Guatemala Comunitaria

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Por: Nelton Rivera.

En el Tribunal de Mayor Riesgo A en la ciudad de Guatemala, la etapa del proceso en contra de 10 altos mandos del ejército concluyo, la fase de Audiencia de Acto Conclusivo luego de varias audiencias concluyo el día viernes 26 de mayo 2016. Ahora la juez Claudette Domínguez deberá analizar si existen los suficientes indicios legales para ordenar que 10 algos mandos del ejército guatemalteco vayan a un juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad: desaparición forzada y deberes contra la humanidad cometidos en la zona militar 21 en la ciudad de Cobán Alta Verapaz durante la década de los años 80.

La asociación de víctimas del conflicto armado interno de Cobán, la asociación de afectados de Chicoyoguito de Cobán, el Grupo de Apoyo Mutuo GAM y La Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala, esperan la próxima audiencia el día martes 7 de junio 2016 para que la juzgadora emita su sentencia y que los 10 oficiales vayan a juicio.

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Fotografia de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

… uno como ser humano, como persona que no tengo que ver en nada con estos problemas, desde el año pasado cuando di mi primera declaración afirme que no tengo participación en ningún delito por los que se me acusa, están jugando con mi dignidad. Quienes me acusan como el Sr. Diego Marcos Pedro desde el año pasado nunca ha presentado nada, no entiendo que intereses lo mueven para hacerlo, para acusarme. Él es el verdadero culpable de los hechos que ocurrieron el 19 de enero, de verdad no entiendo qué tipo de justicia hay en este despacho.” Domingo Baltazar.

En la causa penal que enfrentan Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar la juez Claudette Domínguez a solicitud de la fiscalía de derechos humanos del MP, decidió que ambos deben permanecer en prisión preventiva,  porque considera la juzgadora, que personas como ellos, que son reconocidas, que tienen honorabilidad, que tienen mucho liderazgo en las comunidades, podrían poner en riesgo la “seguridad” de los trabajadores del Centro de Administración de Justicia –CAJ-.

Jueces, fiscales del MP, abogados de la defensa publica, administrativos, agentes de la Policía Nacional Civil, entre otros, a pesar que todos desde el 20 de enero 2015 se encuentran  trabajando en el complejo de justicia de la ciudad de Huehuetenango a casi 300 kilómetros de Santa Eulalia.

Los delitos por los que fueron ligados a proceso no ameritan la prisión preventiva según el código procesal penal guatemalteco, a criterio de la juzgadora y del MP sí, de esa cuenta ambas autoridades comunitarias permanecen en el sector 13 del preventivo, mientras este proceso penal se sigue prolongado, son 452 días o un año dos meses de prisión, entre audiencias que se suspenden, se reprograman, y que finalmente no se realizan.

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Entre audiencias que se suspenden

El 19 de mayo 2016, debió realizarse la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba, en la sala del nivel 14 de la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala, nuevamente no se encontraba el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni su abogado, uno de los oficiales del tribunal se acercó para explicarles a los abogados de la defensa, al fiscal del MP, al secretario del CAJ y su abogado que la audiencia de nuevo no se podría realizar porque no se había presentado uno de los querellantes.

Los abogados de la defensa Juan Castro y Eduardo De León, solicitaron que la juez se presentara a la sala, hasta ese momento Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar mantenían un semblante de tranquilidad, sus sonrisas con el público a través del grueso cristal de la carceleta eran evidentes, algunos de sus familiares, sus esposas y amigos les acompañaban en la sala.

La juez anunció que la audiencia se iba a suspender, el semblante de Rigoberto y Domingo cambió, era más que evidente el enojo y la frustración por la noticia,  no les toma por sorpresa, pero el juego perverso de los querellantes y del mismo MP les molesta.

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Litigio malicioso

“Vemos un claro acto de mala fe en nuestra contra, obviamente la fiscalía no tiene pruebas de los hechos por los que se nos acusa, es decir no hay delitos. Aquí lo que es claro es la persecución política por el simple hecho de denunciar los actos de la violación de nuestros derechos como pueblos indígenas, como población maya Q’anjob’al en el territorio norte de Huehuetenago.” Rigoberto Juárez Mateo.

Para los dos abogados directores de la defensa de las dos autoridades comunitarias, es evidente que las constantes inasistencias de los querellantes, incluso del MP, responden a la práctica del litigio malicioso por retardar el proceso, por seguir castigando a las dos sindicados y mantenerlos en prisión.

