Guatemala Comunitaria

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Santiago Bastos Amigo.

Puede parecer extraño recordar que el detonante fue la propuesta de reglamentación del Convenio 169 que lanzó Álvaro Colom, allá en marzo de 2011. La convocatoria a una carta colectiva y la consiguiente búsqueda de firmas entre contactos y amistades – logramos más de 500 adhesiones en pocos días- sirvió para aquilatar y proponernos dar forma a conversaciones e ideas que venían de tiempo atrás entre Quimy De León y Santiago Bastos.

A partir de ahí, empezamos a poner en orden en nuestras preocupaciones y esperanzas alrededor de la movilización que se estaba dando en las comunidades en esos años, cuya expresión más visible eran las consultas comunitarias de buena fe y los conflictos que ya había en contra de megaproyectos en algunos lados.  En ese entonces se había dado la cobertura que hicieron Nelton y Quimy junto a Sara Mingorría y Alberto Alonso desde la plataforma de Indymedia, de los desalojos del Polochic, que mostraron la importancia de la comunicación independiente para denunciar lo que ahí ocurría.

Comenzamos entonces a buscar cómo poner en práctica un proceso/proyecto en cuyo cetro estuvieran esas comunidades y organizaciones que protagonizaban la movilización, a las que este trabajo debería servir como insumo para su proceso, pero también de quienes la acción debería partir. Pensábamos un basado en cuatro tipos de acciones, cuatro momentos -presencia, documentación, análisis y comunicación-. No queríamos comportarnos como una ONG ni depender de la cooperación, pero también sabíamos que necesitábamos fondos para poner en práctica estas ideas.

Así, entre reuniones, pláticas, propuestas, intentos de coordinación y búsquedas de fondos y consensos, se nos fue 2011. El primer trabajo que pudimos hacer, fue un repositorio de noticias publicadas sobre las consultas comunitarias, que debe andar por algún lado en la red, en dónde trabajó Nelton Rivera y Dania Rodríguez. Poco después, ya en 2012, logramos poner en marcha un proyecto de investigación en donde Diakonia aportó para el inicio, sobre la sistematización y análisis de tres casos concretos definidos por los contactos y la relevancia de la lucha. Escogimos Barillas, San Juan Sacatepéquez y el Polochic.

La urgencia de la comunicación

Cuando estábamos en plena labor, la cercanía con los sujetos que era la base de nuestra propuesta nos impuso la necesidad de acondicionar nuestra propuesta de trabajo. El Estado de sitio decretado en Barillas el 1 de mayo de 2012 llevó a 9 líderes y autoridades comunitarias a la cárcel e hizo que muchos más de ellas y ellos se refugiaran para evitar ser capturados. La labor de sistematización ya no era suficiente, comenzó el acompañamiento de los perseguidos y sus familias, y sobre todo, la necesidad de que todo eso se conociera más allá de las versiones siempre insuficientes, parciales y perversas que difundía la prensa corporativa.

Surgió así “Barillas resiste”, un blog en formato wordpress, en donde publicábamos las noticias que íbamos recolectando sobre los hechos que iban sucediendo alrededor de este caso -mientras la investigación sobre los otros dos lugares debía seguir avanzando- En ella subíamos testimonios, los hechos que ocurrían en los juzgados, entrevistas a los abogados, comunicados de organizaciones. Todas estas tareas empezaron a ser práctica habitual del equipo, al que se sumó Francisco Lucas Pedro, Chico que además sufría persecución penal. Desde este medio se participó en la fundación del Centro de Medios Independientes como espacio de convergencia que recogía voluntades y experiencias de comunicación alternativa, tan necesaria ante la deriva represiva del gobierno del Otto Pérez Molina

En esta labor, la página se fue consolidando como un proyecto en sí mismo y a final de año, dio un salto cualitativo, y de “Barillas resiste”,  pasó a llamarse “Prensa Comunitaria”, mostrando su voluntad de ampliar la cobertura, porque amigos empezaban a enviar textos y los contactos ya se estaban consolidando en más lugares. Uno de estos lugares era Santa Eulalia, donde la desaparición y muerte de Daniel Pedro, Daniel Maya, fue un golpe tremendo, por los proyectos y sueños que tuvimos en conjunto y que empezaban a perfilarse un reto para la comunicación.

En esos meses también estábamos inmersos, como todo el país, en la cobertura del juicio que por el delito de genocidio se seguía a Ríos Montt, lo que mostraba otra cara del trabajo de Prensa Comunitaria que desde entonces no se ha abandonado: la memoria y el conflicto armado como base para entender todo lo que está ocurriendo ahora.

Sin embargo, el trabajo se vio afectado porque desde inicio del año 2013 se empezó a dar una campaña de difamación y ataque a gente del equipo por problemas de poder en los espacios en que trabajamos. Fueron meses de desgaste personal.

El trabajo de análisis y sistematización del acompañamiento en Barillas permitió   preparar la publicación Las Voces del Río junto a UDEFEGUA, a partir de testimonios de perseguidos, presos y sus familiares, presentado en la ciudad de Guatemala en febrero de 2014. En abril presentamos también el resultado de la investigación que iniciamos en 2012, con el título de Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Hicimos presentaciones en la Capital, en Cobán y San Juan Sacatepéquez.

El equipo se amplía y el kilómetro 169

El día 4 de octubre del año 2012 el ejército de Guatemala realizó la masacre de 6 personas maya K’iché’ durante una manifestación pacífica de miles de comunitarios y comunitarias, representadas por los 48 Cantones de Totonicapán, más de 40 personas fueron gravemente heridas por las balas de fusilería del ejército.

El pueblo K’iché de Totonicapán se encontraba movilizado exigiendo al gobierno el cese de la reforma educativa, las reformas Constitucionales y el cese de la persecución de líderes y lideresas por oponerse al incremento de la energía eléctrica de la empresa inglesa ENERGUATE. Nelton Rivera tomó una fotografía de la señal de kilometraje, la subió de perfil de nuestra página en Facebook. Con el tiempo la gente nos identificaba con ese símbolo y decidimos reivindicarlo.

En ese tiempo, con apoyo financiero de Hivos empieza un trabajo en equipo con Luciérnaga, que marca la marcha a lo que ya va siendo la nueva Prensa Comunitaria: la ampliación del equipo de comunicadores comunitarios con la incorporación desde Alta Verapaz y Norte de Huehuetenango sobre todo de Rony Morales, Alfredo Rax y Joel Pérez. Con ellos y otras personas más se lleva a cabo una escuela de comunicación comunitaria, que sirven para ir ampliando y dando otro carácter al trabajo y al equipo. En la capital, también se van sumando gente como Jovita Tzul, Andrea y Lucía Ixchíu, o Simón Antonio, Gerardo Monterroso, Marta Karina Fuentes, Pablo Rangel y Norma Sancir que empezaron a colaborar de distintas maneras Se establecieron vínculos con otros medios digitales de otros países como Periodismo Humano en España o Desinformémonos en México; mientras que la gente con la que trabajábamos en el norte de Huehuetenango seguían siendo hostigada.

