Guatemala Comunitaria

Hidroeléctrica Renace / Fuente internet

Por Patrick Janiot y Tania Hernández

Durante los últimos diez años en Huehuetenango, las empresas extractivas impulsan una ofensiva utilizando múltiples estrategias para echar a andar sus proyectos. Esto ha causado una serie de agravios y violaciones a los derechos humanos especialmente contra la población maya chuj, q’anjoba’l, poptí, akateka y mestiza.

En San Mateo Ixtatán se encuentra la empresa PHDSA —ahora Energía y Renovación SA—, que ha cambiado su estrategia visible, desde el 2017. Ahora tienen más presencia a través de empresas subcontratadas, trata de impulsar una nueva imagen usando la cantaleta neoliberal de siempre: el desarrollo —que nunca termina de llegar—. Creando la falsa imagen de que las empresas, además de explotar los ríos y achatar cerros, hará crecer al país y dará empleos, traerá bonanza y lo que haga falta. La hidroeléctrica propiedad de uno de los doce principales millonarios del país[1] ha contratado a exguerrilleros para impulsar esta estrategia, desde el nivel operativo comunitario, hasta el estratégico y político.

Un consorcio, nuevas estrategias y viejas prácticas

En el 2017 fue creado un consorcio autodenominado “Paz, desarrollo y cultura”. Surge a partir de dos empresas, ambas vinculadas al empresario Pedro Muadi Menéndez —expresidente del Congreso de la República en 2015—, fue investigado por la CICIG y es uno de los principales procesados por los casos de corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina y el Congreso.

Este consorcio tiene una página web desde donde publica información sobre las actividades de la empresa PDHSA —Energía y Renovación SA.[2]

Acuerdos y Soluciones SA (AYSSA) y Fundación y Tecnológica para el Desarrollo de Guatemala (Funtedegua), ambas empresas venden servicios para “solucionar” los problemas sociales adonde quiera que van. Desde el 2015, ambas intentan convertirse en tomadores de decisión por las comunidades. AYSSA intentó instalar un equipo de promotores en una oficina, pero su vínculo con un empresario acusado de corrupción y su intento por acercar a la gente a la hidroeléctrica le valió su salida del territorio.

Funtedegua por su parte, quiso también realizar acciones que respaldaran a los proyectos hidroeléctricos, incluso involucró al obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini en una falsa caravana religiosa en 2016[3], en aquel momento el obispo negó su vínculo con la empresa.  Dos años después, insisten en montar una “mesa de diálogo” en donde sólo tienen participación la empresa, la municipalidad y trabajadores de la empresa. Sin embargo insisten en llevar el “desarrollo” a las comunidades, para esto ya echaron mano del obispo de Huehuetenango.

Con Pedro Muadi preso, la empresa recurrió a la contratación de un equipo multidisciplinario que cumple diversas acciones. Las autoridades comunitarias lograron confirmar que la dirección de la empresa AYSSA y Funtedegua en la ciudad capital, la asumió German Arnoldo Noriega Pérez, exintegrante de la dirección política del entonces Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG, político y analista, funcionario del gobierno de Álvaro Colom, director del Sistema Nacional de Diálogo Permanente SNDP con el sector social.[4]

Con Noriega, dentro del equipo de AYSSA, hay otros ex trabajadores de la inteligencia de la Secretaría de Asuntos Administrativos, de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS) de ese gobierno, gente cercana a Noriega, con quienes trabajó en el Sistema Nacional de Diálogo, algunos exguerrilleros y gente que formaron parte de algunas oenegés de Huehuetenango.

En esta estrategia del Consorcio, la municipalidad de San Mateo Ixtatán juega un papel activo. El alcalde Andrés Alonzo Pascual, —exintegrante de la URNG— y su hermano Mateo Alonzo Pascual, alias “Otoniel” en el EGP, respaldan abiertamente a la empresa hidroeléctrica y están en contra de la población que defiende los ríos. Durante tres periodos en la municipalidad, el alcalde ha facilitado el camino a la empresa, recibió 200 mil quetzales de esta y que uso para sus propios gastos.[5] Una de sus acciones es la de posicionar la falsa idea del diálogo para San Mateo Ixtatán.

Acciones desde la estrategia que este consorcio está impulsando para lograr sus objetivos:

  1. Diálogo con la estructura afín a la empresa

En San Mateo Ixtatán el consorcio dirigido por Arnoldo Noriega financió la creación y el funcionamiento de la asociación Oxlajunh Lajti’ Tzuk’ti’ (13 Democracia, Consenso, Acuerdo), presidida por Mateo Alonzo Pascual, hermano del alcalde municipal Andrés Alonzo Pascual. Esta asociación surge con el propósito de suplantar a las autoridades comunitarias y organizaciones sociales, deslegitimarlas, para posicionarse como un único grupo de representación del pueblo chuj en San Mateo Ixtatán “ajeno” a la empresa.

En un documento interno de AYSSA y el Consorcio Paz, Desarrollo y Cultura, la empresa ubicó dentro de su estrategia de trabajo qué funciones deberá realizar el nuevo grupo 13 Consenso, Democracia y Desarrollo, dirigido por el hermano del alcalde y el grupo 23 Comunidades dirigido por Santiago Mauricio, este grupo en realidad son 23 personas a quienes la municipalidad les permite suplantar sellos comunitarios.

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Su presencia busca obstaculizar cualquier posibilidad de resolución del problema social generado por la empresa PDHSA, ahora Energía y Renovación y cerrar cualquier espacio en el que el Estado u otras instancias nacionales o internacionales dialoguen con las autoridades comunitarias en oposición a la empresa. Esta asociación se está promoviendo como la única interlocutora de San Mateo Ixtatán ante las instancias gubernamentales, medios de comunicación corporativos, con las entidades financieras internacionales.

Se sabe que esta asociación es un instrumento de la empresa para confundir y confrontar a las comunidades, porque está integrada por algunos exintegrantes de la comisión de la Consulta comunitaria de Buena Fe realizada en el 2009, como el señor Ambrosio Santizo, cuyo hermano le vendió a la empresa PDHSA una propiedad o terreno en la cabecera municipal de San Mateo Ixtatán en donde instalarían la subestación de interconexión.

