Guatemala Comunitaria

Redes de poder

 

Consideraciones iniciales

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

Los casos recientes, -que involucran a los diputados Baudilio Hichos y Pedro Muadi-, son un claro indicio que la corrupción ha extendido sus tentáculos también en y desde el Congreso de la República hacia la institucionalidad regional y estructuras empresariales. Asimismo, en las pancartas de rechazo a la corrupción en varias cabeceras departamentales han aparecido de manera recurrente los nombres de legisladores distritales y autoridades municipales, reflejando la percepción de la población sobre la actuación anómala y corrupta de estos personajes regionales y locales.

En la dinámica parlamentaria de los últimos años se ha caracterizado por el bloqueo sistemático de reformas democráticas, mientras abundan las noticias sobre el transfuguismo y las reelecciones de diputados y diputadas. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[1]

En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones más criticadas. Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas las diputaciones, -especialmente las distritales- responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El ensayo “Poderes regionales y la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, -publicado en la Edición #3 de la Revista Revela (http://revistarevela.com) problematiza entorno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del Guatemala, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q. 10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que había alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones. En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

Prensa Comunitaria publicará el contenido del ensayo mencionado en cinco entregas. Para ello reordenamos los capítulos a modo de conocer el fenómeno desde lo particular hacia lo general:

1. Los principales grupos de poder;

2. Las redes del negocio público en lo regional;

3. Las interacciones con actores (inter)nacionales;

4. La democracia guatemalteca y los partidos de tercera generación; y

5. Democracia y su distorsión ilícita.

Prensa Comunitaria publicará en cada entrega también los datos que sustentan la investigación; es decir, los detalles del historial político de los legisladores distritales, así como de las empresas contratistas regionales y nacionales.

[1] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

 

- Primera entrega -


Grupos de Poder Regional (GdPR)

En primer lugar es importante constatar que las élites económicas nacionales han utilizado permanentemente al Estado como instrumento para la acumulación originaria, maximizar ganancias, socializar costos y pérdidas privados, y financiar su consolidación económica, entre otras. Sin embargo, en las últimas 3 décadas han cambiado las condiciones institucionales del régimen político y del Estado, así como la composición misma de las élites económicas; y con ello, el énfasis de la obtención de rentas a partir del Estado se ha concentrado en i) la transformación de los mercados financieros, ii) la privatización de sectores claves, y iii) el desmantelamiento de funciones y capacidades estatales.

Esa tercera vía del desmantelamiento y de la descentralización del Estado resulta especialmente relevante, a partir de trasladar, comprar y/o subcontratar bienes y servicios a empresas privadas. La gama de negocios es amplia: venta de medicamentos, construcción de obra gris, emisión de licencias, espacios de publicidad, venta de vehículos, muebles, equipos, combustibles y un largo etcétera.

La relación económica con el Estado puede ser, -desde el punto de vista empresarial-, una fuente importante de ingresos, y por ello, los procesos de adjudicación de los contratos públicos son susceptibles a corrupción, tráfico de influencias y abusos; y sin duda, “asistimos a una nueva forma de disputar el reparto del PIB donde hay nuevos actores que también luchan por el control del “centro político” practicando ilegítimas formas de acumulación a gran escala y que requieren del control de las compras del Estado…” (Valdez, 2013: 2).

Además, el traslado del poder hacia las regiones puede ser problemático, y según Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2012: 48), es “fácil encontrar Estados frágiles que adoptan modelos de descentralización que no se ajustan a sus características y realidades particulares, las cuales pueden incluir agentes criminales poderosos con amplia capacidad de acción en el plano local.”

Lo cierto es que se ha conformado un ámbito regional irrumpido por complejas zonas grises, en el cual coexiste una variedad de actores que intentan moldear las instituciones del Estado de acuerdo con sus intereses[1] e interactúan en lo político y lo económico, así como en lo lícito y lo ilícito.

En estas zonas grises resalta el rol central de las diputaciones distritales y la intrincada dinámica del transfuguismo partidario de quienes se vuelven a reelegir una y otra vez como representantes legislativos de sus regiones. ¿Se trata de elites regionales que representan determinados intereses de desarrollo territorial ó se está ante un fenómeno de grupos de poder regional que han conformado redes de influencia político-económica en función de beneficios particulares?

Sáenz (2014: 53-54) afirma que con “excepción de la elite de los altos en Quetzaltenango en el siglo XIX, es difícil pensar en la existencia de elites regionales en el sentido estricto del término. Sin embargo, y en el marco de la interacción entre líderes políticos regionales, grupos de proveedores del estado locales, e intermediarios políticos puede constatarse la existencia de grupos de poder regional/local, que tienen una influencia decisiva en la política de los departamentos y municipios.”

En el caso guatemalteco, un estudio sobre estos Grupos de Poder Regional (GdPR) en el departamento de Petén aporta conceptualizaciones importantes:

“Los grupos de poder regional son redes de familias y personas que a partir de su inserción en la política partidista han logrado construir una base material y financiera – generalmente asociada al control de la obra pública – qué les permite reforzar su posicionamiento político y ampliar su radio de influencia de lo local a lo nacional…” (Sin autor, 2011: 154).

 “La política como base de acumulación es central para la comprensión de estos grupos, que desde cargos de elección popular, principalmente alcaldías y diputaciones, logran articular, mediante el control de la obra pública, redes de clientela política y entramados de negocios. El éxito en el control de la obra pública les permite fortalecer su base social a través de distintos tipos de intercambios y ampliar su influencia política” (Sin autor, 2011: 24-25).

