Guatemala Comunitaria

Fotografía Quimy De León

 

Publicado en desInformemonos en México.

“…que no quede ninguno vivo”

Pedro García Arrendo es culpable”… con estas palabras hace un año exactamente, en la ciudad de Guatemala, en sala mayor de la Corte Suprema de Justicia el Tribunal de Mayor Riesgo B, frente a una multitud de personas de distintos pueblos del país, escuchamos la sentencia por la masacre cometida por el Estado de Guatemala en 1980. El nerviosismo lleno por completo la sala de audiencias, esta sentencia llegó dos años después de la sentencia por Genocidio en contra del pueblo Ixil contra del general José Efraín Ríos Montt en 2013.

La jueza y presidenta del Tribunal, inició por la tarde de ese histórico lunes 19 de enero, llegó el momento de la lectura del documento final, el resumen de la sentencia, haciendo uso de la palabra, y con el silencio de la multitud en la sala, abrió la audiencia a las 5 y 23 minutos de la tarde, treinta cinco años después de la masacre en la Embajada de España en 1980.

La jueza Sara Griselda Yoc Yoc de manera sencilla, sin leer un lenguaje técnico jurídico trasladó el análisis del tribunal para argumentar el porqué de su sentencia, en el caso de la “Toma y Quema de la Embajada de España” ocurrida el 31 de enero del 80.

El jefe del Comando Seis, teniente coronel Pedro García Arredondo fue condenado a 90 años de presión inconmutables, 40 años por cometer Delitos Contra Deberes de Humanidad en concurso ideal, delitos de Asesinato en Grado de Tentativa en concurso real contra el Embajador de España Dr. Máximo Cajal y López y el campesino Maya Gregorio Yujá Xoná, y el asesinato de 37 personas dentro de la Embajada de España el 31 de enero de 1980.

Cientos de personas esperaban con atención que la jueza con sus palabras llegara finalmente a la parte condenatoria, pasaron tan solo pocos minutos, que se convirtieron en largas horas de espera para quienes ahí presenciábamos la lectura, finalmente pocos minutos más tarde ocurrió, sus palabras rompieron la espera de décadas: “Pedro García Arrendo es culpable.”

Los corazones comenzaron a latir con fuerza, la respiración de cientos de personas ahí presentes en esa sala se hicieron profundas, muchas lágrimas rodaron por los rostros arados por el tiempo, hombres y mujeres maya Ixil y K’iché presenciaban como la justicia en Guatemala comenzaba a saldar la deuda enorme que aún tienen con su pueblo, varios hombres y mujeres Ixiles, hijos de quienes murieron calcinados adentro de esa embajada volvían a recordar con insistencia el reclamo de justicia, ese reclamo que los llevo a sobrevivir y a luchar 35 años ante los tribunales nacionales.

El tribunal continuo con la lectura de la sentencia, impone la condena de 50 años más de prisión inconmutables; por el asesinato de los estudiantes universitarios Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España Valle cometidos posteriormente el 2 de febrero de 1980, dos días después de la quema de la embajada.

“… estamos totalmente convencidas de la responsabilidad del señor Pedro García Arredondo como autor de los hechos que se han explicado.”

“…esta sentencia viene a ser esa agua que apaga ese incendio de esa búsqueda de justicia que han tenido los familiares de las víctimas que han tenido todo este tiempo y lo esperamos que este acto justo que hoy se dicta sea un precedente para que todo funcionario adecue su conducta al marco de la ley, al respeto de los derechos humanos, a la vida y dignidad de las personas.” jueza, Irma Jeannette Valdés.

Pedro García Arredondo es un militar que dirigió con mano dura el temido “Comando Seis” de la Policía Nacional –PN- durante la dictadura del general Fernando Romeo Lucas García (1980-1982), junto a su hermano Manuel Benedicto Lucas García quien era Jefe del Estado Mayor del Ejército, desde su comandancia se dirigió la más atroz estrategia contrainsurgente en contra del pueblo guatemalteco, miles de jóvenes, estudiantes, obreros, militantes revolucionarios, académicos, maestros, religiosos, la dictadura y el empresariado no diferencia edades, etnias, la violencia del Estado golpeo con fuerza, la más sanguinaria de toda América.

“Un testigo escuchó decir de la policía “que no quede ninguno vivo”.  Contrario a lo que se supone la policía llegó con la orden de matar al grupo de campesinos, así que quemaron la sede de la Embajada y asesinaron a 37 personas, dos lograron sobrevivir; el embajador Máximo Cajal y López quien logró escapar por sus propios medios y el campesino Gregorio Yujá que fue llevado al hospital privado “Herrera Llerandi”, estando ahí fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y después lo asesinaron. Su cuerpo fue lanzado en el Campus central de la Universidad de San Carlos.”, la universidad nacional.1

García Arrendo cumplirá 72 años de edad, de esos, lleva 3 años en la cárcel por delitos de lesa humanidad, es el único oficial de alto rango que fue condenado por la masacre de los 37 indígenas del Quiché y los estudiantes universitarios dentro de la embajada, los cuadros operativos de la Policía Nacional de menor rango, y los elementos del ejército ahí presentes ese 31 de enero del 80, así como Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor permanecen aún sin ser juzgados, Romeo Lucas al frente de la dictadura de ese entonces falleció en el 2006 viviendo un supuesto exilio en Venezuela.2

La historia de Benedicto Lucas será distinta, fue detenido en enero del 2016 junto a 18 altos mandos del ejército, está en prisión preventiva, acusado por delitos de lesa humanidad por la detención y desaparición más grande de América, 558 osamentas exhumadas en la zona militar, conocida como #CasoCreompaz o Zona militar número 21 de Cobán, Alta Verapaz.3

No es el único caso, Benedicto Lucas fue ligado a otro proceso, por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, y por la detención y tortura de su hermana Emma Molina Theissen ocurridos en 1981.4

Benedicto Lucas al igual que Pedro García Arredondo está enfrentando la justicia, junto a Benedicto están otros 18 altos mandos del ejército, unos con arraigo domiciliario, la mayoría presos en los cuarteles militares y otros aun prófugos de la justicia.

Nuevamente, estamos esperando otras sentencias, continúan los juicios históricos, continua el proceso penal de la Zona militar número 21 de Cobán, la masacre de las Dos Erres en Peten en 1982, el caso Molina Theissen, el caso del Diario Militar, en fin falta mucho aun, pero es el único camino para ir encontrando la paz en Guatemala, y la no repetición de tantas atrocidades.

Con estos procesos nace de nuevo la esperanza.

1 Quimy De León. Toma y quema de la Embajada de España: “que no quede ninguno vivo”. Prensa Comunitaria. 31 de enero 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/31/toma-y-quema-de-la-embajada-de-espana-que-no-quede-ninguno-vivo/

2 El Mundo. Fernando Romeo Lucas García, ex dictador de Guatemala. 31 de mayo 2006. http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/29/obituarios/1148920570.html

3 Nelton Rivera. Caso Creompaz: la cara de la represión y los vínculos con el gobierno. Prensa Comunitaria. 6 de mayo 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/05/06/caso-creompaz-la-cara-de-la-represion-y-los-vinculos-con-el-gobierno/

4 Quimy De León. Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años desaparecido por el ejército de Guatemala. Prensa Comunitaria. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/12/marco-antonio-molina-theissen-un-nino-de-14-anos-desaparecido-por-el-ejercito-de-guatemala/

Fotografía ABC

 

Fotografía Guatevision.

 

Fotografía Noticias de Bomberos en Guatemala.

 

Fotografía Publinews


Por: Quimy De León.

Marco Antonio Molina Theissen era un niño de 14 años, estaba en tercero básico cuando miembros del ejército entraron a su casa, lo detuvieron y lo desaparecieron. Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

Su hermana, Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en el entronque conocido como Cuatro Caminos quienes la llevaron a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue torturada y violada sexualmente. Pese a esto a los ocho días ella logró huir por una ventana.

El 6 de octubre de 1981, un día después de que Emma lograra escapar de sus captores, varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres ubicada en la colonia La Florida en el municipio de Mixco en el departamento de Guatemala. Entraron con lujo de fuerza, dentro estaba Marco Antonio, lo engrilletaron, le taparon la boca con Masking tape y golpearon a su madre. Luego lo metieron a un costal y lo tiraron a la palangana de un picop con placa oficial 17675. A pesar de que su madre corrió tras el carro para rescatar a su hijo nada pudo hacer.

Sus padres desesperadamente buscaron a su hijo en hospitales y destacamentos militares. Hicieron varias gestiones ante las autoridades, ante el ejército, ante la iglesia, ante instancias internacionales de derechos humanos y nunca lograron nada. Hasta la fecha la familia de Marco Antonio no sabe sobre su paradero, pero no han dejado de buscar.

El proceso penal

La mañana del 12 de enero 2016 cuatro militares retirados esperaban ansiosos junto a sus familiares y abogados que diera inicio la audiencia de primera declaración por el caso de desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen. Ellos fueron detenidos el 6 de enero de 2016 por una orden de aprehensión y arraigo emitida por el juzgado cuarto el 4 de enero de este mismo año. Los delitos por los que están presos son desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad. Posteriomente el Juzgado de Mayor Riesgo C ligó a este mismo proceso penal a Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor de la Defensa en 1981, detenido el 6 de enero 2016 junto a otros 17 altos mandos del ejército guatemalteco por el caso conocido como #ZonaMiliatar21Coban o caso CREOMPAZ durante la guerra.

A las once de la mañana después de una hora de espera dio inicio esta audiencia en la sala primera del juzgado quinto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala.

Hugo Ramiro Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor, Manuel Antonio Callejas Callejas General de división, Francisco Luis Gordillo Martínez fue comandante de la zona militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, cuando ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa. También fue de la Junta Militar que asumió después de dar un golpe de Estado y asumiera de facto la presidencia Efraín Ríos Montt y Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenango.

La sala es muy pequeña y en ella también esperaban las familiares de Marco Antonio, su madre Emma Theissen Álvarez viuda de Molina, sus hermanas María Eugenia y Ana Lucrecia Molina Theissen acompañadas por defensoras de derechos humanos.

Benedicto Lucas García fue ligado a este mismo proceso penal

El juez Víctor Herrera Ríos que preside el juzgado de Mayor Riesgo C en la ciudad de Guatemala ligo a proceso penal a cinco altos mandos del ejército por varios delitos de Lesa Humanidad que incluyen: Deberes contra la humanidad y por la detención y Desaparición Forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen el 6 de octubre de 1981 en el municipio de Mixco, Guatemala.

También por los delitos de Violación con agravación de la pena y Deberes contra la Humanidad por la detención arbitraria de Emma Guadalupe Molina Theissen el 27 de septiembre de 1981 retenida clandestinamente en la Brigada Militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas” a quien sometieron a tortura, interrogatorios y violación sexual repetidamente.

La audiencia se realizó en la sala del nivel 12 de la Torre de Tribunales en presencia de los cinco sindicados: Benedicto Lucas García, Hugo Ramiro Zaldaña, Francisco Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares y Manuel Antonio Callejas, los cinco militares quedaron ligaros por los tres delitos,  todos permanecen en prisión preventiva en un cuartel militar desde enero del 2016, el juez ordenó que todos permanecerán en prisión preventiva.

Fotografía de Nelton Rivera.

La acusación

El fiscal del Ministerio Publico hizo responsable a los cuatro militares de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen. Para ello cuentan con varias pruebas que determinan el papel de cada uno de los militares.