“vemos una clara acción de retardo y litigio malicioso del bloque que está acusando a mi patrocinado, casi estoy seguro que el lic. Pascual Tiu Zapeta será el siguiente en faltar a la audiencia, porque se turnan para retardar el proceso…” Juan Castro, abogado defensor.

El 12 de abril 2016, la audiencia ofrecimiento de medios de prueba no se realizó, esto debido a que la juez decidió suspender la audiencia porque el licenciado Pascual Tiu Zapeta director del CAJ de Santa Eulalia no se presentó al tribunal, tampoco lo hizo su abogado José Luis Chan Chamalé, y no existió una excusa.

La audiencia previa al día 12 de abril, se suspendió porque otro de los querellantes, Diego Marcos ex alcalde municipal de Santa Eulalia tampoco se presentó, la juez Domínguez suspendió la audiencia programándola para el 12 de abril.

El 19 de mayo 2016, nuevamente estaba programa la misma audiencia de ofrecimiento de prueba y nuevamente el ex alcalde Diego Marcos Pedro no asistió a la citación en el tribunal, tampoco lo hizo su abogado Luis Felipe García a pesar que fueron notificados por el tribunal.

La juzgadora reprogramó nuevamente la misma audiencia para el día 8 de junio 2016, cuatro meses se ha dilatado el proceso. La juzgadora aclaró que el ex alcalde Diego Marcos no responde a ninguna de las llamadas telefónicas hechas por los oficiales del tribunal y que en el expediente no existe otro medio para localizarlo. El fiscal Mynor Aguilar Bernardino un año dos meses después acreditó ante el tribunal otros dos números de celular con los que él tiene comunicación con el ex alcalde.

De no presentarse nuevamente el querellante junto con el abogado Luis Felipe García el tribunal de mayor riesgo iniciará un proceso disciplinario ante el Tribunal de Honor y Disciplina del Colegio de Abogados, como una medida por las reiteradas inasistencias a las audiencias en este tribunal.

 

 
Juan Castro y Eduardo De León, abogados defensores
 
Maynor Aguilar Bernardino (MP), Pascual Tiu Zapeta y José Luis Chan Chamale.
 
 
 
 
 

 


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un sueño llamado comunicación popular Santa Cruz Quixaya San Lucas Toliman Solola

Por: Rony Morales

Todo pasa y las aptitudes de las personas se van notando, con ello vienen las capacidades  y el gusto por el comunicar, cultivando el poder que tiene la “palabra” según nos cuentan los abuelos.

Comunicación viene de comunidad, comunicar es poner en común el compartir, ponerse de acuerdo en diálogos diversos,por medio de diferentes instrumentos como la radio, televisión, fotografía y la prensa comunitaria. Estos medios sirven para comunicarnos, hablar y convivir a  diario, algo fundamental  para el desarrollo de nuestra vida, que es un derecho humano.

Para nosotros los jóvenes comunitarios que vivimos en hermosos parajes llenos de paisaje con  ríos y bosques, la comunicación popular es una estrategia que llevamos a todos lados con la intención de poder sensibilizar a muchas  personas para unirse en  la defensa de los recursos naturales y de la vida.

Nosotros que somos comunicadores populares jóvenes, mujeres, niños y adultos, tenemos un gran reto, hacer que cada día más personas se una a esta labor llamada comunicación de los pueblos y lograr romper el cerco mediático de las grandes empresas. Esta es esencial para las luchas por el agua, la defensa de nuestros recursos, derechos humanos, dignidad, criminalización de las personas que defienden la vida y que buscan el buen vivir.

La comunicación comunitaria por medio de las nuevas tecnologías es importante para el intercambio de experiencias y articulación. Es una herramienta que está floreciendo en los corazones de los jóvenes comunitarios, como una forma valiosísima de educación, dialogo, intercambio defensa y movilización.

A través de la palabra, el sonido y la imagen, difundimos nuestras ideas y a la vez aportamos en la denuncia, la difusión, las posturas de la población organizada frente a la agresión capitalista y patriarcal, además del modelo que tratan de imponer en nuestro país.


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En la aldea de Pojom en San Mateo Ixtatán están ocurriendo muchas hechos violentos desde que la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) inició sus actividades. Como en otros lugares del norte de Huehuetenango, los medios corporativos representan a pueblos completos y sus problemáticas y demandas de una manera tergiversada.

