Guatemala Comunitaria

Foto tomada de http://www.tribunahacker.com.ar

 

Por: Quimy De León

La compra y venta de medicinas en Guatemala ha sido desde hace mucho un tema controversial. Dominados por las grandes farmacéuticas nacionales, los eventos de compra han perdido su razón de ser: obtener medicinas de buena calidad al menor precio. La casa que ha dominado en los últimos años el negocio de la salud ha sido agencias J.I. Cohen, una empresa familiar que ha quedado en manos de uno de los hijos de la familia Irving Cohen.

Ya en el año 2007 Luis Solano revisó de forma profunda los últimos procesos de licitación de medicina y concluyó en que para entonces esta empresa había monopolizado durante más de cuarenta años la distribución de medicamentos. Uno de los operadores políticos más eficientes para esta compañía es Gustavo Alejos, quien se entregó hoy a la justicia después de más de dos meses prófugo y señalado por la CICIG de encabezar una estructura criminal denominada “Negociantes de la salud” que se beneficiaron del Estado de forma ilícita.

El 16 de diciembre se publicó en el diario de Centro América que la Corte de Constitucionalidad – CC- había fallado a favor de la compañía  farmacéutica J. I. Cohen, de la que fue parte Gustavo Alejos, quién había estado  prófugo de la justicia y reapareció este 28 de diciembre. Esta empresa había puesto una acción de inconstitucionalidad para eliminar el Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines. Esto afectaba el acceso a la población a medicamentos genéricos y por su puesto les beneficiaba. Siete días después la misma Corte aclara públicamente que este fallo no afecta “el deber de observancia y aplicación por parte de las autoridades correspondientes del Estado de Guatemala del Reglamento” y deja a criterio de las autoridades la aplicación del fallo.

La  compañía en un comunicado de prensa piden al Presidente de la República, a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la población que estén vigilantes del exacto cumplimiento con lo ordenado por la CC.

¿Quiénes se benefician de la precaria salud en Guatemala?

En el mundo las grandes compañías farmacéuticas bloquean la venta de medicamentos genéricos, para tener el monopolio de las ventas y enriquecerse. Esto trae como consecuencia que la población con menos recursos y donde hay más precariedad no se puedan curar o tratar enfermedades.

Esto limita al Estado la posibilidad de prevenir, tratar enfermedades y pandemias, quedando en última instancia dos posibilidades comprar medicamentos a precios altos o la muerte. La mayoría de la población asume de su propia bolsa el pago de medicamentos para tratarse. Estas empresas obtienen beneficios mediante negocios con los gobiernos para que éstos les compren con exclusividad, reduciendo la posibilidad de invertir en otros niveles de atención como el primario.

Foto tomada de Prensa Libre. “El empresario y financista Gustavo Alejos en uno de los pasillos de Tribunales.” (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec). 28 de diciembre de 2015.

 

Poder e influencia de J.I. Cohen a través de Gustavo Alejos

Gustavo Alejos Cámbara es un empresario que tiene orden de captura y arraigo por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias, hasta hoy estuvo prófugo y fue declarado en rebeldía el 30 de octubre por el Juzgado Sexto Penal cuando se realizaba la “audiencia de primera declaración de 11 señalados en el escándalo de corrupción por la compraventa de medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS.”[0]

Es señalado de pertenecer a una red de corrupción que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG llamó “Negociantes de la salud” que el mismo dirigía junto a funcionarios y otras personas en las que beneficiaban a varias empresas tales como la droguería Colón, Evolución Farmacéutica S.A., Sabiapharma S.A. No hay que olvidar que Alejos fue parte de la compañía J.I. Cohen, misma que en un campo pagado en marzo del 2014 se desliga de él, después de que el afirmara en una entrevista que :

“La empresa JI Cohen, de la cual soy parte, ha tenido problemas con las multinacionales farmacéuticas, nos han pedido que nos alejemos del tema político.”[1]

“Nosotros hemos tenido que parar un poco las entregas al Ministerio de Salud debido a la falta de pago. Hemos cerrado los créditos hasta que limpien la mesa. Al ministerio le vendemos alrededor de Q25 millones en medicamentos contra el cáncer y otros males graves. El Ministerio de Salud tiene mucho desorden en sus cuentas, pero el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) está totalmente ordenado gracias al sistema que dejó Carlos Torrebiarte. Además, el presidente anterior, Luis Alberto Reyes Mayén, dejó un acuerdo en Junta Directiva que determina que a los proveedores se les debe pagar por igual.”

Gustavo Alejos lograba que el Estado le comprara a varias empresas con las que el tuvo relación a través del Ministerio de Salud y el IGSS. Esto fue parte de la investigación realizada por la CICIG y el Ministerio Público MP, en donde demostraron que esto se hacía a cambio de comisiones.[2]  Esto se realizaba organizadamente mediante una estructura criminal de la que también eran parte Alejandro Enrique Toledo Paz ex director del Hospital Roosevelt y Juan Pablo Muralles Morán. Estos dos últimos están ya presos, en total son 11 señalados por el caso de corrupción en el IGSS. Todo esto se destapó en el 2015 y se supo de las redes de corrupción en relación con el caso IGSS- PISA.

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Tomado de Prensa Libre publicada el 28 de diciembre de 2015.

Las Agencias Cohen son propiedad de Jack Irving Cohen, en un análisis hecho por el economista Luis Solano en el año 2007 explica que dicha empresa había monopolizado durante más de cuarenta años la distribución de medicamentos y que han sido de los principales contratistas del Estado. Ya entonces Solano señalaba que las Agencias Cohen llevaban 22 años de ser proveedores del IGSS y que en los últimos gobiernos anteriores al de Álvaro Colom habían obtenido millonarios contratos.[3] Durante el gobierno de éste último Gustavo Alejos fue secretario privado de la presidencia  y Alberto Cohen presidente del Instituto Nacional de Electrificación – INDE[4] considerado el heredero de la  compañía J.I. Cohen.

La CICIG en su informe sobre el Financiamiento de la política en Guatemala coloca a Gustavo Alejos como caso emblemático ya que además de ser financista y recaudador no solamente se enriquece sino que construye redes de tráfico de influencia, beneficiando a las empresas vinculadas a él. Curiosamente en este informe la  CICIG obvia nombrar a J.I.Cohen[5] pero afirma que Alejos tenía el poder de nombrar y destituir funcionarios durante el gobierno de Álvaro Colom, desde su posición de poder dentro del gobierno.

Sylvia Gereda en la revista ContraPoder aseguró que Alejos “manejó los principales negocios del Estado, de los cuales la farmacéutica de la que él fue el más alto ejecutivo: J. I. Cohen fue beneficiada con 2 mil 940 adjudicaciones en contratos que superan los Q485.9 millones, según el portal de Guatecompras. Además, fue uno de los grandes negociadores de leyes y corruptor de diputados en el Congreso.”[6]

En la entrevista que Juan Luis Font realiza a Alejos en julio de 2015, el mismo explica cómo era su papel como operador político y deja claro el apoyo y financiamiento al gobierno de Otto Pérez Molina, así como la relación que había con J.I. Cohen en asuntos políticos y gubernamentales. Al parecer por problemas comerciales deciden desligarse de la política. El mismo reconoció que le dió a Otto Pérez Molina la casa donde vivía, esto explica el nivel de relación que tuvo con este gobierno. Sin embargo en asuntos comerciales destacó que J.I. Cohen tuvo una fuerte competencia y que el gobierno encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti benefició más a su competencia la empresa AGEFINSA, mientras que J.I Cohen siguieron vendiendo al IGSS.

