Guatemala Comunitaria

Fotografía Prensa Comunitaria

Por: Quimy De León.

Durante el segundo día de la audiencia de primera declaración de las cinco personas detenidas el 12 de julio, hubo varias declaraciones que causaron controversia.

El primero en declarar fue el subcomisario de la Policía Nacional Civil Luis Armando Pérez Borja, relató que al Hogar Seguro el día 7 de marzo se apersonó Carlos Beltetón Coronado, en calidad de “asesor“ de la presidencia, que llamó por teléfono a Jimmy Morales y que se lo comunicó. Entonces el presidente le dio la orden de que cien policías tomaran el control del Hogar Seguro.

Esta solicitud ya se la había hecho Carlos Rodas secretario de Bienestar Social y Harold Flores de la Procuraduría General de la Nación, como consta en el acta que firmaron varios funcionarios esa noche. La declaración de Pérez Borja coincide con la que dio al MP el comisario Wilson Petronilo López jefe de la comisaría 13.

Días después del crimen Carlos Beltetón estuvo en una rueda de prensa ofrecida por el ejecutivo, para hablar sobre el tema y dio declaraciones como parte de la Secretaría de Bienestar Social. Sin embargo El periódico confirmó que está contratado por la Secretaría de Obras sociales de la esposa del presidente – SOSEP.

Las declaraciones de Pérez Borja no fueron sorprendentes, ya que el mismo Jimmy Morales reconoció este hecho a CNN y también lo dijo en conferencia de prensa a medios nacionales “yo di la instrucción, y la di personalmente; para que la PNC se quedara cumpliendo su trabajo que era resguardar las instalaciones porque no es el protocolo que alguien armado pueda entrar”, dijo Morales en conferencia de prensa. [1]

A la Corte Suprema de Justicia le corresponde resolver la solicitud de antejuicio que puso el diputado Leocadio Juracán y la diputada Sandra Morán contra el presidente, para que se dilucide su responsabilidad directa o indirecta sobre este crimen.

Otros vínculos que apuntan al presidente

Carlos Rodas y Anahy Keller de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia eran personas de confianza del presidente, con uno tiene amistad y con la otra una relación en la televisión nacional, por eso ocuparon esos cargos al frente de la Secretaria de Bienestar Social (SBS), por lo tanto lo que ocurría en el Hogar Seguro fue informado al presidente, lo que aconteció durante el 7 y 8 de marzo, el mismo presidente tuvo que tener información de lo que estaba ocurriendo y de las ordenes que se emitieron y de las acciones que se realizaron.

Seis días después de la masacre, “La relatora Silvia Villata dijo que el presidente de la Oficina de Prevención de la Tortura, Carlos Solórzano, vetó información sobre los abusos a menores en el “Hogar Seguro” debido a una amistad que mantiene con el mandatario Jimmy Morales y con el ex secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas.” [2]

Según El Periódico Carlos Beltetón es primo del abogado de confianza de Jimmy Morales Elmer Beltetón, actual registrador de la propiedad. El fue quien realizó los trámites a los dueños de Fulanos & Menganos cuando fundaron Carnes & ensaladas involucrada en el caso botín Registro de la Propiedad.

“Yo no soy un monstruo, soy un héroe”

La Sub inspectora de la Policía Nacional Civil Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, tenía la llave cuando inició el incendio según el Ministerio Público. Entonces algunas agentes de policía bajo su conducción, le dijeron que abriera la puerta y dijo: “que se quemen esas hijas de la gran puta, a ver si como son buenas para fugarse son fibrudas para salir.”

Ella es acusada de homicidio y maltrato contra personas menores de edad y hasta el momento de las personas detenidas, la única responsable de lo que ocurrió el 8 de marzo durante el incendio.

Ante esto en su declaración dijo que ella no era un monstruo, que es de buen corazón y que es madre y estudiada. Dijo que sus compañeras habían dado ese testimonio en su contra porque el Ministerio Público las acosó para durante el interrogatorio, igual que lo hicieron con ella.

Relató que ella más bien es una “héroe”, porque fue gracias a ella que algunas niñas se salvaron. Dijo que solo ella había logrado sacar al menos a 30 niñas y que incluso se había quemado y que arriesgó su vida por ellas.

Gloria Castro de la Procuraduría de Derechos Humanos, se abstuvo de declarar.


[1] Kimberly López. Presidente confirma que ordenó a PNC resguardar “Hogar Seguro”. La Hora. 10 de marzo 2017. http://lahora.gt/presidente-confirma-ordeno-pnc-resguardar-hogar-seguro/

[2] Denis Aguilar. Relatores contra la tortura se contradicen al denunciar abusos en “Hogar Seguro”. La Hora.  14 de marzo 2017 http://lahora.gt/relatores-la-tortura-se-contradicen-al-denunciar-abusos-hogar-seguro/

 

 


Nos Duelen 56

Acción global por las niñas

 

 

Arte: Angela Mariluz Francisco Diego y
Damaris Magdalena Francisco Diego — niñas q´anjob´al de Santa Eulalia, Huehuetenango.

#NosDuelen56 es un grito por la justicia desde el arte, el periodismo, el medioactivismo y los feminismos. Es un ejercicio de memoria colectiva y de dignificación por las 56 niñas que fueron encerradas y quemadas en un hogar estatal en Guatemala el pasado 8 de marzo del presente año. De ellas, 41 murieron como resultado de este crimen femicida y 15 están con heridas de gravedad.

Este 15 de mayo los medios de comunicación alternativos Prensa Comunitaria de Guatemala, en colaboración con Desinformémonos de México y otros 60 medios digitales y 40 organizaciones y colectivos del mundo se unen en una sola voz. #NosDuelen56 se suma a las acciones y luchas por exigir #NiUnaMenos.

El arte es la fuerza motriz que pone rostros y colores al duelo por las 41 niñas que murieron masacradas. A través de esta acción manifestamos nuestra intención porque el mundo las recuerde. Este es el resultado de la contribución de 58 artistas de México, Argentina, Francia, Italia, España y Guatemala.

#NosDuelen56 es nuestra contribución por las niñas, contra la impunidad y el olvido.

Ilustración: Kristian de León

¿Qué les pasó a las 56 niñas?

En Guatemala asistimos a una de las masacres más atroces en la historia del país y de Nuestra América. Ellas se encontraban bajo el resguardo y la protección del Estado.

Al menos unas sesenta niñas intentaron huir el 7 de marzo del Hogar Seguro “Virgen de la Asunción“, era un infierno el que estaban viviendo. Había denuncias desde el 2013 de que en este lugar, eran víctimas de violencia sexual, violencia física, abortos forzados, administración de fármacos, comida con gusanos y torturas de todo tipo, incluso de una red de trata. Las voces provenientes de instancias de derechos humanos, de una jueza, medios de comunicación y de las mismas niñas no fueron tomados en cuenta.

Cuando pensaron que habían logrado salir de ese infierno, inmediatamente la policía las atrapó, el mismo presidente Jimmy Morales reconoció que se ordenó enviar más de 250 policías incluyendo antimotines, y que se quedaron ahí toda la noche para tener todo “bajo control“.

En la madrugada del día 8 de marzo, las autoridades del Hogar, la administración de la Secretaría de Bienestar Social de la presidencia y la Procuraduría de Derechos Humanos decidieron dejarlas bajo custodia y responsabilidad de la Policía Nacional Civil.

 

Arte: Gerardo Monterroso — Guatemala

 

¿Quién prendió el fuego?

A 56 niñas las encerraron bajo llave en un salón de clases que mide 6.8 x 7 metros, les dieron escasos colchones sin cobijas para dormir y no tuvieron acceso a servicio sanitario, por lo que improvisaron ellas mismas una letrina ahí dentro. A las 8: 45 de la mañana después de llevarles el desayuno, inicia un incendio. Algunos medios y versiones oficiales afirman que ellas mismas quemaron una colchoneta para llamar la atención, sin embargo esto aún debe investigarse.

Durante 11 minutos fueron expuestas a altas temperaturas, más de 300 grados centígrados quemaron sus cuerpecitos, y pese a los gritos de auxilio no las dejaron salir.

Los monitores o encargados y los cientos de policías no hicieron nada más que amedrentar y amenazar a los jóvenes albergados en otros módulos que querían ayudar. A los cuerpos de socorro se les negó el acceso como lo denunció un oficial bomberos, y los familiares en las afueras pedían desesperadamente entrar y los antimotines impidieron el paso. Nadie pudo hacer nada.

Hasta ahora hay solamente tres personas presas Carlos Rodas, ex director de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Anahy Keller la subsecretaria, y Santos Torres, exdirector del Hogar acusados de los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.

De las 15 sobrevivientes se sabe poco, algunas fueron llevadas a Estados Unidos para ser tratadas, de las cuales tres de ellas han vuelto al país. Lamentablemente en el país poco a poco se ha ido olvidando este terrible hecho.

 

Arte: Lucía Morán Giracca

 

#NosDuelen56

58 artistas de México, Italia, Francia, España, Argentina y Guatemala ilustraron sus rostros

1. Rosa Julia Espino Tobar

16 años

 

Ilustración: Isa Valladares-Guatemala

 

2. Indira Jarisa Pelicó Orellana

17 años

 

 

Ilustración: Claudia Navarro-México

3. Daria Dalila López Meda

16 años

 

 

Ilustraciones: Pigmento Negro-Guatemala y Enrique Flores-España

4. Achley Gabriela Méndez Ramírez

15 años

 

Ilustración: Walter Wirtz-Guatemala

 

5. Yemmi Aracely Ramírez Siquín

15 años

 

Ilustración: Marilinda Guerrero-Guatemala

 

6. Jaqueline Paola Catinac López

15 años

 

Ilustración: Gil Amado-Guatemala

 

7. Siona Hernández García

17 años

 

Ilustración: Sheyda Sabetian-Guatemala

 

8. Josselyn Marisela García Flores

16 años

 

Ilustración: Eyla Lujan-Guatemala

 

9. Mayra Haydeé Chután Urías

16 años

 

Ilustración: Xanderall-Guatemala

 

10. Skarlet Yajaira Pérez Jiménez

15 años

 

ilustración: Soph Ramírez- Guatemala

 

11. Yohana Desiré Cuy Urízar

15 años

 

Ilustración: Baku Estrada-Guatemala

 

12. Rosalinda Victoria Ramírez Pérez

15 años

 

Ilustración: Melanie Forne-Francia

 

13. Madelyn Patricia Hernández Hernández

14 años

 

 

Ilustración: Daniel Morales-Guatemala

14. Sarvía Isel Barrientos Reyes

14 años

 

 

Ilustraciones: Miguel Gallardo- España y Diana De Pietri- Italia

 

 

Ilustraciones : Martin Tognola- Argentina y Victoria Martos- España
Ilustración: Alejandra Pineda-Guatemala

15. Ana Nohemí Morales Galindo

16 años

 

 

Ilustraciones: Antonia Santolaya Ruiz-Clavijo -España y Cintia Bolio-México

16. Ana Rubidia Chocooj Chutá

16 años

 

Ilustración: Claudia Navarro -México

 

17. Jilma Sucely Carías López

14 años

 

 

Ilustración: Sandy Rodríguez-Guatemala

 

 

