Guatemala Comunitaria

Por la Redacción

29 de marzo 2017. Jovel Tobar Rodríguez de 49 años de edad, con residencia en la comunidad La Mestiza en Laguna del Tigre, fue detenido de forma arbitraria el 28 de marzo de 2017 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Jovel Tobar, representante de las comunidades afectadas en la Laguna del Tigre, fue detenido cuando se conducía del hotel Espléndido hacia La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), la detención la realizaron frente al comercial Maya Mall.

Paralelamente en este hotel ubicado en Flores, Petén, varios funcionarios públicos se reunieron a puerta cerrada para discutir sobre la conflictividad en la Sierra Lacandona y en la Laguna del Tigre (Petén: Estado se sigue negando al diálogo con las comunidades), minutos después Jovel Tobar fue detenido luego de denunciar la criminalización en contra de las comunidades en el mismo evento en donde se encuentra la fiscal general Thelma Aldana.

Otras autoridades comunitarias se movilizaron para auxiliar a Jovel Tobar. La PNC no tenía ninguna orden de aprehensión al momento de detenerlo. Las autoridades policiales indicaron luego que a Jovel Tobar le aparecía una orden de aprehensión con fecha de 21 de marzo de 2017, emitida por el Juzgado B Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de San Benito, Petén, firmada por Karla Damaris Hernández García.

Desde que las detenciones ilegales en contra de las autoridades comunitarias se volvieron moda en Guatemala, a las autoridades gubernamentales se les hace fácil dictar persecución y represión. La criminalización sigue en el país, lo comunitarios son tratados como invasores, depredadores por autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y otras entidades. Jovel Tobar es criminalizado por defender los derechos de la comunidad.

Se le acusó de “Usurpación en áreas protegidas”, cuando él y más de 60 mil pobladores habitan el territorio de la Laguna del Tigre desde la década del sesenta.

¿Por qué la detención arbitraria contra un líder de la Laguna del Tigre?

Las comunidades de la Laguna del Tigre y de la Sierra Lacandona constantemente han denunciado que hay intereses por realizar un nuevo desplazamiento forzado en contra de la población de estos territorios. Hay entidades privadas y personas que quieren apropiarse de la tierra utilizando la ley de áreas protegidas. El Estado simplemente desprotegió a la población, se niega a establecer una mesa de diálogo y a resolver la problemática.

Jovel Torres llegó el 28 de marzo al Hotel Espléndido junto con varios habitantes de las comunidades aledañas a Laguna del Tigre, y denunció los abusos cometidos por representantes de varias instituciones estatales como la Conap, la PNC, el Ejército y ONG extranjeras. Estas denuncias las hicieron a través de una conferencia de prensa, en la que denunciaron las diferentes problemáticas que viven en sus comunidades. En dicha conferencia se habló sobre la criminalización que el Estado les está causando, por afirmar que las comunidades no son invasoras, como lo afirmaron diferentes autoridades el 27 de marzo en el II Congreso Ambiental de la Biósfera Maya organizado por el Organismo Judicial con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.

En esta actividad asistieron magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Constitucionalidad CC, el Ministerio Publico (MP), la fiscal general Thelma Aldana, María Eugenia Morales Aceña, Josué Felipe Baquiax Baquiax expresidente del Organismo Judicial, Carlos Gálvez, la directora del IDPP Nydia Arévalo Corzantes, Ken Maclean de la USAID, Dr. Jorge Nery Cabrera Cabrera director del INACIF, Dr. Carlos Alvarado Cerezo Rector de la San Carlos, Elizabeth Mercedes García Escobar,  entre otros.

De manera contradictoria mientras estaba la fiscal general Thelma Aldana inaugurando un encuentro sobre justicia en el mismo lugar, el sistema de justicia realizó una nueva detención arbitraria.

“Apareció uno de los representantes de la gobernación departamental de Petén, observó quiénes estábamos en el hotel y de inmediato comenzaron a hacer llamadas telefónicas. Luego vimos cómo la policía anda alborotada, llegaron al hotel y andaban en las calles corriendo de un lado para otro. Así fue como detuvieron a Jovel. Lo extraño es que andaban viendo a más personas, y a él sin orden de aprehensión lo detuvieron”, afirmo una testigo.

Foto: Organismo Judicial

Las comunidades no son escuchadas

Las comunidades de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón a diario viven la represión y son vulnerables ante tanta persecución y criminalización. Sin embargo, el 28 de septiembre de 2016 las comunidades presentaron ante el Estado de Guatemala una propuesta de Desarrollo Integral y Sostenible para solicitar la certeza jurídica de la tierra en esas áreas, consecuente a esa propuesta las comunidades se comprometen a trabajar de forma sostenible y proteger la diversidad biológica. Sin embargo, hasta el momento no han logrado entablar una mesa de dialogo con el Estado. Petén: están en peligro las comunidades en la Sierra Lacandona y Laguna del Tigre.

Jovel Tobar y otros comunitarios llegaron para entregar este comunicado a las autoridades judiciales en el II Congreso Ambiental de la Biósfera Maya. 

Estigmatización y criminalización

Los desalojos continúan, el Gobierno y el Conap, están señalando a los comunitarios de ser integrantes de estructuras criminales. También en los medios corporativos de comunicación se les estigmatiza. Por ejemplo: Prensa Libre el 26 de marzo afirmó: “Desde agosto de 2014, campesinos de Alta Verapaz y Quiché se instalaron ilegalmente en una zona protegida y crearon la comunidad La Mestiza, señalados de ser los responsables de arrasar con 45 hectáreas de bosques y el saqueo a tumbas mayas”.

En otro párrafo de esta nota sin autoría afirman: “Autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), ambientalistas de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre y del Foro de Justicia Ambiental de Petén denunciaron recientemente que un grupo de invasores causa daños en la zona protegida, conocida como El Peruito, ubicado en el Parque Nacional Laguna del Tigre”.[1]

Con lo cual los comunitarios desmienten esas acusaciones y exigen que se investigue a estas personas que los acusan y difaman ante los medios de comunicación, porque son estas personas las que tienen negocios ilícitos, y que podrían tener relación con el narcotráfico.

Las comunidades afirman que los comunitarios son ajenos a ello. Por esa razón, en conferencia de prensa, solicitan que se investigue a entidades del Estado que están involucradas en hechos ilícitos en la Zona de Laguna del Tigre, especialmente a la señora Alma Yadira Polanco Solís, la directora regional del Conap, quien promueve la difamación por los medios de comunicación. La actual directora Polanco Solís del Conap en Peten tiene una acusación por tala ilegal, también hay acusaciones por corrupción en esta dirección.[2]

“De las razones, ustedes saben que hace un año puse una denuncia contra la directora regional por la extracción de guano y madera de una manera ilegal de la biósfera maya. Desgraciadamente, un año más tarde, el Ministerio Público no ha accionado”.

Corrupción en Petén: “autoridades de Conap no firman un convenio para obtener hasta US$1 millón de un donante para la protección del parque, por lo que él solicitó su liquidación con prestaciones”.[3]

Los comunitarios resaltan que están cansados y que necesitan respuestas favorables del Estado, actualmente están siendo intimados por los militares, por las amenazas de desalojos y ahora por las detenciones ilegales.

El diputado Leocadio Juracán denunció la detención arbitraria de Jovel Tobar a través de un comunicado donde exige el cese de represión, criminalización y desalojos en contra de las comunidades de La Laguna del Tigre y Sierra Lacandón, que el Presidente y el vice Presidente asuman su papel de velar por el bien común de los ciudadanos guatemaltecos, la inmediata liberación de JOVEL TOBAR RODRÍGUEZ que lo único que busca es el respeto de sus derechos humanos y la garantía de una mejor calidad de vida. Además que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas suspenda la política de criminalización a las comunidades indígenas y campesinas

[1] Prensa Libre. Campesinos invaden zona protegida en el Parque Nacional Laguna del Tigre. 26 de marzo 2017. http://www.prensalibre.com/guatemala/peten/campesinoas-invaden-zona-protegida-conocida-como-el-peruito

[2] Prensa Libre. Despiden a activista que denunció a funcionaria de Conap. 17 de febrero 2017. http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/despiden-a-activista-que-denuncio-a-funcionaria-de-conap

[3] Ibídem.


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Esta es la historia del niño Marco Antonio Molina Theissen contada por su hermana Ana Lucrecia quien recuerda la alegría, las ocurrencias y los juegos de su hermano.

Marco Antonio tenía 14 años cuando miembros del ejército entraron a su casa, lo detuvieron y lo desaparecieron delante de su madre.

Su hermana, Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en el entronque conocido como Los Encuentros frente a la escuela de Santa Lucía Utatlán, quienes la llevaron a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue torturada y violada sexualmente. Pese a esto a los nueve días ella logró escapar.

El ejército montó un operativo de inteligencia para encontrar a Emma Guadalupe, resultado de esa operación como castigo y venganza por su escapatoria se lo llevaron como rehén. Tres agentes realizaron la detención y desaparición de Marco Antonio.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la desaparición de Marco Antonio fue un castigo en contra de la familia por su lucha por las libertades democráticas y de derechos humanos en Guatemala.

¿Dónde está?

#JusticiaParaMarcoAntonio

 

 


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Norma Sancir, periodista comunitaria narra la experiencia que vivió cuando hacía una cobertura durante una manifestación pacífica, organizada por grupos campesinos e indígenas Chorti´ en el puente Jupilingo. Ahí fue detenida arbitrariamente por más de 10 agentes de la Policía Nacional Civil que, sin mediar palabra, la sacaron a empujones y maltratos por la montaña, de manera que no hubiera testigos del agravio que recibía.

Las peripecias vividas por Norma, desde que es llevada a una subestación de la policía, fue trasladada al menos a tres lugares antes de dar su primera declaración ante un juez, hasta que por fin recobró su libertad. Esto es algo que nunca olvidará.

En América Latina la población organizada ha sido sujeta de persecución penal, encarcelamiento y criminalización por reclamar sus derechos humanos más elementales. La libertad de expresión también ha sido limitada, especialmente para quienes documentan y cubren hechos que tocan los intereses de sectores de poder.

Este proyecto es una colaboración entre la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala – UDEFEGUA y Prensa Comunitaria.

 


Fotografía Prensa Comunitaria

Por: Quimy De León.

Durante el segundo día de la audiencia de primera declaración de las cinco personas detenidas el 12 de julio, hubo varias declaraciones que causaron controversia.

