Guatemala Comunitaria

Por: Quimy De León.

Marco Antonio Molina Theissen era un niño de 14 años, estaba en tercero básico cuando miembros del ejército entraron a su casa, lo detuvieron y lo desaparecieron. Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

Su hermana, Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en el entronque conocido como Cuatro Caminos quienes la llevaron a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue torturada y violada sexualmente. Pese a esto a los ocho días ella logró huir por una ventana.

El 6 de octubre de 1981, un día después de que Emma lograra escapar de sus captores, varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres ubicada en la colonia La Florida en el municipio de Mixco en el departamento de Guatemala. Entraron con lujo de fuerza, dentro estaba Marco Antonio, lo engrilletaron, le taparon la boca con Masking tape y golpearon a su madre. Luego lo metieron a un costal y lo tiraron a la palangana de un picop con placa oficial 17675. A pesar de que su madre corrió tras el carro para rescatar a su hijo nada pudo hacer.

Sus padres desesperadamente buscaron a su hijo en hospitales y destacamentos militares. Hicieron varias gestiones ante las autoridades, ante el ejército, ante la iglesia, ante instancias internacionales de derechos humanos y nunca lograron nada. Hasta la fecha la familia de Marco Antonio no sabe sobre su paradero, pero no han dejado de buscar.

El proceso penal

La mañana del 12 de enero 2016 cuatro militares retirados esperaban ansiosos junto a sus familiares y abogados que diera inicio la audiencia de primera declaración por el caso de desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen. Ellos fueron detenidos el 6 de enero de 2016 por una orden de aprehensión y arraigo emitida por el juzgado cuarto el 4 de enero de este mismo año. Los delitos por los que están presos son desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad. Posteriomente el Juzgado de Mayor Riesgo C ligó a este mismo proceso penal a Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor de la Defensa en 1981, detenido el 6 de enero 2016 junto a otros 17 altos mandos del ejército guatemalteco por el caso conocido como #ZonaMiliatar21Coban o caso CREOMPAZ durante la guerra.

A las once de la mañana después de una hora de espera dio inicio esta audiencia en la sala primera del juzgado quinto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala.

Hugo Ramiro Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor, Manuel Antonio Callejas Callejas General de división, Francisco Luis Gordillo Martínez fue comandante de la zona militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, cuando ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa. También fue de la Junta Militar que asumió después de dar un golpe de Estado y asumiera de facto la presidencia Efraín Ríos Montt y Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenango.

La sala es muy pequeña y en ella también esperaban las familiares de Marco Antonio, su madre Emma Theissen Álvarez viuda de Molina, sus hermanas María Eugenia y Ana Lucrecia Molina Theissen acompañadas por defensoras de derechos humanos.

Benedicto Lucas García fue ligado a este mismo proceso penal

El juez Víctor Herrera Ríos que preside el juzgado de Mayor Riesgo C en la ciudad de Guatemala ligo a proceso penal a cinco altos mandos del ejército por varios delitos de Lesa Humanidad que incluyen: Deberes contra la humanidad y por la detención y Desaparición Forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen el 6 de octubre de 1981 en el municipio de Mixco, Guatemala.

También por los delitos de Violación con agravación de la pena y Deberes contra la Humanidad por la detención arbitraria de Emma Guadalupe Molina Theissen el 27 de septiembre de 1981 retenida clandestinamente en la Brigada Militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas” a quien sometieron a tortura, interrogatorios y violación sexual repetidamente.

La audiencia se realizó en la sala del nivel 12 de la Torre de Tribunales en presencia de los cinco sindicados: Benedicto Lucas García, Hugo Ramiro Zaldaña, Francisco Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares y Manuel Antonio Callejas, los cinco militares quedaron ligaros por los tres delitos,  todos permanecen en prisión preventiva en un cuartel militar desde enero del 2016, el juez ordenó que todos permanecerán en prisión preventiva.

Fotografía de Nelton Rivera.

La acusación

El fiscal del Ministerio Publico hizo responsable a los cuatro militares de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen. Para ello cuentan con varias pruebas que determinan el papel de cada uno de los militares.