Ilustraciones: Alfredo González — España, Gusti Rosenffet-Argentino español, Esperanza León Jiménez-España

 

 

Ilustraciones: Esperanza León Jiménez-España y Joaquin López Cruces- España

18. Yoselín Beatriz Ventura Pérez

15 años

Ilustración: Morena III-Guatemala

19. Grindy Jazmín Carias López

16 años

 

 

Ilustraciones: Andrés Andrade-Guatemala y Lucía Ixchíu -Totonicapán Guatemala

 

Ilustración: Alexis Rojas — Guatemala

 

20. Mari Carmen Ramírez Melgar

14 años

 

 

Ilustracion: Desiree Cordón-Guatemala

21. Keila Rebeca López Salguero

17 años

 

 

Ilustración: Pigmento Negro-Guatemala

22. Kimberly Mishel Palencia Ortíz

17 años

 

Ilustración: Lucía Morán Giracca — Guatemala

 

23. Nancy Paola Vela García

15 años

 

 

Ilustración: Beatriz Sandoval — Guatemala

 

 

Ilustraciones: Nelton Rivera-Guatemala y Antonia Santolaya Ruiz-Clavijo-España

24. Estefany Sucely Véliz Pablo

16 años

 

 

Ilustraciones: Leo Dosbe-Guatemala y Alfredo González- España

25. Lilian Andrea Gómez Arceno

13 años

 

Ilustración: Adrián Oliva-Guatemala

 

26. Mirza Rosmery López Tojil

16 años

 

Ilustración: Annika Lehnhoff-Guatemala

 

27. Ana Roselia Pérez Junay

14 años

 

 

Ilustración: Andrea Gómez-Guatemala

28. Grisna Yamileth Cu Ulán

15 años

 

 

Ilustraciones: Luis Pérez Ortíz “LPO”- España y Alejandro Galindo-España

29. Melani Yanira De León Palencia

15 años

Ilustración: Michi Gonzáles-Guatemala

30. Luisa Fernanda Joj González

16 años

Ilustración: Juan Pablo Canale-Guatemala

31. Daily Analí Domingo Martínez

15 años

Ilustración: Astrid Caballeros-Guatemala

32. Iris Yodenis León Pérez

14 años

 

 

Ilustraciones: Juan Ballesta-España y Juan Pensamiento Velasco-Guatemala

33. Candelaria Melendrez Hernández

17 años

 

Ilustración: Luisi Rodríguez-Guatemala

 

34. Milenie Eloisa Rac Hernández

17 años

 

 

Ilustración: Kristian de León-Guatemala

35. Celia María López Aranda

15 años

 

 

Ilustraciones: Amaya Uscola-España y Moni Cruz-Guatemala

36. Hashly Angelie Rodríguez Hernández

14 años

 

Ilustración: Rodolfo de León-Guatemala
Animación: Paula Morales-Guatemala

 

37. Sara Nohemi Lima Ascón

17 años

 

Ilustracion: Quimy de León — Guatemala

 

38. Yusbeli Yubitza Merari Maquín Gómez

14 años

 

Ilustración: Manuel Martínez Meseguer- España

 

39. Silvia Milexi Rivera Sánchez

17 años

 

 

Ilustración: Maria Andrée Paiz- Guatemala

40. Yosselin Yamileth Barahona Beltrán

15 años

Ilustración: Álvaro Sánchez-Guatemala

41. Wendy Anahí Vividor Ramírez

16 años

ilustración: Marielle Che-Guatemala

Créditos

Prensa Comunitaria

Quimy De León
Nelton Rivera
Lucía Ixchíu
Gerardo Monterroso

Colaboraciones

Desinformémonos

Gloria Muñoz

Colectivo 8 Tijax

Celeste Mayorga
Raquel Arreaga
Mayra Jiménez
María Peña

Los Garabatti

Limonada Bandida

Artistas

Isa Valladares
Claudia Navarro
Pigmento Negro
Enrique Flores
Walter Wirtz
Marilinda Guerrero
Gil Amado
Sheyda Sabetian
Eyla Luján
Xanderall
Soph Ramírez
Baku Estrada
Melanie Forne
Gerardo Monterroso
Daniel Morales
Alejandra Pineda
Diana De Pietri
Víctor Martos
Martín Tognola
Miguel Gallardo
Cintia Bolio
Antonia Santolaya
Sandy Rodríguez
Joaquín López
Gusti Rosenffet
Alfredo González
Esperanza León
Morena III
Elizabeth Sandoval
Desirée Cordón
Lucía Morán Giracca
Leo Dosbe
Adrián Oliva
Annika Lehnhoff
Andrea Gómez
Luis Pérez
Alejandro Galindo
Michi González
Juan Pensamiento Velasco
Juan Pablo Canale
Astrid Caballeros
Juan Ballesta
Luisi Rodríguez
Kristian De León
Moni Cruz
Amaya Uscola
Rodolfo De León
Quimy De León
Beatriz Sandoval
Manuel Martínez
Maria Andrée Paiz
Marielle Che
Angela Mariluz Francisco Diego
Damaris Magdalena Francisco Diego
Paula Morales
Lucía Ixchíu
Nelton Rivera

 

 

 


Por: Nelton Rivera. / desInformémonos

El Ministerio Público MP en Guatemala, solicitó recientemente el sobreseimiento de la causa penal en contra de Domingo Francisco Cristóbal Francisco, autoridad maya Q’anjob’al, el MP con esta acción luego de un año de investigación, solicitó ante la juzgadora que la persecución penal se suspenda o clausure, porque sencillamente no tienen casusa reales que justifiquen la acción penal de la justicia en contra de don Domingo Francisco, meses antes lo detuvieron y encarcelaron injustamente.

Domingo Francisco se considera uno de varios presos políticos en el país, la juez Claudette Domínguez quien preside el juzgado de Mayor Riesgo A de la ciudad capital, resolvió otorgarle el sobreseimiento y emitió la orden el día 23 de febrero 2017 al Organismo Judicial y a la Policía Nacional Civil –PNC- para que suspendan toda persecución penal en contra de la autoridad comunitaria.

En esta acusación aún quedan personas comunitarias con orden de aprensión, la jueza explicó que aún deben de presentarse ante la justicia, para solucionar su situación jurídica.

Domingo Francisco permaneció en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, a 500 kilómetros de distancia de su hogar, desde el día 28 de octubre hasta el 11 de noviembre 2016, luego la juez Claudette Domínguez resolvió que debía quedar en libertad provisional sin ningún tipo de medida de coerción y esperar 3 meses para que el MP pudiera ampliar su investigación, finalmente llego la fecha y el MP sin prueba alguna solicitó que este proceso se cerrara.

“Gracias a Dios, tuve hoy la otra audiencia, cuando la jueza señalo 10 días atrás esta nueva fecha, porque los querellantes en mi contra no se presentaron, ni la fiscalía del MP, ni el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni los oficiales del CAJ de Santa Eulalia.

Hoy por fin se presentaron los fiscales del MP, y se dio por terminado este proceso penal, la resolución de la jueza en el caso de mi persona fue favorable, hoy la juez decidió que este caso debe de terminarse.

Los paisanos y los vecinos en el área Q’anjob’al, de los municipios del norte de Huehuetenango, sabemos que allá están los defensores del territorio y de los derechos, así como nosotros, y sabemos que aún hay comunitarios con órdenes de aprensión que no han podido resolver sus casos, pero también ya hay varias autoridades de Barillas y Santa Eulalia que ya logramos resolver estas acusaciones falsas.

Así como nosotros, en Guatemala, como pueblo Maya, que habitamos nuestra Coactemalan (tierra de bosques) en idioma Nahuathl, hemos sufrido ante los tribunales, de la misma forma como nuestros antepasados lo sufrieron igual, que dieron la vida por la lucha de la defensa de los derechos humanos, como la madre tierra, defensa del territorio y la naturaleza, esto no es nada nuevo.

Vemos como ya nos están contaminando el agua, la tierra, las rocas con las minas, simplemente estamos defendiendo que otra gente no se aproveche de los recursos que son de todos, especialmente cuando llegan de otras naciones extranjeras a hacerlo.

Me siento muy contento, tranquilo, dando las gracias a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos, no solo en Guatemala si no tambien en todo el mundo, a mi familia, a los vecinos que vinieron a acompañarme, aquí estamos junto a los hermanos Rigoberto Juárez, y Domingo Baltazar, juntos hemos sufrido la cárcel, hemos sido amenazados, perseguidos y seguimos aquí, con vida, y con libertad.”

¿Por qué lo encarcelaron?

Don Domingo Francisco Cristóbal Francisco, es una autoridad reconocida por su pueblo de Jolom Konob’ (Cabeza de Pueblo en idioma Q’anjob’al), tiene 65 años de edad, el día 26 de octubre del 2016, luego de almorzar fue detenido por agentes del DEIC de la PNC en el municipio de Chiantla, Huehuetenango. Domingo Francisco regresaba de la cabecera departamental luego de participar en una movilización pacífica convocada por Comité de Desarrollo Campesino -CODECA- para exigir la nacionalización de la energía eléctrica.

Domingo Francisco fue sindicado de cometer delitos como: instigación a delinquir, plagio o secuestro, según consta en la Causa Penal No. 10915, de fecha 25-03-2015, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia, del Centro de Administración de Justicia –CAJ-, a él lo responsabilizaron por la movilización de la población ocurrida el 19 de enero 2015 en el CAJ, luego de la detención arbitraria de dos jóvenes en el municipio vecino de San Mateo Ixtatán.

Fue acusado injustamente por el ex alcalde municipal Diego Marcos Pedro, quien afirmó que había sido golpeado y obligado por don Domingo Francisco a asistir a una audiencia realizada en el CAJ en la noche del 19 de enero 2015, el ex alcalde que simpatiza con las empresas hidroeléctricas insistió en victimizarse, en su versión manifestó que más de un centenar de comunitarios lo amenazaron, agredieron y desalojaron de su casa para obligarlo a asistir al CAJ.

Durante el Debate Oral y Público en el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la juez Yassmin Barrios en 2016, comprobó que el testimonio y la acusación del ex alcalde no eran ciertos, que deliberadamente había mentido y que su testimonio, en similitud con otros 20 testigos más, la mayoría trabajadores del CAJ, todos estos testimonios fueron presentados como parte de la estrategia de criminalización de la hidroeléctrica en contra de las autoridades ancestrales y comunitarias que enfrentaron ese debate oral, al final fueron absueltos.

En una columna anterior Sí creo en su inocencia hablo de este juicio histórico.

“¿Señor Rigoberto en dónde está?, creo en su inocencia, siempre me han dicho que soy muy dura para condenar, pero con esa misma dureza lo soy para absolver y creo en su inocencia.” Jueza Yassmin Barrios.

Su abogado defensor, el licenciado Benito Morales Laynes, ha insistido en denunciar la estrategia de criminalización, que desde la instalación de las empresas, utilizando el sistema de justicia para perseguir y encarcelar a las autoridades comunitarias, ancestrales por oponerse a los megaproyectos, son y seguirán siendo juicios políticos.

En el caso de Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar y ahora Domingo Francisco Cristóbal no le queda otro camino al MP más que desistir y pedir que sean cerrados los casos, luego de un año de investigación sin poder comprobar la participación de ellos en algún delito.