Hugo Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor en la Brigada Manuel Lisandro Barillas dirigía el retén militar donde fue capturada Emma en el entronque conocido como cuatro caminos ubicado en San Cristóbal Totonicapán, después fue llevada a la zona militar en donde fue detenida ilegalmente, torturada y violada sexualmente.

Francisco Gordillo Martínez era comandante de la zona Militar a la vez que Ediliberto Letona Linares como segundo comandante son responsables junto a Hugo Zaldaña Rojas por los delitos contra deberes de la humanidad y violación agravada.

Manuel Antonio Callejas y Callejas General de División tuvo la responsabilidad de ordenar nuevamente la captura de Emma Molina Theissen y que desaparecieran a su hermano menor, por lo que a él se le acusa solamente del delito de desaparición forzada y delitos contra deberes de la humanidad.

De los cuatro militares Edilberto Letona accedió a hablar y negó su responsabilidad en los hechos y delitos por los que se le acusa, sí reconoció su cargo como Segundo Comandante en la zona militar y que entonces se encontraba de alta.

 

 


Texto: Quimy De León.

Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en la carretera interamericana, para finalmente ser llevada a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue sometida a interrogatorios, tortura y violación sexual. Pese a esto a los ocho días ella logró huir por una ventana.

El 6 de octubre de 1981, un día después varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres y fue detenido desaparecido su hermano Marco Antonio de 14 años. Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

La mañana del 6 de enero de 2016 fueron detenidos varios militares por una orden de aprehensión y arraigo emitida por el juzgado cuarto el 4 de enero de este mismo año. Entre ellos cinco que están siendo procesados por los delitos de desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad.

Ellos son Benedicto Lucas Jefe del Estado Mayor Presidencial durante el período del 2 de julio de 1978 al 18 de marzo de 1982 teniendo bajo su responsabilidad y mando al ejército de Guatemala, Ramiro Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor, Manuel Antonio Callejas General de división, Francisco Luis Gordillo Martínez fue comandante de la zona militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, cuando ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa. También fue de la junta Militar que asumió después de dar un golpe de Estado y asumiera de facto la presidencia Efraín Ríos Montt y Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenango.

El juez Víctor Hugo Herrera Ríos quien preside el juzgado de Mayor Riesgo C ligó a proceso penal a los cinco altos mandos del ejército por la detención arbitraria de Emma Guadalupe y la desaparición forzada de Marco Antonio.

Entrevista

¿Quién es hoy Emma Molina Theissen?

En este 2016, cuando se abrió finalmente la esperanza de justicia para mi familia, soy una mujer de 56 años, madre de una hija inteligente y trabajadora, y abuela de un pequeñito de dos años y medio que es la más reciente alegría de mi vida. Soy la hija orgullosa de una mujer cuyo amor es la fuerza vital de la familia, especialmente en la búsqueda de justicia para mi hermanito Marco Antonio y para toda la familia. Y soy también la hermana de dos valientes, honradas y dignas mujeres. El ejemplo y el amor que siento por cada uno de ellos, me acompaña todos los días y me hace sentirme parte de una estirpe especial.

Soy también una profesional de la ingeniería de sistemas de información. Me considero exitosa en mi carrera y he logrado cosechar respeto y reconocimiento en mi campo. Estoy muy orgullosa de haber estudiado en la universidad y de tener una maestría que pude estudiar hasta hace pocos años. La universidad significó mucho sacrificio, especialmente del tiempo que le podía dedicar a mi hija, que era muy pequeña cuando yo pude estudiar. Tenía 27 años cuando inicié la carrera, que hice teniendo que trabajar. Como madre sola, pude terminarla porque conté con el apoyo de mis padres y mis hermanas para cuidarme a mi hija mientras yo iba a clases o tenía exigentes tareas y exámenes que cumplir.

Hoy trabajo entre cincuenta y cincuenta y cinco horas por semana (por muchos años trabajaba mucho más). Soy la directora de tecnología de información de una empresa aseguradora del magisterio costarricense. A estas alturas proyecto jubilarme en cuatro años, para lo cual estoy ahorrando todo lo que puedo. Quiero descansar y dedicarme a acompañar a mi nieto en sus años de escuela. Voy a entregarle a él el tiempo que no pude darle a mi hija.

Soy amante de la lectura. Me encantan las novelas, especialmente las históricas, y disfruto de hacer ejercicios. Especialmente de caminar los domingos con mi madre, con quien caminamos una hora, bien tempranito. Me gusta el cine y las series cómicas de televisión por las que me despierto los sábados a las 6 de la mañana, para pescar los episodios que no logro ver entre semana.

Me encanta tomar café con pan y adoro las champurradas.

No quiero morirme sin conocer Europa y anhelo hacer mucho por la educación en derechos humanos de niños y jóvenes guatemaltecos.

El camino por la justicia es un camino tortuoso y complejo especialmente en lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército y donde estarían implicados altos mandos.

¿En qué momento y cómo fue que tomó la decisión de buscar justicia, usted y su familia?

Siempre perseguimos la justicia. Desde el momento en que el Ejército secuestró a mi hermano Marco Antonio, en 1981. En 1997, luego de la firma de los acuerdos de paz, buscamos la justicia presentando la denuncia en un juzgado penal. También se acudió a la justicia cuando, no hallándola en Guatemala, la familia recurrió al sistema interamericano de derechos humanos. Este último dio trámite a la acusación del Estado, por el secuestro y desaparición de mi hermano Marco Antonio, que culminó en una sentencia mediante la cual se condenó al Estado guatemalteco, en 2004.

¿Cómo ha sido ese camino hacia la justicia?

El mismo seguido para Marco Antonio. Aunque ante el Sistema Interamericano no figuré como víctima –solo él y por decisión mía– con base en los hechos y pruebas periciales, la Corte Interamericana dictaminó que yo también lo fui, al igual que toda la familia. En Guatemala ha sido el mismo camino. Lo sucedido a mi persona y mi escapatoria forman parte de una cadena de hechos en la que detención ilegal de mi hermano es un eslabón más. Es un continuo de sucesos inseparables.

¿En qué momento usted rompió el silencio y decidió contar lo que ocurrió durante su cautiverio?

Las personas, compañeros del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) en su mayoría, que me auxiliaron, me protegieron y me ayudaron a salir de Guatemala, supieron desde el primer momento todo lo ocurrido durante mi detención.

¿Cuál ha sido el recorrido de su palabra, su testimonio?

Entre octubre de 1981 y abril de 1982 conté lo sucedido a personas que me rodeaban.

Estando en México a donde llegué en enero de 1982 en calidad de exiliada, me sentía muy cerca de la comunidad de guatemaltecos, la mayoría con historias trágicas, pérdidas familiares o experiencias terribles de persecución. Todos vivíamos al filo en todo sentido, material y emocionalmente. Contarnos lo que vivimos y cómo nos sentíamos nos proporcionaba (al menos a mí) un sentimiento de seguridad y contención afectiva en la soledad y la tristeza que todos cargábamos. Mis palabras quedaron grabadas en cassettes cuyo rumbo perdí.

En mayo de 1982, fui informada del secuestro y desaparición de Marco Antonio. No estaba enterada porque mi familia y los compañeros del Partido (del PGT) que me rodeaban, noblemente lo ocultaron para no debilitar aún más, mi frágil estabilidad emocional, socavada por el terror. Decidieron contarme lo sucedido porque sería publicada una lista de personas desaparecidas, en la que figuraría Marco Antonio. Quisieron que no me enterara leyendo la lista.

Después en 1983, junto con otras personas familiares de desaparecidos, conformamos el Comité Guatemalteco de Familiares de Detenidos Desaparecidos y nos sumamos a la denuncia de lo que ocurría en Guatemala.

Eran los años del golpe de Estado de Efraín Ríos Montt y la más violenta represión en Guatemala. No teníamos dinero y nuestra voz era la de una hormiga en un país de 75 millones de habitantes, con exiliados de todo el mundo que daban a conocer su realidad, buscando solidaridad para su propio país. En medio de aquellas actividades asistimos a foros públicos de denuncias y yo contaba la historia de mi detención y el secuestro de mi hermano. Hacíamos afiches y los pegábamos en las calles del centro histórico de la ciudad.

Ese mismo año de 1983, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) que funcionaba en el exilio, en la ciudad de México, recibió al recién nombrado relator especial de Derechos Humanos de la ONU para Guatemala, el ahora Vizconde Colville de Culross, un inglés de mirada gélida que no hablaba una pizca de Español. Me recibió 10 minutos con su traductor. Narré mi historia, tomó nota y salí. De él y su impertérrito rostro no recibí una sola palabra ni el menor gesto de empatía. Pero tengo la convicción de que en algún momento se llegó a escuchar mi voz, mi testimonio, porque era la repetición abrumadora de las palabras de muchos que apenas logramos escapar de la muerte. México tenía en la zona fronteriza con Guatemala, asentamientos de poblaciones rurales de Guatemala de cientos de personas que huyeron de las masacres y vivieron más de diez años en campamentos de refugiados de los que lograron retornar finalmente después de la firma de los acuerdos de paz. Ellos constituyeron una denuncia permanente del estado de terror que se vivía en las zonas rurales de Guatemala.

Mi exilio continuó en Costa Rica adonde llegué en 1985. En el año 86 me integré a una asociación de familiares de desaparecidos en Centroamérica. Habíamos familiares de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta asociación llevó ante el sistema interamericano el primer juicio contra desaparición forzada que culminó en julio de 1988 con la condena al Estado hondureño por la desaparición de dos personas. La sentencia constituyó un precedente fundamental para la lucha por los derechos humanos en la región.

Durante los 35 años desde mi fuga y el secuestro y desaparición de Marco Antonio, he narrado mi experiencia ante jueces, abogados, fiscales, representantes del Gobierno, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, miembros del cuerpo diplomático y periodistas. Asimismo he prestado testimonio judicial en todo momento en que ha sido requerido por los procesos legales nacionales e internacionales.

¿Por qué ha sido para usted importante denunciar, a pesar de lo difícil de los hechos ocurridos y de las implicaciones que pueda tener hacerlo?

Porque no nos resignamos ante la desaparición de Marco Antonio. Porque todo lo que sucedió no puede quedar impune. Por el inmenso dolor causado a mis padres quienes lo buscaron incansablemente y solo recibieron la indiferencia de las autoridades y la persecución de la inteligencia militar. Porque todavía tenemos la vida, el vigor y la voz para gritar que lo que nos hicieron no está olvidado y que no nos silenciaron pese a la brutalidad de sus acciones.

¿Cómo vivió usted el hecho de que en primera instancia no hayan ligado a proceso a los militares por el delito de violación agravada?

En enero, la jueza Secaida decidió no ligar a proceso por el el delito de violación agravada a los exmilitares detenidos. No desestimó completamente el cargo, pero pidió más pruebas y aclaró que ello no significaba que no pudieran presentarse en el futuro.

En los meses posteriores, el Ministerio Público se dedicó a fortalecer la imputación y a obtener peritajes como el que se hizo basado en el Protocolo de Estambul (Nota de Prensa Comunitaria: ver referencia en el enlace Protocolo de Estambul).

¿Cómo se sintió al respecto?

Este fue un obstáculo más en el largo y escabroso camino de llegar a conocer la verdad de lo sucedido y alcanzar la justicia. Se buscó cómo solucionarlo y finalmente el juez Herrera Ríos, en la audiencia del 25 de octubre, decidió que hay suficientes indicios para incluir la acusación de violación sexual con agravación de la pena, cargo por el que quedaron imputados los cinco exmilitares.

