Guatemala Comunitaria

En Guatemala, las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José el Golfo llevan oponiéndose a la construcción del Proyecto Minero Progreso VII Derivada  desde el 1 de marzo del año 2012, cuando  una vecina de San Pedro Ayampuc vio acercrse por la carretera a toda la maquinaria que iba para la mina, atravesó su carro, se colocó frente al convoy y lo hizo retroceder. En ese momento surgió la lucha organizada contra la mina que ahora es propiedad de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima -EXMINGUA-, filial de la  de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates.

Desde entonces La Resistencia pacífica instalada en La Puya, que hace poco se ha convertido en un símbolo en todo el país de lucha de la población contra estos proyectos que atentan contra los bienes naturales, la salud y la vida de las personas, y a pesar de ello, son protegidos por el Estado que utilizan los recursos judiciales y policales para reprimir a estas comunidades.

Por eso ha sido un motivo de mucha alegría que en conferencia de prensa alcaldes auxiliares, comunitarios, la Asociación de Abogados Mayas y el Centro de Acción Legal Ambiental y Social -CALAS- dieran a conocer la resolución de un tribunal de Amparo de fecha 15 de julio por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, que resolvió que el Concejo Municipal de San Pedro Ayampuc realice en quince días las acciones necesarias para  detener los trabajos de construcción del Proyecto Minero Progreso VII Derivada

El amparo interpuesto por los alcaldes  auxiliares de las comunidades El Guapinol y El Carrizal de San Pedro Ayampuc, se aceptó porque EXMINGUA presentó documentos falsos cuando se le pidió entregara una licencia de construcción, que no coincidía con la copia certificada del acta del Concejo Municipal. A pesar de ello, ya ha construido un dique de colas, un tajo, un tunel y un molino de trituración que ya está operando, según corroboró CALAS.

Por lo tanto las comunidades piden públicamente que se respete y se acate lo resuelto por el juzgado que incluye la convocatoria para la “Consulta de Vecinos y Vecinas, al tenor de lo regulado en el Código Municipal y los estándares internacionales.

También “que la empresa EXMIGUA S.A. acate la orden del Tribunal Constitucional y Suspenda las Actividades de Construcción de la infraestructura del proyecto minero, porque ello ya evidencia un inminente riesgo contra nuestra vida”.

Por último piden “al Ministerio Publico, que realice las Investigaciones para establecer la comisión de Delitos Penales de funcionarios públicos, y especialmente contra la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.; por presentar Documentos Falsos ante un Tribunal Constitucional.”

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