El primero en declarar fue el subcomisario de la Policía Nacional Civil Luis Armando Pérez Borja, relató que al Hogar Seguro el día 7 de marzo se apersonó Carlos Beltetón Coronado, en calidad de “asesor“ de la presidencia, que llamó por teléfono a Jimmy Morales y que se lo comunicó. Entonces el presidente le dio la orden de que cien policías tomaran el control del Hogar Seguro.

Esta solicitud ya se la había hecho Carlos Rodas secretario de Bienestar Social y Harold Flores de la Procuraduría General de la Nación, como consta en el acta que firmaron varios funcionarios esa noche. La declaración de Pérez Borja coincide con la que dio al MP el comisario Wilson Petronilo López jefe de la comisaría 13.

Días después del crimen Carlos Beltetón estuvo en una rueda de prensa ofrecida por el ejecutivo, para hablar sobre el tema y dio declaraciones como parte de la Secretaría de Bienestar Social. Sin embargo El periódico confirmó que está contratado por la Secretaría de Obras sociales de la esposa del presidente – SOSEP.

Las declaraciones de Pérez Borja no fueron sorprendentes, ya que el mismo Jimmy Morales reconoció este hecho a CNN y también lo dijo en conferencia de prensa a medios nacionales “yo di la instrucción, y la di personalmente; para que la PNC se quedara cumpliendo su trabajo que era resguardar las instalaciones porque no es el protocolo que alguien armado pueda entrar”, dijo Morales en conferencia de prensa. [1]

A la Corte Suprema de Justicia le corresponde resolver la solicitud de antejuicio que puso el diputado Leocadio Juracán y la diputada Sandra Morán contra el presidente, para que se dilucide su responsabilidad directa o indirecta sobre este crimen.

Otros vínculos que apuntan al presidente

Carlos Rodas y Anahy Keller de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia eran personas de confianza del presidente, con uno tiene amistad y con la otra una relación en la televisión nacional, por eso ocuparon esos cargos al frente de la Secretaria de Bienestar Social (SBS), por lo tanto lo que ocurría en el Hogar Seguro fue informado al presidente, lo que aconteció durante el 7 y 8 de marzo, el mismo presidente tuvo que tener información de lo que estaba ocurriendo y de las ordenes que se emitieron y de las acciones que se realizaron.

Seis días después de la masacre, “La relatora Silvia Villata dijo que el presidente de la Oficina de Prevención de la Tortura, Carlos Solórzano, vetó información sobre los abusos a menores en el “Hogar Seguro” debido a una amistad que mantiene con el mandatario Jimmy Morales y con el ex secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas.” [2]

Según El Periódico Carlos Beltetón es primo del abogado de confianza de Jimmy Morales Elmer Beltetón, actual registrador de la propiedad. El fue quien realizó los trámites a los dueños de Fulanos & Menganos cuando fundaron Carnes & ensaladas involucrada en el caso botín Registro de la Propiedad.

“Yo no soy un monstruo, soy un héroe”

La Sub inspectora de la Policía Nacional Civil Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, tenía la llave cuando inició el incendio según el Ministerio Público. Entonces algunas agentes de policía bajo su conducción, le dijeron que abriera la puerta y dijo: “que se quemen esas hijas de la gran puta, a ver si como son buenas para fugarse son fibrudas para salir.”

Ella es acusada de homicidio y maltrato contra personas menores de edad y hasta el momento de las personas detenidas, la única responsable de lo que ocurrió el 8 de marzo durante el incendio.

Ante esto en su declaración dijo que ella no era un monstruo, que es de buen corazón y que es madre y estudiada. Dijo que sus compañeras habían dado ese testimonio en su contra porque el Ministerio Público las acosó para durante el interrogatorio, igual que lo hicieron con ella.

Relató que ella más bien es una “héroe”, porque fue gracias a ella que algunas niñas se salvaron. Dijo que solo ella había logrado sacar al menos a 30 niñas y que incluso se había quemado y que arriesgó su vida por ellas.

Gloria Castro de la Procuraduría de Derechos Humanos, se abstuvo de declarar.


[1] Kimberly López. Presidente confirma que ordenó a PNC resguardar “Hogar Seguro”. La Hora. 10 de marzo 2017. http://lahora.gt/presidente-confirma-ordeno-pnc-resguardar-hogar-seguro/

[2] Denis Aguilar. Relatores contra la tortura se contradicen al denunciar abusos en “Hogar Seguro”. La Hora.  14 de marzo 2017 http://lahora.gt/relatores-la-tortura-se-contradicen-al-denunciar-abusos-hogar-seguro/

 

 


Nos Duelen 56

Acción global por las niñas

 

 

Arte: Angela Mariluz Francisco Diego y
Damaris Magdalena Francisco Diego — niñas q´anjob´al de Santa Eulalia, Huehuetenango.

#NosDuelen56 es un grito por la justicia desde el arte, el periodismo, el medioactivismo y los feminismos. Es un ejercicio de memoria colectiva y de dignificación por las 56 niñas que fueron encerradas y quemadas en un hogar estatal en Guatemala el pasado 8 de marzo del presente año. De ellas, 41 murieron como resultado de este crimen femicida y 15 están con heridas de gravedad.

Este 15 de mayo los medios de comunicación alternativos Prensa Comunitaria de Guatemala, en colaboración con Desinformémonos de México y otros 60 medios digitales y 40 organizaciones y colectivos del mundo se unen en una sola voz. #NosDuelen56 se suma a las acciones y luchas por exigir #NiUnaMenos.

El arte es la fuerza motriz que pone rostros y colores al duelo por las 41 niñas que murieron masacradas. A través de esta acción manifestamos nuestra intención porque el mundo las recuerde. Este es el resultado de la contribución de 58 artistas de México, Argentina, Francia, Italia, España y Guatemala.

#NosDuelen56 es nuestra contribución por las niñas, contra la impunidad y el olvido.

Ilustración: Kristian de León

¿Qué les pasó a las 56 niñas?

En Guatemala asistimos a una de las masacres más atroces en la historia del país y de Nuestra América. Ellas se encontraban bajo el resguardo y la protección del Estado.

Al menos unas sesenta niñas intentaron huir el 7 de marzo del Hogar Seguro “Virgen de la Asunción“, era un infierno el que estaban viviendo. Había denuncias desde el 2013 de que en este lugar, eran víctimas de violencia sexual, violencia física, abortos forzados, administración de fármacos, comida con gusanos y torturas de todo tipo, incluso de una red de trata. Las voces provenientes de instancias de derechos humanos, de una jueza, medios de comunicación y de las mismas niñas no fueron tomados en cuenta.

Cuando pensaron que habían logrado salir de ese infierno, inmediatamente la policía las atrapó, el mismo presidente Jimmy Morales reconoció que se ordenó enviar más de 250 policías incluyendo antimotines, y que se quedaron ahí toda la noche para tener todo “bajo control“.

En la madrugada del día 8 de marzo, las autoridades del Hogar, la administración de la Secretaría de Bienestar Social de la presidencia y la Procuraduría de Derechos Humanos decidieron dejarlas bajo custodia y responsabilidad de la Policía Nacional Civil.

 

Arte: Gerardo Monterroso — Guatemala

 

¿Quién prendió el fuego?

A 56 niñas las encerraron bajo llave en un salón de clases que mide 6.8 x 7 metros, les dieron escasos colchones sin cobijas para dormir y no tuvieron acceso a servicio sanitario, por lo que improvisaron ellas mismas una letrina ahí dentro. A las 8: 45 de la mañana después de llevarles el desayuno, inicia un incendio. Algunos medios y versiones oficiales afirman que ellas mismas quemaron una colchoneta para llamar la atención, sin embargo esto aún debe investigarse.

Durante 11 minutos fueron expuestas a altas temperaturas, más de 300 grados centígrados quemaron sus cuerpecitos, y pese a los gritos de auxilio no las dejaron salir.

Los monitores o encargados y los cientos de policías no hicieron nada más que amedrentar y amenazar a los jóvenes albergados en otros módulos que querían ayudar. A los cuerpos de socorro se les negó el acceso como lo denunció un oficial bomberos, y los familiares en las afueras pedían desesperadamente entrar y los antimotines impidieron el paso. Nadie pudo hacer nada.

Hasta ahora hay solamente tres personas presas Carlos Rodas, ex director de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Anahy Keller la subsecretaria, y Santos Torres, exdirector del Hogar acusados de los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.

De las 15 sobrevivientes se sabe poco, algunas fueron llevadas a Estados Unidos para ser tratadas, de las cuales tres de ellas han vuelto al país. Lamentablemente en el país poco a poco se ha ido olvidando este terrible hecho.

 

Arte: Lucía Morán Giracca

 

#NosDuelen56

58 artistas de México, Italia, Francia, España, Argentina y Guatemala ilustraron sus rostros

1. Rosa Julia Espino Tobar

16 años

 

Ilustración: Isa Valladares-Guatemala

 

2. Indira Jarisa Pelicó Orellana

17 años

 

 

Ilustración: Claudia Navarro-México

3. Daria Dalila López Meda

16 años

 

 

Ilustraciones: Pigmento Negro-Guatemala y Enrique Flores-España

4. Achley Gabriela Méndez Ramírez

15 años

 

Ilustración: Walter Wirtz-Guatemala

 

5. Yemmi Aracely Ramírez Siquín

15 años

 

Ilustración: Marilinda Guerrero-Guatemala

 

6. Jaqueline Paola Catinac López

15 años

 

Ilustración: Gil Amado-Guatemala

 

7. Siona Hernández García

17 años

 

Ilustración: Sheyda Sabetian-Guatemala

 

8. Josselyn Marisela García Flores

16 años

 

Ilustración: Eyla Lujan-Guatemala

 

9. Mayra Haydeé Chután Urías

16 años

 

Ilustración: Xanderall-Guatemala

 

10. Skarlet Yajaira Pérez Jiménez

15 años

 

ilustración: Soph Ramírez- Guatemala

 

11. Yohana Desiré Cuy Urízar

15 años

 

Ilustración: Baku Estrada-Guatemala

 

12. Rosalinda Victoria Ramírez Pérez

15 años

 

Ilustración: Melanie Forne-Francia

 

13. Madelyn Patricia Hernández Hernández

14 años

 

 

Ilustración: Daniel Morales-Guatemala

14. Sarvía Isel Barrientos Reyes

14 años

 

 

Ilustraciones: Miguel Gallardo- España y Diana De Pietri- Italia

 

 

Ilustraciones : Martin Tognola- Argentina y Victoria Martos- España
Ilustración: Alejandra Pineda-Guatemala

15. Ana Nohemí Morales Galindo

16 años

 

 

Ilustraciones: Antonia Santolaya Ruiz-Clavijo -España y Cintia Bolio-México

16. Ana Rubidia Chocooj Chutá

16 años

 

