Guatemala Comunitaria

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El Memorial de los Pueblos

“No somos criminales somos defensores de los ríos y las montañas”

Su excelencia Jimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala

CC.

Dr. Arnulfo Rafael Rojas Cetina, Presidente del Organismo Judicial

Licda. Thelma Aldana, Fiscal General del Ministerio Publico.

Lic. Jorge De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala.

Sr. Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos

Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Sra. Rose-Marie Belle Antoine, Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

 

Las personas que firmamos somos representantes de organizaciones sociales, instituciones, autoridades, personalidades y pueblos en general.

Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante las sistemáticas violaciones a nuestros derechos fundamentales, como consecuencia de la implementación del modelo extractivista en nuestros territorios, la imposición de proyectos mineros, hidroeléctricas, petróleo, monocultivos, entre otros; todo sin el consentimiento y sin consulta previa a nuestros pueblos. Este momento histórico se debe considerar como el nuevo despojo en nombre del falso desarrollo.

En Guatemala, desde el año 2005 haciendo uso de nuestros mecanismos de participación y toma de decisiones, venimos expresando nuestras demandas de manera pacífica y democrática a través consultas de buena fe.[1] Este derechos es plenamente reconocido en convenios internacionales como el 169 de la OIT, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: sin embargo; el Estado de Guatemala en lugar de asumir con responsabilidad la implementación de los instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas , ha optado por la judicialización de las luchas legitimas de los pueblos como estrategia para intimidar, dividir y enfrentar a nuestras comunidades.

Nos indigna profundamente la desestabilización social de la empresa Hidro Santa Cruz, Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A., y empresa Cinco M S.A. Que en complicidad con los gobiernos de turno han generado en nuestros territorios, desde el 2010 hasta la fecha, especialmente en la zona norte de Huehuetenango. Esta Crisis ha provocado muertes, detenciones ilegales, represión y militarización. Se han asesinado a nuestros hermanos mayas Q’anjob’ales Daniel Pedro Mateo y Andrés Pedro Miguel. Así como la detención arbitraria de nuestros compañeros Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, líderes comunitarios de Barillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán de Huehuetenango.

Nos preocupa también la sistemática violación al debido proceso por parte del Sistema de Justicia en Guatemala en relación a los presos políticos. El Ministerio Publico, específicamente la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos , utiliza un documento elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz , denominado “Estructural Criminal, Conflicto Social Huehuetenango” para criminalizar. En dicho documento se señala a los líderes comunitarios Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, como parte de la red criminal en la zona norte de Huehuetenango. Preocupa de igual manera la utilización del delito de Plagio o Secuestro en contra de defensores de derechos humanos, con lo cual han logrado el objetivo de mantener por tiempo indefinido a los líderes comunitarios en prisión preventiva, impidiendo su trabajo a favor de los derechos de las comunidades; a esto se suma la estrategia de suspensión permanente de audiencias que ha prolongado por más de un año la prisión de los líderes, aun cuando se está en las primeras fases de los procesos. No quisiéramos pensar que en Guatemala se está utilizando la denominada doctrina del Derecho Penal del Enemigo en contra de los pueblos indígenas que luchan por la defensa de sus derechos fundamentales.

Ante esta situación, los pueblos que hemos participado en más de 80 Consultas Comunitarias de buena fe desde 2005 hasta la fecha, organizaciones sociales, instituciones propias de nuestros pueblos, personalidades y la solidaridad internacional demandamos:

 

Libertad pronta para los presos políticos Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, Domingo Baltazar, Rigoberto Juárez y Mynor López; asegurando la justicia y el debido proceso, establecido por leyes nacionales y estándares internacionales.

Protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas comunitarias de acciones violentas, hostigamientos, intimidaciones y amenazas por parte del Estado de Guatemala y empresas extractivistas.

Respetar las decisiones de los pueblos emitidos en 80 consultas de buena fe; así como a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, como la libre determinación de los pueblos, el derecho a la consulta, territorio y organización propia.

La anulación de las licencias mineras, hidroeléctricas, y petroleras autorizadas en nuestros territorios sin consulta a nuestros pueblos, puesto que esa condición las hace arbitrarias, y por tanto, la causa principal de la conflictividad social en nuestras comunidades.

Guatemala, abril 2016.

[1] Consejo de pueblos mayas CPO.


