Guatemala Comunitaria

Fotografía Quimy De León

 

Publicado en desInformemonos en México.

“…que no quede ninguno vivo”

Pedro García Arrendo es culpable”… con estas palabras hace un año exactamente, en la ciudad de Guatemala, en sala mayor de la Corte Suprema de Justicia el Tribunal de Mayor Riesgo B, frente a una multitud de personas de distintos pueblos del país, escuchamos la sentencia por la masacre cometida por el Estado de Guatemala en 1980. El nerviosismo lleno por completo la sala de audiencias, esta sentencia llegó dos años después de la sentencia por Genocidio en contra del pueblo Ixil contra del general José Efraín Ríos Montt en 2013.

La jueza y presidenta del Tribunal, inició por la tarde de ese histórico lunes 19 de enero, llegó el momento de la lectura del documento final, el resumen de la sentencia, haciendo uso de la palabra, y con el silencio de la multitud en la sala, abrió la audiencia a las 5 y 23 minutos de la tarde, treinta cinco años después de la masacre en la Embajada de España en 1980.

La jueza Sara Griselda Yoc Yoc de manera sencilla, sin leer un lenguaje técnico jurídico trasladó el análisis del tribunal para argumentar el porqué de su sentencia, en el caso de la “Toma y Quema de la Embajada de España” ocurrida el 31 de enero del 80.

El jefe del Comando Seis, teniente coronel Pedro García Arredondo fue condenado a 90 años de presión inconmutables, 40 años por cometer Delitos Contra Deberes de Humanidad en concurso ideal, delitos de Asesinato en Grado de Tentativa en concurso real contra el Embajador de España Dr. Máximo Cajal y López y el campesino Maya Gregorio Yujá Xoná, y el asesinato de 37 personas dentro de la Embajada de España el 31 de enero de 1980.

Cientos de personas esperaban con atención que la jueza con sus palabras llegara finalmente a la parte condenatoria, pasaron tan solo pocos minutos, que se convirtieron en largas horas de espera para quienes ahí presenciábamos la lectura, finalmente pocos minutos más tarde ocurrió, sus palabras rompieron la espera de décadas: “Pedro García Arrendo es culpable.”

Los corazones comenzaron a latir con fuerza, la respiración de cientos de personas ahí presentes en esa sala se hicieron profundas, muchas lágrimas rodaron por los rostros arados por el tiempo, hombres y mujeres maya Ixil y K’iché presenciaban como la justicia en Guatemala comenzaba a saldar la deuda enorme que aún tienen con su pueblo, varios hombres y mujeres Ixiles, hijos de quienes murieron calcinados adentro de esa embajada volvían a recordar con insistencia el reclamo de justicia, ese reclamo que los llevo a sobrevivir y a luchar 35 años ante los tribunales nacionales.

El tribunal continuo con la lectura de la sentencia, impone la condena de 50 años más de prisión inconmutables; por el asesinato de los estudiantes universitarios Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España Valle cometidos posteriormente el 2 de febrero de 1980, dos días después de la quema de la embajada.

“… estamos totalmente convencidas de la responsabilidad del señor Pedro García Arredondo como autor de los hechos que se han explicado.”

“…esta sentencia viene a ser esa agua que apaga ese incendio de esa búsqueda de justicia que han tenido los familiares de las víctimas que han tenido todo este tiempo y lo esperamos que este acto justo que hoy se dicta sea un precedente para que todo funcionario adecue su conducta al marco de la ley, al respeto de los derechos humanos, a la vida y dignidad de las personas.” jueza, Irma Jeannette Valdés.