Ilustración: Claudia Navarro -México

 

17. Jilma Sucely Carías López

14 años

 

 

Ilustración: Sandy Rodríguez-Guatemala

 

 

Ilustraciones: Alfredo González — España, Gusti Rosenffet-Argentino español, Esperanza León Jiménez-España

 

 

Ilustraciones: Esperanza León Jiménez-España y Joaquin López Cruces- España

18. Yoselín Beatriz Ventura Pérez

15 años

Ilustración: Morena III-Guatemala

19. Grindy Jazmín Carias López

16 años

 

 

Ilustraciones: Andrés Andrade-Guatemala y Lucía Ixchíu -Totonicapán Guatemala

 

Ilustración: Alexis Rojas — Guatemala

 

20. Mari Carmen Ramírez Melgar

14 años

 

 

Ilustracion: Desiree Cordón-Guatemala

21. Keila Rebeca López Salguero

17 años

 

 

Ilustración: Pigmento Negro-Guatemala

22. Kimberly Mishel Palencia Ortíz

17 años

 

Ilustración: Lucía Morán Giracca — Guatemala

 

23. Nancy Paola Vela García

15 años

 

 

Ilustración: Beatriz Sandoval — Guatemala

 

 

Ilustraciones: Nelton Rivera-Guatemala y Antonia Santolaya Ruiz-Clavijo-España

24. Estefany Sucely Véliz Pablo

16 años

 

 

Ilustraciones: Leo Dosbe-Guatemala y Alfredo González- España

25. Lilian Andrea Gómez Arceno

13 años

 

Ilustración: Adrián Oliva-Guatemala

 

26. Mirza Rosmery López Tojil

16 años

 

Ilustración: Annika Lehnhoff-Guatemala

 

27. Ana Roselia Pérez Junay

14 años

 

 

Ilustración: Andrea Gómez-Guatemala

28. Grisna Yamileth Cu Ulán

15 años

 

 

Ilustraciones: Luis Pérez Ortíz “LPO”- España y Alejandro Galindo-España

29. Melani Yanira De León Palencia

15 años

Ilustración: Michi Gonzáles-Guatemala

30. Luisa Fernanda Joj González

16 años

Ilustración: Juan Pablo Canale-Guatemala

31. Daily Analí Domingo Martínez

15 años

Ilustración: Astrid Caballeros-Guatemala

32. Iris Yodenis León Pérez

14 años

 

 

Ilustraciones: Juan Ballesta-España y Juan Pensamiento Velasco-Guatemala

33. Candelaria Melendrez Hernández

17 años

 

Ilustración: Luisi Rodríguez-Guatemala

 

34. Milenie Eloisa Rac Hernández

17 años

 

 

Ilustración: Kristian de León-Guatemala

35. Celia María López Aranda

15 años

 

 

Ilustraciones: Amaya Uscola-España y Moni Cruz-Guatemala

36. Hashly Angelie Rodríguez Hernández

14 años

 

Ilustración: Rodolfo de León-Guatemala
Animación: Paula Morales-Guatemala

 

37. Sara Nohemi Lima Ascón

17 años

 

Ilustracion: Quimy de León — Guatemala

 

38. Yusbeli Yubitza Merari Maquín Gómez

14 años

 

Ilustración: Manuel Martínez Meseguer- España

 

39. Silvia Milexi Rivera Sánchez

17 años

 

 

Ilustración: Maria Andrée Paiz- Guatemala

40. Yosselin Yamileth Barahona Beltrán

15 años

Ilustración: Álvaro Sánchez-Guatemala

41. Wendy Anahí Vividor Ramírez

16 años

ilustración: Marielle Che-Guatemala

Créditos

Prensa Comunitaria

Quimy De León
Nelton Rivera
Lucía Ixchíu
Gerardo Monterroso

Colaboraciones

Desinformémonos

Gloria Muñoz

Colectivo 8 Tijax

Celeste Mayorga
Raquel Arreaga
Mayra Jiménez
María Peña

Los Garabatti

Limonada Bandida

Artistas

Isa Valladares
Claudia Navarro
Pigmento Negro
Enrique Flores
Walter Wirtz
Marilinda Guerrero
Gil Amado
Sheyda Sabetian
Eyla Luján
Xanderall
Soph Ramírez
Baku Estrada
Melanie Forne
Gerardo Monterroso
Daniel Morales
Alejandra Pineda
Diana De Pietri
Víctor Martos
Martín Tognola
Miguel Gallardo
Cintia Bolio
Antonia Santolaya
Sandy Rodríguez
Joaquín López
Gusti Rosenffet
Alfredo González
Esperanza León
Morena III
Elizabeth Sandoval
Desirée Cordón
Lucía Morán Giracca
Leo Dosbe
Adrián Oliva
Annika Lehnhoff
Andrea Gómez
Luis Pérez
Alejandro Galindo
Michi González
Juan Pensamiento Velasco
Juan Pablo Canale
Astrid Caballeros
Juan Ballesta
Luisi Rodríguez
Kristian De León
Moni Cruz
Amaya Uscola
Rodolfo De León
Quimy De León
Beatriz Sandoval
Manuel Martínez
Maria Andrée Paiz
Marielle Che
Angela Mariluz Francisco Diego
Damaris Magdalena Francisco Diego
Paula Morales
Lucía Ixchíu
Nelton Rivera

 

 

 


Por: Nelton Rivera. / desInformémonos

El Ministerio Público MP en Guatemala, solicitó recientemente el sobreseimiento de la causa penal en contra de Domingo Francisco Cristóbal Francisco, autoridad maya Q’anjob’al, el MP con esta acción luego de un año de investigación, solicitó ante la juzgadora que la persecución penal se suspenda o clausure, porque sencillamente no tienen casusa reales que justifiquen la acción penal de la justicia en contra de don Domingo Francisco, meses antes lo detuvieron y encarcelaron injustamente.

Domingo Francisco se considera uno de varios presos políticos en el país, la juez Claudette Domínguez quien preside el juzgado de Mayor Riesgo A de la ciudad capital, resolvió otorgarle el sobreseimiento y emitió la orden el día 23 de febrero 2017 al Organismo Judicial y a la Policía Nacional Civil –PNC- para que suspendan toda persecución penal en contra de la autoridad comunitaria.

En esta acusación aún quedan personas comunitarias con orden de aprensión, la jueza explicó que aún deben de presentarse ante la justicia, para solucionar su situación jurídica.

Domingo Francisco permaneció en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, a 500 kilómetros de distancia de su hogar, desde el día 28 de octubre hasta el 11 de noviembre 2016, luego la juez Claudette Domínguez resolvió que debía quedar en libertad provisional sin ningún tipo de medida de coerción y esperar 3 meses para que el MP pudiera ampliar su investigación, finalmente llego la fecha y el MP sin prueba alguna solicitó que este proceso se cerrara.

“Gracias a Dios, tuve hoy la otra audiencia, cuando la jueza señalo 10 días atrás esta nueva fecha, porque los querellantes en mi contra no se presentaron, ni la fiscalía del MP, ni el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni los oficiales del CAJ de Santa Eulalia.

Hoy por fin se presentaron los fiscales del MP, y se dio por terminado este proceso penal, la resolución de la jueza en el caso de mi persona fue favorable, hoy la juez decidió que este caso debe de terminarse.

Los paisanos y los vecinos en el área Q’anjob’al, de los municipios del norte de Huehuetenango, sabemos que allá están los defensores del territorio y de los derechos, así como nosotros, y sabemos que aún hay comunitarios con órdenes de aprensión que no han podido resolver sus casos, pero también ya hay varias autoridades de Barillas y Santa Eulalia que ya logramos resolver estas acusaciones falsas.

Así como nosotros, en Guatemala, como pueblo Maya, que habitamos nuestra Coactemalan (tierra de bosques) en idioma Nahuathl, hemos sufrido ante los tribunales, de la misma forma como nuestros antepasados lo sufrieron igual, que dieron la vida por la lucha de la defensa de los derechos humanos, como la madre tierra, defensa del territorio y la naturaleza, esto no es nada nuevo.

Vemos como ya nos están contaminando el agua, la tierra, las rocas con las minas, simplemente estamos defendiendo que otra gente no se aproveche de los recursos que son de todos, especialmente cuando llegan de otras naciones extranjeras a hacerlo.

Me siento muy contento, tranquilo, dando las gracias a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos, no solo en Guatemala si no tambien en todo el mundo, a mi familia, a los vecinos que vinieron a acompañarme, aquí estamos junto a los hermanos Rigoberto Juárez, y Domingo Baltazar, juntos hemos sufrido la cárcel, hemos sido amenazados, perseguidos y seguimos aquí, con vida, y con libertad.”

¿Por qué lo encarcelaron?

Don Domingo Francisco Cristóbal Francisco, es una autoridad reconocida por su pueblo de Jolom Konob’ (Cabeza de Pueblo en idioma Q’anjob’al), tiene 65 años de edad, el día 26 de octubre del 2016, luego de almorzar fue detenido por agentes del DEIC de la PNC en el municipio de Chiantla, Huehuetenango. Domingo Francisco regresaba de la cabecera departamental luego de participar en una movilización pacífica convocada por Comité de Desarrollo Campesino -CODECA- para exigir la nacionalización de la energía eléctrica.

Domingo Francisco fue sindicado de cometer delitos como: instigación a delinquir, plagio o secuestro, según consta en la Causa Penal No. 10915, de fecha 25-03-2015, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia, del Centro de Administración de Justicia –CAJ-, a él lo responsabilizaron por la movilización de la población ocurrida el 19 de enero 2015 en el CAJ, luego de la detención arbitraria de dos jóvenes en el municipio vecino de San Mateo Ixtatán.

Fue acusado injustamente por el ex alcalde municipal Diego Marcos Pedro, quien afirmó que había sido golpeado y obligado por don Domingo Francisco a asistir a una audiencia realizada en el CAJ en la noche del 19 de enero 2015, el ex alcalde que simpatiza con las empresas hidroeléctricas insistió en victimizarse, en su versión manifestó que más de un centenar de comunitarios lo amenazaron, agredieron y desalojaron de su casa para obligarlo a asistir al CAJ.

Durante el Debate Oral y Público en el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la juez Yassmin Barrios en 2016, comprobó que el testimonio y la acusación del ex alcalde no eran ciertos, que deliberadamente había mentido y que su testimonio, en similitud con otros 20 testigos más, la mayoría trabajadores del CAJ, todos estos testimonios fueron presentados como parte de la estrategia de criminalización de la hidroeléctrica en contra de las autoridades ancestrales y comunitarias que enfrentaron ese debate oral, al final fueron absueltos.

