Guatemala Comunitaria

Por: Quimy De León

Quetzaltenango 28 de octubre de 2015. Rogelio Velásquez y Saúl Méndez Rogelio y Saúl han quedado libres y absueltos de los delitos que injustamente les montaron como parte de una estrategia de criminalización de la lucha social. Ellos han estado encarcelados injustamente en Huehuetenango durante dos años con dos meses y un día, ellos fueron acusados de los delitos de asesinato y femicidio supuestamente por haber participado en un linchamiento.

Como ocurre en los casos de criminalización el Ministerio Público ni quienes acusan tuvieron pruebas que demuestren los delitos que les montan. Hoy el Ministerio Público a pesar de ello pedía 50 años de cárcel para ellos.

Saúl y Rogelio son defensores del agua, han tenido una larga trayectoria como autoridades comunales de sus comunidades, fueron miembros de la Asociación para la defensa del territorio, organizaron y promovieron la Consulta Comunitaria de Buena Fe en el año 2007 en Barillas. ºDesde el 2011 han representado la decisión de las comunidades de oponerse a la instalación de la empresa española Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz. “ Sus comunidades fueron de las primeras en organizarse para defender el agua pues eran de las más afectadas por el proyecto hidroeléctrico que ha querido imponer a toda costa esta empresa gallega.

Saúl Méndez está representado legalmente por los abogados Eduardo De León Chacaj y Juan Castro de la Asociación de Abogados Mayas, así como por el abogado Héctor Reyes del Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

Sus compañeras de vida, sus hijos e hijas y toda la comunidad y el territorio q´anjob´al ha sufrido persecución y diferentes formas de terror para evitar que la gente siga oponiéndose a la construcción de un proyecto Hidroeléctrico que les ha traído como consecuencia un asesinato, detenciones, desplazamiento forzoso, persecución penal, un estado de sitio, afectaciones en la salud y la vida comunitaria, división comunitaria, rumores y militarización de sus vidas.


 

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Por Jesús Hernández

Fotografías de Jeff Abbott

 

“Aquí todo está bien (en el salón comunal de Zunil) . Allá abajo, en el mercado, hay cuatro mesas de votos, hay otro en el centro comercial y también hay mesas en las cuatro aldeas y el caserío. Ese es el municipio de Zunil: sus cuatro aldeas y el caserío. Aquí solo estamos los del Consejo que apoya la consulta… hasta la noche daremos a conocer el resultado… pero vayan, vayan…”

Presidente del Consejo Permanente por la Defensa del Territorio y la Vida de Zunil

Familias que iban de aquí para allá. Es domingo 18 de octubre. Las mujeres con sus pequeñas y pequeños hijos se encaminan al centro de votación, ubicado en el mercado municipal. El pueblo está en movimiento. En cada mesa hay hombres y mujeres que revisan nombres, reciben DPI, entregan papeleta, firman o dejan su huella y muestran el dedo índice. Se aprovecha el día para dar una vuelta al pueblo…

La fecha coincide con la celebración del año sagrado maya. La ceremonia maya se realizó muy temprano: el waqxaqib’ b’atz. 260 días que los nahuales han acompañado la vida de los animales, de la naturaleza y de las personas; por lo tanto, la consulta comunitaria es el ejercicio y derecho colectivo que expresa esta cosmovisión: cuidar y proteger la naturaleza. Lo decía el anciano: “todo es sagrado, todo es santo, por eso tenemos que cuidar y proteger”

Si el pueblo maya es el mejor conocedor del aprovechamiento de la naturaleza: “hay que pedir permiso para sembrar, para cosechar, para celebrar y para pedir disculpas cuando no lo estamos haciendo bien” así también es el respeto que debe el Estado con sus pobladores: “debe consultar, debe pedir permiso, dialogar y platicar si lo que trae es beneficio o es más despojo para nosotros, para nuestros hijos

La mirada es pues para recordar “el derecho” a la vida y el derecho que tiene la naturaleza de ser respetada. En la noche, aprovechando la radio local y hablando en el idioma k’iche’, uno a uno fueron hablando según les dieron la participación. La iglesia católica, la iglesia evangélica, los jóvenes y el consejo permanente por la defensa del territorio y la vida de Zunil.

