Guatemala Comunitaria

A vos rebelde primavera1

 

Marisol Garcés

Las Doce Comunidades Maya Kaqchikeles del municipio de San Juan Sacatepéquez en Guatemala enfrentan desde el año 2006  la imposición de megaproyectos con la instalación de una empresa cementera y de un anillo regional en este territorio indígena histórico; en su casa, en las tierras ancestrales donde nacieron sus antepasados.

¿Por qué un despliegue policial de 400 policías contra un grupo de gente integrado por 40 mujeres, 20 hombres y 15 niños, que volvían de forma pacifica a sus comunidades después de la movilización del 13J?

Hablar de la criminalización de las comunidades que están defendiendo su territorio frente a la amenaza e invasión de las empresas nacionales y extranjeras no es un tema sencillo en Guatemala. Desde pequeños se nos ha formado en la idea que la propiedad privada individual es la prioridad, sin importar si esa propiedad se impuso sobre tierras que fueron desde hace siglos de los pueblos indígenas, y que producto de la Colonia, República criolla, Revolución liberal de 1871 o de tiempos del Conflicto Armado Interno, terminó siendo robada y titulada a nombre de dueños particulares. Muchas tierras ejidales, comunitarias o municipales hoy en día engrosan los números de caballerías o hectáreas de propiedad de latifundistas oligárquicas o de finqueros.

Entonces, cómo abordar con un análisis serio esta problemática que se vincula con la forma en que nos han enseñado a entender lo que es legal y lo que no; ya que la legalidad depende de quién sea el señalado Si es una comunidad indígena que defiende su tierra por la amenaza de un megaproyecto que daña su entorno, agua, bosques y salud; entonces son criminales y se les aplica el peso de la ley. Sin embargo, si es una empresa poderosa que con artimañas se impone en un lugar, contrata grupos armados que actúan amedrentando, inventa delitos contra las y los liderazgos, y daña el medio ambiente de un lugar y de una población que siempre ha vivido ahí; la ley deja de ser severa y no se cumple.

Ser indígena en Guatemala implica valer menos frente a los otros nombrados blancos, mestizos o ladinos. Las relaciones de exclusión de los pueblos indígenas son históricas, son parte de la lógica con la que se ha construido el Estado criollo, que ha desarrollado una visión de esos “otros” llamados indígenas, a partir de la defensa de intereses económicos, con una visión hegemónica y homogeneizante. Con diversas estrategias les ha ido despojando de sus derechos y territorios, para ello ha construido un discurso excluyente y peyorativo sobre lo que es ser indígena.

Como señala Martínez Peláez (1970), la identidad criolla se construyó principalmente sobre cuatro elementos: (1) La conquista- como fuente y origen del patrimonio criollo; (2) La tierra como patrimonio; (3) Los indios, como fuente de riqueza en sí para explotar; y (4) La necesidad de independizarse de España, que les impedía el pleno dominio y disfrute de ese patrimonio heredado de sus ancestros conquistadores. Estos elementos, sumados a los que se van generando alrededor del acceso a espacios de poder, serán determinantes para la sociedad guatemalteca y su visión hacia los pueblos indígenas.

Esta mirada en la actualidad se expresa en un racismo estructural, que considera a los pueblos indígenas como “menos humanos”, alejados de la modernidad y como seres inferiores. Así, el ser indígena se constituye como una identidad subalterna, con derechos cuestionados, privados de valía ciudadana, y con limitado o nulo acceso a la justicia. Esta noción en que los sectores poderosos han construido pensamientos y posturas sobre el mundo indígena, implica el no reconocimiento de sus derechos ancestrales y colectivos con (a) una institucionalidad legal que prioriza la propiedad individual o privada, (b) una construcción ideológica que niega la visión propia de desarrollo que tienen los pueblos indígenas,  y (c) una sociedad racista que deshumaniza y cosifica el ser indígena, e impone sus valores como valores universales. (Todorov, 1991).

El discurso hegemónico oficial -el de los sectores económicamente poderosos- justifica la intención de sus proyectos e impone estas ideas a una parte importante de la sociedad guatemalteca. Los pueblos indígenas se transforman en un obstáculo para el desarollo, por lo que hay que eliminarlos como tales.

Los sectores de poder económico y político del país, integrados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras– CACIF- y especialmente la Cámara del Agro, miran a los indígenas desde su discurso hegemónico etnocéntrico, y desde el prejuicio,  estigma y discriminación. Les acusan de no entender “el desarrollo”, de ser irracionales porque no comprenden los beneficios de los megaproyectos y oponerse a las inversiones. Les acusan de ser criminales porque se organizan y movilizan. Les acusan de ser enemigos del pais y terroristas porque afectan “su” propiedad privada.