Pedro García Arredondo es un militar que dirigió con mano dura el temido “Comando Seis” de la Policía Nacional –PN- durante la dictadura del general Fernando Romeo Lucas García (1980-1982), junto a su hermano Manuel Benedicto Lucas García quien era Jefe del Estado Mayor del Ejército, desde su comandancia se dirigió la más atroz estrategia contrainsurgente en contra del pueblo guatemalteco, miles de jóvenes, estudiantes, obreros, militantes revolucionarios, académicos, maestros, religiosos, la dictadura y el empresariado no diferencia edades, etnias, la violencia del Estado golpeo con fuerza, la más sanguinaria de toda América.

“Un testigo escuchó decir de la policía “que no quede ninguno vivo”.  Contrario a lo que se supone la policía llegó con la orden de matar al grupo de campesinos, así que quemaron la sede de la Embajada y asesinaron a 37 personas, dos lograron sobrevivir; el embajador Máximo Cajal y López quien logró escapar por sus propios medios y el campesino Gregorio Yujá que fue llevado al hospital privado “Herrera Llerandi”, estando ahí fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y después lo asesinaron. Su cuerpo fue lanzado en el Campus central de la Universidad de San Carlos.”, la universidad nacional.1

García Arrendo cumplirá 72 años de edad, de esos, lleva 3 años en la cárcel por delitos de lesa humanidad, es el único oficial de alto rango que fue condenado por la masacre de los 37 indígenas del Quiché y los estudiantes universitarios dentro de la embajada, los cuadros operativos de la Policía Nacional de menor rango, y los elementos del ejército ahí presentes ese 31 de enero del 80, así como Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor permanecen aún sin ser juzgados, Romeo Lucas al frente de la dictadura de ese entonces falleció en el 2006 viviendo un supuesto exilio en Venezuela.2

La historia de Benedicto Lucas será distinta, fue detenido en enero del 2016 junto a 18 altos mandos del ejército, está en prisión preventiva, acusado por delitos de lesa humanidad por la detención y desaparición más grande de América, 558 osamentas exhumadas en la zona militar, conocida como #CasoCreompaz o Zona militar número 21 de Cobán, Alta Verapaz.3

No es el único caso, Benedicto Lucas fue ligado a otro proceso, por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, y por la detención y tortura de su hermana Emma Molina Theissen ocurridos en 1981.4

Benedicto Lucas al igual que Pedro García Arredondo está enfrentando la justicia, junto a Benedicto están otros 18 altos mandos del ejército, unos con arraigo domiciliario, la mayoría presos en los cuarteles militares y otros aun prófugos de la justicia.

Nuevamente, estamos esperando otras sentencias, continúan los juicios históricos, continua el proceso penal de la Zona militar número 21 de Cobán, la masacre de las Dos Erres en Peten en 1982, el caso Molina Theissen, el caso del Diario Militar, en fin falta mucho aun, pero es el único camino para ir encontrando la paz en Guatemala, y la no repetición de tantas atrocidades.

Con estos procesos nace de nuevo la esperanza.

1 Quimy De León. Toma y quema de la Embajada de España: “que no quede ninguno vivo”. Prensa Comunitaria. 31 de enero 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/31/toma-y-quema-de-la-embajada-de-espana-que-no-quede-ninguno-vivo/

2 El Mundo. Fernando Romeo Lucas García, ex dictador de Guatemala. 31 de mayo 2006. http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/29/obituarios/1148920570.html

3 Nelton Rivera. Caso Creompaz: la cara de la represión y los vínculos con el gobierno. Prensa Comunitaria. 6 de mayo 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/05/06/caso-creompaz-la-cara-de-la-represion-y-los-vinculos-con-el-gobierno/

4 Quimy De León. Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años desaparecido por el ejército de Guatemala. Prensa Comunitaria. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/12/marco-antonio-molina-theissen-un-nino-de-14-anos-desaparecido-por-el-ejercito-de-guatemala/

Fotografía ABC

 

Fotografía Guatevision.

 

Fotografía Noticias de Bomberos en Guatemala.

 

Fotografía Publinews


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Por Nelton Rivera.