Lo que deja claro en esta entrevista es la relación que hay entre política, asuntos de Estado y de gobierno y los intereses comerciales de las farmacéuticas, cuando plantea entre líneas que Baldizón empieza a ser una amenaza para los negocios pues “él quería crear en Guatemala una empresa representante de medicamentos de origen indio y empezó a citar a las multinacionales. Eso movió a JI Cohen a declarar que no participará en política.” Con lo cual Roxana Baldetti, Otto Pérez Molina y el mismo Manuel Baldizón resultaron ser una amenaza para el monopolio de los fármacos. La típica disputa por los negocios.

En una nota que hizo La Hora en junio de 2015 se mostró que tanto J.I. Cohen como AGEFINSA fueron los dos grupos que se repartieron mayores ganancias de los contratos con el Estado de las 82 empresas que tuvieron contratos abiertos. Estos beneficios ascienden a un poco más de 2 mil millones de quetzales que equivale al 29% aproximadamente. También señalaron que las ventas que se le hacen al Ministerio de la Defensa no tienen rastro, aún cuando tienen un presupuesto de más de 2 mil millones para 2015. [7]

¿Los magistrados de la CC hicieron este fallo pensando en el bien común o en los negocios?

En teoría la salud debe ser un derecho garantizado por el Estado de Guatemala que tiene la obligación de velar por la salud de todos los habitantes, sin embargo en la práctica sabemos de sobra que la situación precaria en la que tiene la clase política al Sistema de Salud. Por lo visto las únicas garantías son para la industria que negocia con la salud, por ejemplo para las empresas farmacéuticas.

La mayoría de la gente desconocemos los niveles de mortalidad en mujeres o menores de 5 años por diarreas o infecciones respiratorias, no digamos la desatención y abandono completo a cientos de miles de personas en el campo que resuelven y gestionan por si mismas la salud.

La crisis que se vive en el nivel hospitalario es uno de los tantos problemas que tiene el Sistema de Salud, y casi del único que nos enteramos a través de los medios y que fueron debate en los últimos meses cuando se destaparon algunos actos de corrupción desde el gobierno. Todo esto: corrupción, tráfico de influencias, asignación presupuestaria en salud pasa por la toma de decisiones y la planificación del desarrollo social de un país y que está en manos de los políticos y gobernantes.

Está claro que a los empresarios, a los gobernantes y la clase política no les interesa la salud sino solo los negocios, eso sí instrumentalizando para ello la estructura del Estado.

La Corte de Constitucionalidad al dar un fallo favorable a esta empresa refuerza la impunidad en la que vivimos y aleja al Estado de la obligatoriedad y el deber que tienen de velar por el bien común.

 [0] Orozco, Andrea. “Gustavo Alejos se entrega a la justicia.” 28 de diciembre de 2015. Prensa Libre.
[1] Font, Juan Luis. “Gustavo Alejos: “La he ayudado y la sigo ayudando” 14 de marzo de 2014, edición número 45. Revista ContraPoder.
[2] Prensa Libre. “Gustavo Alejos tiene arraigo y orden de captura, según MP.
[3] Solano, Luis. “Compras y contratos estatales en pocas manos”. 2 de octubre de 2007. Revista electrónica Albedrío.
[4] Font, Juan Luis. “Gustavo Alejos: “La he ayudado y la sigo ayudando” 14 de marzo de 2014, edición número 45. Revista ContraPoder.
[5] Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG. “Financiamiento de la política en Guatemala.” 16 de julio de 2015. Editorial Servi prensa.
[6] Gereda, Sylvia. “El día que Alejos cayó”. ContraPoder. 6 de noviembre de 2015.
[7] La Hora. “Q8 mil 500 millones a 82 empresas con contratos abiertos de medicinas e insumos.” 2 de junio de 2015.
[8] Para ampliar sobre el proceso penal de este caso: http://elperiodico.com.gt/2015/10/29/pais/escuchas-implican-a-gustavo-alejos-en-el-caso-de-corrupcion-del-igss/

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 Santiago Bastos – Prensa Comunitaria

Es parte de la tradición informativa guatemalteca la aparición y representación de los pueblos indígenas del altiplano periférico como protagonistas colectivos de actos como los “linchamientos, obstrucciones y bochinches” pareciera que toda acción política que realizan son injustificados y estigmatizados. A pesar de toda la retórica del reconocimiento y de su incorporación a la vida política, parecería que la imagen del indígena  incivilizado e indomable, ingobernable,  sigue estando presente en la mente de quienes generan las noticias, y con ello, renuevan el imaginario colonial que arrastramos.

Traigo esto a colación  porque hace ya unos meses, en su edición 92  del 20 de febrero de 2015, la revista ContraPoder publicó el reportaje titulado precisamente Huehuetenango, el ingobernable, que puede ser un ejemplo de cómo estos estereotipos y estos estigmas sociales se recrean, utilizándose para intereses concretos.

El texto trataba sobre los hechos ocurridos un mes antes en San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia que condujeron al cierre del Centro de Administración de Justicia –CAJ- ubicado en esta última cabecera municipal, y que según el texto, se debió a la acción de una “turba” de vecinos que sometió por la violencia al juez Marlon Interiano de este Centro, que desde entonces permanece cerrado.

El reportaje inicia narrando sucintamente los hechos ocurridos en la aldea Pojom -San Mateo- y Santa Eulalia los días 19 y 20 de enero. Después habla de la conflictividad de la región del norte de Huehuetenango, por la presencia de las empresas hidroeléctricas en los municipios. En el apartado titulado “El escenario del conflicto” aporta una serie de datos sobre Huehuetenango; sigue con El rostro de la oposición”, dedicado a la figura de Rigoberto Juárez, coordinador del Gobierno Plurinacional, y termina con  un apartado denominado Una nación en un pueblo dividido”, en que se retorna a los hechos de Pojom que iniciaron el reportaje.

Pudo tratarse de un texto más sobre las problemáticas sociales y la oposición de las personas a los proyectos que consideran nocivos para la vida comunitaria, que aportara insumos para comprender esta situación. Pero si no fuera porque la narrativa del texto y la versión de los hechos dada en éste coinciden con los que se argumentan en una causa penal por la que Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, importantes líderes q’anjobales que fueron detenidos el 24 de marzo, apenas un mes más tarde de la publicación del reportaje.[1] Del mismo modo el abogado Pedro Toledo fue detenido en octubre de ese mismo año y fue liberado dos meses después cuando el juez Miguel Ángel Gálvez del Tribunal de Mayor Riesgo B resuelve su caso por falta de mérito.[2]

En total son ocho órdenes de captura las que están ligadas a este proceso penal,  en que la versión del Ministerio Público y la acusación coinciden en algunos puntos con la que se plantea en el reportaje al que aquí me refiero. Y esto es preocupante porque no concuerdan con las que dan fuentes directas.

