Guatemala Comunitaria

4Redes de poder

Consideraciones iniciales

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

Los casos recientes, -que involucran a los diputados Baudilio Hichos y Pedro Muadi-, son un claro indicio que la corrupción ha extendido sus tentáculos también en y desde el Congreso de la República hacia la institucionalidad regional y estructuras empresariales. Asimismo, en las pancartas de rechazo a la corrupción en varias cabeceras departamentales han aparecido de manera recurrente los nombres de legisladores distritales y autoridades municipales, reflejando la percepción de la población sobre la actuación anómala y corrupta de estos personajes regionales y locales.

En la dinámica parlamentaria de los últimos años se ha caracterizado por el bloqueo sistemático de reformas democráticas, mientras abundan las noticias sobre el transfuguismo y las reelecciones de diputados y diputadas. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[1]

En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones más criticadas. Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas las diputaciones, -especialmente las distritales- responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El ensayo “Poderes regionales y la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, -publicado en la Edición #3 de la Revista Revela (http://revistarevela.com) problematiza entorno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del Guatemala, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q. 10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que había alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones. En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

Prensa Comunitaria publicará el contenido del ensayo mencionado en cinco entregas. Para ello reordenamos los capítulos a modo de conocer el fenómeno desde lo particular hacia lo general: 1. Los principales grupos de poder; 2. Las redes del negocio público en lo regional; 3. Las interacciones con actores (inter)nacionales; 4. La democracia guatemalteca y los partidos de tercera generación; y 5. Democracia y su distorsión ilícita.

Prensa Comunitaria publicará en cada entrega también los datos que sustentan la investigación; es decir, los detalles del historial político de los legisladores distritales, así como de las empresas contratistas regionales y nacionales.

[1] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

– Cuarta entrega –

 

Las encrucijadas de la democracia en Guatemala

 

El devenir histórico y las generaciones de partidos políticos

 

La contraposición de la democracia como un ideal y algo realmente existente es una disyuntiva de todas las democracias, también de la guatemalteca. En este sentido, un recorrido por períodos claves de las últimas tres décadas aporta elementos de comprensión.

El momento inmediato de instauración democrática, -mediante la asamblea constituyente desde 1984 y el primer gobierno civil desde 1986-, demuestra factores de ruptura y continuidad. En este contexto se plantearon fundamentalmente dos facetas de continuidad: por un lado, la visión excluyente de la estatalidad guatemalteca, y por otra parte, los partidos políticos que mostraron su apoyo, complicidad y tolerancia durante los regímenes autoritarios.

En la segunda mitad de la década de 1980, “los partidos cómplices del generalato como el Partido Revolucionario PR, Partido Institucional Democrático PID, Movimiento de Liberación Nacional MLN y la Democracia Cristiana Guatemalteca DCG fueron los partidos que predominaron – junto al único nuevo partido exitoso la Unión del Centro Nacional UCN…” (Sáenz, 2007: 147-148). Estos partidos tradicionales (especialmente DCG y MLN), así como la UCN (considerada de primera generación) dieron en cierta medida forma y contenido[1] a la democracia naciente.

Sin duda, el poder militar institucional también constituyó durante la primera década democrática una continuidad, aunque en forma decreciente en el marco de la contradicción autoritarismo-democracia esbozada en estos años. Quizá en la medida que disminuyó la capacidad de veto de los militares sobre la institucionalidad civil, aumentó la influencia extra institucional[2] del poder militar en los ámbitos lícitos e ilícitos de la vida nacional. Y “trazaron una política sui generis”, como afirma Torres-Rivas (2013: 334), para “militarizar el poder y desmilitarizar el gobierno…”

Para inicios de la década de 1990, el narcotráfico se había convertido en un fenómeno de importancia estructural en la región y en Guatemala. No por último, la confluencia de fenómenos macro del flujo sur-norte de la droga y de las redes político-militares de la contrainsurgencia y del anticomunismo centroamericanos (asociados íntimamente a las conspiraciones que se develaron parcialmente en el marco de lo que se conoció como el escandalo Irán-Contra), había contribuido desde la década pasada a la creación y consolidación de organizaciones del tráfico de drogas (ODT) en Guatemala.