 

Los poderes regionales se perpetúan

En consecuencia es necesario analizar las dinámicas regionales de personalidades y grupos predominantes. Pero, ¿es verdad que existen poderes regionales que se han perpetuado en el Congreso de la República? – ¿Cómo estarían actuando para acumular y defender su poder?

En los datos de reelección de diputados y diputadas se encuentra un primer indicio de este continuismo legislativo, que se ha estabilizado alrededor del 44%[2] en los últimos dos comicios. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[3]

La representación en el Congreso está regulada por la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), y “se debe elegir un diputado por cada 80 000 habitantes que conformen cada uno de los 23 distritos correspondientes a los diferentes departamentos del país, con excepción de Guatemala, en donde la capital representa uno distinto. Adicionalmente, se eligen 31 diputados por lista nacional, que equivalen a un cuarto del total de diputados distritales” (Blas/Brolo, 2012: 2). En este marco, la indagación específica de este ensayo se centra en el continuismo en los distritos electorales que representan los 22 departamentos del país.

Revisando el historial[4] se observa una compleja dinámica de reelección y transfuguismo de las y los legisladores distritales actuales y se evidencia un claro comportamiento de perpetuidad. Los datos confirman dos razonamientos importantes. Por un lado, se evidencia el peso de los distritos electorales, -correspondientes a los departamentos-, en la dinámica de reelección. Un total de 44 diputados y diputadas que se reeligieron en 2011 provienen de las listas electorales regionales, representando el 27.8% del total de curules y el 63.7% del conjunto de reelecciones legislativas de aquel año.

Por otra parte, se refleja la direccionalidad de la volatilidad: de los 50 diputados y diputadas seleccionadas, la información disponible al momento[5] indica que 23 intentarán su reelección en 2015 con LIDER, 17 con el PP, 7 con la UNE, dos con el PU, y uno con el partido TODOS. Aunque no se tiene aún certeza en cuanto a las candidaturas; esta constelación tiene similitudes con los resultados de las encuestas de preferencia de votos de principios del año 2015: “el precandidato de Líder cuenta con la preferencia del 33.6 por ciento de ciudadanos; Torres [UNE] goza de la simpatía del 12.9 por ciento, y Sinibaldi[6], quien sería el candidato oficialista, recibió la aprobación del 10.9 por ciento.”[7] En todo caso, -pese a lo difícil de valorar el impacto de la actual crisis en la opinión electoral de la población[8]-, se puede inferir que el partido favorito en efecto es el mejor cotizado por parte de las y los legisladores en la lógica del intercambio electoral-mercantil entre polos de poder. Sin embargo, también se demuestra que nunca se llega a una concentración absoluta, manteniendo una distribución del poder entre los partidos emergentes, en apogeo o en declive.

Más importante aún es el impacto territorial, ya que la perpetuidad legislativa se observa en 21 departamentos, con excepción de Zacapa. En este sentido, los poderes regionales se han convertido en un factor trascendental de la dinámica político-electoral en Guatemala, representando incluso un elemento de estabilidad y prolongación para un sistema político fraccionado y volátil.

Este fenómeno convierte a estos actores regionales en protagonistas de importancia nacional, -en especial las diputaciones distritales-. Sin embargo, en los análisis de la democracia electoral guatemalteca ha tenido poca cabida hasta ahora.

Por tanto, las siguientes indagaciones deben dirigirse hacia el origen y la actuación de estos poderes regionales perpetuados.

Entre los diputados más antiguos se encuentran Iván Arévalo, Pablo Duarte, Haroldo Quej, Arístides Crespo, Mario Rivera, Baudilio Hichos, Edwin Martínez y Leonel Soto Arango. Su permanencia en el Congreso data al menos desde 1995. Cinco de ellos militaban en el FRG, mientras a PAN, UCN y UD pertenecía uno, respectivamente. De los diputados electos por primera vez en 1999, solamente dos continúan en la actual legislatura: uno del PAN y otro del FRG. El balance evidencia que la gran mayoría de diputados de la década de 1990 tiene sus raíces en la segunda generación de partidos políticos, e incluso, unos pocos han participado también en la primera.

Los diputados y diputadas, -cuyo origen se remonta a las elecciones del año 2003-, representan la mayor parte de quienes continúan ocupando una curul en la actualidad: PP-MR-PSN (8), UNE (5), FRG (3), PAN (1), UD (1). De esa cuenta, un total de 18 legisladores de la época permanecen aún en el Congreso. Otros quince parlamentarios han perdurado en su puesto desde el 2007: UNE (8), GANA (3), PP (2), FRG (1) y PU (1); confirmándose también el traslado del peso político hacia los partidos de tercera generación con el cambio de milenio.

De esa forma, se pueden identificar diferentes periodos que dieron inicio a este fenómeno. Desde los años 90s, ciertas estructuras regionales del militarismo eferregista han encontrado vías de permanencia en el escenario político guatemalteco, mientras las fuerzas del PAN se diluyeron en una serie de divisiones. Asimismo, los partidos gobernantes dejaron la herencia de un número considerable de diputaciones perpetuadas, como ha pasado con la alianza PP-MR-PSN en 2003 y la UNE en 2007, o como está pasando con el PP a partir de las elecciones de 2011.

