Guatemala Comunitaria

Redes de poder

 

Consideraciones iniciales

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

Los casos recientes, -que involucran a los diputados Baudilio Hichos y Pedro Muadi-, son un claro indicio que la corrupción ha extendido sus tentáculos también en y desde el Congreso de la República hacia la institucionalidad regional y estructuras empresariales. Asimismo, en las pancartas de rechazo a la corrupción en varias cabeceras departamentales han aparecido de manera recurrente los nombres de legisladores distritales y autoridades municipales, reflejando la percepción de la población sobre la actuación anómala y corrupta de estos personajes regionales y locales.

En la dinámica parlamentaria de los últimos años se ha caracterizado por el bloqueo sistemático de reformas democráticas, mientras abundan las noticias sobre el transfuguismo y las reelecciones de diputados y diputadas. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[1]

En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones más criticadas. Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas las diputaciones, -especialmente las distritales- responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El ensayo “Poderes regionales y la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, -publicado en la Edición #3 de la Revista Revela (http://revistarevela.com) problematiza entorno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del Guatemala, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q. 10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que había alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones. En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

Prensa Comunitaria publicará el contenido del ensayo mencionado en cinco entregas. Para ello reordenamos los capítulos a modo de conocer el fenómeno desde lo particular hacia lo general:

1. Los principales grupos de poder;

2. Las redes del negocio público en lo regional;

3. Las interacciones con actores (inter)nacionales;

4. La democracia guatemalteca y los partidos de tercera generación; y

5. Democracia y su distorsión ilícita.

Prensa Comunitaria publicará en cada entrega también los datos que sustentan la investigación; es decir, los detalles del historial político de los legisladores distritales, así como de las empresas contratistas regionales y nacionales.

[1] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

 

- Primera entrega -


Grupos de Poder Regional (GdPR)

En primer lugar es importante constatar que las élites económicas nacionales han utilizado permanentemente al Estado como instrumento para la acumulación originaria, maximizar ganancias, socializar costos y pérdidas privados, y financiar su consolidación económica, entre otras. Sin embargo, en las últimas 3 décadas han cambiado las condiciones institucionales del régimen político y del Estado, así como la composición misma de las élites económicas; y con ello, el énfasis de la obtención de rentas a partir del Estado se ha concentrado en i) la transformación de los mercados financieros, ii) la privatización de sectores claves, y iii) el desmantelamiento de funciones y capacidades estatales.

Esa tercera vía del desmantelamiento y de la descentralización del Estado resulta especialmente relevante, a partir de trasladar, comprar y/o subcontratar bienes y servicios a empresas privadas. La gama de negocios es amplia: venta de medicamentos, construcción de obra gris, emisión de licencias, espacios de publicidad, venta de vehículos, muebles, equipos, combustibles y un largo etcétera.

La relación económica con el Estado puede ser, -desde el punto de vista empresarial-, una fuente importante de ingresos, y por ello, los procesos de adjudicación de los contratos públicos son susceptibles a corrupción, tráfico de influencias y abusos; y sin duda, “asistimos a una nueva forma de disputar el reparto del PIB donde hay nuevos actores que también luchan por el control del “centro político” practicando ilegítimas formas de acumulación a gran escala y que requieren del control de las compras del Estado…” (Valdez, 2013: 2).

Además, el traslado del poder hacia las regiones puede ser problemático, y según Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2012: 48), es “fácil encontrar Estados frágiles que adoptan modelos de descentralización que no se ajustan a sus características y realidades particulares, las cuales pueden incluir agentes criminales poderosos con amplia capacidad de acción en el plano local.”

Lo cierto es que se ha conformado un ámbito regional irrumpido por complejas zonas grises, en el cual coexiste una variedad de actores que intentan moldear las instituciones del Estado de acuerdo con sus intereses[1] e interactúan en lo político y lo económico, así como en lo lícito y lo ilícito.

En estas zonas grises resalta el rol central de las diputaciones distritales y la intrincada dinámica del transfuguismo partidario de quienes se vuelven a reelegir una y otra vez como representantes legislativos de sus regiones. ¿Se trata de elites regionales que representan determinados intereses de desarrollo territorial ó se está ante un fenómeno de grupos de poder regional que han conformado redes de influencia político-económica en función de beneficios particulares?