Lo irregular de esta venta, es que en San Mateo Ixtatán la tierra es propiedad comunal y nadie puede desmembrarla y venderla. Por aparte su coordinador general, Mateo Alonzo, tiene fuertes vínculos con el gobierno municipal y la empresa.

De acuerdo con el documento interno del Consorcio, estos consideran como una fortaleza el apoyo de la municipalidad, la relación con el Estado y sector empresarial. Al mismo tiempo consideran una amenaza a las autoridades ancestrales y comunales, al Gobierno Ancestral Plurinacional, al Consejo de Pueblos Mayas (CPO), a las organizaciones como el Frente Nacional de Lucha (FNL), y plantean como estrategia aislar a quienes ellos definen como “líderes negativos”.[6]

Algunos operadores locales y regionales de las hidroeléctricas son exguerrilleros

Ironías de la vida. En Jacaltenango, Huehuetenango, por ejemplo, Antonio Ros Montejo “Tono Ros” quien aparece como coordinador regional de la empresa AYSSA, fue excombatiente de la guerrilla del EGP durante la guerra, también formó parte de la Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH), de la cual se retiró hace ya varios años.

Ros Montejo ha intensificado una campaña de desinformación en contra del Consejo de Pueblos Wuxhtaj y del Gobierno Ancestral Plurinacional en el norte de Huehuetenango. Intenta organizar un grupo de personas con el objetivo de cuestionar la participación del pueblo poptí’ en el Gobierno Plurinacional y de respaldo a la empresa Energía y Renovación.

En el grupo organizado por la empresa AYSSA se pueden ubicar a otras personas que han trabajado en instancias que trabajan en “beneficio de los pueblos indígenas” como Rudy Ortíz, Carlos Mendoza, Francisco Domingo, Bartolo Sebastián Camposeco y Bartolo López Baltazar. Este último fue Director Departamental de Educación de Huehuetenango en DIGEPSA-MINEDUC. También Romaldo Mauro Montejo Díaz, trabajador de FODIGUA y expresidente de junta directiva poptí de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG). En redes sociales se difundió en el mes de enero una denuncia pública sobre la vinculación de estos personajes con la hidroeléctrica.[7]

El Consorcio también se ha acercado a varios sectores de la sociedad huehueteca, vinculados en su momento al Partido Patriota (PP). Se presentan, eso sí, como actores comunitarios que buscan el “diálogo y beneficios conjuntos”.

Algunos de ellos han trabajado temas de seguridad e inteligencia con el Estado, como el abogado Jorge Pablo Versluys Hipp, quien fue miembro del EGP y de la seguridad de la comandancia general de la URNG, en específico de Rolando Morán. Son personas contratadas para “tratar” la conflictividad en el ámbito penal y trabajar con las comunidades impartiendo talleres sobre las “ventajas de las hidroeléctricas, el uso del agua y el manejo del sistema ecológico”. Incluso realizan protocolos de seguridad para el manejo de las crisis apoyados por estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas (ECP) de la Usac, que realizan el ejercicio profesional supervisado (EPS), o el trabajo de tesis, previo a que se les confiera el título correspondiente.

Versluys Hipp, asumió como una de las caras visibles de la empresa, es quién tienen la comunicación directa con el destacamento militar y la comisaria 43 de la PNC, instalados dentro del terreno de la hidroeléctrica. En 2016, fue director superior del área de dirección de recursos humanos del Ministerio de Gobernación de ahí salto a la microrregión de Yich K’isis.

La institucionalidad al servicio de las empresas

Las empresas de Pedro Muadi, no son las únicas haciendo este tipo de trabajo en el territorio norte de Huehuetenango. Rokael Cardona Recinos es fundador de una oenegé llamada Poder para todos (PPT) desde la cual asesora a distintas personas en el municipio de San Mateo Ixtatán y el resto del departamento de Huehuetenango. Su asesoría se vincula al beneficio de la empresa hidroeléctrica y a la corporación municipal. Cardona estuvo al frente de la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD) hasta el mes de septiembre de 2017, cuando fue destituido por el presidente Jimmy Morales nombrando en su lugar a Sergio Alejandro Flores Cruz.

Cardona además estuvo vinculado a la construcción del Corredor Interoceánico, un mega negocio que se vino abajo al final del gobierno de Otto Pérez Molina. Fue durante ese gobierno que constituyó su oenegé. En Huehuetenango sigue teniendo presencia a partir de su vinculación con el modelo de las Mancomunidades a través de la Universidad Rafael Landívar (URL) y forma parte de otra empresa vinculada con militares y familiares de estos, la Oficina de Enlace y Negocios para América Latina (Odepal).[8]

La hidroeléctrica también articula sus esfuerzos con los gobernadores de turno, diputados del departamento, Byron Herrera delegado de la COPREDEH, Erick Villatoro auxiliar de la PDH y el comandante de Quinta Brigada de Infantería “Mariscal Gregorio Solares” de ese departamento.

Herrera ha sido quién con más ímpetu solicitó que el gobierno de Jimmy Morales estableciera un Estado de Sitio en San Mateo Ixtatán, sin haberlo logrado.

La desgastada estrategia del diálogo para deslegitimar a la oposición

El Consorcio de empresas dirigido por Arnoldo Noriega buscó legitimar a los grupos cercanos a la empresa Energía y Renovación – PDHSA como el único espacio de diálogo para “resolver” el problema provocado por las hidroeléctricas. Para eso han estado convocando, cabildeando y organizando distintas reuniones y encuentros en Huehuetenango y en la ciudad capital. En uno de los documentos institucionales del Consorcio se ubica al obispo de Huehuetenango, monseñor Álvaro Ramazzini, como uno de los actores que dan su respaldo al espacio promovido por la empresa, al que ellos mismos autonombraron “Diálogo”.[9]

El 17 de noviembre de 2017, Mateo Alonzo Pascual, hermano del alcalde de San Mateo Ixtatán, y coordinador del autodenominado grupo 13 Consenso, Democracia, Desarrollo, realizaron una conferencia de prensa en el Hotel Panamerican en la zona 1 de la capital. Estas personas se agruparon alrededor de la figura del espacio “Diálogo” promovido por la empresa.