La clave consiste en constatar, que Guatemala se enfrentó a la herencia de estructuras de poder crecidas a la luz (y sombra) de la conspiración, represión, contrabando, corrupción, drogas, guerras e intrigas. El fenómeno de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) se había arraigado en el país.

Mientras tanto, el primer gobierno civil, -encabezado por Vinicio Cerezo de la DCG-, había enfrentado múltiples rumores y al menos dos intentos concretos de golpe de Estado, gestados desde las entrañas del ejército en alianza con el empresariado más conservador. En este sentido, la mera sobrevivencia del primer gobierno civil representó una creciente legitimación del sistema político democrático.

El proceso electoral de 1990/91 fue dominado por partidos de primera generación: la UCN y el Movimiento de Acción Solidaria –MAS-, mientras los partidos tradicionales habían quedado debilitados. Jorge Serrano Elías del MAS obtuvo una amplia victoria en la segunda vuelta electoral, y tras dos años de gobierno decidió disolver el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia –CSJ- y la Corte de Constitucionalidad –CC-, así como desconocer a la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH- y la Procuraduría General de la Nación –PGN-.

Este episodio, -conocido como autogolpe o serranazo-, terminó en elecciones parlamentarias extraordinarias y la instalación de un gobierno interino, -a cargo de Ramiro de León Carpio-, hasta 1996. “Dos actores políticos dentro del sistema fueron los principales afectados por este proceso. En primer lugar el proyecto político contrainsurgente y el ejército en su conjunto se vieron seriamente afectados: por primera vez tuvieron que subordinarse al poder civil…” (Sáenz, 2007: 249), y en segundo lugar, esta transición llevó a la muerte política a los partidos tradicionales (DCG, MLN, PR, CAN, etc.), así como al ocaso de la primera generación de partidos que se habían disputado el segundo periodo gubernamental de la era civil (UCN[3] y MAS).

No necesariamente fue la democracia la más fortalecida en esa coyuntura, sino –como argumenta Sáenz (2007: 249)- la pérdida de poder político del ejército se dio “a favor de las élites económicas industriales y modernizantes que se fortalecieron en este proceso. Fue, para describirlo de alguna manera una transferencia de recursos políticos entre las elites (…) [Además] este realineamiento de fuerzas políticas permitió que se abrieran paso a reformas encaminadas a la liberalización económica” (Sáenz, 2007: 249).

Y en el ámbito electoral llegó el momento de la segunda generación: el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG)[4] se consolidarían en los procesos electorales de 1994, 1995 y 1999 como las fuerzas políticas principales a nivel nacional; y desde entonces empiezan a tener expresión las leyes de hierro que se convertirían en características y garante del status quo en la democracia guatemalteca: i) la fluidez en el sistema de partidos políticos, ii) la fragmentación del sistema político, y iii) la volatilidad del voto.

Después de la crisis generada por el autogolpe y en el marco de las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno, pero sobre todo después de la firma de la paz, se inicia una etapa de mayor participación desde abajo[5]. Con la victoria electoral del PAN en 1995, se había viabilizado la firma de la paz firme y duradera en diciembre de 1996, y la contradicción fundamental en el sistema político se modificó. La dicotomía autoritarismo-democracia dio paso al desafío de la consolidación del sistema democrático por la vía de una pluralidad política que probablemente no se había experimentado en la historia guatemalteca, -con excepción de la Primavera Democrática entre 1944 y 1954-.

Los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, la participación electoral de la izquierda, la organización social de mujeres, pueblos indígenas, poblaciones desarraigadas y retornadas y del campesinado, entre muchos otros sectores, así como la apertura de nuevos espacios democráticos plantearon nuevos retos a las fuerzas del status quo, representadas en el PAN y el FRG, -que pese a sus diferencias y contradicciones-, fueron impulsores de una mezcla compleja de democracia, ajuste estructural, reconfiguración elitista y criminalidad compartida/consentida.