Sáenz (2014: 53-54) afirma que con “excepción de la elite de los altos en Quetzaltenango en el siglo XIX, es difícil pensar en la existencia de elites regionales en el sentido estricto del término. Sin embargo, y en el marco de la interacción entre líderes políticos regionales, grupos de proveedores del estado locales, e intermediarios políticos puede constatarse la existencia de grupos de poder regional/local, que tienen una influencia decisiva en la política de los departamentos y municipios.”

En el caso guatemalteco, un estudio sobre estos Grupos de Poder Regional (GdPR) en el departamento de Petén aporta conceptualizaciones importantes:

“Los grupos de poder regional son redes de familias y personas que a partir de su inserción en la política partidista han logrado construir una base material y financiera – generalmente asociada al control de la obra pública – qué les permite reforzar su posicionamiento político y ampliar su radio de influencia de lo local a lo nacional…” (Sin autor, 2011: 154).

 “La política como base de acumulación es central para la comprensión de estos grupos, que desde cargos de elección popular, principalmente alcaldías y diputaciones, logran articular, mediante el control de la obra pública, redes de clientela política y entramados de negocios. El éxito en el control de la obra pública les permite fortalecer su base social a través de distintos tipos de intercambios y ampliar su influencia política” (Sin autor, 2011: 24-25).

 

Los poderes regionales se perpetúan

En consecuencia es necesario analizar las dinámicas regionales de personalidades y grupos predominantes. Pero, ¿es verdad que existen poderes regionales que se han perpetuado en el Congreso de la República? – ¿Cómo estarían actuando para acumular y defender su poder?

En los datos de reelección de diputados y diputadas se encuentra un primer indicio de este continuismo legislativo, que se ha estabilizado alrededor del 44%[2] en los últimos dos comicios. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[3]

La representación en el Congreso está regulada por la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), y “se debe elegir un diputado por cada 80 000 habitantes que conformen cada uno de los 23 distritos correspondientes a los diferentes departamentos del país, con excepción de Guatemala, en donde la capital representa uno distinto. Adicionalmente, se eligen 31 diputados por lista nacional, que equivalen a un cuarto del total de diputados distritales” (Blas/Brolo, 2012: 2). En este marco, la indagación específica de este ensayo se centra en el continuismo en los distritos electorales que representan los 22 departamentos del país.

Revisando el historial[4] se observa una compleja dinámica de reelección y transfuguismo de las y los legisladores distritales actuales y se evidencia un claro comportamiento de perpetuidad. Los datos confirman dos razonamientos importantes. Por un lado, se evidencia el peso de los distritos electorales, -correspondientes a los departamentos-, en la dinámica de reelección. Un total de 44 diputados y diputadas que se reeligieron en 2011 provienen de las listas electorales regionales, representando el 27.8% del total de curules y el 63.7% del conjunto de reelecciones legislativas de aquel año.

Por otra parte, se refleja la direccionalidad de la volatilidad: de los 50 diputados y diputadas seleccionadas, la información disponible al momento[5] indica que 23 intentarán su reelección en 2015 con LIDER, 17 con el PP, 7 con la UNE, dos con el PU, y uno con el partido TODOS. Aunque no se tiene aún certeza en cuanto a las candidaturas; esta constelación tiene similitudes con los resultados de las encuestas de preferencia de votos de principios del año 2015: “el precandidato de Líder cuenta con la preferencia del 33.6 por ciento de ciudadanos; Torres [UNE] goza de la simpatía del 12.9 por ciento, y Sinibaldi[6], quien sería el candidato oficialista, recibió la aprobación del 10.9 por ciento.”[7] En todo caso, -pese a lo difícil de valorar el impacto de la actual crisis en la opinión electoral de la población[8]-, se puede inferir que el partido favorito en efecto es el mejor cotizado por parte de las y los legisladores en la lógica del intercambio electoral-mercantil entre polos de poder. Sin embargo, también se demuestra que nunca se llega a una concentración absoluta, manteniendo una distribución del poder entre los partidos emergentes, en apogeo o en declive.

Más importante aún es el impacto territorial, ya que la perpetuidad legislativa se observa en 21 departamentos, con excepción de Zacapa. En este sentido, los poderes regionales se han convertido en un factor trascendental de la dinámica político-electoral en Guatemala, representando incluso un elemento de estabilidad y prolongación para un sistema político fraccionado y volátil.

Este fenómeno convierte a estos actores regionales en protagonistas de importancia nacional, -en especial las diputaciones distritales-. Sin embargo, en los análisis de la democracia electoral guatemalteca ha tenido poca cabida hasta ahora.

