Guatemala Comunitaria

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Por: Andrea Ixchíu Hernández.

Este 1 de febrero de 2016 ha dado inicio el Juicio dentro del Caso Sepur Zarco, dónde se busca juzgar las violaciones sexuales cometidas contra 15 mujeres indígenas q’eqchís en un destacamento militar ubicado entre Alta Verapaz e Izabal durante el año de 1982. Este destacamento era utilizado como “área de descanso y recreación” de los militares, durante los años más duros de la guerra.

En Torre de Tribunales, en la Sala de Vistas se desarrolla la audiencia de primera declaración, presentación de pruebas y alegatos iniciales del caso, el cual es conocido por las jueces Patricia Bustamante, Yassmin Barrios y el juez Gerbi Sical, del Tribunal A de Mayor Riesgo y dónde se encuentran presentes el Ministerio Público, las organizaciones querellantes y de representación de las víctimas, así como también la defensa de los militares acusados; el teniente Steelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, quienes son acusados de Delitos contra deberes de la humanidad, desaparición forzada y asesinato.

Después de 32 años se juzga en Guatemala por primera vez la Violación Sexual en Conflictos Armados, la cual se ha demostrado por medio de peritajes, informes y exhaustivas investigaciones, la intención de destruir a las comunidades, alterar la composición étnica de la siguiente generación, infectar de enfermedades venéreas y causar infecundidad entre las mujeres de la comunidad que se pretende destruir, todo esto como producto de la implementación de políticas contrainsurgentes por parte de algunos Estados en época de conflicto.

Al escuchar el relato de testigos, se escuchan frases como:

“Ellos, los soldados sabían que mujeres ya no tenían esposos y decían que las mujeres solas, eran mujeres disponibles”.

O el relato de una testigo a quién dijeron: Ya nos llevamos a tu esposo, ahora sos de nosotros”.

Por eso se afirma que este tipo de abusos se basan en el tipo de masculinidad prepotente y aplastante que odia y desprecia a la mujer. Algunos de estos testimonios se encuentran relatados en el octavo tomo del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico – REMHI-.

Las mujeres tuvieron que hacer turnos para lavar uniformes y cocinar a los soldados sin remuneración alguna, además sufriendo violaciones sexuales en repetidas ocasiones. Esta violencia sexual fue usada por el ejército como forma de control de cualquier mujer organizada percibida como “enemiga” o “subversiva”, ya que, según los relatos de estas mujeres, muchos de los esposos, hermanos o familiares suyos estaban organizados y luchando por su derecho a la tierra. Se entiende entonces que a las mujeres se les violó para “castigar a los varones” que reclamaron sus derechos y aterrorizar a la población.

Los delitos de violación y esclavitud sexual en contextos de guerra constituyen Delitos de Lesa Humanidad, que no prescriben aún con la Amnistía otorgada con la firma de la Paz. El caso de Sepur Zarco es uno de los muchos casos de violaciones sexuales durante la guerra en Guatemala y es una manifestación del papel evidente que juega el patriarcado en los conflictos armados. Porque el patriarcado y la militarización van estrechamente de la mano. Se han agredido mujeres, percibidas como posesiones masculinas y cómo una forma de humillar simbólicamente al enemigo. Y en Guatemala, ha quedado demostrado en cientos de libros, peritajes e informes, el enemigo del ejercito eran las comunidades indígenas.

Cuando violan a una mujer toda la sociedad se empobrece, el machismo es enemigo de la conciliación, no permite diálogo y no permite construir la paz. Cuando violan a una mujer todas las mujeres sufrimos, nos desvalorizan, se refuerza así la lógica de la guerra, aún en tiempos de paz.

Hoy uno de los testigos y sobreviviente. Rogelio Hüitz Chon afirmò con contundencia los delitos cometidos por el ejército en Sepur Zarco, fue su testimonio, lo que él mismo vivió en carne propia señalando al agresor, el militar sentado en esa misma sala, ahora en el lugar de los acusados.

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Caso Sepur Zarco: organizaciones internacionales celebran el inicio del juicio

Guatemala, Washington D.C. y San José, 1 de febrero de 2016.- Hoy comienza el debate oral y público del caso conocido como “Sepur Zarco”, por actos de violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual cometidos por miembros del Ejército de Guatemala entre 1982 y 1986 contra mujeres de dicha comunidad maya Q’eqchi’, así como por la desaparición forzada de varios hombres. Los acusados son el exmilitar Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig.

Esta será la primera vez en el mundo que se juzgue en una corte nacional la esclavitud sexual en un contexto de guerra ⎯otros casos han sido conocidos por tribunales penales internacionales⎯ y la primera vez que en Guatemala se juzguen delitos de violencia sexual como crímenes internacionales. “El sistema judicial guatemalteco ha sido pionero en la investigación de estos crímenes complejos demostrando que otros países que enfrentan desafíos similares también pueden hacerlo”, puntualizó Leonor Arteaga, oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

La violencia contras las mujeres en el conflicto armado guatemalteco fue una herramienta de terror y dominación que por largo tiempo fue invisibilizada. “La Comisión para el Esclarecimiento Histórico determinó que la violación sexual durante el conflicto armado interno fue utilizada de forma generalizada, masiva y sistemática, como parte de la política contrainsurgente del Estado”, dijo Jo-Marie Burt, investigadora principal de WOLA.

Durante décadas, casos como el de Sepur Zarco y otros, se mantuvieron en el silencio y la impunidad. Recientemente, algunos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, han avanzado a pesar de las resistencias y los obstáculos, gracias a los esfuerzos encabezados por el Ministerio Público y los tribunales de Mayor Riesgo.

“El caso Sepur Zarco constituye un ejemplo de perseverancia y valentía por parte de las mujeres sobrevivientes y los grupos que las acompañan, quienes superaron el miedo y emprendieron el camino hacia la justicia”, señaló Kelsey Alford-Jones, Directora Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC).

Las organizaciones firmantes nos solidarizamos con las personas sobrevivientes, especialmente con las mujeres que brindarán su testimonio en el debate, por su valentía y fortaleza, y lamentamos los mensajes de algunos sectores que pretenden desacreditarlas. También expresamos nuestro respaldo al colectivo Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad que viene acompañando a las víctimas en su búsqueda de justicia.

“Guatemala está obligada a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual. Hacemos un llamado a las autoridades para que se respete la independencia judicial, se garantice el debido proceso y, particularmente, se eviten prácticas dilatorias que impiden la sanción de los responsables de estos graves hechos”, dijo Marcia Aguiluz, Directora del programa para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Finalmente, saludamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de permitir el uso de la sala de vistas para el desarrollo de este juicio, a fin de facilitar la publicidad del proceso y las muestras de solidaridad; considerando que este juicio -de interés nacional e internacional- representa una nueva oportunidad para Guatemala de avanzar en su obligación de saldar sus deudas de verdad, justicia y reparación, visibilizando y sancionando la violencia contra las mujeres durante el conflicto y evitando la repetición de tan aberrantes crímenes.