“La conciencia crece con la información” decía una mujer joven que entre lágrimas de emoción y agradecimiento a los vecinos, comunicó:

“lloro por nuestra madre tierra, nuestros hijos, nuestros cultivos. No es por una persona que fácilmente nos va a traicionar, sino por esto que hoy hemos hecho: gracias abuelas, que desde temprano estaban haciendo cola; mamás que muestran a sus hijos. Los pueblos tienen que decidir lo que quieren en su tierra. Nuestro pensamiento es en equipo; la conciencia se tiene que hacer en la información: enseñen a defender, a cuidar y hacerlo con respeto”.

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Entre aplausos y celulares que se levantaban entre las cabezas, se hacían las fotos como recuerdo de ese gran día para el pueblo de Zunil. El presidente del consejo leía:

  • Votos sí: 35
  • Votos No: 5, 432 (aplausos y gritos de emoción)
  • Nulo: 37
  • En Blanco: 24
  • Total de votos: 5,528.

De acuerdo a la información, el 83% de la población participó. En zunil se unía el Waqxaqib’ b’atz con la consulta comunitaria. “Es la segunda consulta vinculante que se realiza en el país; es la consulta No. 84” decía un acompañante que vigilaba el proceso de votaciones que realizaban las vecinas y vecinos de Zunil. “y es vinculante porque ha sido convocado por la alcaldía municipal; utilizando el sistema electoral: votan solo los mayores de edad. Los empadronados que también se presentarán este próximo domingo (25 de octubre) para la segunda vuelta (elecciones presidenciales), pero esa será distinta”.

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El clima estaba helado y el cielo nublado, con algo de llovizna que de poco en poco dejaba colar el sol en el municipio de Zunil. La radio informaba que la semana sería de precipitación pluvial y se recomendaba estar atentos a este cambio climático… Zunil es ya conocedor de las consecuencias de la inclemencia del clima: deslizamientos, derrumbes. Años atrás había sufrido el paso de las tormentas y huracanes: Mitch, Agata… provocando destrucción de la carretera y casas. Riesgos que también tienen más de 500 mil personas en todo el país, confirma la prensa escrita y advierte la CONRED.

allá arriba (refiriéndose a la parte alta, carretera hacia los balnearios las Georginas), hay mejores verduras”, dice un vecino que le preguntamos sobre la cantidad de cebollas que hay en su terreno, ubicado a las orillas del pueblo…Y es verdad, todo Zunil es “pura verdura”, desde muy temprano se mira a los vecinos echar agua en sus sembradíos, o lavar las grandes zanahorias que se jatean en las redes para subirlas en el pick-up que los llevará al gran mercado que acapara este comercio… “nosotros le proveemos de verdura a los de Almolonga, porque tenemos más terreno… incluso ellos vienen a comprarlo aquí en el mercado, por eso es que se prepara para la venta a mayoristas”, indicaba el otro vecino que mira –imaginándose las gran plaza llena- los camiones que entran a estacionarse a un lado del mercado municipal…

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Pero ese domingo, la falta de la verdura, sin venta en el mercado y la falta de movimiento que se acostumbra ver en la gran plaza, amanecieron este domingo sin mucha actividad. Faltaba la venta de verduras, la venta de tortillas con queso, los chicharrones y “pasar un poco apretaditos” como se acostumbra en la plaza de los días domingos… Este día no hay plaza: “estamos en la consulta”. Consulta convocada por la municipalidad; se espera a todos los adultos empadronados en el municipio y con un aproximado de 20 mesas, con observadores de la PDH y fiscales nombrados, las vecinas y vecinos fueron emitiendo su voto a partir de la hora indicada para esta consulta…

Antecedentes:

Se tiene conocimiento que está autorizado un área de 92 km cuadrados para la exploración y explotación de minerales. Al ver el croquis, esta área abarca las zonas de Cantel, Quetzaltenango, Almolonga, Zunil; por ello, cada municipio se está preparando con la información y realización de su consulta de buena fe, como lo hizo el año pasado Cantel, y ahora, con carácter vinculante lo realiza Zunil y está previsto, según información que tenemos, que Almolonga está preparando realizar su consulta.