Origen partidario de diputaciones distritales perpetuadas: 1995 – 2015

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En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones menos valoradas. De acuerdo con el estudio Cultura política de la democracia en Guatemala, 2010, 63.4% de la población tiene poca confianza en el Congreso de la República. Esto, en parte, se debe a que los diputados no han logrado cumplir a cabalidad con sus funciones” (Blas/Brolo, 2012: 2).

Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas figuras regionales responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El comienzo de los GdPR coincide con el fin de las mayorías legislativas, el ocaso de los partidos de segunda generación[9] y el cierre del paréntesis de mayor democraticidad en los primeros años del nuevo milenio. Mientras los gobiernos de DCG (1986), PAN (1996) y FRG (2000) “iniciaron su administración ocupando más de la mitad de escaños en el organismo legislativo” (Brolo, 2012: 47), los gobiernos de PP-MR-PSN (2004), UNE (2008) y PP (2012) han encontrado una correlación menos favorable en el Congreso de la República.

Esta situación de fraccionamiento de las fuerzas políticas “generó una aspiración al consensualismo que se logró, en parte, a través de intercambios clientelares: el Ejecutivo facilitaba asignaciones presupuestarias a fin de contar con el apoyo de actores clave que le garantizaban votos suficientes.”[10] Esta dinámica de corrupción y clientelismo fue duramente criticada durante el gobierno de Óscar Berger, cuando se utilizó el Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (PACUR) con la finalidad de asegurar votos favorables en el Legislativo en apoyo a iniciativas de interés para el Ejecutivo.

Las políticas de ajuste del Consenso de Washington se tradujeron en tiempos de paz en una problemática dinámica de privatización y desmantelamiento del Estado[11]. En la práctica, el gobierno del FRG “nos legó la descentralización y la desconcentración del Ejecutivo por medio de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural[12]. Una iniciativa muy loable en su espíritu pero desastrosa en su aplicación: es una de las fuerzas que reforzó el cacicazgo de alcaldes y diputados distritales, y un factor que expandió y consolidó la corrupción.”[13]

En el contexto complejo de fraccionamiento, consensualismo, privatización y descentralización se facilitó la canalización de más recursos para la obra pública hacia las regiones, y “de manera paralela al aumento de los recursos para inversión, el Estado fue perdiendo capacidad para la ejecución de obra pública: cada vez más fue puesta en manos de empresas privadas, lo que convirtió al tráfico de influencias en una diferencia sustantiva en la adjudicación de la obra. Espacios que originalmente podían convertirse en ámbitos de diálogo sobre el desarrollo municipal (los concejos municipales), departamental (consejos de desarrollo) y nacional (el Congreso) se convirtieron también en lugares donde se negociaba la obra pública. De esta forma, paulatinamente fueron convirtiéndose en instrumentos para el enriquecimiento ilícito. En muchos casos, la política se redujo a la negociación de la obra pública y a otro espacio para la acumulación” (Sin autor, 2011: 155).

Como se ha mencionado, desde la segunda mitad de la década de 1980, el crimen organizado relacionado a la droga se ha convertido en un elemento estructural de la realidad guatemalteca, en el marco de “la conformación de la geopolítica del narcotráfico en la región, que identificó a Guatemala como eslabón estratégico de acceso a los grandes mercados de la droga en Norteamérica” (Gutiérrez/Méndez, 2012: 113). La mayoría de las ODT tienen sus zonas de operación en los departamentos del interior de la República, donde coinciden territorialmente con las áreas de influencia de las diputaciones distritales. En la práctica, muchos de los negocios y las prácticas de enriquecimiento ilícito[14] también se interrelacionan con las CIACS.

De esta manera, la corrupción sistemática, las privatizaciones y contrataciones arbitrarias, así como los negocios abiertamente ilícitos fueron constituyéndose en zonas grises de fuentes de enriquecimiento, que permitieron también la inserción de personajes regionales poderosas en la competencia de la economía legal y la política partidaria, adquiriendo características de GdPR. Las fronteras y las interacciones entre lo lícito-ilícito y legítimo-ilegítimo se tornan más complejas e indefinidas.

En este ensayo es imposible reconstruir las dinámicas particulares de origen y modus operandi de cada GdPR[15]; en cambio, si es factible identificar los principales GdPR en los distintos departamentos y analizar las áreas comunes de interfase que caracterizan a estos poderes regionales.

Caracterización del poder regional en la actualidad

En el país se identifican 27 Grupos de Poder Regional (GdPR) que se han consolidado en 16 departamentos del país. Son aquellos grupos que muestran una permanencia constante, -al menos de uno de sus integrantes-, en el Congreso de la República por tres o más períodos legislativos. También se consideran GdPR aquellos casos de dos periodos legislativos, que han adquirido importancia nacional de manera acelerada por factores adicionales[16].

Asimismo, se observan al menos 7 grupos de poder en formación en seis departamentos. Son aquellos grupos que cumplen dos periodos en el Legislativos y no se enfrentan a la competencia de un GdPR consolidado en su distrito. También se toman en cuenta diputaciones específicas con un periodo legislativo, habiendo sobresalido por arraigo regional, notoriedad partidaria y/o disputa efectiva frente a grupos establecidos[17]. Esos grupos adquieren especial importancia, ya que podrían consolidarse a partir del próximo evento electoral, y de esa manera completar el mapa de los GdPR en Baja Verapaz, Retalhuleu y Santa Rosa y disputar cuotas de poder en Huehuetenango y Quiché.