Es como si la selección nacional de futbol de Inglaterra, jugara un partido de clasificación al mundial, pero no hay otro equipo contendiente, sino solamente sus propios titulares y suplentes.

Como funciona “Diálogo” se constituyó a partir del Consorcio Paz, Desarrollo y Cultura, creado por las empresas AYSSA y Funtedegua. También participa la empresa Energía y Renovación SA (PDHSA), propietaria de las tres hidroeléctricas en Yich K’isis, el Consejo Municipal de San Mateo Ixtatán, el alcalde, el obispo monseñor Álvaro Ramazzini y el grupo dirigido por el hermano del alcalde municipal, llamado 13 Consenso. A este grupo adhirieron a supuestos representantes de 23 comunidades de una de las microrregiones de San Mateo Ixtatán, una agrupación de reciente creación.[10]

Las contradicciones

El 16 de noviembre 2017, la delegación de la empresa Energía y Renovación SA se reunió con el viceministro de Gobernación, Axel Romero, para darle seguimiento a las reuniones que respaldan al “diálogo” promovido por Arnoldo Noriega.[11]

Quienes asistieron a la reunión con el viceministro, son las mismas que en enero de 2017, solicitaron al entonces gobernador departamental, Hiram Martínez, la declaración de un Estado de Sitio en todo el municipio de San Mateo Ixtatán, luego que la seguridad de la empresa Energía y Renovación SA disparara en contra de los comunitarios al finalizar una manifestación pacífica, asesinando a don Sebastián Alonzo Juan, de 72 años de edad. La Muerte Regresa A Yichkisis

Axel Romero en su cuenta de twitter informó públicamente de su participación en la “Mesa de Diálogo”. En la reunión estuvieron todos los actores afines a la empresa hidroeléctrica.[12] No participan, obviamente, las autoridades comunales de la microrregión de Yich K’isis, tampoco las demás regiones del municipio, ni las autoridades ancestrales del Gobierno Plurinacional.

El Mingob, a las 14:26 horas del 16 de noviembre, confirmó la participación del viceministro Axel Romero en la mesa de diálogo para resolver la problemática en el municipio de San Mateo Ixtatán.

Al realizar el requerimiento de información pública al Mingob para tener acceso a los acuerdos alcanzados, la agenda y el listado de personas participantes  en dicha mesa de diálogo, que el viceministro acompaña, la unidad de información pública del ministerio notificó que el viceministro Axel Rojas confirma que asistió solamente como invitado, para desarrollar un tema relacionado a la prevención del delito y la seguridad. En resumen, no existe tal mesa de diálogo.

“(…)1. Que en el contexto de conflicto de ingobernabilidad del Municipio de San Mateo Ixtatán, el cual tuvo una escalada por la instalación de un proyecto hidroeléctrico en la aldea Ixquisis en el municipio en mención, la entidad privada Consorcio por la Paz Desarrollo y Cultura, propició un acercamiento entre las partes en conflicto que se mostraron dispuestas al diálogo y negociación para el desarrollo del Municipio con la participación de la Empresa Productos y Desarrollo Hídrico, S.A.; la Corporación Municipal de San Mateo Ixtatán; las 23 comunidades del área de influencia del proyecto hidroeléctrico, así como la Asociación 13 Democracia , Consenso y Desarrollo. Espacio de diálogo se reúne periódicamente desde el mes de agosto del año 2017 e invitan a funcionarios de gobierno dependiendo del tema y agenda que abordará la mesa en cada reunión de diálogo. 2. En la reunión del 25 de enero a la que el solicitante hace mención, fui invitado por el Consorcio en mención a participar en mi calidad de viceministro, ya que se iba a tocar el tema de la prevención de la violencia y el delito y hacer algunos planteamientos para el área, razón por la cual participe en calidad de invitado. Por todo lo anterior expuesto, a este vicedespacho no le es posible entregar la información requerida, dado que no se cuenta con ella; ya que por acuerdo de las partes en la mesa, toda la información referente al proceso en mención, la tiene la entidad Consorcio por la Paz Desarrollo y Cultura quien coordina y facilita el proceso.”[13]

Tal parece que las empresas dirigidas por Arnoldo Noriega implementan una estrategia de falso diálogo, queriendo hacer ver que hay una participación legítima del pueblo chuj y q’anjoba’l  de San Mateo Ixtatán. Para esto el Consorcio se hace valer de personas particulares que no ostentan un cargo comunitario o por lo menos no cuentan con el respaldo de la comunidad a la que afirman pertenecer o representar, cuando el Consorcio los muestra dentro de ese espacio al que llaman “Diálogo”.

Una nueva reunión de la empresa se realizó del 23 al 25 de enero 2018. La anunciaron como diálogo. Participó el viceministro Axel Romero. La última mesa la trabajaron el 9 de marzo del 2018.

Frente a las acciones legales que la resistencia pacífica en la microrregión de Yich K’isis realizó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con tres amparos que podría suspender toda actividad de la empresa, Noriega y el Consorcio aceleraron en noviembre la firma de un “Acuerdo” que llevará la paz y el desarrollo a esa región del país.

El 8 de noviembre, tiraron la casa por la ventana, en un lujoso hotel de Huehuetenango lanzaron la firma, en el acto estuvo presente el nuncio apostólico Nicola Thevenin, el obispo de Huehuetenango Ramazzini al centro de la mesa principal, Harald Klein embajador de Alemania y un grupo de autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán y de la autoridad indígena de Sololá.

En conclusión, el acuerdo se firmó entre la empresa hidroeléctrica, la municipalidad de San Mateo Ixtatán y toda la estructura montada para validar el falso diálogo, una firma entre los mismos de la foto.

En el acuerdo se habla de promover la paz y el desarrollo para San Mateo Ixtatán, sin la participación del pueblo chuj, akateko, poptí, mestizo y q’anjob’al afectados por la instalación de los proyectos de hidroeléctricas.