Esta historia no se termina aun

Durante los últimos cuatro años, hemos presenciado la ofensiva de las empresas extractivas en el país, muchas han sido las estrategias para imponer de forma violenta la construcción de los megaproyectos y la criminalización ha sido una de las estrategias para castigar a las autoridades comunitarias o ancestrales que se oponen a las empresas.

En esta estrategia, los empresarios cuentan con el respaldo y apoyo del Estado, el Ministerio Publico –MP- perdió total objetividad en las investigaciones y desde el año 2015 persigue a las autoridades ancestrales maya Q’anjob’al en el territorio norte de Huehuetenango por defender el agua de los ríos.

Las empresas echaron mano de la cooptación de persona y de algunos liderazgos en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, con la cooptación llego la división comunitaria, misma que se reflejó en las administraciones municipales durante el gobierno de Otto Pérez Molina 2011- 2015, la de Barillas y Santa Eulalia pro hidroeléctricas.

Pérez Molina un ex general vinculado a la represión durante la guerra ahora se encuentra encarcelado por dirigir varias redes criminales y de corrupción en Guatemala, la vice presidenta de su gobierno Roxana Baldetti Elías y su ministro de Gobernación Masurio López Bonilla podrían ser extraditados a los Estados Unidos por narcotráfico, junto a Erick Archila Dehesa ex ministro de Energía Y Minas impulsaron y promovieron las actividades de las empresas extractivas en todo el país, Erick Archila por ejemplo huyo de la justicia nacional y ahora se encuentra en los Estados Unidos a la espera de ser extraditado a Guatemala.

Luego llegaron las amenazas, la desaparición forzada, la presencia de paramilitares y los asesinatos selectivos, como paso siguiente, comenzaron a aparecer las denuncias ante las fiscalías del MP en el CAJ y los juzgados en Barillas, estas denuncias avanzaron rápidamente y los jueces emitieron docenas de órdenes de aprensión, llegó la militarización, los Estados de Sitio y la prisión política.

Las empresas siguen generando acciones y estrategias para golpear a las comunidades, encarcelar a sus principales autoridades, en un escenario adverso para la movilización comunitaria, mientras los pueblos y comunidades continúan exigiendo el respeto a sus formas propias de toma de decisión, autoridad ancestral y formas propias de resolución de los problemas; en este caso el retiro de las empresas hidroeléctricas de su territorio.

En toda América Latina se están viviendo escenarios similares, con patrones comunes en las estrategias que están implementando en contra de la organización comunitaria, popular o las resistencia en todo el continente, especialmente frente a los grandes megaproyectos como en México, Honduras, Chile, Ecuador, Brasil, y otros.


Fotografía Quimy De León

 

Publicado en desInformemonos en México.

“…que no quede ninguno vivo”

Pedro García Arrendo es culpable”… con estas palabras hace un año exactamente, en la ciudad de Guatemala, en sala mayor de la Corte Suprema de Justicia el Tribunal de Mayor Riesgo B, frente a una multitud de personas de distintos pueblos del país, escuchamos la sentencia por la masacre cometida por el Estado de Guatemala en 1980. El nerviosismo lleno por completo la sala de audiencias, esta sentencia llegó dos años después de la sentencia por Genocidio en contra del pueblo Ixil contra del general José Efraín Ríos Montt en 2013.

La jueza y presidenta del Tribunal, inició por la tarde de ese histórico lunes 19 de enero, llegó el momento de la lectura del documento final, el resumen de la sentencia, haciendo uso de la palabra, y con el silencio de la multitud en la sala, abrió la audiencia a las 5 y 23 minutos de la tarde, treinta cinco años después de la masacre en la Embajada de España en 1980.

La jueza Sara Griselda Yoc Yoc de manera sencilla, sin leer un lenguaje técnico jurídico trasladó el análisis del tribunal para argumentar el porqué de su sentencia, en el caso de la “Toma y Quema de la Embajada de España” ocurrida el 31 de enero del 80.

El jefe del Comando Seis, teniente coronel Pedro García Arredondo fue condenado a 90 años de presión inconmutables, 40 años por cometer Delitos Contra Deberes de Humanidad en concurso ideal, delitos de Asesinato en Grado de Tentativa en concurso real contra el Embajador de España Dr. Máximo Cajal y López y el campesino Maya Gregorio Yujá Xoná, y el asesinato de 37 personas dentro de la Embajada de España el 31 de enero de 1980.

Cientos de personas esperaban con atención que la jueza con sus palabras llegara finalmente a la parte condenatoria, pasaron tan solo pocos minutos, que se convirtieron en largas horas de espera para quienes ahí presenciábamos la lectura, finalmente pocos minutos más tarde ocurrió, sus palabras rompieron la espera de décadas: “Pedro García Arrendo es culpable.”

Los corazones comenzaron a latir con fuerza, la respiración de cientos de personas ahí presentes en esa sala se hicieron profundas, muchas lágrimas rodaron por los rostros arados por el tiempo, hombres y mujeres maya Ixil y K’iché presenciaban como la justicia en Guatemala comenzaba a saldar la deuda enorme que aún tienen con su pueblo, varios hombres y mujeres Ixiles, hijos de quienes murieron calcinados adentro de esa embajada volvían a recordar con insistencia el reclamo de justicia, ese reclamo que los llevo a sobrevivir y a luchar 35 años ante los tribunales nacionales.

El tribunal continuo con la lectura de la sentencia, impone la condena de 50 años más de prisión inconmutables; por el asesinato de los estudiantes universitarios Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España Valle cometidos posteriormente el 2 de febrero de 1980, dos días después de la quema de la embajada.

“… estamos totalmente convencidas de la responsabilidad del señor Pedro García Arredondo como autor de los hechos que se han explicado.”

“…esta sentencia viene a ser esa agua que apaga ese incendio de esa búsqueda de justicia que han tenido los familiares de las víctimas que han tenido todo este tiempo y lo esperamos que este acto justo que hoy se dicta sea un precedente para que todo funcionario adecue su conducta al marco de la ley, al respeto de los derechos humanos, a la vida y dignidad de las personas.” jueza, Irma Jeannette Valdés.

Pedro García Arredondo es un militar que dirigió con mano dura el temido “Comando Seis” de la Policía Nacional –PN- durante la dictadura del general Fernando Romeo Lucas García (1980-1982), junto a su hermano Manuel Benedicto Lucas García quien era Jefe del Estado Mayor del Ejército, desde su comandancia se dirigió la más atroz estrategia contrainsurgente en contra del pueblo guatemalteco, miles de jóvenes, estudiantes, obreros, militantes revolucionarios, académicos, maestros, religiosos, la dictadura y el empresariado no diferencia edades, etnias, la violencia del Estado golpeo con fuerza, la más sanguinaria de toda América.

“Un testigo escuchó decir de la policía “que no quede ninguno vivo”.  Contrario a lo que se supone la policía llegó con la orden de matar al grupo de campesinos, así que quemaron la sede de la Embajada y asesinaron a 37 personas, dos lograron sobrevivir; el embajador Máximo Cajal y López quien logró escapar por sus propios medios y el campesino Gregorio Yujá que fue llevado al hospital privado “Herrera Llerandi”, estando ahí fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y después lo asesinaron. Su cuerpo fue lanzado en el Campus central de la Universidad de San Carlos.”, la universidad nacional.1

García Arrendo cumplirá 72 años de edad, de esos, lleva 3 años en la cárcel por delitos de lesa humanidad, es el único oficial de alto rango que fue condenado por la masacre de los 37 indígenas del Quiché y los estudiantes universitarios dentro de la embajada, los cuadros operativos de la Policía Nacional de menor rango, y los elementos del ejército ahí presentes ese 31 de enero del 80, así como Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor permanecen aún sin ser juzgados, Romeo Lucas al frente de la dictadura de ese entonces falleció en el 2006 viviendo un supuesto exilio en Venezuela.2

La historia de Benedicto Lucas será distinta, fue detenido en enero del 2016 junto a 18 altos mandos del ejército, está en prisión preventiva, acusado por delitos de lesa humanidad por la detención y desaparición más grande de América, 558 osamentas exhumadas en la zona militar, conocida como #CasoCreompaz o Zona militar número 21 de Cobán, Alta Verapaz.3

No es el único caso, Benedicto Lucas fue ligado a otro proceso, por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, y por la detención y tortura de su hermana Emma Molina Theissen ocurridos en 1981.4

Benedicto Lucas al igual que Pedro García Arredondo está enfrentando la justicia, junto a Benedicto están otros 18 altos mandos del ejército, unos con arraigo domiciliario, la mayoría presos en los cuarteles militares y otros aun prófugos de la justicia.

Nuevamente, estamos esperando otras sentencias, continúan los juicios históricos, continua el proceso penal de la Zona militar número 21 de Cobán, la masacre de las Dos Erres en Peten en 1982, el caso Molina Theissen, el caso del Diario Militar, en fin falta mucho aun, pero es el único camino para ir encontrando la paz en Guatemala, y la no repetición de tantas atrocidades.

Con estos procesos nace de nuevo la esperanza.

1 Quimy De León. Toma y quema de la Embajada de España: “que no quede ninguno vivo”. Prensa Comunitaria. 31 de enero 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/31/toma-y-quema-de-la-embajada-de-espana-que-no-quede-ninguno-vivo/

2 El Mundo. Fernando Romeo Lucas García, ex dictador de Guatemala. 31 de mayo 2006. http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/29/obituarios/1148920570.html

3 Nelton Rivera. Caso Creompaz: la cara de la represión y los vínculos con el gobierno. Prensa Comunitaria. 6 de mayo 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/05/06/caso-creompaz-la-cara-de-la-represion-y-los-vinculos-con-el-gobierno/

4 Quimy De León. Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años desaparecido por el ejército de Guatemala. Prensa Comunitaria. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/12/marco-antonio-molina-theissen-un-nino-de-14-anos-desaparecido-por-el-ejercito-de-guatemala/

Fotografía ABC

 

Fotografía Guatevision.

 

Fotografía Noticias de Bomberos en Guatemala.

 

Fotografía Publinews


Por: Quimy De León.

Marco Antonio Molina Theissen era un niño de 14 años, estaba en tercero básico cuando miembros del ejército entraron a su casa, lo detuvieron y lo desaparecieron. Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

Su hermana, Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en el entronque conocido como Cuatro Caminos quienes la llevaron a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue torturada y violada sexualmente. Pese a esto a los ocho días ella logró huir por una ventana.

El 6 de octubre de 1981, un día después de que Emma lograra escapar de sus captores, varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres ubicada en la colonia La Florida en el municipio de Mixco en el departamento de Guatemala. Entraron con lujo de fuerza, dentro estaba Marco Antonio, lo engrilletaron, le taparon la boca con Masking tape y golpearon a su madre. Luego lo metieron a un costal y lo tiraron a la palangana de un picop con placa oficial 17675. A pesar de que su madre corrió tras el carro para rescatar a su hijo nada pudo hacer.

Sus padres desesperadamente buscaron a su hijo en hospitales y destacamentos militares. Hicieron varias gestiones ante las autoridades, ante el ejército, ante la iglesia, ante instancias internacionales de derechos humanos y nunca lograron nada. Hasta la fecha la familia de Marco Antonio no sabe sobre su paradero, pero no han dejado de buscar.