“Los militares sabían lo que hicieron, sabían de la existencia de los planes, de todos estos planes que hicieron como estrategia para poder destruir a la población, de antemano lo sabíamos, porque de alguna manera el ejército específicamente Oscar Mejía Víctores desde 1983 siempre lo negó, siempre nos negó a los familiares la existencia de información.

Él nos dijo aquí no es Chile, no es Argentina, no es Perú, no es Bolivia, para tener películas ni mucho menos libros, haciendo referencia a otros documentos desclasificados en Sudamérica. Con esto demostramos los familiares de los detenidos desaparecidos que la verdad que siempre la hemos dicho sobre el señalamiento que los hechores intelectuales y materiales siempre han sido los ellos, los militares.”

El ejército de Guatemala  no ha desclasificado sus archivos militares, durante décadas ha negado la existencia de documentos que detallen las operaciones militares contrainsurgentes de los años de 1960 a 1996 que comprenden 36 años de guerra. Fue en 1997 cuando apareció el Plan de Campaña “Victoria 82”, sustraído de forma clandestina del ejército, este documento los utilizó la Comisión del Esclarecimiento Histórico para la elaboración del informe “Guatemala Nunca Más.”

El plan de Operaciones “Sofía” contiene las comunicaciones internas del ejército durante las operaciones realizadas en la región Ixil en el departamento del Quiche durante los primeros años de la década de los 80.  Como un paso previo para materializar el Plan de Campaña Victoria 82, y el Plan de Campaña “Firmeza 83”. En la ejecución de los mismos estuvieron los oficiales: mayor Arango Barrios y el mayor Otto Pérez Molina.[2]

Los documentos secuestrados por el Tribunal de Mayor Riesgo B en marzo de 2016, 19 años después del aparecimiento de los primeros planes son el Plan de Campaña Firmeza 83- 1, Plan de Campaña Reencuentro Institucional 84, Plan de Campaña Estabilidad 85, Plan de Campaña Consolidación 86,  Plan de Campaña Fortaleza 87, Plan de Campaña Unidad 88, Plan de Campaña Institución 89 y el Plan de Campaña Avance 90.

Para los familiares de las personas detenidas desaparecidas estos documentos pueden dar más elementos para esclarecer la actuación del ejército implicado en delitos de lesa humanidad y Genocidio, información que podría servir para esclarecer la verdad, estos planes comprenden los regímenes del general José Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores y Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Estos planes fueron secuestrados por un juez en Guatemala para incorporarlos dentro de la investigación del Caso Diario Militar, un documento del ejército en el que se documentó la detención y desaparición forzada de 182 guerrilleros de distintas organizaciones entre los años 1983 y 1984.

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La audiencia del caso Diario Militar  

El secuestro se realizó el día 9 de marzo 2016 en una diligencia realizada por el juez del Tribunal de Mayor Riesgo B en las instalaciones del Estado Mayor de la Defensa en la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

Como era de esperarse, el ejército intento que el juez no realizara la diligencia, varios abogados del ejército se presentaron argumentando que los planes eran documentos “secretos”, que de por medio estaba la seguridad nacional, pero finalmente no pudieron retenerlos.

Previo a que el Tribunal de Mayor Riesgo B presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez realizara la audiencia del día 31 de marzo 2016 los querellantes del proceso conocido como Caso del Diario Militar no tenían la seguridad que esta audiencia se realizara.

Finalmente la audiencia comenzó a las 11 de la mañana en la Torre de Tribunales, para Mario Polanco director del Grupo de Apoyo Mutuo GAM esta es una audiencia histórica, por tener a la mano la continuidad de los planes militares que permanecieron ocultos, hasta que el Juez Gálvez realizó el secuestro de ocho planes de campaña del ejército que comprenden el período de 1983 a 1990.

