Guatemala Comunitaria

Por Nelton Rivera, Quimy De Leon y Gaspar Nicolás.

 

La persecución penal en contra de las autoridades comunitarias y ancestrales no cesa en Guatemala, nuevamente fue detenido otra autoridad por una orden de aprensión que continuaba vigente. Domingo Francisco Cristóbal Francisco es una autoridad maya Q’anjob’al y líder comunitario, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- a eso de las 12: 25 del día miércoles 26 de octubre 2016 recién concluida la manifestación convocada por Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- en Huehuetenango de donde venía, ya que él forma parte de esta organización en el área norte.

 

Es padre de diez hijos e hijas y tiene 64 años, es agricultor, tiene un amplio trabajo comunitario, fue miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo – COCODE – en su comunidad y actualmente tiene el cargo de Asesor del Comité Protector del Medio Ambiente, es miembro del Gobierno Ancestral Local Jolom Konob’. Además es presidente de la organización Pro justicia en el municipio de Santa Eulalia.

 

A don Domingo se le acuso injustamente de varios delitos graves como “Plagio o Secuestro”, e instigación a delinquir, la acusación la realizaron trabajadores del Centro de Atención de Justicia CAJ de Santa Eulalia, los jueces, fiscales del MP, trabajadores del OJ, del Bufete Popular y administrativos, lo más relevante de este caso es que el Tribunal de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios resolvió que esta acusación no tenía sustento jurídico y que se apartó el Ministerio Publico de toda objetividad en la investigación, una de las resoluciones de la jueza fue confirmar que estas acusaciones solamente sirven para criminalizar a las autoridades comunitarias y que los supuestos agraviados solo mintieron en el tribunal. “Sí creo en su inocencia” 

Por esta misma causa penal ya fueron juzgados y absueltos siete autoridades comunitarias este año, pero la orden de aprensión contra otras personas siguió abierta a pesar de varios recursos presentados por el equipo de abogados que conocen esta proceso penal, a criterio del abogado Benito Morales Laynes estas ordenes de aprensión son completamente ilegales, el juez de turno y un fiscal del Ministerio Público en la capital violentó el debido proceso en el mes de abril del 2015 al emitirlas, el juez Victor Herrea Ríos no podia conocer este caso porque un juzgado en Huehuetenango ya lo estaba haciendo.

 

La detención

 

Domingo después de la manifestación se encontraba en uno de los comedores el mercado municipal donde pasaron a almorzar.  Según testigos llegaron a llamarle y le apartaron de las mujeres del grupo que le acompañaba. Quienes no lograron ver si le mostraron algún documento u orden de detención, solo le hablaron y lo subieron al vehículo particular. Él había pasado a almorzar en un comedor del municipio de Chiantla y al salir lo estaban esperando los agentes de la DEIC.

 

 

Al parecer ya existía una orden de detención en su contra en donde se le acusa de instigación a delinquir, plagio o secuestro según Causa No. 10915, fechado 25-03-2015, emanado del Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia departamento de Huehuetenango, firmada por el abogado Otto Felipe Vásquez Vásquez Juez de primera Instancia del Municipio de Santa Eulalia.

 

Por la noche fue escuchado por un juez y luego trasladado a Huehuetenango, se sabe que durante la madrugada iba a ser trasladado a la ciudad capital, a primera hora del jueves 27 de octubre fue trasladado a la Torre de Tribunales en la ciudad capital, lo subieron al nivel 14, en la secretaria del Juzgado de Mayor Riesgo A presidido por la juez Claudette Domínguez, el juzgado no lo escucho en su 1ª. Declaración y la programaron dentro de una semana, don Domingo a medio día fue trasladado al Centro Preventivo para hombres de la zona 18, ahí permanecerá mientras la jueza lo llama a audiencia.

 

¿Quién es don Domingo Fracisco?

 

Es originario del Caserío Yula’ Is, Yal Temux (Temux Chiquito), es una autoridad ancestral junto a Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo expreso político por la misma cusa, la defensa del agua.

 

Es un defensor de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, inició con sus labores humanistas desde los 18 años de edad en el año de 1970 fue uno de los promotores de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, junto a varios líderes y autoridades comunitarias más.

 

Don Domingo fue uno de los copromotores de la creación del Centro de Administración de Justicia CAJ en el territorio Q’anjob’al, específicamente en Jolom Konob’ (Santa Eulalia), paradójicamente ahora fue encarcelado por una denuncia de los trabajadores de este centro.

 

Fue copromotor de las organizaciones “Asociación Pro-justicia” y el “Consejo Asesor Indígena” a las cuales pertenece actualmente. Al mismo tiempo es copromotor y participante activo en la reconstitución de las Autoridades Ancestrales de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ a través del Payxail Yajaw Konob’/Gobierno Ancestral Plurinacional.

 

Formo parte del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en el norte de Huehuetenango, fundador del movimiento social por la defensa del territorio que ahora es la representación de las Autoridades Ancestrales de Jolom Konob’ “Payxa Yajawil Jolom Konob’”

 

Copromotor de la Consulta Comunitaria de Buena Fe por el desarrollo de mega-proyectos en el territorio, llevada a cabo el 29 de agosto del año 2006, junto al héroe y mártir Q’anjob’al Daniel Pedro Mateo, conocido con cariño como Daniel Maya.

 

Durante el conflicto armado interno de Guatemala, fue objeto de discriminación y encarcelamiento por sus labores en la defensa de los derechos humanos y del territorio.

 

En el año 1982 rescató el registro civil y los documentos de administración municipal de un incendio, y en varias ocasiones en que el ejército de Guatemala intentó llevárselos, actos que le han dado reconocimiento en el pueblo por su heroísmo y determinación.

Fue el primer concejal municipal en 1982.  Su formación política y social ha sido a través de su trayectoria en las luchas sociales, participación en talleres de formación, sin embargo, a pesar de su grado académico, se ha dedicado a la lectura de numerosos libros, y es pastor evangélico.

 

Fue uno de los fundadores de la Asociación Microrregional “ACODEY” de donde surgió una academia de mecanografía y computación que brinda sus servicios en su comunidad.

 

En resumen estos son cuarenta y seis años de trabajo comunitario, liderazgo y representación de la nación Q’anjob’al que le permitieron ganarse el respeto, confianza y admiración de muchas generaciones.

 


 

La jueza Claudette Domínguez de forma contundente en la sala de audiencias en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, se dirigió a todas las personas en la sala: “nadie es superior a la justicia”.

