Guatemala Comunitaria

Por: Nelton Rivera. / desInformémonos

El Ministerio Público MP en Guatemala, solicitó recientemente el sobreseimiento de la causa penal en contra de Domingo Francisco Cristóbal Francisco, autoridad maya Q’anjob’al, el MP con esta acción luego de un año de investigación, solicitó ante la juzgadora que la persecución penal se suspenda o clausure, porque sencillamente no tienen casusa reales que justifiquen la acción penal de la justicia en contra de don Domingo Francisco, meses antes lo detuvieron y encarcelaron injustamente.

Domingo Francisco se considera uno de varios presos políticos en el país, la juez Claudette Domínguez quien preside el juzgado de Mayor Riesgo A de la ciudad capital, resolvió otorgarle el sobreseimiento y emitió la orden el día 23 de febrero 2017 al Organismo Judicial y a la Policía Nacional Civil –PNC- para que suspendan toda persecución penal en contra de la autoridad comunitaria.

En esta acusación aún quedan personas comunitarias con orden de aprensión, la jueza explicó que aún deben de presentarse ante la justicia, para solucionar su situación jurídica.

Domingo Francisco permaneció en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, a 500 kilómetros de distancia de su hogar, desde el día 28 de octubre hasta el 11 de noviembre 2016, luego la juez Claudette Domínguez resolvió que debía quedar en libertad provisional sin ningún tipo de medida de coerción y esperar 3 meses para que el MP pudiera ampliar su investigación, finalmente llego la fecha y el MP sin prueba alguna solicitó que este proceso se cerrara.

“Gracias a Dios, tuve hoy la otra audiencia, cuando la jueza señalo 10 días atrás esta nueva fecha, porque los querellantes en mi contra no se presentaron, ni la fiscalía del MP, ni el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni los oficiales del CAJ de Santa Eulalia.

Hoy por fin se presentaron los fiscales del MP, y se dio por terminado este proceso penal, la resolución de la jueza en el caso de mi persona fue favorable, hoy la juez decidió que este caso debe de terminarse.

Los paisanos y los vecinos en el área Q’anjob’al, de los municipios del norte de Huehuetenango, sabemos que allá están los defensores del territorio y de los derechos, así como nosotros, y sabemos que aún hay comunitarios con órdenes de aprensión que no han podido resolver sus casos, pero también ya hay varias autoridades de Barillas y Santa Eulalia que ya logramos resolver estas acusaciones falsas.

Así como nosotros, en Guatemala, como pueblo Maya, que habitamos nuestra Coactemalan (tierra de bosques) en idioma Nahuathl, hemos sufrido ante los tribunales, de la misma forma como nuestros antepasados lo sufrieron igual, que dieron la vida por la lucha de la defensa de los derechos humanos, como la madre tierra, defensa del territorio y la naturaleza, esto no es nada nuevo.

Vemos como ya nos están contaminando el agua, la tierra, las rocas con las minas, simplemente estamos defendiendo que otra gente no se aproveche de los recursos que son de todos, especialmente cuando llegan de otras naciones extranjeras a hacerlo.

Me siento muy contento, tranquilo, dando las gracias a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos, no solo en Guatemala si no tambien en todo el mundo, a mi familia, a los vecinos que vinieron a acompañarme, aquí estamos junto a los hermanos Rigoberto Juárez, y Domingo Baltazar, juntos hemos sufrido la cárcel, hemos sido amenazados, perseguidos y seguimos aquí, con vida, y con libertad.”

¿Por qué lo encarcelaron?

Don Domingo Francisco Cristóbal Francisco, es una autoridad reconocida por su pueblo de Jolom Konob’ (Cabeza de Pueblo en idioma Q’anjob’al), tiene 65 años de edad, el día 26 de octubre del 2016, luego de almorzar fue detenido por agentes del DEIC de la PNC en el municipio de Chiantla, Huehuetenango. Domingo Francisco regresaba de la cabecera departamental luego de participar en una movilización pacífica convocada por Comité de Desarrollo Campesino -CODECA- para exigir la nacionalización de la energía eléctrica.

Domingo Francisco fue sindicado de cometer delitos como: instigación a delinquir, plagio o secuestro, según consta en la Causa Penal No. 10915, de fecha 25-03-2015, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia, del Centro de Administración de Justicia –CAJ-, a él lo responsabilizaron por la movilización de la población ocurrida el 19 de enero 2015 en el CAJ, luego de la detención arbitraria de dos jóvenes en el municipio vecino de San Mateo Ixtatán.

Fue acusado injustamente por el ex alcalde municipal Diego Marcos Pedro, quien afirmó que había sido golpeado y obligado por don Domingo Francisco a asistir a una audiencia realizada en el CAJ en la noche del 19 de enero 2015, el ex alcalde que simpatiza con las empresas hidroeléctricas insistió en victimizarse, en su versión manifestó que más de un centenar de comunitarios lo amenazaron, agredieron y desalojaron de su casa para obligarlo a asistir al CAJ.

Durante el Debate Oral y Público en el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la juez Yassmin Barrios en 2016, comprobó que el testimonio y la acusación del ex alcalde no eran ciertos, que deliberadamente había mentido y que su testimonio, en similitud con otros 20 testigos más, la mayoría trabajadores del CAJ, todos estos testimonios fueron presentados como parte de la estrategia de criminalización de la hidroeléctrica en contra de las autoridades ancestrales y comunitarias que enfrentaron ese debate oral, al final fueron absueltos.

En una columna anterior Sí creo en su inocencia hablo de este juicio histórico.

“¿Señor Rigoberto en dónde está?, creo en su inocencia, siempre me han dicho que soy muy dura para condenar, pero con esa misma dureza lo soy para absolver y creo en su inocencia.” Jueza Yassmin Barrios.

Su abogado defensor, el licenciado Benito Morales Laynes, ha insistido en denunciar la estrategia de criminalización, que desde la instalación de las empresas, utilizando el sistema de justicia para perseguir y encarcelar a las autoridades comunitarias, ancestrales por oponerse a los megaproyectos, son y seguirán siendo juicios políticos.

En el caso de Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar y ahora Domingo Francisco Cristóbal no le queda otro camino al MP más que desistir y pedir que sean cerrados los casos, luego de un año de investigación sin poder comprobar la participación de ellos en algún delito.

Esta historia no se termina aun

Durante los últimos cuatro años, hemos presenciado la ofensiva de las empresas extractivas en el país, muchas han sido las estrategias para imponer de forma violenta la construcción de los megaproyectos y la criminalización ha sido una de las estrategias para castigar a las autoridades comunitarias o ancestrales que se oponen a las empresas.

En esta estrategia, los empresarios cuentan con el respaldo y apoyo del Estado, el Ministerio Publico –MP- perdió total objetividad en las investigaciones y desde el año 2015 persigue a las autoridades ancestrales maya Q’anjob’al en el territorio norte de Huehuetenango por defender el agua de los ríos.

Las empresas echaron mano de la cooptación de persona y de algunos liderazgos en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, con la cooptación llego la división comunitaria, misma que se reflejó en las administraciones municipales durante el gobierno de Otto Pérez Molina 2011- 2015, la de Barillas y Santa Eulalia pro hidroeléctricas.

Pérez Molina un ex general vinculado a la represión durante la guerra ahora se encuentra encarcelado por dirigir varias redes criminales y de corrupción en Guatemala, la vice presidenta de su gobierno Roxana Baldetti Elías y su ministro de Gobernación Masurio López Bonilla podrían ser extraditados a los Estados Unidos por narcotráfico, junto a Erick Archila Dehesa ex ministro de Energía Y Minas impulsaron y promovieron las actividades de las empresas extractivas en todo el país, Erick Archila por ejemplo huyo de la justicia nacional y ahora se encuentra en los Estados Unidos a la espera de ser extraditado a Guatemala.

Luego llegaron las amenazas, la desaparición forzada, la presencia de paramilitares y los asesinatos selectivos, como paso siguiente, comenzaron a aparecer las denuncias ante las fiscalías del MP en el CAJ y los juzgados en Barillas, estas denuncias avanzaron rápidamente y los jueces emitieron docenas de órdenes de aprensión, llegó la militarización, los Estados de Sitio y la prisión política.

Las empresas siguen generando acciones y estrategias para golpear a las comunidades, encarcelar a sus principales autoridades, en un escenario adverso para la movilización comunitaria, mientras los pueblos y comunidades continúan exigiendo el respeto a sus formas propias de toma de decisión, autoridad ancestral y formas propias de resolución de los problemas; en este caso el retiro de las empresas hidroeléctricas de su territorio.

En toda América Latina se están viviendo escenarios similares, con patrones comunes en las estrategias que están implementando en contra de la organización comunitaria, popular o las resistencia en todo el continente, especialmente frente a los grandes megaproyectos como en México, Honduras, Chile, Ecuador, Brasil, y otros.


Fotografía Quimy De León

 

Publicado en desInformemonos en México.

“…que no quede ninguno vivo”

Pedro García Arrendo es culpable”… con estas palabras hace un año exactamente, en la ciudad de Guatemala, en sala mayor de la Corte Suprema de Justicia el Tribunal de Mayor Riesgo B, frente a una multitud de personas de distintos pueblos del país, escuchamos la sentencia por la masacre cometida por el Estado de Guatemala en 1980. El nerviosismo lleno por completo la sala de audiencias, esta sentencia llegó dos años después de la sentencia por Genocidio en contra del pueblo Ixil contra del general José Efraín Ríos Montt en 2013.

La jueza y presidenta del Tribunal, inició por la tarde de ese histórico lunes 19 de enero, llegó el momento de la lectura del documento final, el resumen de la sentencia, haciendo uso de la palabra, y con el silencio de la multitud en la sala, abrió la audiencia a las 5 y 23 minutos de la tarde, treinta cinco años después de la masacre en la Embajada de España en 1980.