En el mapa resaltan también cinco clanes familiares de poder local cuyo centro de poder radica en una municipalidad, y que han logrado representación legislativa de alguno de sus integrantes. Se trata de las familias Medrano, Coro y Rivera en Guatemala, así como de Paniagua en Quetzaltenango y Recinos en Santa Rosa.

Las diputaciones nacionales identificadas en el mapa se refieren a legisladores que han adquirido un nivel de influencia a escala mayor, ya sea a lo interno de un partido, en el propio Congreso y/o a partir de sus vínculos regionales[18]. Son factores de potenciación de su nivel de influencia desde lo regional hasta lo nacional.

Mapa de distribución geográfica de poderes regionales

 photo_2015-06-25_22-02-32Elaboración propia.

Nota: En los símbolos respectivos se indica la cantidad de grupos conformados en el departamento correspondiente. Las “diputaciones nacionales” también se identifican para reflejar el fenómeno, aunque en Petén, Alta Verapaz y Suchitepéquez coinciden con integrantes de grupos regionales.

En conjunto, los 34 GdPR, -consolidados o en formación-, y los 5 clanes familiares de poder local alcanzan una presencia en veintiún departamentos de la República. Como se ha observado anteriormente, la única excepción es Zacapa[19]. En todo caso, hay que resaltar que prácticamente toda la República está siendo traspasada por las redes de influencia de estos grupos, perpetuándose en el poder regional a partir de su posición privilegiada en el Legislativo. Los GdPR se han constituido en un fenómeno de importancia nacional con la capacidad sostenida y sistemática de influir, negociar, definir y operar en la institucionalidad democrática central, regional y local.

En efecto, -como se planteó en el marco teórico-, se han conformado redes alrededor de figuras regionales, cuya base de acumulación política y económica radica en los departamentos, y que a partir de su posición estratégica en el Congreso han logrado proyectarse a nivel nacional. Su continuidad está dada por asociaciones electoral-mercantiles antes que por lealtades políticas. Asimismo, se ha planteado que la actuación y articulación de los GdPR gira alrededor del control de los entramados de la obra pública, el intercambio con otros grupos y actores de poder, así como la consolidación de su capital político y social en las regiones. Estos ámbitos del ejercicio de poder constituyen el énfasis de las siguientes indagaciones.

Anexo:

Continuismo y transfuguismo de diputados y diputadas distritales actuales: 1995 – 2015

 tabla 2tabla 2tabla 2tabla 2

Elaboración propia con información de:

  • Congreso de la República de Guatemala (Fecha de consulta: 25 de mayo de 2015)

http://old.congreso.gob.gt/gt/diputados.asp

http://www.congreso.gob.gt/legislaturas.php

  • De Maldonado, Karin (coord.), 2010: El Congreso de la República de Guatemala, I. Monografía del Congreso de la República 2008-2012, II. Panel de comentaristas, 24 de noviembre e 2010. Guatemala. ASIES-KAS, pp. 81-121
  • La columna correspondiente a las elecciones de 2015 se construyó a partir de las fuentes anteriores y se completó con fuentes periodísticas (Fecha límite de consulta: 27 de mayo de 2015).

Grupos de poder regional conformados en Guatemala (2015)

Tabla 3Tabla 3Elaboración propia.

[1] “En cuanto a la “captura del Estado”, la literatura especializada y el comentarismo político ha tendido a asumir que “solo los chicos malos tratan de capturar el Estado” (…) Ahora bien, el problema es que existen multiplicidad de actores, nacionales e internacionales que intentan moldear las instituciones del Estado de acuerdo con sus intereses (…) En síntesis, son diversos los actores que buscan capturar el Estado; algunos lo hacen a través de victorias electorales legítimas, otros a través de la compra de elecciones. Algunos operan a través de la violencia y la intimidación, otros infiltran en el estado para crear estructuras clientelares que muchas veces son más poderosas que los partidos…” (Sáenz, 2014: 17).

[2] Datos de reelección de diputados y diputadas: Comicios 1990: 23 reelecciones de total de 116 curules (19.8%); Comicios 1994: 12 reelecciones de total de 80 curules (15.0%); Comicios 1995: 35 reelecciones de total de 80 curules (43.8%); Comicios 1999: 44 reelecciones de total de 113 curules (38.9%); Comicios 2003: 47 reelecciones de total de 158 curules (29.7%); Comicios 2007: 69 reelecciones de total de 158 curules (43.7%); Comicios 2011: 69 reelecciones de total de 158 curules (43.7%). (Fuentes: Fortín, 2010/ASIES, 2012)

[3] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

[4] En la revisión se priorizaron los distritos electorales que coinciden con los 22 departamentos, incluyendo el departamento de Guatemala. Se seleccionaron 50 diputados y diputadas, cuyo continuismo y/o nivel de influencia es clave en el análisis regional. Fuentes: De Maldonado, 2010: 81-121; Congreso de la República (http://old.congreso.gob.gt/gt/diputados.asp y http://www.congreso.gob.gt/legislaturas.php); Reportes periodísticos (Fecha límite de revisión: 27 de mayo de 2015).

[5] Esta constelación aún puede variar, tomando en cuenta que aún no se tienen las inscripciones confirmadas de las candidaturas por parte del TSE. Asimismo, la coyuntura actual de crisis y protesta puede tener efectos en la dinámica de definición de las aspiraciones de reelección. Y no por último, las propias negociaciones internas de los partidos aún no han concluido; y ello puede modificar el escenario.

[6] En enero de 2015, Alejandro Sinibaldi fue precandidato a la presidencia por el PP. El renunció en abril de 2015 a su participación con ese partido.