Estas seis palabras encierran mucho para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes llevan un año con tres meses en prisión. La resolución de la jueza en esta audiencia les demostró todo lo contrario: los operadores de justicia sí están por encima de la justicia.

Personas como Rigoberto Juárez trabajaron por muchos años para que el sistema de justicia guatemalteco reconociera el papel que juega el sistema de justicia indígena, incluso la fundación del Centro de Administración de Justicia (CAJ) para descentralizar y atender de forma directa las necesidades de ocho municipios indígenas en el norte de Huehuetenango fue el resultado de muchos años de trabajo de los pueblos indígenas en el país. Hoy, los mismos operadores de justicia, entre ellos la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), irrespetan y violentan el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y resolución de los conflictos en estos territorios, criminalizándolos y castigándolos por hacerlo.

“Esto sienta un mal precedente para un supuesto modelo democrático de justicia en el país, especialmente para el pueblo maya, suman ya más de 492 años que hemos padecido de esto, eso es sumamente sintomático, los grupos económicos de poder no permiten que hayan reformas a la justicia, menos el reconocimiento del sistema indígena. Nosotros tenemos que llevar este tipo de sufrimientos con tal que nuestra situación se aclare, llevamos 15 meses de estar en prisión sin que el MP tenga pruebas que demuestren que nosotros somos culpables de algún delito”. Rigoberto Juárez.

Luego de cuatro meses de espera, la jueza pudo realizar la audiencia de presentación del acto conclusivo, en la que finalmente estuvieron presentes todos los querellantes. A la fiscalía de Derechos Humanos del MP no le quedó otro camino que presentar su investigación, de esa forma, el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino presentó la acusación por los delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir.

Litigar de forma maliciosa no es una acción exclusiva de los abogados. La fiscalía del MP permitió que los querellantes realizaran una serie de acciones que bloquearon las audiencias, como no presentarse en reiteradas ocasiones, obligando al tribunal a suspender y reprogramar durante cuatro meses la misma audiencia. Con esto evitaron que esta etapa se realizara desde febrero de 2016, retardando el proceso y prolongando el castigo en prisión para las dos autoridades ancestrales.

La jueza resolvió en la tarde del 8 de junio la apertura a juicio oral y público por estos tres delitos. Ahora un tribunal de sentencia deberá conocer este caso con un plazo de 10 días. Específicamente será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A.  Rigoberto Mateo y Domingo Baltazar seguirán en el Preventivo de la Zona 18 mientras dure el juicio. Lo más preocupante es que el MP pretende activar la tercera causa penal contra Rigoberto Juárez.

Elnaño pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció la existencia de 20 denuncias en su contra. De algunas de ellas, no se puede ubicar en qué fiscalía se realizaron. Detrás de todas estas denuncias podrían estar varias empresas con intereses en megaproyectos en Huehuetenango.

Litigio malicioso

La audiencia inició a las 14:00 horas del 8 de junio de 2016. Se realizó en esa fecha debido a que Diego Marcos Pedro, alcalde de Santa Eulalia y querellante en el proceso no se presentó el 19 de mayo, ni tampoco lo hizo su abogado. Una audiencia anterior a la del 19 de mayo también fue reprogramada debido a la ausencia de otro querellante, Pascual Tiu Zapeta, director de CAJ de Santa Eulalia.

Las inasistencias de ambos querellantes en nada incomodan al MP, al contrario pareciera que se alternaron entre ellos para evitar que las audiencias se realizaran. Para los abogados defensores, este comportamiento responde al ejercicio del litigio malicioso de los querellantes, sus abogados y el fiscal.

Iniciada la audiencia a las dos de la tarde, la jueza permitió que las dos autoridades comunitarias se sentaran junto a sus abogados y no dentro de la carceleta, como lo hicieron en las audiencias anteriores. En la sala del tribunal estuvieron sus esposas, Juana Méndez y Juana López Francisco. Desde Santa Eulalia llegaron también varios de sus familiares, observadores de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y la oficina la OACNUDH.

La audiencia duró tres horas. Al terminar quedaban pocas personas en la Torre de Tribunales, un edificio de 15 niveles del cual los pasillos quedan abandonados después de cierta hora, y solo el movimiento en el juzgado de turno da cuenta de lo que sucede durante la noche y madrugada, cuando ingresen más personas detenidas por cualquier delito.

¿Es el MP objetivo en su investigación? 

Maynor Aguilar Bernardino es el fiscal del MP que atiende los procesos en contra de la mayoría de presos políticos de Huehuetenango. Pertenece a la unidad de delitos contra operadores de justicia adscrita a la unidad especial de derechos humanos del MP.

Es un abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 2004[1]. Con el título de profesional, aplicó ese mismo año a la convocatoria de plazas para la carrera judicial[2]. De 2010 a 2012 trabajó en la unidad distrital del departamento de Suchitepéquez[3].

Este fiscal rechazó dos de los tres peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez con el argumento de que hablaban sobre el contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango. Según el fiscal, este tema está fuera de lugar, ya que no explica específicamente los hechos sucedidos en el CAJ el 19 de marzo de 2015. Por otro lado,  rechazó que dos autoridades ancestrales se presentaran durante el juicio oral y púbico para atestiguar y confirmar que Rigoberto Juárez era una autoridad ancestral, y que por lo tanto tiene un papel importante que jugar frente a momentos complicados como los que se viven en esa región.

Aguilar Bernardino rechazó que se incorporara como medio de prueba un documento utilizado por él y la fiscalía del MP como base de sus investigaciones. El documento se titula: Informe Estructura Criminal Conflicto Social Huehuetenango. Mayo 2014. Este fue elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz y entregado por el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro al fiscal Aguilar Bernardino en 2014 y este la introdujo ilegalmente a la fiscalía de Operadores de Justicia del MP.

En este documento se identifican como delincuentes o criminales a los principales líderes comunitarios del territorio norte de Huehuetenango. Entre ellos Rigoberto Juárez, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro; todos están actualmente detenidos mientras que el resto de líderes y lideresas tienen órdenes de aprehensión.

¿Qué objetividad pueden tener las investigaciones del MP, si basa su investigación en documentos elaborados extrajudicialmente por el abogado de una empresa?