Hablar de violación sexual durante la guerra no es fácil para quienes son sobrevivientes. Sin embargo, usted no es solo una sobreviviente sino que además está llevando con mucha valentía un proceso penal por estos delitos perpetrados en su contra y por la desaparición forzada de su hermano menor Marco Antonio.

En el juicio, tanto el Ministerio Público como su abogado han planteado (y el juez así lo ratificó) que usted fue considerada “enemiga interna” y por esta razón fue detenida y llevada a una cárcel clandestina ubicada en la zona militar de Quetzaltenango. Y además fue sometida a interrogatorios, abusos físicos, psicológicos y sexuales para obtener información estratégica y para lograr que usted fuera colaboradora del Ejército.

 ¿Usted estaba desarrollando en el momento de su detención alguna tarea, o acción específica?

Mi detención ocurrió cuando yo viajaba en una camioneta desde la capital hacia Quetzaltenango. Eran cerca de las ocho de la mañana y el bus fue detenido por un puesto de vigilancia (retén) a la altura de Santa Lucía Utatlán. Yo portaba documentos de estudio político y panfletos del Partido Guatemalteco del Trabajo. Los soldados hallaron los documentos y me detuvieron. No andaba armada. Nunca anduve armada ni sabía utilizar un arma.

¿Por qué el hecho de haber sido miembro de la Juventud Patriótica del Trabajo la convertía en enemiga del Estado? ¿Cómo analiza usted esto, con relación al trato que recibió?

Desde la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional y la estrategia de guerra de baja intensidad, prácticamente cualquier persona que fuera sospechosa de disidencia ideológica y actividad política, era considerada enemiga del Estado y por lo tanto perseguida por eso. Al momento de mi detención, yo tenía 21 años y recién había sido dirigente estudiantil en secundaria, que culminé en el año 78. Participé en movimientos populares contra el alza del pasaje urbano, el sepelio de Robin García con la marcha de los claveles rojos, así como huelgas y manifestaciones pacíficas de protesta. Tuve un papel protagónico en Belén, donde estudié, así como en la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media que reunía a todas las asociaciones estudiantiles de secundaria. Desde la visión de los militares que tenían el poder en los años 80, mi actividad ciudadana o la militancia en una organización de izquierda apuntaban a que yo fuera considerada enemiga del Estado

Pero… ¿Cuál es la visión desde una óptica de institucionalidad de justicia y legalidad? Que el Estado guatemalteco (del cual es parte el Ejército) violó inclusive su propia legalidad. Las leyes guatemaltecas han reconocido derechos civiles y políticos, de libre asociación, libertad de expresión del pensamiento y consagraron en la Constitución de la República, además del derecho a la vida. En esa lógica, el Estado violó mis derechos políticos desde el momento de considerarme enemiga del Estado, justamente por ejercer estos derechos.

Si bien es cierto las organizaciones de izquierda, como el partido comunista (el PGT) eran ilegales, el Estado continuó violando mis derechos al detenerme ilegalmente, al no ser presentada ante un juez competente, al no ser legalmente acusada de actos al margen de la ley y al negar mi derecho a la defensa. Estuve además detenida en un cuartel del Ejército, en una cárcel clandestina porque los recintos militares no forman parte del sistema carcelario.

Y eso no bastó. Durante los nueve días de mi detención ilegal, fui sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo con la práctica oficial de esos años, con toda seguridad mi detención hubiera culminado con mi asesinato.

¿Por qué cree usted que se daba este trato a opositores? ¿Por qué tanta saña?

La detención ilegal, la tortura y el asesinato de opositores políticos o dirigentes sociales, era parte de un plan que buscaba sofocar el descontento de sectores del país, por medio del terror. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales calculan que el Estado asesinó a cerca de 250 mil personas, de manera individual o colectiva y que desapareció a otras 45 mil personas en Guatemala. Entre las personas desaparecidas se contabilizan 5 mil niños. Entre ellos, mi hermano, que tenía 14 años al momento de su secuestro.

La saña que me fue aplicada es la misma que sufría cualquier persona capturada ilegalmente. Yo no fui la excepción. Las torturas de las que fui víctima fueron las mismas que recibió toda persona que cayó en manos de la inteligencia del Ejército o sus efectivos y aparatos oficiales o clandestinos, llámese soldados, policía militar ambulante, G2 o escuadrón de la muerte. Era cuestión de tiempo para que me asesinaran con tortura. Digamos que yo tuve la “suerte” de que las torturas que me aplicaron no me mataron de inmediato, como ocurrió con personas cuyos cadáveres era arrojados a la orilla de caminos, o a ríos como el Motagua, tras pocas horas de la captura ilegal.

¿Pero el hecho de ser mujer y estar en manos del Ejército supone alguna diferencia en el trato durante interrogatorios tratándose de una detención ilegal ¿cómo podemos comprender esto?

 Considero que la violencia sexual de la que fui objeto era un tratamiento rutinario hacia las mujeres capturadas ilegalmente. Los ataques sexuales son una forma de tortura especialmente aplicada a sabiendas de que el enorme daño no solo es físico, sino moral y emocional. La violación no es sexo, es violencia pura, cruel y destructiva.

Es sometimiento al soldado y poderoso, protegido por la clandestinidad de la detención y por su posición impune ante la ley. El soldado o efectivo militar que viola a una mujer secuestrada pone en práctica su adiestramiento caracterizado por la carencia absoluta no solo de conocimiento de los derechos humanos más elementales, sino de la sensibilidad más básica hacia las personas. La violación es un arma de guerra. La practican los ejércitos en todo el mundo porque es sumamente efectiva para paralizar la fuerza formadora de la vida y la conciencia a partir de la mujer, dentro de la familia. Aprendí en carne propia que estar en manos de los militares significa ser objeto de las más asquerosas, denigrantes y dolorosas formas de violencia sexual.

¿En el proceso penal desde la defensa de los acusados se ha tratado de deslegitimar su testimonio usando adjetivos como “loca” o “traidora”? ¿Cómo se siente al respecto?

El Ejército no ha dado muestras de honor y no reconocerá lo que hicieron. Han cerrado filas para ocultar la información y protegerse. Puede ser que algunos, en su fuero interno sepan que lo actuado estuvo mal, que viola leyes, que está muy lejos de los principios morales aprendidos o de sus enseñanzas religiosas. Aun así, el Ejército ha decidido guardar silencio y aunque institucionalmente no defiende a los acusados, tampoco entrega información ni hay integrantes prestando testimonio para esclarecer la verdad. No hay voluntad institucional para limpiar su nombre ni hacer frente a las consecuencias de sus actuaciones que, aunque son pasadas, fueron oficiales y sistemáticas. Imagino el conflicto ético que podrían estar atravesando oficiales del Ejército de las nuevas generaciones, que no estuvieron directamente involucrados en los actos represivos.

Me pregunto qué pueden pensar las esposas o madres, en general los familiares de los militares activos… ¿qué podrán pensar cuando ven a mi madre con su dolor por su niño? Me pregunto si logran hallar en su corazón argumentos convincentes que justifiquen el secuestro, el asesinato y la desaparición de Marco Antonio… o ¿cómo se puede explicar que la violencia sexual contra personas detenidas era parte de su “trabajo”?

Entonces, en ese marco, las acusaciones de locura obedecen a esa lógica. Intentan descalificarme como persona y como sujeta de derechos. Quieren al menos sembrar así la duda sobre mi testimonio, en el intento de “razonamiento” de que una persona loca no dice la verdad (cosa que tampoco es necesariamente cierta).

Finalmente pienso que tendría que preocuparme si quien dice que estoy loca es un profesional, un experto en la materia y que me conoce, terapéuticamente hablando y me hubiera diagnosticado. Viniendo de ellos lo tomo como un esfuerzo por ofenderme, lo cual no causa ninguna mella en mi espíritu.

Sobre las otras acusaciones de que soy traidora, que ya trabajaba para ellos o de que delaté compañeros y que por eso la guerrilla (no ellos) secuestraron a mi hermanito: respondo que no soy traidora, no delaté a nadie, no trabajé jamás para el Ejército y proclamo a los cuatro vientos y con toda la fuerza vital que fue el Ejército el que secuestró y desapareció a Marco Antonio.

¿Por qué es importante que el Estado sea tercero demandado?

Primero, porque el Estado guatemalteco en su conjunto es responsable de la actuación de sus fuerzas armadas. También es responsable de la impunidad de los actos criminales cometidos por el Ejército en los años 80.

Se quiere hacer una separación del Gobierno y el Ejército, pero todos forman el conjunto llamado Estado. El Ejército también está compuesto por funcionarios públicos, pagados con los impuestos de los guatemaltecos y por lo tanto, al servicio de la sociedad en su totalidad. En tanto es así, los ministerios a cargo de su conducción como el ministerio de la defensa, tienen plena responsabilidad en la comisión de delitos por parte de las fuerzas armadas. También es responsable un poder judicial que negó las posibilidades de aplicación de la ley y no impartió justicia durante tres décadas y media.

Lo mínimo por lo que tendría que responder el Estado, es por su incapacidad y negligencia para proteger la vida, la seguridad y la integridad física y emocional mías y de mi hermano.

Segundo, porque el Estado no ha cumplido en su totalidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En este caso, con las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad.

Estas medidas incluyen en

  • El establecimiento y revelación pública de la verdad, lo cual implica la localizar los restos mortales de Marco Antonio y su devolución a nuestra familia para darle la digna sepultura que merece todo ser humano. Asimismo que la familia pueda conocer qué le sucedió a Marco Antonio.

Asociado con este punto, la CIDH ordenó la creación de un banco de datos genéticos que faciliten la localización de las personas desaparecidas. El proyecto de ley que pretende materializar esta medida lleva años engavetado en el Congreso de la República (es la Ley 3590)

  • La justicia sobre este delito: esta se encuentra en proceso y persigue identificar, enjuiciar y sancionar a quienes resulten culpables: sean autores materiales o intelectuales.
  • Finalmente, el Estado debe asegurarse de que a quienes sean hallados culpables por los crímenes cometidos, se les obligue a reponer a favor del Estado, el monto de la indemnización que nos fue entregada a la familia por mandato de la CIDH, así como a devolverle al mismo Estado y a la familia, los costos de este proceso judicial.

¿Para usted qué significa en este momento justicia y resarcimiento?

Justicia es la posibilidad de que haya leyes y de que sean aplicadas para juzgar y castigar a quienes violan los derechos de las personas, sin distinción de ninguna clase.

Mi concepto de resarcimiento es la búsqueda de reparación del daño causado a las víctimas. Hay varias formas de resarcimiento:

En primerísimo lugar:

  • El establecimiento de la verdad. Conocer qué pasó con la víctima.
  • La aplicación de la ley. Es decir, juicio y castigo conforme al derecho, a los responsables de los crímenes cometidos.

En segundo lugar, que la sociedad conozca los hechos criminales y el daño causado. Es importante y valioso si además el reconocimiento se acompaña del compromiso estatal de no repetición. Cuando este reconocimiento parte de una voluntad general y honesta, se materializan toda clase de mecanismos institucionales y leyes en contra de una nueva comisión de los delitos, así como de acciones para resguardar la memoria histórica mediante los cuales se reconoce lo actuado y se preserva y honra la vida de las víctimas.