[7] Fuente: Morales, Sergio (Prensa Libre): Tres aspirantes destacan en preferencia, 15 de enero de 2014

[8] La encuesta publicada por la Revista Contrapoder y Canal Antigua a principios de junio de 2015 muestra modificaciones en la intención de voto de la población. El repunte de la candidatura de Jimmy Morales parece reunir características de la lógica personalista, apolítica y electoral-mercantil de la democracia guatemalteca, correspondiendo a la dinámica volátil de la tercera generación de marcas partidarias. Asimismo, el origen propio del FCN es expresión de lo sui generis de la contradicción autoritarismo-democracia de las dos últimas décadas del siglo pasado. En todo caso, es importante conocer las candidaturas definitivas de los partidos políticos y tener acceso a otras encuestas, para poder analizar las tendencias con mayor objetividad.

[9] El cisma de los partidos de segunda generación tuvo su epicentro primero en el PAN. Probablemente, entre 1994 y 1999 el sistema político guatemalteco estuvo cerca de la instauración de un bipartidismo conservador (PAN-FRG), sin embargo, las divisiones internas entre los panistas propiciaron la desintegración de esta fuerza política. No se trata de emitir un juicio de valor si un sistema bipartidista hubiese sido mejor o peor para el país; pues, en el marco de la democracia unipolar difícilmente los resultados tuviesen un enfoque diferenciado al de las fuerzas del status quo. Lo cierto es que el incipiente bipartidismo fracasó, primero por el fraccionamiento del PAN, y segundo por la actuación propia del FRG en el ejercicio del poder.

[10] Fuente: Ugalde, Luis Carlos (Revista Nexos): Clientelismo presupuestario, 1 de septiembre de 2014

[11] Según Gutiérrez y Méndez (2012: 113), el Estado guatemalteco ha fallado “en su misión central de procurar bienestar y seguridad. Tampoco las reformas de primera generación que, en el marco de los programas de ajuste estructural, se pusieron en marcha desde la década de 1990 cristalizaron en un aparato más eficiente. Al revés, han dado paso a graves distorsiones funcionales y a desórdenes administrativos que, a su vez, impactaron de manera negativa sobre la calidad del gasto público y, consiguientemente, afectaron la ya insuficiente legitimidad social del Estado.”

[12] “La legislación aprobada en 2002 incluyó una nueva Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, un nuevo Código Municipal y la Ley General de Descentralización. Estas versiones revisadas y ampliadas de las leyes aprobadas durante el gobierno del presidente Cerezo fortalecieron a los gobiernos municipales y a los consejos de desarrollo, especificando como prioridad las facultades de las municipalidades para realizar convenios y ejecutar contratos de infraestructura” (Barrientos/Figueroa en: Icefi, 2015: 99).

[13] Berganza, Gustavo (Revista Contrapoder), Herencia de cinco gobiernos, Edición No. 15, Agosto de 2014

[14] En estos ámbitos resaltan el fraude aduanero, el saqueo abierto del erario público, la corrupción sistémica en la obra pública, la manipulación de los mecanismos de contratación del Estado, y diversas actividades del crimen organizado (narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos, entre otros). Para principios del nuevo milenio, los análisis aseguran que los CIACS habían transmutado a estructuras y redes más complejas, insertándose como fuerzas de poder real en lo público y privado, así como en lo lícito e ilícito.

[15] Algunos estudios que abordan realidades regionales y locales son: Thomas, 2007; Ramos/Sosa, 2010; Corvo, 2014; Sin autor, 2011; International Crisis Group, 2014; Rogers, 2013; Espach et.al., 2011, entre otros. Además, existe una amplia información periodística sobre los principales figuras de los GdPR. En general, la realización de estudios regionales específicos es un desafío para profundizar los análisis del poder en los departamentos.

[16] Estos actores resaltan por su historial político y/o por la importancia nacional (por ejemplo, jefe de bancada, integrante del CEN, miembro de Junta Directiva del Legislativo, o presidente de Comisión de Finanzas del Congreso). Por estas atribuciones, -aunado al arraigo en las regiones-, se considera que cumplen con las características de GdPR. Concretamente, se trata de Roberto Villate Villatoro, Manuel Barquín Durán y el grupo verapacense alrededor de Luis Fernández Chenal.

[17] Emilennee Mazariegos (Huehuetenango) y Estuardo Galdámez (Quiché) cumplen con estas características.

[18] En el caso de las 4 diputaciones del distrito de Guatemala, no necesariamente son las dinámicas regionales que definen el continuismo.

[19] No hay información suficiente para explorar las razones. Un estudio específico de las interacciones de diversos actores de poder en este departamento podría ofrecer aportes interesante.


El intelectual  portugués Boaventura de Sousa Satos y el escritor Raul Zibechi escribieron cartas de apoyo a Rigoberto Juárez y Domingo Mateo, autoridades comunitarias Q’anjob’ales  y miembros del Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza que se encuentran presos desde que el pasado 24 de marzo fueron detenidos ilegalmente en la ciudad de Guatemala.

Las cartas fueron escritas con motivo de la Audiencia de Primera Declaración que se realizó el 19 de junio.  Familiares y vecinos habían viajado  desde Santa Eulalia días para poder participar en la audiencia y mostrar su respaldo a la autoridad comunitaria

La sala de audiencias estaba completamente llena, también acudieron organizaciones de derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala OACNUDH, organizaciones mayas, de defensa del territorio y de comunicación libre.

