Guatemala Comunitaria

Por la Redacción

29 de marzo 2017. Jovel Tobar Rodríguez de 49 años de edad, con residencia en la comunidad La Mestiza en Laguna del Tigre, fue detenido de forma arbitraria el 28 de marzo de 2017 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Jovel Tobar, representante de las comunidades afectadas en la Laguna del Tigre, fue detenido cuando se conducía del hotel Espléndido hacia La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), la detención la realizaron frente al comercial Maya Mall.

Paralelamente en este hotel ubicado en Flores, Petén, varios funcionarios públicos se reunieron a puerta cerrada para discutir sobre la conflictividad en la Sierra Lacandona y en la Laguna del Tigre (Petén: Estado se sigue negando al diálogo con las comunidades), minutos después Jovel Tobar fue detenido luego de denunciar la criminalización en contra de las comunidades en el mismo evento en donde se encuentra la fiscal general Thelma Aldana.

Otras autoridades comunitarias se movilizaron para auxiliar a Jovel Tobar. La PNC no tenía ninguna orden de aprehensión al momento de detenerlo. Las autoridades policiales indicaron luego que a Jovel Tobar le aparecía una orden de aprehensión con fecha de 21 de marzo de 2017, emitida por el Juzgado B Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de San Benito, Petén, firmada por Karla Damaris Hernández García.

Desde que las detenciones ilegales en contra de las autoridades comunitarias se volvieron moda en Guatemala, a las autoridades gubernamentales se les hace fácil dictar persecución y represión. La criminalización sigue en el país, lo comunitarios son tratados como invasores, depredadores por autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y otras entidades. Jovel Tobar es criminalizado por defender los derechos de la comunidad.

Se le acusó de “Usurpación en áreas protegidas”, cuando él y más de 60 mil pobladores habitan el territorio de la Laguna del Tigre desde la década del sesenta.

¿Por qué la detención arbitraria contra un líder de la Laguna del Tigre?

Las comunidades de la Laguna del Tigre y de la Sierra Lacandona constantemente han denunciado que hay intereses por realizar un nuevo desplazamiento forzado en contra de la población de estos territorios. Hay entidades privadas y personas que quieren apropiarse de la tierra utilizando la ley de áreas protegidas. El Estado simplemente desprotegió a la población, se niega a establecer una mesa de diálogo y a resolver la problemática.

Jovel Torres llegó el 28 de marzo al Hotel Espléndido junto con varios habitantes de las comunidades aledañas a Laguna del Tigre, y denunció los abusos cometidos por representantes de varias instituciones estatales como la Conap, la PNC, el Ejército y ONG extranjeras. Estas denuncias las hicieron a través de una conferencia de prensa, en la que denunciaron las diferentes problemáticas que viven en sus comunidades. En dicha conferencia se habló sobre la criminalización que el Estado les está causando, por afirmar que las comunidades no son invasoras, como lo afirmaron diferentes autoridades el 27 de marzo en el II Congreso Ambiental de la Biósfera Maya organizado por el Organismo Judicial con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.

En esta actividad asistieron magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Constitucionalidad CC, el Ministerio Publico (MP), la fiscal general Thelma Aldana, María Eugenia Morales Aceña, Josué Felipe Baquiax Baquiax expresidente del Organismo Judicial, Carlos Gálvez, la directora del IDPP Nydia Arévalo Corzantes, Ken Maclean de la USAID, Dr. Jorge Nery Cabrera Cabrera director del INACIF, Dr. Carlos Alvarado Cerezo Rector de la San Carlos, Elizabeth Mercedes García Escobar,  entre otros.

De manera contradictoria mientras estaba la fiscal general Thelma Aldana inaugurando un encuentro sobre justicia en el mismo lugar, el sistema de justicia realizó una nueva detención arbitraria.

“Apareció uno de los representantes de la gobernación departamental de Petén, observó quiénes estábamos en el hotel y de inmediato comenzaron a hacer llamadas telefónicas. Luego vimos cómo la policía anda alborotada, llegaron al hotel y andaban en las calles corriendo de un lado para otro. Así fue como detuvieron a Jovel. Lo extraño es que andaban viendo a más personas, y a él sin orden de aprehensión lo detuvieron”, afirmo una testigo.

Foto: Organismo Judicial

Las comunidades no son escuchadas

Las comunidades de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón a diario viven la represión y son vulnerables ante tanta persecución y criminalización. Sin embargo, el 28 de septiembre de 2016 las comunidades presentaron ante el Estado de Guatemala una propuesta de Desarrollo Integral y Sostenible para solicitar la certeza jurídica de la tierra en esas áreas, consecuente a esa propuesta las comunidades se comprometen a trabajar de forma sostenible y proteger la diversidad biológica. Sin embargo, hasta el momento no han logrado entablar una mesa de dialogo con el Estado. Petén: están en peligro las comunidades en la Sierra Lacandona y Laguna del Tigre.

Jovel Tobar y otros comunitarios llegaron para entregar este comunicado a las autoridades judiciales en el II Congreso Ambiental de la Biósfera Maya. 