  1. Incidencia en medios de comunicación y periodistas

Como parte de la estrategia mediática, este consorcio creó la página Actualidad Huehuetenango, con el objeto de generar “noticias” favorables a las tres hidroeléctricas de la empresa Energía y Renovación SA (PDHSA) y otros proyectos extractivos en Huehuetenango. Desde este sitio lanzan contenidos que deslegitiman el ejercicio libre de las consultas comunitarias, por ejemplo, o el derecho legítimo de la movilización de las comunidades. Por lo general sus publicaciones son anónimas.

Los operadores del Consorcio permanentemente tienen reuniones con algunos medios de comunicación de la cabecera departamental de Huehuetenango. Inciden informando sobre el funcionamiento de las hidroeléctricas y tratando de obtener respaldo desde el trabajo de algunos periodistas y medios, justificando el apoyo económico a través de pautas radiales, televisivas y en redes sociales.

Realizan mapeos y dan seguimiento a todas las actividades de las organizaciones sociales. En algunos casos se ha determinado que ciertos reporteros de medios locales y nacionales son utilizados para informar sobre los procesos en materia de defensa del territorio y derechos humanos que se llevan a cabo en la ciudad. Esta información, la sistematizan y la proporcionan a las empresas.

Para lo mediático, contrataron a una empresa española, fue en mayo del 2017, que la transnacional de la comunicación llegó a Huehuetenango para reunirse con los periodistas locales y directivos de los medios de comunicación. Durante varios encuentros y reuniones, María René Monje se presentó como representante de la empresa ATREVIA. Esta es una empresa transnacional con sede en España, pero que tiene oficinas en distintos países del continente americano y que abrió sus oficinas en 2016 para Guatemala.

Con la llegada de ATREVIA a Huehuetenango, la empresa PDHSA comenzó a tener una mayor presencia en los medios locales, redes sociales y medios a nivel nacional. Coincidentemente, fue a partir de mayo de 2017, con AYSSA y Funtedegua, que se incrementaron los perfiles falsos en twitter  y Facebook que respaldan a la hidroeléctrica y atacan a varias autoridades comunitarias opuestas a estos proyectos.

Desde Yich K’isis, son trasladados los trabajadores y operadores de PDHSA hacia Huehuetenango para realizar conferencias de prensa o reuniones en varios hoteles, lo mismo ocurre hacia la ciudad capital, incluyendo una agenda de reuniones en programas radiales, canales de televisión y conferencias de prensa.

La misma estrategia usó la empresa CINCO M con el proyecto hidroeléctrico San Luis, en Santa Eulalia, utilizando a la corporación municipal en 2015 como operadores de la empresa.

En lo mediático dieron un nuevo giro, ahora con el capital de la familia Mata Castillo, principales dueños de la empresas como Pepsi Cola y otras, los medios corporativos escritos del país como El Periódico y Prensa Libre, dedican editoriales, portadas y sendos artículos sobre la microrregión de Yich K’isis, la Franja Transversal del Norte y la “conflictividad” que no permite el avance de las hidroeléctricas.

En sus escritos se replica la versión de la hidroeléctrica sobre lo que ocurre en la microrregión, se criminaliza la movilización de la resistencia pacífica y a sus principales autoridades. De esa cuenta le dedicaron especial cobertura al acto de la firma del acuerdo entre la municipalidad de San Mateo Ixtatán y la hidroeléctrica el pasado 8 de noviembre y en escritos sin firmar atacan directamente a Rigoberto Juárez Mateo, autoridad ancestral q’anjob’al, a Julio Gómez  Lucas autoridad comunal chuj y a Lucas Ordóñez Pablo  presidente de la microrregión de Yich K’isis en resistencia pacifica.

En un doble discurso mediático, por un lado afirman atacar la corrupción e impunidad en el país y por el otro lo respaldan cuando de hidroeléctricas se trata.

[1] José Guillermo Mata Monteros aparece como representante legal de la empresa Energía y Renovación SA, hijo de uno de los doce millonarios de Guatemala, nos referimos a Carlos Enrique Mata Castillo. Lo que explica el porqué de la presión del sector empresarial organizado en el CACIF y los medios corporativos de comunicación. El norte de Huehuetenango se debate entre inversiones millonarias, violencia y el discurso del odio. CMI-G. 10 de abril 2016. https://cmiguate.org/el-norte-de-huehuetenango-se-debate-entre-inversiones-millonarias-violencia-y-el-discurso-del-odio/

[2] https://www.huewebtenango.com/

[3] FUNTEDEGUA. Carta a Álvaro Ramazzinni, obispo de Huehuetenango. Sábado 29 de octubre de 2016.

[4] El Observador. Defensa de territorios frente a la nueva acumulación capitalista: una lucha por la vida. Carmen Reina. Diciembre 2009. http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/ElObservadorNos2223febrero%202010.pdf

[5] Huehuetenango: “recibí Q200 mil de parte de la empresa hidroeléctrica”. Prensa Comunitaria. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rG9TZdvLE6o

[6] Documento de la estrategia del Consorcio Paz, Desarrollo y  Cultura. De las empresas AYSSA y Funtedegua.

[7] Voces de los pueblos indígenas en Guatemala. 6 de enero 2018. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1821980824531217&id=381359348593379

[8] Equipo de Análisis. Nueva Comisión para el Diálogo vinculada a militares. 25 de septiembre de 2016. https://cmiguate.org/nueva-comision-para-el-dialogo-vinculada-a-militares/

[9] Documento del Consorcio Paz, Desarrollo y  Cultura. De las empresas AYSSA y Funtedegua.

[10] Soy502. Roberto Cubilla. San Mateo Ixtatán llama al diálogo para terminar conflicto en el área. 17 de noviembre 2017. http://www.soy502.com/articulo/san-mateo-ixtatan-llama-al-dialogo-terminar-conflicto-area-31313

[11] Axel Romero G. Cuenta de twitter. @axelromg https://twitter.com/axelromg/status/931320967179264000

[12] Ibídem.

[13] Ministerio de Gobernación, Unidad de Información Pública.


Por: Nelton Rivera.