En una columna anterior Sí creo en su inocencia hablo de este juicio histórico.

“¿Señor Rigoberto en dónde está?, creo en su inocencia, siempre me han dicho que soy muy dura para condenar, pero con esa misma dureza lo soy para absolver y creo en su inocencia.” Jueza Yassmin Barrios.

Su abogado defensor, el licenciado Benito Morales Laynes, ha insistido en denunciar la estrategia de criminalización, que desde la instalación de las empresas, utilizando el sistema de justicia para perseguir y encarcelar a las autoridades comunitarias, ancestrales por oponerse a los megaproyectos, son y seguirán siendo juicios políticos.

En el caso de Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar y ahora Domingo Francisco Cristóbal no le queda otro camino al MP más que desistir y pedir que sean cerrados los casos, luego de un año de investigación sin poder comprobar la participación de ellos en algún delito.

Esta historia no se termina aun

Durante los últimos cuatro años, hemos presenciado la ofensiva de las empresas extractivas en el país, muchas han sido las estrategias para imponer de forma violenta la construcción de los megaproyectos y la criminalización ha sido una de las estrategias para castigar a las autoridades comunitarias o ancestrales que se oponen a las empresas.

En esta estrategia, los empresarios cuentan con el respaldo y apoyo del Estado, el Ministerio Publico –MP- perdió total objetividad en las investigaciones y desde el año 2015 persigue a las autoridades ancestrales maya Q’anjob’al en el territorio norte de Huehuetenango por defender el agua de los ríos.

Las empresas echaron mano de la cooptación de persona y de algunos liderazgos en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, con la cooptación llego la división comunitaria, misma que se reflejó en las administraciones municipales durante el gobierno de Otto Pérez Molina 2011- 2015, la de Barillas y Santa Eulalia pro hidroeléctricas.

Pérez Molina un ex general vinculado a la represión durante la guerra ahora se encuentra encarcelado por dirigir varias redes criminales y de corrupción en Guatemala, la vice presidenta de su gobierno Roxana Baldetti Elías y su ministro de Gobernación Masurio López Bonilla podrían ser extraditados a los Estados Unidos por narcotráfico, junto a Erick Archila Dehesa ex ministro de Energía Y Minas impulsaron y promovieron las actividades de las empresas extractivas en todo el país, Erick Archila por ejemplo huyo de la justicia nacional y ahora se encuentra en los Estados Unidos a la espera de ser extraditado a Guatemala.

Luego llegaron las amenazas, la desaparición forzada, la presencia de paramilitares y los asesinatos selectivos, como paso siguiente, comenzaron a aparecer las denuncias ante las fiscalías del MP en el CAJ y los juzgados en Barillas, estas denuncias avanzaron rápidamente y los jueces emitieron docenas de órdenes de aprensión, llegó la militarización, los Estados de Sitio y la prisión política.

Las empresas siguen generando acciones y estrategias para golpear a las comunidades, encarcelar a sus principales autoridades, en un escenario adverso para la movilización comunitaria, mientras los pueblos y comunidades continúan exigiendo el respeto a sus formas propias de toma de decisión, autoridad ancestral y formas propias de resolución de los problemas; en este caso el retiro de las empresas hidroeléctricas de su territorio.

En toda América Latina se están viviendo escenarios similares, con patrones comunes en las estrategias que están implementando en contra de la organización comunitaria, popular o las resistencia en todo el continente, especialmente frente a los grandes megaproyectos como en México, Honduras, Chile, Ecuador, Brasil, y otros.


Fotografía Quimy De León

 

Publicado en desInformemonos en México.

“…que no quede ninguno vivo”

Pedro García Arrendo es culpable”… con estas palabras hace un año exactamente, en la ciudad de Guatemala, en sala mayor de la Corte Suprema de Justicia el Tribunal de Mayor Riesgo B, frente a una multitud de personas de distintos pueblos del país, escuchamos la sentencia por la masacre cometida por el Estado de Guatemala en 1980. El nerviosismo lleno por completo la sala de audiencias, esta sentencia llegó dos años después de la sentencia por Genocidio en contra del pueblo Ixil contra del general José Efraín Ríos Montt en 2013.

La jueza y presidenta del Tribunal, inició por la tarde de ese histórico lunes 19 de enero, llegó el momento de la lectura del documento final, el resumen de la sentencia, haciendo uso de la palabra, y con el silencio de la multitud en la sala, abrió la audiencia a las 5 y 23 minutos de la tarde, treinta cinco años después de la masacre en la Embajada de España en 1980.

La jueza Sara Griselda Yoc Yoc de manera sencilla, sin leer un lenguaje técnico jurídico trasladó el análisis del tribunal para argumentar el porqué de su sentencia, en el caso de la “Toma y Quema de la Embajada de España” ocurrida el 31 de enero del 80.

El jefe del Comando Seis, teniente coronel Pedro García Arredondo fue condenado a 90 años de presión inconmutables, 40 años por cometer Delitos Contra Deberes de Humanidad en concurso ideal, delitos de Asesinato en Grado de Tentativa en concurso real contra el Embajador de España Dr. Máximo Cajal y López y el campesino Maya Gregorio Yujá Xoná, y el asesinato de 37 personas dentro de la Embajada de España el 31 de enero de 1980.

Cientos de personas esperaban con atención que la jueza con sus palabras llegara finalmente a la parte condenatoria, pasaron tan solo pocos minutos, que se convirtieron en largas horas de espera para quienes ahí presenciábamos la lectura, finalmente pocos minutos más tarde ocurrió, sus palabras rompieron la espera de décadas: “Pedro García Arrendo es culpable.”

Los corazones comenzaron a latir con fuerza, la respiración de cientos de personas ahí presentes en esa sala se hicieron profundas, muchas lágrimas rodaron por los rostros arados por el tiempo, hombres y mujeres maya Ixil y K’iché presenciaban como la justicia en Guatemala comenzaba a saldar la deuda enorme que aún tienen con su pueblo, varios hombres y mujeres Ixiles, hijos de quienes murieron calcinados adentro de esa embajada volvían a recordar con insistencia el reclamo de justicia, ese reclamo que los llevo a sobrevivir y a luchar 35 años ante los tribunales nacionales.

El tribunal continuo con la lectura de la sentencia, impone la condena de 50 años más de prisión inconmutables; por el asesinato de los estudiantes universitarios Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España Valle cometidos posteriormente el 2 de febrero de 1980, dos días después de la quema de la embajada.

“… estamos totalmente convencidas de la responsabilidad del señor Pedro García Arredondo como autor de los hechos que se han explicado.”

“…esta sentencia viene a ser esa agua que apaga ese incendio de esa búsqueda de justicia que han tenido los familiares de las víctimas que han tenido todo este tiempo y lo esperamos que este acto justo que hoy se dicta sea un precedente para que todo funcionario adecue su conducta al marco de la ley, al respeto de los derechos humanos, a la vida y dignidad de las personas.” jueza, Irma Jeannette Valdés.

Pedro García Arredondo es un militar que dirigió con mano dura el temido “Comando Seis” de la Policía Nacional –PN- durante la dictadura del general Fernando Romeo Lucas García (1980-1982), junto a su hermano Manuel Benedicto Lucas García quien era Jefe del Estado Mayor del Ejército, desde su comandancia se dirigió la más atroz estrategia contrainsurgente en contra del pueblo guatemalteco, miles de jóvenes, estudiantes, obreros, militantes revolucionarios, académicos, maestros, religiosos, la dictadura y el empresariado no diferencia edades, etnias, la violencia del Estado golpeo con fuerza, la más sanguinaria de toda América.

“Un testigo escuchó decir de la policía “que no quede ninguno vivo”.  Contrario a lo que se supone la policía llegó con la orden de matar al grupo de campesinos, así que quemaron la sede de la Embajada y asesinaron a 37 personas, dos lograron sobrevivir; el embajador Máximo Cajal y López quien logró escapar por sus propios medios y el campesino Gregorio Yujá que fue llevado al hospital privado “Herrera Llerandi”, estando ahí fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y después lo asesinaron. Su cuerpo fue lanzado en el Campus central de la Universidad de San Carlos.”, la universidad nacional.1

García Arrendo cumplirá 72 años de edad, de esos, lleva 3 años en la cárcel por delitos de lesa humanidad, es el único oficial de alto rango que fue condenado por la masacre de los 37 indígenas del Quiché y los estudiantes universitarios dentro de la embajada, los cuadros operativos de la Policía Nacional de menor rango, y los elementos del ejército ahí presentes ese 31 de enero del 80, así como Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor permanecen aún sin ser juzgados, Romeo Lucas al frente de la dictadura de ese entonces falleció en el 2006 viviendo un supuesto exilio en Venezuela.2

La historia de Benedicto Lucas será distinta, fue detenido en enero del 2016 junto a 18 altos mandos del ejército, está en prisión preventiva, acusado por delitos de lesa humanidad por la detención y desaparición más grande de América, 558 osamentas exhumadas en la zona militar, conocida como #CasoCreompaz o Zona militar número 21 de Cobán, Alta Verapaz.3

No es el único caso, Benedicto Lucas fue ligado a otro proceso, por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, y por la detención y tortura de su hermana Emma Molina Theissen ocurridos en 1981.4

Benedicto Lucas al igual que Pedro García Arredondo está enfrentando la justicia, junto a Benedicto están otros 18 altos mandos del ejército, unos con arraigo domiciliario, la mayoría presos en los cuarteles militares y otros aun prófugos de la justicia.

Nuevamente, estamos esperando otras sentencias, continúan los juicios históricos, continua el proceso penal de la Zona militar número 21 de Cobán, la masacre de las Dos Erres en Peten en 1982, el caso Molina Theissen, el caso del Diario Militar, en fin falta mucho aun, pero es el único camino para ir encontrando la paz en Guatemala, y la no repetición de tantas atrocidades.

Con estos procesos nace de nuevo la esperanza.

1 Quimy De León. Toma y quema de la Embajada de España: “que no quede ninguno vivo”. Prensa Comunitaria. 31 de enero 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/31/toma-y-quema-de-la-embajada-de-espana-que-no-quede-ninguno-vivo/

2 El Mundo. Fernando Romeo Lucas García, ex dictador de Guatemala. 31 de mayo 2006. http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/29/obituarios/1148920570.html

3 Nelton Rivera. Caso Creompaz: la cara de la represión y los vínculos con el gobierno. Prensa Comunitaria. 6 de mayo 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/05/06/caso-creompaz-la-cara-de-la-represion-y-los-vinculos-con-el-gobierno/

4 Quimy De León. Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años desaparecido por el ejército de Guatemala. Prensa Comunitaria. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/12/marco-antonio-molina-theissen-un-nino-de-14-anos-desaparecido-por-el-ejercito-de-guatemala/

Fotografía ABC

 

Fotografía Guatevision.