El Ministerio Público acusa a Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar por los delitos de atentado, amenazas, coacción, plagio o secuestro, obstaculización a la acción penal y  detenciones ilegales. Finalmente la jueza decidió ligarlos a proceso solo por el delito de  detenciones ilegales, quedando bajo prisión preventiva, porque de quedar libres podrían obstaculizar a la Unidad de Operadores de Justicia del MP con la investigación.

El 24 marzo de 2015, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez fueron detenidos de forma arbitraria en la ciudad de Guatemala, cuando habían viajado para denunciar las agresiones que habían sido objeto por parte del alcalde de Santa Eulalia. Cuando tres días más tarde  el juez les otorgó libertad provisional, los esperaban dos agentes de la policía para detenerles por una nueva orden de aprensión en su contra. Son perseguidos  por hechos ocurridos la noche del 19 de enero de 2015[1]  en un claro caso de criminalización a la que están sometidos los defensores de la vida y territorio en el área Q’anjob’al del norte de Huehuetenango.[2]

En la Audiencia llevada a cabo el pasado 27 de marzo, Rigoberto Juarez planteó:

Como Coordinador del Gobierno Plurinacional Ancestral Maya Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti´ y Mestizo, en el territorio Q’anjob’al, voy a asumir la responsabilidad histórica de indicar que lo que hoy se está haciendo es solamente un incidente más de agresión en contra de nuestras naciones ancestrales, que se inició desde hace 491 años….

Hoy de lo que se nos está acusando es una falsedad total.

Las naciones ancestrales mayas Q’anjob’ales estamos defendiendo precisamente ese derecho a la vida, al oxígeno, el agua que necesitamos todos. Aún quienes dicen tener el derecho de hacer uso de nuestras aguas, la necesitan igualmente que nosotros. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo uso de este derecho, para defender el derecho del agua”.

El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos conoce de la realidad que viven los pueblos indígenas en Guatemala, y de  quienes están apostándole a defender sus bosques, el agua, los ríos y la vida en general y que están siendo perseguidos por ello. Por ello ha dedicado esta carta a Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, ambos autoridades ancestrales q´anjob´al de Santa Eulalia quienes se encuentran presos injustamente y escribió una carta para ellos:

 “Somos solidarios con vuestras luchas en defensa de los territorios, de la cultura, de la democracia, a partir de la vivencia de los pueblos y del respeto por su dignidad, por sus culturas ancestrales y por la defensa de la Pachamama.

En un momento y un contexto en el que resulta muy difícil luchar por una sociedad mejor, sois nuestros héroes y, por eso, es nuestro deber estar con vosotros. Lamentablemente, tampoco podemos confiar en los tribunales que, en la gran mayoría de los casos, se dejan instrumentalizar por los poderes autoritarios que dominan nuestra sociedad.”

El pensador, escritor y activista uruguayo Raúl Zibechi es consciente de lo que viven los pueblos indígenas en Guatemala, en particular quienes están están siendo perseguidos por defender la vida y el territorio

“Eso que llaman justicia, que casi siempre es la voluntad de los poderosos convertida en ley, decidió que ustedes son culpables por defender sus territorios, por ser autoridades y por obedecer las decisiones de las naciones y pueblos a los que pertenecen. Esa justicia y ese poder, al que llaman Estado, no son independientes, están sometidos a la voluntad de las empresas que llevan adelante los proyectos mineros y las grandes obras de infraestructura. criminalizan a los que resisten y, en esta ocasión, a ustedes como representantes de sus pueblos”

Rigoberto Juárez y Domingo Mateo no son actualmente lo  únicos presos del área Q’anjob’al. Durante  el Estado de Sitio impuesto por Otto Pérez Molina en mayo de 2012 en Barillas, nueve líderes comunitarios de esta localidad  fueron detenidos arbitrariamente, manteniéndoles ilegalmente presos hasta que en enero de 2013, recuperaron su libertad luego de 8 meses de lucha en tribunales, en las calles y fuera del país. Pero dos de ellos,  Saúl Méndez y Rogelio Velásquez fueron nuevamente detenidos y desde entonces están encarcelados injustamente. Maynor López fue detenido y encarcelado también luego de un operativo que implico el uso de un helicóptero militar.  En el 2015 Arturo Pablo, Adalberto Villatoro y Francisco Juan fueron encarcelados luego de que un juez desestimara los delitos por los que eran perseguidos. El último de los casos es el de Ermitaño López, detenido, cuando venía a una audiencia de estos tres últimos.

Además, desde 2012 más de 50 personas, la mayoría autoridades ancestrales, comunitarias, COCODES tienen denuncias ante el Ministerio Público, la mayoría vinculadas a trabajadores de las empresas CINCO M, Ecoener Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz.

Además, en Gautemala, hay Presos Políticos en San Marcos, San Juan Sacatepéquez, Chiquimula, Santa Rosa, y más lugares por defender su tierra, su agua  y su vida.