Desde el año 2006 la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A., perteneciente a la familia Novella, -una de las siete familias más ricas del país, heredera de la tradición colonial, criolla y oligárquica- ha venido impulsando el proyecto denominado Planta San Gabriel en San Juan Sacatepèquez, que incluye la construcción de una fábrica cementera y una cantera que afecta directamente a estas comunidades. Durante más de ocho años, han sufrido la imposición de una serie de abusos por parte del Estado, la empresa y grupos paramilitares, que incluyen asesinatos, persecución penal ilegal, detención arbitraria de líderes y lideresas, empleo de bandas paramilitares para amenazar a la población, y campañas de difamación y criminalización de medios corporativos que les señalan de delincuentes y terroristas.

Una de las estrategias utilizadas en San Juan Sacatepéquez -así como en otros lugares del país como Barillas, Santa Eulalia, La Puya o Monte Olivo- es producir y expandir el rumor y la difamación como medio para que el resto de la sociedad guatemalteca sienta que la represión y los estados de excepción están justificados. A través de instancias estatales y privadas provocan la división comunitaria y la descomposición social. Otra estrategia a la que ha contribuido el Sistema Nacional de Diálogo, ha sido culpabilizar a las comunidades de San Juan de los conflictos generados por la presencia de la cementera: la defensa frente a los daños que ésta genera les ha orillado a defender su bienestar, imponiéndoles un conflicto social que nunca han querido .

Los medios corporativos escritos, radiales y televisivos se han dedicado a tergiversar la verdad de los hechos y a mostrar a las comunidades como criminales y asesinos. Usan páginas web, facebook, volantes, pasquines y comunicados anónimos para crear un escenario de conflictividad entre comunitarios y justificar las acciones represivas por parte de la empresa como de los aparatos del Estado.

El discurso de las comunidades y sus organizaciones es diverso e integra una serie de elementos que responden a la heterogeneidad existente: desde las diversas cosmovisiones que se practican, los espacios organizativos variados de acuerdo a la lógica y realidad de cada comunidad, y la estructuración de representatividades que reconfiguran un referente colectivo de autoridad indígena del pueblo Kaqchikel; que además integra la diversidad de sectores que componen las comunidades: mujeres, juventud, ancianos y otros.

La problemática que viven estas comunidades ha trascendido, pues en esta construcción de resistencia han construido alianzas con otras comunidades indígenas y campesinas que también están enfrentando amenazas en sus territorios por la imposición de proyectos de minería, hidroeléctricas y extracción petrolera. Con ello va conformándose una interpelación al Estado y la sociedad guatemalteca con resonancia nacional e internacional que cuestiona la hegemonía y el discurso homogeneizante y muestra la compleja realidad que enfrentan los pueblos indígenas frente a la imposición de megaproyectos inconsultos y sin espacios de diálogo real.

Así, la criminalización que vienen sufriendo las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez forma parte de las estrategias de hegemonía de los sectores económicamente poderosos, que por ser parte de élite criolla y oligarca, tienen la herencia de la conquista, colonia y república y los gobiernos de turno han respondido a sus intereses, profundizado esta hegemonía.

En conflictos como éste, las comunidades sufren asesinatos, acoso, allanamientos, estados de sitio, detenciones ilegales, sentencias injustas, violaciones sexuales y secuestro y la criminalización permanente: cualquier persona que se organice puede ser acusada de algún delito inexistente a través de un proceso legal gestionado por la empresa.

Y los vuelven a utilizar para causar terror.

Este tipo de abusos vividos por la gente de las 12 Comunidades Kaqchikeles se evidencia en lo que sucedió anoche 13 de junio, cuando un contingente de 400 policías y antimotines detuvieron un autobús con 40 mujeres, 20 hombres y 15 niñas y niños que habían venido a participar en la movilización 13J. La excusa de una orden de detención cuestionable para dos personas que presuntamente iban en este transporte y el uso de esta fuerza policial desmedida, son aspectos que vale la pena reflexionar: ni siquiera cuando escaparon reos de alta peligrosidad,o se enfrentan con grupos de narcotráfico, se emplean esa cantidad de elementos policíacos.

Al montar este operativo policíaco, se buscó causar terror no solamente en las personas que mantuvieron retenidas durante cinco horas, sino en la población en general, y con esto  enviaron  un mensaje para descalificar las luchas y las manifestaciones de la ciudadanía en su conjunto.