Hugo Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor en la Brigada Manuel Lisandro Barillas dirigía el retén militar donde fue capturada Emma en el entronque conocido como cuatro caminos ubicado en San Cristóbal Totonicapán, después fue llevada a la zona militar en donde fue detenida ilegalmente, torturada y violada sexualmente.

Francisco Gordillo Martínez era comandante de la zona Militar a la vez que Ediliberto Letona Linares como segundo comandante son responsables junto a Hugo Zaldaña Rojas por los delitos contra deberes de la humanidad y violación agravada.

Manuel Antonio Callejas y Callejas General de División tuvo la responsabilidad de ordenar nuevamente la captura de Emma Molina Theissen y que desaparecieran a su hermano menor, por lo que a él se le acusa solamente del delito de desaparición forzada y delitos contra deberes de la humanidad.

De los cuatro militares Edilberto Letona accedió a hablar y negó su responsabilidad en los hechos y delitos por los que se le acusa, sí reconoció su cargo como Segundo Comandante en la zona militar y que entonces se encontraba de alta.

 

 


 

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Quimy De León.

El presidente y comediante Jimmy Morales junto al vicepresidente Jafeth Cabrera y su gabinete, decidieron sorpresivamente este 20 de septiembre suspender las garantías constitucionales como la libertad de expresión, acción y locomoción, además el gobierno podría hacer compras a discreción sin necesidad de cotizaciones o licitaciones. Todo esto bajo el argumento de que por las lluvias la población corría riesgos.

Las críticas no se hicieron esperar y al día siguiente el vicepresidente anunció que sería anulado el decreto gubernamental.

Ellos fueron electos como presidente y vicepresidente en el 2015, y desde el inicio de su gestión han tenido protagonismo político ínfimo, al punto que parecía que gobernaban en el adormecimiento. Todo mundo sabe que carecían de un plan de gobierno y de equipo de trabajo.

¿Qué fue lo que pasó?

El 19 de septiembre Jimmy arremetió contra los medios de comunicación, pues se siente cuestionado, ya que en las últimas semanas había sido motivo de escándalo pues su hijo y hermano están involucrados en el caso de corrupción llamado “Botín Registro de la Propiedad” donde hay más de 17 personas en la cárcel. Jafeth Cabrera también ha sido señalado por nepotismo y crearse una nueva vida de aparente derroche.

También ha sido motivo de críticas su cercanía con militares de dudosa reputación, los intereses empresariales que están expresados en el gobierno, parte de sus funcionarios vienen del gobierno del Partido Patriota y la presencia evidente de los intereses de los Estados Unidos.

Entonces anuncian la suspensión de garantías constitucionales que serían efectivas mediante un Estado de Prevención (decreto 5-2016) con vigencia de 15 días para todo el territorio nacional. El argumento era absurdo y estaba basado en el peligro que las lluvias provocarían en particular en algunas zonas que nunca especificaron, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-.

A todo esto, la población se quedó estupefacta por la medida autoritaria y sin sentido, la pregunta sigue siendo ¿cuál fue el trasfondo para tomar una medida de tremenda magnitud?

¿Cuál ha sido la dinámica para imponer Estados de prevención y de sitio?

En Guatemala implementar Estados de Sitio o de Prevención para limitar las garantías constitucionales ha sido una medida utilizada con la finalidad de controlar y reprimir a la población. Fue una práctica común durante los gobiernos dirigidos por militares en los años de la guerra fría y las dictaduras.

La narrativa violenta a la que hemos asistido en los últimos años en Guatemala han sido de implementación del modelo neoliberal y extractivista, conocido como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2,004) que basa la necesidad de explotar la naturaleza a costa de lo que sea, principalmente del uso de la violencia. Esto ha quedado claro en diferentes lugares donde se han tratado de implementar megaproyectos como los monocultivos para la agroindustria, las hidroeléctricas, la minería a cielo abierto, plantas cementeras, petroleras entre otras.

En estos casos ha habido tres actores fundamentales en tensión: el Estado, las empresas y las comunidades. Aunque también han participado otro tipo de actores no estatales con actividades clandestinas y criminales, que no siempre ha quedado claro su papel.