Con todo eso, Prensa Comunitaria se va llenando de contenidos de lo más diverso y las tareas se van ampliando.  Nos llaman desde lugares donde hay conflictos o movilizaciones para cubrirlos, o para enviar la propia versión de un acontecimiento importante. Los jóvenes que van llegando van mostrando sus trabajos en la página. Los nuevos soportes, redes sociales sobre todo Facebook pero también twitter e instagram se van convirtiendo en un vehículo de nuestro quehacer.

El cierre de  la radio Jolom Konob, de Santa Eulalia, el 20 de enero de 2015 por orden del alcalde del municipio nos hace desplegar una campaña para denunciar los ataques a la libertad de prensa; que nuestros compañeros sufren de forma directa cuando dos meses después subían a Santa Eulalia a acompañar la esperada apertura de la radio, y fueron agredidos por los partidarios del alcalde, al igual que otras persona de la comunidad.

Ya en en abril de 2015 empiezan las movilizaciones en contra de la corrupción en gobierno de Otto Pérez Molina, que supusieron todo un terremoto político, y también un reto comunicativo para el equipo. Cada vez que había movilización, en la Plaza de la capital- corazón geográfico del país- o en cualquiera de los lugares más apartados de la República, allá estaba alguien  del equipo de Prensa Comunitaria poniendo en marcha la maquinaria para que la fotos, los reportajes, textos, acabaran en  las páginas de facebook, wordpress, twitter, medium informado con prontitud y rigor de lo que iba ocurriendo.

Esto ayudó  a fortalecer el equipo y las redes en las comunidades, y a potenciar el uso de las plataformas tecnológicas, con lo que se aplicó a la capacidad de difusión.

Además, a finales de año, nuestro trabajo de acompañamiento y denuncia de los derechos humanos fue reconocido con el premio de derechos humanos “Alice Zachmann” que anualmente otorga la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, con sede en Washington, USA. Don Lorenzo Mateo fue quien viajó a recibirlo y hacer una gira con su hermanos q’anjobales en ese país.

Diversificándonos

El cambio de año, con el resultado de las elecciones nos deja tan abatidos como a todo mundo, pero hay que seguir trabajando, buscando cómo hacer para estar al día de una tarea que cada vez exige más complejidad tecnológica.

La muerte repentina de Poncho Porres, fundador y personaje central de Luciérnaga, pero también pieza clave del desarrollo de Prensa Comunitaria en sus años de existencia nos impacta fuertemente. Como si fuera su energía después de su partida, toma forma un viejo proyecto que surgió precisamente en una plática con él en el Café Chichoy de Agua Escondida. Se trata de la Muestra Guatemala en MovimientoS que gracias al empuje de las chicas de la Casa Yaxs, acaba siendo un proyecto multimedia y multitodo, en que desplegamos nuestra memoria para intentar explicar cómo las movilizaciones comunitarias desde 2010 pusieron la base para las que se centraron en la capital en 2015. Las muestras en ciudad de Guatemala en junio y en Xela en julio fueron para el equipo un gran aprendizaje lleno de satisfacciones.

Mientras tanto, el trabajo continuado junto a los equipos de abogados de los presos políticos del norte de Huehuetenango, llevó a la posibilidad de que el acompañamiento, investigación y  conocimiento sobre el proceso que se desarrolla en el área se vuelque en el peritaje que Santiago Bastos realizó para presentar en el juicio que finalmente se realizó los días 5 al 20 de julio y que terminó con la absolución de todos ellos por la juez Yassmín Barrios. Realmente, fue un día alegre.

De una de las secciones de Guatemala en MovimientoS coincidiendo con la apertura del juicio por el caso por la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen surge otro proyecto que toma vida propia: el montaje El cuarto de las ausencias, que se instala por su cuenta en las instalaciones del IIARS, con el trabajo de las familias que han perdido a sus seres queridos durante la guerra Molina Theissen, Pedro Mateo, Estrada y Portillo.

Al llegar a nuestro cuarto año de trabajo estamos preparando dos volúmenes de textos escritos por gente del equipo y por amigos en torno a los dos temas que han definido nuestro actuar: la resistencia comunitaria y la memoria histórica.

Para entonces hemos conseguido una de las más viejas aspiraciones: abandonar el soporte tecnológico de la página en worpdress -tan plano y bidimensional- y poder construir una página web con las últimas posibilidades, gracias al apoyo incondicional de Gerardo Monterroso.

Esto es, muy por encima, un recorrido por lo que hemos hecho en estos  cuatro años. Son  ¿cuántas notas? ¿Cuantas fotografías? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos muertos y cuántos desvelos compartidos? Todo ello con muchas ganas y con toda la energía de que disponemos y la que nos va llegando, pero también con sacrificios. Con muchos planes y siempre con la frustración de no haber podido hacer todo lo que tenemos planeado hacer; todo lo que este país exige.


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Por: Nelton Rivera.

En el Tribunal de Mayor Riesgo A en la ciudad de Guatemala, la etapa del proceso en contra de 10 altos mandos del ejército concluyo, la fase de Audiencia de Acto Conclusivo luego de varias audiencias concluyo el día viernes 26 de mayo 2016. Ahora la juez Claudette Domínguez deberá analizar si existen los suficientes indicios legales para ordenar que 10 algos mandos del ejército guatemalteco vayan a un juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad: desaparición forzada y deberes contra la humanidad cometidos en la zona militar 21 en la ciudad de Cobán Alta Verapaz durante la década de los años 80.

La asociación de víctimas del conflicto armado interno de Cobán, la asociación de afectados de Chicoyoguito de Cobán, el Grupo de Apoyo Mutuo GAM y La Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala, esperan la próxima audiencia el día martes 7 de junio 2016 para que la juzgadora emita su sentencia y que los 10 oficiales vayan a juicio.

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En la ciudad de Washington, DC en los Estados Unidos la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC siglás en inglés) anunció en septiembre pasado que entregará el Premio Alice Zachmann para Defensores de Derechos Humanos a la red de comunicadores que conforma Prensa Comunitaria.

Para ello se celebrará la ceremonia el 3 noviembre a las 6:30 PM (Hora Estados Unidos) en la iglesia St. Stephen’s en Washington D.C. en ella estará presente para recibirlo Lorenzo Mateo Francisco director de la radio Snuq´Jolom Konob´de Santa Eulalia y miembro de la red de comunicación comunitaria.

La GHRC ha elegido premiar a Prensa Comunitaria por su labor comprometida con el periodismo de base y su enfoque en las luchas comunitarias que raras veces reciben la cobertura mediática merecida en los medios masivos. Según su misión, Prensa Comunitaria aspira crear un espacio para debate sobre una gran gama de temas sociales con la meta de fortalecer la democracia en Guatemala.