Dadas estas coincidencias y lo impactante del título, voy a sacarlo del olvido tantos meses después. En este  texto contrastaré la versión que da este reportaje con la de esas otras fuentes directas. Trataré de rescatar los datos y las ausencias informativas con el objeto de calibrar que tan involuntarias pueden ser. Para ello, una parte de las notas a pie de página que acompañan este artículo sirve para mostrar alguna de la información disponible sobre lo que se va narrando.

Según mi análisis, y es delicado mostrarlo por las implicaciones políticas y éticas que conlleva, todo parece indicar que estamos ante un ejemplo de manipulación informativa que buscan crear estados de opinión para favorecer intereses concretos, en este caso los de las hidroeléctricas que operan en el norte de Huehuetenango. Esto mostraría una de las formas en que se ha venido dando la combinación entre la corrupción judicial y la denigración de la lucha social por parte de la prensa para transformar a los líderes comunitarios en criminales. Esto es algo que se ha dado  durante los últimos gobiernos, que no se ha detenido en absoluto en este último “de transición” y que no parece haber sido cuestionado en las investigaciones de la CICIG. [3]

Primero voy a mostrar que se oculta información esencial para comprender los hechos que pretenden mostrar; después daré algunos detalles para ver cómo se manipula la imagen del contexto que se ofrece. Después ya podremos pasar a ver las causas e implicaciones  de toda esta operación ideológica.

Lo que no se cuenta: sobre la hidroeléctrica en Pojom

Los sucesos que dan pie al reportaje iniciaron el día 19 de enero en la aldea Pojom, de San Mateo Ixtatán.  Se nos narra de forma ágil y rápida, como corresponde a un texto de este tipo, que

“…fiscales y policías antimotines llegaron a la aldea Pojom, de San Mateo Ixtatán, para cumplir con diez órdenes de captura de supuestos implicados en el homicidio de un lugareño, en noviembre pasado.

La población intentó oponerse. Los niños y las mujeres formaron una valla y la Policía usó bombas lacrimógenas para abrirse paso. Durante el enfrentamiento, los hermanos Jesús Pedro y Casimiro Mateo Mateo, dos jóvenes de la comunidad, fueron detenidos y trasladados en helicóptero hasta la cabecera departamental.

Inconformes con la detención, los vecinos de los hermanos Mateo se organizaron para retener a la delegada de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos en San Mateo Ixtatán y a la jueza de Paz de Barillas, mientras otro grupo se trasladó a Santa Eulalia, donde se encuentra el Centro de Administración de Justicia (CAJ), para retener a varios empleados del complejo, incluido el juez.”

Tanto la presencia de antimotines en una aldea, como las bombas lacrimógenas o el traslado en helicópteros parecen mostrar un uso excesivo de fuerza y recursos. También parece excesivo que “la gente” se opusiera, y que los niños y las mujeres formaran una valla para impedir su paso. Pero en el texto todo eso aparece sin más explicación.

Estos hechos se entenderían mejor si se vincularan con la presencia de la hidroeléctrica Promociones y Desarrollos Hídricos en la aldea, como si hicieron otros medios.[4] La intención de esta empresa de instalarse en Pojom y Yich K’isis en contra de la voluntad de sus habitantes es motivo de conflictos  desde hace varios años.[5] Uno de esos momentos de disputa –del que hay versiones divergentes [6]- acabó con la muerte de dos comunitarios el 18 de noviembre de 2014, dando origen a las capturas del 19 de enero que aquí se narran.

Es decir,  se nos está narrando la persecución a una comunidad que pelea por la defensa de su territorio, su agua y su entorno. Esto, que no aparece, ayuda a entender que la PNC destaque a los antimotines  que usan gases lacrimógenos, y movilicen un helicóptero para sacar a los detenidos. Lo hacen porque saben que hasta las mujeres y niños de Pojom va a defender a sus compañeros. Y cuando se los llevan, los pobladores de la aldea toman acciones que son políticas y pacíficas, que son las que el Estado de derecho posibilita: se acude a la delegada de COPREDEH de San Mateo, a la jueza de Barillas y finalmente al Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa Eulalia para pedir ser escuchados, para pedir que se resuelvan sus problemas internos.

Todos los problemas que dan origen al reportaje han sido originados por la presencia de la hidroeléctrica PDH, pero esta empresa no se cita ni cuando se mencionan los sucesos ni cuando se cierra el reportaje precisamente mencionando las fracturas internas de la aldea Pojom.[7] Esto es un ocultamiento estratégico de un actor clave en todo lo que se narra. Es verdad que PDH y las demás hidroeléctricas aparecen en el contexto, pero al hacerlo sin vincularlas a estos sucesos, se omite doblemente.

Otros hechos ocultos: la noche del 19 al 20 de enero en Santa Eulalia

El reportaje continúa con los párrafos que siguen, relatando los acontecimientos que siguieron, y  dieron pie a su publicación:

La madrugada del 20 de enero, la turba obligó al juez Marlon Interiano a ordenar la libertad de los hermanos Mateo. El alcalde fungió como testigo mientras otros siete trabajadores del juzgado permanecían retenidos.

Ese día, el juez y los otros trabajadores del centro de justicia abandonaron el pueblo. Lo hicieron a través de una ruta alterna, entre montañas, hasta llegar a la cabecera de Huehuetenango. No fue posible obtener sus versiones de lo sucedido; el relato se arma con los testimonios de varias personas que participaron u observaron en silencio la turba.

Los disturbios se disolvieron cerca del mediodía, cuando el obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, llegó a calmar los ánimos. Pero desde entonces, el centro de justicia para todo el norte de Huehuetenango permanece cerrado. Solo se quedó la estación de la Policía. El resto de trabajadores tiene miedo de volver.

En este caso llama la atención que se reduce toda una serie de episodios a los efectos de una “turba –un concepto sobre el que regresaré más tarde- que “obliga” a un juez y “retiene” a unos trabajadores en presencia del alcalde.

Pero lo sucedido fue más complejo, duró muchas horas e intervinieron varios tipos de actores. Se exponen en el detallado INFORME DE SUCESOS que el Gobierno Plurinacional del Territorio Qánjob’al, emitió al día siguiente.[8] Un relato mínimo de lo ocurrido a lo largo de esas horas incluiría al menos los siguientes hechos:

Día 19 de enero

06.30  Llega información a Santa Eulalia de que en Pojom la PNC está tirando gases y buscando aplicar órdenes de captura.

11.30    Llega la información de que la PNC ha capturado y trasladado a dos hombres en helicóptero a Huehuetenango.

14.30   Representantes del Gobierno Plurinacional provenientes de diversos municipios se dirigen al CAJ a averiguar sobre la capturas. Se reúnen con PNC y MP. El coordinador del CAJ no da información sobre el caso.

