Guatemala Comunitaria

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Por: Simón Antonio Ramón

La toma de posesión de Jimmy Morales como presidente de Guatemala, desde el andamiaje jurídico, marca un punto final a la crisis política desatada por parte del gobierno caído de Otto Pérez Molina[1] del Partido Patriota en el 2015, provocando todo esto que los movimientos urbanos que lo apoyaron en sus campañas 2007 y 2011 se volcaran en su contra. Esa crisis halló en la población su descontento por las rupturas del tejido social que por años venía generándose hasta que con el hartazgo se rompieron las fuerzas. En abril dieron pie a que se empezaran a dar varios cambios incluyendo el gobierno de transición dirigido por Alejandro Maldonado Aguirre[2] desde su nombramiento como vicepresidente del país en mayo tras la renuncia de Roxana Baldetti y al frente de la presidencia en septiembre. Podríamos decir que el final de la crisis política llegó hasta el 14 de enero con la llegada de Jimmy a la presidencia.

Si la mirada la enfocamos en lo político, esa crisis continúa, porque las acciones de diferentes instancias se realizan de manera dispersa, por el nombramiento de funcionarios que pudieran haber resultado llevando al gobierno a evidenciarse como corrupto y la solicitud de el encarcelamiento de uno de los cuadros más visibles y fuertes del partido FCN. Esta misma crisis llevó a que en el mes de mayo cuando las manifestaciones pacíficas eran cada vez más fuertes, se pidiera al Tribunal Supremo Electoral – TSE el aplazamiento de las elecciones generales planificadas para el 6 de septiembre[3]; con la intención de reformar la Ley Electoral y Partidos Políticos LEPP así regular y democratizar los partidos políticos lo que generaría nuevas reglas al sistema electoral que debieron tomar vigencia antes de las elecciones 2015.

A esta petición ciudadana se anexó la convocatoria de la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC para la conformación de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado[4] y la creación de grupos de trabajo en el Organismo Legislativo, donde se presentaron iniciativas ambiciosas que generaron expectativa en la población. Y era o se aplazan las elecciones o que se dieran con la garantía que el cambio de gobierno, diputados y alcaldías.

Con estas iniciativas se abrió un debate sin precedente desde los acuerdos de paz sobre el aplazamiento de las elecciones. Desde los espacios de debate -dígase medios de comunicación, sectores académicos, políticos, sociedad civil- con todos con argumentos sustentados en la Constitución Política.

Para los magistrados del TSE, el aplazamiento de las elecciones planificadas para el 6 de septiembre, sería una violación a la Carta Magna que tendría responsabilidades individuales de carácter penal, eso restaría su impacto histórico y legitimo al sistema político de Guatemala. Esta respuesta es una manera de responder a la presión del partido Libertad Democrática Renovada -Líder- que encabezaba las encuestas y que tuvo mucha influencia en la elección de las y los magistrados al TSE.

Por parte de académicos de las universidades privadas y los sectores conservadores y políticos, coincidieron con el argumento del TSE porque las elecciones fueron convocadas desde el 2 de mayo[5] haciendo alusión a las reformas a la LEPP tomarían vigencia el 1 de enero 2016 en dado caso que se aprobaran[6]. Con estas posturas cerradas desde la interpretación jurídica, el silencio de los partidos políticos de izquierda como movimientos progresistas marcó un precedente, a mi juicio el de legitimar un sistema corrupto.

Desde la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado se expuso que la conflictividad social que existe en el país en más de dos mil puntos identificados, con celebrarse las elecciones podría recrudecerse más dado que muchos candidatos a las alcaldías y diputaciones no tienen credibilidad en sus lugares de origen, estaban algunos relacionados con viejas redes de enriquecimiento ilícito y esto se unía a la crisis desatada por defraudación aduanera. Entonces, una decisión política de la Corte de Constitucionalidad CC sería efectiva en el momento.

Al llegar los amparos correspondientes a esta instancia constitucional, sólo afirmó los argumentos de los sectores políticos, económicos tradicionales y académicos conservadores; indicando que en el caso de las elecciones 2015 no podían aplazarse, prevaleciendo el marco jurídico sobre las interpretaciones políticas.

La CC en otras ocasiones ha emitido resoluciones políticas más que jurídicas, como la inscripción del general retirado Efraín Ríos Montt como candidato a la presidencia en las elecciones 2003 a pesar de que encabezó un golpe de Estado en el 1980 lo que impide ser un candidato presidencial según la Constitución y la inscripción de su hija Zury Ríos en las elecciones 2015 donde la carta magna es clara por ser hija de un golpista. Entonces con esta resolución la CC se contradice con las resoluciones mencionadas lo que indica ser un ente apagafuegos en momentos de crisis.