Despues del evento, Lorenzo participará en una gira con GHRC en varias ciudades de los Estados Unidos. Como parte de la gira, Lorenzo será el ponente principal en el Encuentro Anual del Chicago Religious Leadership Network, una red de individuos y comunidades solidarios con Latinoamérica.

Este premio es nombrado por la fundadora de GHRC, el Premio Alice Zachmann para reconocer a un/a defensor/a, organización o comunidad, que ha demostrado un compromiso en la defensa de los derechos humanos a través de la no violencia y que, por su trabajo, ha sido expuesta a amenazas, violencia y otro tipo de ataques. Este reconocimiento sirve para que en el ámbito internacional se conozca la valiosa labor que quien lo recibe realiza en Guatemala y así contribuir en su continuidad a largo plazo.

En este caso desde la GHRC argumentaron que “Prensa Comunitaria nos ha impresionado como modelo alternativo que busca realizar análisis, promover y apoyar a jóvenes periodistas y a radios comunitarias, así como contribuir en el debate sobre temas de importancia para la ciudadanía con miradas críticas y contundentes. GHRC reconoce y valora el trabajo de los analistas y corresponsales que participan en Prensa Comunitaria como algo esencial para abrir espacios de intercambio y difusión de información. En un contexto muy peligroso para periodistas – y con sistemas de poder que buscan silenciar y reprimir – la red de corresponsales de Prensa Comunitaria enfrenta riesgos y amenazas, mas sin embargo ha podido mantener y expandir su valiente labor la cual implica también la defensa del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.”

Siga la entrega en vivo desde: http://www.ustream.tv/channel/prensa-comunitaria


Por: Quimy De León

Aura Lolita Chávez Ixcaquic, es lideresa dentro del Consejo de Pueblos K’iche’ -CPK- y acompaña a 87 comunidades en su luchas por la vida. Éste forma parte del Consejo del Pueblo Maya CPO. Ella y las comunidades han sido permanentemente asediadas por funcionarios del gobierno local, empresarios y diputados, incluso físicamente sufrió un atentado en 2012.

Las Medidas Cautelares a favor de ella fueron retiradas parcialmente sin ninguna notificación formal ni escrita, aparentemente por parte de la Policía Nacional Civil – PNC ya que retiraron a uno de los agentes que tiene asignados para su seguridad. Esta no es la primera vez que esto ocurre, en el año 2013 ya le habían sido retiradas las medidas.

Estas medidas fueron puestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ordenadas al Estado de Guatemala desde el año 2005 para salvaguardar su vida, debido al alto riesgo en el que se encuentra de forma permanente, hasta el día de hoy éstas se encuentran vigentes. Esto está debidamente registrado por la Procuraduría de Derechos Humanos y otras instancias de protección a defensoras y defensores.

La Comisión Presidencial de Derechos Humanos – COPREDEH es la instancia que responde ante la CIDH sobre las medidas cautelares, el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil y su División de Protección de Personas y Seguridad son las instancias que deben ejecutarlas. Éstas no pueden tomar la decisión unilateral de quitar una medida de protección como ésta ni hacer ningún cambio sin consultar a la CIDH, que es quien decide en qué momento se levantan o quitan estas medidas. Si esto ocurriera debe haber una notificación formal y explicar los motivos.

Ella ha puesto desde el día 8 de enero de éste año las denuncias correspondientes a la COPREDEH, el Ministerio de Gobernación y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Procuraduría de Derechos Humanos, esta última a su vez envió desde el día 9 de enero una nota solicitando al Jefe de la Comisaría No. 71 del departamento del Quiché “SE REESTABLEZCA EL ESQUEMA DE SEGURIDAD en las mismas condiciones que se ha brindado…[1]”

“Lo único que quiero es vivir y vivir en paz”

En un informe y requerimento urgente dirigido a las autoridades, Lolita solicita a las “Instancias que velan por la aplicación adecuada de las Medidas Cautelares en el Estado de Guatemala que verifiquen y acompañen adecuadamente mi caso, y que se de el debido cumplimiento de las medidas cautelares asignadas a mi persona y que se esclarezcan todos los ataques que se he tenido, porque durante el 2014 las amenazas de muerte, persecución, criminalización, estigmatización han sido permanentes y sistemáticas. Así como persiste la fuente del riesgo que dio lugar a las medidas, han surgido nuevos actores principalmente funcionarios públicos, con vínculos directos con el alcalde municipal que me amenazaba desde el año 2005 que ahora me amenazan, con mas fuerza.[2]”

Además ella ha recibido amenazas de muerte por parte de sicarios que se encuentran en una comunidad de Quiché llamada Chujuyub, Santa Cruz del Quiché en donde fue asesinado uno de sus compañeros Silverio Vicente. Uno de los sicarios detenido por este caso acaba de quedar libre y ella ha estado recibiendo amenazas por mensaje de texto de que la van a asesinar.

Los últimos hechos

Lolita Chávez es amenazada y asediada permanentemente, ella teme por su vida tal y como ella misma lo denuncia:

“Me da mucho miedo viajar sola, tanto por los altos índices de violencia generalizada, así también porque me tienen controlada y podrían interceptarme en camino, pues las amenazas son permanentes.”

“Considero que mi situación actual es de Alto Riesgo, las medidas cautelares no son las debidas y además porque se siguen dando incidentes de riesgo, que los califico como atentados incluso por parte de instancias del Estado de Guatemala, específicamente de parte de la Policía Nacional Civil PNC de Guatemala.”

En Santa Cruz del Quiché, en pleno día, el 20 de diciembre de 2014 ella acompañaba un juicio laboral a una mujer, iban acompañadas por el agente que la protegía. Cuando los detuvieron por más de media hora por agentes de la PNC, sin mayor razón. Les agredieron verbalmente, se burlaron de ella y les insultaron e intimidaron.

El 21 de diciembre de 2014 ella vio dos agentes de la PNC afuera de su casa uniformados, quienes permanecieron ahí por mucho tiempo, lo cual la alarmó a ella y a sus vecinos y vecinas que también habían visto militares armados en el área.

El 7 de enero de 2015 el agente asignado para su seguridad le llama por teléfono para decirle que “le dieron cambio de destino” sin informarle a ella nada formalmente. Hasta la fecha no ha sido informada de ninguna otra disposición. Ella llamó inmediatamente a instancias de derechos humanos gubernamentales, no gubernamentales, e internacionales.

 

[1] Documento enviado de la Procuraduría de Derechos Humanos al Comisario y jefe de la comisaría No. 71 departamento de Quiché de la Policía Nacional Civil. Ref. Exp. Ord. Gua. 99-2015.

[2] Informe y requerimento urgente. Fecha 8 de enero de 2015.