El papel del Estado en esta etapa ha sido crear las condiciones para la implementación del modelo a beneficio de las grandes empresas, incluso en detrimento de si mismo, de la naturaleza y de la población. Se ha hecho uso de la fuerza pública para reprimir y crear terror a la población organizada que se niega al modelo por considerarlo nocivo. Para lograrlo han llegado al extremo de imponer Estado de sitio y/o de prevención.

Una breve mirada para atrás

La aplicación de medidas represivas como los Estados de Excepción y de Sitio que obvian incluso los marcos legales existentes, les permite actuar con eficacia y rapidez para imponer proyectos de carácter económico. En estos casos el Estado no actúa solo, también participan estructuras paralelas y privadas, relacionadas con las empresas. Algunos ejemplos ocurridos en la historia reciente:

  • 2014 Estado de Sitio en San Juan Sacatepéquez durante el gobierno del Partido Patriota para imponer un proyecto cementero de Cementos Progreso S.A. y la construcción del anillo regional al que la población organizada se oponía.
  • 2013 Estado de Prevención San Rafael Las Flores durante el gobierno del Partido Patriota para beneficiar a la minera San Rafael.
  • 2012 Estado de Sitio en Barillas durante el gobierno del PP para beneficiar una hidroeléctrica española que buscaba imponerse pese a la oposición de más de 300 comunidades.
  • 2011 Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez durante el gobierno de la UNE dirigido por Álvaro Colom a beneficio de la empresa Cementos Progreso que buscaba implantarse en el municipio pese a la oposición de 12 comunidades.

 

En todos los casos la implementación de Estados de Sitio tuvo como objetivos al menos estos tres:

  • Defender los intereses económicos empresariales
  • Profundizar el proyecto militar de control y terror
  • Debilitar, neutralizar y desarticular la organización u oposición al este modelo.

El Estado en estos casos echó mano del ejército, policía nacional civil y policía privada para reprimir directamente. Esto permitió detenciones injustas e ilegales de muchas personas con lo cual se requirió la participación del Ministerio Público y Organismo Judicial. También hubo personas asesinadas y otras perseguidas y reprimidas. Por si fuera poco la población tuvo que vivir durante los Estados de Sitio o prevención persecución, hostigamiento, “listas negras”, división y control comunitario, abuso sexual hacia las mujeres, control físico y psicológico, allanamientos de casas, desplazamiento forzado entre otras.

Además, el sistema de justicia y los tribunales ignoran la responsabilidad del Estado, los  cuerpos de seguridad y paramilitares en los hechos violentos y la arbietrariedad en la aplicación de este tipo de medidas.

 Lo que nos espera

La aplicación del Estados de Prevención que decretó este gobierno es una forma de violencia política que significa censura, represión y control. Ya que se querían permitir el uso de la fuerza para reprimir cualquier forma de manifestación y crítica.

Lo extraño es que hasta este momento del gobierno no ha habido manifestaciones públicas ni oposición abierta desde organizaciones sociales a su gestión. A excepción de las organizaciones territoriales y comunitarias que se mantienen en alerta permanente por el asedio de la industria extractiva y los cobros excesivos de energía eléctrica por mencionar algunas. Lo que si ha habido es cuestionamientos evidentes, críticas e investigación desde algunos medios hacia la gestión débil y la evidente voracidad personal con que inician su gestión y manejan su posición de poder y acceso a recursos.

Parece ser que con este Estado de prevención habían encontrado una salida para resolver su propia crisis, resultado de la incapacidad para llevar la gestión y la opinión pública frente a los señalamientos de corrupción prematura.

Buscaban torpe y autoritariamente fortalecerse mediante el control del orden público, metiendo miedo y logrando evitar la crítica abierta y la investigación hacia los ya evidentes malos manejos.

Dado el ambiente que estamos, no deja de parecer también una medida para hacer negocios sin control, ya que como vimos la aplicación de medidas extremas como los Estados de Prevención siempre hay intereses económicos de fondo.