El proceso penal

La mañana del 12 de enero 2016 cuatro militares retirados esperaban ansiosos junto a sus familiares y abogados que diera inicio la audiencia de primera declaración por el caso de desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen. Ellos fueron detenidos el 6 de enero de 2016 por una orden de aprehensión y arraigo emitida por el juzgado cuarto el 4 de enero de este mismo año. Los delitos por los que están presos son desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad. Posteriomente el Juzgado de Mayor Riesgo C ligó a este mismo proceso penal a Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor de la Defensa en 1981, detenido el 6 de enero 2016 junto a otros 17 altos mandos del ejército guatemalteco por el caso conocido como #ZonaMiliatar21Coban o caso CREOMPAZ durante la guerra.

A las once de la mañana después de una hora de espera dio inicio esta audiencia en la sala primera del juzgado quinto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala.

Hugo Ramiro Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor, Manuel Antonio Callejas Callejas General de división, Francisco Luis Gordillo Martínez fue comandante de la zona militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, cuando ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa. También fue de la Junta Militar que asumió después de dar un golpe de Estado y asumiera de facto la presidencia Efraín Ríos Montt y Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenango.

La sala es muy pequeña y en ella también esperaban las familiares de Marco Antonio, su madre Emma Theissen Álvarez viuda de Molina, sus hermanas María Eugenia y Ana Lucrecia Molina Theissen acompañadas por defensoras de derechos humanos.

Benedicto Lucas García fue ligado a este mismo proceso penal

El juez Víctor Herrera Ríos que preside el juzgado de Mayor Riesgo C en la ciudad de Guatemala ligo a proceso penal a cinco altos mandos del ejército por varios delitos de Lesa Humanidad que incluyen: Deberes contra la humanidad y por la detención y Desaparición Forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen el 6 de octubre de 1981 en el municipio de Mixco, Guatemala.

También por los delitos de Violación con agravación de la pena y Deberes contra la Humanidad por la detención arbitraria de Emma Guadalupe Molina Theissen el 27 de septiembre de 1981 retenida clandestinamente en la Brigada Militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas” a quien sometieron a tortura, interrogatorios y violación sexual repetidamente.

La audiencia se realizó en la sala del nivel 12 de la Torre de Tribunales en presencia de los cinco sindicados: Benedicto Lucas García, Hugo Ramiro Zaldaña, Francisco Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares y Manuel Antonio Callejas, los cinco militares quedaron ligaros por los tres delitos,  todos permanecen en prisión preventiva en un cuartel militar desde enero del 2016, el juez ordenó que todos permanecerán en prisión preventiva.

Fotografía de Nelton Rivera.

La acusación

El fiscal del Ministerio Publico hizo responsable a los cuatro militares de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen. Para ello cuentan con varias pruebas que determinan el papel de cada uno de los militares.

Hugo Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor en la Brigada Manuel Lisandro Barillas dirigía el retén militar donde fue capturada Emma en el entronque conocido como cuatro caminos ubicado en San Cristóbal Totonicapán, después fue llevada a la zona militar en donde fue detenida ilegalmente, torturada y violada sexualmente.

Francisco Gordillo Martínez era comandante de la zona Militar a la vez que Ediliberto Letona Linares como segundo comandante son responsables junto a Hugo Zaldaña Rojas por los delitos contra deberes de la humanidad y violación agravada.

Manuel Antonio Callejas y Callejas General de División tuvo la responsabilidad de ordenar nuevamente la captura de Emma Molina Theissen y que desaparecieran a su hermano menor, por lo que a él se le acusa solamente del delito de desaparición forzada y delitos contra deberes de la humanidad.

De los cuatro militares Edilberto Letona accedió a hablar y negó su responsabilidad en los hechos y delitos por los que se le acusa, sí reconoció su cargo como Segundo Comandante en la zona militar y que entonces se encontraba de alta.

 

 


Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Santiago Bastos Amigo.

Puede parecer extraño recordar que el detonante fue la propuesta de reglamentación del Convenio 169 que lanzó Álvaro Colom, allá en marzo de 2011. La convocatoria a una carta colectiva y la consiguiente búsqueda de firmas entre contactos y amistades – logramos más de 500 adhesiones en pocos días- sirvió para aquilatar y proponernos dar forma a conversaciones e ideas que venían de tiempo atrás entre Quimy De León y Santiago Bastos.

A partir de ahí, empezamos a poner en orden en nuestras preocupaciones y esperanzas alrededor de la movilización que se estaba dando en las comunidades en esos años, cuya expresión más visible eran las consultas comunitarias de buena fe y los conflictos que ya había en contra de megaproyectos en algunos lados.  En ese entonces se había dado la cobertura que hicieron Nelton y Quimy junto a Sara Mingorría y Alberto Alonso desde la plataforma de Indymedia, de los desalojos del Polochic, que mostraron la importancia de la comunicación independiente para denunciar lo que ahí ocurría.

Comenzamos entonces a buscar cómo poner en práctica un proceso/proyecto en cuyo cetro estuvieran esas comunidades y organizaciones que protagonizaban la movilización, a las que este trabajo debería servir como insumo para su proceso, pero también de quienes la acción debería partir. Pensábamos un basado en cuatro tipos de acciones, cuatro momentos -presencia, documentación, análisis y comunicación-. No queríamos comportarnos como una ONG ni depender de la cooperación, pero también sabíamos que necesitábamos fondos para poner en práctica estas ideas.

Así, entre reuniones, pláticas, propuestas, intentos de coordinación y búsquedas de fondos y consensos, se nos fue 2011. El primer trabajo que pudimos hacer, fue un repositorio de noticias publicadas sobre las consultas comunitarias, que debe andar por algún lado en la red, en dónde trabajó Nelton Rivera y Dania Rodríguez. Poco después, ya en 2012, logramos poner en marcha un proyecto de investigación en donde Diakonia aportó para el inicio, sobre la sistematización y análisis de tres casos concretos definidos por los contactos y la relevancia de la lucha. Escogimos Barillas, San Juan Sacatepéquez y el Polochic.

La urgencia de la comunicación

Cuando estábamos en plena labor, la cercanía con los sujetos que era la base de nuestra propuesta nos impuso la necesidad de acondicionar nuestra propuesta de trabajo. El Estado de sitio decretado en Barillas el 1 de mayo de 2012 llevó a 9 líderes y autoridades comunitarias a la cárcel e hizo que muchos más de ellas y ellos se refugiaran para evitar ser capturados. La labor de sistematización ya no era suficiente, comenzó el acompañamiento de los perseguidos y sus familias, y sobre todo, la necesidad de que todo eso se conociera más allá de las versiones siempre insuficientes, parciales y perversas que difundía la prensa corporativa.

Surgió así “Barillas resiste”, un blog en formato wordpress, en donde publicábamos las noticias que íbamos recolectando sobre los hechos que iban sucediendo alrededor de este caso -mientras la investigación sobre los otros dos lugares debía seguir avanzando- En ella subíamos testimonios, los hechos que ocurrían en los juzgados, entrevistas a los abogados, comunicados de organizaciones. Todas estas tareas empezaron a ser práctica habitual del equipo, al que se sumó Francisco Lucas Pedro, Chico que además sufría persecución penal. Desde este medio se participó en la fundación del Centro de Medios Independientes como espacio de convergencia que recogía voluntades y experiencias de comunicación alternativa, tan necesaria ante la deriva represiva del gobierno del Otto Pérez Molina

En esta labor, la página se fue consolidando como un proyecto en sí mismo y a final de año, dio un salto cualitativo, y de “Barillas resiste”,  pasó a llamarse “Prensa Comunitaria”, mostrando su voluntad de ampliar la cobertura, porque amigos empezaban a enviar textos y los contactos ya se estaban consolidando en más lugares. Uno de estos lugares era Santa Eulalia, donde la desaparición y muerte de Daniel Pedro, Daniel Maya, fue un golpe tremendo, por los proyectos y sueños que tuvimos en conjunto y que empezaban a perfilarse un reto para la comunicación.

En esos meses también estábamos inmersos, como todo el país, en la cobertura del juicio que por el delito de genocidio se seguía a Ríos Montt, lo que mostraba otra cara del trabajo de Prensa Comunitaria que desde entonces no se ha abandonado: la memoria y el conflicto armado como base para entender todo lo que está ocurriendo ahora.

Sin embargo, el trabajo se vio afectado porque desde inicio del año 2013 se empezó a dar una campaña de difamación y ataque a gente del equipo por problemas de poder en los espacios en que trabajamos. Fueron meses de desgaste personal.

El trabajo de análisis y sistematización del acompañamiento en Barillas permitió   preparar la publicación Las Voces del Río junto a UDEFEGUA, a partir de testimonios de perseguidos, presos y sus familiares, presentado en la ciudad de Guatemala en febrero de 2014. En abril presentamos también el resultado de la investigación que iniciamos en 2012, con el título de Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Hicimos presentaciones en la Capital, en Cobán y San Juan Sacatepéquez.

El equipo se amplía y el kilómetro 169

El día 4 de octubre del año 2012 el ejército de Guatemala realizó la masacre de 6 personas maya K’iché’ durante una manifestación pacífica de miles de comunitarios y comunitarias, representadas por los 48 Cantones de Totonicapán, más de 40 personas fueron gravemente heridas por las balas de fusilería del ejército.

El pueblo K’iché de Totonicapán se encontraba movilizado exigiendo al gobierno el cese de la reforma educativa, las reformas Constitucionales y el cese de la persecución de líderes y lideresas por oponerse al incremento de la energía eléctrica de la empresa inglesa ENERGUATE. Nelton Rivera tomó una fotografía de la señal de kilometraje, la subió de perfil de nuestra página en Facebook. Con el tiempo la gente nos identificaba con ese símbolo y decidimos reivindicarlo.

En ese tiempo, con apoyo financiero de Hivos empieza un trabajo en equipo con Luciérnaga, que marca la marcha a lo que ya va siendo la nueva Prensa Comunitaria: la ampliación del equipo de comunicadores comunitarios con la incorporación desde Alta Verapaz y Norte de Huehuetenango sobre todo de Rony Morales, Alfredo Rax y Joel Pérez. Con ellos y otras personas más se lleva a cabo una escuela de comunicación comunitaria, que sirven para ir ampliando y dando otro carácter al trabajo y al equipo. En la capital, también se van sumando gente como Jovita Tzul, Andrea y Lucía Ixchíu, o Simón Antonio, Gerardo Monterroso, Marta Karina Fuentes, Pablo Rangel y Norma Sancir que empezaron a colaborar de distintas maneras Se establecieron vínculos con otros medios digitales de otros países como Periodismo Humano en España o Desinformémonos en México; mientras que la gente con la que trabajábamos en el norte de Huehuetenango seguían siendo hostigada.

Con todo eso, Prensa Comunitaria se va llenando de contenidos de lo más diverso y las tareas se van ampliando.  Nos llaman desde lugares donde hay conflictos o movilizaciones para cubrirlos, o para enviar la propia versión de un acontecimiento importante. Los jóvenes que van llegando van mostrando sus trabajos en la página. Los nuevos soportes, redes sociales sobre todo Facebook pero también twitter e instagram se van convirtiendo en un vehículo de nuestro quehacer.