Las elecciones que se realizaron en septiembre y octubre donde resultó electo Jimmy Morales con el partido Frente de Convergencia Nacional Nación FCN-Nación, los diputados y los alcaldes en todo el país; se dan en un contexto de crisis política donde las reglas establecidas por el status quo están siendo cuestionadas, hace que pierda su total legitimidad, dado que se realizaron sin el respaldo total de la población.

Ahora que la crisis comienza a apagarse, debe establecer caminos para reestructurar las instituciones golpeadas por las malas prácticas de los funcionarios que a lo largo de los años se han ido desgastando, comenzando por la Superintendencia de Administración Tributaria – SAT-, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS- y las demás que requieren una reestructuración para su buen desempeño.

Entonces al nuevo presidente Jimmy Morales le queda actuar con transparencia desde la ejecución de los fondos públicos- que fue el mayor reclamo de la población durante las manifestaciones que se encendieron desde el 25 de abril- y con un gabinete libre de cuestionamientos de la sociedad;  para lograr un mayor respaldo social que no debe ser el porcentaje de sus votos obtenidos en octubre último cuando fue electos, y apegarse a su discurso de campaña del combate a la corrupción desde las instancias del Organismo Ejecutivo.

Desde el Congreso, la tarea para la llamada octava legislatura (1986-2016)[7] aún es mayor, ya que ha sido uno de los poderes del Estado de mayor cuestionamiento, más allá de la transparencia. A la vez requiere  impulsar el debate y la aprobación de las reformas a la LEPP que en este 2015 no fueron aprobadas por no haber alcanzado consenso. Ademas, debe generar condiciones para reformar leyes que ha mantenido al Estado en una situación precaria de condiciones de vida y darle prioridad a los temas sociales. Porque en ese organismo existen iniciativas engavetadas, y de ser lo contrario, el gobierno de Morales y la octava legislatura sólo alargarían esa crisis política en donde fueron electos que se punto álgido fue en el mes de abril.

Notas

[1] Caso La Línea, en el momento el que encabezaba la red de defraudación aduanera La Línea era Juan Carlos Monzón Rojas secretario privado de la vicepresidente de la república Roxana Baldetti y al conocer las detenciones en Guatemala de sus socios, se a la dio a la fuga cuando andaba en Corea del Sur con Baldetti.

[2] Alejandro Maldonado Aguirre, candidato presidencial por el Partido de Renovación Nacional, electo en el 2011 como magistrado a la Corte de Constitucionalidad, fue uno de los magistrados que retrajo el caso de Genocidio contra Efraín Ríos Montt en mayo 2013 y fue nombrado vicepresidente en mayo y presidente de la república en septiembre https://cmiguate.org/maldonado-aguirre-el-nuevo-presidente-de-guatemala/.

[3] Estudiantes universitarios recogieron firmas para aplazar las elecciones y proponer un gobierno transicional si en enero no hay quien asuma. http://www.telesurtv.net/news/Guatemala-Sectores-exigen-aplazamiento-de-elecciones-generales-20150805-0017.html

[4] Conformada por más de cien organizaciones de la sociedad civil de todo el país encabezado por la USAC https://comunitariapress.wordpress.com/2015/07/02/plataforma-nacional-para-la-reforma-del-estado-convocada-por-la-usac/ donde posteriormente se agregaron más instituciones y organizaciones. http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2015/06/IPN-RD-75.pdf.

[5] Apenas dos semanas de haberse reveladas las investigaciones del Ministerio Público MP y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala Cicig sobre una red de defraudación aduanera Línea.

[6] Cacif dice que no se puede aplazar las elecciones. http://www.laprensadeguatemala.com/2015/07/cacif-inviable-aplazar-elecciones-2015.html

[7] Llamada así porque inició desde 1986 con haberse entrado en vigencia la nueva constitución. 1986-1990-1996-2000-2004-2008-2012-2016.


Exhumación en comunidad Xexocom en Nebaj, Quiche. Año 2015. (Antiguo destacamento militar)

 

Por Carlos Fernández.

Desde el año 1998 comencé en las andadas. Para ese entonces estaba con el tema de rehabilitación física a víctimas sobrevivientes del Conflicto Armado Interno –CAI- y tiempo después paré trabajando en temas de reparaciones y devolución del REMHI en el año 2000 que impulsaba la iglesia católica guatemalteca. En esos años, me tocó ir a varios procesos de exhumación, ya que mis compañeros psicólogos creían que el patojo de la facultad de medicina de U privada tenía que sensibilizarse. La experiencia que dejan las exhumaciones de víctimas de violencia del CAI es única. Cada proceso a pesar de ser diferente al anterior, tenía una particularidad: el deseo de los familiares, muchas de ellas mujeres, de establecer el paradero de sus seres queridos.