En este contexto, no se produjo la consolidación del sistema de partidos y lo sui generis de la política guatemalteca no condujo por ninguno de los caminos de los países vecinos. Ni como en Honduras donde se había instalado un bipartidismo conservador desde su retorno a la democracia a principios de la década de 1980 (y roto en 2009); ni como en El Salvador donde se instauró un bipartidismo derecha-izquierda después de la firma de la paz en 1992; y tampoco como en Nicaragua donde las fuerzas políticas principales durante las últimas décadas han girado entorno a la dicotomía sandinista-antisandinista.

En Guatemala, por el lado conservador, la complejidad propia de la composición de las fuerzas del status quo no permitió la consolidación de la segunda generación de partidos como instrumentos de estabilidad política, sino la dinámica de disputa por el poder llevó a la creación de una tercera generación de partidos, entre éstos: Partido Unionista –PU-, Movimiento Reformador –MR-, Gran Alianza Nacional –GANA-, Partido Patriota –PP-, Unión Democrática –UN-, Libertad Democrática Renovada –LIDER-, Unión del Cambio Nacional –UCN-, Compromiso, Renovación y Orden –CREO-, Visión con Valores –VIVA-, Partido TODOS, Frente de Convergencia Nacional –FCN-[6], Partido FUERZA, y Partido Republicano Institucional –PRI-.

Por el lado progresista, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG- y otros actores sociales,-aglutinados en torno a posiciones de izquierda y la agenda de la paz-, tuvieron su mejor correlación en las elecciones de 1999, colocándose como tercera fuerza política en el escenario nacional. No obstante, las dificultades internas y la lógica clientelar del sistema electoral llevaron a estos actores a la marginalidad política. El partido Unidad Nacional de la Esperanza –UNE-, creado por Álvaro Colóm, tiene sus orígenes parcialmente en estos sectores, sin embargo, su estrategia de crecimiento electoral lo convirtió necesariamente en un actor más del status quo y de la tercera generación.

Si bien “…los acuerdos [de paz] sentaban las bases para la solución de los problemas que originaron el conflicto y constituían (…) una propuesta de desarrollo que fortalecía al Estado y limitaba los alcances de las políticas neoliberales” (Sáenz, 2007: 268), la realidad fue distinta, y con ello, se cerró el paréntesis de una mayor democraticidad a partir de la participación más amplia en el sistema político. Lo sui generis del momento se caracteriza por tanto por un sistema democrático unipolar fraccionado, integrado por múltiples fuerzas particulares y coyunturales (la tercera generación de partidos), que se disputan el predominio político de manera paralela o al margen de poderes extrapartidarios[7], los cuales operan de facto desde lo legal-formal hasta lo ilegal-informal. En otras palabras, unipolar desde el punto de vista de la continuidad del status quo, y fraccionado por la disputa y la interacción de poderes complejamente entrelazados. Se conformó un sistema político dependiente y sin contrapesos, cuyo manejo de poder real se despliega desde complicadas zonas grises y se constituye en garante del status quo.

Esta unipolaridad fraccionada y la desigualdad estructural[8] de la sociedad guatemalteca han interactuado con “la fragmentación política[9] y la utilización de métodos clientelares para captar y mantener a contingentes de electores –no de ciudadanos- (…) [y en este contexto] la vinculación de los electores con los partidos está mediada por el intercambio, asimétrico eso sí, antes que por una identificación política e ideológica” (Sáenz, 2007: 304-305). Una democracia sin opciones políticas definidas y serias, es una democracia apolítica y clientelar.

De esta forma, las disputas políticas de los últimos procesos electorales[10] representaron, -en su esencia-, una contención asimétrica que ha profundizado el arraigo de los principales actores de poder, -lícitos e ilícitos-; rivalizando entre sí por posiciones privilegiadas en una realidad predominada por la liberalización económica y política, la reconfiguración de las élites y la expansión de una criminalidad compleja[11]. Las elites económicas, las redes criminales, los poderes (ex)militares y la clase política, -entre otros-, convivieron y consintieron conscientemente estas zonas grises, y por ende, son corresponsables de su origen y continuidad. Y en tanto, el proceso electoral de 2015 también está predominado por partidos de tercera generación, se está ante la prolongación irreversible del circulo vicioso de la democracia clientelar y apolítica, así como de lo grisáceo de los poderes de facto.

