes transnacionales, la lucha nuestra será la lucha de los pueblos, de Mesoamérica pero también de otros pueblos. Entonces unámonos pues en esta lucha, la madre tierra es la vida, sin ella nosotros no seriamos nada. Hacemos ese llamado a que todos y todas defendamos el territorio y la vida.

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