En tercer lugar, la reparación del daño material que trajo consigo el hecho criminal. Generalmente esto consiste en una compensación económica, contemplada en el derecho internacional. En nuestro caso, la familia recibió en conjunto US$698 mil (unos Q5 millones 235 mil). La suma es insignificante o simbólica si con ella se tratara de “pagar” por la vida de Marco Antonio o si de esta manera se quisiera compensar por los efectos físicos y psicológicos o el profundo, continuo y permanente dolor provocado a la familia, especialmente a mis padres.

Con esta suma, que fijó la CIDH, se compensó la pérdida de proyectos de vida individual y familiar, truncados cuando mis padres se vieron obligados a dejar de trabajar por buscar a Marco Antonio y luego, cuando mis padres y mis hermanas tuvieron que huir de la represión en Guatemala hacia un exilio que dejó atrás empleos, estudios y bienes familiares, fruto del trabajo de mis padres y hermanas.

En mi caso, cuando salí de Guatemala, mi equipaje era lo que llevaba puesto. Me sentí despojada de patria, familia y amigos. Mis estudios no valían nada en México ni en Costa Rica. En Guatemala me gradué como maestra, pero en otro país mi título no era suficiente para ejercer el magisterio. En México el primer obstáculo para sobrevivir era no contar ni siquiera con cédula guatemalteca, no digamos con un pasaporte. No pude acceder a empleo ni a estudios en mi condición de migrante irregular

Mis hermanas pasaron por situaciones muy similares. Ese es el tipo de daño que intenta reparar la compensación económica.

Es importante que cuente a los lectores que en el año 2004 en el marco del juicio ante la CIDH y de la condena al Estado guatemalteco por la desaparición de Marco Antonio, por medio de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), mi familia convino con el Gobierno que no se volvería a solicitar indemnizaciones adicionales en concepto de reparación del daño material. Este acuerdo no incluye una solicitud de pago de costos y gastos legales.

¿Qué espera usted de este proceso penal?

Espero que el proceso deje claridad sobre lo que sucedió. El esclarecimiento de los hechos significa que la sociedad guatemalteca reconozca que yo fui detenida ilegalmente, que sufrí violencia sexual y que fui sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Significa que reconozca que en venganza por mi fuga, mi hermanito Marco Antonio fue secuestrado, desaparecido y asesinado y que a la G2 no le importó que tuviera solo catorce años ni el dolor que causaba especialmente en mis padres. Significa que la historia se escribirá de otro modo y se podrá comprobar que las acciones contrainsurgentes del Ejército incluyeron actos criminales, aun dentro de sus represivas leyes, no digamos a la luz de los derechos humanos, que es uno de los principales logros de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial.

De hallarlos culpables, espero que los ahora sindicados, sean castigados por los delitos cometidos con todo el peso de la ley. Esto significaría que la sociedad guatemalteca decida terminar con 35 años de impunidad.

Espero que Guatemala establezca este proceso como un punto de partida, como un precedente, para que nunca jamás haya desaparecidos por razones políticas y para que se investigue el paradero de los niños y adultos desaparecidos cuyo punto de partida es la aprobación de la ley 3590.

Espero que este proceso avive la esperanza de que Guatemala fortalezca la ley y la institucionalidad de la Justicia como forma civilizada de dirimir los conflictos y que se vaya desterrando la violencia como forma imperante de relación social.

Y finalmente, espero que se materialice el gesto de justicia más importante para mi familia: la entrega de los restos de Marco Antonio para su digna sepultura. Merecemos cerrar el duelo inconcluso que nos roba la paz desde hace tres décadas y media.

Quizá algo sobre el esclarecimiento de la historia y la verdad.


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Por: Nelton Rivera.

En el Tribunal de Mayor Riesgo A en la ciudad de Guatemala, la etapa del proceso en contra de 10 altos mandos del ejército concluyo, la fase de Audiencia de Acto Conclusivo luego de varias audiencias concluyo el día viernes 26 de mayo 2016. Ahora la juez Claudette Domínguez deberá analizar si existen los suficientes indicios legales para ordenar que 10 algos mandos del ejército guatemalteco vayan a un juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad: desaparición forzada y deberes contra la humanidad cometidos en la zona militar 21 en la ciudad de Cobán Alta Verapaz durante la década de los años 80.

La asociación de víctimas del conflicto armado interno de Cobán, la asociación de afectados de Chicoyoguito de Cobán, el Grupo de Apoyo Mutuo GAM y La Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala, esperan la próxima audiencia el día martes 7 de junio 2016 para que la juzgadora emita su sentencia y que los 10 oficiales vayan a juicio.

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Por Nelton Rivera.

“Los militares sabían lo que hicieron, sabían de la existencia de los planes, de todos estos planes que hicieron como estrategia para poder destruir a la población, de antemano lo sabíamos, porque de alguna manera el ejército específicamente Oscar Mejía Víctores desde 1983 siempre lo negó, siempre nos negó a los familiares la existencia de información.

Él nos dijo aquí no es Chile, no es Argentina, no es Perú, no es Bolivia, para tener películas ni mucho menos libros, haciendo referencia a otros documentos desclasificados en Sudamérica. Con esto demostramos los familiares de los detenidos desaparecidos que la verdad que siempre la hemos dicho sobre el señalamiento que los hechores intelectuales y materiales siempre han sido los ellos, los militares.”

El ejército de Guatemala  no ha desclasificado sus archivos militares, durante décadas ha negado la existencia de documentos que detallen las operaciones militares contrainsurgentes de los años de 1960 a 1996 que comprenden 36 años de guerra. Fue en 1997 cuando apareció el Plan de Campaña “Victoria 82”, sustraído de forma clandestina del ejército, este documento los utilizó la Comisión del Esclarecimiento Histórico para la elaboración del informe “Guatemala Nunca Más.”

El plan de Operaciones “Sofía” contiene las comunicaciones internas del ejército durante las operaciones realizadas en la región Ixil en el departamento del Quiche durante los primeros años de la década de los 80.  Como un paso previo para materializar el Plan de Campaña Victoria 82, y el Plan de Campaña “Firmeza 83”. En la ejecución de los mismos estuvieron los oficiales: mayor Arango Barrios y el mayor Otto Pérez Molina.[2]

Los documentos secuestrados por el Tribunal de Mayor Riesgo B en marzo de 2016, 19 años después del aparecimiento de los primeros planes son el Plan de Campaña Firmeza 83- 1, Plan de Campaña Reencuentro Institucional 84, Plan de Campaña Estabilidad 85, Plan de Campaña Consolidación 86,  Plan de Campaña Fortaleza 87, Plan de Campaña Unidad 88, Plan de Campaña Institución 89 y el Plan de Campaña Avance 90.

Para los familiares de las personas detenidas desaparecidas estos documentos pueden dar más elementos para esclarecer la actuación del ejército implicado en delitos de lesa humanidad y Genocidio, información que podría servir para esclarecer la verdad, estos planes comprenden los regímenes del general José Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores y Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Estos planes fueron secuestrados por un juez en Guatemala para incorporarlos dentro de la investigación del Caso Diario Militar, un documento del ejército en el que se documentó la detención y desaparición forzada de 182 guerrilleros de distintas organizaciones entre los años 1983 y 1984.

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La audiencia del caso Diario Militar  

El secuestro se realizó el día 9 de marzo 2016 en una diligencia realizada por el juez del Tribunal de Mayor Riesgo B en las instalaciones del Estado Mayor de la Defensa en la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

Como era de esperarse, el ejército intento que el juez no realizara la diligencia, varios abogados del ejército se presentaron argumentando que los planes eran documentos “secretos”, que de por medio estaba la seguridad nacional, pero finalmente no pudieron retenerlos.

Previo a que el Tribunal de Mayor Riesgo B presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez realizara la audiencia del día 31 de marzo 2016 los querellantes del proceso conocido como Caso del Diario Militar no tenían la seguridad que esta audiencia se realizara.

Finalmente la audiencia comenzó a las 11 de la mañana en la Torre de Tribunales, para Mario Polanco director del Grupo de Apoyo Mutuo GAM esta es una audiencia histórica, por tener a la mano la continuidad de los planes militares que permanecieron ocultos, hasta que el Juez Gálvez realizó el secuestro de ocho planes de campaña del ejército que comprenden el período de 1983 a 1990.

Estos planes fueron incorporados al proceso del Caso Diario Militar “José Miguel Gudiel Álvarez” contra el Estado de Guatemala, en la audiencia estuvo presente el Ministerio Público –MP-, la representación del GAM, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala –FAMDEGUA- y la Asociación Verdad y Justicia AVEJA quienes actúan como querellantes en este caso, la audiencia finalizó a las 5 de la tarde.

Aura Elena Farfán

“Este es un momento histórico, este momento es de gran trascendencia para nosotros como familiares de las personas detenidas desaparecidas, especialmente para las familias de los casos del Diario Militar. Para todos en general, por los más de 45 mil guatemaltecos y guatemaltecas, niños y niñas que años atrás los capturaron y los desaparecieron.

Para mí ha significado una mezcla de sentimientos, de saber de lo que fueron capaz, o de lo que es capaz el ejército de elaborar esos planes para destruir a la población, solo porque creían o pensaban que ellos eran el enemigo interno.  Para mí es bastante significativo y espero que no solo sirva para el caso del Diario Militar sino para todos los procesos por las violaciones que se dio en el Conflicto Armado Interno, específicamente con las masacres con la tierra arrasada en Guatemala.”

Mario Polanco

“hoy es un día histórico porque por fin las asociaciones de víctimas estamos teniendo acceso a la información que el Ministerio de la Defensa de Guatemala había dicho reiteradamente que no existía, que no la tenían, o que había sido destruida. Esperamos analizar la información para trabajar activamente en beneficio de la justicia, en favor de que los violadores de los derechos humanos vayan a prisión, esperamos que aporten información valiosa los documentos, esperaremos a conocer el contenido pero es un paso trascendental la que vivimos hoy.

El caso sigue abierto, estamos querellados dentro del caso Diario Militar, seguiremos recopilando pruebas para poder individualizar las responsabilidades y eventualmente poder emitir ordenes de aprensión.”

 

Para saber más sobre el caso del Diario Militar puede visitar: Guatemala: el Diario Militar una historia de desapariones y muerte 

 

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[1] Entrevista a Aura Elena Farfán directora de la FAMDEGUA. Audiencia presentación de Planes de Campaña militar de 1983 a 1990. Tribunal de Mayor Riesgo B. 31 de marzo 2016.

[2] Albedrio. Plan Sofía y Victoria 82. ¿Prueba o farsa?. Andrea Orozco. 10 de mayo 2010.http://www.albedrio.org/htm/noticias/lh100510.htm

 

 


Prensa Comunitaria Km 169

Por Nelton Rivera.

Doña Petrona es una mujer Q’eqchi de 75 años de edad, cuando ella tenía 41 llegó el ejército a su comunidad y tomo control de las otras comunidades en Panzós Alta Verapaz en 1982, ella recuerda ese año porque fue cuando comenzó la represión del ejército.

“Llegaban los soldados a buscar a la gente a las comunidades y se los llevaban y nunca más los volvimos a ver.”

Las comunidades se organizaron en la década de los años ochenta para solicitar al Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) legalizara las tierras a favor de la población, esto motivo que los terratenientes en la región con intereses concretos en las tierras los denunciaron de pertenecer a la guerrilla, a partir de esa denuncia llegaron los militares.