Pero la acción fue desatinada, ya que no sólo generó más descontento y hartazgo de la población hacia un gobierno totalmente desgastado, sino que evidenció que a pesar de la crisis política que atraviesan,  Otto Pérez Molina, el Ministerio de Gobernación y algunas instancias de justicia, tienen que seguir cumpliendo con los compromisos que tienen con el sector económico.

Los sectores poderosos están empezando a sentir un quiebre de su discurso hegemónico. Frente a las graves violaciones de derechos humanos y a la corrupción endémica que han alimentado, va quedando al descubierto su actuación, y cada día que pasa la ciudadanía toma conciencia de su responsabilidad en la crisis política y de gobernabilidad que vivimos como país y de los abusos que se han cometido históricamente en contra de los pueblos indígenas.

#13J #MiCorazónEsDeFloresNoDeCemento

#NoMasCriminalizacionDeLasComunidades

#RenunciaYa #JusticiaYa

Bibliografía:

Alejos García, José. (2006) Dialogando alteridades: identidades y poder en Guatemala. UNAM, México.

Anderson, Benedict (1991) Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión  del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica, México.

Colectivo Colibrí Zurdo (2014) Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado, empresas. Diakonia, Guatemala.

Chakrabarty, Dipesh (2008) Al margen de Europa Pensamiento poscolonial y diferencia histórica, traducción de Alberto Álvarez y Araceli Maira. 1.a edición: junio de 2008. Princeton University Press

Grimson,  Alejandro (2011) Los límites de la cultura, 1era ed. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires  

Martínez Peláez, Severo (1970) La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca. Fondo de Cultura Económica – FCE-, México.

Todorov, Tzvetan (1991), Nosotros y los otros, México, Siglo XXI. ____________ (2003) La conquista de América: el problema de otro. Siglo XXI. México.

Wallerstein, Immanuel. (1991) Raza, nación y clase. Las identidades ambigua. Editorial IEPALA, Madrid, España.

La PNC retiene cinco horas un autobús de San Juan Sacatepequez saliendo del #13J

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 Texto y fotografías: Equipo de Prensa Comunitaria

Hoy sábado 13 de junio, mientras se iba terminando la jornada en que miles de guatemaltecos habían juntado sus voces pacíficamente en la Plaza Central de Ciudad de Guatemala, se avisó que se había realizado un operativo policíaco en el Anillo  Periférico a la altura de la (31 av. 21-77 zona 7) después del paso a desnivel del Naranjo.

Un grupo de familias maya kaqchikeles habían participado en algunas de las actividades alrededor de las manifestaciones pacíficas, habían decidido participar ante la convocatoria realizada por varios grupos de personas para este 13 de junio #13J. Habían viajado en dos buses.

Sobre las seis de la tarde, más de 400 policías, antimotines, agentes del DEIC, algunos vestidos de civil y 25 radiopatrullas de las comisarías 11, 12, 13, 14, 15 y 16, DCS Distrito Norte, División de Fuerzas Especiales de Policía (DIFEP), DCEN y del Distrito Central de la capital, además de varios microbuses de la PNC se habían movilizado para detener uno de los dos autobuses extraurbanos que iban en ruta de San Juan Sacatepéquez, donde viajaba un grupo de 40 mujeres, 20 hombres, niños y niñas que volvían a sus casas después de manifestar pacíficamente en la Plaza Central junto a miles de personas de la ciudad capital.

Simplemente les atravesaron una radiopatrulla y sin más les empezaron a rodear. Les pedían bajar del bus, la gente no se bajó, pues un operativo de este tipo no es normal para nadie, y lo único que causa es terror, especialmente después de todo lo que han vivido.

¿Versiones sobre la causa del operativo?

Según la policía realizaron este operativo porque les reportaron que habían asaltado ese bus; luego dijeron que porque sabían que iba adentro gente armada. Otra de las versiones que dieron es que que les detenían porque dentro sabían que iban dos personas con orden de captura por asesinato, tal y como aparece en twitter del Ministerio de Gobernación. Supuestamente buscaban a Andrés Patzán y Lionzo Raxoc, vecinos de Los Pajoques. Ante este abuso de poder, la gente conoce sus derechos y resistió, no les abrió la puerta del autobus.