Estos planes fueron incorporados al proceso del Caso Diario Militar “José Miguel Gudiel Álvarez” contra el Estado de Guatemala, en la audiencia estuvo presente el Ministerio Público –MP-, la representación del GAM, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala –FAMDEGUA- y la Asociación Verdad y Justicia AVEJA quienes actúan como querellantes en este caso, la audiencia finalizó a las 5 de la tarde.

Aura Elena Farfán

“Este es un momento histórico, este momento es de gran trascendencia para nosotros como familiares de las personas detenidas desaparecidas, especialmente para las familias de los casos del Diario Militar. Para todos en general, por los más de 45 mil guatemaltecos y guatemaltecas, niños y niñas que años atrás los capturaron y los desaparecieron.

Para mí ha significado una mezcla de sentimientos, de saber de lo que fueron capaz, o de lo que es capaz el ejército de elaborar esos planes para destruir a la población, solo porque creían o pensaban que ellos eran el enemigo interno.  Para mí es bastante significativo y espero que no solo sirva para el caso del Diario Militar sino para todos los procesos por las violaciones que se dio en el Conflicto Armado Interno, específicamente con las masacres con la tierra arrasada en Guatemala.”

Mario Polanco

“hoy es un día histórico porque por fin las asociaciones de víctimas estamos teniendo acceso a la información que el Ministerio de la Defensa de Guatemala había dicho reiteradamente que no existía, que no la tenían, o que había sido destruida. Esperamos analizar la información para trabajar activamente en beneficio de la justicia, en favor de que los violadores de los derechos humanos vayan a prisión, esperamos que aporten información valiosa los documentos, esperaremos a conocer el contenido pero es un paso trascendental la que vivimos hoy.

El caso sigue abierto, estamos querellados dentro del caso Diario Militar, seguiremos recopilando pruebas para poder individualizar las responsabilidades y eventualmente poder emitir ordenes de aprensión.”

 

Para saber más sobre el caso del Diario Militar puede visitar: Guatemala: el Diario Militar una historia de desapariones y muerte 

 

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[1] Entrevista a Aura Elena Farfán directora de la FAMDEGUA. Audiencia presentación de Planes de Campaña militar de 1983 a 1990. Tribunal de Mayor Riesgo B. 31 de marzo 2016.

[2] Albedrio. Plan Sofía y Victoria 82. ¿Prueba o farsa?. Andrea Orozco. 10 de mayo 2010.http://www.albedrio.org/htm/noticias/lh100510.htm

 

 


Por: Redacción Prensa Comunitaria

23 de marzo de 2015. En un día como hoy en 1982 se llevó a cabo un golpe de Estado en Guatemala que llevó el militar Efraín Ríos Montt como jefe de Estado de facto y que encabezó el gobierno que causó al país uno de los períodos más crueles en la historia reciente. Ríos Montt fue condenado por genocidio perpetrado en el período que gobernó entre 1982 y 1983 contra el pueblo Ixil el 10 de mayo del 2013 por un tribunal. Muchas personas aún sobreviven a esta barbarie, muchas de ellas continúan una lucha permanente en incansable por la memoria y la justicia.

A continuación compartimos tres fotografías de la muestra “Nuestra Cultura es Nuestra Resistencia, Represión, Refugio, y Recuperación en Guatemala” del artista Jonatan “Jonás” Moller. Esta es una exhibición ambulante de fotografías publicada por Turner Libros, Madrid y México y originalmente en inglés por powerHouse Books, Nueva York y que Jonás ha compartido con Prensa Comunitaria.

“Esta exhibición busca iluminar la historia reciente de los pueblos indígenas-mayas que fueron desplazados y aterrorizados durante el largo conflicto armado interno guatemalteco. Habla sobre la represión y el genocidio ocurridos durante los ochentas, y del trabajo por la verdad y la reconciliación que se desarrolla en la actualidad bajo una impunidad casi total y violaciones de derechos humanos constantes. Estas imágenes revelan historias de vida y muerte, de esperanza y de angustia, y de las luchas por sobrevivir, el respeto, y la verdad.”