Lo curioso es que en esta misma fiscalía del MP, no avanza ninguna de las investigaciones en contra del exalcalde Diego Marcos Pedro y otras personas afines a él por muchos delitos cometidos en los últimos años, específicamente por los hechos ocurridos entre el 19 y 20 de febrero de 2015: un atentado armado, amenazas de muerte, el asesinato de un joven comunitario, el secuestro de una mujer perteneciente al Cocode a quien había amenazado con desnudarla y arrancarle el pelo en medio del parque central, frente a cientos de personas, por oponerse a la hidroeléctrica. Además también se le atribuye el cierre ilegal y violento de la radio comunitaria, y el hecho de que varias personas fueron golpeadas. En fin, se trata de un personaje que, tras un año de haber sido denunciado por delitos graves, se presenta en un tribunal de mayor riesgo en la ciudad capital con total impunidad y en coordinación con el MP.

Fiscal Maynor Aguilar Bernardino.

Otra vez se le niegan los derechos

La jueza en su resolución aceptó la petición del MP de negar varias de las pruebas testimoniales y peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez, pero a solicitud del MP sí acepto a los 26 testigos, todos trabajadores del CAJ: abogados del Bufete Popular, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces del Organismo Judicial y  fiscales del MP, entre otros.

La resolución de la jueza a las cinco de la tarde causó un acalorado debate con el abogado Benito Morales, quien la rechazó a través de un recurso de reposición parcial, por considerar que la jueza estaba afectando de forma directa los derechos de defensa Rigoberto Juárez, al dejar fuera pruebas testimoniales y documentales importantes para probar la tesis de su defensa. Pruebas que sí fueron aceptadas en otra causa penal vinculada a los procesos penales contra los presos políticos de Barillas, en donde también están involucrados varios de los querellantes de esta causa penal.

La discusión entre la jueza y el abogado Morales se agravó cuando él solicitó a la juzgadora que le permitiera a Rigoberto Juárez manifestarse en la audiencia, un derecho que se garantiza para los sindicados, esto por la alusión hecha por el abogado de Diego Marcos Pedro, quien lo señaló de forma directa. La jueza se negó a darle la palabra.

Finalizada esta etapa en este juzgado será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A quien confirme la fecha de apertura a juicio para las dos autoridades ancestrales. Mientras todo esto sucede, deberán seguir en prisión preventiva. La primera semana del mes de julio se abre el juicio oral y público para Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, líderes comentarios de Barillas.

Al final de la tarde, la audiencia terminó. Los agentes del sistema penitenciario trataban apurados de retirar a las dos autoridades ancestrales fuera da la sala y llevarlos al sótano para esperar el traslado al Centro Preventivo de la Zona 18.

Así finalizó un proceso que deja más cuestionamientos sobre la objetividad del fiscal, que certezas para los ciudadanos para creer en el sistema de justicia guatemalteco.

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[1] Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Biblioteca Central – Sección Tesis 5to. Nivel – Item: 4701227184.

[2] Diario de Centro América DCA. MINISTERIO PÚBLICO CONVOCATORIA No. 01-2004 TRIBUNAL DE ONCURSO MINISTERIO PÚBLICO LISTA DE MERITO. Año 2004.

[3] Organismo Judicial. Expediente 108-2010. Sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Rethalhuleu. 6 de octubre 2010.


Por: Quimy De León

Aura Lolita Chávez Ixcaquic, es lideresa dentro del Consejo de Pueblos K’iche’ -CPK- y acompaña a 87 comunidades en su luchas por la vida. Éste forma parte del Consejo del Pueblo Maya CPO. Ella y las comunidades han sido permanentemente asediadas por funcionarios del gobierno local, empresarios y diputados, incluso físicamente sufrió un atentado en 2012.

Las Medidas Cautelares a favor de ella fueron retiradas parcialmente sin ninguna notificación formal ni escrita, aparentemente por parte de la Policía Nacional Civil – PNC ya que retiraron a uno de los agentes que tiene asignados para su seguridad. Esta no es la primera vez que esto ocurre, en el año 2013 ya le habían sido retiradas las medidas.

Estas medidas fueron puestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ordenadas al Estado de Guatemala desde el año 2005 para salvaguardar su vida, debido al alto riesgo en el que se encuentra de forma permanente, hasta el día de hoy éstas se encuentran vigentes. Esto está debidamente registrado por la Procuraduría de Derechos Humanos y otras instancias de protección a defensoras y defensores.

La Comisión Presidencial de Derechos Humanos – COPREDEH es la instancia que responde ante la CIDH sobre las medidas cautelares, el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil y su División de Protección de Personas y Seguridad son las instancias que deben ejecutarlas. Éstas no pueden tomar la decisión unilateral de quitar una medida de protección como ésta ni hacer ningún cambio sin consultar a la CIDH, que es quien decide en qué momento se levantan o quitan estas medidas. Si esto ocurriera debe haber una notificación formal y explicar los motivos.

Ella ha puesto desde el día 8 de enero de éste año las denuncias correspondientes a la COPREDEH, el Ministerio de Gobernación y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Procuraduría de Derechos Humanos, esta última a su vez envió desde el día 9 de enero una nota solicitando al Jefe de la Comisaría No. 71 del departamento del Quiché “SE REESTABLEZCA EL ESQUEMA DE SEGURIDAD en las mismas condiciones que se ha brindado…[1]”

“Lo único que quiero es vivir y vivir en paz”

En un informe y requerimento urgente dirigido a las autoridades, Lolita solicita a las “Instancias que velan por la aplicación adecuada de las Medidas Cautelares en el Estado de Guatemala que verifiquen y acompañen adecuadamente mi caso, y que se de el debido cumplimiento de las medidas cautelares asignadas a mi persona y que se esclarezcan todos los ataques que se he tenido, porque durante el 2014 las amenazas de muerte, persecución, criminalización, estigmatización han sido permanentes y sistemáticas. Así como persiste la fuente del riesgo que dio lugar a las medidas, han surgido nuevos actores principalmente funcionarios públicos, con vínculos directos con el alcalde municipal que me amenazaba desde el año 2005 que ahora me amenazan, con mas fuerza.[2]”

Además ella ha recibido amenazas de muerte por parte de sicarios que se encuentran en una comunidad de Quiché llamada Chujuyub, Santa Cruz del Quiché en donde fue asesinado uno de sus compañeros Silverio Vicente. Uno de los sicarios detenido por este caso acaba de quedar libre y ella ha estado recibiendo amenazas por mensaje de texto de que la van a asesinar.