En Zunil, la consulta es vinculante porque fue convocado por la municipalidad; está hecho conforme a la normativa vigente; “no pueden decir que no ahora; es decir, que las empresas no pueden pasar por alto lo expresado por los vecinos y vecinas” expresa Romeo Tiu, y lo argumenta con los siguientes documentos:

CONSTITUCION

Artículo 173. Procedimiento Consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos.

La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos.

La Ley Constitucional Electoral regulará lo relativo a esta institución.

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CODIGO MUNICIPAL

INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

CAPITULO I

INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

ARTICULO 60. Facilitación de información y participación ciudadana. Los Concejos Municipales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.

ARTICULO 61. Facultades de decisión. Las formas, medios y procedimientos de participación ciudadana que los concejos municipales de desarrollo establezcan en ejercicio de su potestad para auto-organizarse no podrán en ningún caso menoscabarlas facultades de decisión que corresponden al Concejo Municipal, el alcalde y los demás órganos representativos regulados por la ley.

ARTICULO 62. Derecho a ser informado. Todos los vecinos tienen derecho a obtener copias y certificaciones que acrediten los acuerdos de los concejos municipales, sus antecedentes, así como consultar los archivos y registros financieros y contables, en los términos del artículo 30 de la Constitución Política de la República.

ARTICULO 63. Consulta a los vecinos. Cuando la trascendencia de un asunto aconseje la conveniencia de consultar la opinión de los vecinos, el Concejo Municipal, con el voto de las dos terceras (2/3) partes del total de sus integrantes, podrá acordar que tal consulta se celebre tomando en cuenta las modalidades indicadas en los artículos siguientes.

ARTICULO 64. Consulta a solicitud de los vecinos. Los vecinos tienen el derecho de solicitar al Concejo Municipal la celebración de consultas cuando se refiera a asuntos de carácter general que afectan a todos los vecinos del municipio. La solicitud deberá contar con la firma de por lo menos el diez por ciento (10%) de los vecinos empadronados en el municipio. Los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el veinte por ciento (20%) de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado.

ARTICULO 65. Consultas a las comunidades o autoridades indígenas del municipio. Cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas.

ARTICULO 66. Modalidades de esas consultas. Las modalidades de las consultas a que se refieren los artículos 64 y 65 de este Código, entre otras, podrán realizarse de la manera siguiente:

  1. Consulta en boleta diseñada técnica y específicamente para el caso, fijando en la convocatoria el asunto a tratar, la fecha y los lugares donde se llevará a cabo la consulta.
  2. Aplicación de criterios del sistema jurídico propio de las comunidades del caso.

Los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el cincuenta (50) por ciento de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente (sobre) el asunto consultado.

 CONVENIO 169

Artículo 6

  1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
  2. a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
  3. b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
  4. c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
  5. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7

  1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
  2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
  3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.
  4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Artículo 15

  1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
  2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

DECLARACION DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Artículo 19

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 26

  1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
  2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
  3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

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Un casi cierre…

De acuerdo a lo leído, y con el resultado obtenido: La comunidad aplaudía, celebraba entre gritos, aplausos y felicitaciones la realización de la consulta comunitaria, como se anotaba más arriba, 83% de participación. El Tribunal Supremo Electoral tiene el registro de 8,656 personas empadronadas (http://resultados2015.tse.org.gt/resultados-2015/).

Con Jeff comentamos al cierre ¿por qué en este lugar, habiendo tanta diversidad de hortalizas no hay un restaurante de ensaladas ricas para comer? De repente los de Zunil se animan y se preparan para ser los chef de la ensalada… “Más de 4 mil formas de preparar ensaladas”… y que usando la herramienta del monstruo neoliberal, abre las sucursales en todo el país y, por qué no, en el mundo mundial: “ensaladas de Zunil, pa’ chuparse los dedos”

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… pero este domingo solo vimos, para ese rato, un lugar donde vendían pollo frito. Malaya!, dijo la abuela…

En Pachaj, Quetzaltenango, 20 de octubre de 2015.