El cierre de  la radio Jolom Konob, de Santa Eulalia, el 20 de enero de 2015 por orden del alcalde del municipio nos hace desplegar una campaña para denunciar los ataques a la libertad de prensa; que nuestros compañeros sufren de forma directa cuando dos meses después subían a Santa Eulalia a acompañar la esperada apertura de la radio, y fueron agredidos por los partidarios del alcalde, al igual que otras persona de la comunidad.

Ya en en abril de 2015 empiezan las movilizaciones en contra de la corrupción en gobierno de Otto Pérez Molina, que supusieron todo un terremoto político, y también un reto comunicativo para el equipo. Cada vez que había movilización, en la Plaza de la capital- corazón geográfico del país- o en cualquiera de los lugares más apartados de la República, allá estaba alguien  del equipo de Prensa Comunitaria poniendo en marcha la maquinaria para que la fotos, los reportajes, textos, acabaran en  las páginas de facebook, wordpress, twitter, medium informado con prontitud y rigor de lo que iba ocurriendo.

Esto ayudó  a fortalecer el equipo y las redes en las comunidades, y a potenciar el uso de las plataformas tecnológicas, con lo que se aplicó a la capacidad de difusión.

Además, a finales de año, nuestro trabajo de acompañamiento y denuncia de los derechos humanos fue reconocido con el premio de derechos humanos “Alice Zachmann” que anualmente otorga la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, con sede en Washington, USA. Don Lorenzo Mateo fue quien viajó a recibirlo y hacer una gira con su hermanos q’anjobales en ese país.

Diversificándonos

El cambio de año, con el resultado de las elecciones nos deja tan abatidos como a todo mundo, pero hay que seguir trabajando, buscando cómo hacer para estar al día de una tarea que cada vez exige más complejidad tecnológica.

La muerte repentina de Poncho Porres, fundador y personaje central de Luciérnaga, pero también pieza clave del desarrollo de Prensa Comunitaria en sus años de existencia nos impacta fuertemente. Como si fuera su energía después de su partida, toma forma un viejo proyecto que surgió precisamente en una plática con él en el Café Chichoy de Agua Escondida. Se trata de la Muestra Guatemala en MovimientoS que gracias al empuje de las chicas de la Casa Yaxs, acaba siendo un proyecto multimedia y multitodo, en que desplegamos nuestra memoria para intentar explicar cómo las movilizaciones comunitarias desde 2010 pusieron la base para las que se centraron en la capital en 2015. Las muestras en ciudad de Guatemala en junio y en Xela en julio fueron para el equipo un gran aprendizaje lleno de satisfacciones.

Mientras tanto, el trabajo continuado junto a los equipos de abogados de los presos políticos del norte de Huehuetenango, llevó a la posibilidad de que el acompañamiento, investigación y  conocimiento sobre el proceso que se desarrolla en el área se vuelque en el peritaje que Santiago Bastos realizó para presentar en el juicio que finalmente se realizó los días 5 al 20 de julio y que terminó con la absolución de todos ellos por la juez Yassmín Barrios. Realmente, fue un día alegre.

De una de las secciones de Guatemala en MovimientoS coincidiendo con la apertura del juicio por el caso por la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen surge otro proyecto que toma vida propia: el montaje El cuarto de las ausencias, que se instala por su cuenta en las instalaciones del IIARS, con el trabajo de las familias que han perdido a sus seres queridos durante la guerra Molina Theissen, Pedro Mateo, Estrada y Portillo.

Al llegar a nuestro cuarto año de trabajo estamos preparando dos volúmenes de textos escritos por gente del equipo y por amigos en torno a los dos temas que han definido nuestro actuar: la resistencia comunitaria y la memoria histórica.

Para entonces hemos conseguido una de las más viejas aspiraciones: abandonar el soporte tecnológico de la página en worpdress -tan plano y bidimensional- y poder construir una página web con las últimas posibilidades, gracias al apoyo incondicional de Gerardo Monterroso.

Esto es, muy por encima, un recorrido por lo que hemos hecho en estos  cuatro años. Son  ¿cuántas notas? ¿Cuantas fotografías? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos muertos y cuántos desvelos compartidos? Todo ello con muchas ganas y con toda la energía de que disponemos y la que nos va llegando, pero también con sacrificios. Con muchos planes y siempre con la frustración de no haber podido hacer todo lo que tenemos planeado hacer; todo lo que este país exige.


Texto: Quimy De León.

Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en la carretera interamericana, para finalmente ser llevada a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue sometida a interrogatorios, tortura y violación sexual. Pese a esto a los ocho días ella logró huir por una ventana.

El 6 de octubre de 1981, un día después varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres y fue detenido desaparecido su hermano Marco Antonio de 14 años. Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

La mañana del 6 de enero de 2016 fueron detenidos varios militares por una orden de aprehensión y arraigo emitida por el juzgado cuarto el 4 de enero de este mismo año. Entre ellos cinco que están siendo procesados por los delitos de desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad.

Ellos son Benedicto Lucas Jefe del Estado Mayor Presidencial durante el período del 2 de julio de 1978 al 18 de marzo de 1982 teniendo bajo su responsabilidad y mando al ejército de Guatemala, Ramiro Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor, Manuel Antonio Callejas General de división, Francisco Luis Gordillo Martínez fue comandante de la zona militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, cuando ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa. También fue de la junta Militar que asumió después de dar un golpe de Estado y asumiera de facto la presidencia Efraín Ríos Montt y Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenango.

El juez Víctor Hugo Herrera Ríos quien preside el juzgado de Mayor Riesgo C ligó a proceso penal a los cinco altos mandos del ejército por la detención arbitraria de Emma Guadalupe y la desaparición forzada de Marco Antonio.

Entrevista

¿Quién es hoy Emma Molina Theissen?

En este 2016, cuando se abrió finalmente la esperanza de justicia para mi familia, soy una mujer de 56 años, madre de una hija inteligente y trabajadora, y abuela de un pequeñito de dos años y medio que es la más reciente alegría de mi vida. Soy la hija orgullosa de una mujer cuyo amor es la fuerza vital de la familia, especialmente en la búsqueda de justicia para mi hermanito Marco Antonio y para toda la familia. Y soy también la hermana de dos valientes, honradas y dignas mujeres. El ejemplo y el amor que siento por cada uno de ellos, me acompaña todos los días y me hace sentirme parte de una estirpe especial.

Soy también una profesional de la ingeniería de sistemas de información. Me considero exitosa en mi carrera y he logrado cosechar respeto y reconocimiento en mi campo. Estoy muy orgullosa de haber estudiado en la universidad y de tener una maestría que pude estudiar hasta hace pocos años. La universidad significó mucho sacrificio, especialmente del tiempo que le podía dedicar a mi hija, que era muy pequeña cuando yo pude estudiar. Tenía 27 años cuando inicié la carrera, que hice teniendo que trabajar. Como madre sola, pude terminarla porque conté con el apoyo de mis padres y mis hermanas para cuidarme a mi hija mientras yo iba a clases o tenía exigentes tareas y exámenes que cumplir.

Hoy trabajo entre cincuenta y cincuenta y cinco horas por semana (por muchos años trabajaba mucho más). Soy la directora de tecnología de información de una empresa aseguradora del magisterio costarricense. A estas alturas proyecto jubilarme en cuatro años, para lo cual estoy ahorrando todo lo que puedo. Quiero descansar y dedicarme a acompañar a mi nieto en sus años de escuela. Voy a entregarle a él el tiempo que no pude darle a mi hija.

Soy amante de la lectura. Me encantan las novelas, especialmente las históricas, y disfruto de hacer ejercicios. Especialmente de caminar los domingos con mi madre, con quien caminamos una hora, bien tempranito. Me gusta el cine y las series cómicas de televisión por las que me despierto los sábados a las 6 de la mañana, para pescar los episodios que no logro ver entre semana.

Me encanta tomar café con pan y adoro las champurradas.

No quiero morirme sin conocer Europa y anhelo hacer mucho por la educación en derechos humanos de niños y jóvenes guatemaltecos.

El camino por la justicia es un camino tortuoso y complejo especialmente en lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército y donde estarían implicados altos mandos.

¿En qué momento y cómo fue que tomó la decisión de buscar justicia, usted y su familia?

Siempre perseguimos la justicia. Desde el momento en que el Ejército secuestró a mi hermano Marco Antonio, en 1981. En 1997, luego de la firma de los acuerdos de paz, buscamos la justicia presentando la denuncia en un juzgado penal. También se acudió a la justicia cuando, no hallándola en Guatemala, la familia recurrió al sistema interamericano de derechos humanos. Este último dio trámite a la acusación del Estado, por el secuestro y desaparición de mi hermano Marco Antonio, que culminó en una sentencia mediante la cual se condenó al Estado guatemalteco, en 2004.

¿Cómo ha sido ese camino hacia la justicia?

El mismo seguido para Marco Antonio. Aunque ante el Sistema Interamericano no figuré como víctima –solo él y por decisión mía– con base en los hechos y pruebas periciales, la Corte Interamericana dictaminó que yo también lo fui, al igual que toda la familia. En Guatemala ha sido el mismo camino. Lo sucedido a mi persona y mi escapatoria forman parte de una cadena de hechos en la que detención ilegal de mi hermano es un eslabón más. Es un continuo de sucesos inseparables.

¿En qué momento usted rompió el silencio y decidió contar lo que ocurrió durante su cautiverio?

Las personas, compañeros del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) en su mayoría, que me auxiliaron, me protegieron y me ayudaron a salir de Guatemala, supieron desde el primer momento todo lo ocurrido durante mi detención.

¿Cuál ha sido el recorrido de su palabra, su testimonio?

Entre octubre de 1981 y abril de 1982 conté lo sucedido a personas que me rodeaban.

Estando en México a donde llegué en enero de 1982 en calidad de exiliada, me sentía muy cerca de la comunidad de guatemaltecos, la mayoría con historias trágicas, pérdidas familiares o experiencias terribles de persecución. Todos vivíamos al filo en todo sentido, material y emocionalmente. Contarnos lo que vivimos y cómo nos sentíamos nos proporcionaba (al menos a mí) un sentimiento de seguridad y contención afectiva en la soledad y la tristeza que todos cargábamos. Mis palabras quedaron grabadas en cassettes cuyo rumbo perdí.

En mayo de 1982, fui informada del secuestro y desaparición de Marco Antonio. No estaba enterada porque mi familia y los compañeros del Partido (del PGT) que me rodeaban, noblemente lo ocultaron para no debilitar aún más, mi frágil estabilidad emocional, socavada por el terror. Decidieron contarme lo sucedido porque sería publicada una lista de personas desaparecidas, en la que figuraría Marco Antonio. Quisieron que no me enterara leyendo la lista.

Después en 1983, junto con otras personas familiares de desaparecidos, conformamos el Comité Guatemalteco de Familiares de Detenidos Desaparecidos y nos sumamos a la denuncia de lo que ocurría en Guatemala.

Eran los años del golpe de Estado de Efraín Ríos Montt y la más violenta represión en Guatemala. No teníamos dinero y nuestra voz era la de una hormiga en un país de 75 millones de habitantes, con exiliados de todo el mundo que daban a conocer su realidad, buscando solidaridad para su propio país. En medio de aquellas actividades asistimos a foros públicos de denuncias y yo contaba la historia de mi detención y el secuestro de mi hermano. Hacíamos afiches y los pegábamos en las calles del centro histórico de la ciudad.