[1] https://comunitariapress.wordpress.com/2015/01/20/santa-eulalia-censuran-a-la-radio-comunitaria-snuq-jolom-konob-y-atacan-a-dos-radialistas/

https://comunitariapress.wordpress.com/2015/01/30/comunicado-de-la-radio-comunitaria-snuq-jolom-konob-de-santa-eulalia-huehuetenango/

[2] https://comunitariapress.wordpress.com/2015/03/26/persecucion-penal-para-quien-piensa-diferente/

https://comunitariapress.wordpress.com/2015/03/26/comunicado-de-prensa-radio-comunitaria-snuq-jolom-konob/


A vos rebelde primavera1

 

Marisol Garcés

Las Doce Comunidades Maya Kaqchikeles del municipio de San Juan Sacatepéquez en Guatemala enfrentan desde el año 2006  la imposición de megaproyectos con la instalación de una empresa cementera y de un anillo regional en este territorio indígena histórico; en su casa, en las tierras ancestrales donde nacieron sus antepasados.

¿Por qué un despliegue policial de 400 policías contra un grupo de gente integrado por 40 mujeres, 20 hombres y 15 niños, que volvían de forma pacifica a sus comunidades después de la movilización del 13J?

Hablar de la criminalización de las comunidades que están defendiendo su territorio frente a la amenaza e invasión de las empresas nacionales y extranjeras no es un tema sencillo en Guatemala. Desde pequeños se nos ha formado en la idea que la propiedad privada individual es la prioridad, sin importar si esa propiedad se impuso sobre tierras que fueron desde hace siglos de los pueblos indígenas, y que producto de la Colonia, República criolla, Revolución liberal de 1871 o de tiempos del Conflicto Armado Interno, terminó siendo robada y titulada a nombre de dueños particulares. Muchas tierras ejidales, comunitarias o municipales hoy en día engrosan los números de caballerías o hectáreas de propiedad de latifundistas oligárquicas o de finqueros.

Entonces, cómo abordar con un análisis serio esta problemática que se vincula con la forma en que nos han enseñado a entender lo que es legal y lo que no; ya que la legalidad depende de quién sea el señalado Si es una comunidad indígena que defiende su tierra por la amenaza de un megaproyecto que daña su entorno, agua, bosques y salud; entonces son criminales y se les aplica el peso de la ley. Sin embargo, si es una empresa poderosa que con artimañas se impone en un lugar, contrata grupos armados que actúan amedrentando, inventa delitos contra las y los liderazgos, y daña el medio ambiente de un lugar y de una población que siempre ha vivido ahí; la ley deja de ser severa y no se cumple.

Ser indígena en Guatemala implica valer menos frente a los otros nombrados blancos, mestizos o ladinos. Las relaciones de exclusión de los pueblos indígenas son históricas, son parte de la lógica con la que se ha construido el Estado criollo, que ha desarrollado una visión de esos “otros” llamados indígenas, a partir de la defensa de intereses económicos, con una visión hegemónica y homogeneizante. Con diversas estrategias les ha ido despojando de sus derechos y territorios, para ello ha construido un discurso excluyente y peyorativo sobre lo que es ser indígena.

Como señala Martínez Peláez (1970), la identidad criolla se construyó principalmente sobre cuatro elementos: (1) La conquista- como fuente y origen del patrimonio criollo; (2) La tierra como patrimonio; (3) Los indios, como fuente de riqueza en sí para explotar; y (4) La necesidad de independizarse de España, que les impedía el pleno dominio y disfrute de ese patrimonio heredado de sus ancestros conquistadores. Estos elementos, sumados a los que se van generando alrededor del acceso a espacios de poder, serán determinantes para la sociedad guatemalteca y su visión hacia los pueblos indígenas.

Esta mirada en la actualidad se expresa en un racismo estructural, que considera a los pueblos indígenas como “menos humanos”, alejados de la modernidad y como seres inferiores. Así, el ser indígena se constituye como una identidad subalterna, con derechos cuestionados, privados de valía ciudadana, y con limitado o nulo acceso a la justicia. Esta noción en que los sectores poderosos han construido pensamientos y posturas sobre el mundo indígena, implica el no reconocimiento de sus derechos ancestrales y colectivos con (a) una institucionalidad legal que prioriza la propiedad individual o privada, (b) una construcción ideológica que niega la visión propia de desarrollo que tienen los pueblos indígenas,  y (c) una sociedad racista que deshumaniza y cosifica el ser indígena, e impone sus valores como valores universales. (Todorov, 1991).

El discurso hegemónico oficial -el de los sectores económicamente poderosos- justifica la intención de sus proyectos e impone estas ideas a una parte importante de la sociedad guatemalteca. Los pueblos indígenas se transforman en un obstáculo para el desarollo, por lo que hay que eliminarlos como tales.

Los sectores de poder económico y político del país, integrados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras– CACIF- y especialmente la Cámara del Agro, miran a los indígenas desde su discurso hegemónico etnocéntrico, y desde el prejuicio,  estigma y discriminación. Les acusan de no entender “el desarrollo”, de ser irracionales porque no comprenden los beneficios de los megaproyectos y oponerse a las inversiones. Les acusan de ser criminales porque se organizan y movilizan. Les acusan de ser enemigos del pais y terroristas porque afectan “su” propiedad privada.

Desde el año 2006 la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A., perteneciente a la familia Novella, -una de las siete familias más ricas del país, heredera de la tradición colonial, criolla y oligárquica- ha venido impulsando el proyecto denominado Planta San Gabriel en San Juan Sacatepèquez, que incluye la construcción de una fábrica cementera y una cantera que afecta directamente a estas comunidades. Durante más de ocho años, han sufrido la imposición de una serie de abusos por parte del Estado, la empresa y grupos paramilitares, que incluyen asesinatos, persecución penal ilegal, detención arbitraria de líderes y lideresas, empleo de bandas paramilitares para amenazar a la población, y campañas de difamación y criminalización de medios corporativos que les señalan de delincuentes y terroristas.