La jueza Sara Griselda Yoc Yoc de manera sencilla, sin leer un lenguaje técnico jurídico trasladó el análisis del tribunal para argumentar el porqué de su sentencia, en el caso de la “Toma y Quema de la Embajada de España” ocurrida el 31 de enero del 80.

El jefe del Comando Seis, teniente coronel Pedro García Arredondo fue condenado a 90 años de presión inconmutables, 40 años por cometer Delitos Contra Deberes de Humanidad en concurso ideal, delitos de Asesinato en Grado de Tentativa en concurso real contra el Embajador de España Dr. Máximo Cajal y López y el campesino Maya Gregorio Yujá Xoná, y el asesinato de 37 personas dentro de la Embajada de España el 31 de enero de 1980.

Cientos de personas esperaban con atención que la jueza con sus palabras llegara finalmente a la parte condenatoria, pasaron tan solo pocos minutos, que se convirtieron en largas horas de espera para quienes ahí presenciábamos la lectura, finalmente pocos minutos más tarde ocurrió, sus palabras rompieron la espera de décadas: “Pedro García Arrendo es culpable.”

Los corazones comenzaron a latir con fuerza, la respiración de cientos de personas ahí presentes en esa sala se hicieron profundas, muchas lágrimas rodaron por los rostros arados por el tiempo, hombres y mujeres maya Ixil y K’iché presenciaban como la justicia en Guatemala comenzaba a saldar la deuda enorme que aún tienen con su pueblo, varios hombres y mujeres Ixiles, hijos de quienes murieron calcinados adentro de esa embajada volvían a recordar con insistencia el reclamo de justicia, ese reclamo que los llevo a sobrevivir y a luchar 35 años ante los tribunales nacionales.

El tribunal continuo con la lectura de la sentencia, impone la condena de 50 años más de prisión inconmutables; por el asesinato de los estudiantes universitarios Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España Valle cometidos posteriormente el 2 de febrero de 1980, dos días después de la quema de la embajada.

“… estamos totalmente convencidas de la responsabilidad del señor Pedro García Arredondo como autor de los hechos que se han explicado.”

“…esta sentencia viene a ser esa agua que apaga ese incendio de esa búsqueda de justicia que han tenido los familiares de las víctimas que han tenido todo este tiempo y lo esperamos que este acto justo que hoy se dicta sea un precedente para que todo funcionario adecue su conducta al marco de la ley, al respeto de los derechos humanos, a la vida y dignidad de las personas.” jueza, Irma Jeannette Valdés.

Pedro García Arredondo es un militar que dirigió con mano dura el temido “Comando Seis” de la Policía Nacional –PN- durante la dictadura del general Fernando Romeo Lucas García (1980-1982), junto a su hermano Manuel Benedicto Lucas García quien era Jefe del Estado Mayor del Ejército, desde su comandancia se dirigió la más atroz estrategia contrainsurgente en contra del pueblo guatemalteco, miles de jóvenes, estudiantes, obreros, militantes revolucionarios, académicos, maestros, religiosos, la dictadura y el empresariado no diferencia edades, etnias, la violencia del Estado golpeo con fuerza, la más sanguinaria de toda América.

“Un testigo escuchó decir de la policía “que no quede ninguno vivo”.  Contrario a lo que se supone la policía llegó con la orden de matar al grupo de campesinos, así que quemaron la sede de la Embajada y asesinaron a 37 personas, dos lograron sobrevivir; el embajador Máximo Cajal y López quien logró escapar por sus propios medios y el campesino Gregorio Yujá que fue llevado al hospital privado “Herrera Llerandi”, estando ahí fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y después lo asesinaron. Su cuerpo fue lanzado en el Campus central de la Universidad de San Carlos.”, la universidad nacional.1

García Arrendo cumplirá 72 años de edad, de esos, lleva 3 años en la cárcel por delitos de lesa humanidad, es el único oficial de alto rango que fue condenado por la masacre de los 37 indígenas del Quiché y los estudiantes universitarios dentro de la embajada, los cuadros operativos de la Policía Nacional de menor rango, y los elementos del ejército ahí presentes ese 31 de enero del 80, así como Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor permanecen aún sin ser juzgados, Romeo Lucas al frente de la dictadura de ese entonces falleció en el 2006 viviendo un supuesto exilio en Venezuela.2

La historia de Benedicto Lucas será distinta, fue detenido en enero del 2016 junto a 18 altos mandos del ejército, está en prisión preventiva, acusado por delitos de lesa humanidad por la detención y desaparición más grande de América, 558 osamentas exhumadas en la zona militar, conocida como #CasoCreompaz o Zona militar número 21 de Cobán, Alta Verapaz.3

No es el único caso, Benedicto Lucas fue ligado a otro proceso, por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, y por la detención y tortura de su hermana Emma Molina Theissen ocurridos en 1981.4

Benedicto Lucas al igual que Pedro García Arredondo está enfrentando la justicia, junto a Benedicto están otros 18 altos mandos del ejército, unos con arraigo domiciliario, la mayoría presos en los cuarteles militares y otros aun prófugos de la justicia.

Nuevamente, estamos esperando otras sentencias, continúan los juicios históricos, continua el proceso penal de la Zona militar número 21 de Cobán, la masacre de las Dos Erres en Peten en 1982, el caso Molina Theissen, el caso del Diario Militar, en fin falta mucho aun, pero es el único camino para ir encontrando la paz en Guatemala, y la no repetición de tantas atrocidades.

Con estos procesos nace de nuevo la esperanza.

1 Quimy De León. Toma y quema de la Embajada de España: “que no quede ninguno vivo”. Prensa Comunitaria. 31 de enero 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/31/toma-y-quema-de-la-embajada-de-espana-que-no-quede-ninguno-vivo/

2 El Mundo. Fernando Romeo Lucas García, ex dictador de Guatemala. 31 de mayo 2006. http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/29/obituarios/1148920570.html

3 Nelton Rivera. Caso Creompaz: la cara de la represión y los vínculos con el gobierno. Prensa Comunitaria. 6 de mayo 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/05/06/caso-creompaz-la-cara-de-la-represion-y-los-vinculos-con-el-gobierno/

4 Quimy De León. Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años desaparecido por el ejército de Guatemala. Prensa Comunitaria. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/12/marco-antonio-molina-theissen-un-nino-de-14-anos-desaparecido-por-el-ejercito-de-guatemala/

Fotografía ABC

 

Fotografía Guatevision.

 

Fotografía Noticias de Bomberos en Guatemala.

 

Fotografía Publinews


Por Nelton Rivera, Quimy De Leon y Gaspar Nicolás.

 

La persecución penal en contra de las autoridades comunitarias y ancestrales no cesa en Guatemala, nuevamente fue detenido otra autoridad por una orden de aprensión que continuaba vigente. Domingo Francisco Cristóbal Francisco es una autoridad maya Q’anjob’al y líder comunitario, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- a eso de las 12: 25 del día miércoles 26 de octubre 2016 recién concluida la manifestación convocada por Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- en Huehuetenango de donde venía, ya que él forma parte de esta organización en el área norte.

 

Es padre de diez hijos e hijas y tiene 64 años, es agricultor, tiene un amplio trabajo comunitario, fue miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo – COCODE – en su comunidad y actualmente tiene el cargo de Asesor del Comité Protector del Medio Ambiente, es miembro del Gobierno Ancestral Local Jolom Konob’. Además es presidente de la organización Pro justicia en el municipio de Santa Eulalia.

 

A don Domingo se le acuso injustamente de varios delitos graves como “Plagio o Secuestro”, e instigación a delinquir, la acusación la realizaron trabajadores del Centro de Atención de Justicia CAJ de Santa Eulalia, los jueces, fiscales del MP, trabajadores del OJ, del Bufete Popular y administrativos, lo más relevante de este caso es que el Tribunal de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios resolvió que esta acusación no tenía sustento jurídico y que se apartó el Ministerio Publico de toda objetividad en la investigación, una de las resoluciones de la jueza fue confirmar que estas acusaciones solamente sirven para criminalizar a las autoridades comunitarias y que los supuestos agraviados solo mintieron en el tribunal. “Sí creo en su inocencia” 

Por esta misma causa penal ya fueron juzgados y absueltos siete autoridades comunitarias este año, pero la orden de aprensión contra otras personas siguió abierta a pesar de varios recursos presentados por el equipo de abogados que conocen esta proceso penal, a criterio del abogado Benito Morales Laynes estas ordenes de aprensión son completamente ilegales, el juez de turno y un fiscal del Ministerio Público en la capital violentó el debido proceso en el mes de abril del 2015 al emitirlas, el juez Victor Herrea Ríos no podia conocer este caso porque un juzgado en Huehuetenango ya lo estaba haciendo.

 

La detención

 

Domingo después de la manifestación se encontraba en uno de los comedores el mercado municipal donde pasaron a almorzar.  Según testigos llegaron a llamarle y le apartaron de las mujeres del grupo que le acompañaba. Quienes no lograron ver si le mostraron algún documento u orden de detención, solo le hablaron y lo subieron al vehículo particular. Él había pasado a almorzar en un comedor del municipio de Chiantla y al salir lo estaban esperando los agentes de la DEIC.

 

 

Al parecer ya existía una orden de detención en su contra en donde se le acusa de instigación a delinquir, plagio o secuestro según Causa No. 10915, fechado 25-03-2015, emanado del Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia departamento de Huehuetenango, firmada por el abogado Otto Felipe Vásquez Vásquez Juez de primera Instancia del Municipio de Santa Eulalia.

 

Por la noche fue escuchado por un juez y luego trasladado a Huehuetenango, se sabe que durante la madrugada iba a ser trasladado a la ciudad capital, a primera hora del jueves 27 de octubre fue trasladado a la Torre de Tribunales en la ciudad capital, lo subieron al nivel 14, en la secretaria del Juzgado de Mayor Riesgo A presidido por la juez Claudette Domínguez, el juzgado no lo escucho en su 1ª. Declaración y la programaron dentro de una semana, don Domingo a medio día fue trasladado al Centro Preventivo para hombres de la zona 18, ahí permanecerá mientras la jueza lo llama a audiencia.