Durante el juicio realizado para esclarecer los delitos cometidos por el ejército en Sepur Zarco y Panzós a partir del caso “Sepur Zarco”, varios sobrevivientes y testigos narraron como el ejército llego a las comunidades, haciendo uso de listados ubico a los hombres, los detuvo y los desapareció, luego regresó por las mujeres, las esclavizó y las violó constantemente.

Muchas familias al comprender que correrían la misma suerte decidieron huir a las montañas para sobrevivir, el ejército respondió enviando patrullas a buscarlos, también hizo uso de artillería pesada sobre la montaña y a la aviación para atacarlos, muchos niños murieron de hambre y enfermedad.

El ejército asesino a su esposo y ella para sobrevivir tuvo que entregarse al destacamento militar de Sepur Zarco, fue esclavizada para trabajar al servicio del ejército, fue violada múltiples veces por los militares.

Luego de 34 años de buscar la justicia, finalmente doña Petrona dio su testimonio ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, los dos militares acusados fueron condenados el día 26 de febrero de 2016, el primero fue el comandante del destacamento militar, el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón, el segundo fue comisionado militar, Heriberto Valdés Asij, conocido también como el canche Asij.

A Reyes Girón el tribunal lo condenó a 120 años de prisión por los delitos contra los deberes de humanidad durante los años 1982 y 1983, por esclavitud y violación sexual de mujeres Q’qchis y el asesinato de doña Dominga Cuc y sus dos hijas. Al “canche Asij” a 240 años de prisión por la violación y esclavitud sexual de 11 mujeres Maya Q’eqchi y la desaparición forzada de siete de los esposos.

Solamente un oficial y un comisionado militar fueron juzgados, quince fueron las mujeres Q’eqchis las querellantes en el juicio, pero fácilmente el número de mujeres que sufrieron lo mismo puede llegar a sobrepasar el número de sesenta[1], quizás este juicio podrá abrir el camino para que las demás mujeres y familias afectadas busquen justicia, quizás el MP amplié la investigación a los otros autores materiales e intelectuales, altos mandos del ejército o a civiles como los terratenientes que también participaron de forma directa o indirecta.

***

Doña Petrona contó su historia

Doña Petrona se casó con Mario Mes Chub, juntos tuvieron a cuatro hijos, Candelaria, Juan, Abelino y Margarito Mes Choc, construyeron su hogar en Panzós Alta Verapaz. El día 2 de febrero 2016 ella llegó al Tribunal de Mayor Riesgo A para dar su testimonio sobre todo lo vivido durante la guerra.

Su cabello ya es de color gris, sus canas brillaban reflejando la luz de la sala, iban recogidas con una cola de elástico con dos pelotitas rosadas, una frazada de colores cubre su espalda y una toalla rosada está en una de sus manos con la que contuvo muchas veces sus lágrimas mientras le explicaba al tribunal cada uno de los terribles momentos que vivió.

La juez Yassmin Barrios, presidenta del tribunal le explicó que ella llegó para hablar de “la represión, control, desapariciones forzadas, violencia sexual, violencia generalizada en la comunidad La Esperanza, municipio de Panzós Alta Verapaz y sus alrededores, ejercida por miembros del ejército de Guatemala, comisionados militares, colaboradores del ejercito e integrantes de las patrullas de autodefensa civil.”

Sobre los dos acusados, al coronel Reyes Girón, el otro el comisionado militar “el canche Asij”, ella los conoció en el pasado, aunque aclara que los nombres completos de ambos no los sabia hasta que la presidenta del tribunal se los mencionó.

Doña Petrona no recuerda la fecha exacta de su nacimiento, en su papel de identidad esta la fecha, afirmó. Nació en la jurisdicción de Carchá Alta Verapaz, junto a su esposo para buscar su sobrevivencia decidieron ir a trabajar la tierra en Panzós, juntos construyeron su casa en la Aldea La Esperanza.

No recuerda la fecha exacta, hora, día y mes cuando llego finalmente al destacamento militar de Sepur Zarco, no tuvo forma de memorizar las fechas.

“no sé leer ni escribir, de haber sabido hubiera registrado esas fechas. Recuerdo que fue en 1982 cuando huimos a la montaña y que fue el año de 1983 cuando regresé y estuve en el destacamento.”

Así comenzó a narrar su historia…

***

Los T’zultaka de la Montaña les dieron refugio y protección

“En el año de 1982 nosotros nos fuimos a refugiar a la montaña, en esa época lo que sucedía es que llegan a las comunidades los militares y se llegaban a llevar a las personas, se los llevaron en camiones y así fue como nosotros comenzamos a ver que hacíamos para sobrevivir y así huimos.”

Para los mayas Q’eqchí, Achí y Pocomochí en Guatemala y Belice, T’zultaka es el dios del maíz, de las alturas, de las profundidades y de la abundancia de los animales, habita en los cerros y en las montañas[2], por lo tanto es el protector de la montaña.

Doña Petrona cuenta como su casa estaba divida en dos áreas principales, la mitad estaba dedicada a una tienda que tuvieron y para almacenar el maíz y las mazorcas que estaban cosechando en aquella época, la otra área era prácticamente para la vivienda. Recuerda que todavía les faltaba cosechar 10 tareas de milpa el día que llegaron los soldados a la comunidad.

“Mi finado esposo nos dijo que teníamos que huir y vimos que podíamos llevar, teníamos 4 hijos los más pequeños llevaban las bolsas de azúcar y aguas gaseosas, con lo que podían cargar y así nos fuimos a refugiar a la montaña.

Cuando nos agarraba la noche nos enrollábamos en unos nylons, nos lluvia todo el tiempo, los usábamos para protegernos del agua y de los insectos, todo esto que nos ocurrió no me lo estoy inventando, yo lo viví, cuando los soldados nos encontrabran, volvíamos a huir, usamos los ríos para caminar, porque en la montaña no habían caminos.”

Don Mario Mes y ella tenían en aquella época 8 tareas de tierra, que son 8 cuerdas de terreno, doña Petrona afirma que pelear por la tierra, por esa tierra que tenían, más las otras parcelas de las demás familias de la comunidad molestó a los terratenientes, porque poco a poco la gente tuvo sus propiedades, sus inmuebles, animales y negocios, describe que ellos tenían cacao, maíz, frijol y que cuando llegó la represión lo tuvieron que abandonar todo.

Su finado esposo le decía “que les vamos a dar de comer a nuestros hijos, él se iba a buscar algo que el mismo monte nos daba, yerbas, a veces él encontraba caña y eso le dábamos a nuestros hijos, porque eso era lo único que encontrábamos.” Su voz en ese momento se quebró, la toalla rosada en su mano limpió de su rostro sus lágrimas.

De 1982 a 1988 aproximadamente, los T’zultaka de las montañas protegieron a un sin número de personas Q’eqchís; ancianos, mujeres y niños que encontraron adentro de la montaña la protección frente al ejército y los terratenientes.

Esa misma historia se vivió en Huehuetenango, Quiché, Petén, Chimaltenango y otros lugares del país.

***

El ejército asesinó a su esposo

Un día seis personas se juntaron para ir a buscar comida, así salieron de la montaña, estaban en un sitio mientras comían unas naranjas cuando Abelino su hijo de 6 años grito “ahí vienen los saldados nos vamos a morir… mi esposo se arrodilló ahí mismo y se puso a orar, desde ese día él murió y ya no lo tenemos entre nosotros.”

La acción de don Mario le permitió a Abelino su hijo pequeño correr inmediatamente y meterse adentro de la montaña de nuevo, doña Petrona ante el grito de alarma decidió reunir a sus hijos, juntos salieron huyendo de la patrulla del ejército, montaña adentro podían tener un respiro de tranquilidad.

Recuerda que caminaron por muchos cerros, en el momento cuando iban caminando sobre unas peñas escucharon los disparos de fusil. “Ese fue el momento en el que mataron a mi esposo, junto a los otros hombres, en ese momento nos quedamos solos.”

A don Mario Mes no lo volvió a ver, “desde ese día nunca encontré su cuerpo, no lo he podido velar, ni enterrar y despedir.”

***

El destacamento militar de Sepur Zarco

Mientras ella narraba ante el tribunal hablo de los serios problemas en su salud, está enferma del oído, en 1982 se fracturó el pie cuando huyó del ejército junto a su familia, “me resbale en un río y ahí me rompí el pie, desde ese entonces me duele, todavía siento el dolor.” Su voz se quiebra de nuevo, su mano coloca sobre sus ojos, guarda de nuevos sus lágrimas.

“Mi hijo Abelino quedo también afectado, él quedo mal de un oído y de un ojo, cuando sucedió ese incidente con el ejército, cuándo perdimos a su padre, él escucho los disparos muy de cerca y como pudo corrió adentro de la montaña y como pudo logró salvarse.”

Sin el apoyo de su esposo, tuvieron que salir de la montaña, buscaron ir a la comunidad de Sepur Zarco sin otra opción, en juego estaba la vida de sus hijos pequeños, caminaron como 2 días y al tercer día llegaron al destacamento militar, ahí se presentaron para que el ejército respetara su vida.

“Cuando llegamos nos arrodillamos en el suelo y empezamos a orar para que nos perdonaran y nos dejaran ingresar a la comunidad. Nos quedamos a dormir en la sombra de una de las casas del destacamento, en la noche los soldados llegaban a jalarme de las piernas y yo despertaba a mis hijos para decirles que llegaron los diablos y que me querían llevar, así nos protegíamos entre nosotros.”

***

Esclavitud y violación sexual

En el destacamento miliar fue el lugar en donde la violaron; “ahí estuvimos, es muy doloroso relatar todo el daño que nos ocasionaron esos hombres, luego nos llevaron a una pequeña casa y esa casa estaba rodeada por ellos, no podíamos movernos a ningún lugar, al amanecer nos llevaban a cocinar, nos decían vengan y me llevaban a cocinar con otras de las mujeres, muchas veces fui violada, una de mis hijas también fue violada.”

Doña Petrona recuerda que mientras estuvo detenida con ella hubo muchas mujeres, pero recuerda a una en particular porque se escondía debajo del pollo para cocinar, todas las demás mujeres lloraban de terror y los soldados llegaban, la buscaban y se la llevaron.

“ella nos contó que la llevaron a la orilla de una fosa y le dijeron que en el fondo estaba su esposo, le dijeron te vamos a llevar a ver a tu esposo y él estaba al fondo de la fosa.”

Doña Petrona explica que dentro del destacamento había varias construcciones, algunas parecían casas, otras no, con insistencia los soldados le decían: “vos ya no tenés a nadie, nadie está preguntando por vos.”

Todos los días la llevaron a trabajar a la cocina del destacamento junto con otras mujeres, las hicieron trabajar de manera forzada, tenían que soplar el maíz y el frijol para limpiarlo, todo el tiempo eran grandes cantidades de estos granos, luego lo tenían que cocinar en unas olladas grandes, “las hoyas eran como para cocinar a los cerdos, ahí era donde les cocinábamos.”

Los vecinos de Sepur Zarco hacían una “contribución” de los alimentos que ellas cocinaban para el ejército, el frijol y el maíz llegaba por canastadas, ni una sola libra del grano fue comprada por los militares.