18.00  Llega delegación de San Mateo con orden de captura que tiene firma del juez del CAJ. Gente de Santa Eulalia y otros pueblos se ha ido juntando alrededor del CAJ. Se hacen llamadas a Thelma Aldana y al Gobernador.

22.00  El Coordinador del CAJ dice que el juez sustituto está en Santa Eulalia y los representantes del Gobierno Plurinacional van a buscarle  acompañados de los agentes de la PNC y la gente, para que haya una nueva audiencia.  Por el camino encuentran al Alcalde y su hijo. La población les conmina a acompañarles.

23.00  En el CAJ empieza la audiencia con la presencia de representantes del Gobierno Plurinacional, juez, secretario y fiscal del MP.

Día 20 de enero

03.45  La audiencia termina con la extensión de una orden de libertad por parte del juez. La gente que había esperado se va retirando tranquilamente

04.00  Salen disparos del supuesto carro del alcalde, hiriendo a dos muchachos. La PNC cierra las salidas del pueblo, pero no sale ningún carro.

05.00  Gente cercana al alcalde impide la apertura de la radio a quienes se acercan a abrirla.

06.00  Gente cercana al alcalde limpia de evidencias el lugar desde el que se han realizado los disparos.

05.00-10.30 Se dan varios episodios violentos contra miembros del Movimiento Social de Santa Eulalia, que se refugian en sus casas.

11.30    Monseñor Ramazzini llega a Santa Eulalia.

Es decir, estamos ante un proceso en el que estuvieron presentes, durante muchas horas, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Coordinador del CAJ, un juez, un secretario, un obispo, varios abogados, la gente de la radio, del movimiento social, el alcalde, su hijo, sicarios y dos heridos. Un proceso en que hubo propuestas para una salida dialogada a la situación, en que se dio una audiencia, en que se realizaron unos disparos contra gente desarmada, en que se dieron acciones violentas contra comunicadores y en que la población intervino en varios momentos y de varias formas pacíficas. No es algo que se pueda calificar de “turba” y resolver en tres frases.

Pero sobre todo, teniendo en cuenta estas otras fuentes asequibles, lo que más llama la atención es que el reportaje no hace ninguna mención a dos hechos clave que ocurrieron esa misma noche y que por su importancia, ameritarían aparecer en él.

El primero son los disparos realizados contra Pascual Basilio Pascual Diego y Armando Mateo Pascual, jóvenes de una aldea de Santa Eulalia que acabaron provocando la muerte del primero de ellos semanas más tarde.[9] Según familiares y testigos, los disparos fueron hechos por el hijo del alcalde y desde el carro del alcalde Diego Marcos; que salió huyendo.[10] En los relatos de esa noche se habla de que padre e hijo ya habían mostrado una actitud beligerante y habían tenido un uso provocador de su arma antes de entrar a la audiencia, de tal manera que hubo que entregarla a la Policía Nacional Civil. [11]

El otro hecho es el cierre arbitrario y violento de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ también por partidarios del mismo alcalde, seguido de la agresión a miembros del Movimiento Social de Santa Eulalia.[12] Este momento no está separado del anterior: según testigos y el mismo informe, después de los disparos, los seguidores del alcalde Diego Marcos se reunieron y procedieron a retirar las pruebas de lo  ocurrido y a cerrar la radio para evitar que lo diera a conocer. En esa misma tónica, se persiguió, amenazó y golpeo a varios miembros del Movimiento Social, obligando a sus miembros a esconderse durante todo el día siguiente. También la gente cercana al alcalde golpeó en la plaza a un hombre discapacitado y tuvo retenida y a punto de linchar a una mujer en el parque de Santa Eulalia y que apenas fue liberada minutos antes de la llegada de Monseñor Ramazzini avanzada la mañana..

Ambos sucesos ocurrieron cuando la gente regresaba del CAJ y no fueron realizados por “la turba” esa de la que se habla en el reportaje: todos los testimonios coinciden en que fue gente allegada al alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos. Llama la atención la total ausencia de este personaje en el texto. De nuevo se trata de un actor central para entender lo ocurrido esa noche; y toda la conflictividad que se da en el municipio de Santa Eulalia – en parte por hechos como los ocurridos esa noche.[13]

En fin que hechos tan importantes y problemáticos en sí mismos no aparezcan en el relato, cuando de los dos eventos hay noticias suficientes en varios medios esos días, como he ido mostrando en las notas a pie de página. Incluso Gustavo Berganza, uno de los columnistas de ContraPoder, participó en la rueda de prensa en que el jueves 22 de enero se denunció públicamente el cierre de la radio Snuq’ Jolom Konob’.[14]

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Conferencia de prensa realizada el 22 de enero para denunciar el cierre violento de la radio Snuq’ Jolom Konob’.En la fila de atrás: Enrique Naveda de Plaza Pública, Gustavo Berganza de ContraPoder y Canal Antigua y Martín Pellecer de Nómada Fotografía: Sandra Sebastián, Plaza Pública.

El manejo de la información y representación de los pueblos indígenas

Pero no sólo son estas ausencias. En el resto del texto, la información se va construyendo con el objetivo de dar a los lectores una imagen específica sobre los acontecimientos narrados, sin dudar en acudir a sobredimensionarlos de diversas maneras. Voy a dar tres ejemplos y  después veremos cuál es la finalidad de este proceder.

El reportaje comienza con dos párrafos que contienen una gran cantidad de ideas implícitas en el uso de los términos.

El norte de Huehuetenango es una olla de presión a punto de explotar. A los asesinatos, quema de maquinaria, retenciones y secuestros que han marcado la conflictividad del área en los últimos tres años, se suma la salida de jueces, fiscales y defensores públicos que huyeron despavoridos. La justicia aquí está temporalmente clausurada.

Desde hace varias semanas se escucha en la capital una inusual historia que ocurrió en Santa Eulalia, Huehuetenango, a mediados de enero. Cuentan que el juez de instancia fue sacado en plena madrugada de la pensión donde vivía. Una turba, que apenas le dio tiempo de vestirse, lo obligó a abrir el centro de justicia, celebrar una audiencia y ordenar la libertad de dos hombres acusados de homicidio que la Policía había capturado el día anterior.

Entre medias de los dos textos aparece una  fotografía como recogida de Prensa Comunitaria (“Foto: Prensa Comunitaria”), aunque se vea claramente que es de Radio Snuq Jolom Konob’. [15] Vemos un par de radiopatrullas con mucha gente en las aceras, con el siguiente pie de foto: “Habitantes de Santa Eulalia, reunidos en la cabecera municipal para exigir a la Policía que se retirara del pueblo”.

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En su ubicación original, esta fotografía no tiene pie de foto; y el texto del artículo original dice que “la gente le pidió a los agentes de la policía que no sigan su camino hasta que llegue el Ministro de gobernación”. [16]

Hay una diferencia importante entre “exigir que se retiren” y “pedir que no sigan”  - además, el texto original dice que están esperando para que se cumpla el acuerdo firmado el día anterior con el Ministro. Se trata sólo de un matiz, pero un matiz que es preocupante: en el pie de foto la gente respetuosa de Santa Eulalia aparece como agresiva. (De paso, fíjense en la fotografía, a ver si la actitud parece amenazante y exigente). La expresión de la “olla de presión a punto de explotar” transmite la misma idea.[17] Es el “Huehuetenango ingobernable” del título.