Los partidos de tercera generación

Mientras “…los partidos políticos guatemaltecos nacen y mueren rápidamente, algunos de ellos hibernan, pocos logran crecer, pero ninguno ha logrado sostenerse en el tiempo” (Brolo, 2012: 44), hay otros actores de poder que se perpetúan electoralmente en lo regional. ¿Cómo se produce esta continuidad en un sistema político fragmentado, volátil y fluido?

Ello requiere, en primer lugar, de una exploración del funcionamiento y la estructura institucional de los partidos políticos, -específicamente de la tercera generación-; y en el siguiente apartado, un análisis sobre las dinámicas regionales de personalidades y grupos predominantes.

Es una empresa difícil. Pues, ante la experiencia de los partidos de tercera generación en el ejecutivo y el legislativo, así como ante la aún escasa información disponible sobre las intrincadas redes de corrupción durante los últimos tres periodos (GANA, UNE, PP), -sin excluir por ello las experiencias anteriores-; lo más pertinente es continuar afirmando que “…estamos lejos de entender las dinámicas políticas ocultas…” (Mack, 2006: 26).

En los estudios sobre el sistema político guatemalteco resalta el énfasis en la adjetivación de los partidos como centralizados, verticales, exclusivos, elitistas, débiles, inestables, dependientes, poco institucionalizados, con escasa organización distrital y con baja cohesión, entre otras (ver Lemus, 2012/Novales, 2014/Fortín, 2010/Sáenz, 2007/Brolo, 2013/Ortiz, 2011).

De este conjunto de cualidades se priorizarán tres grupos temáticos para caracterizar los partidos políticos, y que se consideran además claves en su interacción con los poderes regionales:

a) El personalismo, el centralismo y el verticalismo:

Prácticamente todos los partidos de tercera generación fueron organizados por y alrededor de personas que se constituyen en el principal liderazgo de la organización política y “la mayoría de partidos nuevos postulan como candidato presidencial a su fundador” (Lemus, 2012: 12).

Ello ocurrió con la alianza de partidos que se formó a toda prisa alrededor de la candidatura de Óscar Berger[12], así como en la conformación de casi todos los partidos recientes: Álvaro Colom[13] (UNE), Otto Pérez Molina (PP), Mario Estrada (UCN), Manuel Baldizón (LIDER), Roberto Alejos (TODOS), Adela de Torrebiarte (ADN), Roberto González Díaz-Durán (CREO) y un largo etcétera.

Efectivamente, este personalismo no puede pensarse de manera alejada de la herencia de una larga historia de caudillismo y autoritarismo en el Estado guatemalteco, así como del impacto de la creciente importancia del marketing político en las pasadas elecciones. Mientras el caudillo de antaño y el dictador de décadas recientes obedecían a otros andamiajes para ocupar el poder; los partidos de hoy dependen del candidato presidencial como “el producto que se debe vender a la población…” (Lemus, 2013: 47).

No obstante, estos elementos serían insuficientes para describir el personalismo, el centralismo y el verticalismo de los partidos políticos. Evidentemente también el peso financiero propio de la figura central puede amplificar su nivel de influencia en el partido, y por tanto, se acrecentaría el grado de centralización y exclusividad de las decisiones en detrimento de otros integrantes de la organización política. Lemus (2012: 13) afirma que mientras “algunos partidos dependen exclusivamente del liderazgo de su fundador y financista, en la mayoría de partidos el comité nacional es menos exclusivo y sus miembros tienen cierto nivel de influencia. Esto se debe a que esos partidos fueron fundados por varias personas, no dependen del capital económico de uno de ellos, y se enfocan no solo en el poder ejecutivo sino también en el legislativo y las alcaldías”.

En todo caso, es un asunto de negociación e incluso de disputa a lo interno de los partidos, que pasa al menos por dos factores de poder. Por un lado, las atribuciones legales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de un partido político corresponden a un diseño centralizado y vertical (ver Lemus, 2012: 15), que permite un alto grado de decisiones no democráticas desde el referido órgano central sobre cuestiones estratégicas como la organización, la afiliación y la proclamación de candidaturas, entre otras.