Los últimos hechos

Lolita Chávez es amenazada y asediada permanentemente, ella teme por su vida tal y como ella misma lo denuncia:

“Me da mucho miedo viajar sola, tanto por los altos índices de violencia generalizada, así también porque me tienen controlada y podrían interceptarme en camino, pues las amenazas son permanentes.”

“Considero que mi situación actual es de Alto Riesgo, las medidas cautelares no son las debidas y además porque se siguen dando incidentes de riesgo, que los califico como atentados incluso por parte de instancias del Estado de Guatemala, específicamente de parte de la Policía Nacional Civil PNC de Guatemala.”

En Santa Cruz del Quiché, en pleno día, el 20 de diciembre de 2014 ella acompañaba un juicio laboral a una mujer, iban acompañadas por el agente que la protegía. Cuando los detuvieron por más de media hora por agentes de la PNC, sin mayor razón. Les agredieron verbalmente, se burlaron de ella y les insultaron e intimidaron.

El 21 de diciembre de 2014 ella vio dos agentes de la PNC afuera de su casa uniformados, quienes permanecieron ahí por mucho tiempo, lo cual la alarmó a ella y a sus vecinos y vecinas que también habían visto militares armados en el área.

El 7 de enero de 2015 el agente asignado para su seguridad le llama por teléfono para decirle que “le dieron cambio de destino” sin informarle a ella nada formalmente. Hasta la fecha no ha sido informada de ninguna otra disposición. Ella llamó inmediatamente a instancias de derechos humanos gubernamentales, no gubernamentales, e internacionales.

 

[1] Documento enviado de la Procuraduría de Derechos Humanos al Comisario y jefe de la comisaría No. 71 departamento de Quiché de la Policía Nacional Civil. Ref. Exp. Ord. Gua. 99-2015.

[2] Informe y requerimento urgente. Fecha 8 de enero de 2015.

 


Imagínese usted que   un día en su cotidianidad después de compartir el desayuno con su familia y cuando se dirige de la mano de su hija a abrir el negocio que sirve como parte del sustento diario de pronto son abruptamente interceptadas y violentadas por 40 miembros de la temible   y represora policía nacional civil de Guatemala.   Así fue capturada el día 29 de octubre en la comunidad Cruz Blanca la dirigente comunitaria Bárbara Díaz Surin, maya Kaqchikel, de San Juan Sacatepéquez.

¿Por qué la capturaron? Nosotras no podemos decir las razones, pero si podemos explicar a qué obedece esta captura.

Las 12 comunidad Kaqchikeles en resistencia de San Juan Sacatepéquez han desplegado una lucha comunitaria frontal contra la expropiación de territorio ancestral comunitario, han luchado por la vida, el agua, el bosque que ha logrado frenar la imposición de la Cementera San Gabriel –Cementos Progreso. Los costos se traducen en asesinatos, órdenes de captura, privados de libertad, y la imposición de cuerpos paramilitares para el control interno no militar de las comunidades. A partir de la Consulta Comunitaria en julio de 2007 donde 8, 948 personas votaron por la no construcción de la cementera y tan solo 4 personas lo hicieron por el si, se han registrado que a partir de esta fecha se incrementaron los riesgos, ataques, persecuciones e intimidaciones a dirigentes y dirigentas.

El día viernes 24 de octubre mujeres de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez se movilizaron por las calles de la Ciudad de Guatemala, de forma pública, pacífica y no violenta para demandar que se finalice el Estado de Prevención número 6-2014 impuesto desde el 22 de septiembre del año en curso. La marcha denunció el acoso sexual contra niñas y mujeres por parte de miembros de la policía y el ejército. La organización pacífica de las mujeres es una amenaza para el Estado guatemalteco, porque visibiliza la exacerbación de la fuerza brutal, característica de la represión contra insurgente que el actual gobierno ejecuta desde sus   políticas militares en los territorios a nivel nacional.

 No fue una captura cualquiera, ésta se realiza dentro de un Estado de Prevención (que funciona como un Estado de Sitio) y que ha sido prorrogado para avanzar con la construcción del anillo regional metropolitano, en un marco legal militar que garantiza la no oposición de las comunidades.

¿Quién es doña Bárbara Díaz Surin?

Es una mujer como varias de las mujeres guatemaltecas, que sueña ver crecer a sus hijas e hijos dentro de un mundo justo, sin violencia, sin contaminación y sin militarización; sueña con que los niños tengan la posibilidad de jugar libremente y que vayan a la escuela sin ser interrogados por los soldados en los caminos y que se frene el proceso de empobrecimiento. Bárbara es madre, ha sido dirigenta comunitaria, activamente aporta a la organización y lucha por la defensa de los territorios. Con su trabajo y su vida cotidiana ha dado ejemplo de la dignidad de miles de mujeres trabajadoras comprometidas con las luchas comunitarias por la defensa de vida.

La noche del 30 de octubre, el juez del juzgado de turno en Mixco la ligó a proceso por asesinato y dictó la siguiente audiencia para la fecha 5 de enero de 2015.

Ante esto nos hacemos las siguiente preguntas ¿Qué mensaje quiere dar el gobierno cuando captura a una mujer kaq’chikel de una comunidad organizada contra proyectos extractivos? ¿Quién asumió el día de ayer y hoy el cuidado de la familia? ¿Quién asume el aporte económico diario que sustenta a la familia de Bárbara? ¿Qué efectos emocionales se han producido en los niños al ver a su madre capturada? ¿Qué respuesta militar espera la sociedad guatemalteca que de el presidente a los hijos de los y las presos políticos?

San José Costa Rica 31 de octubre.

 

Comité de liberación de Bárbara Díaz Surin.

Comité internacional de solidaridad con San Juan Sacatepéquez.

Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, Jalapa.

 

 


Las mujeres Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez en resistencia pacífica para la inauguración de la planta cementera San Gabriel. Julio 2013.

 

Claudia Korol – Feminista inconveniente. Integrante del equipo de educación popular pañuelos en rebeldía.*

 

Fue el cuento más breve y más conmovedor, el del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que escribió en 1959:

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

 

El microrrelato brevísimo condensa una larguísima historia de dolores, de masacres que continúan, amparadas en el racismo impuesto por la violencia capitalista colonial patriarcal. Todavía sentimos en nuestros cuerpos y en nuestra piel las miradas de las mujeres ixiles denunciando la violencia sexual, como parte de los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por la dictadura encabezada por Ríos Montt. Todavía sentimos las voces de las mujeres xincas de las montañas de Jalapa, denunciando el estado de sitio impuesto para defender los intereses de las corporaciones de la minería.