Nuevas amenazas contra la integridad de Aura Lolita Chávez, fueron realizadas públicamente en el parque central del Quiché en una concentración en apoyo al INAB.

Aura Lolita Chávez es una mujer maya Kiché que forma parte del Consejo de Pueblos Kichés CPK, es una mujer fuerte que ha sabido representar los intereses del pueblo maya Kiché y la organización de las comunidades.

Una de las luchas que el CPK que ha realizado durante muchos años es la defensa de los bienes naturales del departamento, la instalación de empresas extractivas ha generado una fuerte problemática social en los últimos años. Recientemente las comunidades se organizaron para denunciar la tala inmoderada e ilegal de los árboles en el departamento, algunos camiones de empresarios madereros que se dedican a la extracción ilícita fueron detenidos por la organización comunitaria.

Esta lucha despertó el descontento de empresarios y representantes de los programas del INAB, quienes dirigen una campaña de difamación y odio contra la líder comunitaria.

La tala inmoderada e ilegal de los arboles

Las autoridades gubernamentales nada han hecho frente a las múltiples denuncias hechas por las autoridades comunitarias, instancias como el Instituto Nacional de Bosques INAB lejos de jugar el rol que le corresponde en promover el manejo y cuidado de los bosques se ha visto envuelto en denuncias de corrupción al facilitar la tala ilegal de los bosques.

El día 4 de julio del 2016 fueron trasladadas personas de distintos lugares del departamento para manifestarse en el parque central de Quiché, en un acto abiertamente en apoyo al INAB, varios oradores con un mensaje violento amenazaron en reiteradas ocasiones a Lolita Chávez.

En distintos momentos se escucharon consignas en defensa del INAB en el departamento, durante la duración del mitin los mensajes subieron de tono a un nivel amenazador promoviendo un mensaje de odio contra la líder comunitaria.

Las amenazas contra Lolita Chávez

“Denme una I, denme una N, denme una A, denme una B… que dice INAB, mas fuerte INAB” se repetía por un grupo de personas que llegaron hasta el parque central.

“Que se vaya o que se quede… que se vaya! Y quien se va a ir del departamento? Lolita Chávez! Repetían una y otra vez promovidos por una persona que dirigió buena parte de los mensajes contra la Lolita Chávez.

En otros momentos los señores Jorge Quezada representante de regentes forestales, Vitalino Muchuch, representante de Silvicultores y Benedicto Pérez Azañon, representante de la RED PINPEP fueron algunas de las personas que haciendo uso de un sonido, lanzaron serios mensajes en contra de la líder comunitaria, insultos, amenazas, difamación y expresiones misóginas fueron la constante de estas personas.

Los tres señores que arengaron mensajes de odio hacia Lolita Chávez y varias amenazas, fueron los mismos que introdujeron una nota en la casa de ella, citándola a una reunión de dialogo junto al gobernador departamental del Quiché, Clemente de León a las 11 de la mañana en el salón de reuniones en el segundo nivel del banco BANRURAL.

Distinto al carácter de la nota, los tres personajes Jorge Quezada, Vitalino Muchuch y Benedicto Pérez Azañon se encontraban en el parque central lanzando amenazas públicamente contra la representante del CPK.

Agresiones en el Parque Central de Quiché promovidas por INAB

Video agresiones contra Lolita chavez

Estas son imágenes de algunas de las personas que hicieron uso del sonido durante la movilización organizada en contra de Lolita Chávez.

 

Que está pasando con la tala ilegal de bosques

Recientemente la última semana del mes de junio, varios camiones que transportaban madera talada ilegalmente en el departamento fueron detenidos por las comunidades, tal es el caso de un camión propiedad de Oscar Montealegre, quien acusó públicamente que la organización comunitaria recibe financiamiento de organismos internacionales para realizar las manifestaciones.[1]

El día 23 de junio varios periodistas que cubrieron el caso de uno de los camiones que transportaba madera y que fue detenido por la población se trasladaron hacia el municipio de Chichicastenango  buscando entrevistar a los representantes de los programas del INAB y a representantes del mismo instituto, ese mismo día realizaban una actividad en ese municipio, y los periodistas buscaban entrevistarlos sobre los camiones que transportan madera de manera ilegal. Al llegar a la altura del Km 153, en la Aldea Lemoa, rumbo a Chichicastenango desde una camioneta agrícola realizaron un disparo al pasar a un costado del vehículo que transportaba a los periodistas, así lo narro Héctor Cordero de Guatevision.[2]

[1] Entrevista realizada por el Canal 4 Quiche a empresario maderero. 23 de junio 2016.

[2] Entrevista realizada por el Canal 4 Quiche a periodistas que sufrieron de agresión. 23 de junio 2016.


Foto tomada de http://www.tribunahacker.com.ar

 

Por: Quimy De León

La compra y venta de medicinas en Guatemala ha sido desde hace mucho un tema controversial. Dominados por las grandes farmacéuticas nacionales, los eventos de compra han perdido su razón de ser: obtener medicinas de buena calidad al menor precio. La casa que ha dominado en los últimos años el negocio de la salud ha sido agencias J.I. Cohen, una empresa familiar que ha quedado en manos de uno de los hijos de la familia Irving Cohen.

Ya en el año 2007 Luis Solano revisó de forma profunda los últimos procesos de licitación de medicina y concluyó en que para entonces esta empresa había monopolizado durante más de cuarenta años la distribución de medicamentos. Uno de los operadores políticos más eficientes para esta compañía es Gustavo Alejos, quien se entregó hoy a la justicia después de más de dos meses prófugo y señalado por la CICIG de encabezar una estructura criminal denominada “Negociantes de la salud” que se beneficiaron del Estado de forma ilícita.

El 16 de diciembre se publicó en el diario de Centro América que la Corte de Constitucionalidad – CC- había fallado a favor de la compañía  farmacéutica J. I. Cohen, de la que fue parte Gustavo Alejos, quién había estado  prófugo de la justicia y reapareció este 28 de diciembre. Esta empresa había puesto una acción de inconstitucionalidad para eliminar el Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines. Esto afectaba el acceso a la población a medicamentos genéricos y por su puesto les beneficiaba. Siete días después la misma Corte aclara públicamente que este fallo no afecta “el deber de observancia y aplicación por parte de las autoridades correspondientes del Estado de Guatemala del Reglamento” y deja a criterio de las autoridades la aplicación del fallo.