 

Fotografía Noticias de Bomberos en Guatemala.

 

Fotografía Publinews


Por: Quimy De León.

Marco Antonio Molina Theissen era un niño de 14 años, estaba en tercero básico cuando miembros del ejército entraron a su casa, lo detuvieron y lo desaparecieron. Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

Su hermana, Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en el entronque conocido como Cuatro Caminos quienes la llevaron a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue torturada y violada sexualmente. Pese a esto a los ocho días ella logró huir por una ventana.

El 6 de octubre de 1981, un día después de que Emma lograra escapar de sus captores, varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres ubicada en la colonia La Florida en el municipio de Mixco en el departamento de Guatemala. Entraron con lujo de fuerza, dentro estaba Marco Antonio, lo engrilletaron, le taparon la boca con Masking tape y golpearon a su madre. Luego lo metieron a un costal y lo tiraron a la palangana de un picop con placa oficial 17675. A pesar de que su madre corrió tras el carro para rescatar a su hijo nada pudo hacer.

Sus padres desesperadamente buscaron a su hijo en hospitales y destacamentos militares. Hicieron varias gestiones ante las autoridades, ante el ejército, ante la iglesia, ante instancias internacionales de derechos humanos y nunca lograron nada. Hasta la fecha la familia de Marco Antonio no sabe sobre su paradero, pero no han dejado de buscar.

El proceso penal

La mañana del 12 de enero 2016 cuatro militares retirados esperaban ansiosos junto a sus familiares y abogados que diera inicio la audiencia de primera declaración por el caso de desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen. Ellos fueron detenidos el 6 de enero de 2016 por una orden de aprehensión y arraigo emitida por el juzgado cuarto el 4 de enero de este mismo año. Los delitos por los que están presos son desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad. Posteriomente el Juzgado de Mayor Riesgo C ligó a este mismo proceso penal a Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor de la Defensa en 1981, detenido el 6 de enero 2016 junto a otros 17 altos mandos del ejército guatemalteco por el caso conocido como #ZonaMiliatar21Coban o caso CREOMPAZ durante la guerra.

A las once de la mañana después de una hora de espera dio inicio esta audiencia en la sala primera del juzgado quinto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala.

Hugo Ramiro Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor, Manuel Antonio Callejas Callejas General de división, Francisco Luis Gordillo Martínez fue comandante de la zona militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, cuando ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa. También fue de la Junta Militar que asumió después de dar un golpe de Estado y asumiera de facto la presidencia Efraín Ríos Montt y Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenango.

La sala es muy pequeña y en ella también esperaban las familiares de Marco Antonio, su madre Emma Theissen Álvarez viuda de Molina, sus hermanas María Eugenia y Ana Lucrecia Molina Theissen acompañadas por defensoras de derechos humanos.

Benedicto Lucas García fue ligado a este mismo proceso penal

El juez Víctor Herrera Ríos que preside el juzgado de Mayor Riesgo C en la ciudad de Guatemala ligo a proceso penal a cinco altos mandos del ejército por varios delitos de Lesa Humanidad que incluyen: Deberes contra la humanidad y por la detención y Desaparición Forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen el 6 de octubre de 1981 en el municipio de Mixco, Guatemala.

También por los delitos de Violación con agravación de la pena y Deberes contra la Humanidad por la detención arbitraria de Emma Guadalupe Molina Theissen el 27 de septiembre de 1981 retenida clandestinamente en la Brigada Militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas” a quien sometieron a tortura, interrogatorios y violación sexual repetidamente.

La audiencia se realizó en la sala del nivel 12 de la Torre de Tribunales en presencia de los cinco sindicados: Benedicto Lucas García, Hugo Ramiro Zaldaña, Francisco Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares y Manuel Antonio Callejas, los cinco militares quedaron ligaros por los tres delitos,  todos permanecen en prisión preventiva en un cuartel militar desde enero del 2016, el juez ordenó que todos permanecerán en prisión preventiva.

Fotografía de Nelton Rivera.

La acusación

El fiscal del Ministerio Publico hizo responsable a los cuatro militares de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen. Para ello cuentan con varias pruebas que determinan el papel de cada uno de los militares.

Hugo Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor en la Brigada Manuel Lisandro Barillas dirigía el retén militar donde fue capturada Emma en el entronque conocido como cuatro caminos ubicado en San Cristóbal Totonicapán, después fue llevada a la zona militar en donde fue detenida ilegalmente, torturada y violada sexualmente.

Francisco Gordillo Martínez era comandante de la zona Militar a la vez que Ediliberto Letona Linares como segundo comandante son responsables junto a Hugo Zaldaña Rojas por los delitos contra deberes de la humanidad y violación agravada.

Manuel Antonio Callejas y Callejas General de División tuvo la responsabilidad de ordenar nuevamente la captura de Emma Molina Theissen y que desaparecieran a su hermano menor, por lo que a él se le acusa solamente del delito de desaparición forzada y delitos contra deberes de la humanidad.

De los cuatro militares Edilberto Letona accedió a hablar y negó su responsabilidad en los hechos y delitos por los que se le acusa, sí reconoció su cargo como Segundo Comandante en la zona militar y que entonces se encontraba de alta.

 

 


Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Santiago Bastos Amigo.

Puede parecer extraño recordar que el detonante fue la propuesta de reglamentación del Convenio 169 que lanzó Álvaro Colom, allá en marzo de 2011. La convocatoria a una carta colectiva y la consiguiente búsqueda de firmas entre contactos y amistades – logramos más de 500 adhesiones en pocos días- sirvió para aquilatar y proponernos dar forma a conversaciones e ideas que venían de tiempo atrás entre Quimy De León y Santiago Bastos.

A partir de ahí, empezamos a poner en orden en nuestras preocupaciones y esperanzas alrededor de la movilización que se estaba dando en las comunidades en esos años, cuya expresión más visible eran las consultas comunitarias de buena fe y los conflictos que ya había en contra de megaproyectos en algunos lados.  En ese entonces se había dado la cobertura que hicieron Nelton y Quimy junto a Sara Mingorría y Alberto Alonso desde la plataforma de Indymedia, de los desalojos del Polochic, que mostraron la importancia de la comunicación independiente para denunciar lo que ahí ocurría.

Comenzamos entonces a buscar cómo poner en práctica un proceso/proyecto en cuyo cetro estuvieran esas comunidades y organizaciones que protagonizaban la movilización, a las que este trabajo debería servir como insumo para su proceso, pero también de quienes la acción debería partir. Pensábamos un basado en cuatro tipos de acciones, cuatro momentos -presencia, documentación, análisis y comunicación-. No queríamos comportarnos como una ONG ni depender de la cooperación, pero también sabíamos que necesitábamos fondos para poner en práctica estas ideas.

Así, entre reuniones, pláticas, propuestas, intentos de coordinación y búsquedas de fondos y consensos, se nos fue 2011. El primer trabajo que pudimos hacer, fue un repositorio de noticias publicadas sobre las consultas comunitarias, que debe andar por algún lado en la red, en dónde trabajó Nelton Rivera y Dania Rodríguez. Poco después, ya en 2012, logramos poner en marcha un proyecto de investigación en donde Diakonia aportó para el inicio, sobre la sistematización y análisis de tres casos concretos definidos por los contactos y la relevancia de la lucha. Escogimos Barillas, San Juan Sacatepéquez y el Polochic.

La urgencia de la comunicación

Cuando estábamos en plena labor, la cercanía con los sujetos que era la base de nuestra propuesta nos impuso la necesidad de acondicionar nuestra propuesta de trabajo. El Estado de sitio decretado en Barillas el 1 de mayo de 2012 llevó a 9 líderes y autoridades comunitarias a la cárcel e hizo que muchos más de ellas y ellos se refugiaran para evitar ser capturados. La labor de sistematización ya no era suficiente, comenzó el acompañamiento de los perseguidos y sus familias, y sobre todo, la necesidad de que todo eso se conociera más allá de las versiones siempre insuficientes, parciales y perversas que difundía la prensa corporativa.

Surgió así “Barillas resiste”, un blog en formato wordpress, en donde publicábamos las noticias que íbamos recolectando sobre los hechos que iban sucediendo alrededor de este caso -mientras la investigación sobre los otros dos lugares debía seguir avanzando- En ella subíamos testimonios, los hechos que ocurrían en los juzgados, entrevistas a los abogados, comunicados de organizaciones. Todas estas tareas empezaron a ser práctica habitual del equipo, al que se sumó Francisco Lucas Pedro, Chico que además sufría persecución penal. Desde este medio se participó en la fundación del Centro de Medios Independientes como espacio de convergencia que recogía voluntades y experiencias de comunicación alternativa, tan necesaria ante la deriva represiva del gobierno del Otto Pérez Molina

En esta labor, la página se fue consolidando como un proyecto en sí mismo y a final de año, dio un salto cualitativo, y de “Barillas resiste”,  pasó a llamarse “Prensa Comunitaria”, mostrando su voluntad de ampliar la cobertura, porque amigos empezaban a enviar textos y los contactos ya se estaban consolidando en más lugares. Uno de estos lugares era Santa Eulalia, donde la desaparición y muerte de Daniel Pedro, Daniel Maya, fue un golpe tremendo, por los proyectos y sueños que tuvimos en conjunto y que empezaban a perfilarse un reto para la comunicación.

En esos meses también estábamos inmersos, como todo el país, en la cobertura del juicio que por el delito de genocidio se seguía a Ríos Montt, lo que mostraba otra cara del trabajo de Prensa Comunitaria que desde entonces no se ha abandonado: la memoria y el conflicto armado como base para entender todo lo que está ocurriendo ahora.

Sin embargo, el trabajo se vio afectado porque desde inicio del año 2013 se empezó a dar una campaña de difamación y ataque a gente del equipo por problemas de poder en los espacios en que trabajamos. Fueron meses de desgaste personal.

El trabajo de análisis y sistematización del acompañamiento en Barillas permitió   preparar la publicación Las Voces del Río junto a UDEFEGUA, a partir de testimonios de perseguidos, presos y sus familiares, presentado en la ciudad de Guatemala en febrero de 2014. En abril presentamos también el resultado de la investigación que iniciamos en 2012, con el título de Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Hicimos presentaciones en la Capital, en Cobán y San Juan Sacatepéquez.