Para comprender mejor lo que ha ocurrido en los últimos años en esta comunidad, Francisco Simón Francisco ha entrevistado a autoridades y a vecinos, ha consultado documentos y ha reconstruido el proceso para quienes leen Prensa Comunitaria y les interesa comprender las compleja realidad que vive el país.

Este es el primero de cuatro reportajes sobre la realidad que se vive en comunidad de Pojom, desde sus protagonistas. En este caso que presenta a la aldea Pojom y muestra cómo se realizó la Consulta Comunitaria y como todo el mundo actuaba de forma conjunta.

1.  La Consulta Comunitaria:
Unidad social en la comunidad

 

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Consulta comunitaria en Pojom, San Mateo Ixtatán, 21 de mayo 2009

Por: Francisco Simón.

 

La aldea Pojom, su realidad actual

Pojom es una de las 59 aldeas del municipio de San Mateo Ixtatán. Con sus 4200 habitantes, de todas sus comunidades es la más grande de  la zona Norte del Municipio. Limita al norte con la frontera de México y al este con el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Es la única aldea de San Mateo formada totalmente por población Q´anjob´al, de origen en Jolom Konob´ (Santa Eulalia). Su agricultura se basa en el cultivo del café y cardamomo como principal ingreso local y familiar. La mayoría de la comunidad se dedica al cultivo de maíz y el frijol, por eso el agua es fundamental para una sociedad agricultora.

La economía de la aldea también se sustenta por las remesas familiares que ingresan constantemente, resultado de varias décadas de migración forzada hacia México, los Estados Unidos y la capital. Cientos de ellos están asentados en Playa del Carmen, Quintana Roo, México y  en diferentes estados de los Estados Unidos, en un primer momento migraron por la represión del Estado durante la guerra, luego las condiciones de pobreza fueron el detonante para continuar migrando.

Las comunidades manifiestan la ausencia de una política pública del Estado que atienda sus necesidades sociales. El centro de Salud denominado Casa Materna “Clínica Vivir en Amor” fue construido en 2006, y buena parte del personal es pagado por una institución de Bélgica. El Instituto Básico comenzó a funcionar en el año 2009 también fue construido con apoyo económico de personas belgas. Aunque es un Instituto Básico Nacional no  cuenta con maestro presupuestado por parte del Estado. Los cuatro maestros que atienden a los  92 alumnos trabajan por contrato.

Pojom cuenta con escuelas para el nivel primario, pero desafortunadamente los 14 maestros presupuestados son insuficientes para la necesaria formación académica de los 670 niños que acuden a ellas y la presencia del Estado representada por la fuerza pública no garantiza la seguridad ciudadana.

 Lo que la guerra gana, la gente pierde

Durante el periodo que más afecto la región durante conflicto armado ocurrido fue durante los años de 1980 a 1982, de los 36 años que ésta duró, la aldea sufrió una crisis social por la represión del Estado guatemalteco encabezado por la fuerza militar en compañía de los comisionados. Hubo siete desaparecidos, torturados y asesinados por su supuesta vinculación con el Ejército Guerrillero de los  Pobres EGP, una de las guerrillas que surgió en el país.

Después de que fueron desaparecidos sus esposas fueron violadas por comisionados militares. Debido a las circunstancias que ocurrían en esa época decenas de personas tuvieron que asilarse en el Estado de Chiapas México, huyendo de las listas de los comisionados y oficiales S2, también huyendo de las masacres. Varios de ellos retornaron para recuperar sus tierras en Pojom y otros se quedaron en Chiapas debido al miedo, temor y esa vivencia de terror que vivieron durante la guerra.

En la situación que se vive en la actualidad, con represión y criminalización –como describiremos en otra entrega de esta serie- hay gente que reconoce las situaciones se siguen dando. Recuerdan que el ejército y los comisionados militares los acusaron como guerrilleros. Hoy en la actualidad los comunitarios son insultados, son considerados como “bochincheros”, y acusados de “guerrilleros” por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica en la región de Ixquisis. Muchas veces considerados como  “tapacaminos“ solo por oponerse a la militarización en la región y otras veces como “locos” según la empresa porque nada quieren y porque según esta que ellos no quieren desarrollo.