Y por otra parte, la integración del CEN corresponde también a la integración de un círculo de confianza alrededor del liderazgo principal. Este círculo inicial, -cofundador del partido político-, se modifica con el desarrollo propio de la institución, integrando a nuevos actores que suman capacidades organizativas y financieras, al tiempo que se expulsan a otros cuyo nivel de influencia disminuye. Y dependiendo del ciclo de vida del partido se convierte en receptor o emisor de actores políticos. Sin duda, los ciclos cortos de los partidos actuales incrementan la frecuencia de estos reacomodos, alianzas y divisiones, provocando un efecto catalizador en la fragmentación y fluidez del sistema político.

En tanto los partidos políticos de tercera generación son actores en una democracia apolítica y su esencia es el personalismo centralizado, el candidato y el partido se funden en el imaginario social en una unidad. Esta unidad, -convertida en marca electoral-, aspira a ganar en determinado momento las elecciones, y así, -al lograrlo- se convierte en el reflejo propio del Ejecutivo presidencialista. El poder está representado y ejecutado por una persona omnipotente, que se desgasta en el ejercicio mismo de su poder ante el incumplimiento de las expectativas generadas por la maquinaria de marketing electoral. Y el partido político se desgasta junto a su presidente.

b) De facto: dependencia político-financiera

En líneas anteriores se ha abordado la complejidad del sistema político unipolar fraccionado, en el cual las fuerzas extrapartidarias juegan un rol de facto. Los partidos de tercera generación difícilmente pueden actuar al margen de esta realidad; es más, existe una serie de indicios que permite afirmar que las instituciones políticas están permeadas transversalmente por estas influencias y/o amparan la participación directa de actores que representan intereses claves de estos ámbitos grisáceos de poder real.

En este contexto, “…el financiamiento privado ha sido la piedra angular sobre la cual descansa el sistema político guatemalteco, lo que reduce el ejercicio del derecho “a ser electo” a una reducida “élite” que puede financiar su propia campaña o conseguir un buen “financista” (…) pero sobre todo condicionan la independencia de los partidos de los grupos o élites económicas, y del narcotráfico, entre otros” (Ortiz, 2011: 299).

Un partido que no cuente con el respaldo político y financiero de algunos sectores de las fuerzas del status quo difícilmente tendría éxito a nivel nacional, y pese a lo intrincado[14] de estas negociaciones, se trata de intercambios relativamente recíprocos entre cúpula partidaria y poderes extrapartidarios[15].

Este análisis no se puede reducir a una disputa entre malos y buenos. Sáenz (2014: 18) argumenta que “en el debate público reciente, algunas facciones de poder se han presentado como capitales tradicionales, supuestamente legítimos, que enfrentan los intereses de los capitales emergentes, que presuntamente son de origen ilícito u opaco. Lo cierto es que en esta disputa, ni los llamados grupos tradicionales están exentos de prácticas ilícitas, ni todos los llamados grupos emergentes se han constituido sobre la base de actividades ilegales”. En todo caso, “las matices anteriores se desdibujan muchas veces a tal grado, que es difícil establecer la línea divisoria entre lo lícito y lo ilícito; y también entre lo legítimo y lo ilegítimo” (Waxenecker, 2014: 30).

En el marco teórico se ha hecho referencia a las complejidades del desmantelamiento y la descentralización del Estado, y en este sentido, no es viable analizar la dependencia político-financiera de los partidos y las dinámicas de disputa por el Estado sin tomar en cuenta los ámbitos regionales. De acuerdo a Novales (2014: 33-36), la organización partidaria local y regional se construye y sostiene alrededor de figuras reconocidas que cuentan además con capacidad económica propia. De esta forma resulta una organización partidaria territorial volátil e inestable, que otorga una relativa autonomía a estos dirigentes locales, que generalmente también son los principales candidatos en los procesos eleccionarios[16]. Esta forma organizativa produce cacicazgos e incentiva el transfuguismo.

Es comprensible, por tanto, que los diputados y las diputadas distritales se coloquen en el centro de interés de los partidos políticos para sostener sus endebles estructuras partidarias y financiar las campañas políticas en los espacios regionales. Este modelo limita la capacidad de los partidos de “estabilizar su presencia territorial y sus posibilidades de desarrollar procesos democráticos internos” (Novales, 2014: vii).

c) El intercambio electoral

Las elecciones, -en su forma de contención asimétrica del status quo y de disputa interelitaria por privilegios-, constituyen momentos estratégicos de reordenamiento y reposicionamiento del poder. En este sentido, la victoria electoral se convierte en la motivación principal del conjunto de actores, viabilizando para ello las divisiones y alianzas más inéditas en el campo político.