“Lo que nos daban eran 4 tortillas, cuando decíamos que si en agradecimiento, nos decían ¿así es como ustedes comían en la montaña? ¿Se comieron la carne?, sí, respondimos nosotras, ¿les gusto la carne?… lo que ustedes se acaban de comer es carne de perro, nos gritaban”

“Nos decían apestosas, eso era realmente humillante porque en nuestra comunidad siempre íbamos al río y en la montaña siempre nos bañamos. La mujer de quién les hablo se llamaba Candelaria Beb y ella ya está fallecida, estas son mis palabras.”

Ella recuerda a otras mujeres que corrieron por la misma suerte, su hija Candelaria Mes, Candelaria Yat, Rosa Tiul, Margarita Chub, son algunos nombres que recuerda a sus 75 años, con su voz cuenta que hubieron muchísimas más mujeres, por momentos se aleja del micrófono, dice que todos los días llegaban más mujeres al destacamento, a tal punto que el ejército podía hacer turnos con ellas, unas reemplazaban a las otras.

“Las mujeres que estaban conmigo todas eran viudas, y eran un montón de mujeres, todos los días llegaba el montón de mujeres.”

“Lo que sucedía es que llegaban todos los días los soldados, de un lado tenia a mi hija, a mi yerno y mis dos hijos, y yo con un palo les decía hijos de puta váyanse de acá los voy a denunciar con quien los manda, acaso no les da vergüenza lo que nos vienen a hacer.”

Yo no puedo inventármelo, lo que me sucedió a mi es lo que vengo a contar, yo estuve ahí. Solo Dios sabrá cuánta gente llevaron, si eran mujeres u hombres, no lo sé con exactitud todas las tardes escuchamos disparos.”

***

Del destacamento de Sepur Zarco las llevaron al de Tinajas

El destacamento de Sepur Zarco estaba ubicado en una de las fincas del municipio de El Estor Izabal, el destacamento de Tinajas lo ubicaron en otra finca en el municipio de Panzós Alta Verapaz, con el permiso y el apoyo del dueño de la finca de Tinajas, propiedad en ese entonces de Flavio Monzón alcalde municipal de Panzós Alta Verapaz en 1982. Otras fincas que se encontraban entre Panzós y El Estor eran propiedad de las familias Milla, Meagli en El Estor Izabal[3], también los Overdick García, los Monzón entre otros terratenientes.[4]

Doña Petrona, recuerda que primero estuvieron en el destacamento de Sepur Zarco, luego ordenaron que las enviaran al destacamento de Tinajas.

“Cuando estuvimos en Tinajas, mis hijos tenían como 6 o 7 años el más pequeño, ahí los amarraban y los dejaban tirados, no estuvimos en ninguna casa, si no que nos cubríamos con las hojas gruesas de los árboles para quedarnos en la intemperie. A mis dos hijos y mi yerno los mantenían amarrados; el esposo de Candelaria mi hija era Manuel Caal Beb, Juan Mes y Abelino Mes eran mis otros dos hijos pequeños, Mariano es el hijo que todavía me cuida.

A su yerno y sus hijos los soldados dentro del destacamento en Tinajas constantemente los pateaban y los golpeaban con sus armas en el estómago. Ella recuerda que en su estancia les gritaban “vayan a bañarse”, luego llegaba un hombre gordo quien las violaba de primero y luego llegan otros hombres más pequeños que formaban parte de la tropa y las violaban también.

“Recuerdo que todo esto sucedió en la época de Ríos Montt, todo esto fue muy doloroso lo que nos sucedió.”

***

La vida fuera del destacamento

Doña Petrona sabía que su comunidad la esperaba un lote de tierra, para ella y su familia, por eso en el año de 1982 las autoridades de la comunidad estaban gestionando ante el INTA esas tierras, ella comprende que la lucha por la tierra fue la razón por la cual se enojaron los terratenientes de la región, toda la represión fue por pedir la legalización de la tierra, hoy esas fincas las tienen con Palma Africana en grandes extensiones de cultivo.

“Cuando yo regrese a mi casa ya no había nada. Algunos de nuestros cultivos habían sobrevivido debajo del monte cuando este creció, nuestras reses, nuestras gallinas, nuestros coches, todos se perdió.

Les enseñé a mis hijos a trabajar, porque somos gente de trabajo, les enseñé a trabajar la tierra a mis dos hijos varones. Ellos me preguntaban que vamos a hacer para comer, yo le respondí tendremos que cultivar la tierra para comer. Compramos un machete, compramos una lima para afilarlo y comenzamos a sembrar de nuevo la tierra. Sembramos cinco cuerdas de arroz, una cuerda de chile y otra de frijol.”

Doña Petrona salió de la montaña sin nada, cuando ella y sus hijos salieron del destacamento militar de Tinajas, no tenían absolutamente nada, poco a poco fueron comenzando de nuevo, algunos vecinos le regalaron ropa vieja para vestir a sus hijos, también las mujeres le regalaron un corte viejo.

“Les enseñé a trabajar a mis hijos, así comenzaron a ganarse la vida y sus centavos, yo también trabajaba vendiendo tortillas, vendiendo tamales y tayuyos. Luego aprendí a tejer y así fue como seguimos trabajando tejiendo cosas.

Ahora a duras penas puedo sobrevivir, la gente que es buena me regala, comida, azúcar y así voy pasando los días. De 1982 hasta la fecha aún no tenemos la propiedad de la tierra.”

Ella insiste en recordar que perdió a su esposo, nunca lo pudo enterrar, aún no ha encontrado su cuerpo, el ejercito no quiere decir en donde los enterraron, y en el lugar en donde ella sabe que lo mataron, en la comunidad de San Marcos la gente ha quemado muchas veces el suelo para sembrar y su cuerpo aun no aparece.

Treinta cuatro años después ella y su familia, al igual que las demás personas de su comunidad siguen el derecho y la propiedad legal de la tierra. Doña Petrona terminó de contar su historia, su testimonio sirvió para condenar al coronel Esteelmer Reyes Girón y al comisionado militar Heriberto Valdes Asij.

La tierra sigue en disputa

Actualmente en menos de quince años la finca Tinajas ha cambiado de dueños constantemente, de la misma manera que otras fincas sobre el Valle del Polochic (Alta Verapaz y El Estor Izabal), en el año 2011 la familia Widmann vendió la finca Tinajas a la familia Pellas Chamorro de Nicaragua, nuevamente desalojaron por la fuerza a las comunidades Q’eqchi asentadas en el valle.

Los Pellas intentaron hacer funcionar un ingenio azucarero el Chabil Utzaj[5], en el intento fracasaron ahora en 2016 está quebrado, cientos de familias desalojadas siguen sin retornar a sus tierras, los terratenientes y empresarios tienen nuevamente puestos los ojos sobre la tierra, esta vez para la Palma Africana.

En los desalojos violentos del 2011, murió Antonio Beb Ac en la comunidad Miralvalle en el Valle del Polochic, en el desalojo participaron los terratenientes, cuadrilleros, paramilitares, policías y soldados.[6]

El asesinato del profesor Adofo Ich Chaman[7] en 2009 por el jefe de seguridad de la CGN Mynor Rolando Padilla, para el 2016 las empresas como la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. (CGN) explotan grandes cantidades de minerales de estas tierras, el monocultivo de la Palma Africana en grandes extensiones de tierra se impuso bajo el control de la empresa NATURACEITES, propiedad de las viejas familias terratenientes en esa región como los Maegli-Müeller.[8]

La historia del despojo se repite nuevamente.

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Coronel Esteelmer Reyes Girón
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Heriberto Valdés Asij
[1] Entrevista realizada a Amandine Fulchiron en el marco de la investigación “Tejidos que lleva el alma. Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado”. Febrero 2016.
[2] Celso A. Lara Figueroa. Leyendas mágicas del corazón del cielo de Guatemala. Centro de Estudios Folklóricos, USAC, 2005.
[3]  Plaza Pública. Sepur Zarco: La violencia sexual será juzgada. Oswaldo Hernández. 15 de octubre de 2015.https://www.plazapublica.com.gt/content/sepur-zarco-la-violencia-sexual-sera-juzgada
[4] Periodismo Humano. Masacre de Panzós Cobán, Guatemala: Nos enseñaron el silencio, pero es hora de gritar. Juan Calles.http://guatemalacomunitaria.periodismohumano.com/2014/06/01/nos-ensenaron-el-silencio-pero-es-hora-de-gritar/
[5] Nelton Rivera. Valle del Polochic: Despojo con sabor a Flor de Caña. Albedrio. 27 de junio 2011.http://www.albedrio.org/htm/articulos/n/neltonr-019.htm
[6] Indymedia Guatemala. Resumen desalojos Comunidad Miralvalle. Desalojos de cerca de 800 familias en el Valle del Polochic. 16 de marzo 201. http://radiopozol.blogspot.com/p/internacional.html http://www.chiapas.indymedia.org/index.php?category=4
[7] Nelton Rivera. Profesor Adolfo Ich Chamán, estás en la memoria del pueblo. Prensa Comunitaria. Septiembre 2014.https://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/27/profesor-adolfo-ich-chaman-estas-en-la-memoria-del-pueblo/
[8] Luis Solano. Palma Africana y empresas se expanden aceleradamente a lo largo de la FTN. Revista Enfoque, 15 de julio 2015.

Exhumación en comunidad Xexocom en Nebaj, Quiche. Año 2015. (Antiguo destacamento militar)

 

Por Carlos Fernández.

Desde el año 1998 comencé en las andadas. Para ese entonces estaba con el tema de rehabilitación física a víctimas sobrevivientes del Conflicto Armado Interno –CAI- y tiempo después paré trabajando en temas de reparaciones y devolución del REMHI en el año 2000 que impulsaba la iglesia católica guatemalteca. En esos años, me tocó ir a varios procesos de exhumación, ya que mis compañeros psicólogos creían que el patojo de la facultad de medicina de U privada tenía que sensibilizarse. La experiencia que dejan las exhumaciones de víctimas de violencia del CAI es única. Cada proceso a pesar de ser diferente al anterior, tenía una particularidad: el deseo de los familiares, muchas de ellas mujeres, de establecer el paradero de sus seres queridos.

Recuerdo estar sentado en un paraje mas allá de Soloma, Huehuetenango, ayudando a los antropólogos a llenar fichas de identificación de desaparecidos y escuchar el relato de señoras de avanzada edad que describían con lujo de detalles la forma en que iban vestidos sus esposos e hijos desaparecidos, fecha exacta y hasta que les habían puesto para comer en su jornal. Hubo momentos en los que debo confesar dudé de la exactitud de sus versiones. ¿Cómo era posible que alguien recordara con tanto exactitud después de 25 o 30 años ese tipo de detalles?

Una vez terminada la tarea de documentación y pasado un tiempo tocó regresar a la comunidad al inicio de la fase arqueológica. Se delimitó la trinchera en el lugar señalado por los testigos e inició el proceso de poco romántico debo decir de palear por horas. Conforme se iba profundizando, cubetas y más cubetas de tierra salían de la fosa y por momentos pensé que la gente se había equivocado de lugar. Fuera de la fosa el ambiente era de voces, risas de niños y madres hablando a sus hijos para que no tocaran las herramientas de los arqueólogos. En un árbol cercano, unos psicólogos hacían una suerte de taller psicosocial con los familiares. Había un poco de todo.