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Según la procuradora adjunta de derechos humanos Hilda Morales no quedó claro el motivo del operativo. Al ser interrogado por la prensa el mismo director de la policía Walter Velásquez dijo que “personas” les habían informado que en un bus podrían viajar personas que han cometido delitos, cuando se le preguntó cuales dijo que podían ser algunos como violencia contra la mujer o violencia doméstica.

Así era, el operativo tenía como fin la búsqueda de Andrés Patzán y Lionzo Raxoc, vecinos de Los Pajoques con orden de captura. Pero la gente no les abrió la puerta del autobus. Según la procuradora adjunta no quedó claro el motivo del operativo, el mismo director de la policía dijo a la prensa que les habían informado personas en la Plaza que en un bus podrían viajar personas que han cometido delitos y al interrogarlo sobre el tipo de delitos dijo que podían ser violencia contra la mujer o violencia doméstica.

Varios de las agentes de la PNC fueron puestos para realizar el desalojo de las personas que rodearon el bus, portaban armas automáticas, también habían agentes con fusiles AK-47. Ningún agente que participe en un desalojo puede portar armas de fuego.

Las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez han estado organizadas una resistencia pacífica desde el año 2007 hasta la fecha contra el embate de la empresa Cementos Progreso y Conasa, que construyen ahí una planta cementera y un Anillo Regional que servirá de red vial para conectar la Planta de cemento con las principales carreteras del país. La gente ha sido fuertemente reprimida, les han impuesto dos estados de excepción, han habido muertos, mujeres violadas y abusadas sexualmente durante estos dos momentos; les han acusado de terroristas y hay varios miembros de está organización en prisión. Por tanto, este tipo de intimidaciones y agresiones contra ellos no les es extraño.

En cuanto se dio la noticia, muchas de las personas que aun quedaban en la Plaza Central se desplazaron  al lugar para verificar la situación de las familias retenidas y para velar por el respeto de los derechos humanos de las personas.

La solidaridad no se hizo esperar

Varias personas que venían de manifestar se hicieron presentes, especialmente estudiantes y organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, para solidarizarse con las familias Kaqchikeles retenidas.

Estudiantes de #UsacEsPueblo, representantes estudiantiles ante el CSU,  organizaciones de derechos humanos, campesinas, mujeres, vecinos de las colonias sobre el Periférico  y más personas se unieron para hacer una barrera humana y así proteger el bus y a las personas que estaban dentro y fuera de él. Al poco llegaron un grupo de autoridades indígenas, hombres y mujeres ixiles a sumarse quiénes portando sus bastones de autoridad ingresaron al bus para verificar la situación de las personas adentro.

La fuerza de la solidaridad se materializó con ellos. Se gritaban consignas, se cantaban canciones. En un megáfono sonaban “Sólo queremos ser humanos” de Fernando López y “Sólo le pido a dios” de Leon Gieco. Los carros que pasaban pitaban apoyando. A los policías les gritaban “el pueblo uniformado también es explotado”.

Había mujeres y niños a borde del colapso después de casi dos horas de encierro e incertidumbre. Alguna gente de las casas cercanas, de la orilla del Periférico, ofrecía sus casas para el baño, para los niños. Había gente haciendo colecta para los pañales de los bebé.

A pesar del terror instalado, comenzaron entonces los vecinos a romper el cerco policial, llegaron con alimentos, atol, panes, agua pura, familias completas llegaron a dejar pañales, alimentos, corrían de un lado a otro atrevesándose el Anillo Periférico para llegar hasta donde se encontraban las familias kaqchikeles. Cuando esto ocurría, cientos de voces coreaban “Uniremos al campo y la cuidad!”.

El abogado José Domingo del Comité de Unidad Campesina CUC presentó ante un juez un recurso de exhibición personal a favor de todas las personas retenidas dentro de la camioneta.  Los abogados Sergio Beltetón y Carlos Bezares se hicieron presentes, alegando ante la policía que se trataba de un operativo realizado fuera de lugar, con abuso de autoridad por la presencia de guardias fuertemente armados, una cadena de antimotines rodeando el área, provocando terror, y tratando a las personas de San Juan Sacatepéquez como si fueran delincuentes.  Pidieron a los agentes de la PNC y DEIC que presentaran una orden de aprehensión emitida por un juez y los oficiales a cargo del operativo se negaron a mostrar un solo documento, afirmando que en los celulares era en donde portaban fotografías de los hombres a quienes ellos buscaban.   La policía le pedía al abogado su identificación, pero él dijo que  esta esperando a juez de turno y que no dará datos.