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La existencia de presos políticos en un país es un claro síntoma de la falta de libertades políticas en la defensa de derechos humanos, de la vida y de los recursos naturales, una situación propia de las dictaduras o de los regímenes no democráticos.

De forma conjunta Prensa Comunitaria, Festivales Solidarios, Tierra Lanuda, Realizadores Tzikin, Raquio Snuq’ Jolom Jonob’ y Grupo de Mujeres Ixchel lanzamos la campaña internacional: “Libertad para los presos políticos en Guatemala”, una campaña que visibiliza y demuestra la persecución y la criminalización contra autoridades indígenas y líderes comunitarios, miembros de resistencias y organizaciones comunitarias en defensa de los derechos humanos, la vida y los recursos naturales.

Esta es una acción de nosotras y nosotros que amamos la vida y lo hacemos desde lo que sabemos hacer, es decir, el periodismo independiente comunitario y alternativo y el arte para tomar conciencia y construir una sociedad antiautoritaria, solidaria e incluyente. Invitamos a todas y todos a sumarse y denunciar estas gravísimas violaciones a los derechos humanos en Guatemala.

Ellos no son delincuentes, son defensores de la vida.

¡Libertad para los que defienden la vida, el agua y los recursos naturales!
¡Libertad para los presos políticos!

#LibertadParaLosPresosPolíticos

Tello VillatoroArturo PabloRigoberto Juárez (2)
Francisco JuanHermitaño LópezDomingo Baltazar

Publicado en Guatemala


Las mujeres Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez en resistencia pacífica para la inauguración de la planta cementera San Gabriel. Julio 2013.

 

Claudia Korol – Feminista inconveniente. Integrante del equipo de educación popular pañuelos en rebeldía.*

 

Fue el cuento más breve y más conmovedor, el del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que escribió en 1959:

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

 

El microrrelato brevísimo condensa una larguísima historia de dolores, de masacres que continúan, amparadas en el racismo impuesto por la violencia capitalista colonial patriarcal. Todavía sentimos en nuestros cuerpos y en nuestra piel las miradas de las mujeres ixiles denunciando la violencia sexual, como parte de los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por la dictadura encabezada por Ríos Montt. Todavía sentimos las voces de las mujeres xincas de las montañas de Jalapa, denunciando el estado de sitio impuesto para defender los intereses de las corporaciones de la minería.

“No te duermas”, digo, que el dinosaurio todavía está allá. No te duermas, porque las masacres siguen enlutando a los pueblos de esa franja de territorio nuestroamericano, y si miramos a otro lado sellaremos complicidades entre silencios que también exudan un racismo que vuelve selectivas las solidaridades.

Este relato no será tan breve como el de Monterroso, porque hace falta decir lo que la prensa oficial calla. Y porque están silenciando a los comunicadores y a las comunicadoras indígenas que nos hacen llegar la información, apresándolxs o iniciándoles procesos judiciales en su país (como hicieron con Norma Sancir, detenida cuando cubría el desalojo de las comunidades chortís en Chiquimula).

Entre el viernes 19 de septiembre y el sábado 20 de septiembre, en la Comunidad Los Paloques, de San Juan Sacatepéquez, fueron masacradas 11 personas, y hubo más de una decena de heridos. Este conflicto se inscribe en las muchas resistencias contra las políticas extractivas.

En el 2006 la empresa “Progreso” decidió construir proyectos cementeros sin consultar a las poblaciones indígenas y comunidades de resistencia que residen en esos territorios. “Progreso” se llama la cementera. También podía haberse llamado “Desarrollo” o “Civilización”. Esos son los nombres que eligen los brutales colonizadores de estos tiempos para sus espejitos de colores.

Pero las comunidades ya no son las mismas. Más de cinco siglos les enseñaron que ese progreso se pinta con la sangre de sus pueblos. En el 2011, el caso fue expuesto por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Las comunidades denunciaron que las medidas del presidente Otto Pérez Molina, renuevan el genocidio contra los pueblos mayas, recurriendo a la violencia, al estado de excepción, cada vez que los intereses empresariales se ven afectados o amenazados.

En julio del 2013 Cementos “Progreso” inició las obras para una planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720 millones de dólares. Su entrada en funcionamiento está prevista para 2017.