El equipo se amplía y el kilómetro 169

El día 4 de octubre del año 2012 el ejército de Guatemala realizó la masacre de 6 personas maya K’iché’ durante una manifestación pacífica de miles de comunitarios y comunitarias, representadas por los 48 Cantones de Totonicapán, más de 40 personas fueron gravemente heridas por las balas de fusilería del ejército.

El pueblo K’iché de Totonicapán se encontraba movilizado exigiendo al gobierno el cese de la reforma educativa, las reformas Constitucionales y el cese de la persecución de líderes y lideresas por oponerse al incremento de la energía eléctrica de la empresa inglesa ENERGUATE. Nelton Rivera tomó una fotografía de la señal de kilometraje, la subió de perfil de nuestra página en Facebook. Con el tiempo la gente nos identificaba con ese símbolo y decidimos reivindicarlo.

En ese tiempo, con apoyo financiero de Hivos empieza un trabajo en equipo con Luciérnaga, que marca la marcha a lo que ya va siendo la nueva Prensa Comunitaria: la ampliación del equipo de comunicadores comunitarios con la incorporación desde Alta Verapaz y Norte de Huehuetenango sobre todo de Rony Morales, Alfredo Rax y Joel Pérez. Con ellos y otras personas más se lleva a cabo una escuela de comunicación comunitaria, que sirven para ir ampliando y dando otro carácter al trabajo y al equipo. En la capital, también se van sumando gente como Jovita Tzul, Andrea y Lucía Ixchíu, o Simón Antonio, Gerardo Monterroso, Marta Karina Fuentes, Pablo Rangel y Norma Sancir que empezaron a colaborar de distintas maneras Se establecieron vínculos con otros medios digitales de otros países como Periodismo Humano en España o Desinformémonos en México; mientras que la gente con la que trabajábamos en el norte de Huehuetenango seguían siendo hostigada.

Con todo eso, Prensa Comunitaria se va llenando de contenidos de lo más diverso y las tareas se van ampliando.  Nos llaman desde lugares donde hay conflictos o movilizaciones para cubrirlos, o para enviar la propia versión de un acontecimiento importante. Los jóvenes que van llegando van mostrando sus trabajos en la página. Los nuevos soportes, redes sociales sobre todo Facebook pero también twitter e instagram se van convirtiendo en un vehículo de nuestro quehacer.

El cierre de  la radio Jolom Konob, de Santa Eulalia, el 20 de enero de 2015 por orden del alcalde del municipio nos hace desplegar una campaña para denunciar los ataques a la libertad de prensa; que nuestros compañeros sufren de forma directa cuando dos meses después subían a Santa Eulalia a acompañar la esperada apertura de la radio, y fueron agredidos por los partidarios del alcalde, al igual que otras persona de la comunidad.

Ya en en abril de 2015 empiezan las movilizaciones en contra de la corrupción en gobierno de Otto Pérez Molina, que supusieron todo un terremoto político, y también un reto comunicativo para el equipo. Cada vez que había movilización, en la Plaza de la capital- corazón geográfico del país- o en cualquiera de los lugares más apartados de la República, allá estaba alguien  del equipo de Prensa Comunitaria poniendo en marcha la maquinaria para que la fotos, los reportajes, textos, acabaran en  las páginas de facebook, wordpress, twitter, medium informado con prontitud y rigor de lo que iba ocurriendo.

Esto ayudó  a fortalecer el equipo y las redes en las comunidades, y a potenciar el uso de las plataformas tecnológicas, con lo que se aplicó a la capacidad de difusión.

Además, a finales de año, nuestro trabajo de acompañamiento y denuncia de los derechos humanos fue reconocido con el premio de derechos humanos “Alice Zachmann” que anualmente otorga la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, con sede en Washington, USA. Don Lorenzo Mateo fue quien viajó a recibirlo y hacer una gira con su hermanos q’anjobales en ese país.

Diversificándonos

El cambio de año, con el resultado de las elecciones nos deja tan abatidos como a todo mundo, pero hay que seguir trabajando, buscando cómo hacer para estar al día de una tarea que cada vez exige más complejidad tecnológica.

La muerte repentina de Poncho Porres, fundador y personaje central de Luciérnaga, pero también pieza clave del desarrollo de Prensa Comunitaria en sus años de existencia nos impacta fuertemente. Como si fuera su energía después de su partida, toma forma un viejo proyecto que surgió precisamente en una plática con él en el Café Chichoy de Agua Escondida. Se trata de la Muestra Guatemala en MovimientoS que gracias al empuje de las chicas de la Casa Yaxs, acaba siendo un proyecto multimedia y multitodo, en que desplegamos nuestra memoria para intentar explicar cómo las movilizaciones comunitarias desde 2010 pusieron la base para las que se centraron en la capital en 2015. Las muestras en ciudad de Guatemala en junio y en Xela en julio fueron para el equipo un gran aprendizaje lleno de satisfacciones.

Mientras tanto, el trabajo continuado junto a los equipos de abogados de los presos políticos del norte de Huehuetenango, llevó a la posibilidad de que el acompañamiento, investigación y  conocimiento sobre el proceso que se desarrolla en el área se vuelque en el peritaje que Santiago Bastos realizó para presentar en el juicio que finalmente se realizó los días 5 al 20 de julio y que terminó con la absolución de todos ellos por la juez Yassmín Barrios. Realmente, fue un día alegre.

De una de las secciones de Guatemala en MovimientoS coincidiendo con la apertura del juicio por el caso por la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen surge otro proyecto que toma vida propia: el montaje El cuarto de las ausencias, que se instala por su cuenta en las instalaciones del IIARS, con el trabajo de las familias que han perdido a sus seres queridos durante la guerra Molina Theissen, Pedro Mateo, Estrada y Portillo.

Al llegar a nuestro cuarto año de trabajo estamos preparando dos volúmenes de textos escritos por gente del equipo y por amigos en torno a los dos temas que han definido nuestro actuar: la resistencia comunitaria y la memoria histórica.

Para entonces hemos conseguido una de las más viejas aspiraciones: abandonar el soporte tecnológico de la página en worpdress -tan plano y bidimensional- y poder construir una página web con las últimas posibilidades, gracias al apoyo incondicional de Gerardo Monterroso.

Esto es, muy por encima, un recorrido por lo que hemos hecho en estos  cuatro años. Son  ¿cuántas notas? ¿Cuantas fotografías? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos muertos y cuántos desvelos compartidos? Todo ello con muchas ganas y con toda la energía de que disponemos y la que nos va llegando, pero también con sacrificios. Con muchos planes y siempre con la frustración de no haber podido hacer todo lo que tenemos planeado hacer; todo lo que este país exige.


Texto: Quimy De León.

Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en la carretera interamericana, para finalmente ser llevada a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue sometida a interrogatorios, tortura y violación sexual. Pese a esto a los ocho días ella logró huir por una ventana.

El 6 de octubre de 1981, un día después varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres y fue detenido desaparecido su hermano Marco Antonio de 14 años. Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

La mañana del 6 de enero de 2016 fueron detenidos varios militares por una orden de aprehensión y arraigo emitida por el juzgado cuarto el 4 de enero de este mismo año. Entre ellos cinco que están siendo procesados por los delitos de desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad.

Ellos son Benedicto Lucas Jefe del Estado Mayor Presidencial durante el período del 2 de julio de 1978 al 18 de marzo de 1982 teniendo bajo su responsabilidad y mando al ejército de Guatemala, Ramiro Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor, Manuel Antonio Callejas General de división, Francisco Luis Gordillo Martínez fue comandante de la zona militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, cuando ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa. También fue de la junta Militar que asumió después de dar un golpe de Estado y asumiera de facto la presidencia Efraín Ríos Montt y Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenango.

El juez Víctor Hugo Herrera Ríos quien preside el juzgado de Mayor Riesgo C ligó a proceso penal a los cinco altos mandos del ejército por la detención arbitraria de Emma Guadalupe y la desaparición forzada de Marco Antonio.

Entrevista

¿Quién es hoy Emma Molina Theissen?

En este 2016, cuando se abrió finalmente la esperanza de justicia para mi familia, soy una mujer de 56 años, madre de una hija inteligente y trabajadora, y abuela de un pequeñito de dos años y medio que es la más reciente alegría de mi vida. Soy la hija orgullosa de una mujer cuyo amor es la fuerza vital de la familia, especialmente en la búsqueda de justicia para mi hermanito Marco Antonio y para toda la familia. Y soy también la hermana de dos valientes, honradas y dignas mujeres. El ejemplo y el amor que siento por cada uno de ellos, me acompaña todos los días y me hace sentirme parte de una estirpe especial.

Soy también una profesional de la ingeniería de sistemas de información. Me considero exitosa en mi carrera y he logrado cosechar respeto y reconocimiento en mi campo. Estoy muy orgullosa de haber estudiado en la universidad y de tener una maestría que pude estudiar hasta hace pocos años. La universidad significó mucho sacrificio, especialmente del tiempo que le podía dedicar a mi hija, que era muy pequeña cuando yo pude estudiar. Tenía 27 años cuando inicié la carrera, que hice teniendo que trabajar. Como madre sola, pude terminarla porque conté con el apoyo de mis padres y mis hermanas para cuidarme a mi hija mientras yo iba a clases o tenía exigentes tareas y exámenes que cumplir.

Hoy trabajo entre cincuenta y cincuenta y cinco horas por semana (por muchos años trabajaba mucho más). Soy la directora de tecnología de información de una empresa aseguradora del magisterio costarricense. A estas alturas proyecto jubilarme en cuatro años, para lo cual estoy ahorrando todo lo que puedo. Quiero descansar y dedicarme a acompañar a mi nieto en sus años de escuela. Voy a entregarle a él el tiempo que no pude darle a mi hija.

Soy amante de la lectura. Me encantan las novelas, especialmente las históricas, y disfruto de hacer ejercicios. Especialmente de caminar los domingos con mi madre, con quien caminamos una hora, bien tempranito. Me gusta el cine y las series cómicas de televisión por las que me despierto los sábados a las 6 de la mañana, para pescar los episodios que no logro ver entre semana.

Me encanta tomar café con pan y adoro las champurradas.

No quiero morirme sin conocer Europa y anhelo hacer mucho por la educación en derechos humanos de niños y jóvenes guatemaltecos.

El camino por la justicia es un camino tortuoso y complejo especialmente en lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército y donde estarían implicados altos mandos.

¿En qué momento y cómo fue que tomó la decisión de buscar justicia, usted y su familia?

Siempre perseguimos la justicia. Desde el momento en que el Ejército secuestró a mi hermano Marco Antonio, en 1981. En 1997, luego de la firma de los acuerdos de paz, buscamos la justicia presentando la denuncia en un juzgado penal. También se acudió a la justicia cuando, no hallándola en Guatemala, la familia recurrió al sistema interamericano de derechos humanos. Este último dio trámite a la acusación del Estado, por el secuestro y desaparición de mi hermano Marco Antonio, que culminó en una sentencia mediante la cual se condenó al Estado guatemalteco, en 2004.