La  compañía en un comunicado de prensa piden al Presidente de la República, a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la población que estén vigilantes del exacto cumplimiento con lo ordenado por la CC.

¿Quiénes se benefician de la precaria salud en Guatemala?

En el mundo las grandes compañías farmacéuticas bloquean la venta de medicamentos genéricos, para tener el monopolio de las ventas y enriquecerse. Esto trae como consecuencia que la población con menos recursos y donde hay más precariedad no se puedan curar o tratar enfermedades.

Esto limita al Estado la posibilidad de prevenir, tratar enfermedades y pandemias, quedando en última instancia dos posibilidades comprar medicamentos a precios altos o la muerte. La mayoría de la población asume de su propia bolsa el pago de medicamentos para tratarse. Estas empresas obtienen beneficios mediante negocios con los gobiernos para que éstos les compren con exclusividad, reduciendo la posibilidad de invertir en otros niveles de atención como el primario.

Foto tomada de Prensa Libre. “El empresario y financista Gustavo Alejos en uno de los pasillos de Tribunales.” (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec). 28 de diciembre de 2015.

 

Poder e influencia de J.I. Cohen a través de Gustavo Alejos

Gustavo Alejos Cámbara es un empresario que tiene orden de captura y arraigo por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias, hasta hoy estuvo prófugo y fue declarado en rebeldía el 30 de octubre por el Juzgado Sexto Penal cuando se realizaba la “audiencia de primera declaración de 11 señalados en el escándalo de corrupción por la compraventa de medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS.”[0]

Es señalado de pertenecer a una red de corrupción que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG llamó “Negociantes de la salud” que el mismo dirigía junto a funcionarios y otras personas en las que beneficiaban a varias empresas tales como la droguería Colón, Evolución Farmacéutica S.A., Sabiapharma S.A. No hay que olvidar que Alejos fue parte de la compañía J.I. Cohen, misma que en un campo pagado en marzo del 2014 se desliga de él, después de que el afirmara en una entrevista que :

“La empresa JI Cohen, de la cual soy parte, ha tenido problemas con las multinacionales farmacéuticas, nos han pedido que nos alejemos del tema político.”[1]

“Nosotros hemos tenido que parar un poco las entregas al Ministerio de Salud debido a la falta de pago. Hemos cerrado los créditos hasta que limpien la mesa. Al ministerio le vendemos alrededor de Q25 millones en medicamentos contra el cáncer y otros males graves. El Ministerio de Salud tiene mucho desorden en sus cuentas, pero el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) está totalmente ordenado gracias al sistema que dejó Carlos Torrebiarte. Además, el presidente anterior, Luis Alberto Reyes Mayén, dejó un acuerdo en Junta Directiva que determina que a los proveedores se les debe pagar por igual.”

Gustavo Alejos lograba que el Estado le comprara a varias empresas con las que el tuvo relación a través del Ministerio de Salud y el IGSS. Esto fue parte de la investigación realizada por la CICIG y el Ministerio Público MP, en donde demostraron que esto se hacía a cambio de comisiones.[2]  Esto se realizaba organizadamente mediante una estructura criminal de la que también eran parte Alejandro Enrique Toledo Paz ex director del Hospital Roosevelt y Juan Pablo Muralles Morán. Estos dos últimos están ya presos, en total son 11 señalados por el caso de corrupción en el IGSS. Todo esto se destapó en el 2015 y se supo de las redes de corrupción en relación con el caso IGSS- PISA.

cicig

Tomado de Prensa Libre publicada el 28 de diciembre de 2015.

Las Agencias Cohen son propiedad de Jack Irving Cohen, en un análisis hecho por el economista Luis Solano en el año 2007 explica que dicha empresa había monopolizado durante más de cuarenta años la distribución de medicamentos y que han sido de los principales contratistas del Estado. Ya entonces Solano señalaba que las Agencias Cohen llevaban 22 años de ser proveedores del IGSS y que en los últimos gobiernos anteriores al de Álvaro Colom habían obtenido millonarios contratos.[3] Durante el gobierno de éste último Gustavo Alejos fue secretario privado de la presidencia  y Alberto Cohen presidente del Instituto Nacional de Electrificación – INDE[4] considerado el heredero de la  compañía J.I. Cohen.

La CICIG en su informe sobre el Financiamiento de la política en Guatemala coloca a Gustavo Alejos como caso emblemático ya que además de ser financista y recaudador no solamente se enriquece sino que construye redes de tráfico de influencia, beneficiando a las empresas vinculadas a él. Curiosamente en este informe la  CICIG obvia nombrar a J.I.Cohen[5] pero afirma que Alejos tenía el poder de nombrar y destituir funcionarios durante el gobierno de Álvaro Colom, desde su posición de poder dentro del gobierno.

Sylvia Gereda en la revista ContraPoder aseguró que Alejos “manejó los principales negocios del Estado, de los cuales la farmacéutica de la que él fue el más alto ejecutivo: J. I. Cohen fue beneficiada con 2 mil 940 adjudicaciones en contratos que superan los Q485.9 millones, según el portal de Guatecompras. Además, fue uno de los grandes negociadores de leyes y corruptor de diputados en el Congreso.”[6]

En la entrevista que Juan Luis Font realiza a Alejos en julio de 2015, el mismo explica cómo era su papel como operador político y deja claro el apoyo y financiamiento al gobierno de Otto Pérez Molina, así como la relación que había con J.I. Cohen en asuntos políticos y gubernamentales. Al parecer por problemas comerciales deciden desligarse de la política. El mismo reconoció que le dió a Otto Pérez Molina la casa donde vivía, esto explica el nivel de relación que tuvo con este gobierno. Sin embargo en asuntos comerciales destacó que J.I. Cohen tuvo una fuerte competencia y que el gobierno encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti benefició más a su competencia la empresa AGEFINSA, mientras que J.I Cohen siguieron vendiendo al IGSS.