No deja de llamar la atención el silencio de La Embajada de los Estados Unidos, tan preocupada últimamente por la calidad de nuestra democracia. ¿Estaría enterada de lo que se iba a producir? Quién sabe.

En definitiva, con esta acción podemos empezar a comprender el tipo de régimen que pueden llegar a ser con Jimmy Morales y Jafeth Cabrera al frente y el uso de la violencia que pueden llegar a utilizar.

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Fotografía de Nelton Rivera.

 


 

Por Nelton Rivera.

En Guatemala cuatro familias del pueblo Maya Q’eqchí de la comunidad Santa Elena Samanzana II del municipio de  Cobán en el departamento de Alta Verapaz sufren del desplazamiento forzado de su territorio. Son veintiún personas, la mayoría mujeres y niños quienes tuvieron que abandonar absolutamente todo para salvar su vida. Han vivido aquí desde hace cincuenta años.

La comunidad se ha enfrentado a las amenazas y han sufrido varios atentados de personas que pretenden desalojarlos violentamente de su tierra, ahora están instalados en la ciudad capital. Se movilizaron por el apoyo del Comité Campesino del Altiplano CCDA, atrás dejaron la tierra, los cultivos, sus herramientas de trabajo, alimentos, vestido y sus hogares.

La realidad hoy de éstas personas es la de quien vive en la zozobra, de mucha consternación y preocupación.  Las familias de don Lorenzo Pop, don Pedro Saj Bol, don Domingo Choc y doña María Cristina Pop han dado un giro inesperado y triste. El dolor y la tristeza por sufrir semejantes violaciones de sus derechos se refleja en la mirada de doña María Cristina que tuvo que dejar todo lo que tiene, tuvo que huir con sus hijos por el miedo de perder la vida.

“En agosto de 2013 surge un supuesto propietario que dice ser dueño de esta finca, llega con hombres fuertemente armado, disparan y reprimen a los compañeros, en ese momento fueron dos personas heridas gravemente por armas de fuego.”[1]

Éstos hechos son un lamentable e infame recuerdo parecido a lo vivido en este país durante los años más duros del genocidio que provocó el desplazamiento forzado de millones de personas a las selvas o montañas, algunas personas tuvieron que refugiarse en otro país.

Que sucedió en Santa Elena Samanzana II

Durante la segunda semana de marzo llegaron aproximadamente treinta hombres armados, queriendo sacar de forma forzada de la tierra a las familias, destruyendo parte de sus casas y sus siembras. Algunas de estas tenían sembrado cardamomo, café, maíz y frijol.

Las cuatro familias Maya Q’eqchí tuvieron que sobrevivir varios días en la montaña, ubicándose entre el monte sin alimentos, sin resguardo, padeciendo de la enfermedad especialmente los niños fueron los más afectados.

“Fue el día viernes 14 de marzo cuando llego el grupo armado, los amenazan con sus armas de fuego, los encerraron  contra su voluntad dentro de la iglesia de la comunidad, después de encerrarlos  realizaron más de 50 disparos, no hubo heridos pero varias de las mujeres se desmayaron. Pero la intención de este grupo armado fue la de prenderle fuego a la iglesia con toda la población dentro de ella.”[2]

Representantes de la comunidad reconocieron a algunos de los atacantes a quienes identificaron como: Víctor Danilo García Pop,  Manuel Antonio García Pop,  Alberto Sun Pop, Francisco Pop Bol,  Guillero Eq Luc de la comunidad Oculá, Ricardo Cacao,  Marcos Chun, Francisco Chen, Alberto Chun y  José Xuc Col.

Uno de los representantes de la comunidad señaló cómo el señor Víctor Danilo García Pop los amenazó de muerte: “yo tengo al fiscal del Ministerio Publico, si yo quiero matar a cuantas personas no va a quedar nadie.”, refiriéndose posiblemente al agente fiscal del MP de Cobán.[3]

“Sospechamos junto con los compañeros que el fiscal del MP puede ser pariente del supuesto propietario que está buscando apropiarse de la tierra, pusimos la denuncia serán las autoridades quienes investiguen, nosotros solo tenemos sospechas de esto, ojala se haga una investigación profunda para que determinen quienes son los responsables y los castiguen.”