Siguiendo el énfasis en las interacciones entre los partidos políticos y las figuras regionales, la trayectoria del diputado distrital Reynabel Estrada Roca del departamento de Quiché ofrece datos interesantes. Después de 10 años al frente de la municipalidad de Pachalum, acumulando capital político y económico, comenzó su carrera legislativa con la alianza PP-MR-PSN a partir del año 2004, encontrando continuidad en el partido GANA (2008-2012). En las elecciones de 2011 se postuló nuevamente como candidato; esta vez con la alianza UNE-GANA; donde coincidió con la otrora cúpula departamental eferregista (Mario Israel Rivera Cabrera y Carlos Enrique López Girón). Esta alianza temporal le permitió mantener su posición en el Congreso; iniciando en el actual periodo legislativo una confusa dinámica tránsfuga por los partidos UNE-GANA, GANA, CREO, TODOS, LIDER y PP.

En efecto, Estrada Roca no es un caso aislado, ya que “a septiembre de 2014, 85 diputados electos para la legislatura 2012-2016 cambiaron de partido…” (Novales, 2014: 2), y en las agonías de los escándalos de corrupción entre abril y mayo de 2015, -así como en las cercanías de las elecciones de septiembre próximo-, esta dinámica se acelera. Diversos estudios han hecho referencia a la temática, coincidiendo en términos generales que el fenómeno está relacionado al diseño de la democracia guatemalteca y que sobrepone los derechos individuales de los diputados sobre los derechos colectivos de los partidos políticos y del electorado (ver Fortín, 2010: 143).

Si bien el enfoque del análisis de Fortín (2010) es diferente[17], la descripción que ofrece de las motivaciones individuales del tránsfuga es aleccionadora: “…el diputado ambicioso hace una sumatoria entre los recursos que la organización le ofrece (tanto colectivos como privados) y los propios. A ese resultado descuenta sus costos de asociación con el colectivo y los costos de transacción asociados a la migración y decide participar con uno u otro dependiendo de cuál le permite disfrutar de una mejor condición” (2010: 143).

En este orden de ideas, entre el partido y las diputaciones intermedia un cálculo de costo-beneficio. En especial en el periodo electoral, el partido político cede la marca y una determinada posición en las encuestas de preferencia; a cambio de organización regional, financiamiento para la campaña local y cierto caudal de votos que pertenecen al diputado o la diputada. Y por otra parte, la actuación de la diputación se rige, -de acuerdo a Fortín-, por “tres categorías de intereses: electorales, ideológicos y de carrera política. La valoración que haga el diputado entre la reelección, su postura ideológica y su carrera política definirá en gran medida su conducta en la arena legislativa” (Fortín, 2010: 145).

En tanto, se está en un sistema unipolar, -cuando de posición frente al status quo se trata-, el recurso ideológico pierde significativamente en importancia. De esta cuenta, las motivaciones individuales del diputado o la diputada se reducen a intereses personales de ascenso político y reelección; y para ello, la marca partido se vuelve una cuestión de mercadeo y no de plataforma político-ideológica.

En esta lógica, el partido que en determinado momento encabeza la preferencia de votos de cara al siguiente proceso electoral es el líder del mercado y el mejor cotizado, y por tanto ejerce un efecto de gravedad, atrayendo a las diputaciones que se esperan beneficios propios al integrarse a esta agrupación; que en esencia es el interés de la reelección.

Al mismo tiempo, las figuras regionales más cotizadas serían aquellas que han acumulado poder económico, político y social en su distrito electoral, aportando a la consolidación temporal del partido. Los diputados de un mismo distrito compiten entre sí, -y también frente a nuevos liderazgos regionales-, por las mejores posiciones electorales, dado que el transfuguismo no tiene límites legales y representa un costo social bajo[18]. Ciertas pugnas por el predominio regional son constantes, y no por último, el resultado electoral mismo se traduce en reordenamientos del poder en los departamentos.