Lo que deja claro en esta entrevista es la relación que hay entre política, asuntos de Estado y de gobierno y los intereses comerciales de las farmacéuticas, cuando plantea entre líneas que Baldizón empieza a ser una amenaza para los negocios pues “él quería crear en Guatemala una empresa representante de medicamentos de origen indio y empezó a citar a las multinacionales. Eso movió a JI Cohen a declarar que no participará en política.” Con lo cual Roxana Baldetti, Otto Pérez Molina y el mismo Manuel Baldizón resultaron ser una amenaza para el monopolio de los fármacos. La típica disputa por los negocios.

En una nota que hizo La Hora en junio de 2015 se mostró que tanto J.I. Cohen como AGEFINSA fueron los dos grupos que se repartieron mayores ganancias de los contratos con el Estado de las 82 empresas que tuvieron contratos abiertos. Estos beneficios ascienden a un poco más de 2 mil millones de quetzales que equivale al 29% aproximadamente. También señalaron que las ventas que se le hacen al Ministerio de la Defensa no tienen rastro, aún cuando tienen un presupuesto de más de 2 mil millones para 2015. [7]

¿Los magistrados de la CC hicieron este fallo pensando en el bien común o en los negocios?

En teoría la salud debe ser un derecho garantizado por el Estado de Guatemala que tiene la obligación de velar por la salud de todos los habitantes, sin embargo en la práctica sabemos de sobra que la situación precaria en la que tiene la clase política al Sistema de Salud. Por lo visto las únicas garantías son para la industria que negocia con la salud, por ejemplo para las empresas farmacéuticas.

La mayoría de la gente desconocemos los niveles de mortalidad en mujeres o menores de 5 años por diarreas o infecciones respiratorias, no digamos la desatención y abandono completo a cientos de miles de personas en el campo que resuelven y gestionan por si mismas la salud.

La crisis que se vive en el nivel hospitalario es uno de los tantos problemas que tiene el Sistema de Salud, y casi del único que nos enteramos a través de los medios y que fueron debate en los últimos meses cuando se destaparon algunos actos de corrupción desde el gobierno. Todo esto: corrupción, tráfico de influencias, asignación presupuestaria en salud pasa por la toma de decisiones y la planificación del desarrollo social de un país y que está en manos de los políticos y gobernantes.

Está claro que a los empresarios, a los gobernantes y la clase política no les interesa la salud sino solo los negocios, eso sí instrumentalizando para ello la estructura del Estado.

La Corte de Constitucionalidad al dar un fallo favorable a esta empresa refuerza la impunidad en la que vivimos y aleja al Estado de la obligatoriedad y el deber que tienen de velar por el bien común.

 [0] Orozco, Andrea. “Gustavo Alejos se entrega a la justicia.” 28 de diciembre de 2015. Prensa Libre.
[1] Font, Juan Luis. “Gustavo Alejos: “La he ayudado y la sigo ayudando” 14 de marzo de 2014, edición número 45. Revista ContraPoder.
[2] Prensa Libre. “Gustavo Alejos tiene arraigo y orden de captura, según MP.
[3] Solano, Luis. “Compras y contratos estatales en pocas manos”. 2 de octubre de 2007. Revista electrónica Albedrío.
[4] Font, Juan Luis. “Gustavo Alejos: “La he ayudado y la sigo ayudando” 14 de marzo de 2014, edición número 45. Revista ContraPoder.
[5] Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG. “Financiamiento de la política en Guatemala.” 16 de julio de 2015. Editorial Servi prensa.
[6] Gereda, Sylvia. “El día que Alejos cayó”. ContraPoder. 6 de noviembre de 2015.
[7] La Hora. “Q8 mil 500 millones a 82 empresas con contratos abiertos de medicinas e insumos.” 2 de junio de 2015.
[8] Para ampliar sobre el proceso penal de este caso: http://elperiodico.com.gt/2015/10/29/pais/escuchas-implican-a-gustavo-alejos-en-el-caso-de-corrupcion-del-igss/

Foto: Facilitada por Prensa Comunitaria

Por: Iñaqui Aizpurúa Veitia

Diego Marcos Pedro más conocido como “Tiburcio” es el candidato a la reelección al cargo de Alcalde municipal por partido Libertad Democrática Renovada –LIDER- en Santa Eulalia en el departamento de Huehuetenango. Actualmente el Ministerio Público tiene dos procesos de antejuicio en su contra. En donde se le sindica de haber cometido delitos en contra de la libertad de expresión.

Diego Marcos Pedro busca reelegirse por un nuevo período 2016-2020 como alcalde municipal de Santa Eulalia, su administración es fuertemente cuestionada por el movimiento social por la mala administración pública, por criminalizar a las autoridades comunitarias y por violar los derechos humanos.

El papel del Tribunal Supremo Electoral

Durante la mañana del día jueves 3 de septiembre de 2015  varios periodistas e investigadores de la agencia de noticias Prensa Comunitaria Km. 169 y autoridades estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presentamos ante el Tribunal Supremo Electoral –TSE- información de los dos expedientes de antejuicios abiertos por la Fiscalía del Ministerio Público –MP- de Santa Eulalia.

En la base de datos del TSE no aparecen registrados los dos procesos de antejuicio, a consideración de la abogada Estela López integrante del Bufete de Abogados en Derechos Humanos, la Fiscalía de Santa Eulalia del MP debió de haber notificado inmediatamente al TSE de la situación jurídica del alcalde, especialmente porque busca la reelección en este proceso electoral.

El próximo domingo 6 de septiembre Diego Marcos Pedro habrá participado en las elecciones generales 2015. Independientemente del resultado de la elección él deberá responder ante los tribunales por los procesos abiertos en su contra, sin derecho a antejuicio o como un ciudadano común.

Los dos procesos de antejuicio no son los únicos casos que enfrenta el alcalde municipal, están en las fiscalías otros casos por violación a la Libertad de Expresión, agresiones y amenazas contra periodistas, comunicadores comunitarios y autoridades comunitarias en la fiscalía de delitos contra defensores de derechos humanos y en la fiscalía de delitos contra periodistas del Ministerio Público en la ciudad capital.