 


Imagínese usted que   un día en su cotidianidad después de compartir el desayuno con su familia y cuando se dirige de la mano de su hija a abrir el negocio que sirve como parte del sustento diario de pronto son abruptamente interceptadas y violentadas por 40 miembros de la temible   y represora policía nacional civil de Guatemala.   Así fue capturada el día 29 de octubre en la comunidad Cruz Blanca la dirigente comunitaria Bárbara Díaz Surin, maya Kaqchikel, de San Juan Sacatepéquez.

¿Por qué la capturaron? Nosotras no podemos decir las razones, pero si podemos explicar a qué obedece esta captura.

Las 12 comunidad Kaqchikeles en resistencia de San Juan Sacatepéquez han desplegado una lucha comunitaria frontal contra la expropiación de territorio ancestral comunitario, han luchado por la vida, el agua, el bosque que ha logrado frenar la imposición de la Cementera San Gabriel –Cementos Progreso. Los costos se traducen en asesinatos, órdenes de captura, privados de libertad, y la imposición de cuerpos paramilitares para el control interno no militar de las comunidades. A partir de la Consulta Comunitaria en julio de 2007 donde 8, 948 personas votaron por la no construcción de la cementera y tan solo 4 personas lo hicieron por el si, se han registrado que a partir de esta fecha se incrementaron los riesgos, ataques, persecuciones e intimidaciones a dirigentes y dirigentas.

El día viernes 24 de octubre mujeres de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez se movilizaron por las calles de la Ciudad de Guatemala, de forma pública, pacífica y no violenta para demandar que se finalice el Estado de Prevención número 6-2014 impuesto desde el 22 de septiembre del año en curso. La marcha denunció el acoso sexual contra niñas y mujeres por parte de miembros de la policía y el ejército. La organización pacífica de las mujeres es una amenaza para el Estado guatemalteco, porque visibiliza la exacerbación de la fuerza brutal, característica de la represión contra insurgente que el actual gobierno ejecuta desde sus   políticas militares en los territorios a nivel nacional.

 No fue una captura cualquiera, ésta se realiza dentro de un Estado de Prevención (que funciona como un Estado de Sitio) y que ha sido prorrogado para avanzar con la construcción del anillo regional metropolitano, en un marco legal militar que garantiza la no oposición de las comunidades.

¿Quién es doña Bárbara Díaz Surin?

Es una mujer como varias de las mujeres guatemaltecas, que sueña ver crecer a sus hijas e hijos dentro de un mundo justo, sin violencia, sin contaminación y sin militarización; sueña con que los niños tengan la posibilidad de jugar libremente y que vayan a la escuela sin ser interrogados por los soldados en los caminos y que se frene el proceso de empobrecimiento. Bárbara es madre, ha sido dirigenta comunitaria, activamente aporta a la organización y lucha por la defensa de los territorios. Con su trabajo y su vida cotidiana ha dado ejemplo de la dignidad de miles de mujeres trabajadoras comprometidas con las luchas comunitarias por la defensa de vida.

La noche del 30 de octubre, el juez del juzgado de turno en Mixco la ligó a proceso por asesinato y dictó la siguiente audiencia para la fecha 5 de enero de 2015.

Ante esto nos hacemos las siguiente preguntas ¿Qué mensaje quiere dar el gobierno cuando captura a una mujer kaq’chikel de una comunidad organizada contra proyectos extractivos? ¿Quién asumió el día de ayer y hoy el cuidado de la familia? ¿Quién asume el aporte económico diario que sustenta a la familia de Bárbara? ¿Qué efectos emocionales se han producido en los niños al ver a su madre capturada? ¿Qué respuesta militar espera la sociedad guatemalteca que de el presidente a los hijos de los y las presos políticos?

San José Costa Rica 31 de octubre.

 

Comité de liberación de Bárbara Díaz Surin.

Comité internacional de solidaridad con San Juan Sacatepéquez.

Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, Jalapa.

 

 


En San Juan Sacatepéquez municipio del departamento de Guatemala,  a las 7:30 horas en el lote 226 B fue detenida doña Bárbara Díaz Surin, es maya Kaqchikel, vive en la comunidad Cruz Blanca en San Juan Sacatepéquez. Ella está siendo criminalizada por oponerse a la construcción de la planta cementera “San Gabriel” de la empresa Cementos Progreso en su municipio, por considerar que atenta contra la vida.

En los medios de comunicación corporativos a ella se le está vinculando a los hechos ocurridos en la comunidad Los Pajoques los días 19 y 20 de septiembre, hechos que justificaron desde el gobierno de Guatemala la imposición de un Estado de Prevención en las comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez, es importante desmentir esta acusación, a ella se le acusa por un asesinato en relación a hechos sucedidos meses atrás y no por lo sucedido en Los Pajoques, su detención es evidentemente política por ser ella la  autoridad comunitaria de Cruz Blanca  y  por ser quién asume la representación de la comunidad en espacios públicos.

La detención fue realizada en la aldea Cruz Blanca cuando ella se dirigía a su negocio en la comunidad Pilar I, mientras ella iba a dejarle desayuno a un trabajador en su terreno, iba acompañada de su pequeña hija de 9 años de edad.

La detención la realizaron un aproximado de 40 agentes de la Policía Nacional Civil PNC, ella narró que solamente vio a un mujer policía dentro de un fuerte grupo de policías,  quienes utilizaron la violencia para detenerla, en la piel de sus brazos son evidentes varios moretones provocados por los policías.

Doña Bárbara es autoridad comunitaria, desde hace años ella es presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE y representante de su comunidad una de las doce comunidades en oposición a la construcción de la cementera y de la carretera “Anillo Regional”.

El ambiente dentro de la cárcel es terrible, ella está sola como mujer en una cerceleta rodeada por hombres que la acosan y violentan. Ella está recibiendo agresiones verbales en éste momento, además el equipo de mujeres corresponsales que ingresaron a la carceleta para verificar las condiciones de doña Bárbara fueron acosadas sexualmente por los hombres dentro de la cárcel.

Ella pide que oren por su situación, además expresó estar contenta de que la apoyen, ante la pregunta: ¿Por qué cree que la detuvieron? doña Bárbara respondió “por defender la vida de mis hijos, es fue el motivo que cometí”.

La policía realizó la detención sin darle a conocer el motivo de la detención. Fue hasta que ella fuera ingresada al Juzgado en el municipio de Mixco que le indicaron que había sido detenida por asesinato y pasaron más de 24 horas para que fuera escuchada en primera declaración por un juez, los abogados defensores denunciaron fuertes anomalías en el proceso de detención y garantías constitucionales para su primera declaración.

Cobertura Colaborativa: Quimy De Léon de Prensa Comunitaria y Prensa Opal.

Fotografía Quimy De León

 


Heriberto Valdés Asij, su abogada defensora, Gilda Aguilar abogada y Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar.