Ese mismo año de 1983, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) que funcionaba en el exilio, en la ciudad de México, recibió al recién nombrado relator especial de Derechos Humanos de la ONU para Guatemala, el ahora Vizconde Colville de Culross, un inglés de mirada gélida que no hablaba una pizca de Español. Me recibió 10 minutos con su traductor. Narré mi historia, tomó nota y salí. De él y su impertérrito rostro no recibí una sola palabra ni el menor gesto de empatía. Pero tengo la convicción de que en algún momento se llegó a escuchar mi voz, mi testimonio, porque era la repetición abrumadora de las palabras de muchos que apenas logramos escapar de la muerte. México tenía en la zona fronteriza con Guatemala, asentamientos de poblaciones rurales de Guatemala de cientos de personas que huyeron de las masacres y vivieron más de diez años en campamentos de refugiados de los que lograron retornar finalmente después de la firma de los acuerdos de paz. Ellos constituyeron una denuncia permanente del estado de terror que se vivía en las zonas rurales de Guatemala.

Mi exilio continuó en Costa Rica adonde llegué en 1985. En el año 86 me integré a una asociación de familiares de desaparecidos en Centroamérica. Habíamos familiares de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta asociación llevó ante el sistema interamericano el primer juicio contra desaparición forzada que culminó en julio de 1988 con la condena al Estado hondureño por la desaparición de dos personas. La sentencia constituyó un precedente fundamental para la lucha por los derechos humanos en la región.

Durante los 35 años desde mi fuga y el secuestro y desaparición de Marco Antonio, he narrado mi experiencia ante jueces, abogados, fiscales, representantes del Gobierno, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, miembros del cuerpo diplomático y periodistas. Asimismo he prestado testimonio judicial en todo momento en que ha sido requerido por los procesos legales nacionales e internacionales.

¿Por qué ha sido para usted importante denunciar, a pesar de lo difícil de los hechos ocurridos y de las implicaciones que pueda tener hacerlo?

Porque no nos resignamos ante la desaparición de Marco Antonio. Porque todo lo que sucedió no puede quedar impune. Por el inmenso dolor causado a mis padres quienes lo buscaron incansablemente y solo recibieron la indiferencia de las autoridades y la persecución de la inteligencia militar. Porque todavía tenemos la vida, el vigor y la voz para gritar que lo que nos hicieron no está olvidado y que no nos silenciaron pese a la brutalidad de sus acciones.

¿Cómo vivió usted el hecho de que en primera instancia no hayan ligado a proceso a los militares por el delito de violación agravada?

En enero, la jueza Secaida decidió no ligar a proceso por el el delito de violación agravada a los exmilitares detenidos. No desestimó completamente el cargo, pero pidió más pruebas y aclaró que ello no significaba que no pudieran presentarse en el futuro.

En los meses posteriores, el Ministerio Público se dedicó a fortalecer la imputación y a obtener peritajes como el que se hizo basado en el Protocolo de Estambul (Nota de Prensa Comunitaria: ver referencia en el enlace Protocolo de Estambul).

¿Cómo se sintió al respecto?

Este fue un obstáculo más en el largo y escabroso camino de llegar a conocer la verdad de lo sucedido y alcanzar la justicia. Se buscó cómo solucionarlo y finalmente el juez Herrera Ríos, en la audiencia del 25 de octubre, decidió que hay suficientes indicios para incluir la acusación de violación sexual con agravación de la pena, cargo por el que quedaron imputados los cinco exmilitares.

Hablar de violación sexual durante la guerra no es fácil para quienes son sobrevivientes. Sin embargo, usted no es solo una sobreviviente sino que además está llevando con mucha valentía un proceso penal por estos delitos perpetrados en su contra y por la desaparición forzada de su hermano menor Marco Antonio.

En el juicio, tanto el Ministerio Público como su abogado han planteado (y el juez así lo ratificó) que usted fue considerada “enemiga interna” y por esta razón fue detenida y llevada a una cárcel clandestina ubicada en la zona militar de Quetzaltenango. Y además fue sometida a interrogatorios, abusos físicos, psicológicos y sexuales para obtener información estratégica y para lograr que usted fuera colaboradora del Ejército.

 ¿Usted estaba desarrollando en el momento de su detención alguna tarea, o acción específica?

Mi detención ocurrió cuando yo viajaba en una camioneta desde la capital hacia Quetzaltenango. Eran cerca de las ocho de la mañana y el bus fue detenido por un puesto de vigilancia (retén) a la altura de Santa Lucía Utatlán. Yo portaba documentos de estudio político y panfletos del Partido Guatemalteco del Trabajo. Los soldados hallaron los documentos y me detuvieron. No andaba armada. Nunca anduve armada ni sabía utilizar un arma.

¿Por qué el hecho de haber sido miembro de la Juventud Patriótica del Trabajo la convertía en enemiga del Estado? ¿Cómo analiza usted esto, con relación al trato que recibió?

Desde la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional y la estrategia de guerra de baja intensidad, prácticamente cualquier persona que fuera sospechosa de disidencia ideológica y actividad política, era considerada enemiga del Estado y por lo tanto perseguida por eso. Al momento de mi detención, yo tenía 21 años y recién había sido dirigente estudiantil en secundaria, que culminé en el año 78. Participé en movimientos populares contra el alza del pasaje urbano, el sepelio de Robin García con la marcha de los claveles rojos, así como huelgas y manifestaciones pacíficas de protesta. Tuve un papel protagónico en Belén, donde estudié, así como en la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media que reunía a todas las asociaciones estudiantiles de secundaria. Desde la visión de los militares que tenían el poder en los años 80, mi actividad ciudadana o la militancia en una organización de izquierda apuntaban a que yo fuera considerada enemiga del Estado

Pero… ¿Cuál es la visión desde una óptica de institucionalidad de justicia y legalidad? Que el Estado guatemalteco (del cual es parte el Ejército) violó inclusive su propia legalidad. Las leyes guatemaltecas han reconocido derechos civiles y políticos, de libre asociación, libertad de expresión del pensamiento y consagraron en la Constitución de la República, además del derecho a la vida. En esa lógica, el Estado violó mis derechos políticos desde el momento de considerarme enemiga del Estado, justamente por ejercer estos derechos.

Si bien es cierto las organizaciones de izquierda, como el partido comunista (el PGT) eran ilegales, el Estado continuó violando mis derechos al detenerme ilegalmente, al no ser presentada ante un juez competente, al no ser legalmente acusada de actos al margen de la ley y al negar mi derecho a la defensa. Estuve además detenida en un cuartel del Ejército, en una cárcel clandestina porque los recintos militares no forman parte del sistema carcelario.

Y eso no bastó. Durante los nueve días de mi detención ilegal, fui sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo con la práctica oficial de esos años, con toda seguridad mi detención hubiera culminado con mi asesinato.

¿Por qué cree usted que se daba este trato a opositores? ¿Por qué tanta saña?

La detención ilegal, la tortura y el asesinato de opositores políticos o dirigentes sociales, era parte de un plan que buscaba sofocar el descontento de sectores del país, por medio del terror. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales calculan que el Estado asesinó a cerca de 250 mil personas, de manera individual o colectiva y que desapareció a otras 45 mil personas en Guatemala. Entre las personas desaparecidas se contabilizan 5 mil niños. Entre ellos, mi hermano, que tenía 14 años al momento de su secuestro.

La saña que me fue aplicada es la misma que sufría cualquier persona capturada ilegalmente. Yo no fui la excepción. Las torturas de las que fui víctima fueron las mismas que recibió toda persona que cayó en manos de la inteligencia del Ejército o sus efectivos y aparatos oficiales o clandestinos, llámese soldados, policía militar ambulante, G2 o escuadrón de la muerte. Era cuestión de tiempo para que me asesinaran con tortura. Digamos que yo tuve la “suerte” de que las torturas que me aplicaron no me mataron de inmediato, como ocurrió con personas cuyos cadáveres era arrojados a la orilla de caminos, o a ríos como el Motagua, tras pocas horas de la captura ilegal.

¿Pero el hecho de ser mujer y estar en manos del Ejército supone alguna diferencia en el trato durante interrogatorios tratándose de una detención ilegal ¿cómo podemos comprender esto?

 Considero que la violencia sexual de la que fui objeto era un tratamiento rutinario hacia las mujeres capturadas ilegalmente. Los ataques sexuales son una forma de tortura especialmente aplicada a sabiendas de que el enorme daño no solo es físico, sino moral y emocional. La violación no es sexo, es violencia pura, cruel y destructiva.

Es sometimiento al soldado y poderoso, protegido por la clandestinidad de la detención y por su posición impune ante la ley. El soldado o efectivo militar que viola a una mujer secuestrada pone en práctica su adiestramiento caracterizado por la carencia absoluta no solo de conocimiento de los derechos humanos más elementales, sino de la sensibilidad más básica hacia las personas. La violación es un arma de guerra. La practican los ejércitos en todo el mundo porque es sumamente efectiva para paralizar la fuerza formadora de la vida y la conciencia a partir de la mujer, dentro de la familia. Aprendí en carne propia que estar en manos de los militares significa ser objeto de las más asquerosas, denigrantes y dolorosas formas de violencia sexual.

¿En el proceso penal desde la defensa de los acusados se ha tratado de deslegitimar su testimonio usando adjetivos como “loca” o “traidora”? ¿Cómo se siente al respecto?

El Ejército no ha dado muestras de honor y no reconocerá lo que hicieron. Han cerrado filas para ocultar la información y protegerse. Puede ser que algunos, en su fuero interno sepan que lo actuado estuvo mal, que viola leyes, que está muy lejos de los principios morales aprendidos o de sus enseñanzas religiosas. Aun así, el Ejército ha decidido guardar silencio y aunque institucionalmente no defiende a los acusados, tampoco entrega información ni hay integrantes prestando testimonio para esclarecer la verdad. No hay voluntad institucional para limpiar su nombre ni hacer frente a las consecuencias de sus actuaciones que, aunque son pasadas, fueron oficiales y sistemáticas. Imagino el conflicto ético que podrían estar atravesando oficiales del Ejército de las nuevas generaciones, que no estuvieron directamente involucrados en los actos represivos.

Me pregunto qué pueden pensar las esposas o madres, en general los familiares de los militares activos… ¿qué podrán pensar cuando ven a mi madre con su dolor por su niño? Me pregunto si logran hallar en su corazón argumentos convincentes que justifiquen el secuestro, el asesinato y la desaparición de Marco Antonio… o ¿cómo se puede explicar que la violencia sexual contra personas detenidas era parte de su “trabajo”?

Entonces, en ese marco, las acusaciones de locura obedecen a esa lógica. Intentan descalificarme como persona y como sujeta de derechos. Quieren al menos sembrar así la duda sobre mi testimonio, en el intento de “razonamiento” de que una persona loca no dice la verdad (cosa que tampoco es necesariamente cierta).