 

¿Quién es don Domingo Fracisco?

 

Es originario del Caserío Yula’ Is, Yal Temux (Temux Chiquito), es una autoridad ancestral junto a Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo expreso político por la misma cusa, la defensa del agua.

 

Es un defensor de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, inició con sus labores humanistas desde los 18 años de edad en el año de 1970 fue uno de los promotores de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, junto a varios líderes y autoridades comunitarias más.

 

Don Domingo fue uno de los copromotores de la creación del Centro de Administración de Justicia CAJ en el territorio Q’anjob’al, específicamente en Jolom Konob’ (Santa Eulalia), paradójicamente ahora fue encarcelado por una denuncia de los trabajadores de este centro.

 

Fue copromotor de las organizaciones “Asociación Pro-justicia” y el “Consejo Asesor Indígena” a las cuales pertenece actualmente. Al mismo tiempo es copromotor y participante activo en la reconstitución de las Autoridades Ancestrales de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ a través del Payxail Yajaw Konob’/Gobierno Ancestral Plurinacional.

 

Formo parte del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en el norte de Huehuetenango, fundador del movimiento social por la defensa del territorio que ahora es la representación de las Autoridades Ancestrales de Jolom Konob’ “Payxa Yajawil Jolom Konob’”

 

Copromotor de la Consulta Comunitaria de Buena Fe por el desarrollo de mega-proyectos en el territorio, llevada a cabo el 29 de agosto del año 2006, junto al héroe y mártir Q’anjob’al Daniel Pedro Mateo, conocido con cariño como Daniel Maya.

 

Durante el conflicto armado interno de Guatemala, fue objeto de discriminación y encarcelamiento por sus labores en la defensa de los derechos humanos y del territorio.

 

En el año 1982 rescató el registro civil y los documentos de administración municipal de un incendio, y en varias ocasiones en que el ejército de Guatemala intentó llevárselos, actos que le han dado reconocimiento en el pueblo por su heroísmo y determinación.

Fue el primer concejal municipal en 1982.  Su formación política y social ha sido a través de su trayectoria en las luchas sociales, participación en talleres de formación, sin embargo, a pesar de su grado académico, se ha dedicado a la lectura de numerosos libros, y es pastor evangélico.

 

Fue uno de los fundadores de la Asociación Microrregional “ACODEY” de donde surgió una academia de mecanografía y computación que brinda sus servicios en su comunidad.

 

En resumen estos son cuarenta y seis años de trabajo comunitario, liderazgo y representación de la nación Q’anjob’al que le permitieron ganarse el respeto, confianza y admiración de muchas generaciones.

 


 

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Quimy De León.

El presidente y comediante Jimmy Morales junto al vicepresidente Jafeth Cabrera y su gabinete, decidieron sorpresivamente este 20 de septiembre suspender las garantías constitucionales como la libertad de expresión, acción y locomoción, además el gobierno podría hacer compras a discreción sin necesidad de cotizaciones o licitaciones. Todo esto bajo el argumento de que por las lluvias la población corría riesgos.

Las críticas no se hicieron esperar y al día siguiente el vicepresidente anunció que sería anulado el decreto gubernamental.

Ellos fueron electos como presidente y vicepresidente en el 2015, y desde el inicio de su gestión han tenido protagonismo político ínfimo, al punto que parecía que gobernaban en el adormecimiento. Todo mundo sabe que carecían de un plan de gobierno y de equipo de trabajo.

¿Qué fue lo que pasó?

El 19 de septiembre Jimmy arremetió contra los medios de comunicación, pues se siente cuestionado, ya que en las últimas semanas había sido motivo de escándalo pues su hijo y hermano están involucrados en el caso de corrupción llamado “Botín Registro de la Propiedad” donde hay más de 17 personas en la cárcel. Jafeth Cabrera también ha sido señalado por nepotismo y crearse una nueva vida de aparente derroche.

También ha sido motivo de críticas su cercanía con militares de dudosa reputación, los intereses empresariales que están expresados en el gobierno, parte de sus funcionarios vienen del gobierno del Partido Patriota y la presencia evidente de los intereses de los Estados Unidos.

Entonces anuncian la suspensión de garantías constitucionales que serían efectivas mediante un Estado de Prevención (decreto 5-2016) con vigencia de 15 días para todo el territorio nacional. El argumento era absurdo y estaba basado en el peligro que las lluvias provocarían en particular en algunas zonas que nunca especificaron, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-.

A todo esto, la población se quedó estupefacta por la medida autoritaria y sin sentido, la pregunta sigue siendo ¿cuál fue el trasfondo para tomar una medida de tremenda magnitud?

¿Cuál ha sido la dinámica para imponer Estados de prevención y de sitio?

En Guatemala implementar Estados de Sitio o de Prevención para limitar las garantías constitucionales ha sido una medida utilizada con la finalidad de controlar y reprimir a la población. Fue una práctica común durante los gobiernos dirigidos por militares en los años de la guerra fría y las dictaduras.

La narrativa violenta a la que hemos asistido en los últimos años en Guatemala han sido de implementación del modelo neoliberal y extractivista, conocido como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2,004) que basa la necesidad de explotar la naturaleza a costa de lo que sea, principalmente del uso de la violencia. Esto ha quedado claro en diferentes lugares donde se han tratado de implementar megaproyectos como los monocultivos para la agroindustria, las hidroeléctricas, la minería a cielo abierto, plantas cementeras, petroleras entre otras.

En estos casos ha habido tres actores fundamentales en tensión: el Estado, las empresas y las comunidades. Aunque también han participado otro tipo de actores no estatales con actividades clandestinas y criminales, que no siempre ha quedado claro su papel.

El papel del Estado en esta etapa ha sido crear las condiciones para la implementación del modelo a beneficio de las grandes empresas, incluso en detrimento de si mismo, de la naturaleza y de la población. Se ha hecho uso de la fuerza pública para reprimir y crear terror a la población organizada que se niega al modelo por considerarlo nocivo. Para lograrlo han llegado al extremo de imponer Estado de sitio y/o de prevención.

Una breve mirada para atrás

La aplicación de medidas represivas como los Estados de Excepción y de Sitio que obvian incluso los marcos legales existentes, les permite actuar con eficacia y rapidez para imponer proyectos de carácter económico. En estos casos el Estado no actúa solo, también participan estructuras paralelas y privadas, relacionadas con las empresas. Algunos ejemplos ocurridos en la historia reciente:

  • 2014 Estado de Sitio en San Juan Sacatepéquez durante el gobierno del Partido Patriota para imponer un proyecto cementero de Cementos Progreso S.A. y la construcción del anillo regional al que la población organizada se oponía.
  • 2013 Estado de Prevención San Rafael Las Flores durante el gobierno del Partido Patriota para beneficiar a la minera San Rafael.
  • 2012 Estado de Sitio en Barillas durante el gobierno del PP para beneficiar una hidroeléctrica española que buscaba imponerse pese a la oposición de más de 300 comunidades.
  • 2011 Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez durante el gobierno de la UNE dirigido por Álvaro Colom a beneficio de la empresa Cementos Progreso que buscaba implantarse en el municipio pese a la oposición de 12 comunidades.

 

En todos los casos la implementación de Estados de Sitio tuvo como objetivos al menos estos tres:

  • Defender los intereses económicos empresariales
  • Profundizar el proyecto militar de control y terror
  • Debilitar, neutralizar y desarticular la organización u oposición al este modelo.

El Estado en estos casos echó mano del ejército, policía nacional civil y policía privada para reprimir directamente. Esto permitió detenciones injustas e ilegales de muchas personas con lo cual se requirió la participación del Ministerio Público y Organismo Judicial. También hubo personas asesinadas y otras perseguidas y reprimidas. Por si fuera poco la población tuvo que vivir durante los Estados de Sitio o prevención persecución, hostigamiento, “listas negras”, división y control comunitario, abuso sexual hacia las mujeres, control físico y psicológico, allanamientos de casas, desplazamiento forzado entre otras.

Además, el sistema de justicia y los tribunales ignoran la responsabilidad del Estado, los  cuerpos de seguridad y paramilitares en los hechos violentos y la arbietrariedad en la aplicación de este tipo de medidas.

 Lo que nos espera

La aplicación del Estados de Prevención que decretó este gobierno es una forma de violencia política que significa censura, represión y control. Ya que se querían permitir el uso de la fuerza para reprimir cualquier forma de manifestación y crítica.

Lo extraño es que hasta este momento del gobierno no ha habido manifestaciones públicas ni oposición abierta desde organizaciones sociales a su gestión. A excepción de las organizaciones territoriales y comunitarias que se mantienen en alerta permanente por el asedio de la industria extractiva y los cobros excesivos de energía eléctrica por mencionar algunas. Lo que si ha habido es cuestionamientos evidentes, críticas e investigación desde algunos medios hacia la gestión débil y la evidente voracidad personal con que inician su gestión y manejan su posición de poder y acceso a recursos.

Parece ser que con este Estado de prevención habían encontrado una salida para resolver su propia crisis, resultado de la incapacidad para llevar la gestión y la opinión pública frente a los señalamientos de corrupción prematura.

Buscaban torpe y autoritariamente fortalecerse mediante el control del orden público, metiendo miedo y logrando evitar la crítica abierta y la investigación hacia los ya evidentes malos manejos.

Dado el ambiente que estamos, no deja de parecer también una medida para hacer negocios sin control, ya que como vimos la aplicación de medidas extremas como los Estados de Prevención siempre hay intereses económicos de fondo.

No deja de llamar la atención el silencio de La Embajada de los Estados Unidos, tan preocupada últimamente por la calidad de nuestra democracia. ¿Estaría enterada de lo que se iba a producir? Quién sabe.