¿Cómo ha sido ese camino hacia la justicia?

El mismo seguido para Marco Antonio. Aunque ante el Sistema Interamericano no figuré como víctima –solo él y por decisión mía– con base en los hechos y pruebas periciales, la Corte Interamericana dictaminó que yo también lo fui, al igual que toda la familia. En Guatemala ha sido el mismo camino. Lo sucedido a mi persona y mi escapatoria forman parte de una cadena de hechos en la que detención ilegal de mi hermano es un eslabón más. Es un continuo de sucesos inseparables.

¿En qué momento usted rompió el silencio y decidió contar lo que ocurrió durante su cautiverio?

Las personas, compañeros del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) en su mayoría, que me auxiliaron, me protegieron y me ayudaron a salir de Guatemala, supieron desde el primer momento todo lo ocurrido durante mi detención.

¿Cuál ha sido el recorrido de su palabra, su testimonio?

Entre octubre de 1981 y abril de 1982 conté lo sucedido a personas que me rodeaban.

Estando en México a donde llegué en enero de 1982 en calidad de exiliada, me sentía muy cerca de la comunidad de guatemaltecos, la mayoría con historias trágicas, pérdidas familiares o experiencias terribles de persecución. Todos vivíamos al filo en todo sentido, material y emocionalmente. Contarnos lo que vivimos y cómo nos sentíamos nos proporcionaba (al menos a mí) un sentimiento de seguridad y contención afectiva en la soledad y la tristeza que todos cargábamos. Mis palabras quedaron grabadas en cassettes cuyo rumbo perdí.

En mayo de 1982, fui informada del secuestro y desaparición de Marco Antonio. No estaba enterada porque mi familia y los compañeros del Partido (del PGT) que me rodeaban, noblemente lo ocultaron para no debilitar aún más, mi frágil estabilidad emocional, socavada por el terror. Decidieron contarme lo sucedido porque sería publicada una lista de personas desaparecidas, en la que figuraría Marco Antonio. Quisieron que no me enterara leyendo la lista.

Después en 1983, junto con otras personas familiares de desaparecidos, conformamos el Comité Guatemalteco de Familiares de Detenidos Desaparecidos y nos sumamos a la denuncia de lo que ocurría en Guatemala.

Eran los años del golpe de Estado de Efraín Ríos Montt y la más violenta represión en Guatemala. No teníamos dinero y nuestra voz era la de una hormiga en un país de 75 millones de habitantes, con exiliados de todo el mundo que daban a conocer su realidad, buscando solidaridad para su propio país. En medio de aquellas actividades asistimos a foros públicos de denuncias y yo contaba la historia de mi detención y el secuestro de mi hermano. Hacíamos afiches y los pegábamos en las calles del centro histórico de la ciudad.

Ese mismo año de 1983, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) que funcionaba en el exilio, en la ciudad de México, recibió al recién nombrado relator especial de Derechos Humanos de la ONU para Guatemala, el ahora Vizconde Colville de Culross, un inglés de mirada gélida que no hablaba una pizca de Español. Me recibió 10 minutos con su traductor. Narré mi historia, tomó nota y salí. De él y su impertérrito rostro no recibí una sola palabra ni el menor gesto de empatía. Pero tengo la convicción de que en algún momento se llegó a escuchar mi voz, mi testimonio, porque era la repetición abrumadora de las palabras de muchos que apenas logramos escapar de la muerte. México tenía en la zona fronteriza con Guatemala, asentamientos de poblaciones rurales de Guatemala de cientos de personas que huyeron de las masacres y vivieron más de diez años en campamentos de refugiados de los que lograron retornar finalmente después de la firma de los acuerdos de paz. Ellos constituyeron una denuncia permanente del estado de terror que se vivía en las zonas rurales de Guatemala.

Mi exilio continuó en Costa Rica adonde llegué en 1985. En el año 86 me integré a una asociación de familiares de desaparecidos en Centroamérica. Habíamos familiares de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta asociación llevó ante el sistema interamericano el primer juicio contra desaparición forzada que culminó en julio de 1988 con la condena al Estado hondureño por la desaparición de dos personas. La sentencia constituyó un precedente fundamental para la lucha por los derechos humanos en la región.

Durante los 35 años desde mi fuga y el secuestro y desaparición de Marco Antonio, he narrado mi experiencia ante jueces, abogados, fiscales, representantes del Gobierno, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, miembros del cuerpo diplomático y periodistas. Asimismo he prestado testimonio judicial en todo momento en que ha sido requerido por los procesos legales nacionales e internacionales.

¿Por qué ha sido para usted importante denunciar, a pesar de lo difícil de los hechos ocurridos y de las implicaciones que pueda tener hacerlo?

Porque no nos resignamos ante la desaparición de Marco Antonio. Porque todo lo que sucedió no puede quedar impune. Por el inmenso dolor causado a mis padres quienes lo buscaron incansablemente y solo recibieron la indiferencia de las autoridades y la persecución de la inteligencia militar. Porque todavía tenemos la vida, el vigor y la voz para gritar que lo que nos hicieron no está olvidado y que no nos silenciaron pese a la brutalidad de sus acciones.

¿Cómo vivió usted el hecho de que en primera instancia no hayan ligado a proceso a los militares por el delito de violación agravada?

En enero, la jueza Secaida decidió no ligar a proceso por el el delito de violación agravada a los exmilitares detenidos. No desestimó completamente el cargo, pero pidió más pruebas y aclaró que ello no significaba que no pudieran presentarse en el futuro.

En los meses posteriores, el Ministerio Público se dedicó a fortalecer la imputación y a obtener peritajes como el que se hizo basado en el Protocolo de Estambul (Nota de Prensa Comunitaria: ver referencia en el enlace Protocolo de Estambul).

¿Cómo se sintió al respecto?

Este fue un obstáculo más en el largo y escabroso camino de llegar a conocer la verdad de lo sucedido y alcanzar la justicia. Se buscó cómo solucionarlo y finalmente el juez Herrera Ríos, en la audiencia del 25 de octubre, decidió que hay suficientes indicios para incluir la acusación de violación sexual con agravación de la pena, cargo por el que quedaron imputados los cinco exmilitares.

Hablar de violación sexual durante la guerra no es fácil para quienes son sobrevivientes. Sin embargo, usted no es solo una sobreviviente sino que además está llevando con mucha valentía un proceso penal por estos delitos perpetrados en su contra y por la desaparición forzada de su hermano menor Marco Antonio.

En el juicio, tanto el Ministerio Público como su abogado han planteado (y el juez así lo ratificó) que usted fue considerada “enemiga interna” y por esta razón fue detenida y llevada a una cárcel clandestina ubicada en la zona militar de Quetzaltenango. Y además fue sometida a interrogatorios, abusos físicos, psicológicos y sexuales para obtener información estratégica y para lograr que usted fuera colaboradora del Ejército.

 ¿Usted estaba desarrollando en el momento de su detención alguna tarea, o acción específica?

Mi detención ocurrió cuando yo viajaba en una camioneta desde la capital hacia Quetzaltenango. Eran cerca de las ocho de la mañana y el bus fue detenido por un puesto de vigilancia (retén) a la altura de Santa Lucía Utatlán. Yo portaba documentos de estudio político y panfletos del Partido Guatemalteco del Trabajo. Los soldados hallaron los documentos y me detuvieron. No andaba armada. Nunca anduve armada ni sabía utilizar un arma.

¿Por qué el hecho de haber sido miembro de la Juventud Patriótica del Trabajo la convertía en enemiga del Estado? ¿Cómo analiza usted esto, con relación al trato que recibió?

Desde la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional y la estrategia de guerra de baja intensidad, prácticamente cualquier persona que fuera sospechosa de disidencia ideológica y actividad política, era considerada enemiga del Estado y por lo tanto perseguida por eso. Al momento de mi detención, yo tenía 21 años y recién había sido dirigente estudiantil en secundaria, que culminé en el año 78. Participé en movimientos populares contra el alza del pasaje urbano, el sepelio de Robin García con la marcha de los claveles rojos, así como huelgas y manifestaciones pacíficas de protesta. Tuve un papel protagónico en Belén, donde estudié, así como en la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media que reunía a todas las asociaciones estudiantiles de secundaria. Desde la visión de los militares que tenían el poder en los años 80, mi actividad ciudadana o la militancia en una organización de izquierda apuntaban a que yo fuera considerada enemiga del Estado

Pero… ¿Cuál es la visión desde una óptica de institucionalidad de justicia y legalidad? Que el Estado guatemalteco (del cual es parte el Ejército) violó inclusive su propia legalidad. Las leyes guatemaltecas han reconocido derechos civiles y políticos, de libre asociación, libertad de expresión del pensamiento y consagraron en la Constitución de la República, además del derecho a la vida. En esa lógica, el Estado violó mis derechos políticos desde el momento de considerarme enemiga del Estado, justamente por ejercer estos derechos.

Si bien es cierto las organizaciones de izquierda, como el partido comunista (el PGT) eran ilegales, el Estado continuó violando mis derechos al detenerme ilegalmente, al no ser presentada ante un juez competente, al no ser legalmente acusada de actos al margen de la ley y al negar mi derecho a la defensa. Estuve además detenida en un cuartel del Ejército, en una cárcel clandestina porque los recintos militares no forman parte del sistema carcelario.

Y eso no bastó. Durante los nueve días de mi detención ilegal, fui sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo con la práctica oficial de esos años, con toda seguridad mi detención hubiera culminado con mi asesinato.

¿Por qué cree usted que se daba este trato a opositores? ¿Por qué tanta saña?

La detención ilegal, la tortura y el asesinato de opositores políticos o dirigentes sociales, era parte de un plan que buscaba sofocar el descontento de sectores del país, por medio del terror. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales calculan que el Estado asesinó a cerca de 250 mil personas, de manera individual o colectiva y que desapareció a otras 45 mil personas en Guatemala. Entre las personas desaparecidas se contabilizan 5 mil niños. Entre ellos, mi hermano, que tenía 14 años al momento de su secuestro.

La saña que me fue aplicada es la misma que sufría cualquier persona capturada ilegalmente. Yo no fui la excepción. Las torturas de las que fui víctima fueron las mismas que recibió toda persona que cayó en manos de la inteligencia del Ejército o sus efectivos y aparatos oficiales o clandestinos, llámese soldados, policía militar ambulante, G2 o escuadrón de la muerte. Era cuestión de tiempo para que me asesinaran con tortura. Digamos que yo tuve la “suerte” de que las torturas que me aplicaron no me mataron de inmediato, como ocurrió con personas cuyos cadáveres era arrojados a la orilla de caminos, o a ríos como el Motagua, tras pocas horas de la captura ilegal.