1 Mezcala Plantón 251009

 

Santiago Bastos

Tomado de:
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En el año 2005, en la pequeña localidad de Mezcala de la Asunción, situada en la ribera del Lago de Chapala, en Jalisco, los comuneros se aliaron con los jóvenes simpatizantes del zapatismo de la cercana ciudad de Guadalajara para oponerse a las obras de reconstrucción de la isla que está frente al pueblo. Dicha obra era llevada a cabo por la municipalidad de Poncitlán, la Secretaría de Cultura del estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah). Acusaban a estas instituciones de ultrajar la gesta en defensa de la isla, ocurrida 200 años atrás, y de no respetar la tierra comunitaria, para convertir la isla en un destino turístico más de la ribera de Chapala.

Los comuneros llevan varios años luchando para expulsar a un empresario tapatío que se asentó ilegalmente en sus tierras, para abrirlas al mercado inmobiliario. Ni las autoridades ni el invasor se imaginaron la energía con la que los mezcalenses se iban a oponer a la ocupación de su territorio: tenían clara la dimensión de lo que desafiaban y para hacerlo reclamaron sus derechos ancestrales como pueblo coca. Como respuesta a esta subversión sucedió lo que algunos mezcalenses no imaginaron: se giraron órdenes de aprehensión en contra de varios de ellos, por defender un territorio según lo marca la ley.

Esta es la manera en que una pequeña comunidad está enfrentándose al capital inmobiliario y turístico en la ribera de Chapala. Su situación no es única: es similar a la que enfrentan varias comunidades indígenas en México hoy en día, que ven sus territorios y sus formas de vida amenazadas por empresas mineras, eólicas, turísticas, hidroeléctricas, agroindustriales, o dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado. Todas éstas son iniciativas que buscan la “acumulación basada en la depredación, el fraude y la violencia”, y suponen el “despojo de los patrimonios sociales (tierras, recursos, riquezas, derechos) del grupo social emplazado en una geografía específica”, en palabras de Harvey.

El fin del Estado corporativo posrevolucionario, su paso al Estado neoliberal con orientación al mercado externo, y de ahí al Estado cooptado, son procesos paralelos a la imposición de este modelo de despojo. Ante esta situación, muchas de las comunidades han reaccionado como Mezcala: con la reorganización de sus instituciones comunitarias, como el eje de su defensa frente a las amenazas que encaran, sin que el Estado las proteja. Después de 20 años de los frustrados Acuerdos de San Andrés, estas instituciones comunitarias se conciben como los órganos de gobierno de los pueblos indígenas, que son sujetos de derecho y reclaman una autonomía reconocida en la Constitución, pero negada en los hechos.

Esto es lo que ha ocurrido en Cherán, en San Dionisio y San Mateo del Mar, en Vícam, en Holbox, en Santa María Ostula y en muchos otros lugares del país. En todos ellos surgen respuestas comunitarias ante diferentes formas de despojo que ejerce la globalización neoliberal. La policía comunitaria de Guerrero y los municipios autónomos  zapatistas también son movimientos de recuperación de estructuras y lógicas comunitarias ante las agresiones.

Si uno compara todo esto con lo que ocurre en Guatemala, notará que las cosas no son muy diferentes, teniendo en cuenta los efectos de una historia marcada por un genocidio que recayó especialmente sobre las comunidades indígenas. Tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de ese país y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (urng), en el año de 1996, la apertura a la economía mundial supuso la llegada de actividades extractivas, apoyadas incondicionalmente por gobiernos neoliberales cada vez más represivos.

Las primeras respuestas de las comunidades guatemaltecas fueron unas consultas comunitarias que se extendieron por todo el país, llegando a movilizar a un millón de personas, en 74 municipios (un 20% de los existentes), que se manifestaron de forma rotunda en contra de las actividades extractivas en sus territorios. Buena parte de su éxito se basó en la participación protagónica de autoridades e instituciones comunitarias que se reconfiguraron de formas diversas después de la guerra, con la participación de jóvenes, mujeres y antiguos revolucionarios. Ni el gobierno ni las empresas reconocieron las consultas, y los conflictos derivados de la impunidad con que se daba la explotación de recursos reforzaron la organización comunitaria. De esta manera, la movilización de base territorial revivió una movilización indígena que había perdido fuerza a partir del cambio de siglo.