Quimy De León

“No estamos inventando, nosotras vivimos y sufrimos con nuestros propios cuerpos”

Doña Demesia

El Juez Miguel Ángel Gálvez preside el juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo B ubicado en el nivel 14 en la Torre de Tribunales en el centro de la ciudad capital.

Éste martes 14 de octubre de 2014, después de tres audiencias para escuchar tanto al Ministerio Público como parte acusadora, a las querellantes adhesivas y a la defensa de dos militares. El Juez Miguel Ángel Gálvez decidió mediante un análisis de la ley a la luz de las pruebas presentadas, testimonios y argumentos, que el coronel del ejército Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij van a Juicio oral y público.

Los delitos de los que se les acusa son a Francisco Esteelmer Reyes Girón los delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad por tratos humillantes y a Heriberto Valdés Asij: desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual.

Esta verdad histórica será probada en el juicio que abrirá el 29 de octubre en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esta verdad, que es la verdad de quienes vivieron este horror. El juez declaró que el proceso debe seguir y que se abre el juicio y ellos quedan en prisión preventiva.

Abogada defensora Gilda Aguilar y el militar Francisco Esteelmer Reyes Girón

Ex comisionado militar Heriberto Valdés Asij

Justicia por violación y esclavitud sexual

Sepur Zarco es una comunidad que se ubica en el municipio de El Estor en Izabal, en ella durante los años más duros de la guerra y el genocidio se construyó en el año de 1982[1] un destacamento militar, en éste lugar como en otros, los militares cometieron una serie de crímenes tipificados como de lesa humanidad, entre éstos la violación y esclavitud sexual durante al menos seis meses en contra de aproximadamente 20 mujeres. A varias de ellas, además les habían desaparecido o asesinado a sus esposos o familiares.

Las mujeres que se atrevieron a no permitir que éstos crímenes quedaran impunes, que se atrevieron a hablar y a pasar por una serie de momentos y trámites engorrosos que alargan el tiempo de espera para que la justicia vaya tomando forma, son nuestra motivación para reflexionar, pensar y seguir actuando a favor de la verdad y la memoria.

Desde que declararon en audiencia anticipada, las mujeres llegaron cubiertas con colores y con tejidos llegaron a sentarse frente a sus perpetradores. No llegaron solas, llegaron acompañadas por varias personas, mujeres comunitarias, por organizaciones de mujeres que conforman la Alianza Rompiendo el Silencio y la impunidad. En las últimas tres audiencias solo llegó quien representa la colectiva en la que se organizaron para ser querellantes también de este caso.

Querellante adhesiva y sobreviviente

Mientras la justicia llega

Ingresar a la torre de tribunales no es nada agradable, las veces que lo he hecho ha sido para acompañar algún caso de alto impacto, relacionado con derechos humanos y sus constantes violaciones. Conocer y comprender cómo se mueve el poder en uno de los campos de lucha más complejos es escalofriante, además de lo difícil que es comprender como funciona el sistema de justicia y las mismas leyes y su manoseo. La mayoría de veces que he asistido a una audiencia, he podido comprobar más allá del discurso que ambas funciona a beneficio del bloque de poder representado en las estructuras patriarcales políticas, militares, sociales, religiosas  y económicas que controlan en su mayoría hombres.

Justicia por violación y esclavitud sexual

Sepur Zarco es una comunidad que se ubica en el municipio de El Estor en Izabal, en ella durante los años más duros de la guerra y el genocidio se construyó en el año de 1982[1] un destacamento militar, en éste lugar como en otros, los militares cometieron una serie de crímenes tipificados como de lesa humanidad, entre éstos la violación y esclavitud sexual durante al menos seis meses en contra de aproximadamente 20 mujeres. A varias de ellas, además les habían desaparecido o asesinado a sus esposos o familiares.

Aún así estoy convencida que si para muchas mujeres y personas sobrevivientes de genocidio y otros delitos contra los deberes de humanidad, es importante buscar la justicia en este campo, entonces éste se convierte en estratégico para la disputa de sentido que se requiere hacer en nuestro país. La valentía de quienes se atreven a llevar hasta un juicio a sus perpetradores y abusadores, se convierte es una responsabilidad para la sociedad completa, para entender la historia y reconstruirla.

Asistentes a la audiencia

Conforme se va desarrollando la trama judicial, se van presentando pruebas, peritajes, testimonios y documentos de archivo existe la posibilidad de llegar a ratificar que lo que sabemos como pueblos, lo que hemos sabido siempre en voz baja y es que estos crímenes si ocurrieron, que si hubo genocidio, que si hubo violación y esclavitud sexual. Este tipo de hechos marcan una huella en la historia, en la memoria colectiva, de las luchas de las mujeres y de las luchas feministas.

[1]  El destacamento fue cerrado en el año de 1988.


Por: Quimy De León

Desde las siete y media de la mañana del 2 de octubre pasado, acudimos al llamado que había hecho por distintos medios Rigoberta Menchú Tum y la fundación que lleva su nombre. Es un día importante pues inicia un nuevo proceso judicial que nos dará la posibilidad de entender parte de nuestra historia y los hechos ocurridos en 1980, ya que en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia inició el juicio oral y público en contra del Jefe del Comando 6 de la Policía Nacional: Pedro García Arredondo.

En las afueras del edificio de la corte se realizó una invocación, yo llegué muy temprano y ya estaban colocadas varias ofrendas en el suelo velas blancas, rosas rojas, jocotes, piñas y otras ofrendas para empezar agradeciendo y pidiendo buenas energías para empezar la jornada.

Quienes pasaban por ahí para ir al trabajo o quizá para realizar alguna gestión miraban con indiferencia lo que ocurría en este lugar, seguramente pocas de estas personas tenían la más mínima idea de que ahí mismo, en una sala de audiencias se empezaría a discutir acerca de la historia, de su propia historia.

Testiga Rigoberta Menchú. Premio Nobel de la Paz.

El inicio del juicio: lleno de expectativas

En la sala habían más de doscientas cincuenta personas, entre activistas, cientistas sociales, luchadoras sociales, periodistas, familiares y sobrevivientes con mucho nerviosismo y ganas de encontrar justicia. La jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B Irma Yanet Valdez Rojas abre la audiencia en la sala de vistas de Corte Suprema de Justicia junto a su tribunal compuesta por otras dos juezas. Se presentan las fiscales del Ministerio Público, también quienes serán querellantes adhesivos y sus abogados y abogadas.

El abogado defensor de García Arredondo Moisés Galindo, solicita que se admita como defensa a otro abogado. Inmediatamente después un supuesto abogado de la Fundación contra el Terrorismo, empieza a hablar desde el público irrumpiendo la audiencia pretendiendo hacer una exposición y presenta a Ricardo Méndez Ruíz en calidad de presidente de esta Fundación y de querellante adhesivo. Habla durante unos quince minutos hasta que los abogados querellantes adhesivos solicitan a la jueza que no se puede permitir ésta acción ya que son personas del público.