 

A principios de 1982, el ejército llegó a la cooperativa en Chimaltenango donde Gabriel trabajaba. Los soldados comenzaron a masacrar indiscriminadamente a la gente que vivía allí. Gabriel y otros dos hombres lograron escapar, escondiéndose en las montañas cercanas. Varios días después, cuando regresaron a la comunidad, encontraron los cadáveres de sus familiares, que estaban siendo devorados por los perros. También vieron los cuerpos decapitados de niños pequeños. Fue entonces que él se fue al Petén, un departamento alejado y poco poblado. Allí escuchó que campesinos pobres estaban formando cooperativas agrícolas en tierras baldías de la selva. Finalmente se asentó en una cooperativa recientemente establecida en la comunidad cooperativista de Las Josefinas. En menos de dos semanas, el ejército llegó una mañana bien temprano y masacró a todos los que no pudieron escapar. Gabriel y otras personas huyeron hacia la selva cercana, donde se refugiaron por meses, frecuentemente moviéndose de lugar a otro. Así fue como él y los sobrevivientes de otras masacres que se encontraban dispersos, se juntaron y se organizaron con el nombre de Comunidades Populares en Resistencia del Petén. Albeño, CPR del Petén, 1995.

 

 

Durante la peor época de la campaña contrainsurgente de tierra arrasada a principios de los ochenta, el ejército forzó a los habitantes locales a cortar los árboles a lo largo de las carreteras y caminos principales para reducir los riesgos de emboscadas guerrilleras. Estos árboles son sagrados para los mayas Chuj de esta región, quienes rehusaron usar esta madera o mover los troncos de los árboles donde habían caído, a pesar de que la madera es una fuente muy útil para la cocina de alimentos y la construcción. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, 1997.

 

 

Una ceremonia maya frente del monumento que fue dedicado este día a los 177 mujeres y niños que fueron masacrados en la comunidad de Rio Negro en marzo de 1982. Rabinal, Baja Verapaz, marzo 1995.


Por: Quimy De León

El 23 de diciembre quedó conformada la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente que debiera fundamentar “las razones por las cuales no es aplicable ninguna ley de amnistía en la persecución penal del delito de genocidio[1]” así es cómo ha sido requerido por la Corte de Constitucionalidad en una resolución del año 2013. Es decir que ésta Sala no deberá analizar el caso ni evaluar si se le da amnistía o no a Efraín Ríos Montt, sino solamente argumentar la resolución a la solicitud presentada por el ex militar golpista, que ya ha sido negada en el 2012.

Se espera que en los siguientes días esta sala resuelva lo requerido por la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados miembros de esta Sala que conocerán el caso son: Freddy Fernández Ortiz y Carlos Rodríguez Meza, también estará a cargo de Edith Marilena Pérez Ordóñez suplente de la Sala Cuarta de Apelaciones.

Solicitud de Amnistía a pesar de todo

El manejo que han estado dando los medios corporativos acerca de este hecho es que la Sala resolverá si le otorga o no la amnistía, sin embargo las organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes en un comunicado plantean que no es éste el sentido.

Sin embargo la forma impune en la que han actuado diversas instancias del Sistema de Justicia, del Legislativo y el Ejecutivo en los últimos años, nos hace temer que puedan llegar a cometer un error gravísimo como otorgarle la amnistía a Efraín Ríos Montt, aún cuando diversos juristas plantean que no procede legalmente y que va en contra de resoluciones internacionales y del mismo marco jurídico vigente.

Esto implicaría cerrar la posibilidad de que avance el juicio que iniciaría el 5 de enero, además esto contribuiría a deteriorar la historia y una ofensa profunda para quienes perecieron y sobrevivieron a éstos crímenes.