Ante las transformaciones que supone la globalización, las comunidades indígenas están rearticulándose de muchas maneras. Las amenazas a los territorios y a las formas de vida, como consecuencia de actividades propias del capitalismo depredador de este inicio de siglo, están provocando la restructuración de la institucionalidad de gobiernos comunitarios, a partir de la idea de que los pueblos indígenas son sujetos de derecho.Esto está transformando a las instituciones, las prácticas comunitarias y los significados de ser indígena en el siglo xxi, y está suponiendo un reto para los Estados que incurren en prácticas racistas renovadas.

http://www.ciesas.edu.mx/ichan/_archivos/2015/08_agosto.pdf


Oscar Morales García, lider comunitario junto al abogado Rafael Maldonado de CALAS.

Por Nelton Rivera.

“Todo el caso penal se basa en la acusación en contra de Oscar Morales García supuestamente por ser él quién amenazaba a un gerente de alto nivel de Tahoe Resources Inc. / Minera San Rafael, específicamente al gerente de relaciones externas de la Minera San Rafael por trabajar en la mina y por haber dado información al Ministerio Público MP para que allanaran su casa.”1

El proceso en contra del líder comunitario duró un año en los tribunales. El 22 de septiembre 2015 la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala resolvió la sentencia absolutoria a favor de Oscar Morales García. Esta sentencia ratificó la inocencia del líder comunitario, y significa un importante revés legal y político en la estrategia de criminalización y judicialización de la empresa en contra de las personas que forman parte de la resistencia pacifica a la minería en el departamento de Santa Rosa.

La empresa canadiense Tahoe Resources Inc. a través del Gerente de Asuntos Externos de la empresa Minera San Rafael, Camilo Ernesto Medina Mazariegos presentaron una denuncia en contra de Oscar Roderico Morales García, líder comunitario y coordinador del Comité de Defensa de la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores en el municipio de Santa Rosa en el año 2014.

La acusación de la empresa tuvo como base las supuestas amenazas realizadas por Oscar Morales García vecino de San Rafael Las Flores en contra de Camilo Medina Mazariegos, personero de la mina. Esta denuncia abrió el expediente MP015-2013-7757 en el Ministerio Público2, y el proceso se desarrolló en el juzgado de Villa Nueva en el departamento de Guatemala. Ha finalizado con la sentencia absolutoria emitida por la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, revocando la sentencia de un juez en Villa Nueva y declarando a Oscar Mazariegos libre de todo cargo.

“Esto demuestra claramente que el movimiento de resistencia pacifica en contra de la extracción minera en San Rafael Las Flores es evidentemente pacífico, nadie, ningún defensor o defensora del territorio ha sido quebrado en su presunción de inocencia en el área.”3

Un proceso viciado

Oscar Morales fue condenado por el Juez Unipersonal de sentencia del Juzgado Segundo de Villa Nueva, el abogado Rafael Maldonado de Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) se refirió a ésta sentencia cómo:

“Ésta sentencia fue completamente fuera del marco de la legalidad, el juez de manera unilateral modifico el modo y el lugar de los hechos, con esto modifico la acusacion presentada por el Ministerio Publico MP.”

El abogado Maldonado inmediatamente recurrió a apelar la sentencia del Juzgado Unipersonal ante la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, esta Sala hizo la revisión de la sentencia emitida por le Juez de Villa Nueva, partiendo de la premisa que el juez violo la presunción de inocencia del líder comunitario, aplicando incorrectamente tres artículos del código Procesal Penal: Tentativa Art.14, relación de Causalidad Art. 10, Modo, Lugar y Tiempo; artículos 19 y 20; como resultado de las alteraciones que hizo de forma unilateral.4

La Sala Cuarta resolvió de manera inmediata, cumpliendo los plazos que fija el código Procesal Penal, el recurso fue interpuesto en el mes de mayo, resolviendo en septiembre, cumpliendo con los plazos legales, ratificando en su sentencia la inocencia de Oscar Morales.