Finalmente el tribunal resuelve que no están acreditados para actuar como querellantes y que deben permanecer como público. Inmediatamente después se retiraron.

“Ninguno vivo”

Pudo haber sido un día cualquiera sin embargo un 31 de enero del año ochenta, ocurrió un hecho indescriptible, una masacre adentro de las instalaciones de la Embajada de España. Esto conmocionó, indignó y aterrorizó al país y a la comunidad internacional.

La fiscal del Ministerio presentó sus alegatos y dijo que quedarán acreditados los hechos que constituyen las tres acusaciones en contra de Pedro García Arredondo en grado de autor.

A las once y media de la mañana de ese día se ocupó “de forma pacifica por varios ciudadanas y ciudadanos que tenían por objeto denunciar las masacres y las violaciones a sus derechos fundamentales cometidas por el ejército de Guatemala. Quedará acreditado que el acusado quien ejercía el cargo de primer jefe de la sección de investigaciones especiales comando seis de la policía nacional ejecutó órdenes giradas por sus superiores jerárquicos, de donde provino la orden que nadie saliera vivo de la embajada. El acusado para cumplir realizó:

  1. Impidió la salida de los ocupantes de la embajada de España, funcionarios y empleados, otros ciudadanos guatemaltecos y españoles.
  2. Hizo caso omiso a las peticiones del embajador español Máximo Cajal y López quien le indicó que las fuerzas de seguridad no ingresaran a la sede diplomática.
  3. Impidió y obstaculizó cualquier comunicación, mediación y negociación pacifica.
  4. Vulneró flagrantemente la inviolabilidad diplomática de la embajada española cuando ordeno el ingreso de las fuerzas policiales bajo su mando.
  5. Ordenó que agentes policiales bajo su mando destruyeran ventas y puertas con la única intención de darle muerte a los que se encontraban ahí por considerarlos enemigos internos y así darles fiel cumplimiento a las órdenes que había recibido.
  6. Obstaculizó el ingreso de la Cruz Roja, bomberos municipales y voluntarios para ayudar a las personas que se estaban quemando dentro de la embajada de España quienes gritaban de dolor pidiendo auxilio.

Las acciones ejecutadas por el acusado y los agentes bajo su mando en el operativo de asalto a la embajada de España, produjeron

La muerte de 37 personas calcinadas quienes murieron por quemaduras de tercero y cuarto grado y dos personas sobrevivientes. Eran 22 campesinos:

  • Mateo Sis
  • Víctor Gómez Zacarías
  • Juan Chic Hernández
  • Mateo López Calvo
  • Juan José Yox
  • Maria Ramírez Anai
  • Regina Pol Puy
  • Francisco Chen
  • Salomón Tavico
  • Vicente Menchú
  • María Pinula Lux
  • Juan Us Chic
  • Francisco Tuc
  • Trinidad Gómez Hernández
  • José Ángel Xoná
  • Gabino Mario Chuté
  • Juan Tomás Lux
  • Mateo Sic Chen
  • Juan López Yax
  • Gaspar Vi Vi
  • Felipe Antonio García
  • María Ramírez Anai.

5 Estudiantes Universitarios:

  • Sonia Magalí Welches Valdéz
  • Luis Antonio Ramírez Paz
  • Leopoldo Pineda Pedroza
  • Edgar Rodolfo Negreros y
  • Blanca Lidia Domínguez Girón.

Personal Diplomático:

  • Felipe Sáenz Martínez
  • Jaime Ruíz del Arbol Soler
  • María Wilkem Molina
  • María Lucrecia Rivas Fernández de Anleu
  • Nora Adela Mena Aceituno
  • Miriam Judith Rodríguez Urrutia
  • María Teresa Vásquez Ochando
  • María Cristina Melgar Espinoza

Dos visitantes

  • Eduardo Rafael Cáceres
  • Gustavo Adolfo Molina Orantes

Sobrevivientes:

Máximo Cajal y López quien logró escapar por sus propios medios y Gregorio Yujá Xoná”[1].

La fiscalía dijo que muchas de las acciones realizadas por Pedro García Arredondo, miembros del comando 6 y su grupo de choque, podrían ser tipificadas como delitos de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad contra 37 víctimas que murieron en la masacre de la Embajada de España ocurrida el 31 de enero de 1980 y por asesinato en grado de tentativa contra Máximo Cajal entonces embajador de España y Gregorio Yujá Xoná quienes habían logrado sobrevivir. También será acusado por el asesinato de Gustavo Adolfo Hernández González presidente del Frente Estudiantil Universitario y Jesús Alberto España cuando se encontraban en el Paraninfo Universitario en el velorio de las víctimas de la masacre.

Pedro García Arredondo, jefe del comando 6.

Sentado en el banquillo de los acusados

Pedro García Arredondo jefe del comando 6 de la policía acusado de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad contra 37 víctimas de la masacre de la Embajada de España. Sus únicas palabras fueron:

“ante dios y la tierra soy inocente, soy inocente y soy inocente”

Testimonios

Tres testigos tuvieron la oportunidad de declarar hoy Rigoberta Menchú Tum premio Nobel de la Paz hija de Vicente Menchú quien murió en esta masacre, quien era catequista y campesino “se dedicó a la agricultura y a defender a la naturaleza, a las montañas de Chimel, era analfabeto, era dirigente campesino, guía espiritual, catequista. una persona conocido en muchas comunidades.”

Su testimonio fue contundente y detallado, nos permite no solamente acercarnos a los hechos ocurridos sino a la realidad que viven miles de personas indígenas en zonas rurales excluidas. Sergio Vi también tuvo la oportunidad de hablar por el asesinato de su padre Gaspar Vi en este terrible hecho. El Lic. Aguirre Godoy quien fue presidente de la Corte suprema de Justicia da su testimonio de lo ocurrido ese 31 de enero de 1980 y de cómo el logró salvar su vida.

[1] La fiscal del Ministerio presentó sus alegatos y dijo que quedarán acreditados los hechos que constituyen las tres acusaciones en contra de Pedro García Arredondo en grado de autor.

 


Las mujeres Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez en resistencia pacífica para la inauguración de la planta cementera San Gabriel. Julio 2013.

 

Claudia Korol – Feminista inconveniente. Integrante del equipo de educación popular pañuelos en rebeldía.*

 

Fue el cuento más breve y más conmovedor, el del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que escribió en 1959:

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

 

El microrrelato brevísimo condensa una larguísima historia de dolores, de masacres que continúan, amparadas en el racismo impuesto por la violencia capitalista colonial patriarcal. Todavía sentimos en nuestros cuerpos y en nuestra piel las miradas de las mujeres ixiles denunciando la violencia sexual, como parte de los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por la dictadura encabezada por Ríos Montt. Todavía sentimos las voces de las mujeres xincas de las montañas de Jalapa, denunciando el estado de sitio impuesto para defender los intereses de las corporaciones de la minería.