Con el pasar de las horas, cada vez había más personas alrededor de la ahora profunda fosa. El ambiente seguía siendo de poca solemnidad, hasta que una de las palas dio con la primera osamenta. Cuando el compañero pronunció las palabras “aquí hay una persona”, se hizo un silencio profundo y así siguió por varios minutos mientras iniciaba ahora una fase más minuciosa del trabajo en manos de los arqueólogos. Brochazo tras brochazo, pequeños picos y palas descubrían etapa por etapa no uno sino decenas de cuerpos apelmazados con manos amarradas, ojos vendados y orificios en el cráneo posiblemente provocados por proyectiles de arma de fuego. De pronto una de las mujeres da un grito de “aaayyy”, se agarra el rostro y llora con un desconsuelo que golpeaba el alma. Era una de las señoras que me tocó entrevistar; una de las osamentas correspondía con el pantalón, cincho, camisa y calzado que ella recordaba. Movía sus manos al cielo, como quien reclama a Dios por tanta injusticia. No entendí una sola de las palabras en idioma maya dichas por la señora en ese momento, pero no hacía falta. Sus gestos y su voz ahogada en llanto eran más que elocuentes.   Me asaltó un sentimiento de culpa por haber dudado he de confesar. Como ella, otros cientos de sobrevivientes tenían intacto el recuerdo del último día que vieron a sus seres queridos.

Ahora que han capturado a 13 militares entre ellos Benedicto Lucas García, hermano del sanguinario genocida Romeo Lucas García (1978-1982) se lleva en tribunales un proceso histórico de justicia. Cientos de familiares han esperado con ansias el tener la oportunidad de sentar frente a la justicia a quienes identifican como responsables de la tortura, desaparición, secuestro y asesinato de sus familiares. No tuve la ocasión de ir a la primera audiencia y dudo tener el tiempo para asistir a otras, pero las he seguido en redes, medios de comunicación y por amigos que si han presenciado. Uno de ellos me relató cómo en la audiencia del día 8 de enero de 2016 habían en la sala dos bandos (faltaba más en ésta Guatemala de la polarización) y cómo se dieron una serie de “incidentes” al nivel de sacarse la lengua, arrugarse la frente, “agredirse tomándose fotos mutuamente” y otra serie de actitudes infantiles.   De los familiares de los militares, no espero mucho. Pero de otras personas y organizaciones sí. Lo que ocurre en esa sala, no es un circo. Es un proceso que lleva años de estarse persiguiendo por los sobrevivientes de la masacres. Las evidencias son contundentes y han sido recabadas de manera científica, pero sobre todo, es la oportunidad única de las víctimas y no de las ONGs de acceder a justicia.

Los abogados del MP y de la querellante tienen tremenda responsabilidad. Ya hubo una experiencia poco agradable con el proceso contra Ríos Montt, en la que el litigio malicioso rindió sus frutos. En esta ocasión no deben cometerse los mismos errores o vicios de proceso que puedan dejar una rendija por la que se cuele un fallo de impunidad. Ojalá y lo tengan claro esta vez. De nada sirve ganar mediáticamente el caso si legalmente el fallo será de impunidad.

Es por ello que regreso al momento en el que se encontró la primera osamenta en aquella fosa que relaté líneas antes. Es momento de manifestar un profundo respeto por las victimas, detener el ruido innecesario y poner atención a lo importante. Acá no se están litigando ideales oenegeros o políticos de la derecha conservadora. Se ha puesto ante la justicia a perpetradores de violaciones a derechos humanos contra población desarmada, violadores sexuales, torturadores, secuestradores y sabrá Dios que otros delitos, documentados, insisto, de manera científica. No es momento de circos. La sangre derramada clama justicia; que las luces, flashes y momentos mediáticos no logren desvirtuar esta larga espera. No hagamos de la justicia un circo y menos aún, ocasión para sacar a pasear luchas ideológicas inútiles.


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Por Nelton Rivera.

Don Felipe Chalí es un hombre maya Kaqchikel de San Juan Comalapa en el departamento de Chimaltenango, en Guatemala. Él lleva el mismo nombre de su padre Felipe Juchuná Chalí quien a los 34 años de edad fuera detenido y desaparecido por el ejército guatemalteco en 1980. El desde muy joven vivió de cerca la violencia del Estado, la represión del ejército en los años 80 llegó hasta la puerta de su casa, le dio un duro golpe siendo adolescente, golpeó fuertemente a su familia y a muchas familias de su comunidad.

En su rostro y manos se deja ver la fuerza el trabajo y el sol que marcan los caminos de la piel, en su cabeza brillan las puntas de las canas que su corto pelo le permite mostrar. Se muestra serio, pero al calor de la conversación va soltando algunas cuantas sonrisas, don Felipe tiene presente esos días como si hubiera ocurrido hoy mismo, cualquier día de agosto del 2014.

Finalmente don Felipe se reunió con su padre, sus restos regresaron el 18 de julio 2014, con él nueve osamentas más que fueron identificadas por la FAFG. Don Felipe afirmá que ahora si podrá visitarle, saber el lugar exacto en donde está y que facilmente podrá encontrarlo cuando  quiera.

San Juan Comalapa recibió a diez de sus hermanos y hermanas detenidas desaparecidas en 1980, el pueblo realizó una marcha desde la entrada hasta el parque central, en el camino las bombas de fiesta fueron anunciando esquina por esquina su llegada. Luego en el Salón municipal una alfombra de pino con miles de petalos de rosas aguardaban su llegada, ahí don Felipe dio su testimonio con la seriedad que lo caracteriza un poco mas contento pero con el dolor aún por dentro.

Me acuerdo bien de mi papá

Me acuerdo bien de mi papá, él siempre presentía cosas, tenía ese don y un día me dijo: “ya no voy a vivir más, que la cosa esta jodida” esas eran sus palabras, él lo presentía y ya no tuvo más vida, cuando el decía esto empezaba a llorar.

La desaparición de mi padre ocurrió durante el conflicto armado interno, fue el 6 de enero de 1981, mi papá fue ayudante de construcción, él iba atrás de un camión cuando lo detuvieron esa mañana, iba temprano al trabajo y nunca más regresó. Nació el 10 de mayo de 1948 era bastante joven cuando se lo llevaron los militares.

Fue a través de CONAVIGUA que supimos que podíamos encontrarle. Ellas nos hablaron de la necesidad de realizar la exhumación en San Juan Comalapa, yo voy a decir la mera verdad en ese terreno encontramos a varios de mis familiares. Lo cierto de todo esto es que fueron los militares quienes hicieron las desapariciones de la gente de aquí, de muchos aún no sabemos a dónde los fueron a enterrar.

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De cuando empezaron las exhumaciones

Aquí estuvieron trabajando los antropólogos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, recuerdo que fue un día domingo del 2003 cuando ellos comenzaron a trabajar, también estuvieron las mujeres de CONAVIGUA. Luego de varias horas de trabajo poco a poco fueron abriendo la tierra y encontrando las fosas. Así fueron apareciendo poco a poco los primeros restos.

Nosotros vimos cuando se hizo la exhumación, vimos cuando encontramos diferentes restos, una vez me tocó ver una de las osamentas, era diferente a las otras, usando mi imaginación supe que era la osamenta de un ladino, por lo alto, porque sus huesos eran más grandes que los otros. Esta exhumación no fue fácil, se tuvo que pedir el permiso para hacerla, costó que lo dieran.

Sabemos que a la gente de otros lugares sí los trajeron aquí. Por ejemplo aquí exhumaron a una persona que venía desde Cobán, por eso es que a los de la ciudad los vinieron a enterrar aquí, pero a la gente de aquí no sabemos a dónde los fueron a tirar.

Ahora ya taparon nuevamente todas las fosas, taparon otra vez el terreno del antiguo destacamento militar, ahí mismo donde se hicieron fosas humanas, a ese lugar se le conoce como Palabor. Al finalizar este proceso entendimos que a mucha gente que desaparecieron en esta comunidad seguro la llevaron a otro lugar, porque muy pocos aparecieron aquí en el antiguo destacamento militar.

La gente dice que aún en ese lugar hay restos de personas que no se han exhumado, que esperan ahí todavía. Recuerdo que a un mi familiar lo agarraron en el destacamento de Comalapa y fue hasta allá en San Agustín que lo fueron a tirar los soldados. Y gente de allá la trajeron para acá a este destacamento, pero tuve entre todos la suerte de encontrar aquí a mi papá en el año 2003.

Del año 2003 hasta este año que no hemos podido enterrar sus restos, pero él ya está identificado a diferencia de cientos más que hacen falta, todo esto luego de 34 años de buscarlo.

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Cuando desaparecieron a mi papá

Cuando desaparecieron a mi papa yo tenía 14 años, ahora tengo 49 años de edad. Nací en el año de 1975. Éramos cuatro en la familia, una hermana y mis dos papas. Cuando se llevaron a mi papa, me tocó vivir a mí y a toda la familia el conflicto armado interno, nos tocó que pasar por muchas enfermedades y muchas penas.

A mi familia y a mí nos dejó mucho dolor en la vida, por ejemplo yo tengo a mi papa detenido – desaparecido, además un cuñado y un tío hermano de mi papá, solo de mi familia secuestraron a tres personas en poco tiempo.

Desde la detención y desaparición de mi papá, me dedique a la agricultura, pero lo que más hago es vender pino por red para cualquier acontecimiento. Hago trabajo ajeno con otra gente a eso me estoy dedicando.

Finalmente me casé tarde, por el momento no tengo familia, mi esposa tiene 29 años y yo ahora tengo 48, pero aún no tengo familia, cuando pasó el conflicto armado interno mi esposa aún no había nacido, fue hasta el año de 1984 cuando nació ella y yo tenía 14 años, así que estuve solo como 16 años.

Yo vivo la desaparición forzada ahora con un poco de alivio porque voy a poder enterrar pronto a mi papa, y saber que los restos de mi papá van a descansar. Ahora vamos el día de los santos al destacamento militar a dejarle sus veladoras, hacemos oraciones, nos llevamos candelas, pero no sabemos en dónde están los restos y esa sigue siendo una gran tristeza.

Hay gente que piensa diferente, algunos dicen que esos restos no son de mi papá, lo dicen porque no vienen a las reuniones de CONAVIGUA, la gente piensa que realmente no son los restos de un familiar, sino de otra persona.

Yo estoy seguro porque a mí me hicieron las pruebas de ADN, la FAFG vino un día por esa muestra. Aquí en la Ceiba se hicieron las pruebas, en ese entonces supe que en un 100% era mi papa, para la prueba de ADN participamos mi mamá, una hermana y yo para la muestra, de esa manera logramos un alto porcentaje de coincidencia finalmente.


Por Quimy De León y Juan Calles

Entrevista con Kate Doyle

Una mujer rubia camina de una esquina a otra dentro de su oficina, sobre su escrito hay un documento que acaba de recibir de una periodista, mientras lo revisaba comprendió que tenía entre sus manos un registro que cambiaría el rumbo de lo que se hablaba como proceso de paz guatemalteco.  Mientras recorría su oficina pensaba cómo enfrentaría todo lo que seguro se vendría, sobre su vida y sobre la vida de cientos de familias guatemaltecas. Afuera por la ventana, Nueva York seguía su rutina como que si nada, como si no hubiera una bomba a punto de estallar. Era marzo, era 1999.

La mujer es Kate Doyle, directora de una organización llamada Archivo de Seguridad Nacional, institución norteamericana ubicada en Washington que defiende el derecho de todo ciudadano de saber lo que hace su gobierno, en palabras de ella misma el Archivo de Seguridad Nacional defiende “el derecho a saber”. El documento sobre su escritorio es el Diario Militar.