Por tanto, las siguientes indagaciones deben dirigirse hacia el origen y la actuación de estos poderes regionales perpetuados.

Entre los diputados más antiguos se encuentran Iván Arévalo, Pablo Duarte, Haroldo Quej, Arístides Crespo, Mario Rivera, Baudilio Hichos, Edwin Martínez y Leonel Soto Arango. Su permanencia en el Congreso data al menos desde 1995. Cinco de ellos militaban en el FRG, mientras a PAN, UCN y UD pertenecía uno, respectivamente. De los diputados electos por primera vez en 1999, solamente dos continúan en la actual legislatura: uno del PAN y otro del FRG. El balance evidencia que la gran mayoría de diputados de la década de 1990 tiene sus raíces en la segunda generación de partidos políticos, e incluso, unos pocos han participado también en la primera.

Los diputados y diputadas, -cuyo origen se remonta a las elecciones del año 2003-, representan la mayor parte de quienes continúan ocupando una curul en la actualidad: PP-MR-PSN (8), UNE (5), FRG (3), PAN (1), UD (1). De esa cuenta, un total de 18 legisladores de la época permanecen aún en el Congreso. Otros quince parlamentarios han perdurado en su puesto desde el 2007: UNE (8), GANA (3), PP (2), FRG (1) y PU (1); confirmándose también el traslado del peso político hacia los partidos de tercera generación con el cambio de milenio.

De esa forma, se pueden identificar diferentes periodos que dieron inicio a este fenómeno. Desde los años 90s, ciertas estructuras regionales del militarismo eferregista han encontrado vías de permanencia en el escenario político guatemalteco, mientras las fuerzas del PAN se diluyeron en una serie de divisiones. Asimismo, los partidos gobernantes dejaron la herencia de un número considerable de diputaciones perpetuadas, como ha pasado con la alianza PP-MR-PSN en 2003 y la UNE en 2007, o como está pasando con el PP a partir de las elecciones de 2011.

Origen partidario de diputaciones distritales perpetuadas: 1995 – 2015

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En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones menos valoradas. De acuerdo con el estudio Cultura política de la democracia en Guatemala, 2010, 63.4% de la población tiene poca confianza en el Congreso de la República. Esto, en parte, se debe a que los diputados no han logrado cumplir a cabalidad con sus funciones” (Blas/Brolo, 2012: 2).

Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas figuras regionales responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El comienzo de los GdPR coincide con el fin de las mayorías legislativas, el ocaso de los partidos de segunda generación[9] y el cierre del paréntesis de mayor democraticidad en los primeros años del nuevo milenio. Mientras los gobiernos de DCG (1986), PAN (1996) y FRG (2000) “iniciaron su administración ocupando más de la mitad de escaños en el organismo legislativo” (Brolo, 2012: 47), los gobiernos de PP-MR-PSN (2004), UNE (2008) y PP (2012) han encontrado una correlación menos favorable en el Congreso de la República.

Esta situación de fraccionamiento de las fuerzas políticas “generó una aspiración al consensualismo que se logró, en parte, a través de intercambios clientelares: el Ejecutivo facilitaba asignaciones presupuestarias a fin de contar con el apoyo de actores clave que le garantizaban votos suficientes.”[10] Esta dinámica de corrupción y clientelismo fue duramente criticada durante el gobierno de Óscar Berger, cuando se utilizó el Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (PACUR) con la finalidad de asegurar votos favorables en el Legislativo en apoyo a iniciativas de interés para el Ejecutivo.

Las políticas de ajuste del Consenso de Washington se tradujeron en tiempos de paz en una problemática dinámica de privatización y desmantelamiento del Estado[11]. En la práctica, el gobierno del FRG “nos legó la descentralización y la desconcentración del Ejecutivo por medio de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural[12]. Una iniciativa muy loable en su espíritu pero desastrosa en su aplicación: es una de las fuerzas que reforzó el cacicazgo de alcaldes y diputados distritales, y un factor que expandió y consolidó la corrupción.”[13]

En el contexto complejo de fraccionamiento, consensualismo, privatización y descentralización se facilitó la canalización de más recursos para la obra pública hacia las regiones, y “de manera paralela al aumento de los recursos para inversión, el Estado fue perdiendo capacidad para la ejecución de obra pública: cada vez más fue puesta en manos de empresas privadas, lo que convirtió al tráfico de influencias en una diferencia sustantiva en la adjudicación de la obra. Espacios que originalmente podían convertirse en ámbitos de diálogo sobre el desarrollo municipal (los concejos municipales), departamental (consejos de desarrollo) y nacional (el Congreso) se convirtieron también en lugares donde se negociaba la obra pública. De esta forma, paulatinamente fueron convirtiéndose en instrumentos para el enriquecimiento ilícito. En muchos casos, la política se redujo a la negociación de la obra pública y a otro espacio para la acumulación” (Sin autor, 2011: 155).