El ejército nunca se desmovilizó de esta zona, a pesar de la firma de los acuerdos de Paz en 1996, en la aldea de YixKisis volvieron a instalar el destacamento militar, el mismo que funcionó durante el conflicto armado, en ese mismo lugar la empresa PDHSA tiene sus instalaciones y ahí mismo esta el destacamento militar, protegen a los trabajadores de la empresa, los comunitarios denunciaron que incluso tienen conocimiento de un grupo paramilitar que actúa para dañar a los vecinos opuestos a la hidroeléctrica y nada hacen para detenerlos.

La Consulta Comunitaria: características históricas y legales.

Desde el año 2005, los pueblos indígenas, dueños legítimos de sus tierras, se levantaron en resistencia ante las amenazas del capitalismo implementado por capitales transnacionales y apoyados por las instituciones del Estado con mecanismos de despojo, criminalización, impunidad y la división comunitaria. Las comunidades indígenas y mestizas pobres y los pueblos se mostraron dispuestos a defender lo que les queda de sus territorios y sus derechos con los mecanismos que la historia, la legalidad y su propia voluntad les proporcionan. [1]

Ante estas estrategias de las empresas y el Estado, los pueblos indígenas y mestizos, se organizan con el respaldo de sus autoridades ancestrales, municipales y basándose en el marco de la legalidad garante de sus derechos fundamentadas en el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas[2], en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Código Municipal y en la Ley de Consejos de Desarrollo. Estas leyes y convenios establecen la obligación del Estado guatemalteco de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los medios de vida, el territorio y la cultura de los pueblos.

Más de 80 consultas se han realizado desde el año 2005 hasta el 2016, siendo uno de los mecanismos de información, consulta y toma de decisión que las comunidades y pueblos siguen ejerciendo para enfrentar la imposición arbitraria e ilegitima de las empresas, gobiernos y grupos económicos vinculados al modelo extractivo.

La Consulta en San Mateo Ixtatán

Andrés Alonso Pascual, originario de la aldea Bulej, maya-hablante Chuj, fue alcalde municipal de San Mateo Ixtatán entre 2004 a 2008 por el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG y posteriormente por el mismo partido en el periodo 2008-2012.

Parte de su gestión como alcalde fue la organización municipal para la Consulta Comunitaria con los habitantes de las 59 aldeas y 7 caseríos que conforman el Municipio. Se llevó a cabo un día jueves, 21 de mayo del año 2009 y participaron 25,646 personas, el resultado fue contundente, el 99% de la població rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos.

El alcalde municipal no estaba de acuerdo para la explotación de los recursos naturales, mucho menos para la autorización de hidroeléctricas transnacionales en el municipio, según él porque la ideología de su partido no compartía los intereses empresariales, a menos que las empresas fueran administradas por la comunidad. Se organizó junto a las comunidades para oponerse a la presencia de empresas mineras e hidroeléctricas en territorio Chuj.

Motivó a  las comunidades a organizarse. Las comunidades aceptaron el mandato del señor alcalde municipal, le dijeron que está bien y le dieron importancia a la organización para la consulta de la buena fe. El día de la consulta comunitaria todos dijeron “NO A LA MINERA, y “NO A LOS PROYECTOS TRANSNACIONALES” en el territorio Chuj.

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¿Cómo fue la Consulta en Pojom?

En la aldea Pojom la consulta comunitaria fue organizada por el alcalde municipal junto al señor Nicolás Francisco Tomás Gaspar, ex comisionado Militar, Presidente del COCODE, Presidente Regional y Representante de la Región ante el COMUDE, acompañado por la coordinación y apoyo de los maestros de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pojom.

La gente de la aldea relata que la consulta fue iniciativa del señor alcalde municipal para impedir la entrada de las empresas petroleras, mineras e hídricas en el territorio Chuj. Mostraba el rechazo rotundo de las comunidades ante la explotación minera en su territorio, en especial en la región Norte de San Mateo Ixtatán.

“Todos los niños de la escuela primaria y todas las personas de Pojom van a decir que tanto minería u otros nos afectaran, la minería la llevaran las grandes personas que vienen de otros países, razones por la cuales todos vamos a decir que no a la explotación de los recursos, porque nadie quiere que afectan la comunidad y la tierra guatemalteca” enfatizó el señor Nicolás Francisco Tomás Gaspar

Por otro lado cuentan que el aviso surgió desde diversos municipios y llegó hasta San Mateo para luego realizarla con las comunidades. No sólo era San Mateo Ixtatán el municipio donde se llevaría la consulta, sino que también en las comunidades de otros municipios de Huehuetenango, harán lo mismo, todos con el lema: “No queremos minería en nuestro territorio”.