En definitiva, con esta acción podemos empezar a comprender el tipo de régimen que pueden llegar a ser con Jimmy Morales y Jafeth Cabrera al frente y el uso de la violencia que pueden llegar a utilizar.

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Fotografía de Nelton Rivera.

 


Por: Nelton Rivera.

Nuevas amenazas contra la integridad de Aura Lolita Chávez, fueron realizadas públicamente en el parque central del Quiché en una concentración en apoyo al INAB.

Aura Lolita Chávez es una mujer maya Kiché que forma parte del Consejo de Pueblos Kichés CPK, es una mujer fuerte que ha sabido representar los intereses del pueblo maya Kiché y la organización de las comunidades.

Una de las luchas que el CPK que ha realizado durante muchos años es la defensa de los bienes naturales del departamento, la instalación de empresas extractivas ha generado una fuerte problemática social en los últimos años. Recientemente las comunidades se organizaron para denunciar la tala inmoderada e ilegal de los árboles en el departamento, algunos camiones de empresarios madereros que se dedican a la extracción ilícita fueron detenidos por la organización comunitaria.

Esta lucha despertó el descontento de empresarios y representantes de los programas del INAB, quienes dirigen una campaña de difamación y odio contra la líder comunitaria.

La tala inmoderada e ilegal de los arboles

Las autoridades gubernamentales nada han hecho frente a las múltiples denuncias hechas por las autoridades comunitarias, instancias como el Instituto Nacional de Bosques INAB lejos de jugar el rol que le corresponde en promover el manejo y cuidado de los bosques se ha visto envuelto en denuncias de corrupción al facilitar la tala ilegal de los bosques.

El día 4 de julio del 2016 fueron trasladadas personas de distintos lugares del departamento para manifestarse en el parque central de Quiché, en un acto abiertamente en apoyo al INAB, varios oradores con un mensaje violento amenazaron en reiteradas ocasiones a Lolita Chávez.

En distintos momentos se escucharon consignas en defensa del INAB en el departamento, durante la duración del mitin los mensajes subieron de tono a un nivel amenazador promoviendo un mensaje de odio contra la líder comunitaria.

Las amenazas contra Lolita Chávez

“Denme una I, denme una N, denme una A, denme una B… que dice INAB, mas fuerte INAB” se repetía por un grupo de personas que llegaron hasta el parque central.

“Que se vaya o que se quede… que se vaya! Y quien se va a ir del departamento? Lolita Chávez! Repetían una y otra vez promovidos por una persona que dirigió buena parte de los mensajes contra la Lolita Chávez.

En otros momentos los señores Jorge Quezada representante de regentes forestales, Vitalino Muchuch, representante de Silvicultores y Benedicto Pérez Azañon, representante de la RED PINPEP fueron algunas de las personas que haciendo uso de un sonido, lanzaron serios mensajes en contra de la líder comunitaria, insultos, amenazas, difamación y expresiones misóginas fueron la constante de estas personas.

Los tres señores que arengaron mensajes de odio hacia Lolita Chávez y varias amenazas, fueron los mismos que introdujeron una nota en la casa de ella, citándola a una reunión de dialogo junto al gobernador departamental del Quiché, Clemente de León a las 11 de la mañana en el salón de reuniones en el segundo nivel del banco BANRURAL.

Distinto al carácter de la nota, los tres personajes Jorge Quezada, Vitalino Muchuch y Benedicto Pérez Azañon se encontraban en el parque central lanzando amenazas públicamente contra la representante del CPK.

Agresiones en el Parque Central de Quiché promovidas por INAB

Video agresiones contra Lolita chavez

Estas son imágenes de algunas de las personas que hicieron uso del sonido durante la movilización organizada en contra de Lolita Chávez.

 

Que está pasando con la tala ilegal de bosques

Recientemente la última semana del mes de junio, varios camiones que transportaban madera talada ilegalmente en el departamento fueron detenidos por las comunidades, tal es el caso de un camión propiedad de Oscar Montealegre, quien acusó públicamente que la organización comunitaria recibe financiamiento de organismos internacionales para realizar las manifestaciones.[1]

El día 23 de junio varios periodistas que cubrieron el caso de uno de los camiones que transportaba madera y que fue detenido por la población se trasladaron hacia el municipio de Chichicastenango  buscando entrevistar a los representantes de los programas del INAB y a representantes del mismo instituto, ese mismo día realizaban una actividad en ese municipio, y los periodistas buscaban entrevistarlos sobre los camiones que transportan madera de manera ilegal. Al llegar a la altura del Km 153, en la Aldea Lemoa, rumbo a Chichicastenango desde una camioneta agrícola realizaron un disparo al pasar a un costado del vehículo que transportaba a los periodistas, así lo narro Héctor Cordero de Guatevision.[2]

[1] Entrevista realizada por el Canal 4 Quiche a empresario maderero. 23 de junio 2016.

[2] Entrevista realizada por el Canal 4 Quiche a periodistas que sufrieron de agresión. 23 de junio 2016.


Por: Quimy De León y Nelton Rivera.

La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales

La empresa minera EXMINGUA sigue operando de manera ilegal en San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo en el proyecto minera “El Tambor” Progreso VII Derivada, este lunes 9 de mayo, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y Ministerio Publico MP, detuvieron a varios trabajadores de la empresa minera, en total cuatro trabajadores que se transportaban en un Pickup agrícola MAZDA color gris que coincide con el vehículo placas P176FNS. Pretendían transportar 19 sacos grandes con oro y plata semiprocesados, ese mismo vehículo de la empresa anteriormente ha ingresado y salido con toneles y costales desde la mina “El Tambor”.[1]

Con la detención de 4 trabajadores mineros quedó evidenciado que la empresa EXMINGUA sigue operando, hoy continuaban sacando minerales con este vehículo desde el interior de la mina, a pesar que la CC y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc ordenó el cierre de la mina, esta empresa forma parte de Kappes Kassiday & Associates KCA una empresa que tiene sede en Reno California en los Estados Unidos.

Los vecinos de ambos municipios, denunciaron que los trabajadores de EXMINGUA sacan por bultos el mineral y lo colocan en el pickup para movilizar luego los minerales a las bodegas en donde lo almacenan, al momento de ser detenidos se les incautaron más de 10 sacos que podrían contener varios minerales, entre estos oro y plata, para la empresa ha sido complicado sacar los cargamentos de mineral en grandes camiones por eso emplearon un helicóptero en el mes de marzo para hacerlo, finalmente hacen viajes cortos con sus vehículos transportando los sacos.

El pickup de la empresa está detenido en la subestación de la policía en el centro de San José del Golfo, quienes iban en el carro podría ser trasladados a la Torre de Tribunales en el Organismo Judicial en la ciudad capital para ser procesados.  Todavía no se conoce los nombres de los detenidos.

El Ministerio Público confirmó la detención 4 personas trabajadores de la empresa minera: “Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. más conocida como La Puya, luego de se les fuera localizados en el interior de un vehículo, 19 costales de concentrado de oro y plata. De acuerdo con las investigaciones del MP y dictámenes técnicos, los mismos están valorados en la cantidad de 100 mil dólares.” El total de los 19 sacos que eran trasladados fuera de la mina podría alcanzar un monto de $1,900,000.00 mil dólares o su equivalente a Q14 millones 600 mil quetzales.

En Prensa Libre se confirmó los nombres de los detenidos: “Edwin Rubén Díaz Veliz de 23 años; Julio Macario Valle, 30; Wilder Sandoval Revolorio, 31 y Miguel Ángel García, 46.” Todos trabajadores de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A.

Breve Cronología de la actividad de una minera

Una licencia de exploración y explotación es otorgada a “Progreso VII Derivada, Mina El Tambor” durante el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina en el año 2011.

Organización y resistencia pacífica

Las comunidades de San Pedro Ayampuc y de San José el Golfo llevan desde 2011 oponiéndose a las intenciones de la empresas transnacionales como la canadiense Radius Explorations Ltd. Y la sudafricana Gold Field Inc. Quienes posteriormente cedieran sus derechos a la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates -KCA-Exploraciones Mineras de Guatemala -Exmingua subicidiaria de ambas empresas son quienes tienen la tarea de poner en marcha el proyecto minero El Tambor I (Progreso 7 Derivada).

Resultado de esta oposición organizada han sido los atentados sufridos por sus líderes y lideresas, como el intento de asesinato en julio de 2012 de Yolanda Oquelí en donde resultó gravemente herida.[2]

El 2 marzo de 2012 instalaron un plantón pacífico en el lugar conocido como “La Puya”, la organización comunitaria vio nacer al Frente Norte del Área Metropolitana -FRENAM, con el que desde entonces han impedido la puesta en funcionamiento de la mina, a base de su mera presencia y de sus cánticos religiosos.[3]

Tanto la empresa como el Gobierno han intentado acabar con esta muestra de resistencia pacífica, pues se fue convirtiendo en un ejemplo para las luchas en todo el país.

La resistencia pacífica en “La Puya” lograría el incumplimiento de los trabajos dentro del plazo de un año de la licencia de exploración, sin que las empresas KCA y EXMINGUA realizaran trabajo alguno. El silencio cómplice de la Embajada de los EEUU frente a las agresiones de la empresa KCA y el Gobierno guatemalteco quienes han intentado de forma violenta acabar con esta muestra de resistencia pacífica.

Así, la empresa implementaría una nueva fase de violencia contra las comunidades, un sinfín de hechos de violencia, intentos de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Atentados armados, abusos físicos contra las mujeres, insultos, amenazas, difamaciones, intimidaciones, racismo, discriminación y acciones homofóbicas fueron parte de las agresiones de los personeros de la empresa y sus trabajadores que fueron documentadas y publicadas a través de diversos medios de comunicación.