 “tienen que salir de aquí, si van a salir por las buenas, si no van a salir muertos”… “luego comenzaron a cortar los cultivos, cortaron todo, la semana pasada nos sacaron a cuatro familias apuntándonos con sus armas, nos tocó que escondernos bajo el monte, escondidos entre el monte, con una semana sin comer.”[4]

Desde 1993 las familias pidieron al INTA que resolviera entregarles el título de propiedad, luego el INTA trasladó el expediente al Fondo de Tierra, allí ha estado estancada la entrega de la titulación. Esto da vía libre para que grupos armados afines a empresas o terratenientes operen con total impunidad. FONTIERRA reconoce que la tierra sigue siendo del Estado de Guatemala, también reconocieron en una reunión con directivos del CCDA que esta disputa de la tierra los supuestos herederos de un terrateniente no han logrado demostrar que ellos tengan derecho o propiedad de la tierra.

Cronología de los hechos:

Viernes 14 de marzo: 21 personas integrantes de 4 familias sufren desplazamiento forzado y se esconden en el monte.

Domingo 16 de marzo: las cuatro familias Q’eqchí junto con el Comité Campesino del Altiplano – CCDA realizan una conferencia de prensa para denunciar éstos hechos.

Martes 18 de marzo: representantes del Comité Campesino del Altiplano – CCDA se reúnen con un directivo de FONTIERRA para analizar el caso de las 4 familias desplazadas, especialmente la tenencia de la tierra. También se hizo la denuncia ante la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Guatemala.

Miércoles 19 de marzo: La Procuraduría de los Derechos Humanos se reúne con campesinos de Cobán, afectados por los intentos de desalojos extrajudiciales.

El desplazamiento forzoso

“Personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que no han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente”[5]

Fue durante el conflicto armado en Guatemala que el desplazamiento forzado de la población civil tomo relevancia de forma crítica por el carácter masivo y destructivo que tomó (CEH, 1999). Se estima que un millón y medio de personas fueron desplazadas de forma violenta de sus territorios durante los primeros 3 años de la década de los años 80.  El desplazamiento “Encarna la ruptura del tejido social en su forma más directa y desgarradora, así como el debilitamiento de los lazos culturales que conforman cohesión.” [6]

Muchas veces fue para evadir las ofensivas y operaciones militares dirigidas en su contra a pesar de ser población civil, en muchos de los casos “el ejército quemó las viviendas con todo adentro; otros no pudieron sacar sus cosas y se marcharon dejando todo como estaba…”[7]

Esto es muestra de la deshumanización el resultado del desplazamiento forzado, es la utilización de la política del terror y la violencia lo que empuja como último recurso a una persona o a un grupo a para abandonar su tierra, trabajo para movilizarse a otro lugar en donde pueda resguardar la vida, o exigir sus derechos. (Cuchumbe-Holguin,  Vargas-Bejarano. Colombia 2007). Varias de las expresiones utilizadas por grupos paramilitares o fuerzas de seguridad del Estado para lograr el desplazamiento forzado están: las masacres, el asesinato selectivo de una familiares o de miembros de una comunidad y las amenazas e intimidaciones constantes.

[1]Conferencia de Prensa CCDA, Leocadio Juracan. Guatemala 16 de marzo 2014.

[2]Ibidem.

[3] Conferencia de Prensa CCDA, Leocadio Juracan. Guatemala 16 de marzo 2014.

[4]Conferencia de Prensa CCDA, representante de la comunidad de la comunidad Santa Elena Samanzana II.

[5] (Naciones Unidas, documento E/CN.4/1992/23).

[6] Guatemala historia de un país en conflicto. Capítulo 3, CEH.

[7] Ibidem.


Escuela de Cultura Popular Martires del 68
Por Patricia Karina Vergara Sánchez
Feminista, periodista y profesora en México

Por Patricia Karina Vergara Sánchez

“Venimos a gritar que la violencia sexual y el feminicidio son crímenes políticos, son actos represivos contra la desobediencia cotidiana de las mujeres”.