“No te duermas”, digo, que el dinosaurio todavía está allá. No te duermas, porque las masacres siguen enlutando a los pueblos de esa franja de territorio nuestroamericano, y si miramos a otro lado sellaremos complicidades entre silencios que también exudan un racismo que vuelve selectivas las solidaridades.

Este relato no será tan breve como el de Monterroso, porque hace falta decir lo que la prensa oficial calla. Y porque están silenciando a los comunicadores y a las comunicadoras indígenas que nos hacen llegar la información, apresándolxs o iniciándoles procesos judiciales en su país (como hicieron con Norma Sancir, detenida cuando cubría el desalojo de las comunidades chortís en Chiquimula).

Entre el viernes 19 de septiembre y el sábado 20 de septiembre, en la Comunidad Los Paloques, de San Juan Sacatepéquez, fueron masacradas 11 personas, y hubo más de una decena de heridos. Este conflicto se inscribe en las muchas resistencias contra las políticas extractivas.

En el 2006 la empresa “Progreso” decidió construir proyectos cementeros sin consultar a las poblaciones indígenas y comunidades de resistencia que residen en esos territorios. “Progreso” se llama la cementera. También podía haberse llamado “Desarrollo” o “Civilización”. Esos son los nombres que eligen los brutales colonizadores de estos tiempos para sus espejitos de colores.

Pero las comunidades ya no son las mismas. Más de cinco siglos les enseñaron que ese progreso se pinta con la sangre de sus pueblos. En el 2011, el caso fue expuesto por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Las comunidades denunciaron que las medidas del presidente Otto Pérez Molina, renuevan el genocidio contra los pueblos mayas, recurriendo a la violencia, al estado de excepción, cada vez que los intereses empresariales se ven afectados o amenazados.

En julio del 2013 Cementos “Progreso” inició las obras para una planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720 millones de dólares. Su entrada en funcionamiento está prevista para 2017.

En un comunicado conjunto firmado recientemente por las Doce Comunidades Organizadas y en Resistencia en San Juan Sacatepéquez, se explica que desde “el inicio de la instalación de la Empresa Cementos Progreso en nuestro territorio, hemos solicitado al Estado de Guatemala la realización de una consulta comunitaria para conocer el sentimiento de las comunidades en relación a dicho megaproyecto. Nuestras acciones desde entonces han sido pacíficas y en búsqueda del diálogo para el consenso, recibiendo como reacción del Estado, la represión sistemática y persecución política de nuestros líderes y lideresas. Durante la movilización del 16 y 17 de junio del 2014, se acordó con el Gobierno de Guatemala, la realización de un análisis de la problemática que ha generado en la comunidad la instalación de la empresa cementera y la construcción del anillo regional, para posteriormente abordar la criminalización y persecución de los dirigentes comunitarios. Dicho diálogo no se llevó a cabo, a pesar de haberse celebrado dos reuniones posteriores a la macha. El día 14 de julio del 2014 se le envió al Gobierno la solicitud de una mesa técnica para discutir y realizar el estudio de impacto ambiental pertinentes a dichos proyectos. Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado a favor ni en contra de dicha petición”.

Las Comunidades en Resistencia denuncian que la Empresa Cementos Progreso ha utilizado recursos como la compra de voluntades de vecinos, para emplearlos en su sistema de seguridad, y en oficios destinados a convencer sobre los beneficios de su proyecto, llegando desde la coacción y la represión, incluso a nombrar falsas autoridades comunitarias. Señalan que estas prácticas están en el origen de la masacre de septiembre de este año.

Después de la masacre, el gobierno de Guatemala intervino decretando el Estado de Prevención en la región (un Estado de Sitio con otro nombre). Se suspendieron sin aviso previo (lo que corresponde de acuerdo a la legalidad de ese país) las garantías constitucionales. El lunes 22 de septiembre a las 6 am el Ejército ya estaba en las aldeas, y luego fue publicado el decreto 6-2014. Según las comunidades, lejos de resguardar la seguridad como proclaman, amparados por el estado de prevención, la gente de la cementera está falsificando escrituras, inventando títulos y presionando a la gente para vender sus tierras. Denuncian también que son los promotores de la empresa los que mataron a los vecinos. Denuncian que los muertos son compañeros que pertenecen a la lucha contra la cementera, y que quedan niñas y niños huérfanos.

Señalan observadores internacionales, que “quienes estuvieron a cargo de perpetrar esa masacre fue gente entrenada en producir la muerte, de la misma forma en que lo han hecho los militares guatemaltecos durante la dictadura”.

Posteriormente el Ejército entró en las casas allanando las viviendas, produciendo destrozos, acusando a los dirigentes comunitarios de terroristas, deteniendo a varios de ellos. Ponen como ejemplo el caso de José Pajoc, que está preso, padre de un joven asesinado y de dos jóvenes heridos. “Don José pasó por el hospital, la morgue, y ahora está en la cárcel”, dicen los comuneros. También denuncian que el Ejército obliga a las niñas y niños a dar los nombres de las autoridades comunitarias, violando abiertamente los derechos de la infancia. Se emitieron así numerosas órdenes de captura.

En medio de este clima de terror, se continúan las obras de construcción del Anillo Regional, que es clave para la culminación de los objetivos de la Cementera.

Las Comunidades en Resistencia exigen al Estado de Guatemala la suspensión inmediata de la licencia otorgada a Cementos Progreso por alterar la paz y armonía en San Juan Sacatepéquez, dilucidar las responsabilidades, y demandan al gobierno suspender inmediatamente el Estado de Prevención, poner fin a la judicialización de las demandas comunitarias, a la persecución legal y política y el respeto al consentimiento libre de la población.

En Guatemala, el genocidio de los pueblos continúa. Pero también es fuerte el silencio. Este cuento debe terminar. Tal vez la masacre de Sacatepéquez, tal vez la sangre indígena derramada una vez más en defensa del territorio, de los bienes comunes, nos convoque para que en cada uno de los países en los que la colonización dividió el continente, se hagan oír las voces de un coro polifónico de resistencias.

“Si tocan a uno, si tocan a una, tocan a todos y todas”, dijimos en nuestra rebelión argentina de diciembre del 2001. Las políticas extractivistas pueden tener la forma de una cementera, de una Monsanto, de una minera. Pero todas tienen el mismo color: el de la sangre de los hijos e hijas de la tierra. Es hora de ensayar una vez más nuestros ¡Ya Basta!