Fue así como se organizó la consulta comunitaria promovida por don Nicolás y el apoyo de los maestros. Cuando se realizó el día 21 de mayo de 2009, tanto personas de la tercera edad, mujeres, hombres, señores, señoras, niños y toda la comunidad, ninguno dijo si a la minería. Al contrario, todas se manifestaron en contra en ese tiempo.

Cuando se realizó la consulta comunitaria en Pojom no había división comunitaria, las decisiones se tomaban en colectivo, se reflejaba el consenso entre los comunitarios, había unidad entre las personas, fue por la unidad que se logró el rechazo a la minera. Luego con la instalación de la empresa, llego la división comunitaria, se instaló nuevamente el discurso contrainsurgente para criminalizar a la población en oposición de la empresa y Nicolás Francisco Tomás Gaspar volvió a jugar el papel represivo que jugó en la guerra.

La satisfacción de las comunidades

Después de la Consulta, los comunitarios indicaron que desde hace varios años se había iniciado el proceso para realizar la consulta de buena fe. Por ello resaltaron como un día histórico el jueves 21 de mayo, ya que después de enfrentar algunos obstáculos los habitantes a través de un acto de buena fe indicaron no aceptar ningún trabajo extractivo en sus comunidades. Asimismo señalaron que la lucha de todos los pobladores se basa en que las empresas transnacionales no destruyan lo que a los habitantes les pertenece, al referirse a su tierra y territorio así como la riqueza natural.

El Alcalde Municipal de San Mateo Ixtatán refirió que en la consulta de buena fe participaron más de cincuenta observadores nacionales e internacionales quienes fueron testigos de la participación de los habitantes al decir un no a los trabajos de exploración y explotación de minería a cielo abierto en el territorio. Asimismo indicó que en reunión entre los integrantes del Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDES) se decidirá cuándo entregarán los resultados de la Consulta de Buena Fe a autoridades Nacionales en la Ciudad capital.

El Alcalde Andrés Alonzo Pascual indicó que la consulta se llevó a cabo a solicitud de los pobladores, y en base al convenio 169 de la OIT donde señala que los pueblos indígenas deben ser consultados previamente sobre las medidas administrativas que afecten sus derechos e intereses. Refirió que es la población quien decide qué quiere y qué no quiere en su territorio. Por ello hizo un llamado a las autoridades nacionales a respetar la decisión de los habitantes. Así mismo enfatizó que exige se haga respetar la decisión del pueblo, al mencionar que ya se firmó la paz en Guatemala y que en ningún momento desean enfrentamientos por no respetar la decisión del pueblo de San Mateo Ixtatán. [3]

No se ha respetado la Consulta Comunitaria en San Mateo Ixtatàn

La consulta comunitaria realizada el año 2009, en donde las comunidades manifestaron su oposición a la explotación de sus recursos naturales, no se ha respetado. Las empresas están explotando las tierras, están destruyendo los ríos que de eso dependen muchas comunidades, con ellas cientos de miles de personas y que por cientos de años han estado viviendo aquí. Las comunidades recuerdan que gracias a sus antepasados lucharon por la unidad, y por el esfuerzo de todos obtuvieron este pedazo de tierra para vivir y que es lo poco que tienen. Las empresas están destruyendo a pesar de que las comunidades han dicho que no a todo tipo de imposición de proyecto nacional o transnacional.

¿Entonces por qué no respetan las decisiones? Aquí se refleja claramente la impunidad de las empresas respaldadas por una fuerza pública del Estado que se ha prestado para servir a las empresas en contra de las comunidades.

Las preguntas que se hacen las comunidades son: ¿Acaso los que vivimos aquí no son humanos? ¿Acaso no son guatemaltecos? ¿Acaso no nos protege la Constitución Política?

Las comunidades indican que para las empresas no hay pueblos indígenas; afirman que están hablando de “desarrollo”; pero según ellos, los comunitarios, eso es una mentira total, ese desarrollo del que hablan estas empresas es una falsedad, una forma de manipular y engañar a las comunidades, con ese “desarrollo” llegaron con la invasión española 500 años atrás.