“En su resolución la Sala Cuarta afirmó que el Juez incurrió en una serie de irregulareidades alterando las fechas que el Ministerio Publico acredito como el momento en el que sucedieron los hechos, a pesar de haber alterado las fechas el mismo juez daba como acreditado tres fechas distintas en el que se cometieron los hechos y tres lugares distintos en cuanto a la comisión del delito. La Sala inmediatamente revocó la sentencia y declaro al líder comunitario libre de todo cargo.”5

Ex rector de la Universidad de San Carlos involucrado en la minería

El Ing. Efrain Medina Guerra fue ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala durante el periodo 1998 – 2002, y ex ministro de Agricultura y Ganaderia durante el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina. Efrain Medina fue citado por los abogados de la empresa minera para ser testigo en el proceso en contra del líder comunitario Oscar Morales, en la audiencia del 22 de septiembre estuvo presente. Una de las características en este proceso en contra de Oscar Morales fue que todos los testigos presentados por la empresa Minera tuvieron serias contradicciones en los testimonios que presentaron.

Camilo Ernesto Medina Mazariegos es uno de los hijos de Efrain Medina y actualmente es personero de alto nivel de la empresa Minera San Rafael, fue quien interpuso la denuncia en contra del líder comunitario en el año 2014.

Criminalización: una estrategia del gobierno de Otto Pérez Molina

Fue el mismo ex presidente Otto Pérez Molina quien dio su respaldo a la empresa minera, esto lo hizo públicamente en un acto oficial en el Palacio Nacional de la Cultura el día 29 de abril del 2013 mientras era aún presidente en funciones, en dicho acto el Otto Pérez estuvo acompañado de varios ministros, empresarios canadienses y varios de los alcaldes en apoyo a la empresa Minera San Rafael y Tahoe Resources Inc. Ese mismo día Otto Pérez manifestó:“quiero decirles que el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Energía y Minas, reitera su compromiso con el Estado de derecho y con base en ello reafirman su convicción, la cual establece que todas las actividades extractivas que se realicen en Guatemala deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias que están vigentes, contribuyendo de esta manera al desarrollo social, ambiental y económico de todos los guatemaltecos, en este convenio queda registrada la responsabilidad ambiental y aquí les puedo mencionar muy rápidamente que a la fecha la Minera San Rafael…”6

Por otro lado un militar de carrera Alberto Rotondo, jefe de seguridad de la Minera San Rafael fue ligado a proceso por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y obstrucción a la justicia, en diciembre del 2014 es enviado a prisión y enfrentara un juicio. Esto a raíz de varias acciones represivas planificadas y dirigidas por Alberto Rotondo, hombre de confianza de la empresa. Fuente: (Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) – Alerta Minera Canadá – Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala NISGUA. Diciembre 2014).

…….

1Nelton Rivera. Entrevista al abogado Rafael Maldonado de CALAS. Guatemala, Septiembre 2015.

2Minigwatch Canada. Ministerio Público de Guatemala Cita a Declarar a Director Ejecutivo de Tahoe Resources por Política de Criminalización a Lideres y Lideresas Comunitarias. 17 de octubre 2014.http://www.miningwatch.ca/es/news/ministerio-p-blico-de-guatemala-cita-declarar-director-ejecutivo-de-tahoe-resources-por-pol-tic

3Ibidem.

5Nelton Rivera. Entrevista al abogado Rafael Maldonado de CALAS. Guatemala, Septiembre 2015.

6 Discurso del mandatario Otto Pérez en la reunión pública de firma de acuerdo con Mina San Rafael. 29 de abril 2013. http://www.guatemala.gob.gt/index.php/2011-07-25-15-57-34/item/3615-discurso-del-mandatario-otto-p%C3%A9rez-en-la-reuni%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-firma-de-acuerdo-con-mina-san-rafael