Criminalización de la protesta

Con denuncias de dos supuestos trabajadores mineros y declaraciones del gerente de la EXMINGUA, el coronel del ejercito Mario Ricardo  Figueroa Archila como “testigo”, la empresa KCA – EXMINGUA buscaron criminalizar y judicializar a varias personas, además de desarticular con estos procesos la resistencia comunitaria.

A este proceso se suman las declaraciones de Marco Tulio Garrido Aquino, de Erick Adoni Gálvez Rivera, ambos trabajadores de EXMINGUA, como acusadores, y la declaración de los “testigos” Gerson Miseal Garrido y José Alejandro Ávila Mérida.[4]

Un Tribunal resuelve que se suspenda la licencia de construcción de la mina

La comunidad de la resistencia pacífica “La Puya“ a través de sus Alcaldes comunitarios lograron el 15 de julio de 2015 que un Tribunal de amparo resolviera a su favor y que se suspenda la licencia de construcción del proyecto minero PROGRESO VII DERIVADA mina El Tambor de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA – EXMINGUA

Este amparo había sido puesto contra la municipalidad de San Pedro Ayampuc por los Alcaldes comunitarios de las comunidades El Guapinol y El Carrizal, con el apoyo de la Asociación de Abogados Mayas.

Por lo que el Juzgado tercero del ramo civil ordena al Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Ayampuc suspender actividades de construcción de proyecto minero Progreso VII derivada, también ordena que se realice la consulta de vecinos.

Suspensión provisional de licencia de explotación minera de la empresa

La Corte Suprema de Justicia – CSJ el 22 de febrero de 2016 notificó su decisión de suspender provisionalmente la licencia de explotación minera de la empresa Kappes Kassiday & Associates (KCA de los Estados Unidos) y su filial en el país, la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA S.A.), por considerar que se violó el derecho de consulta de los pueblos en 2011.

A partir de ese día le empresa no debía seguir explotando ningún mineral en toda el área que comprenden los 20 kilómetros cuadrados de la Mina El Tambor, especialmente oro y plata, tan solo unos meses atrás la Municipalidad de San Pedro Ayampuc también ordenó la suspensión de los trabajos por no contar con la licencia municipal para hacerlo, en respuesta la empresa rompió la medida municipal y siguió trabajando.

La decisión de la CSJ se debe luego de analizar un recurso de amparo planteado por la el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y la resistencia pacífica de La Puya en el mes de agosto del 2014, quienes plantearon que el otorgamiento de la licencia de explotación se dio por el MEM sin haber realizado la consultada a las comunidades.

“CALAS interpuso el recurso en contra del ministro Erick Archila por el otorgamiento de la licencia minera de explotación, consideramos que el ministro había afectado el derecho de consulta a los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo, que se establece en el Convenio 169 de la OIT”

A partir de la resolución de la CSJ el Ministerio de Energía y Minas deberá verificar que la empresa KCA-EXMINGUA no realice ningún trabajo de explotación en el área.

“… se decreta el ampara provisional en virtud que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, como consecuencia se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo en el departamento de Guatemala denominada Progreso VII Derivada… Por lo que se ordena a dicha autoridad, remitir el expediente original dentro del plazo de 48 horas notificada la presente resolución bajo apercibimiento que de no cumplirse certificara lo conducente a donde corresponde…”

Según el gobierno central esta suspensión no procede y todo le da igual: el asesor jurídico del Ministerio de energía y minas Rogelio Zarceño dijo que “La Corte Suprema de Justicia manda a que suspendamos el otorgamiento, pero si ya está consumado el acto… ya no se puede hacer más”[5]

 Además opinan sobre las consultas comunitarias que estas no son vinculantes y que si la población dice que no, de todos modos el Ministerio puede otorgar licencias. [6]

 La minera siguió explotando minerales

 La empresa minera Kappes Cassiday & Associated – KCA y su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala – Exmingua continuaron con la actividad extractiva y de explotación.

 Otras empresas privadas involucradas en extracción ilegal

 En el mes de marzo EXMINGUA contrató a una empresa para continuar extrayendo el mineral que están explotando de la mina El Tambor, esta vez lo hicieron por aire, un helicóptero color azul con calcomanías celestes y blancas siglas TG-CHA Aerospatiale 350B3 Ecureuil  (3888 F-WWXD, TG-GEA [3], TG-CHA)[7]  tripulado por dos pilotos realizó una serie de viajes a una distancia de 15 minutos cada uno.

 Por desacato Calas solicita un antejuicio contra el ministro de Energía y Minas

 Por negarse a cumplir la orden de amparo provisional de que se detengan las operaciones de la minera se solicitó un amparo contra el ministro Pelayo Castañón este 2 de marzo, ya que se estaría incurriendo en un delito de explotación ilegal de recursos, como está en el artículo 346 del Código Procesal Penal. Esto además implicaría el delito de instigación a delinquir, por lo que Calas pidió que se le retire la inmunidad a este funcionario y que se cumpla con el amparo provisional.

 Agresión al Plantón de la Puya frente al MEM

 El día 29 de abril 2016 en horas de la noche miembros de la resistencia, denuncian que vehículo con placas P-072DRK, embistió al plantón ubicado en las afueras del Ministerio de Energía y Minas y luego se dio a la fuga, de ese hecho resultaron varias personas heridas y se registró la destrucción parcial del campamento de la resistencia.

 La Corte de Constitucionalidad rechaza apelación de minera

 Se suspenden operaciones y queda en suspenso la licencia de exploración minera según resolvió la Corte de Constitucionalidad – CC al rechazar este 5 de mayo la apelación de Exploraciones Mineras, S.A., y del Ministerio de Energía y Minas – MEM. Es obligatorio realizar la consulta a las comunidades sobre este proyecto según el convenio 169.

 Esto además confirma el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia – CSJ al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social – Calas el 11 de noviembre del 2015.

 CALAS debe verificar que la mina Progreso VII Derivada haga efectiva la suspensión de operaciones desde que sean notificados de esta resolución, de lo contrario la CSJ debe actuar.



[1]  Información del Abogado Rafael Maldonado de CALAS. https://twitter.com/rafa_calas/status/729746543817805824

 

[2] “Acción urgente: Yolanda Oquelí, dirigenta guatemalteca opuesta a una explotación minera sufre atentado en Guatemala”. Amnistía Internacional, http://www.amnistia.org.pe/yolanda-oqueli-sufre-atentado-en-guatemala/

[3] “La fuerza de la comunidad frente al capital transnacional de la minería” Nelton Rivera, 22 marzo 2013,  http://comunitariapress.blogspot.mx/2013/03/la-fuerza-de-la-comunidad-frente-al.html

[4] Intervención de la agente Fiscal Blanca Araceli Monzón Soto. 3 de diciembre 2013.

[5] Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[6]Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[7] Complete (Historical) Civil Rotorcraft Register of Guatemala, 30 de Abril 2016. http://www.rotorspot.nl/historic/tg.php

 


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La existencia de presos políticos en un país es un claro síntoma de la falta de libertades políticas en la defensa de derechos humanos, de la vida y de los recursos naturales, una situación propia de las dictaduras o de los regímenes no democráticos.

De forma conjunta Prensa Comunitaria, Festivales Solidarios, Tierra Lanuda, Realizadores Tzikin, Raquio Snuq’ Jolom Jonob’ y Grupo de Mujeres Ixchel lanzamos la campaña internacional: “Libertad para los presos políticos en Guatemala”, una campaña que visibiliza y demuestra la persecución y la criminalización contra autoridades indígenas y líderes comunitarios, miembros de resistencias y organizaciones comunitarias en defensa de los derechos humanos, la vida y los recursos naturales.

Esta es una acción de nosotras y nosotros que amamos la vida y lo hacemos desde lo que sabemos hacer, es decir, el periodismo independiente comunitario y alternativo y el arte para tomar conciencia y construir una sociedad antiautoritaria, solidaria e incluyente. Invitamos a todas y todos a sumarse y denunciar estas gravísimas violaciones a los derechos humanos en Guatemala.

Ellos no son delincuentes, son defensores de la vida.

¡Libertad para los que defienden la vida, el agua y los recursos naturales!
¡Libertad para los presos políticos!

#LibertadParaLosPresosPolíticos

Tello VillatoroArturo PabloRigoberto Juárez (2)
Francisco JuanHermitaño LópezDomingo Baltazar

Publicado en Guatemala


Prensa Comunitaria Km 169

Por Nelton Rivera.

Doña Petrona es una mujer Q’eqchi de 75 años de edad, cuando ella tenía 41 llegó el ejército a su comunidad y tomo control de las otras comunidades en Panzós Alta Verapaz en 1982, ella recuerda ese año porque fue cuando comenzó la represión del ejército.

“Llegaban los soldados a buscar a la gente a las comunidades y se los llevaban y nunca más los volvimos a ver.”

Las comunidades se organizaron en la década de los años ochenta para solicitar al Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) legalizara las tierras a favor de la población, esto motivo que los terratenientes en la región con intereses concretos en las tierras los denunciaron de pertenecer a la guerrilla, a partir de esa denuncia llegaron los militares.

Durante el juicio realizado para esclarecer los delitos cometidos por el ejército en Sepur Zarco y Panzós a partir del caso “Sepur Zarco”, varios sobrevivientes y testigos narraron como el ejército llego a las comunidades, haciendo uso de listados ubico a los hombres, los detuvo y los desapareció, luego regresó por las mujeres, las esclavizó y las violó constantemente.

Muchas familias al comprender que correrían la misma suerte decidieron huir a las montañas para sobrevivir, el ejército respondió enviando patrullas a buscarlos, también hizo uso de artillería pesada sobre la montaña y a la aviación para atacarlos, muchos niños murieron de hambre y enfermedad.

El ejército asesino a su esposo y ella para sobrevivir tuvo que entregarse al destacamento militar de Sepur Zarco, fue esclavizada para trabajar al servicio del ejército, fue violada múltiples veces por los militares.