Es preciso enfatizar que la Corte también en el 2013 resolvió que “… son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos…[2]”

La solicitud de amnistía y de que se cerrara el proceso penal en contra de Ríos Montt, fue solicitado el 17 de febrero de 2012, argumentando y basándose en el decreto Ley 8-86 y que no podía juzgársele por crímenes cometidos del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de1986.

La Fundación Mirna Mack realizó un análisis al respecto y expresa claramente que “A la luz de las normas citadas, puede indicarse que, si bien la legislación guatemalteca contempla la figura de la amnistía en la Constitución Política y la desarrolla en la Ley de Reconciliación Nacional, es imposible encuadrar el caso de Efraín Ríos Montt en alguno de sus supuestos. Es la misma Ley de Reconciliación Nacional, la que establece que deberán seguirse conforme al proceso penal guatemalteco aquellos delitos que no admiten extinción de la responsabilidad penal de acuerdo a tratados internacionales ratificados por el Estado y, tal es el caso del delito de genocidio, según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.”

Sobrevivientes esperan el inicio del juicio

El reinicio del juicio por Genocidio está programado para el 5 de enero en el Tribunal B de Mayor Riesgo contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez.

Es preciso no olvidar que el 10 de mayo del 2013, la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo leyó ante el mundo la sentencia en donde se condenó a Efraín Ríos Montt quien fue presidente de facto entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

Esta condena fue resuelta por haberse demostrado que el es responsable del genocidio perpetrado en contra del pueblo Ixil en calidad de autor. Fue condenado a 80 años de prisión, 50 por delitos contra deberes de la humanidad y 50 por genocidio.

[1] La Corte de Constitucionalidad en su sentencia del 13 de agosto de 2013. Citado en el comunicado “La paz solo puede florecer con la justicia” de diversas organizaciones de derechos humanos.

[2] Ibid.


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Por Cristina Chiquin 

El 19 de Marzo de 2013, dio inicio el histórico Juicio contra Efraín Rios Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez por los delitos de Genocidio y deberes contra la humanidad. Hoy, un año después el proceso continúa,  un proceso que para el pueblo Ixil ha significado toda una vida de búsqueda justicia.

“Cuando inicio el Juicio yo estaba contento porque sabía que había llegado la verdad al pueblo de Guatemala y no sólo a Guatemala si no al mundo. Eso me dio satisfacción, porque se conoció todo lo que nosotros sufrimos… Ellos lograron anular la sentencia políticamente pero históricamente nadie no la va quitar, ésta se sigue manteniendo en nuestro corazón.  Después de un año de la sentencia, la historia nos ha mantenido fuertes para seguir luchando y seguir exigiendo que haya justicia en Guatemala”  Benjamín Manuel Gerónimo, querellante y representante de las victimas en el Juicio por Genocidio.

Ese 19 de marzo del 2013 la sala de audiencia de la Corte Suprema de Justicia estaba llena, el Tribunal de mayor riesgo A, presidido por la Jueza Jazmín Barrios, dio  apertura a el  juicio a pesar de las estrategias dilatorias que la defensa del General Efraín Ríos Montt trató de imponer.

Los ojos de quienes observábamos se abrieron, muchas personas sabíamos que con el inicio de este proceso podríamos escuchar la voz de la verdad y de la memoria del pueblo a través de las y los testigos del pueblo ixil.

Ríos Montt estaba sentado en el banco de los acusados, algo que muchas víctimas no lograron ver. Sin embargo, quienes sobrevivieron las masacres perpetradas por el ejército de Guatemala, lograron llevar, una lucha que logró que este proceso se pudiera dar.

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A lo largo de los días siguientes se escucharon 97 testimonios  (43 de mujeres y 54 de hombres) presentados por el Ministerio Público y la parte querellante, conformada por la Asociación para la Justicia y Reconciliación –AJR- y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos –CALDH-.