Y la imagen de la ingobernabilidad la da la palabra “turba”, seguramente la que tiene más calado de todo el ejercicio de este reportaje en donde hay vacíos de información por un lado y tergiversación por el otro. Como hemos visto, aparece tres veces, estratégicamente repartida, en los primeros párrafos del texto. Es un término que históricamente se ha utilizado para desvalorizar las acciones colectivas de los sectores populares, irracionalizando y animalizando su actuar.

En Guatemala se asocia a los indígenas, con su actuar bárbaro y salvaje. Y últimamente lo vemos muy utilizado por la  prensa que se ha dado en llamar prensa amarillista o sensacionalista por su manejo de la información.[18]  Igual que en los titulares escandalosos de esa prensa, lo que vemos en este reportaje apunta a  una búsqueda de la sobreexcitación emocional del lector por encima de aportar contenidos informativos.

Parece que se busca dejar en el lector la impresión de que es “la turba” que expulsa al juez la que impide que se lleve a cabo la justicia en un territorio remoto habitado por gente “ingobernable”.  Ésta es una imagen con reminiscencias coloniales, que se actualiza cuando se explican hechos en múltiples situaciones de linchamientos y quemas de estaciones policiales que se han dado en el país en los últimos años, aunque este episodio en concreto no haya tenido nada que ver con todo eso.

Como una forma de dar reforzar esta imagen que se quiere crear o recrear, hay muchas cosas que no se dicen. Por ejemplo, además de los “asesinatos, quema de maquinaria, retenciones y secuestros” mencionados, al hablar de la región, se menciona que “se ha registrado en el área la muerte de un líder comunitario y un soldado, la quema de maquinaria de dos hidroeléctricas, una finca y una constructora” hechos que no han sido investigados y resueltos ni siquiera por quienes les corresponde: el Ministerio Público y el Organismo Judicial. Pero en cambio, el texto no se refiere a las violaciones a los derechos humanos que han sufrido y sufren los comunitarios que se han opuesto a que las hidroeléctricas se impongan en el área: ejecuciones, amenazas, militarización, detenciones arbitrarias, juicios amañados, condenas injustas y otras formas de violencia. Todos estos son elementos del dominio público, que han sido analizados y difundidos por instancias nacionales e internacionales de diversa índole.[19]

Otro punto que llama mi atención es la total ausencia de mención a quienes están presos y con persecución penal por su oposición a las actividades de las empresas hidroeléctricas y sus representantes en el área.[20] Desde el 2012, han pasado por la cárcel 18 personas, de las que nueve siguen en ella. Las primeras fueron capturadas el 2 de mayo de 2012 y la última el 3 de octubre de 2015. Además ha habido y hay órdenes de captura contra muchos más, un aspecto importante de estas detenciones es que a ninguno se le ha podido comprobar los delitos de los que se les acusa y los procesos son armados con tantas inconsistencias que a todas luces se están cometiendo injusticias y arbitrariedades.[21]

Por lo que la información ofrecida impide conocer el porqué de los mismos datos que se aportan y los sucesos que se narran.

Finalmente, el circulo de la desinformación se cierra en el apartado del reportaje titulado “el rostro de la oposición”, en que se dibuja la figura de Rigoberto Juárez, donde saltan los resortes de la mirada colonial y el estigma no solamente hacia la población indígena sino a quienes defienden sus derechos. Y yo me pregunto, ¿es ésto amarillismo disfrazado? ya que al retratarle  como “excombatiente guerrillero de Ejército Guerrillero de los Pobres”  se busca la asociación inconsciente a la figura del guerrillero como enemigo de Guatemala, terrorista y cómo no, violento. Pero no se cuenta que Rigoberto es técnico en salud rural, reconocido líder indígena a nivel internacional o fundador de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala – ALMG, ambos hechos igual de relevantes en su trayectoria.

Esa misma imagen es la que hizo Eddy Juárez, viceministro de Seguridad de Otto Pérez Molina, quien eludiendo cualquier la imparcialidad es la fuente principal de este apartado. El describe a Juárez como un “promotor de manifestaciones violentas” que “desinforma”, a quien “no pueden detener porque no participa en las manifestaciones”  e implícitamente como poco democrático.[22] En cambio desaprovecha de forma notoria la entrevista mantenida con él, de quien sólo se recoge una frase -Juárez dice que estas medidas son precautorias”, una frase que justifica unas acciones violentas, que son justamente aquellas que la autora de este texto quiere que recordemos.

Es decir, además de que se oculta información fundamental para entender la problemática social en el norte de Huehuetenango, en los detalles que muestran el contexto en que éstos se dieron, hay una insistencia en ofrecer imágenes que retratan a  los actores indígenas como amenazantes del orden  social, como enemigos, como salvajes, lo que impide que podamos comprender al país y sus contradicciones y realidad. Estaríamos ante un caso de amarillismo encubierto, en dónde se usan técnicas sensacionalistas que funcionan y que lamentablemente desinforman y manipulan la opinión pública. Poco tiempo después de detiene y encarcela a Rigoberto Juárez bajo la mirada pública que tuvo información de que el es una persona peligrosa.

 Una vez más, la construcción del crimen y el criminal

He querido mencionar los datos más evidentes que muestran un reportaje que muestra falta de rigor, un caso de parcialidad y falta de objetividad, algo opuesto al periodismo profesional que realiza un medio de la calidad y rigor que se le supone a ContraPoder.

A través de ausencias, tergiversaciones y amarillismos se nos ha querido nos dar la imagen de unos acontecimientos provocados casi unilateralmente por una población  violenta  liderada por un líder amoral. Al obviar toda una serie de procesos complejos y maquillar otros, tenemos elementos como para pensar que se trata de un trabajo realizado con la intención de favorecer a una de las partes de un conflicto,  dejando fuera de forma consciente elementos que la inculpan y negando las voces de los que la oponen.

A estas alturas tenemos elementos para pensar que este tratamiento del tema en los grandes medios, como en este reportaje no es casual.  La detención de Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar forma parte de una campaña en la que este año 2015 se ha encarcelado a cinco líderes comunitarios más del norte de Huehuetenango: Arturo Pablo, Francisco Juan y Adalberto Villatoro en febrero, en junio Ermitaño López y en octubre al abogado Pedro Robel Ovidio Toledo Toledo que ya está en libertad.[23]

Estamos ante un recrudecimiento de la criminalización –la conversión de los defensores del territorio en criminales-[24], que ha sido una estrategia constante desde que los pueblos del norte de Huehuetenango expresaron su oposición pacífica a las actividades que consideraban nocivas y a la forma en que se les imponía, empezando por la realización de Consultas de Buena Fe.[25]

No parece casualidad que este repunte haya coincidido con un año electoral, pues los alcaldes son gestores importantes de las empresas a nivel municipal, con intereses compartidos.[26] La reciente absolución de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez autoridades comunitarias de Barillas después de dos años de prisión injusta, ocurre después de que el MP no pudo demostrar las acusaciones de femicidio que les imputaban; [27] y la de Pedro Toledo por las mismas razones (ver nota 2) esto demuestra hasta qué punto los casos se construyen para apartar a los líderes de la lucha social.