Unas cien mujeres y algunos hombres se reunieron este 9 de marzo en punto de las 12 del día frente a la estación del metro Doctores en la Ciudad de México para participar en una caminata-acción por la justicia respecto al reciente caso en donde una joven tepiteña de 20 años fue violada y posteriormente encarcelada por defenderse del agresor. La mayoría de las asistentes vestían de negro y morado y cubrían sus rostros con pasamontañas, antifaces o trozos de tela. Ahí desplegaron mantas y carteles con mensajes por justicia hacia Yakiri y a todas las mujeres que han sufrido violencia machista.

Comenzaron la jornada con una mujer encendiendo un incensario y con el humo generado por él fueron limpiando el camino que recorrerían de aquellas energías que deja la violencia feminicida.

Después, mujeres enmascaradas leyeron un pronunciamiento:

“La clausura del Hotel Alcázar es un hecho que justificamos y consideramos como acto de reparación y resistencia feminista. …queremos hacer memoria, justicia y exigir que se hable con la verdad. Verdad que ubicamos en la voz de Yaki. Verdad que denuncia las complicidades de hombres dentro del sistema de justicia que estuvieron impidiendo la libertad de una mujer que se defendió legítimamente. Verdad que denuncia que el machismo hace parte de las políticas de justicia que privilegian y encubren a los verdaderos culpables”.

Iniciaron un recorrido que cubriría las mismas calles que recorrió Yakiri Rubio, incluyendo aquellas en dónde la secuestraron y llevaron al hotel en que fue sometida a tortura y violación.

Las mujeres manifestantes demostrando su excelente capacidad de organización llevaban a cabo distintos actos concomitantes durante su recorrido: Algunas, con auxilio de un audio montado en una camioneta, leían explicaciones de lo que había ocurrido en esas calles y hacían reclamos de justicia. Se coordinaban con aquellas que llevaban los tambores e iban lanzando rítmicas consignas de autojusticia feminista:

“Ante la violencia machista: Autodefensa feminista”. “Ante una violación, machete al cabrón”. ”Verga violadora, a la licuadora”.

También avisaban a las y los habitantes de la zona sobre lo que estaba pasando:

“Alerta vecina, violador en la esquina. Alerta vecina: aquí vive un feminicida”.

Otras mujeres pegaban con engrudo en las paredes de la zona carteles que denunciaban los hechos. Unas más repartían volantes que parecían un atractivo panfleto publicitario, pero al leerlo se encontraba una denuncia del caso y la forma en que el Hotel Alcázar ha sido cómplice de la violencia hacia Yakiri y otras personas.

También había mujeres que tomaron la tarea de ir plasmando con pintura y unas sandalias de goma, las huellas de los pies de Yakiri por la ruta que recorrió. Un camino que quedó plasmado en el pavimento y en la memoria de quienes buscan justicia para las mujeres.

Cuando llegaron al  cruce de las calles Dr. Liceaga y Jiménez hicieron un alto y denunciaron que en ese lugar el 9 de diciembre del 2013, Yakiri Rubio Aupart  fue secuestrada por Luis Omar y Miguel Ángel Ramírez Anaya. La amenazaron con un cuchillo y la obligaron a subir en la moto.

Ahí, se realizaron algunos actos-performance, entre ellos el de un muñeco al que llevaban colgado por el cuello. A éste le cortaron un grotesco pene de cartón rosa; las asistentes lo golpearon con palos y le prendieron fuego. Mientras tanto leyeron un poema que invitaba a los agresores a no volver a dormir tranquilos.

Los vecinos de la zona miraban a lo lejos con curiosidad.

El camino se reanudó y los mensajes recordaban a las vecinas y vecinos de esa colonia que no merecen vivir junto a un secuestrador, violador y feminicida, ni tener alrededor policías ineficientes y probablemente corruptos.

Frente al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), que está apenas a unos minutos de donde fue secuestrada Yakiri, la consigna fue:

“¡Vergüenza, vergüenza, la justicia sin vergüenza!”