En general, los testimonios hablaron sobre la experiencia vivida en los años 1982 y 1983 en el aérea ixil, en donde se cometieron masacres, bombardeos, asesinatos de hombres, mujeres, niñas, niños y ancianos. Con la estrategia de la tierra arrasada además se quemaron los cultivos como el maíz, se  destruyeron objetos personales y símbolos de cultura y fe, para llegar a la destrucción completa de la comunidad.

Los testigos también narraron los desplazamientos forzosos a los que la población Ixil tuvo que someterse debido a la persecución de la que eran objeto por parte del Ejército de Guatemala. El hambre, las enfermedades, el dolor psicológico, la separación familiar y el exterminio de poblaciones completas fueron parte de las secuelas vividas por el pueblo Ixil.

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Dentro de los testimonios presentados destacaron por su crudeza los de diez mujeres ixilies que narraron las atrocidades de violencia sexual vividas en manos de miembros del Ejército de Guatemala. Las violaciones contra las mujeres fueron actos de violencia carácter sexual, físico y emocional, ocurridos durante las masacres realizadas en las comunidades. Además, en muchos casos, madres e hijas y niñas  estuvieron sometidas a torturas físicas, esclavitud sexual, trabajo forzoso para los soldados ubicados en los destacamentos militares.

 “La verdad está dicha, la Justicia Sentenció”

Fue un proceso que tuvo muchos obstáculos, pero que con el esfuerzo y lucha del pueblo Ixil, se logró una sentencia histórica el 10 de mayo del 2013. Este día, en medio de gran expectación, se condenó a Efraín Ríos Montt  a 80 años de prisión inconmutables por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad y se absolvió de los cargos a José Rodríguez Sánchez.

Sin embargo, el 20 mayo, 10 días después de la sentencia dada por el Tribunal de mayor riesgo A, la Corte de Constitucionalidad, la dejo sin efecto y retrotrajo el proceso. Al hacerlo, la Corte de Constitucionalidad respondió en favor de la impunidad atendiendo los intereses de la oligarquía  y militares.

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A pesar de ello para el pueblo Ixil y para la historia de la justicia de este país la sentencia, se mantiene firme, la voz de la verdad fue escuchada y la búsqueda de justicia continúa.

Un año después y frente a la corte suprema de Justicia, Iduvina Hernández, activista y defensora de Derechos Humanos en Guatemala comentaba

“Sí hubo genocidio en Guatemala y eso se probó con el juicio iniciado justamente hoy hace un año. En las salas de esta Corte hubo genocidio, hubo una sentencia y José Efraín Ríos Montt y sus secuaces son culpables”

Esta Historia Jamás se Olvida

Un año después no llega el olvido y la memoria de quienes han buscado la justicia, y la verdad continúa alzando la voz para denunciar lo que pasó en Guatemala y lo que hoy lamentablemente sigue sucediendo.

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No lograron ocultar la verdad,  no lograron cortar la primavera. Benjamín Manuel Gerónimo  querellante y representante de las victimas en el Juicio por Genocidio, con un clavel rojo en sus manos y con la voz firme comentó:

“Estoy completamente convencido de que esta lucha que nosotros estamos haciendo,  está beneficiando a tres generaciones: una de quienes ya murieron y ya no lograron ver la sentencia pero sí ellas y ellos  se van sentir tranquilos, alegres porque nosotros seguimos trabajando por lo que ellos sufrieron. La otra generación los sobrevivientes porque ellos tienen esperanza de que sí hay justicia en Guatemala,  la otra es para la juventud porque va conocer la historia”

Un año se pasó rápido, pero la  búsqueda de justicia y el poder mostrar la verdad de lo sucedido es una lucha que ha llevado muchos años y que en el camino ha tenido que enfrentarse al terror de quienes quieren seguir manteniendo un estado de exclusión y dolor. Sin embargo, a pesar de ello,  la memoria renace y florece, porque en ella esta tejida la vida de hombres y mujeres que buscaban la vida y la paz.