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Diego Marcos, Alcalde de Santa Eulalia –en primer plano- ejerciendo de acusación particular contra Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar en la audiencia del día 11 de abril de 2015. Fotografía, Santiago Bastos.

Por ello, en la forma de dar la información en este reportaje, podemos ver la intencionalidad de crear la imagen de criminal en quien es el principal acusado en el juicio. En este caso,  la prensa está cumpliendo exactamente lo que dicen quienes estudian este “dispositivo expropiatorio”:

 “La criminalización opera como una especie de “antesala” de la represión directa, como una forma de legitimar socialmente el ejercicio de la fuerza pública contra los luchadores sociales. En esta estrategia juega un papel muy importante la formación de una opinión pública que perciba a los activistas como potenciales amenazas para el conjunto de la sociedad”.[28]

Pero en este caso hay más: los hechos que no aparecen en el reportaje –los disparos a los jóvenes y el cierre de la radio- son los que permitirían desvirtuar la acusación a Rigoberto Juárez y el papel de víctima que el alcalde Diego Marcos se ha adjudicado en la versión del MP. El texto lo que hace es ocultar deliberadamente elementos de su comportamiento que pueden ser constitutivos de delito. De hecho, existe una solicitud de  antejuicio contra este aún alcalde en el juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango promovido por la Fiscalía del Ministerio Publico de Santa Eulalia, por el cierre ilegal de la Radio Snuq’ Jolom Konob’.[29]

Y no queda aquí la actuación violenta del alcalde Diego Marcos y sus allegados. Cuando el dia 19 de marzo de 2015 se pretendió reabrir la radio Jolom Konob, la Corporación Municipal no respetó el consenso alcanzado con el personal de la radio y lo que iba a ser un acto comunitario, hubo de suspenderse por los ataques que sus allegados  hicieron en contra de los miembros de la radio y otros  comunicadores que habían acudido a la actividad.[30]  Estos hechos le han valido al mismo alcalde la solicitud de otro antejuicio, por las agresiones y amenazas que sufrieron una delegación de periodistas nacionales e internacionales, comunicadores comunitarios e investigadores sociales. [31]

En definitiva….

Nos encontramos una vez más con lo que ya hemos denunciado tantas otras veces: la construcción del crimen y de la figura del criminal por parte de los medios de comunicación. Es una parte muy importante de los procesos de criminalización de la lucha social y de despolitización de los ciudadanos.

Desde el título se crea la impresión de que Huehuetenango es un territorio indómito en que la gente no acepta las reglas de “civilización” que el Estado les aporta. Es la idea de la turba que expulsa al juez, casi como en una película de western, y en que el villano es el jefe de las tribus indómitas. Para eso se usa toda la ingeniería de la desinformación que acompañan otra serie de acciones como la persecución penal.

Desde la “cobertura” que da la supuesta neutralidad, se crean las condiciones para para tergiversar los hechos y convencer a la población del carácter penal de las acciones y actores; mientras nadie piense en las empresas, ni en los jueces y los alcaldes que operan sus intereses.

Y a la vez,  se da un paso más en la recreación y la autoperpetuación del estigma social: sólo al repetirlo y mostrarlo, todo ello se hace encajar en la idea de ese “Huehuetenango ingobernable”, lejano y siempre arisco, que necesita de la mano dura y del progreso que traen las empresas. Esas empresas que son las que se benefician de este tipo de reportajes.

Notas

[1] La detención Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar provocó en su momento una ola de protestas entre organizaciones sociales y medios alternativos por lo irregular del procedimiento. Ver Prensa Comunitaria entre el 24 y el 30 de marzo, así como “Detienen a dos hombres por incendio de finca en 2013 en Santa Eulalia”. Emisoras Unidas, 24 de marzo 2014; “Capturan a Rigoberto Juárez, el líder del gobierno plurinacional”. ContraPoder, 25 de marzo 2015; “El Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel CPK ante la detención de Rigoberto Juárez Mateo y de Domingo Baltazar”. Comunicado, 24 de marzo 2015; “Junta directiva y Comunicadores Sociales de la Radio Comunitaria Snuq Jolom Konob de Santa Eulalia, Huehuetenango”, Comunicado 24 de marzo 2015; “Radio Comunitaria Snuq Jolom Konob, Criminalizar y Reprimir”. Comunicado UDEFEGUA, 25 de marzo 2015; “Gobierno Plurinacional Akateko, Chuj, Poptil´, Q´anjob´al y Mestizo”, Comunicado Urgente 26 de marzo 2015; “Libertad para Rigoberto Juárez y Baltazar Domingo y Fin a la Criminalización Indígenas”. Comunicado WINAQ, 26 de marzo 2015;“La democracia y sus presos políticos”, Zaira Lainez, Plaza Pública, 26 de marzo; “EXIGIMOS LIBERTAD INMEDIATA A LÍDERES DE LOS PUEBLOS ESPECIALMENTE DE DON RIGOBERTO JUAREZ Y DON DOMINGO BALTAZAR”. Comunicado KAYB´ALAN, 26 de marzo 2015;“Presos Políticos, Otra vez indignados”. Kajkoj Máximo Ba Tiul. Prensa Libre, 28 junio 2014; “Presos políticos libertad”. Rosalinda Hernández, elPeriodico, 28 de marzo, 2015    Publicado en redes sociales a través de Plataforma 51 Guatemala, sin embargo el artículo fue retirado de la web del periódico. “Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, víctimas de la represión y criminalización en Guatemala” 31 de marzo 2015.  Comunicado, WAQIB´KEJ. “Rigoberto Juárez nos habla”, Miguel Ángel Sandoval, 8 de abril 2015, el Periódico,  “Abominable Recurso”, Karin Slowing, 8 de abril de 2015, Prensa libre

[2] Pedro Toledo fue detenido el 3 de octubre, en Huehuetenango, quedando en libertad por falta de mérito el día 4 de noviembre. Ver  “Huehuetenango: detenido el abogado Pedro Rubel Ovidio Toledo y Toledo por defender a líderes comunitarios”, Prensa Comunitaria, 3 octubre 2015; “El abogado Pedro Rubel Toledo, criminalizado hoy quedó en libertad: “debemos trabajar fuerte por los demás presos políticos””, Prensa Comunitaria, 5 de noviembre 2015,

[3] En Prensa Comunitaria hemos denunciado este papel de la prensa en diversas ocasiones. Ver por ejemplo el rerportaje “Norte de Huehuetenango. La defensa de la vida frente al poder del dinero”, 11 de noviembre 2013, “Barillas: la construcción del delito contra la Resistencia “Nuevo Amanecer” Santiago Bastos, 02 marzo 2015. Ver también en  “Muerte en Los Pajoques: Crónica desolada de la barbarie en la que vivimos” Santiago Bastos,  Prensa Comunitaria, 28 de septiembre 2014