En un comunicado conjunto firmado recientemente por las Doce Comunidades Organizadas y en Resistencia en San Juan Sacatepéquez, se explica que desde “el inicio de la instalación de la Empresa Cementos Progreso en nuestro territorio, hemos solicitado al Estado de Guatemala la realización de una consulta comunitaria para conocer el sentimiento de las comunidades en relación a dicho megaproyecto. Nuestras acciones desde entonces han sido pacíficas y en búsqueda del diálogo para el consenso, recibiendo como reacción del Estado, la represión sistemática y persecución política de nuestros líderes y lideresas. Durante la movilización del 16 y 17 de junio del 2014, se acordó con el Gobierno de Guatemala, la realización de un análisis de la problemática que ha generado en la comunidad la instalación de la empresa cementera y la construcción del anillo regional, para posteriormente abordar la criminalización y persecución de los dirigentes comunitarios. Dicho diálogo no se llevó a cabo, a pesar de haberse celebrado dos reuniones posteriores a la macha. El día 14 de julio del 2014 se le envió al Gobierno la solicitud de una mesa técnica para discutir y realizar el estudio de impacto ambiental pertinentes a dichos proyectos. Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado a favor ni en contra de dicha petición”.

Las Comunidades en Resistencia denuncian que la Empresa Cementos Progreso ha utilizado recursos como la compra de voluntades de vecinos, para emplearlos en su sistema de seguridad, y en oficios destinados a convencer sobre los beneficios de su proyecto, llegando desde la coacción y la represión, incluso a nombrar falsas autoridades comunitarias. Señalan que estas prácticas están en el origen de la masacre de septiembre de este año.

Después de la masacre, el gobierno de Guatemala intervino decretando el Estado de Prevención en la región (un Estado de Sitio con otro nombre). Se suspendieron sin aviso previo (lo que corresponde de acuerdo a la legalidad de ese país) las garantías constitucionales. El lunes 22 de septiembre a las 6 am el Ejército ya estaba en las aldeas, y luego fue publicado el decreto 6-2014. Según las comunidades, lejos de resguardar la seguridad como proclaman, amparados por el estado de prevención, la gente de la cementera está falsificando escrituras, inventando títulos y presionando a la gente para vender sus tierras. Denuncian también que son los promotores de la empresa los que mataron a los vecinos. Denuncian que los muertos son compañeros que pertenecen a la lucha contra la cementera, y que quedan niñas y niños huérfanos.

Señalan observadores internacionales, que “quienes estuvieron a cargo de perpetrar esa masacre fue gente entrenada en producir la muerte, de la misma forma en que lo han hecho los militares guatemaltecos durante la dictadura”.

Posteriormente el Ejército entró en las casas allanando las viviendas, produciendo destrozos, acusando a los dirigentes comunitarios de terroristas, deteniendo a varios de ellos. Ponen como ejemplo el caso de José Pajoc, que está preso, padre de un joven asesinado y de dos jóvenes heridos. “Don José pasó por el hospital, la morgue, y ahora está en la cárcel”, dicen los comuneros. También denuncian que el Ejército obliga a las niñas y niños a dar los nombres de las autoridades comunitarias, violando abiertamente los derechos de la infancia. Se emitieron así numerosas órdenes de captura.

En medio de este clima de terror, se continúan las obras de construcción del Anillo Regional, que es clave para la culminación de los objetivos de la Cementera.

Las Comunidades en Resistencia exigen al Estado de Guatemala la suspensión inmediata de la licencia otorgada a Cementos Progreso por alterar la paz y armonía en San Juan Sacatepéquez, dilucidar las responsabilidades, y demandan al gobierno suspender inmediatamente el Estado de Prevención, poner fin a la judicialización de las demandas comunitarias, a la persecución legal y política y el respeto al consentimiento libre de la población.

En Guatemala, el genocidio de los pueblos continúa. Pero también es fuerte el silencio. Este cuento debe terminar. Tal vez la masacre de Sacatepéquez, tal vez la sangre indígena derramada una vez más en defensa del territorio, de los bienes comunes, nos convoque para que en cada uno de los países en los que la colonización dividió el continente, se hagan oír las voces de un coro polifónico de resistencias.

“Si tocan a uno, si tocan a una, tocan a todos y todas”, dijimos en nuestra rebelión argentina de diciembre del 2001. Las políticas extractivistas pueden tener la forma de una cementera, de una Monsanto, de una minera. Pero todas tienen el mismo color: el de la sangre de los hijos e hijas de la tierra. Es hora de ensayar una vez más nuestros ¡Ya Basta!

 

Claudia Korol, 28 de septiembre, 2014