Luego de 34 años de buscar la justicia, finalmente doña Petrona dio su testimonio ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, los dos militares acusados fueron condenados el día 26 de febrero de 2016, el primero fue el comandante del destacamento militar, el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón, el segundo fue comisionado militar, Heriberto Valdés Asij, conocido también como el canche Asij.

A Reyes Girón el tribunal lo condenó a 120 años de prisión por los delitos contra los deberes de humanidad durante los años 1982 y 1983, por esclavitud y violación sexual de mujeres Q’qchis y el asesinato de doña Dominga Cuc y sus dos hijas. Al “canche Asij” a 240 años de prisión por la violación y esclavitud sexual de 11 mujeres Maya Q’eqchi y la desaparición forzada de siete de los esposos.

Solamente un oficial y un comisionado militar fueron juzgados, quince fueron las mujeres Q’eqchis las querellantes en el juicio, pero fácilmente el número de mujeres que sufrieron lo mismo puede llegar a sobrepasar el número de sesenta[1], quizás este juicio podrá abrir el camino para que las demás mujeres y familias afectadas busquen justicia, quizás el MP amplié la investigación a los otros autores materiales e intelectuales, altos mandos del ejército o a civiles como los terratenientes que también participaron de forma directa o indirecta.

***

Doña Petrona contó su historia

Doña Petrona se casó con Mario Mes Chub, juntos tuvieron a cuatro hijos, Candelaria, Juan, Abelino y Margarito Mes Choc, construyeron su hogar en Panzós Alta Verapaz. El día 2 de febrero 2016 ella llegó al Tribunal de Mayor Riesgo A para dar su testimonio sobre todo lo vivido durante la guerra.

Su cabello ya es de color gris, sus canas brillaban reflejando la luz de la sala, iban recogidas con una cola de elástico con dos pelotitas rosadas, una frazada de colores cubre su espalda y una toalla rosada está en una de sus manos con la que contuvo muchas veces sus lágrimas mientras le explicaba al tribunal cada uno de los terribles momentos que vivió.

La juez Yassmin Barrios, presidenta del tribunal le explicó que ella llegó para hablar de “la represión, control, desapariciones forzadas, violencia sexual, violencia generalizada en la comunidad La Esperanza, municipio de Panzós Alta Verapaz y sus alrededores, ejercida por miembros del ejército de Guatemala, comisionados militares, colaboradores del ejercito e integrantes de las patrullas de autodefensa civil.”

Sobre los dos acusados, al coronel Reyes Girón, el otro el comisionado militar “el canche Asij”, ella los conoció en el pasado, aunque aclara que los nombres completos de ambos no los sabia hasta que la presidenta del tribunal se los mencionó.

Doña Petrona no recuerda la fecha exacta de su nacimiento, en su papel de identidad esta la fecha, afirmó. Nació en la jurisdicción de Carchá Alta Verapaz, junto a su esposo para buscar su sobrevivencia decidieron ir a trabajar la tierra en Panzós, juntos construyeron su casa en la Aldea La Esperanza.

No recuerda la fecha exacta, hora, día y mes cuando llego finalmente al destacamento militar de Sepur Zarco, no tuvo forma de memorizar las fechas.

“no sé leer ni escribir, de haber sabido hubiera registrado esas fechas. Recuerdo que fue en 1982 cuando huimos a la montaña y que fue el año de 1983 cuando regresé y estuve en el destacamento.”

Así comenzó a narrar su historia…

***

Los T’zultaka de la Montaña les dieron refugio y protección

“En el año de 1982 nosotros nos fuimos a refugiar a la montaña, en esa época lo que sucedía es que llegan a las comunidades los militares y se llegaban a llevar a las personas, se los llevaron en camiones y así fue como nosotros comenzamos a ver que hacíamos para sobrevivir y así huimos.”

Para los mayas Q’eqchí, Achí y Pocomochí en Guatemala y Belice, T’zultaka es el dios del maíz, de las alturas, de las profundidades y de la abundancia de los animales, habita en los cerros y en las montañas[2], por lo tanto es el protector de la montaña.

Doña Petrona cuenta como su casa estaba divida en dos áreas principales, la mitad estaba dedicada a una tienda que tuvieron y para almacenar el maíz y las mazorcas que estaban cosechando en aquella época, la otra área era prácticamente para la vivienda. Recuerda que todavía les faltaba cosechar 10 tareas de milpa el día que llegaron los soldados a la comunidad.

“Mi finado esposo nos dijo que teníamos que huir y vimos que podíamos llevar, teníamos 4 hijos los más pequeños llevaban las bolsas de azúcar y aguas gaseosas, con lo que podían cargar y así nos fuimos a refugiar a la montaña.

Cuando nos agarraba la noche nos enrollábamos en unos nylons, nos lluvia todo el tiempo, los usábamos para protegernos del agua y de los insectos, todo esto que nos ocurrió no me lo estoy inventando, yo lo viví, cuando los soldados nos encontrabran, volvíamos a huir, usamos los ríos para caminar, porque en la montaña no habían caminos.”

Don Mario Mes y ella tenían en aquella época 8 tareas de tierra, que son 8 cuerdas de terreno, doña Petrona afirma que pelear por la tierra, por esa tierra que tenían, más las otras parcelas de las demás familias de la comunidad molestó a los terratenientes, porque poco a poco la gente tuvo sus propiedades, sus inmuebles, animales y negocios, describe que ellos tenían cacao, maíz, frijol y que cuando llegó la represión lo tuvieron que abandonar todo.

Su finado esposo le decía “que les vamos a dar de comer a nuestros hijos, él se iba a buscar algo que el mismo monte nos daba, yerbas, a veces él encontraba caña y eso le dábamos a nuestros hijos, porque eso era lo único que encontrábamos.” Su voz en ese momento se quebró, la toalla rosada en su mano limpió de su rostro sus lágrimas.

De 1982 a 1988 aproximadamente, los T’zultaka de las montañas protegieron a un sin número de personas Q’eqchís; ancianos, mujeres y niños que encontraron adentro de la montaña la protección frente al ejército y los terratenientes.

Esa misma historia se vivió en Huehuetenango, Quiché, Petén, Chimaltenango y otros lugares del país.

***

El ejército asesinó a su esposo

Un día seis personas se juntaron para ir a buscar comida, así salieron de la montaña, estaban en un sitio mientras comían unas naranjas cuando Abelino su hijo de 6 años grito “ahí vienen los saldados nos vamos a morir… mi esposo se arrodilló ahí mismo y se puso a orar, desde ese día él murió y ya no lo tenemos entre nosotros.”

La acción de don Mario le permitió a Abelino su hijo pequeño correr inmediatamente y meterse adentro de la montaña de nuevo, doña Petrona ante el grito de alarma decidió reunir a sus hijos, juntos salieron huyendo de la patrulla del ejército, montaña adentro podían tener un respiro de tranquilidad.

Recuerda que caminaron por muchos cerros, en el momento cuando iban caminando sobre unas peñas escucharon los disparos de fusil. “Ese fue el momento en el que mataron a mi esposo, junto a los otros hombres, en ese momento nos quedamos solos.”

A don Mario Mes no lo volvió a ver, “desde ese día nunca encontré su cuerpo, no lo he podido velar, ni enterrar y despedir.”

***

El destacamento militar de Sepur Zarco

Mientras ella narraba ante el tribunal hablo de los serios problemas en su salud, está enferma del oído, en 1982 se fracturó el pie cuando huyó del ejército junto a su familia, “me resbale en un río y ahí me rompí el pie, desde ese entonces me duele, todavía siento el dolor.” Su voz se quiebra de nuevo, su mano coloca sobre sus ojos, guarda de nuevos sus lágrimas.

“Mi hijo Abelino quedo también afectado, él quedo mal de un oído y de un ojo, cuando sucedió ese incidente con el ejército, cuándo perdimos a su padre, él escucho los disparos muy de cerca y como pudo corrió adentro de la montaña y como pudo logró salvarse.”

Sin el apoyo de su esposo, tuvieron que salir de la montaña, buscaron ir a la comunidad de Sepur Zarco sin otra opción, en juego estaba la vida de sus hijos pequeños, caminaron como 2 días y al tercer día llegaron al destacamento militar, ahí se presentaron para que el ejército respetara su vida.

“Cuando llegamos nos arrodillamos en el suelo y empezamos a orar para que nos perdonaran y nos dejaran ingresar a la comunidad. Nos quedamos a dormir en la sombra de una de las casas del destacamento, en la noche los soldados llegaban a jalarme de las piernas y yo despertaba a mis hijos para decirles que llegaron los diablos y que me querían llevar, así nos protegíamos entre nosotros.”

***

Esclavitud y violación sexual

En el destacamento miliar fue el lugar en donde la violaron; “ahí estuvimos, es muy doloroso relatar todo el daño que nos ocasionaron esos hombres, luego nos llevaron a una pequeña casa y esa casa estaba rodeada por ellos, no podíamos movernos a ningún lugar, al amanecer nos llevaban a cocinar, nos decían vengan y me llevaban a cocinar con otras de las mujeres, muchas veces fui violada, una de mis hijas también fue violada.”

Doña Petrona recuerda que mientras estuvo detenida con ella hubo muchas mujeres, pero recuerda a una en particular porque se escondía debajo del pollo para cocinar, todas las demás mujeres lloraban de terror y los soldados llegaban, la buscaban y se la llevaron.

“ella nos contó que la llevaron a la orilla de una fosa y le dijeron que en el fondo estaba su esposo, le dijeron te vamos a llevar a ver a tu esposo y él estaba al fondo de la fosa.”

Doña Petrona explica que dentro del destacamento había varias construcciones, algunas parecían casas, otras no, con insistencia los soldados le decían: “vos ya no tenés a nadie, nadie está preguntando por vos.”