Sobre los antejuicios contra el alcalde de Santa Eulalia:

La Fiscalía de Santa Eulalia del Ministerio Publico MP en Huehuetenango solicitó dos antejuicios en contra del alcalde:

  1. Antejuicio No. 01006-2015-00117 o Antejuicio 117-2015

El juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango nombro al Juez Pesquisidor Abogado Jorga Adalberto Cano Villatoro para conocer el antejuicio 117-2015 en contra de Diego Marcos Pedro promovido por la Fiscalía del Ministerio Publico de Santa Eulalia para ser investigado en calidad de alcalde municipal por el cierre ilegal de la Radio Snuq’ Jolom Konob’.

Se investiga el cierre de la radio durante los hechos ocurridos en la madrugada del día 20 de enero 2015 en donde resultaron comunicadores comunitarios ese mismo día agredidos, además la fiscalía conexo a este mismo antejuicio la investigación por el atentado armado [1] que sufrieron esa misma madrugada dos jóvenes pobladores de una de las aldeas de Santa Eulalia opuestos a las hidroeléctricas, muriendo el joven Pascual Basilio Pascual Diego, como resultado de los disparos, testigos responsabilizan al alcalde Diego Marcos Pedro de haber realizado los disparos. [2]

  1. Antejuicio No. 01006-2015-00314 o Antejuicio 314-2015

La Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Huehuetenango promovió otro Antejuicio presentado por la Fiscalía del Ministerio Público de Santa Eulalia contra de Diego Marcos Pedro. La sala séptima nombro al juez pesquisidor abogado Julio Bonifacio Baquiax Bulux, en su calidad de Juez Unipersonal del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para iniciar las pesquisas.

Este Antejuicio se solicitó por las agresiones y amenazas que sufrieron una delegación de periodistas nacionales e internacionales, comunicadores comunitarios e investigadores sociales el día 19 de marzo 2015 en Santa Eulalia Huehuetenango. Las agresiones fueron hechas por el alcalde municipal, simpatizantes, trabajadores municipales, agentes seguridad del alcalde y miembros del Consejo Municipal. [3]

Esta delegación llego al municipio luego que la Autoridad ancestral indígena maya Qanjobal resolviera a través del derecho ancestral maya realizar la reapertura de la radio comunitaria, tras el fracaso de la mediación hecha entre los meses de febrero y marzo 2015 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) y la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH- en un intento de conseguir que el alcalde municipal desistiera de mantener ilegalmente cerrada la radio.

Denuncias de violación a la Ley Electoral

El día viernes 4 de septiembre vecinos de Santa Eulalia denunciaron que por orden de él mismo alcalde municipal los trabajadores de la municipalidad han instalado desde hace un tiempo varias cámaras de video en algunos centros de votación como el Salón Municipal, la instalación de las cámaras pondría responder a la estrategia del partido LIDER de amedrentar a la población para que emita su voto bajo presión y control. También

El Tribunal Supremo Electoral definió que el departamento de Huehuetenango es uno de departamentos con alto nivel de conflictividad electoral para este 2015, coincidiendo con la conflictividad que las empresas nacionales o transnacionales instalaron durante estos últimos 4 años en esta región. [4]

Relación con la empresa hidroeléctrica que genera conflictividad en la región

La corporación municipal 2011-2015 llego electa por el partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, de esa cuenta Víctor López Pascual entró como Concejal Suplente I y Diego Marcos Pedro como alcalde de la municipalidad de Santa Eulalia.

La sociedad civil en Santa Eulalia denunció la complicidad de Diego Marcos Pedro y Víctor López Pascual con la empresa CINCO M y el proyecto Hidro San Luis que pretende construir una hidroeléctrica. [5]

López Pascal siendo miembro de la corporación municipal viaja constantemente a Huehuetenango y la capital, organiza conferencias de prensa en hoteles, participa en programas de radio, hace visitas a instituciones del Estado y organismos internacionales haciéndose pasar por líder comunitario o representantes de COCODES de distintas regiones de Santa Eulalia, siendo miembro de la corporación municipal.

En cada una de las reuniones López Pascual sale en defensa de los proyectos extractivos, las hidroeléctricas y criminaliza a las autoridades comunitarias e indígenas de Santa Eulalia y otras regiones que defienden los bienes naturales y territorio, para estas giras se hace acompañar de trabajadores de la empresa hidroeléctrica y de uno de los personeros de la misma. [6]

De esa cuenta la empresa CINCO M encontró en la corporación municipal a dos de sus principales aliados en contra de las comunidades que se oponen a la empresa y ahora ambos buscan reelegirse con el partido LIDER.

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[1] Óscar Figueroa / Santa Cruz del Quiché, Prensa Libre. Sindican a alcalde de muerte de hombre. 17 de marzo 2015. http://www.prensalibre.com/guatemala/quiche/sindican-a-alcalde-de-muerte-de-hombre

[2] Prensa Comunitaria. Informe de los sucesos acaecidos los días 18, 19 y 20 de enero del año 2015 en los municipios de San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango. 4 de febrero 2015.

[3] Prensa Comunitaria. Llamado a la solidaridad a la prensa nacional e internacional. 19 de marzo 2015. https://comunitariapress.wordpress.com/2015/03/19/llamado-a-la-solidaridad-a-la-prensa-nacional-e-internacional/

[4] Diario de Centro América. Entregan mapa de conflictividad al TSE. Gustavo Villagrán. 29 de julio 2015. http://www.dca.gob.gt/index.php/nacional/item/33034-entregan-mapa-de-conflictividad-al-tse

[5] CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL. REPORTE DE CAMPO NO. 2 NOVIEMBRE 2013. Nelton Rivera. “Jolom Konob”: El pueblo de Santa Eulalia y la agresión empresarial. http://www.albedrio.org/htm/documentos/CIESAS-Jolom%20Konob.pdf

[6] Prensa Comunitaria. Santa Eulalia: población en riesgo por empresa hidroeléctrica. Agosto 27, 2015. https://comunitariapress.wordpress.com/2014/08/27/santa-eulalia-poblacion-en-riesgo-por-empresa-hidroelectrica/