“No te duermas”, digo, que el dinosaurio todavía está allá. No te duermas, porque las masacres siguen enlutando a los pueblos de esa franja de territorio nuestroamericano, y si miramos a otro lado sellaremos complicidades entre silencios que también exudan un racismo que vuelve selectivas las solidaridades.

Este relato no será tan breve como el de Monterroso, porque hace falta decir lo que la prensa oficial calla. Y porque están silenciando a los comunicadores y a las comunicadoras indígenas que nos hacen llegar la información, apresándolxs o iniciándoles procesos judiciales en su país (como hicieron con Norma Sancir, detenida cuando cubría el desalojo de las comunidades chortís en Chiquimula).

Entre el viernes 19 de septiembre y el sábado 20 de septiembre, en la Comunidad Los Paloques, de San Juan Sacatepéquez, fueron masacradas 11 personas, y hubo más de una decena de heridos. Este conflicto se inscribe en las muchas resistencias contra las políticas extractivas.

En el 2006 la empresa “Progreso” decidió construir proyectos cementeros sin consultar a las poblaciones indígenas y comunidades de resistencia que residen en esos territorios. “Progreso” se llama la cementera. También podía haberse llamado “Desarrollo” o “Civilización”. Esos son los nombres que eligen los brutales colonizadores de estos tiempos para sus espejitos de colores.

Pero las comunidades ya no son las mismas. Más de cinco siglos les enseñaron que ese progreso se pinta con la sangre de sus pueblos. En el 2011, el caso fue expuesto por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Las comunidades denunciaron que las medidas del presidente Otto Pérez Molina, renuevan el genocidio contra los pueblos mayas, recurriendo a la violencia, al estado de excepción, cada vez que los intereses empresariales se ven afectados o amenazados.

En julio del 2013 Cementos “Progreso” inició las obras para una planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720 millones de dólares. Su entrada en funcionamiento está prevista para 2017.

En un comunicado conjunto firmado recientemente por las Doce Comunidades Organizadas y en Resistencia en San Juan Sacatepéquez, se explica que desde “el inicio de la instalación de la Empresa Cementos Progreso en nuestro territorio, hemos solicitado al Estado de Guatemala la realización de una consulta comunitaria para conocer el sentimiento de las comunidades en relación a dicho megaproyecto. Nuestras acciones desde entonces han sido pacíficas y en búsqueda del diálogo para el consenso, recibiendo como reacción del Estado, la represión sistemática y persecución política de nuestros líderes y lideresas. Durante la movilización del 16 y 17 de junio del 2014, se acordó con el Gobierno de Guatemala, la realización de un análisis de la problemática que ha generado en la comunidad la instalación de la empresa cementera y la construcción del anillo regional, para posteriormente abordar la criminalización y persecución de los dirigentes comunitarios. Dicho diálogo no se llevó a cabo, a pesar de haberse celebrado dos reuniones posteriores a la macha. El día 14 de julio del 2014 se le envió al Gobierno la solicitud de una mesa técnica para discutir y realizar el estudio de impacto ambiental pertinentes a dichos proyectos. Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado a favor ni en contra de dicha petición”.

Las Comunidades en Resistencia denuncian que la Empresa Cementos Progreso ha utilizado recursos como la compra de voluntades de vecinos, para emplearlos en su sistema de seguridad, y en oficios destinados a convencer sobre los beneficios de su proyecto, llegando desde la coacción y la represión, incluso a nombrar falsas autoridades comunitarias. Señalan que estas prácticas están en el origen de la masacre de septiembre de este año.

Después de la masacre, el gobierno de Guatemala intervino decretando el Estado de Prevención en la región (un Estado de Sitio con otro nombre). Se suspendieron sin aviso previo (lo que corresponde de acuerdo a la legalidad de ese país) las garantías constitucionales. El lunes 22 de septiembre a las 6 am el Ejército ya estaba en las aldeas, y luego fue publicado el decreto 6-2014. Según las comunidades, lejos de resguardar la seguridad como proclaman, amparados por el estado de prevención, la gente de la cementera está falsificando escrituras, inventando títulos y presionando a la gente para vender sus tierras. Denuncian también que son los promotores de la empresa los que mataron a los vecinos. Denuncian que los muertos son compañeros que pertenecen a la lucha contra la cementera, y que quedan niñas y niños huérfanos.

Señalan observadores internacionales, que “quienes estuvieron a cargo de perpetrar esa masacre fue gente entrenada en producir la muerte, de la misma forma en que lo han hecho los militares guatemaltecos durante la dictadura”.

Posteriormente el Ejército entró en las casas allanando las viviendas, produciendo destrozos, acusando a los dirigentes comunitarios de terroristas, deteniendo a varios de ellos. Ponen como ejemplo el caso de José Pajoc, que está preso, padre de un joven asesinado y de dos jóvenes heridos. “Don José pasó por el hospital, la morgue, y ahora está en la cárcel”, dicen los comuneros. También denuncian que el Ejército obliga a las niñas y niños a dar los nombres de las autoridades comunitarias, violando abiertamente los derechos de la infancia. Se emitieron así numerosas órdenes de captura.

En medio de este clima de terror, se continúan las obras de construcción del Anillo Regional, que es clave para la culminación de los objetivos de la Cementera.

Las Comunidades en Resistencia exigen al Estado de Guatemala la suspensión inmediata de la licencia otorgada a Cementos Progreso por alterar la paz y armonía en San Juan Sacatepéquez, dilucidar las responsabilidades, y demandan al gobierno suspender inmediatamente el Estado de Prevención, poner fin a la judicialización de las demandas comunitarias, a la persecución legal y política y el respeto al consentimiento libre de la población.

En Guatemala, el genocidio de los pueblos continúa. Pero también es fuerte el silencio. Este cuento debe terminar. Tal vez la masacre de Sacatepéquez, tal vez la sangre indígena derramada una vez más en defensa del territorio, de los bienes comunes, nos convoque para que en cada uno de los países en los que la colonización dividió el continente, se hagan oír las voces de un coro polifónico de resistencias.

“Si tocan a uno, si tocan a una, tocan a todos y todas”, dijimos en nuestra rebelión argentina de diciembre del 2001. Las políticas extractivistas pueden tener la forma de una cementera, de una Monsanto, de una minera. Pero todas tienen el mismo color: el de la sangre de los hijos e hijas de la tierra. Es hora de ensayar una vez más nuestros ¡Ya Basta!

 

Claudia Korol, 28 de septiembre, 2014


Claudia Paz y Paz, Fiscal General del Ministerio Público de Guatemala

Por Nelton Rivera

La presentación del informe sobre “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en Las Américas” que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH recientemente en Guatemala llega en el momento justo.

Mientras realizaban la presentación pública fueron los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad –CC-, quienes ejemplificaron de forma magistral como se vulnera esa famosa “independencia judicial”.