 

Claudia Korol, 28 de septiembre, 2014


 

Por Marcelo Coj.

Guatemala: este fue el título de la nota de opinión que Francisca Gómez Grijalva, columnista de Prensa Libre, publicó el 6 de febrero del corriente y por la cual Cementos Progreso ha iniciado proceso judicial en su contra. No cabe duda que la finalidad es silenciarla y de esta manera negar su derecho a la libre emisión del pensamiento según establece el artículo 35 de la Constitución Política.

En dicha columna Gómez Grijalva cuestionó los abusos de fuerza, amaños legales y desinformación con los cuales cementos progreso y el gobierno municipal de San Juan Sacatepéquez han buscado imponer la minería de cemento en dicho municipio. Aún a sabiendas de que el 13 de mayo de 2007 las 12 comunidades afectadas rechazaron el proyecto minero “San José Mincesa” y la planta cementera San Gabriel en consulta de Buena Fe observada por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Universidad de San Carlos (USAC) y la Asociación de Abogados Mayas.

El propósito de estas acciones es amedrentar y callar a quienes se solidarizan y denuncian los atropellos cometidos contra la ciudadanía subalternizada –cuyo rostro es de hombres y mujeres mayas, garífunas, xinca y ladino pobre- que precisamente por su condición tiene nulas posibilidades de ejercer el derecho a la libre expresión. De ahí que “lo que está en juego de nuevo no solo es cercenar el espíritu auténtico de una profesional guatemalteca, sino las voces en defensa de la vida de las personas” (Bienvenido Argueta en su columna “En el filo de la navaja”).

Iduvina Hernández claro y conciso explica en su nota “Una mordaza de cemento”: “la empresa… responsable de la crisis social en San Juan Sacatepéquez, pretende arremeter en contra de quién critica su proceder y brinda su voz a las comunidades”. Con estas breves palabras nos recuerda que en este paíslos grandes victimarios pretenden que las víctimas y quienes las acompañan devengan en criminales, en tanto que ellos se presentan a sí mismos como víctimas. Una situación absurda que lamentablemente para la ciudadanía está siendo amparada por un sistema de justicia que, por esta razón, nada tiene de justo.

Lo sucedido a Francisca Gómez evidencia una vez más que en Guatemala no es posible la crítica y denuncia del poder económico, cuando se da tales inmediatamente procede la censura. Ya sea en la forma de judicialización –como es este incidente- o bien de amenazas, cancelación de programas radiales yen casos extremos asesinatos y desapariciones.

Como ejemplo de las amenazas tenemos la coacción e intimidación afrontadas por los comunicadores Gustavo Illescas, Nelton Rivera y Ricard Busquets a manos de agentes de seguridad de Exmingua. Ello fue al momento de cubrir el intento de desalojo violento de vecinas y vecinos maya-kaqchikel y ladino de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, quienes se encontraban realizando un plantón pacífico contra el proyecto minero “El Tambor, Progreso Derivada VII”. En tanto que del tercer caso se puede hablar de la cancelación del programa “Espacio intergeneracional” el viernes 25 de febrero de 2012 en la radio Nuevo Mundo a manos de la agencia publicitaria de la Cabcorp –la empresa fabricante y distribuidora de Pepsi en el país. Y todo porque el programa en mención iba a criticar el mensaje de la campaña publicitaria “Guatemorfosis”.

Por eso como indica Bienvenido Argueta: “esta demanda puede tener un significado preocupante, pues podría marcar la línea de prohibición que se erige desde lo privado frente a las expresiones públicas que se plantean en defensa de la sociedad. Ya hemos visto que los impuestos que pagamos todos sirven en casos límite para defender intereses ajenos a los ciudadanos de este país y en su lugar se defienden intereses de empresas trasnacionales.”

En síntesis, la libertad de expresión y por tanto la democracia y el Estado de Derecho se encuentran amenazados por el excesivo poder que gozan las grandes empresas. Poder notorio en las costosas campañas electoreras, así como en los jugosos negocios que se cuecen al amparo del Estado –van desde las privatizaciones, hasta las concesiones mineras pasando por las compras de suministros para las dependencias estatales.

La gravedad del asunto aumenta si consideramos el racismo, como nos plantea Marielos Monzón en “País de Propietarios”: “el colmo es que ahora, Francisca Gómez Grijalva, una de las pocas mujeres indígenas que cuenta con una columna de opinión, se vea envuelta en una demanda civil… O sea que los indígenas no pueden ser propietarios y tampoco pueden expresarse libremente;  si lo hacen son perseguidos y criminalizados”.

El propósito de la presente es llamar a la solidaridad y sororidad con Francisca Gómez porque como bella y enérgicamente expresa Andrea Ixchíu en su columna “Cemento vs. la palabra”:  “defender a Francisca coincide con la necesidad colectiva de defender la dignidad humana y el respeto a la palabra. Hago un llamado a todas y todos para que nos solidaricemos y nos pronunciemos al respecto. Si tocan a una, nos tocan a todos.”

Mañana habrá conferencia de prensa en Casa Cervantes a las 9:00 a.m.  La dirección es 5ta. calle 5-18 zona 1. En esta se denunciará el ataque que cementos progreso está haciendo contra la dignidad y libre expresión de Francisca Gómez Grijalva y de las grandes mayorías excluidas de la cuál ella es representativa, por su condición de mujer Maya-K’iche’ y su origen campesino.


Quimy de Leòn y Santiago Bastos

 Cuando hablamos de la región norte de Huehuetenango, nos referimos a los municipios de San Juan Ixcoy, Soloma, Santa Eualia, Barillas, San Mateo Ixtatán y Nentón. Estos territorios son habitados mayoritariamente por el pueblo maya q´anjob´al, así como chuj, popti y mestiza. Esta población fue fuertemente reprimida y victima de genocidio. Tambien resultado del conflicto armado, otros grupos han llegado a este territorio después de refugiarse en México escapando de la rerpesiòn y la guerra vivida en el país,

En los ultimos meses se han dado una serie de hechos en esta región, que es necesario analizar y entender de forma conjunta y dentro de un marco histórico mucho más amplio. Al menos hay que remontarse a los años 2006 y 2007 con la realización de las consultas comunitairas por la defensa de los recuros naturales. Y a partir del año 2010 se da el inicio de la penetración empresarial en los territorios indígenas, acompañadas por una serie de actos anómalos y criminales, hasta hoy impunes.