La consulta fue plasmada en papel, fue evidente la participación de las comunidades en ese año, pero para las empresas no vale nada, negocian detrás de las comunidades con las autoridades administrativas para sus proyectos y proyectos de otros países; siendo las comunidades los ciudadanos y pueblos nativos de esta región y manifiestan que van a seguir luchando en defensa de los recursos porque según ellos que su voz es autentica y tiene que ser respetada.

Todos los acuerdos documentados en ese tiempo no se respetan, y para que todo se respeta las personas como pueblos deben estar unidos para demostrar esa inconformidad ante estas empresas y ante las autoridades que los autorizó. Las comunidades en mayo 2016 celebrarán el aniversario siete de la consulta comunitaria.

PRÓXIMA ENTREGA: “La empresa llega a Pojom engañando y falseando”

Notas

[1]https://www.academia.edu/7263587/DIN%C3%81MICAS_DE_DESPOJO_Y_RESISTENCIA_EN_GUATEMALA_DIN%C3%81MICAS_DE_DESPOJO_Y_RESISTENCIA_EN_GUATEMALA_Comunidades_Estado_y_empresas

[2] Acerca del Reglamento para el proceso de Consultas del Convenio 169

[3] http://www.conflictosmineros.net/contenidos/15-guatemala/4790-4790


Por: Quimy De León y Nelton Rivera.

La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales

La empresa minera EXMINGUA sigue operando de manera ilegal en San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo en el proyecto minera “El Tambor” Progreso VII Derivada, este lunes 9 de mayo, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y Ministerio Publico MP, detuvieron a varios trabajadores de la empresa minera, en total cuatro trabajadores que se transportaban en un Pickup agrícola MAZDA color gris que coincide con el vehículo placas P176FNS. Pretendían transportar 19 sacos grandes con oro y plata semiprocesados, ese mismo vehículo de la empresa anteriormente ha ingresado y salido con toneles y costales desde la mina “El Tambor”.[1]

Con la detención de 4 trabajadores mineros quedó evidenciado que la empresa EXMINGUA sigue operando, hoy continuaban sacando minerales con este vehículo desde el interior de la mina, a pesar que la CC y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc ordenó el cierre de la mina, esta empresa forma parte de Kappes Kassiday & Associates KCA una empresa que tiene sede en Reno California en los Estados Unidos.

Los vecinos de ambos municipios, denunciaron que los trabajadores de EXMINGUA sacan por bultos el mineral y lo colocan en el pickup para movilizar luego los minerales a las bodegas en donde lo almacenan, al momento de ser detenidos se les incautaron más de 10 sacos que podrían contener varios minerales, entre estos oro y plata, para la empresa ha sido complicado sacar los cargamentos de mineral en grandes camiones por eso emplearon un helicóptero en el mes de marzo para hacerlo, finalmente hacen viajes cortos con sus vehículos transportando los sacos.

El pickup de la empresa está detenido en la subestación de la policía en el centro de San José del Golfo, quienes iban en el carro podría ser trasladados a la Torre de Tribunales en el Organismo Judicial en la ciudad capital para ser procesados.  Todavía no se conoce los nombres de los detenidos.

El Ministerio Público confirmó la detención 4 personas trabajadores de la empresa minera: “Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. más conocida como La Puya, luego de se les fuera localizados en el interior de un vehículo, 19 costales de concentrado de oro y plata. De acuerdo con las investigaciones del MP y dictámenes técnicos, los mismos están valorados en la cantidad de 100 mil dólares.” El total de los 19 sacos que eran trasladados fuera de la mina podría alcanzar un monto de $1,900,000.00 mil dólares o su equivalente a Q14 millones 600 mil quetzales.

En Prensa Libre se confirmó los nombres de los detenidos: “Edwin Rubén Díaz Veliz de 23 años; Julio Macario Valle, 30; Wilder Sandoval Revolorio, 31 y Miguel Ángel García, 46.” Todos trabajadores de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A.

Breve Cronología de la actividad de una minera

Una licencia de exploración y explotación es otorgada a “Progreso VII Derivada, Mina El Tambor” durante el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina en el año 2011.

Organización y resistencia pacífica

Las comunidades de San Pedro Ayampuc y de San José el Golfo llevan desde 2011 oponiéndose a las intenciones de la empresas transnacionales como la canadiense Radius Explorations Ltd. Y la sudafricana Gold Field Inc. Quienes posteriormente cedieran sus derechos a la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates -KCA-Exploraciones Mineras de Guatemala -Exmingua subicidiaria de ambas empresas son quienes tienen la tarea de poner en marcha el proyecto minero El Tambor I (Progreso 7 Derivada).