Todos los días la llevaron a trabajar a la cocina del destacamento junto con otras mujeres, las hicieron trabajar de manera forzada, tenían que soplar el maíz y el frijol para limpiarlo, todo el tiempo eran grandes cantidades de estos granos, luego lo tenían que cocinar en unas olladas grandes, “las hoyas eran como para cocinar a los cerdos, ahí era donde les cocinábamos.”

Los vecinos de Sepur Zarco hacían una “contribución” de los alimentos que ellas cocinaban para el ejército, el frijol y el maíz llegaba por canastadas, ni una sola libra del grano fue comprada por los militares.

“Lo que nos daban eran 4 tortillas, cuando decíamos que si en agradecimiento, nos decían ¿así es como ustedes comían en la montaña? ¿Se comieron la carne?, sí, respondimos nosotras, ¿les gusto la carne?… lo que ustedes se acaban de comer es carne de perro, nos gritaban”

“Nos decían apestosas, eso era realmente humillante porque en nuestra comunidad siempre íbamos al río y en la montaña siempre nos bañamos. La mujer de quién les hablo se llamaba Candelaria Beb y ella ya está fallecida, estas son mis palabras.”

Ella recuerda a otras mujeres que corrieron por la misma suerte, su hija Candelaria Mes, Candelaria Yat, Rosa Tiul, Margarita Chub, son algunos nombres que recuerda a sus 75 años, con su voz cuenta que hubieron muchísimas más mujeres, por momentos se aleja del micrófono, dice que todos los días llegaban más mujeres al destacamento, a tal punto que el ejército podía hacer turnos con ellas, unas reemplazaban a las otras.

“Las mujeres que estaban conmigo todas eran viudas, y eran un montón de mujeres, todos los días llegaba el montón de mujeres.”

“Lo que sucedía es que llegaban todos los días los soldados, de un lado tenia a mi hija, a mi yerno y mis dos hijos, y yo con un palo les decía hijos de puta váyanse de acá los voy a denunciar con quien los manda, acaso no les da vergüenza lo que nos vienen a hacer.”

Yo no puedo inventármelo, lo que me sucedió a mi es lo que vengo a contar, yo estuve ahí. Solo Dios sabrá cuánta gente llevaron, si eran mujeres u hombres, no lo sé con exactitud todas las tardes escuchamos disparos.”

***

Del destacamento de Sepur Zarco las llevaron al de Tinajas

El destacamento de Sepur Zarco estaba ubicado en una de las fincas del municipio de El Estor Izabal, el destacamento de Tinajas lo ubicaron en otra finca en el municipio de Panzós Alta Verapaz, con el permiso y el apoyo del dueño de la finca de Tinajas, propiedad en ese entonces de Flavio Monzón alcalde municipal de Panzós Alta Verapaz en 1982. Otras fincas que se encontraban entre Panzós y El Estor eran propiedad de las familias Milla, Meagli en El Estor Izabal[3], también los Overdick García, los Monzón entre otros terratenientes.[4]

Doña Petrona, recuerda que primero estuvieron en el destacamento de Sepur Zarco, luego ordenaron que las enviaran al destacamento de Tinajas.

“Cuando estuvimos en Tinajas, mis hijos tenían como 6 o 7 años el más pequeño, ahí los amarraban y los dejaban tirados, no estuvimos en ninguna casa, si no que nos cubríamos con las hojas gruesas de los árboles para quedarnos en la intemperie. A mis dos hijos y mi yerno los mantenían amarrados; el esposo de Candelaria mi hija era Manuel Caal Beb, Juan Mes y Abelino Mes eran mis otros dos hijos pequeños, Mariano es el hijo que todavía me cuida.

A su yerno y sus hijos los soldados dentro del destacamento en Tinajas constantemente los pateaban y los golpeaban con sus armas en el estómago. Ella recuerda que en su estancia les gritaban “vayan a bañarse”, luego llegaba un hombre gordo quien las violaba de primero y luego llegan otros hombres más pequeños que formaban parte de la tropa y las violaban también.

“Recuerdo que todo esto sucedió en la época de Ríos Montt, todo esto fue muy doloroso lo que nos sucedió.”

***

La vida fuera del destacamento

Doña Petrona sabía que su comunidad la esperaba un lote de tierra, para ella y su familia, por eso en el año de 1982 las autoridades de la comunidad estaban gestionando ante el INTA esas tierras, ella comprende que la lucha por la tierra fue la razón por la cual se enojaron los terratenientes de la región, toda la represión fue por pedir la legalización de la tierra, hoy esas fincas las tienen con Palma Africana en grandes extensiones de cultivo.

“Cuando yo regrese a mi casa ya no había nada. Algunos de nuestros cultivos habían sobrevivido debajo del monte cuando este creció, nuestras reses, nuestras gallinas, nuestros coches, todos se perdió.

Les enseñé a mis hijos a trabajar, porque somos gente de trabajo, les enseñé a trabajar la tierra a mis dos hijos varones. Ellos me preguntaban que vamos a hacer para comer, yo le respondí tendremos que cultivar la tierra para comer. Compramos un machete, compramos una lima para afilarlo y comenzamos a sembrar de nuevo la tierra. Sembramos cinco cuerdas de arroz, una cuerda de chile y otra de frijol.”

Doña Petrona salió de la montaña sin nada, cuando ella y sus hijos salieron del destacamento militar de Tinajas, no tenían absolutamente nada, poco a poco fueron comenzando de nuevo, algunos vecinos le regalaron ropa vieja para vestir a sus hijos, también las mujeres le regalaron un corte viejo.

“Les enseñé a trabajar a mis hijos, así comenzaron a ganarse la vida y sus centavos, yo también trabajaba vendiendo tortillas, vendiendo tamales y tayuyos. Luego aprendí a tejer y así fue como seguimos trabajando tejiendo cosas.

Ahora a duras penas puedo sobrevivir, la gente que es buena me regala, comida, azúcar y así voy pasando los días. De 1982 hasta la fecha aún no tenemos la propiedad de la tierra.”

Ella insiste en recordar que perdió a su esposo, nunca lo pudo enterrar, aún no ha encontrado su cuerpo, el ejercito no quiere decir en donde los enterraron, y en el lugar en donde ella sabe que lo mataron, en la comunidad de San Marcos la gente ha quemado muchas veces el suelo para sembrar y su cuerpo aun no aparece.

Treinta cuatro años después ella y su familia, al igual que las demás personas de su comunidad siguen el derecho y la propiedad legal de la tierra. Doña Petrona terminó de contar su historia, su testimonio sirvió para condenar al coronel Esteelmer Reyes Girón y al comisionado militar Heriberto Valdes Asij.

La tierra sigue en disputa

Actualmente en menos de quince años la finca Tinajas ha cambiado de dueños constantemente, de la misma manera que otras fincas sobre el Valle del Polochic (Alta Verapaz y El Estor Izabal), en el año 2011 la familia Widmann vendió la finca Tinajas a la familia Pellas Chamorro de Nicaragua, nuevamente desalojaron por la fuerza a las comunidades Q’eqchi asentadas en el valle.

Los Pellas intentaron hacer funcionar un ingenio azucarero el Chabil Utzaj[5], en el intento fracasaron ahora en 2016 está quebrado, cientos de familias desalojadas siguen sin retornar a sus tierras, los terratenientes y empresarios tienen nuevamente puestos los ojos sobre la tierra, esta vez para la Palma Africana.

En los desalojos violentos del 2011, murió Antonio Beb Ac en la comunidad Miralvalle en el Valle del Polochic, en el desalojo participaron los terratenientes, cuadrilleros, paramilitares, policías y soldados.[6]

El asesinato del profesor Adofo Ich Chaman[7] en 2009 por el jefe de seguridad de la CGN Mynor Rolando Padilla, para el 2016 las empresas como la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. (CGN) explotan grandes cantidades de minerales de estas tierras, el monocultivo de la Palma Africana en grandes extensiones de tierra se impuso bajo el control de la empresa NATURACEITES, propiedad de las viejas familias terratenientes en esa región como los Maegli-Müeller.[8]

La historia del despojo se repite nuevamente.

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Coronel Esteelmer Reyes Girón
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Heriberto Valdés Asij
[1] Entrevista realizada a Amandine Fulchiron en el marco de la investigación “Tejidos que lleva el alma. Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado”. Febrero 2016.
[2] Celso A. Lara Figueroa. Leyendas mágicas del corazón del cielo de Guatemala. Centro de Estudios Folklóricos, USAC, 2005.
[3]  Plaza Pública. Sepur Zarco: La violencia sexual será juzgada. Oswaldo Hernández. 15 de octubre de 2015.https://www.plazapublica.com.gt/content/sepur-zarco-la-violencia-sexual-sera-juzgada
[4] Periodismo Humano. Masacre de Panzós Cobán, Guatemala: Nos enseñaron el silencio, pero es hora de gritar. Juan Calles.http://guatemalacomunitaria.periodismohumano.com/2014/06/01/nos-ensenaron-el-silencio-pero-es-hora-de-gritar/
[5] Nelton Rivera. Valle del Polochic: Despojo con sabor a Flor de Caña. Albedrio. 27 de junio 2011.http://www.albedrio.org/htm/articulos/n/neltonr-019.htm
[6] Indymedia Guatemala. Resumen desalojos Comunidad Miralvalle. Desalojos de cerca de 800 familias en el Valle del Polochic. 16 de marzo 201. http://radiopozol.blogspot.com/p/internacional.html http://www.chiapas.indymedia.org/index.php?category=4
[7] Nelton Rivera. Profesor Adolfo Ich Chamán, estás en la memoria del pueblo. Prensa Comunitaria. Septiembre 2014.https://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/27/profesor-adolfo-ich-chaman-estas-en-la-memoria-del-pueblo/
[8] Luis Solano. Palma Africana y empresas se expanden aceleradamente a lo largo de la FTN. Revista Enfoque, 15 de julio 2015.