Estigmatización y criminalización

Los desalojos continúan, el Gobierno y el Conap, están señalando a los comunitarios de ser integrantes de estructuras criminales. También en los medios corporativos de comunicación se les estigmatiza. Por ejemplo: Prensa Libre el 26 de marzo afirmó: “Desde agosto de 2014, campesinos de Alta Verapaz y Quiché se instalaron ilegalmente en una zona protegida y crearon la comunidad La Mestiza, señalados de ser los responsables de arrasar con 45 hectáreas de bosques y el saqueo a tumbas mayas”.

En otro párrafo de esta nota sin autoría afirman: “Autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), ambientalistas de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre y del Foro de Justicia Ambiental de Petén denunciaron recientemente que un grupo de invasores causa daños en la zona protegida, conocida como El Peruito, ubicado en el Parque Nacional Laguna del Tigre”.[1]

Con lo cual los comunitarios desmienten esas acusaciones y exigen que se investigue a estas personas que los acusan y difaman ante los medios de comunicación, porque son estas personas las que tienen negocios ilícitos, y que podrían tener relación con el narcotráfico.

Las comunidades afirman que los comunitarios son ajenos a ello. Por esa razón, en conferencia de prensa, solicitan que se investigue a entidades del Estado que están involucradas en hechos ilícitos en la Zona de Laguna del Tigre, especialmente a la señora Alma Yadira Polanco Solís, la directora regional del Conap, quien promueve la difamación por los medios de comunicación. La actual directora Polanco Solís del Conap en Peten tiene una acusación por tala ilegal, también hay acusaciones por corrupción en esta dirección.[2]

“De las razones, ustedes saben que hace un año puse una denuncia contra la directora regional por la extracción de guano y madera de una manera ilegal de la biósfera maya. Desgraciadamente, un año más tarde, el Ministerio Público no ha accionado”.

Corrupción en Petén: “autoridades de Conap no firman un convenio para obtener hasta US$1 millón de un donante para la protección del parque, por lo que él solicitó su liquidación con prestaciones”.[3]

Los comunitarios resaltan que están cansados y que necesitan respuestas favorables del Estado, actualmente están siendo intimados por los militares, por las amenazas de desalojos y ahora por las detenciones ilegales.

El diputado Leocadio Juracán denunció la detención arbitraria de Jovel Tobar a través de un comunicado donde exige el cese de represión, criminalización y desalojos en contra de las comunidades de La Laguna del Tigre y Sierra Lacandón, que el Presidente y el vice Presidente asuman su papel de velar por el bien común de los ciudadanos guatemaltecos, la inmediata liberación de JOVEL TOBAR RODRÍGUEZ que lo único que busca es el respeto de sus derechos humanos y la garantía de una mejor calidad de vida. Además que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas suspenda la política de criminalización a las comunidades indígenas y campesinas

[1] Prensa Libre. Campesinos invaden zona protegida en el Parque Nacional Laguna del Tigre. 26 de marzo 2017. http://www.prensalibre.com/guatemala/peten/campesinoas-invaden-zona-protegida-conocida-como-el-peruito

[2] Prensa Libre. Despiden a activista que denunció a funcionaria de Conap. 17 de febrero 2017. http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/despiden-a-activista-que-denuncio-a-funcionaria-de-conap

[3] Ibídem.


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Esta es la historia del niño Marco Antonio Molina Theissen contada por su hermana Ana Lucrecia quien recuerda la alegría, las ocurrencias y los juegos de su hermano.

Marco Antonio tenía 14 años cuando miembros del ejército entraron a su casa, lo detuvieron y lo desaparecieron delante de su madre.

Su hermana, Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en el entronque conocido como Los Encuentros frente a la escuela de Santa Lucía Utatlán, quienes la llevaron a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue torturada y violada sexualmente. Pese a esto a los nueve días ella logró escapar.

El ejército montó un operativo de inteligencia para encontrar a Emma Guadalupe, resultado de esa operación como castigo y venganza por su escapatoria se lo llevaron como rehén. Tres agentes realizaron la detención y desaparición de Marco Antonio.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la desaparición de Marco Antonio fue un castigo en contra de la familia por su lucha por las libertades democráticas y de derechos humanos en Guatemala.

¿Dónde está?

#JusticiaParaMarcoAntonio

 

 


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Norma Sancir, periodista comunitaria narra la experiencia que vivió cuando hacía una cobertura durante una manifestación pacífica, organizada por grupos campesinos e indígenas Chorti´ en el puente Jupilingo. Ahí fue detenida arbitrariamente por más de 10 agentes de la Policía Nacional Civil que, sin mediar palabra, la sacaron a empujones y maltratos por la montaña, de manera que no hubiera testigos del agravio que recibía.

Las peripecias vividas por Norma, desde que es llevada a una subestación de la policía, fue trasladada al menos a tres lugares antes de dar su primera declaración ante un juez, hasta que por fin recobró su libertad. Esto es algo que nunca olvidará.

En América Latina la población organizada ha sido sujeta de persecución penal, encarcelamiento y criminalización por reclamar sus derechos humanos más elementales. La libertad de expresión también ha sido limitada, especialmente para quienes documentan y cubren hechos que tocan los intereses de sectores de poder.

Este proyecto es una colaboración entre la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala – UDEFEGUA y Prensa Comunitaria.