Resultado de esta oposición organizada han sido los atentados sufridos por sus líderes y lideresas, como el intento de asesinato en julio de 2012 de Yolanda Oquelí en donde resultó gravemente herida.[2]

El 2 marzo de 2012 instalaron un plantón pacífico en el lugar conocido como “La Puya”, la organización comunitaria vio nacer al Frente Norte del Área Metropolitana -FRENAM, con el que desde entonces han impedido la puesta en funcionamiento de la mina, a base de su mera presencia y de sus cánticos religiosos.[3]

Tanto la empresa como el Gobierno han intentado acabar con esta muestra de resistencia pacífica, pues se fue convirtiendo en un ejemplo para las luchas en todo el país.

La resistencia pacífica en “La Puya” lograría el incumplimiento de los trabajos dentro del plazo de un año de la licencia de exploración, sin que las empresas KCA y EXMINGUA realizaran trabajo alguno. El silencio cómplice de la Embajada de los EEUU frente a las agresiones de la empresa KCA y el Gobierno guatemalteco quienes han intentado de forma violenta acabar con esta muestra de resistencia pacífica.

Así, la empresa implementaría una nueva fase de violencia contra las comunidades, un sinfín de hechos de violencia, intentos de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Atentados armados, abusos físicos contra las mujeres, insultos, amenazas, difamaciones, intimidaciones, racismo, discriminación y acciones homofóbicas fueron parte de las agresiones de los personeros de la empresa y sus trabajadores que fueron documentadas y publicadas a través de diversos medios de comunicación.

Criminalización de la protesta

Con denuncias de dos supuestos trabajadores mineros y declaraciones del gerente de la EXMINGUA, el coronel del ejercito Mario Ricardo  Figueroa Archila como “testigo”, la empresa KCA – EXMINGUA buscaron criminalizar y judicializar a varias personas, además de desarticular con estos procesos la resistencia comunitaria.

A este proceso se suman las declaraciones de Marco Tulio Garrido Aquino, de Erick Adoni Gálvez Rivera, ambos trabajadores de EXMINGUA, como acusadores, y la declaración de los “testigos” Gerson Miseal Garrido y José Alejandro Ávila Mérida.[4]

Un Tribunal resuelve que se suspenda la licencia de construcción de la mina

La comunidad de la resistencia pacífica “La Puya“ a través de sus Alcaldes comunitarios lograron el 15 de julio de 2015 que un Tribunal de amparo resolviera a su favor y que se suspenda la licencia de construcción del proyecto minero PROGRESO VII DERIVADA mina El Tambor de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA – EXMINGUA

Este amparo había sido puesto contra la municipalidad de San Pedro Ayampuc por los Alcaldes comunitarios de las comunidades El Guapinol y El Carrizal, con el apoyo de la Asociación de Abogados Mayas.

Por lo que el Juzgado tercero del ramo civil ordena al Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Ayampuc suspender actividades de construcción de proyecto minero Progreso VII derivada, también ordena que se realice la consulta de vecinos.

Suspensión provisional de licencia de explotación minera de la empresa

La Corte Suprema de Justicia – CSJ el 22 de febrero de 2016 notificó su decisión de suspender provisionalmente la licencia de explotación minera de la empresa Kappes Kassiday & Associates (KCA de los Estados Unidos) y su filial en el país, la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA S.A.), por considerar que se violó el derecho de consulta de los pueblos en 2011.

A partir de ese día le empresa no debía seguir explotando ningún mineral en toda el área que comprenden los 20 kilómetros cuadrados de la Mina El Tambor, especialmente oro y plata, tan solo unos meses atrás la Municipalidad de San Pedro Ayampuc también ordenó la suspensión de los trabajos por no contar con la licencia municipal para hacerlo, en respuesta la empresa rompió la medida municipal y siguió trabajando.

La decisión de la CSJ se debe luego de analizar un recurso de amparo planteado por la el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y la resistencia pacífica de La Puya en el mes de agosto del 2014, quienes plantearon que el otorgamiento de la licencia de explotación se dio por el MEM sin haber realizado la consultada a las comunidades.