Conforme los diputados y diputadas han acumulado poder propio, el relacionamiento entre esta figura regional y los partidos políticos, -en su forma de marca electoral-, se puede comprender a partir de un intercambio electoral-mercantil de doble vía entre polos de poder. Esa bolsa de valores se ha vuelto continua, provocando cismas y consorcios en todo su esplendor.

Notas

[1] “Igualmente se restableció un sistema político y de partidos políticos en cuyo interior se desenvolvieron sub proyectos dentro del proyecto general contrainsurgente (…) Se conformó un sub proyecto reformista impulsado por la DCG (…) un proyecto doctrinariamente anticomunista y conservador impulsado por el MLN; y, un proyecto liberal impulsado por el nuevo partido Unión del Centro Nacional. Estas tres fuerzas políticas prácticamente empataron en las elecciones para la constituyente y elaboraron de común acuerdo una constitución que no atentaba contra el marco general previamente establecido por el ejército” (Sáenz, 2007: 253f.).

[2] Además de CIACS, “[e]n lo extra-institucional, se afianzaron también otros factores del poder militar: la seguridad privada, asociaciones pro-castrenses y estructuras paramilitares, – especialmente a nivel local-“ (Waxenecker, 2014: 3).

[3] El candidato presidencial de 1990, Jorge Carpio Nicolle, fue asesinado en 1994 (ver Robles, 2002: 91-101).

[4] “En las elecciones parlamentarias anticipadas de 1994, los grandes ganadores fueron el PAN, que (…) era un proyecto pro empresarial modernizante y el Frente Republicano Guatemalteco FRG, partido encabezado por el ex dictador Efraín Ríos Montt que no sólo era la expresión de la derecha conservadora sino de sectores de la burguesía que por el hecho de no pertenecer a la aristocracia criolla no eran aceptados dentro del núcleo oligárquico de la clase dominante” (Sáenz, 2007: 249-250).

[5] Entre 1994 y 1996, “…una salida intermedia para promover una mayor participación social fue la creación de una Asamblea de la Sociedad Civil (ASC). En esta participaron de manera voluntaria organizaciones sociales aglutinadas en “sectores” que incluían el religioso, sindical, indígena, mujeres, cooperativistas, académicos y centros de investigación, etc., para discutir los temas sustantivos establecidos en la agenda de negociación y proponer a las partes los contenidos de estos (…) aglutinaba las propuestas y demandas de los grupos que habían sido excluidos del pacto democrático de principios de la década anterior” (Sáenz, 2007: 262).

[6] El FCN “surgió por iniciativa de un grupo de militares retirados. La idea germinó durante la conmemoración del día del Ejército (30 de junio) en el año 2004. En esa oportunidad, la Asociación de Veteranos Militares convocó, como lo hacía regularmente desde mediados de 1995, a la realización de una caravana alegórica para celebrar tal acontecimiento“ (Sanabria, 2012: 41).

[7] “…la realidad guatemalteca de hoy no es un simple tablero de ajedrez con dos colores opuestos, sino más bien un tejido complejamente entrelazado, en el cual predomina la interacción entre diferentes facciones de los poderes fácticos en función de intereses muy diversos” (Waxenecker, 2014: 4): empresarial, político, (ex)militar, religioso, criminal e institucional. En palabras de Torres-Rivas (2010: 2), una parte de la problemática se refleja en “…la creciente presencia de poderosos actores criminales y el llamado «Estado-paralelo» en Guatemala (…) [y] la ideología neoliberal a la que desde los 80 adhirieron las elites conservadoras en el poder fomentó aún más la concentración de la riqueza social.“

[8] “Es difícil precisar cuánta democracia soportan las desigualdades o cómo la democracia convive con la pobreza. Pero sí sabemos que las amenazas no solo provienen del mar de pobreza, sino de la desorbitada concentración de la riqueza (…) [L]as desigualdades (sociopolíticas, culturales, étnicas, de lugar, género, edad…), tal como hoy ocurren en estas sociedades, refuerzan los síntomas negativos de las democracias malas: mercado libre para el narconegocio, desbordes criminales imparables, impunidad y Poder Judicial impotente, bienes públicos escasos y de difícil acceso, infinitas formas de ilegalidad; es decir, una erosión del Estado de derecho o dificultades para su constitución (Torres-Rivas, 2010: 2-3).