Recuerdo estar sentado en un paraje mas allá de Soloma, Huehuetenango, ayudando a los antropólogos a llenar fichas de identificación de desaparecidos y escuchar el relato de señoras de avanzada edad que describían con lujo de detalles la forma en que iban vestidos sus esposos e hijos desaparecidos, fecha exacta y hasta que les habían puesto para comer en su jornal. Hubo momentos en los que debo confesar dudé de la exactitud de sus versiones. ¿Cómo era posible que alguien recordara con tanto exactitud después de 25 o 30 años ese tipo de detalles?

Una vez terminada la tarea de documentación y pasado un tiempo tocó regresar a la comunidad al inicio de la fase arqueológica. Se delimitó la trinchera en el lugar señalado por los testigos e inició el proceso de poco romántico debo decir de palear por horas. Conforme se iba profundizando, cubetas y más cubetas de tierra salían de la fosa y por momentos pensé que la gente se había equivocado de lugar. Fuera de la fosa el ambiente era de voces, risas de niños y madres hablando a sus hijos para que no tocaran las herramientas de los arqueólogos. En un árbol cercano, unos psicólogos hacían una suerte de taller psicosocial con los familiares. Había un poco de todo.

Con el pasar de las horas, cada vez había más personas alrededor de la ahora profunda fosa. El ambiente seguía siendo de poca solemnidad, hasta que una de las palas dio con la primera osamenta. Cuando el compañero pronunció las palabras “aquí hay una persona”, se hizo un silencio profundo y así siguió por varios minutos mientras iniciaba ahora una fase más minuciosa del trabajo en manos de los arqueólogos. Brochazo tras brochazo, pequeños picos y palas descubrían etapa por etapa no uno sino decenas de cuerpos apelmazados con manos amarradas, ojos vendados y orificios en el cráneo posiblemente provocados por proyectiles de arma de fuego. De pronto una de las mujeres da un grito de “aaayyy”, se agarra el rostro y llora con un desconsuelo que golpeaba el alma. Era una de las señoras que me tocó entrevistar; una de las osamentas correspondía con el pantalón, cincho, camisa y calzado que ella recordaba. Movía sus manos al cielo, como quien reclama a Dios por tanta injusticia. No entendí una sola de las palabras en idioma maya dichas por la señora en ese momento, pero no hacía falta. Sus gestos y su voz ahogada en llanto eran más que elocuentes.   Me asaltó un sentimiento de culpa por haber dudado he de confesar. Como ella, otros cientos de sobrevivientes tenían intacto el recuerdo del último día que vieron a sus seres queridos.

Ahora que han capturado a 13 militares entre ellos Benedicto Lucas García, hermano del sanguinario genocida Romeo Lucas García (1978-1982) se lleva en tribunales un proceso histórico de justicia. Cientos de familiares han esperado con ansias el tener la oportunidad de sentar frente a la justicia a quienes identifican como responsables de la tortura, desaparición, secuestro y asesinato de sus familiares. No tuve la ocasión de ir a la primera audiencia y dudo tener el tiempo para asistir a otras, pero las he seguido en redes, medios de comunicación y por amigos que si han presenciado. Uno de ellos me relató cómo en la audiencia del día 8 de enero de 2016 habían en la sala dos bandos (faltaba más en ésta Guatemala de la polarización) y cómo se dieron una serie de “incidentes” al nivel de sacarse la lengua, arrugarse la frente, “agredirse tomándose fotos mutuamente” y otra serie de actitudes infantiles.   De los familiares de los militares, no espero mucho. Pero de otras personas y organizaciones sí. Lo que ocurre en esa sala, no es un circo. Es un proceso que lleva años de estarse persiguiendo por los sobrevivientes de la masacres. Las evidencias son contundentes y han sido recabadas de manera científica, pero sobre todo, es la oportunidad única de las víctimas y no de las ONGs de acceder a justicia.

Los abogados del MP y de la querellante tienen tremenda responsabilidad. Ya hubo una experiencia poco agradable con el proceso contra Ríos Montt, en la que el litigio malicioso rindió sus frutos. En esta ocasión no deben cometerse los mismos errores o vicios de proceso que puedan dejar una rendija por la que se cuele un fallo de impunidad. Ojalá y lo tengan claro esta vez. De nada sirve ganar mediáticamente el caso si legalmente el fallo será de impunidad.

Es por ello que regreso al momento en el que se encontró la primera osamenta en aquella fosa que relaté líneas antes. Es momento de manifestar un profundo respeto por las victimas, detener el ruido innecesario y poner atención a lo importante. Acá no se están litigando ideales oenegeros o políticos de la derecha conservadora. Se ha puesto ante la justicia a perpetradores de violaciones a derechos humanos contra población desarmada, violadores sexuales, torturadores, secuestradores y sabrá Dios que otros delitos, documentados, insisto, de manera científica. No es momento de circos. La sangre derramada clama justicia; que las luces, flashes y momentos mediáticos no logren desvirtuar esta larga espera. No hagamos de la justicia un circo y menos aún, ocasión para sacar a pasear luchas ideológicas inútiles.