 [4] Ver  “Capturan a dos líderes comunitarios en San Mateo Ixtatán”. Emisoras Unidas, 19 Enero, 2015

[5] La empresa Promociones y Desarrollos Hídricos (PDH)  instaló en San Mateo el proyecto hidroeléctrico Pojom I en la aldea del mismo nombre en el año 2013. Desde entonces su presencia ha provocado múltiples momentos de tensión, agravados tras la instalación de un destacamento militar en la localidad. Ver “San Mateo Ixtatan otra empresa extractiva atenta contra la vida” Prensa Comunitaria 05 mayo 2015; “San Mateo Ixtatan la nacionalidad Chuj en defensa del agua” Prensa Comunitaria 05 de mayo 2015; “Boletín urgente incursión militar en aldea Bontaq de Barillas y en Yich Kisis en San Mateo Ixtatan” Prensa Comunitaria 20 mayo 2015; “San Mateo Ixtatan una nueva agresión contra el pueblo Chuj” Prensa Comunitaria 21 julio 2015; “Pojom San Mateo Ixtatan policía lanza bombas lacrimógenas contra la población” Prensa Comunitaria  12 Agosto 2015; “San Mateo Ixtatan la hidroeléctrica que rompió con la paz y tranquilidad” Prensa Comunitaria 17 noviembre 2015.

[6] Ver la versión del Gobierno Plurinacional “Comunicado del Gobierno Ancestral Maya Plurinacional ante los hechos ocurridos las comunidades de Yich K’isis y Pojom del Municipio de san Mateo Ixtatán” Prensa Comunitaria 18 noviembre 2015 y la de Prensa Libre “Pugna por proyecto deja dos muertos en San Mateo Ixtatán”, Prensa Libre, 18 de Noviembre  2014 .

[7] Uno de los efectos más perversos y generalizados de la presencia de las actividades extractivas en las comunidades es el fomento y creación de divisiones interna, llegando a generar situaciones de violencia entre los mismos vecinos. Para verlo como parte de las estrategias de las empresas, ver el libro el libro Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas, Santiago Bastos y Quimy de León, Diakonía, 2014; en México ver “Goldcorp y la reciprocidad negativa en el paisaje minero de Mezcala, Guerrero”, de Claudio Garibay y Alejandra Balzaretti,  Desacatos num 30, 2009.

[8] También se puede consultar el comunicado de la radio Jolom Konob: “COMUNICADO DE LA RADIO COMUNITARIA SNUQ’ JOLOM KONOB’ DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO” Prensa Comunitaria 30 enero 2015, las notas de Prensa Comunitaria: “Santa Eulalia: ¿Porque buscan censurar el trabajo de la radio comunitaria?” Prensa Comunitaria 20 enero 2015  y “Santa Eulalia: En grave peligro personas del movimiento social” Prensa Comunitaria 20 enero 2015.

[9] “A  eso de las 4:00 de la madrugada se da el informe entre la gente y las personas empezaron a retirarse hacia sus hogares o lugares de destino; pero sorprendentemente cuando las personas iban saliendo del CAJ hacia la terminal de la localidad, el señor Diego Marcos Pedro, Alcalde Municipal de Santa Eulalia y su hijo Gómez Marcos, estaban esperando en la calle a la gente y sin mediar palabra dispararon en contra de Pascual Basilio Pascual Diego de 19 años y Armando Mateo Pascual de aproximadamente 35 años, ambos de la aldea Molná de esta localidad; hiriéndolos gravemente y luego huyeron en un automóvil hacia el centro de la población.” INFORME DE LOS SUCESOS ACAECIDOS LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE ENERO DEL AÑO 2015 “EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO IXTATAN Y SANTA EULALIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO” Prensa Comunitaria 04 febrero 2015.

[10] “Persiste tensión por captura de dos hombres”, Prensa Libre, 20 de enero 2015;  “Sindican a alcalde de muerte de hombre”, Prensa Libre, 17 marzo 2015,  Armando Mateo fue atendido en Santra Eulalia, pero por la gravedad de sus heridas, Basilio Pascual fue trasladado a Soloma y después a Huehuetenango y finalmente a Santa Cruza de Quiché, donde murió finalmente el 17 de marzo de 2015.

[11] “…Cuando ingresaba el Alcalde a las instalaciones del CAJ, el señor Diego Marcos Pedro agredió físicamente a una persona lo que provocó más a las personas y lo empujaron hacia la oficina de la coordinación del CAJ, pero cerca de las puertas de la misma, sacó un arma de fuego que portaba y quiso dispararle a una persona; afortunadamente reaccionó luego y le quitaron el arma de las manos del señor Diego Marcos e ingresó en la reunión con un hijo que apareció en algún momento con el fin de salvaguardarlo de la población ya provocada y se entregó el arma a la policía nacional civil. Seguidamente se fue a buscar al fiscal del ministerio público para llevar a cabo una audiencia en ese momento.” INFORME DE LOS SUCESOS ACAECIDOS….

[12] En una actividad anterior en que el Gobierno Plurinacional le acusó de apoyar a la hidroeléctrica San Luis, el 24 de septiembre de 2014, el Alcalde Diego Mateo ya amenazó con cerrar la radio, “Otro atentado contra la libertad de expresión y de prensa” Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob 23 septiembre 2014.

[13] En Santa Eulalia Se instaló la hidroeléctrica Hidroeléctrica San Luis, propiedad de la empresa Cinco M Sociedad Anónima. (Ver Reporte de campo num 2 de CIESAS: “Jolom Konob: Santa Eulalia y la agresión empresarial” Prensa Comunitaria 02 noviembre 2013), generándose también momentos de tensión con la población opuesta a su funcionamiento: Movilización comunitaria en Santa Eulalia, Prensa comunitaria, 8 agosto 2013; Rechazan mina e hidroeléctrica en Huehuetenango, Prensa Libre, 10 diciembre 2013; Turba quema maquinaria de proyecto hidroeléctrico, Prensa Libre, 20 agosto 2014; Santa Eulalia: población en riesgo por empresa hidroeléctrica, Prensa Comunitaria 27 Agosto 2014;   Liberan a empleados retenidos, Siglo XXI  29 agosto 2014;  Santa Eulalia: continúa la defensa del territorio del pueblo Q´anjob´al contra la licencia de una hidroeléctrica, Prensa Comunitaria, 11 diciembre 2014.  La poblacion de Santa Eulalia achaca la muerte de Daniel Mateo, importante líder local, a los conflictos con esta empresa.  Pueblo de Santa Eulalia exige el esclarecimiento del secuestro de Daniel Pedro Mateo lider Q´anjob´al, Prensa comunitaria, 15 abril 2013,  Piden investigar muerte de líder, Siglo XXI, 18 abril 2013.