Como se ha mencionado, desde la segunda mitad de la década de 1980, el crimen organizado relacionado a la droga se ha convertido en un elemento estructural de la realidad guatemalteca, en el marco de “la conformación de la geopolítica del narcotráfico en la región, que identificó a Guatemala como eslabón estratégico de acceso a los grandes mercados de la droga en Norteamérica” (Gutiérrez/Méndez, 2012: 113). La mayoría de las ODT tienen sus zonas de operación en los departamentos del interior de la República, donde coinciden territorialmente con las áreas de influencia de las diputaciones distritales. En la práctica, muchos de los negocios y las prácticas de enriquecimiento ilícito[14] también se interrelacionan con las CIACS.

De esta manera, la corrupción sistemática, las privatizaciones y contrataciones arbitrarias, así como los negocios abiertamente ilícitos fueron constituyéndose en zonas grises de fuentes de enriquecimiento, que permitieron también la inserción de personajes regionales poderosas en la competencia de la economía legal y la política partidaria, adquiriendo características de GdPR. Las fronteras y las interacciones entre lo lícito-ilícito y legítimo-ilegítimo se tornan más complejas e indefinidas.

En este ensayo es imposible reconstruir las dinámicas particulares de origen y modus operandi de cada GdPR[15]; en cambio, si es factible identificar los principales GdPR en los distintos departamentos y analizar las áreas comunes de interfase que caracterizan a estos poderes regionales.

Caracterización del poder regional en la actualidad

En el país se identifican 27 Grupos de Poder Regional (GdPR) que se han consolidado en 16 departamentos del país. Son aquellos grupos que muestran una permanencia constante, -al menos de uno de sus integrantes-, en el Congreso de la República por tres o más períodos legislativos. También se consideran GdPR aquellos casos de dos periodos legislativos, que han adquirido importancia nacional de manera acelerada por factores adicionales[16].

Asimismo, se observan al menos 7 grupos de poder en formación en seis departamentos. Son aquellos grupos que cumplen dos periodos en el Legislativos y no se enfrentan a la competencia de un GdPR consolidado en su distrito. También se toman en cuenta diputaciones específicas con un periodo legislativo, habiendo sobresalido por arraigo regional, notoriedad partidaria y/o disputa efectiva frente a grupos establecidos[17]. Esos grupos adquieren especial importancia, ya que podrían consolidarse a partir del próximo evento electoral, y de esa manera completar el mapa de los GdPR en Baja Verapaz, Retalhuleu y Santa Rosa y disputar cuotas de poder en Huehuetenango y Quiché.

En el mapa resaltan también cinco clanes familiares de poder local cuyo centro de poder radica en una municipalidad, y que han logrado representación legislativa de alguno de sus integrantes. Se trata de las familias Medrano, Coro y Rivera en Guatemala, así como de Paniagua en Quetzaltenango y Recinos en Santa Rosa.

Las diputaciones nacionales identificadas en el mapa se refieren a legisladores que han adquirido un nivel de influencia a escala mayor, ya sea a lo interno de un partido, en el propio Congreso y/o a partir de sus vínculos regionales[18]. Son factores de potenciación de su nivel de influencia desde lo regional hasta lo nacional.

Mapa de distribución geográfica de poderes regionales

 photo_2015-06-25_22-02-32Elaboración propia.

Nota: En los símbolos respectivos se indica la cantidad de grupos conformados en el departamento correspondiente. Las “diputaciones nacionales” también se identifican para reflejar el fenómeno, aunque en Petén, Alta Verapaz y Suchitepéquez coinciden con integrantes de grupos regionales.

En conjunto, los 34 GdPR, -consolidados o en formación-, y los 5 clanes familiares de poder local alcanzan una presencia en veintiún departamentos de la República. Como se ha observado anteriormente, la única excepción es Zacapa[19]. En todo caso, hay que resaltar que prácticamente toda la República está siendo traspasada por las redes de influencia de estos grupos, perpetuándose en el poder regional a partir de su posición privilegiada en el Legislativo. Los GdPR se han constituido en un fenómeno de importancia nacional con la capacidad sostenida y sistemática de influir, negociar, definir y operar en la institucionalidad democrática central, regional y local.