“Cuando dimos a conocer el Diario Militar hubo una explosión, especialmente en la prensa guatemalteca, pero también internacional, todos querían saber, querían investigar, querían conocer detalles del Diario, por parte del Gobierno de Guatemala hubo negación, por parte de las familias de los desaparecidos hubo esperanza de tener al menos un dato de sus familiares”.

Kate Doyle Fotografía: GRANITO Skylight

¿Qué es el Diario Militar “Dossier de la muerte”?

Es un documento que nos dice que la inteligencia militar guatemalteca de los años 1983 a 1985 tenía como política interna la estrategia de desaparecer forzozamente a personas que tenían supuestos vínculos con la oposición armada. En este documento hay nombres y fotografías de las personas secuestradas y desaparecidas, hay fechas y lugares y hay códigos que dicen que fue lo que le sucedió a estas personas.

“El Diario militar demuestra que estos no fueron secuestros realizados por grupos fuera del control del Ejército, el Diario demuestra que esto fue una política interna del ejército de Guatemala.

Es un documento de estrategia militar; pues hay referencias múltiples a la G2, D2 a la dirección de inteligencia – DI. Además, todas las secciones del diario corresponden a la lógica de un documento militar, por ejemplo: listados, expedientes, la forma de la inteligencia militar de archivar, un análisis breve de cada grupo revolucionario, hay una lista de allanamientos de casas, y luego la parte del documento más conocida que es la que lleva las fotografías, éste es un informe de inteligencia, un informe que documenta las acciones del personal de inteligencia. Todo señala a la inteligencia militar guatemalteca.”

En el diario militar se registran 183 secuestros que ocurrieron bajo un patrón como un instrumento de la contrainsurgencia guatemalteca, estas 183 personas son emblemáticas dentro de una historia de miles y miles de casos de desaparición forzada pero representan una gota dentro de la tragedia que provocó el Ejército de Guatemala.

¿Cómo llegó el Diario militar a sus manos?

“Poco tiempo después de que se publicara el informe para el Esclarecimiento histórico en 1999, en febrero o marzo, me llegó el documento a través de una periodista guatemalteca que ya falleció. Yo, luego de varios días de análisis, confirmé que sí, que era un documento original elaborado por las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala”.

En esa época el Gobierno de Guatemala negaba que existieran documentos militares, negaba la veracidad de los rumores de la existencia de planes militares como el Plan Sofía, el Victoria 82, entre otros.

Kate decide revelar el documento en una conferencia de prensa. Cuando sale a luz pública el Diario Militar, el Gobierno y el Ejército guatemaltecos negaron la veracidad de este documento que es evidencia de crímenes de desaparición forzada, de detención ilegal y de asesinato en contra de guatemaltecos por parte de su propio gobierno.

“El Diario Militar cobra más importancia pues las autoridades de Guatemala habían negado la existencia de documentos, sin embargo la aparición del diario era evidencia de la burla del gobierno guatemalteco al proceso de paz y a la comisión de la verdad.”

A pesar de la negación sistemática del ejército y el gobierno, la evidencia fue insostenible pues era muy claro que este es un documento real, de hecho durante una reunión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno aceptó que era un documento de las fuerzas de seguridad del Estado.

¿Qué nos revela el diario militar?

El diario corresponde a muchos documentos realizados por los ejércitos de América Latina durante la época de la represión. Se han encontrado documentos similares en Argentina, Chile, Colombia y El Salvador.

“El diario no es único en el contexto de los archivos de América Latina; sin embargo no se puede negar que es un documento original del ejército de Guatemala. Nadie puede negar que este documento no es original, auténtico, pues es un documento con anotaciones hechas a mano, con fotos claramente arrancadas de la cedula de las personas asesinadas, es un documento que tiene olor de fotos viejas.

Lo novedoso en el diario es que Guatemala tiene uno de los ejércitos más cerrados y con una historia sanguinaria”

¿Hay algún código contenido en el diario que aún no se ha podido descifrar?

“El código que más se repite es el 300 el cual se refiere a la ejecución de la gente, además del 300 existe la frase “se lo llevó pancho”, no hay duda del significado de estos códigos[1].

Hay un código que es un signo de interrogación, aún no hemos descifrado que significa eso, además del -4 que no sabemos a qué se refiere”.

¿El Diario Militar permite hacer un seguimiento hacia la línea de mando para determinar responsables?

“Nosotros creamos una base de datos del ejército de Guatemala, allí puedes armar la información del diario con respecto a las fechas, a las entidades del estado, (cuarto cuerpo, zonas militares, etc.) son datos que se puede utilizar para en correspondencia con otros documentos crear la línea de mando de las estructuras del estado.

El Diario Militar como dice Kate, es un documento tangible, que se puede oler y tocar, que guarda en su interior la historia de horror que desarrollaron las autoridades militares en Guatemala, es un documento que tiene olor de fotos viejas, olor del vacío que dejaron las personas que desaparecieron y que fueron que fueron asesinadas por el ejército, por el Estado de Guatemala. El Diario Militar es real, es verdadero.

Por la línea telefónica la voz de Kate Doyle suena esperanzada y afirma su deseo de traer el documento original a Guatemala, pero antes debe tener la certeza de que será debidamente resguardado; sobre el escritorio en donde transcribo la entrevista en una pila de periódicos guatemaltecos sobresalen las noticias de represión y asesinatos en Cobán contra población q´eqchi´, durante la administración de un militar presidente. Por el momento no hay un lugar adecuado para resguardar el documento que evidencia los crímenes del Estado guatemalteco. Hablar con Kate me llena de preguntas y , no sé cómo responder a Doyle, solamente atino a colgar el teléfono.

[1] Significan que los ejecutaron, que murieron.


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Por Cristina Chiquin 

El 19 de Marzo de 2013, dio inicio el histórico Juicio contra Efraín Rios Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez por los delitos de Genocidio y deberes contra la humanidad. Hoy, un año después el proceso continúa,  un proceso que para el pueblo Ixil ha significado toda una vida de búsqueda justicia.

“Cuando inicio el Juicio yo estaba contento porque sabía que había llegado la verdad al pueblo de Guatemala y no sólo a Guatemala si no al mundo. Eso me dio satisfacción, porque se conoció todo lo que nosotros sufrimos… Ellos lograron anular la sentencia políticamente pero históricamente nadie no la va quitar, ésta se sigue manteniendo en nuestro corazón.  Después de un año de la sentencia, la historia nos ha mantenido fuertes para seguir luchando y seguir exigiendo que haya justicia en Guatemala”  Benjamín Manuel Gerónimo, querellante y representante de las victimas en el Juicio por Genocidio.

Ese 19 de marzo del 2013 la sala de audiencia de la Corte Suprema de Justicia estaba llena, el Tribunal de mayor riesgo A, presidido por la Jueza Jazmín Barrios, dio  apertura a el  juicio a pesar de las estrategias dilatorias que la defensa del General Efraín Ríos Montt trató de imponer.

Los ojos de quienes observábamos se abrieron, muchas personas sabíamos que con el inicio de este proceso podríamos escuchar la voz de la verdad y de la memoria del pueblo a través de las y los testigos del pueblo ixil.

Ríos Montt estaba sentado en el banco de los acusados, algo que muchas víctimas no lograron ver. Sin embargo, quienes sobrevivieron las masacres perpetradas por el ejército de Guatemala, lograron llevar, una lucha que logró que este proceso se pudiera dar.

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A lo largo de los días siguientes se escucharon 97 testimonios  (43 de mujeres y 54 de hombres) presentados por el Ministerio Público y la parte querellante, conformada por la Asociación para la Justicia y Reconciliación –AJR- y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos –CALDH-.

En general, los testimonios hablaron sobre la experiencia vivida en los años 1982 y 1983 en el aérea ixil, en donde se cometieron masacres, bombardeos, asesinatos de hombres, mujeres, niñas, niños y ancianos. Con la estrategia de la tierra arrasada además se quemaron los cultivos como el maíz, se  destruyeron objetos personales y símbolos de cultura y fe, para llegar a la destrucción completa de la comunidad.

Los testigos también narraron los desplazamientos forzosos a los que la población Ixil tuvo que someterse debido a la persecución de la que eran objeto por parte del Ejército de Guatemala. El hambre, las enfermedades, el dolor psicológico, la separación familiar y el exterminio de poblaciones completas fueron parte de las secuelas vividas por el pueblo Ixil.

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Dentro de los testimonios presentados destacaron por su crudeza los de diez mujeres ixilies que narraron las atrocidades de violencia sexual vividas en manos de miembros del Ejército de Guatemala. Las violaciones contra las mujeres fueron actos de violencia carácter sexual, físico y emocional, ocurridos durante las masacres realizadas en las comunidades. Además, en muchos casos, madres e hijas y niñas  estuvieron sometidas a torturas físicas, esclavitud sexual, trabajo forzoso para los soldados ubicados en los destacamentos militares.

 “La verdad está dicha, la Justicia Sentenció”

Fue un proceso que tuvo muchos obstáculos, pero que con el esfuerzo y lucha del pueblo Ixil, se logró una sentencia histórica el 10 de mayo del 2013. Este día, en medio de gran expectación, se condenó a Efraín Ríos Montt  a 80 años de prisión inconmutables por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad y se absolvió de los cargos a José Rodríguez Sánchez.

Sin embargo, el 20 mayo, 10 días después de la sentencia dada por el Tribunal de mayor riesgo A, la Corte de Constitucionalidad, la dejo sin efecto y retrotrajo el proceso. Al hacerlo, la Corte de Constitucionalidad respondió en favor de la impunidad atendiendo los intereses de la oligarquía  y militares.

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A pesar de ello para el pueblo Ixil y para la historia de la justicia de este país la sentencia, se mantiene firme, la voz de la verdad fue escuchada y la búsqueda de justicia continúa.

Un año después y frente a la corte suprema de Justicia, Iduvina Hernández, activista y defensora de Derechos Humanos en Guatemala comentaba

“Sí hubo genocidio en Guatemala y eso se probó con el juicio iniciado justamente hoy hace un año. En las salas de esta Corte hubo genocidio, hubo una sentencia y José Efraín Ríos Montt y sus secuaces son culpables”

Esta Historia Jamás se Olvida

Un año después no llega el olvido y la memoria de quienes han buscado la justicia, y la verdad continúa alzando la voz para denunciar lo que pasó en Guatemala y lo que hoy lamentablemente sigue sucediendo.

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No lograron ocultar la verdad,  no lograron cortar la primavera. Benjamín Manuel Gerónimo  querellante y representante de las victimas en el Juicio por Genocidio, con un clavel rojo en sus manos y con la voz firme comentó:

“Estoy completamente convencido de que esta lucha que nosotros estamos haciendo,  está beneficiando a tres generaciones: una de quienes ya murieron y ya no lograron ver la sentencia pero sí ellas y ellos  se van sentir tranquilos, alegres porque nosotros seguimos trabajando por lo que ellos sufrieron. La otra generación los sobrevivientes porque ellos tienen esperanza de que sí hay justicia en Guatemala,  la otra es para la juventud porque va conocer la historia”

Un año se pasó rápido, pero la  búsqueda de justicia y el poder mostrar la verdad de lo sucedido es una lucha que ha llevado muchos años y que en el camino ha tenido que enfrentarse al terror de quienes quieren seguir manteniendo un estado de exclusión y dolor. Sin embargo, a pesar de ello,  la memoria renace y florece, porque en ella esta tejida la vida de hombres y mujeres que buscaban la vida y la paz.