[14] Además de las noticias y el comunicado ya mencionados, ver las noticias relativa a la muerte de Basilio:“Intentan retener el cadáver de joven asesinado en Santa Eulalia”, Prensa Comunitaria, 16 de marzo 2015; El joven Pascual Basilio, asesinado por defender el territorio va de regreso a su tierra”, Prensa Comunitaria, 16 de marzo 2015. Respecto al cierre de la radio, ver las notas referidas a la rueda de prensa en que se denuncia el hecho “Condenan censura de Radio comunitaria y amenazas a comunicadores comunitarios”; Prensa Comunitaria, 23 enero, 2015,  “Denuncian a Alcalde por cierre de emisora comunitaria”. La Hora, 23 enero 2015 “Denuncian cierre de radio comunitaria”, PlazaPublica, 23 enero 2015; “Denuncian cierre de radio comunitaria en Santa Eulalia, Huehuetenango” Canal Antigua 23 enero 2015.

[15] En la fotografía aparece claramente “Radio Snuq Jolom Konob FM” pero en el pie de foto aparece “Foto: Prensa Comunitaria, octubre 2013”, lo que muestra que fue tomada de un artículo de Prensa Comunitaria, por lo que sí deberían conocer los contenidos de las notas recogidas en este portal.  Esto nos llevaría a otra reflexión sobre las relaciones entre la prensa corporativa y los medios independientes, mostrada en este caso por el uso del material producido desde el terreno, para darle un sentido totalmente opuesto por quien se cubre del manto de la profesionalidad.

[16] “Alerta en la Población Q’anjob’al por incumplimiento de acuerdos con el gobierno” RADIO SKUQ’ JOLOM 1 de octubre de 2013.

[17] Aunque no puedo detenerme, sí quiero insistir en el alarmismo de esta sentencia, remarcando que ocho meses después de haberse emitido, la olla aún no ha explotado, a pesar de quienes se han empeñado en verlo como inminente. Este estrategia de hacer ver al área Q’anjob’al como potencialmente violentga también se vio en un comunicado de la PDH en su momento, “El alcalde, la radio, los acompañantes (y la PDH) : una crónica más de la impunidad en Santa Eulalia” Prensa Comunitaria 24 marzo 2015, o el TSE “Barillas: así se vivió el proceso electoral 2015” Prensa Comunitaria 06 septiembre 2015.

[18] “El sensacionalismo es la tendencia a presentar los hechos y las noticias de modo que produzcan sensación, emoción o impresión. ….. La prensa amarilla falsea la información, resalta el morbo, incentiva la violencia y banaliza la vida social.”, Sensacionalismo y amarillismo en los medios de comunicación, Florencia Berti. 2010.

[19] Ver los informes periódicos de UDEFEGUAACOGUATE y PBI, la información generada por CEDFOG; también ver los trabajos sobre el Estado de sitio de Barillas en mayo de 2012 generados por Convergencia de Derechos HumanosADHHegoaIntermon Oxfam y la Carta Pastoral de la Diócesis de Huehuetenango.  Además, se pueden ver el Diálogo de FLACSO num 43: “Santa Cruz Barillas, los intereses detrás del Estado de sitio” Diálogo FLACSO 22 julio 2012, el Reporte de campo num 2 de CIESAS: “Jolom Konob: Santa Eulalia y la agresión empresarial” Prensa Comunitaria 02 noviembre 2013.

[20] Al hablar de presos políticos me refiero al hecho de que han sido encarcelados por razones ajenas a aquellas que se les imputan. La razón de su encausamiento es ser activistas y liderar la oposición a proyectos extractivos. Las causas han sido fabricados expresamente para someterles a procesos jurídicos que anulen su capacidad política de oposición. Al respecto ver los textos que aparecen en la nota 24.

[21] Leer por ejemplo. Santa Cruz Barillas, Criminalización y presos políticos, Enfoque num 26, año 4.; El Caso de Saúl Y Rogelio: Presos políticos en defensa del Territorio, CMI, 13 octubre 2014;   ¿Qué hacen tres líderes comunitarios de Barillas en el Preventivo de la Zona 18?, CMI, 25 marzo 2015; Criminalización de defensores en el norte de Huehuetenango; ACOGUATE, septiembre 2015;

[22] “El viceministro de Seguridad, Eddy Juárez, señala que el Gobierno Plurinacional puede compararse con los 48 cantones de Totonicapán, con la diferencia de que en occidente se observa un sistema democrático en la elección de sus autoridades, mientras que en la organización huehueteca no se ve rotación de liderazgos.”

[23] Ver los reportajes “Barillas: Autoridades comunitarias exigen la liberación de sus dirigentes” Prensa Comunitaria 05 marzo 2015; “Detenido injustamente a otro defensor del agua de Santa Cruz Barillas” Prensa Comunitaria 03 junio 2015;  “Huehuetenango: Detenido abogado Pedro Rubel Ovidio Toledo y Toledo por defender a líderes comunitarios” Prensa Comunitaria 03 octubre 2015.

[24] Para la conceptualización del término criminalización, ver, “Criminalización de la protesta social en México” Pablo Romo, Observatorio de la Conflictividad Social en México Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. Comisión Internacional de Juristas. Guatemala;. Criminalización de la pobreza y de la protesta social. Claudia Korol, y Roxana Longo Editorial El Colectivo, Buenos Aires, 2009.

[25] Ver el libro Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas. Diakonía, 2014  y los informes citados en las notas 13 y 20.

[26] El profesor Arturo Pablo se perfilaba como candidato de Winaq’ en Barillas, mientras que Ermitaño López ya había sido proclamado como candidato de CRD-CPO en ese municipio. Por su parte, Rigoberto Juárez siempre ha sido un cuadro importante de Winaq a nivel nacional y en Huehuetenango. Para comprender la importancia de los “poderes regionales” en la política reciente de Guatemala, ver el trabajo “Poderes regionales y distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, de Harald Waxenecker, Prensa Comunitaria 11 agosto 2015.

[27] Ver los reportajes “Barillas: en libertad dos autoridades comunales después de dos años presos injustamente”, Prensa Comunitaria, 28 octubre 2015; “Absuelven a líderes comunitarios de Huehuetenango de asesinato y femicidio”, Prensa Libre, 30 octubre, 2015; “Aflora la verdad y la justicia: Saúl y Rogelio son absueltos”, CMI, 31 octubre 2015.

[28] “Claves de lectura para comprender el despojo y las luchas por los bienes comunes naturales en América Latina”, Claudia Composto y Mina Lorena Navarro, en Territorios en disputa, Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina. Bajo Tierra Ediciones, 2014, pag 60.

[29] “En Guatemala el alcalde de Santa Eulalia, Huehuetenango va a elecciones con dos antejuicios” Guatemala Comunitaria, 5 de septiembre 2015.

[30] Al respecto, ver “Llamado a la solidaridad a la prensa nacional e internacional”, Prensa Comunitaria, 19 de marzo 2015; “Alcalde Municipal de Santa Eulalia, rechazó la reapertura de Radio SNUQ JOLOM KONOB´”; CMI, 20 de marzo 2015; “Comisión de Libertad de Prensa denuncia nuevas agresiones”, CERIGUA 23 de marzo 2015; “El alcalde, la radio, los acompañantes (y la PDH) : una crónica más de la impunidad en Santa Eulalia”, Santiago Bastos, Prensa Comunitaria 24 de marz