En este texto no haremos este recorrido, sino que nos ocuparemos de resaltar los últimos hechos que a nuestro juicio han ido delimitándo una estrategia por parte del gobierno y las empresas, que incluye a toda la región.

Hechos relevantes

A principios del 2013, la conflictividad estaba focalizada en Barillas y los conflictos provocados por las intenciones de imponer a la empresa Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz S.A., en contra de la voluntad de la población. La población de los otros municipios, sabía de las intenciones de concesionar sus territorios a proyectos hidroeléctricos. Pero fue en estos primeros meses que ya se hizo más evidente que empezaban los conflictos sociales con la llegada de las empresas.

7 de abril de 2013: Secuestro y asesinato de Daniel Pedro Mateo, líder q´anjob´al de Santa Eulalia (Huehuetenango) que defendía el agua y el territorio, opuesto a las actividades de  la Hidroeléctrica San Luis S.A. y Maderas San Luis, propiedad de CINCO M Sociedad Anónima, con fuertes vínculos con el Grupo Magdalena, uno de los principales grupos económicos en la generación de energía del país, producción de azúcar para exportación y de biocombustibles en la región Centroamericana propiedad de la familia Leal.

 7 de abril de 2013: Resistencia Pacífica en Barillas hasta la fecha, la población se encuentra en resistencia en un plantón pacífico afuera de las instalaciones de la empresa Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz S.A. en el lugar conocido como Poza Verde. Se han mantenido de manera continua pese a las amenazas, denuncias judiciales, intimidaciones e incluso un intento de secuestro a una persona que participaba de este movimiento.

9 de mayo, en el centro de Barillas supuestos agentes del DEIC secuestran al líder Maynor López, y lo intentan sacar de la población. Ante la reacción de la gente, agentes de la PNC presentes responden con gases lacrimógenos. El vehiculo sale de Barillas pero es detenido por la población de San Mateo Ixtatan y finalemente se libera a López.

27 de agosto de 2013:  Saul Aurelio Méndez Muñoz y Antonio Rogelio Velásquez López fueron detenidos cuando se dirigían a la audiencia del caso 92/2012, por el que estuvieron presos durante ocho meses detenidos ilegal e injustamente. Esta audiencia, que era para suspender la pena y poder cerrar el caso, no se puedo realizar. Fueron detenidos por su supuesta participación en un linchamiento ocurrido en 2011.

El miércoles 4 de septiembre se realizó la audiencia de primera declaración en Santa Eulalia y se les ligó a proceso. Pero las acusaciones se refirieron a un linchamiento disitinto, ocurrido en 2010..

28 de agosto de 2013: Provocaciones en San Mateo Ixtatán. El gobernador departamental José Antonio López llegó a Yalan Witz “a solicitud de los empresarios de la empresa Promociones y Desarrollos Hídricos S.A. PDHSA con el fin de autorizar de manera prepotente la ejecución del proyecto hidroeléctrico”. La población se hizo presente de manera pacífica y quienes estaban en esa reunión, reaccionaron de manera violenta golpeando a mujeres, niños.

Promociones y Desarrollos Hídricos S.A. PDHSA “adjudicó a Hidralia Energía la elaboración de estudios de factibilidad y diseño de dos proyectos hidroeléctricos en el río Jolom. Y en este mismo municipio está en trámites para la aprobación de la hidroeléctrica Pojom I de 10 MW de potencia por la empresa Generadora del Río S.A. y Pojom II, de 23 MW, por Generadora San Mateo S.A”.

3 de septiembre de forma sorpresiva, el Presidente Otto Pérez llegó a Barillas  acompañado de los ministros de Gobernación, Energía y Minas, Medio Ambiente, el Procurador de los Derechos Humanos y de Monseñor Ramazzini, para participar en un diálogo a puerta cerrada sobre Hidro Santa Cruz. Como sólo se había invitado a las asociaciones microregiones favorables a la empresa, el movimiento social se hizo presente y exigió que la reunión fuera pública. El Presidente habló al público presente y aceptó la entrada de representantes del movimiento  social, pero la reunión no se llevó cabo. Dejó a los barillenses esperando y volvió a convocar para el 19 de septiembre en Huehuetentenago.

11 de septiembre: Sentencia del Juicio por el atentado ocurrido en Barillas el 1 de mayo de 2012. El Tribunal A de Mayor Riesgo presidido por la jueza Patricia Bustamante, resolvió el día miércoles 11 de septiembre, contrario a lo esperado, que los dos acusados de estos hechos, Ricardo Arturo García López y Oscar Armando Ortiz Solares no tuvieron responsabilidad en el asesinato de Andrés Pedro Miguel y les absolvió. Por el contrario, deja la posibilidad de acusar a Pablo Antonio Pablo –herido en de atentado- de esta muerte. En una publicación del día 20 de septiembre, Prensa Libre refuerza esta idea de convertir a Pablo Antonio Pablo, líder de la lucha de Barillas, de nuevo en un criminal.

Por otro lado, saliéndose de sus atribuciones, el Tribunal  ordenó instituir una “mesa de diálogo en Barillas y que debía ser “entre el Estado, los personeros de la hidroeléctrica Santa Cruz y tres lideres comunitarios (sic) del municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, a efectos de establecer la utilidad y necesidad de la hidroeléctrica.”

13 de septiembreautorización de un proyecto hidroeléctrico en San Mateo Ixtatán. Fue publicado en el Diario Oficial un acuerdo donde el Ministerio de Energía y Minas autoriza el proyecto para instalar el proyecto hidroeléctrico San Andrés que explotará los ríos Primavera, Varsovia y Palmira, otorgado a la generadora San Andrés sociedad anónima. Esto en la comunidad El Platanar, en San Mateo Ixtatán.

19 de septiembre  Las y los representantes del movimiento social de los municipios del norte de Huehuetenango acudieron a las oficinas del Gobernador para asistir a la reunión a la que les había convocado el Presidente. Sin embargo, éste estaba en la Academia de la PNC y la reunión no se llevó a cabo, dejando de nuevo esperando a los representantes de la población organizada. Las razones dadas suponían un menosprecio para quienes acudieron.

Simultáneamente, como una apoyo a los representantes del movimiento social, hubo plantones pacíficos en varios puntos de la carretera que cruza el norte del departamento.