Exhumación en comunidad Xexocom en Nebaj, Quiche. Año 2015. (Antiguo destacamento militar)

 

Por Carlos Fernández.

Desde el año 1998 comencé en las andadas. Para ese entonces estaba con el tema de rehabilitación física a víctimas sobrevivientes del Conflicto Armado Interno –CAI- y tiempo después paré trabajando en temas de reparaciones y devolución del REMHI en el año 2000 que impulsaba la iglesia católica guatemalteca. En esos años, me tocó ir a varios procesos de exhumación, ya que mis compañeros psicólogos creían que el patojo de la facultad de medicina de U privada tenía que sensibilizarse. La experiencia que dejan las exhumaciones de víctimas de violencia del CAI es única. Cada proceso a pesar de ser diferente al anterior, tenía una particularidad: el deseo de los familiares, muchas de ellas mujeres, de establecer el paradero de sus seres queridos.

Recuerdo estar sentado en un paraje mas allá de Soloma, Huehuetenango, ayudando a los antropólogos a llenar fichas de identificación de desaparecidos y escuchar el relato de señoras de avanzada edad que describían con lujo de detalles la forma en que iban vestidos sus esposos e hijos desaparecidos, fecha exacta y hasta que les habían puesto para comer en su jornal. Hubo momentos en los que debo confesar dudé de la exactitud de sus versiones. ¿Cómo era posible que alguien recordara con tanto exactitud después de 25 o 30 años ese tipo de detalles?

Una vez terminada la tarea de documentación y pasado un tiempo tocó regresar a la comunidad al inicio de la fase arqueológica. Se delimitó la trinchera en el lugar señalado por los testigos e inició el proceso de poco romántico debo decir de palear por horas. Conforme se iba profundizando, cubetas y más cubetas de tierra salían de la fosa y por momentos pensé que la gente se había equivocado de lugar. Fuera de la fosa el ambiente era de voces, risas de niños y madres hablando a sus hijos para que no tocaran las herramientas de los arqueólogos. En un árbol cercano, unos psicólogos hacían una suerte de taller psicosocial con los familiares. Había un poco de todo.

Con el pasar de las horas, cada vez había más personas alrededor de la ahora profunda fosa. El ambiente seguía siendo de poca solemnidad, hasta que una de las palas dio con la primera osamenta. Cuando el compañero pronunció las palabras “aquí hay una persona”, se hizo un silencio profundo y así siguió por varios minutos mientras iniciaba ahora una fase más minuciosa del trabajo en manos de los arqueólogos. Brochazo tras brochazo, pequeños picos y palas descubrían etapa por etapa no uno sino decenas de cuerpos apelmazados con manos amarradas, ojos vendados y orificios en el cráneo posiblemente provocados por proyectiles de arma de fuego. De pronto una de las mujeres da un grito de “aaayyy”, se agarra el rostro y llora con un desconsuelo que golpeaba el alma. Era una de las señoras que me tocó entrevistar; una de las osamentas correspondía con el pantalón, cincho, camisa y calzado que ella recordaba. Movía sus manos al cielo, como quien reclama a Dios por tanta injusticia. No entendí una sola de las palabras en idioma maya dichas por la señora en ese momento, pero no hacía falta. Sus gestos y su voz ahogada en llanto eran más que elocuentes.   Me asaltó un sentimiento de culpa por haber dudado he de confesar. Como ella, otros cientos de sobrevivientes tenían intacto el recuerdo del último día que vieron a sus seres queridos.

Ahora que han capturado a 13 militares entre ellos Benedicto Lucas García, hermano del sanguinario genocida Romeo Lucas García (1978-1982) se lleva en tribunales un proceso histórico de justicia. Cientos de familiares han esperado con ansias el tener la oportunidad de sentar frente a la justicia a quienes identifican como responsables de la tortura, desaparición, secuestro y asesinato de sus familiares. No tuve la ocasión de ir a la primera audiencia y dudo tener el tiempo para asistir a otras, pero las he seguido en redes, medios de comunicación y por amigos que si han presenciado. Uno de ellos me relató cómo en la audiencia del día 8 de enero de 2016 habían en la sala dos bandos (faltaba más en ésta Guatemala de la polarización) y cómo se dieron una serie de “incidentes” al nivel de sacarse la lengua, arrugarse la frente, “agredirse tomándose fotos mutuamente” y otra serie de actitudes infantiles.   De los familiares de los militares, no espero mucho. Pero de otras personas y organizaciones sí. Lo que ocurre en esa sala, no es un circo. Es un proceso que lleva años de estarse persiguiendo por los sobrevivientes de la masacres. Las evidencias son contundentes y han sido recabadas de manera científica, pero sobre todo, es la oportunidad única de las víctimas y no de las ONGs de acceder a justicia.

Los abogados del MP y de la querellante tienen tremenda responsabilidad. Ya hubo una experiencia poco agradable con el proceso contra Ríos Montt, en la que el litigio malicioso rindió sus frutos. En esta ocasión no deben cometerse los mismos errores o vicios de proceso que puedan dejar una rendija por la que se cuele un fallo de impunidad. Ojalá y lo tengan claro esta vez. De nada sirve ganar mediáticamente el caso si legalmente el fallo será de impunidad.

Es por ello que regreso al momento en el que se encontró la primera osamenta en aquella fosa que relaté líneas antes. Es momento de manifestar un profundo respeto por las victimas, detener el ruido innecesario y poner atención a lo importante. Acá no se están litigando ideales oenegeros o políticos de la derecha conservadora. Se ha puesto ante la justicia a perpetradores de violaciones a derechos humanos contra población desarmada, violadores sexuales, torturadores, secuestradores y sabrá Dios que otros delitos, documentados, insisto, de manera científica. No es momento de circos. La sangre derramada clama justicia; que las luces, flashes y momentos mediáticos no logren desvirtuar esta larga espera. No hagamos de la justicia un circo y menos aún, ocasión para sacar a pasear luchas ideológicas inútiles.


Por Nelton Rivera.

La exposición fotográfica “Guatemala: la movilización pacífica en un segundo de luz” surge de la necesidad de hacer una reflexión colectiva pública acerca del papel de la fotografía en la transformación social.

Esta exposición contiene imágenes de 34 fotógrafos que venimos de las comunidades de distintos departamentos del país y la ciudad.  Cada uno de quienes participamos en esta exposición, tenemos en común nuestro trabajo dentro de la agencia de noticias Prensa Comunitaria

“Guatemala: la movilización pacífica en un segundo de luz” busca mostrar el trabajo colectivo durante las coberturas colaborativas desde la comunidad, desde la mirada de quien captura a través de la lente cada uno de estos momentos en un segundo de luz.

Más de 50 fotografías formarán parte de la construcción colectiva de nuestra propia narrativa sobre la movilización pacífica, las dinámicas comunitarias, la vida, lo convulso de enfrentarse a un modelo por desposesión, continuum  del despojo y destrucción.

Treinta y cuatro autores aportaron material fotográfico para describir la movilización pacífica en buena parte del territorio nacional, durante un periodo comprendido entre el año 2011 al 2015; las consultas comunitarias, los procesos asamblearios, la elección de autoridades comunitarias y ancestrales, las movilizaciones multitudinarias defendiendo el agua, la tierra, la nacionalización de la energía eléctrica  y el territorio.

Un movimiento comunitario que ha ido acrecentándose a partir de las consultas comunitarias de buena fe y consultas municipales desde el año 2005 al 2015; estas movilizaciones siguen denunciando la corrupción en el Estado detrás de la concesión de distintos territorios en complicidad con empresas nacionales y transnacionales.

Las principales ciudades del país no están ajenas a la movilización, en muchos de los casos la ciudad sigue siendo receptora de la demanda social por la centralidad del Estado. Durante cinco meses del 2015, las ciudades retomaron un rol importante en la movilización pacífica que se dio en ese espacio, la lucha masiva contra la corrupción y las redes criminales vinculadas al partido de gobierno, al presidente y vicepresidenta, junto a los más importantes cargos dentro de la administración pública, empresarios y congresistas.

Estas movilizaciones contra la corrupción acapararon la mirada internacional sobre Guatemala, construyendo un imaginario sobre un tipo de movilización desdibujando o visibilizando la movilización pacífica que históricamente ha estado presente en el país.

En la exposición está reflejado el trabajo de Prensa Comunitaria durante los últimos cinco años en el marco de un nuevo aniversario. Éste es un primer ejercicio por crear una exposición fotográfica cuya narrativa nos revela la continuidad histórica de la movilización popular expresada de distintas maneras y formas.

Qué sucede en los territorios de Santa Eulalia, Barillas, San Juan Ixcoy en Huehuetenango; Sipakapa y San Miguel Ixtahucan en San Marcos; Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, en municipios como San José Del Golfo, San Pedro Ayampuc, Chuarrancho o la ciudad capital en el departamento de Guatemala.

Qué sucede en el departamento de El Quiché, en Alta y Baja Verapaz, El Petén, Izabal, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, entre otros. Los procesos de justicia en los casos de Sepur Zarco, la quema de la Embajada de España o el juicio por Genocidio, la criminalización y judicialización de los presos políticos, los desalojos violentos en el Valle del Polochic, Monte Olivo,  la masacre en la Cumbre de Alaska en Totonicapán y Samochoc en Alta Verapaz.

Cada lugar bajo la amenaza o la agresión de empresas nacionales o transnacionales que se dedican a la actividad extractiva como la minería de oro o el cemento, las hidroeléctricas y represas que formaran parte de la nueva matriz de producción energética, las petroleras, las gigantescas plantaciones de Palma Africana, entre otras.

Los momentos históricos narrados desde “Guatemala: la movilización pacífica en un segundo de luz” nos revelan una buena parte de la movilización, lucha y resistencia de las comunidades indígenas y mestizas a lo largo y ancho de Guatemala.

Nos veremos en el próximo encuentro…