Finalmente pienso que tendría que preocuparme si quien dice que estoy loca es un profesional, un experto en la materia y que me conoce, terapéuticamente hablando y me hubiera diagnosticado. Viniendo de ellos lo tomo como un esfuerzo por ofenderme, lo cual no causa ninguna mella en mi espíritu.

Sobre las otras acusaciones de que soy traidora, que ya trabajaba para ellos o de que delaté compañeros y que por eso la guerrilla (no ellos) secuestraron a mi hermanito: respondo que no soy traidora, no delaté a nadie, no trabajé jamás para el Ejército y proclamo a los cuatro vientos y con toda la fuerza vital que fue el Ejército el que secuestró y desapareció a Marco Antonio.

¿Por qué es importante que el Estado sea tercero demandado?

Primero, porque el Estado guatemalteco en su conjunto es responsable de la actuación de sus fuerzas armadas. También es responsable de la impunidad de los actos criminales cometidos por el Ejército en los años 80.

Se quiere hacer una separación del Gobierno y el Ejército, pero todos forman el conjunto llamado Estado. El Ejército también está compuesto por funcionarios públicos, pagados con los impuestos de los guatemaltecos y por lo tanto, al servicio de la sociedad en su totalidad. En tanto es así, los ministerios a cargo de su conducción como el ministerio de la defensa, tienen plena responsabilidad en la comisión de delitos por parte de las fuerzas armadas. También es responsable un poder judicial que negó las posibilidades de aplicación de la ley y no impartió justicia durante tres décadas y media.

Lo mínimo por lo que tendría que responder el Estado, es por su incapacidad y negligencia para proteger la vida, la seguridad y la integridad física y emocional mías y de mi hermano.

Segundo, porque el Estado no ha cumplido en su totalidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En este caso, con las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad.

Estas medidas incluyen en

  • El establecimiento y revelación pública de la verdad, lo cual implica la localizar los restos mortales de Marco Antonio y su devolución a nuestra familia para darle la digna sepultura que merece todo ser humano. Asimismo que la familia pueda conocer qué le sucedió a Marco Antonio.

Asociado con este punto, la CIDH ordenó la creación de un banco de datos genéticos que faciliten la localización de las personas desaparecidas. El proyecto de ley que pretende materializar esta medida lleva años engavetado en el Congreso de la República (es la Ley 3590)

  • La justicia sobre este delito: esta se encuentra en proceso y persigue identificar, enjuiciar y sancionar a quienes resulten culpables: sean autores materiales o intelectuales.
  • Finalmente, el Estado debe asegurarse de que a quienes sean hallados culpables por los crímenes cometidos, se les obligue a reponer a favor del Estado, el monto de la indemnización que nos fue entregada a la familia por mandato de la CIDH, así como a devolverle al mismo Estado y a la familia, los costos de este proceso judicial.

¿Para usted qué significa en este momento justicia y resarcimiento?

Justicia es la posibilidad de que haya leyes y de que sean aplicadas para juzgar y castigar a quienes violan los derechos de las personas, sin distinción de ninguna clase.

Mi concepto de resarcimiento es la búsqueda de reparación del daño causado a las víctimas. Hay varias formas de resarcimiento:

En primerísimo lugar:

  • El establecimiento de la verdad. Conocer qué pasó con la víctima.
  • La aplicación de la ley. Es decir, juicio y castigo conforme al derecho, a los responsables de los crímenes cometidos.

En segundo lugar, que la sociedad conozca los hechos criminales y el daño causado. Es importante y valioso si además el reconocimiento se acompaña del compromiso estatal de no repetición. Cuando este reconocimiento parte de una voluntad general y honesta, se materializan toda clase de mecanismos institucionales y leyes en contra de una nueva comisión de los delitos, así como de acciones para resguardar la memoria histórica mediante los cuales se reconoce lo actuado y se preserva y honra la vida de las víctimas.

En tercer lugar, la reparación del daño material que trajo consigo el hecho criminal. Generalmente esto consiste en una compensación económica, contemplada en el derecho internacional. En nuestro caso, la familia recibió en conjunto US$698 mil (unos Q5 millones 235 mil). La suma es insignificante o simbólica si con ella se tratara de “pagar” por la vida de Marco Antonio o si de esta manera se quisiera compensar por los efectos físicos y psicológicos o el profundo, continuo y permanente dolor provocado a la familia, especialmente a mis padres.

Con esta suma, que fijó la CIDH, se compensó la pérdida de proyectos de vida individual y familiar, truncados cuando mis padres se vieron obligados a dejar de trabajar por buscar a Marco Antonio y luego, cuando mis padres y mis hermanas tuvieron que huir de la represión en Guatemala hacia un exilio que dejó atrás empleos, estudios y bienes familiares, fruto del trabajo de mis padres y hermanas.

En mi caso, cuando salí de Guatemala, mi equipaje era lo que llevaba puesto. Me sentí despojada de patria, familia y amigos. Mis estudios no valían nada en México ni en Costa Rica. En Guatemala me gradué como maestra, pero en otro país mi título no era suficiente para ejercer el magisterio. En México el primer obstáculo para sobrevivir era no contar ni siquiera con cédula guatemalteca, no digamos con un pasaporte. No pude acceder a empleo ni a estudios en mi condición de migrante irregular

Mis hermanas pasaron por situaciones muy similares. Ese es el tipo de daño que intenta reparar la compensación económica.

Es importante que cuente a los lectores que en el año 2004 en el marco del juicio ante la CIDH y de la condena al Estado guatemalteco por la desaparición de Marco Antonio, por medio de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), mi familia convino con el Gobierno que no se volvería a solicitar indemnizaciones adicionales en concepto de reparación del daño material. Este acuerdo no incluye una solicitud de pago de costos y gastos legales.

¿Qué espera usted de este proceso penal?

Espero que el proceso deje claridad sobre lo que sucedió. El esclarecimiento de los hechos significa que la sociedad guatemalteca reconozca que yo fui detenida ilegalmente, que sufrí violencia sexual y que fui sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Significa que reconozca que en venganza por mi fuga, mi hermanito Marco Antonio fue secuestrado, desaparecido y asesinado y que a la G2 no le importó que tuviera solo catorce años ni el dolor que causaba especialmente en mis padres. Significa que la historia se escribirá de otro modo y se podrá comprobar que las acciones contrainsurgentes del Ejército incluyeron actos criminales, aun dentro de sus represivas leyes, no digamos a la luz de los derechos humanos, que es uno de los principales logros de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial.

De hallarlos culpables, espero que los ahora sindicados, sean castigados por los delitos cometidos con todo el peso de la ley. Esto significaría que la sociedad guatemalteca decida terminar con 35 años de impunidad.

Espero que Guatemala establezca este proceso como un punto de partida, como un precedente, para que nunca jamás haya desaparecidos por razones políticas y para que se investigue el paradero de los niños y adultos desaparecidos cuyo punto de partida es la aprobación de la ley 3590.

Espero que este proceso avive la esperanza de que Guatemala fortalezca la ley y la institucionalidad de la Justicia como forma civilizada de dirimir los conflictos y que se vaya desterrando la violencia como forma imperante de relación social.

Y finalmente, espero que se materialice el gesto de justicia más importante para mi familia: la entrega de los restos de Marco Antonio para su digna sepultura. Merecemos cerrar el duelo inconcluso que nos roba la paz desde hace tres décadas y media.

Quizá algo sobre el esclarecimiento de la historia y la verdad.


Por Nelton Rivera, Quimy De Leon y Gaspar Nicolás.

 

La persecución penal en contra de las autoridades comunitarias y ancestrales no cesa en Guatemala, nuevamente fue detenido otra autoridad por una orden de aprensión que continuaba vigente. Domingo Francisco Cristóbal Francisco es una autoridad maya Q’anjob’al y líder comunitario, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- a eso de las 12: 25 del día miércoles 26 de octubre 2016 recién concluida la manifestación convocada por Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- en Huehuetenango de donde venía, ya que él forma parte de esta organización en el área norte.

 

Es padre de diez hijos e hijas y tiene 64 años, es agricultor, tiene un amplio trabajo comunitario, fue miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo – COCODE – en su comunidad y actualmente tiene el cargo de Asesor del Comité Protector del Medio Ambiente, es miembro del Gobierno Ancestral Local Jolom Konob’. Además es presidente de la organización Pro justicia en el municipio de Santa Eulalia.

 

A don Domingo se le acuso injustamente de varios delitos graves como “Plagio o Secuestro”, e instigación a delinquir, la acusación la realizaron trabajadores del Centro de Atención de Justicia CAJ de Santa Eulalia, los jueces, fiscales del MP, trabajadores del OJ, del Bufete Popular y administrativos, lo más relevante de este caso es que el Tribunal de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios resolvió que esta acusación no tenía sustento jurídico y que se apartó el Ministerio Publico de toda objetividad en la investigación, una de las resoluciones de la jueza fue confirmar que estas acusaciones solamente sirven para criminalizar a las autoridades comunitarias y que los supuestos agraviados solo mintieron en el tribunal. “Sí creo en su inocencia” 

Por esta misma causa penal ya fueron juzgados y absueltos siete autoridades comunitarias este año, pero la orden de aprensión contra otras personas siguió abierta a pesar de varios recursos presentados por el equipo de abogados que conocen esta proceso penal, a criterio del abogado Benito Morales Laynes estas ordenes de aprensión son completamente ilegales, el juez de turno y un fiscal del Ministerio Público en la capital violentó el debido proceso en el mes de abril del 2015 al emitirlas, el juez Victor Herrea Ríos no podia conocer este caso porque un juzgado en Huehuetenango ya lo estaba haciendo.

 

La detención

 

Domingo después de la manifestación se encontraba en uno de los comedores el mercado municipal donde pasaron a almorzar.  Según testigos llegaron a llamarle y le apartaron de las mujeres del grupo que le acompañaba. Quienes no lograron ver si le mostraron algún documento u orden de detención, solo le hablaron y lo subieron al vehículo particular. Él había pasado a almorzar en un comedor del municipio de Chiantla y al salir lo estaban esperando los agentes de la DEIC.

 

 

Al parecer ya existía una orden de detención en su contra en donde se le acusa de instigación a delinquir, plagio o secuestro según Causa No. 10915, fechado 25-03-2015, emanado del Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia departamento de Huehuetenango, firmada por el abogado Otto Felipe Vásquez Vásquez Juez de primera Instancia del Municipio de Santa Eulalia.

 

Por la noche fue escuchado por un juez y luego trasladado a Huehuetenango, se sabe que durante la madrugada iba a ser trasladado a la ciudad capital, a primera hora del jueves 27 de octubre fue trasladado a la Torre de Tribunales en la ciudad capital, lo subieron al nivel 14, en la secretaria del Juzgado de Mayor Riesgo A presidido por la juez Claudette Domínguez, el juzgado no lo escucho en su 1ª. Declaración y la programaron dentro de una semana, don Domingo a medio día fue trasladado al Centro Preventivo para hombres de la zona 18, ahí permanecerá mientras la jueza lo llama a audiencia.

 

¿Quién es don Domingo Fracisco?

 

Es originario del Caserío Yula’ Is, Yal Temux (Temux Chiquito), es una autoridad ancestral junto a Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo expreso político por la misma cusa, la defensa del agua.

 

Es un defensor de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, inició con sus labores humanistas desde los 18 años de edad en el año de 1970 fue uno de los promotores de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, junto a varios líderes y autoridades comunitarias más.