En efecto, -como se planteó en el marco teórico-, se han conformado redes alrededor de figuras regionales, cuya base de acumulación política y económica radica en los departamentos, y que a partir de su posición estratégica en el Congreso han logrado proyectarse a nivel nacional. Su continuidad está dada por asociaciones electoral-mercantiles antes que por lealtades políticas. Asimismo, se ha planteado que la actuación y articulación de los GdPR gira alrededor del control de los entramados de la obra pública, el intercambio con otros grupos y actores de poder, así como la consolidación de su capital político y social en las regiones. Estos ámbitos del ejercicio de poder constituyen el énfasis de las siguientes indagaciones.

Anexo:

Continuismo y transfuguismo de diputados y diputadas distritales actuales: 1995 – 2015

 tabla 2tabla 2tabla 2tabla 2

Elaboración propia con información de:

  • Congreso de la República de Guatemala (Fecha de consulta: 25 de mayo de 2015)

http://old.congreso.gob.gt/gt/diputados.asp

http://www.congreso.gob.gt/legislaturas.php

  • De Maldonado, Karin (coord.), 2010: El Congreso de la República de Guatemala, I. Monografía del Congreso de la República 2008-2012, II. Panel de comentaristas, 24 de noviembre e 2010. Guatemala. ASIES-KAS, pp. 81-121
  • La columna correspondiente a las elecciones de 2015 se construyó a partir de las fuentes anteriores y se completó con fuentes periodísticas (Fecha límite de consulta: 27 de mayo de 2015).

Grupos de poder regional conformados en Guatemala (2015)

Tabla 3Tabla 3Elaboración propia.

[1] “En cuanto a la “captura del Estado”, la literatura especializada y el comentarismo político ha tendido a asumir que “solo los chicos malos tratan de capturar el Estado” (…) Ahora bien, el problema es que existen multiplicidad de actores, nacionales e internacionales que intentan moldear las instituciones del Estado de acuerdo con sus intereses (…) En síntesis, son diversos los actores que buscan capturar el Estado; algunos lo hacen a través de victorias electorales legítimas, otros a través de la compra de elecciones. Algunos operan a través de la violencia y la intimidación, otros infiltran en el estado para crear estructuras clientelares que muchas veces son más poderosas que los partidos…” (Sáenz, 2014: 17).

[2] Datos de reelección de diputados y diputadas: Comicios 1990: 23 reelecciones de total de 116 curules (19.8%); Comicios 1994: 12 reelecciones de total de 80 curules (15.0%); Comicios 1995: 35 reelecciones de total de 80 curules (43.8%); Comicios 1999: 44 reelecciones de total de 113 curules (38.9%); Comicios 2003: 47 reelecciones de total de 158 curules (29.7%); Comicios 2007: 69 reelecciones de total de 158 curules (43.7%); Comicios 2011: 69 reelecciones de total de 158 curules (43.7%). (Fuentes: Fortín, 2010/ASIES, 2012)

[3] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

[4] En la revisión se priorizaron los distritos electorales que coinciden con los 22 departamentos, incluyendo el departamento de Guatemala. Se seleccionaron 50 diputados y diputadas, cuyo continuismo y/o nivel de influencia es clave en el análisis regional. Fuentes: De Maldonado, 2010: 81-121; Congreso de la República (http://old.congreso.gob.gt/gt/diputados.asp y http://www.congreso.gob.gt/legislaturas.php); Reportes periodísticos (Fecha límite de revisión: 27 de mayo de 2015).

[5] Esta constelación aún puede variar, tomando en cuenta que aún no se tienen las inscripciones confirmadas de las candidaturas por parte del TSE. Asimismo, la coyuntura actual de crisis y protesta puede tener efectos en la dinámica de definición de las aspiraciones de reelección. Y no por último, las propias negociaciones internas de los partidos aún no han concluido; y ello puede modificar el escenario.

[6] En enero de 2015, Alejandro Sinibaldi fue precandidato a la presidencia por el PP. El renunció en abril de 2015 a su participación con ese partido.