28 y 29 de septiembre  Al igual meses antes, supuestos agentes del DEIC secuestran a Maynor Lopez en Barillas y lo sacan de la localidad en helicóptero. Estos provoca una serie de movilizaciones que son respondidas con lujo de fuerza y la llegada de PNC a Barillas. Ante ello, la población organizada se concentra en la carretera en San Juan Ixcoy, Pet en Santa Eulalia y San Mateo, en estos dos últimos lugares las fuerzas de seguridad actuaron con violencia.

El saldo de estos últimos hechos son cinco personas heridas, dos de ellas por arma de fuego en San Mateo Ixtatán, tres gravemente heridos y un militar muerto, llamado Víctor Miguelito Soria Pacheco. Según la prensa corporativa, murió de un disparo por la espalda. Según la Radio Jolom Konob citando a testigos, el soldado se había herido por un accidente, debido a dificultades que tuvo al intentar disparar su arma, por lo que el arma se disparó en su contra.

 

El montaje de una provocación para militarizar la región

Los hechos que se han ido dando en los últimos meses, evidencian una estrategia de provocación y de desgaste político y moral hacia la población, que lleva años pidiendo que se les escuche. Pareciera que se busca llegar a la situación que amerite la implantación del Estado de sitio,  la militarización y el terror.

Este proceso ha ido provocando una respuesta cada vez más común y colectiva en todo el Norte del departamento, que ha sido de organización coordinada y resistencia, pero en todo momento pacífica.

Se corrobora la línea general de comportamiento del gobierno y y el Estado ante los conflictos provocados por la presencia de empresas extractivas, utilizando la fuerza militar y el terror para beneficiar a éstas en contra de la población misma.

La detención de Mynor López a nuestro juicio, es una provocación. La mayoría de la población repudia la persecución política y la cantidad de recursos que el gobierno utiliza para perseguir a la población, y este hecho resultó ser la gota que rebasó el vaso.

Al mismo tiempo, hay un despliegue policiaco y militar, que ha reprimido a la población sin casi mediar palabra. Cuando la población empezó a concentrarse en los caminos como medida de protesta y resistencia para ser escuchados por las autoridades, utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar y reprimir la organización social legítima. En Barillas el resultado de no atender esta conflictividad con responsabilidad ha sido un saldo tres personas heridas y un soldado fallecido,.

Pareciera que nuevamente están creando un escenario, que han dicho que hasta podría ser un Estado de Sitio, con el objetivo evidente de defender los intereses de las empresas nacionales y transnacionales, en este caso hidroeléctricas que pretenden instalarse en toda la región norte de Huehuetenango. Con ello se busca profundizar el proyecto militar de control y de miedo y  debilitar, neutralizar, terminar y desarticular la lucha y resistencia comunitaria que se expresa en la defensa del territorio y la vida y que han lo han expresado a través del derecho de consulta.

Afirmamos que se les lleva al límite, por las siguientes razones:

  • Se han desatendido e ignorado todas las solicitudes y exigencia del respeto a los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas de la población que ha mostrado su voluntad para resolver la conflictividad por la vía pacífica. Se ha ignorado, subvalorado y no se han atendido cientos de acciones democráticas y pacíficas de la población, que ha utilizado todos los espacios existentes en el marco del “estado de derecho.”

 

En ese sentido, los llamados al diálogo son siempre en función de imponer a las empresas, por lo que realmente no se crean espacios para dar voz a la población que defiende el agua, el territorio y la vida misma. La experiencia de Barillas sobre el diálogo ha sido una total falta de respeto pues se ha ignorado a la mayoría y sus opiniones.

 

En algunas de estas acciones se puede ver la estrategia de abrir expectativas que después se cierran bruscamente. Así ha ocurrido con los últimos llamados al diálogo del Presidente -a los que no acude-.

 

  • La muestra de la capacidad de impunidad con la que se desenvuelven las autoridades y la empresa es una muestra de fuerza y un aviso del abuso de poder. No se ha hecho justicia por todos los hechos, amenazas y antentados ocurridos en contra de la población, como el asesinato de Andrés Pedro Miguel y el atentado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé. Al revés, la sentencia se puede considerar una burla a su dignidad
  • Se usa la violencia estatal como la forma básica –practicamente única- de actuar respecto a la población que muestra su oposición a las actividades, utilizando la ley de forma parcial y tergiversada, y llegando al uso del terror y la militarización. El Gobierno apoya y defiende indudablemente los intereses de las empresas con la imposición de sus proyectos.

Preocupaciones y reflexiones

Por todo lo anterior, pareciera ser que en muy pocos meses, se han intensificado las acciones de terror relacionadas con empresas hidroeléctricas, dirigidas hacia la población que resiste pacíficamente ante éstas que evidentemente no están llevando ni ofreciendo ningún desarrollo sino todo lo contrario.

Hay un mensaje que se está enviando con mucha claridad, “iremos por las buenas o por las malas.” Esto se constató con la implementación del Estado de sitio en esta localidad, que duró 18 días desde el 4 de mayo de 2012, a partir de los hechos no esclarecidos del 1 de mayo que detonaron con el asesinato de un campesino. Esta apuesta violenta e invasora está llevándose a cabo gracias a la impunidad que campea en el país, al respaldo gubernamental y de los medios corporativos. Todos estos hechos, parecieran estar conectados unos con otros, toda una operación estratégica, como si viviéramos en una guerra sin cuartel. Y que todo está llevándose al límite, a la desesperación o a la muerte.

Así, pues, ante el fortalecimiento de la oposición a las hidroeléctricas y a la forma de imponerlas en cada uno de los municipios afectados y ante las respuestas cada vez más comunes de toda la región, los hechos de los días 28 y 29 de septiembre han buscado forzar la situación de tal manera que la gente  deje su vía pacífica de respuesta y haya excusas  para imponer un estado de sitio y militarizar la zona. Con ello se logaría imponer las empresas por la fuerza en toda la región, al mismo tiempo que se disminuye la fuerza social y la organización comunitaria mediante el terror.

Ante la resistencia pacífica y el ejercicio de la gente a expresar su derecho de organización y de defender sus derechos, entonces han intentado a pesar de lo evidente del despliegue militar en contra de población desarmada, crear versiones colocándo a la población como la causante de los hechos violentos y al ejército y la policía nuevamente como víctima.

Sin embargo no ha sido así, la gente se ha concentrado pacíficamente y ha resistido la represión violenta de la policía y el ejército. Por eso, se han visto obligados a cambiar de táctica y a aceptar el diálogo que siempre han solicitado los pobladores. Por ahora, una victoria de la vida sobre la muerte, esperemos.