 

Don Domingo fue uno de los copromotores de la creación del Centro de Administración de Justicia CAJ en el territorio Q’anjob’al, específicamente en Jolom Konob’ (Santa Eulalia), paradójicamente ahora fue encarcelado por una denuncia de los trabajadores de este centro.

 

Fue copromotor de las organizaciones “Asociación Pro-justicia” y el “Consejo Asesor Indígena” a las cuales pertenece actualmente. Al mismo tiempo es copromotor y participante activo en la reconstitución de las Autoridades Ancestrales de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ a través del Payxail Yajaw Konob’/Gobierno Ancestral Plurinacional.

 

Formo parte del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en el norte de Huehuetenango, fundador del movimiento social por la defensa del territorio que ahora es la representación de las Autoridades Ancestrales de Jolom Konob’ “Payxa Yajawil Jolom Konob’”

 

Copromotor de la Consulta Comunitaria de Buena Fe por el desarrollo de mega-proyectos en el territorio, llevada a cabo el 29 de agosto del año 2006, junto al héroe y mártir Q’anjob’al Daniel Pedro Mateo, conocido con cariño como Daniel Maya.

 

Durante el conflicto armado interno de Guatemala, fue objeto de discriminación y encarcelamiento por sus labores en la defensa de los derechos humanos y del territorio.

 

En el año 1982 rescató el registro civil y los documentos de administración municipal de un incendio, y en varias ocasiones en que el ejército de Guatemala intentó llevárselos, actos que le han dado reconocimiento en el pueblo por su heroísmo y determinación.

Fue el primer concejal municipal en 1982.  Su formación política y social ha sido a través de su trayectoria en las luchas sociales, participación en talleres de formación, sin embargo, a pesar de su grado académico, se ha dedicado a la lectura de numerosos libros, y es pastor evangélico.

 

Fue uno de los fundadores de la Asociación Microrregional “ACODEY” de donde surgió una academia de mecanografía y computación que brinda sus servicios en su comunidad.

 

En resumen estos son cuarenta y seis años de trabajo comunitario, liderazgo y representación de la nación Q’anjob’al que le permitieron ganarse el respeto, confianza y admiración de muchas generaciones.

 


 

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Quimy De León.

El presidente y comediante Jimmy Morales junto al vicepresidente Jafeth Cabrera y su gabinete, decidieron sorpresivamente este 20 de septiembre suspender las garantías constitucionales como la libertad de expresión, acción y locomoción, además el gobierno podría hacer compras a discreción sin necesidad de cotizaciones o licitaciones. Todo esto bajo el argumento de que por las lluvias la población corría riesgos.

Las críticas no se hicieron esperar y al día siguiente el vicepresidente anunció que sería anulado el decreto gubernamental.

Ellos fueron electos como presidente y vicepresidente en el 2015, y desde el inicio de su gestión han tenido protagonismo político ínfimo, al punto que parecía que gobernaban en el adormecimiento. Todo mundo sabe que carecían de un plan de gobierno y de equipo de trabajo.

¿Qué fue lo que pasó?

El 19 de septiembre Jimmy arremetió contra los medios de comunicación, pues se siente cuestionado, ya que en las últimas semanas había sido motivo de escándalo pues su hijo y hermano están involucrados en el caso de corrupción llamado “Botín Registro de la Propiedad” donde hay más de 17 personas en la cárcel. Jafeth Cabrera también ha sido señalado por nepotismo y crearse una nueva vida de aparente derroche.

También ha sido motivo de críticas su cercanía con militares de dudosa reputación, los intereses empresariales que están expresados en el gobierno, parte de sus funcionarios vienen del gobierno del Partido Patriota y la presencia evidente de los intereses de los Estados Unidos.

Entonces anuncian la suspensión de garantías constitucionales que serían efectivas mediante un Estado de Prevención (decreto 5-2016) con vigencia de 15 días para todo el territorio nacional. El argumento era absurdo y estaba basado en el peligro que las lluvias provocarían en particular en algunas zonas que nunca especificaron, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-.

A todo esto, la población se quedó estupefacta por la medida autoritaria y sin sentido, la pregunta sigue siendo ¿cuál fue el trasfondo para tomar una medida de tremenda magnitud?

¿Cuál ha sido la dinámica para imponer Estados de prevención y de sitio?

En Guatemala implementar Estados de Sitio o de Prevención para limitar las garantías constitucionales ha sido una medida utilizada con la finalidad de controlar y reprimir a la población. Fue una práctica común durante los gobiernos dirigidos por militares en los años de la guerra fría y las dictaduras.

La narrativa violenta a la que hemos asistido en los últimos años en Guatemala han sido de implementación del modelo neoliberal y extractivista, conocido como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2,004) que basa la necesidad de explotar la naturaleza a costa de lo que sea, principalmente del uso de la violencia. Esto ha quedado claro en diferentes lugares donde se han tratado de implementar megaproyectos como los monocultivos para la agroindustria, las hidroeléctricas, la minería a cielo abierto, plantas cementeras, petroleras entre otras.

En estos casos ha habido tres actores fundamentales en tensión: el Estado, las empresas y las comunidades. Aunque también han participado otro tipo de actores no estatales con actividades clandestinas y criminales, que no siempre ha quedado claro su papel.

El papel del Estado en esta etapa ha sido crear las condiciones para la implementación del modelo a beneficio de las grandes empresas, incluso en detrimento de si mismo, de la naturaleza y de la población. Se ha hecho uso de la fuerza pública para reprimir y crear terror a la población organizada que se niega al modelo por considerarlo nocivo. Para lograrlo han llegado al extremo de imponer Estado de sitio y/o de prevención.

Una breve mirada para atrás

La aplicación de medidas represivas como los Estados de Excepción y de Sitio que obvian incluso los marcos legales existentes, les permite actuar con eficacia y rapidez para imponer proyectos de carácter económico. En estos casos el Estado no actúa solo, también participan estructuras paralelas y privadas, relacionadas con las empresas. Algunos ejemplos ocurridos en la historia reciente:

  • 2014 Estado de Sitio en San Juan Sacatepéquez durante el gobierno del Partido Patriota para imponer un proyecto cementero de Cementos Progreso S.A. y la construcción del anillo regional al que la población organizada se oponía.
  • 2013 Estado de Prevención San Rafael Las Flores durante el gobierno del Partido Patriota para beneficiar a la minera San Rafael.
  • 2012 Estado de Sitio en Barillas durante el gobierno del PP para beneficiar una hidroeléctrica española que buscaba imponerse pese a la oposición de más de 300 comunidades.
  • 2011 Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez durante el gobierno de la UNE dirigido por Álvaro Colom a beneficio de la empresa Cementos Progreso que buscaba implantarse en el municipio pese a la oposición de 12 comunidades.

 

En todos los casos la implementación de Estados de Sitio tuvo como objetivos al menos estos tres:

  • Defender los intereses económicos empresariales
  • Profundizar el proyecto militar de control y terror
  • Debilitar, neutralizar y desarticular la organización u oposición al este modelo.

El Estado en estos casos echó mano del ejército, policía nacional civil y policía privada para reprimir directamente. Esto permitió detenciones injustas e ilegales de muchas personas con lo cual se requirió la participación del Ministerio Público y Organismo Judicial. También hubo personas asesinadas y otras perseguidas y reprimidas. Por si fuera poco la población tuvo que vivir durante los Estados de Sitio o prevención persecución, hostigamiento, “listas negras”, división y control comunitario, abuso sexual hacia las mujeres, control físico y psicológico, allanamientos de casas, desplazamiento forzado entre otras.

Además, el sistema de justicia y los tribunales ignoran la responsabilidad del Estado, los  cuerpos de seguridad y paramilitares en los hechos violentos y la arbietrariedad en la aplicación de este tipo de medidas.

 Lo que nos espera

La aplicación del Estados de Prevención que decretó este gobierno es una forma de violencia política que significa censura, represión y control. Ya que se querían permitir el uso de la fuerza para reprimir cualquier forma de manifestación y crítica.

Lo extraño es que hasta este momento del gobierno no ha habido manifestaciones públicas ni oposición abierta desde organizaciones sociales a su gestión. A excepción de las organizaciones territoriales y comunitarias que se mantienen en alerta permanente por el asedio de la industria extractiva y los cobros excesivos de energía eléctrica por mencionar algunas. Lo que si ha habido es cuestionamientos evidentes, críticas e investigación desde algunos medios hacia la gestión débil y la evidente voracidad personal con que inician su gestión y manejan su posición de poder y acceso a recursos.

Parece ser que con este Estado de prevención habían encontrado una salida para resolver su propia crisis, resultado de la incapacidad para llevar la gestión y la opinión pública frente a los señalamientos de corrupción prematura.

Buscaban torpe y autoritariamente fortalecerse mediante el control del orden público, metiendo miedo y logrando evitar la crítica abierta y la investigación hacia los ya evidentes malos manejos.

Dado el ambiente que estamos, no deja de parecer también una medida para hacer negocios sin control, ya que como vimos la aplicación de medidas extremas como los Estados de Prevención siempre hay intereses económicos de fondo.

No deja de llamar la atención el silencio de La Embajada de los Estados Unidos, tan preocupada últimamente por la calidad de nuestra democracia. ¿Estaría enterada de lo que se iba a producir? Quién sabe.

En definitiva, con esta acción podemos empezar a comprender el tipo de régimen que pueden llegar a ser con Jimmy Morales y Jafeth Cabrera al frente y el uso de la violencia que pueden llegar a utilizar.

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Fotografía de Nelton Rivera.

 


La desaparición forzada en Guatemala durante los años más duros de la guerra es hoy un grave problema. Más de 45 mil personas se estiman están desaparecidas entre ellos niñas y niños, Marco Antonio Molina Theissen de 14 años es uno de ellos.



Marco Antonio, el niño que aún escribe en al aire – VIDEO -

Esta es la historia del niño Marco Antonio Molina Theissen contada por su hermana Ana Lucrecia, quien recuerda la alegría, las ocurrencias y los juegos de su hermano menor.
En octubre de 1981, cuando él era un niño de 14 años, miembros del ejército de Guatemala llegaron a la casa de la familia, lo secuestraron pese a los ruegos de su madre y lo desaparecieron.
Su hermana Emma, había sido detenida ilegalmente en un retén del ejército en la carretera hacia el Occidente del país. Ella logró escapar tras nueve días de cautiverio en la zona militar de Quetzaltenango, donde fue torturada y violentada sexualmente. Unas horas después, tres agentes de inteligencia militar irrumpieron en la casa familiar. Al no hallar a Emma, tomaron a Marco Antonio como rehén, en un cruel acto de venganza.
En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco por este hecho que consideró un castigo contra la familia por su lucha a favor de las libertades democráticas y los derechos humanos en Guatemala.
El 6 de enero del 2016, la lucha familiar y social por verdad y justicia para Marco Antonio fructificó en la acusación legal y captura de cinco militares, dos de ellos estrategas de la guerra sucia en Guatemala en los años 80.  Uno, además, vinculado hoy con el crimen organizado. Actualmente, guardan prisión en espera de juicio, acusados de crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos.
35 años después ¿Dónde está Marco Antonio?
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