[7] Fuente: Morales, Sergio (Prensa Libre): Tres aspirantes destacan en preferencia, 15 de enero de 2014

[8] La encuesta publicada por la Revista Contrapoder y Canal Antigua a principios de junio de 2015 muestra modificaciones en la intención de voto de la población. El repunte de la candidatura de Jimmy Morales parece reunir características de la lógica personalista, apolítica y electoral-mercantil de la democracia guatemalteca, correspondiendo a la dinámica volátil de la tercera generación de marcas partidarias. Asimismo, el origen propio del FCN es expresión de lo sui generis de la contradicción autoritarismo-democracia de las dos últimas décadas del siglo pasado. En todo caso, es importante conocer las candidaturas definitivas de los partidos políticos y tener acceso a otras encuestas, para poder analizar las tendencias con mayor objetividad.

[9] El cisma de los partidos de segunda generación tuvo su epicentro primero en el PAN. Probablemente, entre 1994 y 1999 el sistema político guatemalteco estuvo cerca de la instauración de un bipartidismo conservador (PAN-FRG), sin embargo, las divisiones internas entre los panistas propiciaron la desintegración de esta fuerza política. No se trata de emitir un juicio de valor si un sistema bipartidista hubiese sido mejor o peor para el país; pues, en el marco de la democracia unipolar difícilmente los resultados tuviesen un enfoque diferenciado al de las fuerzas del status quo. Lo cierto es que el incipiente bipartidismo fracasó, primero por el fraccionamiento del PAN, y segundo por la actuación propia del FRG en el ejercicio del poder.

[10] Fuente: Ugalde, Luis Carlos (Revista Nexos): Clientelismo presupuestario, 1 de septiembre de 2014

[11] Según Gutiérrez y Méndez (2012: 113), el Estado guatemalteco ha fallado “en su misión central de procurar bienestar y seguridad. Tampoco las reformas de primera generación que, en el marco de los programas de ajuste estructural, se pusieron en marcha desde la década de 1990 cristalizaron en un aparato más eficiente. Al revés, han dado paso a graves distorsiones funcionales y a desórdenes administrativos que, a su vez, impactaron de manera negativa sobre la calidad del gasto público y, consiguientemente, afectaron la ya insuficiente legitimidad social del Estado.”

[12] “La legislación aprobada en 2002 incluyó una nueva Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, un nuevo Código Municipal y la Ley General de Descentralización. Estas versiones revisadas y ampliadas de las leyes aprobadas durante el gobierno del presidente Cerezo fortalecieron a los gobiernos municipales y a los consejos de desarrollo, especificando como prioridad las facultades de las municipalidades para realizar convenios y ejecutar contratos de infraestructura” (Barrientos/Figueroa en: Icefi, 2015: 99).

[13] Berganza, Gustavo (Revista Contrapoder), Herencia de cinco gobiernos, Edición No. 15, Agosto de 2014

[14] En estos ámbitos resaltan el fraude aduanero, el saqueo abierto del erario público, la corrupción sistémica en la obra pública, la manipulación de los mecanismos de contratación del Estado, y diversas actividades del crimen organizado (narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos, entre otros). Para principios del nuevo milenio, los análisis aseguran que los CIACS habían transmutado a estructuras y redes más complejas, insertándose como fuerzas de poder real en lo público y privado, así como en lo lícito e ilícito.

[15] Algunos estudios que abordan realidades regionales y locales son: Thomas, 2007; Ramos/Sosa, 2010; Corvo, 2014; Sin autor, 2011; International Crisis Group, 2014; Rogers, 2013; Espach et.al., 2011, entre otros. Además, existe una amplia información periodística sobre los principales figuras de los GdPR. En general, la realización de estudios regionales específicos es un desafío para profundizar los análisis del poder en los departamentos.

[16] Estos actores resaltan por su historial político y/o por la importancia nacional (por ejemplo, jefe de bancada, integrante del CEN, miembro de Junta Directiva del Legislativo, o presidente de Comisión de Finanzas del Congreso). Por estas atribuciones, -aunado al arraigo en las regiones-, se considera que cumplen con las características de GdPR. Concretamente, se trata de Roberto Villate Villatoro, Manuel Barquín Durán y el grupo verapacense alrededor de Luis Fernández Chenal.

[17] Emilennee Mazariegos (Huehuetenango) y Estuardo Galdámez (Quiché) cumplen con estas características.

[18] En el caso de las 4 diputaciones del distrito de Guatemala, no necesariamente son las dinámicas regionales que definen el continuismo.

[19] No hay información suficiente para explorar las razones. Un estudio específico de las interacciones de diversos actores de poder en este departamento podría ofrecer aportes interesante.

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