Ahí señalaron al TSJDF, a la agencia 50 del Ministerio Público (MP), a las y los policías como cómplices cotidianos de la violencia feminicida que vivimos las mujeres.

“Estamos aquí para decir públicamente que Yaki nunca debió ser privada de su libertad. Estamos aquí para denunciar que las condiciones actuales del proceso legal, el “exceso de legítima defensa”, es una respuesta corta y falsa. Nuestra exigencia es una justicia que tenga en cuenta los crímenes hacia los cuerpos de las mujeres. La legítima defensa nunca será un exceso frente a las agresiones feminicidas.

No nos callaremos, no dejaremos de hacer ruido, no pararemos de señalar al MP 50, a la fiscal Lucía Reza, al procurador Rodolfo Ríos Garza, a Santiago Ávila Negrón, al Tribunal Superior de Justicia, a Alejandro Fernández, y a todos los cómplices, violadores y feminicidas implicados en esta trama”.

Las manifestantes se trasladaron posteriormente hacia el Hotel Alcázar, bajo la consigna: “Hotel Alcázar, guarida de violadores”. “La complicidad es feminicidio”.

Ahí, la mujer del incensario y otras realizaron un ritual a la entrada del lugar con flores y veladoras. Luz para la energías de tanto dolor y horror que ha visto ese espacio.

En ese lugar las mujeres terminaron la ruta clausurando con cárteles el Hotel alcázar, señalándolo como guarida de feminicidas y violadores. Añadieron que no solamente ahí atacaron a Yakiri Rubio, sino también violaron a un niño del barrio vecino de Tepito en el 2013 y se sabe que otras personas han sido torturadas por la policía cuando el hotel era casa de seguridad, antes del 2001. Además, de que los vínculos delincuenciales entre el hotel, el MP y los hermanos Ramírez Anaya, se han evidenciado con el caso de Yakiri.

“Es por ello que venimos a señalar y denunciar la complicidad del encargado del hotel Víctor Núñez y de la recepcionista quienes siguen libres y tranquilos a pesar de ser cómplices de las atrocidades que suceden en sus habitaciones y quienes, además, fueron los que recomendaron a Yakiri lavarse y callarse para no meterlos en problemas. Denunciamos su complicidad con los hermanos Ramírez Anaya, quienes entraron a este hotel a violar como si estuvieran en su casa, teniendo a su disposición habitaciones abiertas para llevar a cabo sus crímenes.

Denunciamos a Alejandro Fernández, delegado de la Cuauhtémoc, porque su silenciamiento y su inacción es cómplice de todas y cada una de las violaciones y torturas que han sucedido en este hotel. Y ya que nadie ha clausurado esta guarida de feminicidas y violadores, antigua casa de seguridad, lo cerramos nosotras, recordando a las vecinas y vecinos, que si la Justicia Mexicana es misógina y encubre a todos estos violadores y feminicidas, nosotras no nos callamos, y seguimos condenándolos”.

Cuando terminó la lectura de su pronunciamiento, aparecieron globos con pintura roja que bombardearon el lugar.

Finalmente, las mujeres indignadas se retiraron hacia un parque y tianguis cercano y se dispersaron perdiéndose entre las calles de la ciudad.

Unos minutos después, frente al hotel manchado de rojo y con los avisos de clausura pasaron dos mujeres de la colonia con sus hijas e hijos al lado y bolsas de mandado en las manos. Se quedaron sorprendidas mirando hacia el  hotel. Una de las niñas, de unos nueve o diez años de edad, recogió uno de los volantes que estaba en el piso  y lo leyó:

 -Aquí fue mamá, aquí fue lo de Yakiri-. La madre también leyó:-No pensé que fuera tan cerca, que fuera aquí -.

Las dos mujeres apresuraron el paso de les niñes y se alejaron comentando en voz baja entre ellas.

En los oídos de quien esto escribe queda resonando un mensaje de las mujeres que se manifestaron:

“Hacer justicia es denunciar lo que ha pasado, visibilizarlo, sacar a la luz la verdad, condenarlo socialmente, y señalar la misoginia imperante que estructura los procesos jurídicos contra las mujeres que nos defendemos”.