[9] Hasta el 19 de marzo de 2015, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) registra un total de 28 partidos inscritos y vigentes y 8 partidos en formación. (Fuente: www.tse.org.gt)

[10] La segunda vuelta electoral en los comicios pasados se había configurado de la siguiente manera: Elecciones 2003: GANA – FRG; Elecciones 2007: UNE – PP; y Elecciones 2011: PP – LIDER.

[11] Para profundizar el análisis: Exposición del Dr. Luis Jorge Garay-Salamanca en el foro “Los nuevos caminos de cooptación del Estado”, Fundación Myrna Mack, Universidad Rafael Landívar, ASIES, ODHA, Impunity Watch, Open Society Foundation, 24 de Marzo de 2015). Audio disponible en: http://www.cicig.org/index.php?page=not_022_20150324

[12] La derrota electoral del PAN en 1999, “más la posterior lucha en torno a la potestad de elegir al candidato a la Presidencia lleva en el 2002 a una fractura importante dentro de las filas del PAN, lo que produce la salida de algunos dirigentes y a la formación de un partido, el Partido Unionista, aglutinado alrededor de Fritz García Gallont (secretario general) y Álvaro Arzú (actualmente, alcalde de la Capital), y una coalición, la Gran Alianza Nacional (GANA), conformada por un grupo de dirigentes disidente del PAN (el M17), sin estructura partidaria, más tres partidos (PP, MR y PSN), todos ellos aglutinados alrededor de la figura de Óscar Berger (Mack, 2006: 23).

[13] En las elecciones de 1999, “…la URNG formó la denominada Alianza Nueva Nación (ANN) junto al partido Desarrollo Integral Auténtico (DIA), postulando como candidato presidencial al ingeniero Álvaro Colom. Para las elecciones del 2003 participaron por separado los partidos URNG, la ANN –ya constituida como partido político– y el candidato Álvaro Colom con su partido político Unión Nacional de la Esperanza (UNE)” (Fortín, 2010: 157).

[14] “Aunque la ley prohíbe expresamente las donaciones “anónimas”, la regla en este país ha sido el anonimato, así como la donación de recursos en especie, que luego se cobran con favores o privilegios políticos” (Ortiz, 2011: 312).

[15] “…los intereses de los financistas pueden estar en obtener contratos para la construcción de obra pública (…), la concesión de bienes públicos, tales como frecuencias radioeléctricas (…), o la obtención de privilegios a través de política pública y legislación (…) [Además] en ocasiones el financiamiento partidario puede tener características defensivas, buscando evitar ser extorsionado por un funcionario electo, o evitar que un candidato del cual se desconfía llegue al poder” (Novales, 2014: 40).

[16] “…contar con recursos puede ser determinante para que dichos líderes ocupen las primeras casillas en los listados de cargos de elección popular (…) [y] las campañas locales suelen ser financiadas por el propio candidato, con apoyo de familiares y amigos, o empresas y organizaciones locales (…) [Éstos] son espacios en donde puede filtrarse el financiamiento proveniente de actividades ilícitas, entre las cuales se menciona con especial frecuencia el narcotráfico” (Novales, 2014: 33-36).

[17] Fortín (2010) argumenta que su trabajo se aleja del tradicional análisis normativo de la política en Guatemala y se centra en el cálculo individual del diputado o la diputada, defendiendo la tesis que “…migrar de un partido a otro es una decisión estratégica orientada a maximizar su función de utilidad, donde el legislador evalúa los costos y beneficios de pertenecer a cierta bancada en determinado momento y decide colaborar en una u otra sobre la base de cuál le permite obtener una mejor renta” (2010: 163).

[18] “…es comúnmente aceptado que los costos de transacción son bajos en sistemas donde: hay una baja institucionalización partidaria y una alta volatilidad electoral; las marcas partidarias son poco claras o distinguibles; y los partidos proveen pocos recursos para las carreras electorales parlamentarias” (Fortín, 2010: 147).

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