¿Pero el hecho de ser mujer y estar en manos del Ejército supone alguna diferencia en el trato durante interrogatorios tratándose de una detención ilegal ¿cómo podemos comprender esto?

 Considero que la violencia sexual de la que fui objeto era un tratamiento rutinario hacia las mujeres capturadas ilegalmente. Los ataques sexuales son una forma de tortura especialmente aplicada a sabiendas de que el enorme daño no solo es físico, sino moral y emocional. La violación no es sexo, es violencia pura, cruel y destructiva.

Es sometimiento al soldado y poderoso, protegido por la clandestinidad de la detención y por su posición impune ante la ley. El soldado o efectivo militar que viola a una mujer secuestrada pone en práctica su adiestramiento caracterizado por la carencia absoluta no solo de conocimiento de los derechos humanos más elementales, sino de la sensibilidad más básica hacia las personas. La violación es un arma de guerra. La practican los ejércitos en todo el mundo porque es sumamente efectiva para paralizar la fuerza formadora de la vida y la conciencia a partir de la mujer, dentro de la familia. Aprendí en carne propia que estar en manos de los militares significa ser objeto de las más asquerosas, denigrantes y dolorosas formas de violencia sexual.

¿En el proceso penal desde la defensa de los acusados se ha tratado de deslegitimar su testimonio usando adjetivos como “loca” o “traidora”? ¿Cómo se siente al respecto?

El Ejército no ha dado muestras de honor y no reconocerá lo que hicieron. Han cerrado filas para ocultar la información y protegerse. Puede ser que algunos, en su fuero interno sepan que lo actuado estuvo mal, que viola leyes, que está muy lejos de los principios morales aprendidos o de sus enseñanzas religiosas. Aun así, el Ejército ha decidido guardar silencio y aunque institucionalmente no defiende a los acusados, tampoco entrega información ni hay integrantes prestando testimonio para esclarecer la verdad. No hay voluntad institucional para limpiar su nombre ni hacer frente a las consecuencias de sus actuaciones que, aunque son pasadas, fueron oficiales y sistemáticas. Imagino el conflicto ético que podrían estar atravesando oficiales del Ejército de las nuevas generaciones, que no estuvieron directamente involucrados en los actos represivos.

Me pregunto qué pueden pensar las esposas o madres, en general los familiares de los militares activos… ¿qué podrán pensar cuando ven a mi madre con su dolor por su niño? Me pregunto si logran hallar en su corazón argumentos convincentes que justifiquen el secuestro, el asesinato y la desaparición de Marco Antonio… o ¿cómo se puede explicar que la violencia sexual contra personas detenidas era parte de su “trabajo”?

Entonces, en ese marco, las acusaciones de locura obedecen a esa lógica. Intentan descalificarme como persona y como sujeta de derechos. Quieren al menos sembrar así la duda sobre mi testimonio, en el intento de “razonamiento” de que una persona loca no dice la verdad (cosa que tampoco es necesariamente cierta).

Finalmente pienso que tendría que preocuparme si quien dice que estoy loca es un profesional, un experto en la materia y que me conoce, terapéuticamente hablando y me hubiera diagnosticado. Viniendo de ellos lo tomo como un esfuerzo por ofenderme, lo cual no causa ninguna mella en mi espíritu.

Sobre las otras acusaciones de que soy traidora, que ya trabajaba para ellos o de que delaté compañeros y que por eso la guerrilla (no ellos) secuestraron a mi hermanito: respondo que no soy traidora, no delaté a nadie, no trabajé jamás para el Ejército y proclamo a los cuatro vientos y con toda la fuerza vital que fue el Ejército el que secuestró y desapareció a Marco Antonio.

¿Por qué es importante que el Estado sea tercero demandado?

Primero, porque el Estado guatemalteco en su conjunto es responsable de la actuación de sus fuerzas armadas. También es responsable de la impunidad de los actos criminales cometidos por el Ejército en los años 80.

Se quiere hacer una separación del Gobierno y el Ejército, pero todos forman el conjunto llamado Estado. El Ejército también está compuesto por funcionarios públicos, pagados con los impuestos de los guatemaltecos y por lo tanto, al servicio de la sociedad en su totalidad. En tanto es así, los ministerios a cargo de su conducción como el ministerio de la defensa, tienen plena responsabilidad en la comisión de delitos por parte de las fuerzas armadas. También es responsable un poder judicial que negó las posibilidades de aplicación de la ley y no impartió justicia durante tres décadas y media.

Lo mínimo por lo que tendría que responder el Estado, es por su incapacidad y negligencia para proteger la vida, la seguridad y la integridad física y emocional mías y de mi hermano.

Segundo, porque el Estado no ha cumplido en su totalidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En este caso, con las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad.

Estas medidas incluyen en

  • El establecimiento y revelación pública de la verdad, lo cual implica la localizar los restos mortales de Marco Antonio y su devolución a nuestra familia para darle la digna sepultura que merece todo ser humano. Asimismo que la familia pueda conocer qué le sucedió a Marco Antonio.

Asociado con este punto, la CIDH ordenó la creación de un banco de datos genéticos que faciliten la localización de las personas desaparecidas. El proyecto de ley que pretende materializar esta medida lleva años engavetado en el Congreso de la República (es la Ley 3590)

  • La justicia sobre este delito: esta se encuentra en proceso y persigue identificar, enjuiciar y sancionar a quienes resulten culpables: sean autores materiales o intelectuales.
  • Finalmente, el Estado debe asegurarse de que a quienes sean hallados culpables por los crímenes cometidos, se les obligue a reponer a favor del Estado, el monto de la indemnización que nos fue entregada a la familia por mandato de la CIDH, así como a devolverle al mismo Estado y a la familia, los costos de este proceso judicial.

¿Para usted qué significa en este momento justicia y resarcimiento?

Justicia es la posibilidad de que haya leyes y de que sean aplicadas para juzgar y castigar a quienes violan los derechos de las personas, sin distinción de ninguna clase.

Mi concepto de resarcimiento es la búsqueda de reparación del daño causado a las víctimas. Hay varias formas de resarcimiento:

En primerísimo lugar:

  • El establecimiento de la verdad. Conocer qué pasó con la víctima.
  • La aplicación de la ley. Es decir, juicio y castigo conforme al derecho, a los responsables de los crímenes cometidos.

En segundo lugar, que la sociedad conozca los hechos criminales y el daño causado. Es importante y valioso si además el reconocimiento se acompaña del compromiso estatal de no repetición. Cuando este reconocimiento parte de una voluntad general y honesta, se materializan toda clase de mecanismos institucionales y leyes en contra de una nueva comisión de los delitos, así como de acciones para resguardar la memoria histórica mediante los cuales se reconoce lo actuado y se preserva y honra la vida de las víctimas.

En tercer lugar, la reparación del daño material que trajo consigo el hecho criminal. Generalmente esto consiste en una compensación económica, contemplada en el derecho internacional. En nuestro caso, la familia recibió en conjunto US$698 mil (unos Q5 millones 235 mil). La suma es insignificante o simbólica si con ella se tratara de “pagar” por la vida de Marco Antonio o si de esta manera se quisiera compensar por los efectos físicos y psicológicos o el profundo, continuo y permanente dolor provocado a la familia, especialmente a mis padres.

Con esta suma, que fijó la CIDH, se compensó la pérdida de proyectos de vida individual y familiar, truncados cuando mis padres se vieron obligados a dejar de trabajar por buscar a Marco Antonio y luego, cuando mis padres y mis hermanas tuvieron que huir de la represión en Guatemala hacia un exilio que dejó atrás empleos, estudios y bienes familiares, fruto del trabajo de mis padres y hermanas.

En mi caso, cuando salí de Guatemala, mi equipaje era lo que llevaba puesto. Me sentí despojada de patria, familia y amigos. Mis estudios no valían nada en México ni en Costa Rica. En Guatemala me gradué como maestra, pero en otro país mi título no era suficiente para ejercer el magisterio. En México el primer obstáculo para sobrevivir era no contar ni siquiera con cédula guatemalteca, no digamos con un pasaporte. No pude acceder a empleo ni a estudios en mi condición de migrante irregular

Mis hermanas pasaron por situaciones muy similares. Ese es el tipo de daño que intenta reparar la compensación económica.

Es importante que cuente a los lectores que en el año 2004 en el marco del juicio ante la CIDH y de la condena al Estado guatemalteco por la desaparición de Marco Antonio, por medio de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), mi familia convino con el Gobierno que no se volvería a solicitar indemnizaciones adicionales en concepto de reparación del daño material. Este acuerdo no incluye una solicitud de pago de costos y gastos legales.

¿Qué espera usted de este proceso penal?

Espero que el proceso deje claridad sobre lo que sucedió. El esclarecimiento de los hechos significa que la sociedad guatemalteca reconozca que yo fui detenida ilegalmente, que sufrí violencia sexual y que fui sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Significa que reconozca que en venganza por mi fuga, mi hermanito Marco Antonio fue secuestrado, desaparecido y asesinado y que a la G2 no le importó que tuviera solo catorce años ni el dolor que causaba especialmente en mis padres. Significa que la historia se escribirá de otro modo y se podrá comprobar que las acciones contrainsurgentes del Ejército incluyeron actos criminales, aun dentro de sus represivas leyes, no digamos a la luz de los derechos humanos, que es uno de los principales logros de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial.

De hallarlos culpables, espero que los ahora sindicados, sean castigados por los delitos cometidos con todo el peso de la ley. Esto significaría que la sociedad guatemalteca decida terminar con 35 años de impunidad.

Espero que Guatemala establezca este proceso como un punto de partida, como un precedente, para que nunca jamás haya desaparecidos por razones políticas y para que se investigue el paradero de los niños y adultos desaparecidos cuyo punto de partida es la aprobación de la ley 3590.

Espero que este proceso avive la esperanza de que Guatemala fortalezca la ley y la institucionalidad de la Justicia como forma civilizada de dirimir los conflictos y que se vaya desterrando la violencia como forma imperante de relación social.

Y finalmente, espero que se materialice el gesto de justicia más importante para mi familia: la entrega de los restos de Marco Antonio para su digna sepultura. Merecemos cerrar el duelo inconcluso que nos roba la paz desde hace tres décadas y media.

Quizá algo sobre el esclarecimiento de la historia y la verdad.