Ya con la presencia de personal del Ministerio Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, y  de  la OACNUDH estuvieron tratando de  dilucidar la situación legal de la gente, que seguía retenida dentro del bus. Agentes de la División de Comunicación Social de la PNC, agentes de particular sin placa ni acreditación portaban cámaras fotográficas  o grababan todo en video.

A las 9.30 el ambiente se tensó. Los más de 300 antimotines se formaron, tomaron sus cascos y rodearon el bus y a la gente. Amenazaron con golpear y quitar por la fuerza la cadena humana de estudiantes, defensores de derechos humanos  y sacar a las 40 mujeres con sus hijos y hombres que estaban dentro del bus.

En un instante la tensión de la posibilidad del desalojo cambió, los agentes ya habían definido la estrategia para disolver la manifestación de apoyo y tomar control del bus, definieron qué tipo de gas usar y la formación que debían mantener cuando el tráfico se paró.

Y después de cinco horas pudieron seguir la marcha

Fue entonces que llegaron tres buses con unas 150 personas de las comunidades de San Juan Sacatepéquez y se sumaron a la cadena humana que hacían los estudiantes y manifestantes que venían del parque. Llegaron a solidarizarse para llevarse a casa a quiénes por horas habían sido retenidas:  “Libertad, libertad, libertad” gritaban los comunitarios junto con la población que acuerpaba desde horas antes.

Momentos antes había llegado la Licda Hilda Morales, Procuradora Adjunta de los Derechos Humanos. El operativo tomó un nivel distinto cuando también llegaron el Director de la Policía Nacional Civil Walter René Vásquez Cerón,  y el diputado Amílcar Pop también miembro de la Asociación de Abogados Mayas.

Las negociaciones y discusiones entre ellos se alargaron hasta que a las 11.10 de la noche, las mujeres Sanjuaneras que llegaron a acompañar a quienes estaban retenidas se colocaron frente a los antimotines y éstos retrocedieron, luego llegaría la orden de retirarse de la escena y el Director de la Policía Nacional Civil dio declaraciones públicas, explicando que la PNC cumplía órdenes, que el diputado Amílcar Pop le pidió que sopesaran lo que significaba la detención de dos personas  frente a la vulneración de todos. Se le preguntó cómo es que sabían que  en le autobús viajaban las personas con orden de captura y no supo responder.

Las y los universitarios en mayor cantidad ocuparon el carril auxiliar para evitar el avance de la fuerza antimotín. Finalmente, a las 11.20 de la noche, después de casi cuatro horas de detención, tensión e incertidumbre, el Director de la Policía Nacional declaró que por razones humanitarias dejarían ir al autobús. La Procuradora Adjunta firmó un acta para que las 60 personas retenida pudieran continuar la marcha y regresar  a sus hogares. La Procuraduría de Derechos Humanos y el diputado Amílcar Pop les acompañarían hasta San Juan para garantizar que no les vuelvan a hostigar.

Llegó el momento de la salida del bus retenido, las familias fueron acompañadas por los otros buses que llegaron desde San Juan Sacatepéquez e iniciaron su regreso a la comunidad, en ese momento los estudiantes se concentraron junto a los vecinos y otras personas que llegaron al lugar, de un extremo y otro del Periférico los vecinos gritaban y aplaudían, los camioneros y las personas de los vehículos bocinaban o gritan su apoyo. Sí se pudo, sí se pudo.

A las 11.30 el autobús arrancó camino a San Juan.  Sin embargo,  el viaje de regreso no fue fácil. Al inicio los acompañantes avisaron de que toda la carretera estaba llena de patrullas de policía; después, al acercarse a San Juan, aparecieron miembros de la seguridad comunitaria (un cuerpo paramilitar que apareció supuestamente para la “limpieza social” de las maras que se hicieron presentes en el municipio).

Finalmente a la una de la madrugada del domingo 14 de junio, el diputado Amilcar Pop y la gente de la PDH pudo regresar a la capital. Terminaba así un episodio más de brutalidad, prepotencia y arbitrariedad que han marcado los últimos diez años de la lucha de las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez por su derecho a un futuro digno.

La esperanza que estos dos últimos meses se ha levantado en el país, no debe hacernos olvidar estas luchas que siguen en pie y que es el mismo Estado corrupto el que busca acabar con ellas. La reciente detención de Ermitaño López de Barillas, y la audiencia  del caso por el que se acusa a Rigoberto Juarez y Domingo Mateo, que será el próximo martes 16,  nos lo recuerdan.

Esto apenas comienza.

#MiCorazonEsDeFlores #RenunciaYa #JusticiaYa

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