El miércoles 4 de febrero la CC resolvió un amparo de forma parcial con el que resuelve que el mandato de la Fiscal General Claudia Paz y Paz debe de finalizar a más tardar en el mes de mayo. La posición de la Corte se suma a  la lista de resoluciones contradictorias y poco fundamentadas en derecho que este grupo de magistrados emite, días más tarde resolvió dejo en firme su resolución.

Una corte que no convence a nadie, podríamos mencionar por ejemplo, la posición de la corte respecto a desconocer el carácter vinculante de las Consultas Comunitarias de Buena Fe y Consultas Municipales, su interpretación de la no aplicación del Convenio 169 de la OIT o como cuando anularon la sentencia  del Juicio por Genocidio en el 2013.

Lo cierto es que este tipo de resoluciones evidencia que las y los operadores de justicia en Guatemala están constantemente bajo el acoso de poderes fácticos o poderes tradicionales como el CACIF, o grupos paralelos quienes garantizan con la penetración de sus intereses dentro de la corte, que la institucionalidad de justicia esté a su beneficio a través de la impunidad.

Las agresiones públicas de todo el aparato mediático, columnistas y políticos de derecha no tardaron ni 24 horas en lanzarse a validar la resolución de la Corte, claro no es la primera ni sera la ultima vez que busquen atacar a la Fiscal General Claudia Paz y Paz. Es evidente lo conveniente para las élites económicas, políticas y de poder que la Fiscal General no siga en el cargo.

De la misma manera que opera la ignominia y el odio, se manifiestan otros movimientos que actúan desde la esperanza y la vida. Se está haciendo sentir el respaldo y apoyo hacia una de las pocas funcionarias éticas y profesionales que han contribuido a tener confianza en la justicia y que han fortalecido el Estado de Derecho y la frágil democracia que quienes representan el poder debilitan.

Este respaldo trasciende fácilmente los espacios organizativos de la sociedad guatemalteca, el respaldo nacional e internacional puede jugar un papel fundamental en la balanza de la justicia, incluso el respaldo de la embajada de los EEUU es indicador de que hasta ellos, evidencian el peligro que significa que estos grupos controlen y definan que se eternice en nuestro país la impunidad.

Jorge Santos de la Convergencia de los Derechos Humanos por Guatemala dijo en la presentación del informe de la CIDH que éste se presenta en un contexto de agresiones y ataques contra la institucionalidad de justicia:

Estamos asistiendo a un proceso de rompimiento de la independencia judicial, no solo por la resolución de la Corte de Constitucionalidad, si no por su actuación a lo largo de todo el año 2013, hemos evidenciado y hemos denunciado como Convergencia por los Derechos Humanos un constante pacto entre determinadas élites que pretende irrumpir en el sistema de judicial guatemalteco con el único fin de procurar  impunidad.

El llamado que hacemos desde la Convergencia por los Derechos Humanos es hacer un importante esfuerzo de articulación social para defender la institucionalidad pública, principalmente frente al proceso de Comisiones de Postulación y que no permitamos que esos poderes fácticos que han intentado irrumpir en la independencia judicial se queden al final de cuentas con esa institucionalidad pública.”

CIDH presenta informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en Las América, en Costa Rica y Guatemala

Para la CIDH la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de un sistema democrático en países como Guatemala requiere de un un sistema jurídico e institucional fortalecido, independiente y ajeno a los intereses de gobernantes y particulares.  La visita de representantes de la CIDH coincide en un contexto adverso en materia de justicia y se evidencia la inexistencia de la independencia de la instucionalidad de justicia.

La CIDH presento el día jueves 6 de enero 2014 en Guatemala por primera vez un informe de este tipo, reuniendo a diversos sectores, instancias y organizaciones de justicia y derechos humanos en Guatemala.

“El informe en su contenido hace énfasis a la situación complicada de la justicia en Guatemala:  “Sin embargo, en varios Estados del continente americano, juezas y jueces, fiscales, defensoras y defensores públicos, desempeñan sus labores en ausencia de garantías que aseguren una actuación independiente, tanto en un nivel individual como de las instituciones que trabajan. Además, la CIDH ha detectado una serie de injerencias por parte de poderes públicos y agentes no estatales que generan barreras de iure o de facto para las personas que desean acceder a la justicia, las cuales están asociadas a la falta de diseños institucionales que resistan dichas injerencias y a la ausencia de procedimientos adecuados para nombramiento y selección, y de garantías debidas en los procedimientos de carácter disciplinario.”[1]

 Guatemala y el 149 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH. 

La situación de los “Derechos Humanos y la Protesta social en Guatemala”, “Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala” fueron dos temas importantes que se incluyeron dentro de la agenda de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el mes de octubre 2013 durante el 149 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH.

Durante la mesa temática sobre “Derechos humanos y la protesta social en Guatemala”, la CIDH pudo conocer los casos de judicialización y criminalización de pueblos y comunidades, violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado de Guatemala, empresas y otros actores.

Los casos que fueron presentados ante la CIDH son los de Barillas en Huehuetenango por la presencia de la empresa española Ecoener Hidralia Energía y la conflictividad que esta ha provocado en esa región.  El caso de las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez frente a las agresiones de la empresa Cementos Progreso y la construcción de la planta “San Gabriel” en su territorio. El caso de las comunidades y pueblos Xinka y Mestizo de Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa frente a la construcción de la Mina San Rafael propiedad de la empresa transnacional canadiense Tahoe Resources.

Durante la intervención de la delegación guatemalteca solicitaron en la mesa temática sobre “Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala”:

1. A la Comisión recuerde al Estado su obligación de realizar procesos transparentes y participativos que permitan nombrar a las personas ideoneas e independientes en los órganos judiciales que se van a nombrar en el año 2014.

2. Seguimiento muy cercano a estos procesos de Comisiones de Postulación y si fuera necesario y se hacen evidentes irregularidades que pongan en peligro el principio de independencia judicial quisiéramos que la comisión haga el señalamiento respectivo.

3. Solicitamos adicionalmente que se recomiende al Estado iniciar un proceso de dignificación de la labor de defensores y defensoras de los DDHH, comenzando por declaraciones del presidente del estado de Guatemala en apoyo a la labor de este grupo y una declaración que sea publicad en todos los medios posibles.

4. Recordar al Estado el compromiso que había asumido de impulsar la creación de una verdadera política pública que sea incluyente a todos los y las defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, sindicalistas y operadores de justicia.

Las audiencias y los informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho a la libertad de expresión, así como la situación de los derechos de los niños y las niñas, los migrantes, los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de libertad, las personas con discapacidad, y las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, entre otros asuntos.”[2]


[1] CIDH presenta informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en Las Américas, en Costa Rica y Guatemala. OEA. Costa Rica 6 de febrero 2014.

[2] Anexo al Comunicado de Prensa CIDH culmina el 149 Período de Sesiones. 8 de noviembre 2013.