“CALAS interpuso el recurso en contra del ministro Erick Archila por el otorgamiento de la licencia minera de explotación, consideramos que el ministro había afectado el derecho de consulta a los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo, que se establece en el Convenio 169 de la OIT”

A partir de la resolución de la CSJ el Ministerio de Energía y Minas deberá verificar que la empresa KCA-EXMINGUA no realice ningún trabajo de explotación en el área.

“… se decreta el ampara provisional en virtud que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, como consecuencia se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo en el departamento de Guatemala denominada Progreso VII Derivada… Por lo que se ordena a dicha autoridad, remitir el expediente original dentro del plazo de 48 horas notificada la presente resolución bajo apercibimiento que de no cumplirse certificara lo conducente a donde corresponde…”

Según el gobierno central esta suspensión no procede y todo le da igual: el asesor jurídico del Ministerio de energía y minas Rogelio Zarceño dijo que “La Corte Suprema de Justicia manda a que suspendamos el otorgamiento, pero si ya está consumado el acto… ya no se puede hacer más”[5]

 Además opinan sobre las consultas comunitarias que estas no son vinculantes y que si la población dice que no, de todos modos el Ministerio puede otorgar licencias. [6]

 La minera siguió explotando minerales

 La empresa minera Kappes Cassiday & Associated – KCA y su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala – Exmingua continuaron con la actividad extractiva y de explotación.

 Otras empresas privadas involucradas en extracción ilegal

 En el mes de marzo EXMINGUA contrató a una empresa para continuar extrayendo el mineral que están explotando de la mina El Tambor, esta vez lo hicieron por aire, un helicóptero color azul con calcomanías celestes y blancas siglas TG-CHA Aerospatiale 350B3 Ecureuil  (3888 F-WWXD, TG-GEA [3], TG-CHA)[7]  tripulado por dos pilotos realizó una serie de viajes a una distancia de 15 minutos cada uno.

 Por desacato Calas solicita un antejuicio contra el ministro de Energía y Minas

 Por negarse a cumplir la orden de amparo provisional de que se detengan las operaciones de la minera se solicitó un amparo contra el ministro Pelayo Castañón este 2 de marzo, ya que se estaría incurriendo en un delito de explotación ilegal de recursos, como está en el artículo 346 del Código Procesal Penal. Esto además implicaría el delito de instigación a delinquir, por lo que Calas pidió que se le retire la inmunidad a este funcionario y que se cumpla con el amparo provisional.

 Agresión al Plantón de la Puya frente al MEM

 El día 29 de abril 2016 en horas de la noche miembros de la resistencia, denuncian que vehículo con placas P-072DRK, embistió al plantón ubicado en las afueras del Ministerio de Energía y Minas y luego se dio a la fuga, de ese hecho resultaron varias personas heridas y se registró la destrucción parcial del campamento de la resistencia.

 La Corte de Constitucionalidad rechaza apelación de minera

 Se suspenden operaciones y queda en suspenso la licencia de exploración minera según resolvió la Corte de Constitucionalidad – CC al rechazar este 5 de mayo la apelación de Exploraciones Mineras, S.A., y del Ministerio de Energía y Minas – MEM. Es obligatorio realizar la consulta a las comunidades sobre este proyecto según el convenio 169.

 Esto además confirma el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia – CSJ al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social – Calas el 11 de noviembre del 2015.

 CALAS debe verificar que la mina Progreso VII Derivada haga efectiva la suspensión de operaciones desde que sean notificados de esta resolución, de lo contrario la CSJ debe actuar.



[1]  Información del Abogado Rafael Maldonado de CALAS. https://twitter.com/rafa_calas/status/729746543817805824

 

[2] “Acción urgente: Yolanda Oquelí, dirigenta guatemalteca opuesta a una explotación minera sufre atentado en Guatemala”. Amnistía Internacional, http://www.amnistia.org.pe/yolanda-oqueli-sufre-atentado-en-guatemala/

[3] “La fuerza de la comunidad frente al capital transnacional de la minería” Nelton Rivera, 22 marzo 2013,  http://comunitariapress.blogspot.mx/2013/03/la-fuerza-de-la-comunidad-frente-al.html

[4] Intervención de la agente Fiscal Blanca Araceli Monzón Soto. 3 de diciembre 2013.

[5] Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[6]Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[7] Complete (Historical) Civil Rotorcraft Register of Guatemala, 30 de Abril 2016. http://www.rotorspot.nl/historic/tg.php