Una de las estrategias utilizadas en San Juan Sacatepéquez -así como en otros lugares del país como Barillas, Santa Eulalia, La Puya o Monte Olivo- es producir y expandir el rumor y la difamación como medio para que el resto de la sociedad guatemalteca sienta que la represión y los estados de excepción están justificados. A través de instancias estatales y privadas provocan la división comunitaria y la descomposición social. Otra estrategia a la que ha contribuido el Sistema Nacional de Diálogo, ha sido culpabilizar a las comunidades de San Juan de los conflictos generados por la presencia de la cementera: la defensa frente a los daños que ésta genera les ha orillado a defender su bienestar, imponiéndoles un conflicto social que nunca han querido .

Los medios corporativos escritos, radiales y televisivos se han dedicado a tergiversar la verdad de los hechos y a mostrar a las comunidades como criminales y asesinos. Usan páginas web, facebook, volantes, pasquines y comunicados anónimos para crear un escenario de conflictividad entre comunitarios y justificar las acciones represivas por parte de la empresa como de los aparatos del Estado.

El discurso de las comunidades y sus organizaciones es diverso e integra una serie de elementos que responden a la heterogeneidad existente: desde las diversas cosmovisiones que se practican, los espacios organizativos variados de acuerdo a la lógica y realidad de cada comunidad, y la estructuración de representatividades que reconfiguran un referente colectivo de autoridad indígena del pueblo Kaqchikel; que además integra la diversidad de sectores que componen las comunidades: mujeres, juventud, ancianos y otros.

La problemática que viven estas comunidades ha trascendido, pues en esta construcción de resistencia han construido alianzas con otras comunidades indígenas y campesinas que también están enfrentando amenazas en sus territorios por la imposición de proyectos de minería, hidroeléctricas y extracción petrolera. Con ello va conformándose una interpelación al Estado y la sociedad guatemalteca con resonancia nacional e internacional que cuestiona la hegemonía y el discurso homogeneizante y muestra la compleja realidad que enfrentan los pueblos indígenas frente a la imposición de megaproyectos inconsultos y sin espacios de diálogo real.

Así, la criminalización que vienen sufriendo las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez forma parte de las estrategias de hegemonía de los sectores económicamente poderosos, que por ser parte de élite criolla y oligarca, tienen la herencia de la conquista, colonia y república y los gobiernos de turno han respondido a sus intereses, profundizado esta hegemonía.

En conflictos como éste, las comunidades sufren asesinatos, acoso, allanamientos, estados de sitio, detenciones ilegales, sentencias injustas, violaciones sexuales y secuestro y la criminalización permanente: cualquier persona que se organice puede ser acusada de algún delito inexistente a través de un proceso legal gestionado por la empresa.

Y los vuelven a utilizar para causar terror.

Este tipo de abusos vividos por la gente de las 12 Comunidades Kaqchikeles se evidencia en lo que sucedió anoche 13 de junio, cuando un contingente de 400 policías y antimotines detuvieron un autobús con 40 mujeres, 20 hombres y 15 niñas y niños que habían venido a participar en la movilización 13J. La excusa de una orden de detención cuestionable para dos personas que presuntamente iban en este transporte y el uso de esta fuerza policial desmedida, son aspectos que vale la pena reflexionar: ni siquiera cuando escaparon reos de alta peligrosidad,o se enfrentan con grupos de narcotráfico, se emplean esa cantidad de elementos policíacos.

Al montar este operativo policíaco, se buscó causar terror no solamente en las personas que mantuvieron retenidas durante cinco horas, sino en la población en general, y con esto  enviaron  un mensaje para descalificar las luchas y las manifestaciones de la ciudadanía en su conjunto.

Pero la acción fue desatinada, ya que no sólo generó más descontento y hartazgo de la población hacia un gobierno totalmente desgastado, sino que evidenció que a pesar de la crisis política que atraviesan,  Otto Pérez Molina, el Ministerio de Gobernación y algunas instancias de justicia, tienen que seguir cumpliendo con los compromisos que tienen con el sector económico.

Los sectores poderosos están empezando a sentir un quiebre de su discurso hegemónico. Frente a las graves violaciones de derechos humanos y a la corrupción endémica que han alimentado, va quedando al descubierto su actuación, y cada día que pasa la ciudadanía toma conciencia de su responsabilidad en la crisis política y de gobernabilidad que vivimos como país y de los abusos que se han cometido históricamente en contra de los pueblos indígenas.

#13J #MiCorazónEsDeFloresNoDeCemento

#NoMasCriminalizacionDeLasComunidades

#RenunciaYa #JusticiaYa

Bibliografía:

Alejos García, José. (2006) Dialogando alteridades: identidades y poder en Guatemala. UNAM, México.

Anderson, Benedict (1991) Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión  del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica, México.

Colectivo Colibrí Zurdo (2014) Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado, empresas. Diakonia, Guatemala.

Chakrabarty, Dipesh (2008) Al margen de Europa Pensamiento poscolonial y diferencia histórica, traducción de Alberto Álvarez y Araceli Maira. 1.a edición: junio de 2008. Princeton University Press

Grimson,  Alejandro (2011) Los límites de la cultura, 1era ed. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires  

Martínez Peláez, Severo (1970) La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca. Fondo de Cultura Económica – FCE-, México.

Todorov, Tzvetan (1991), Nosotros y los otros, México, Siglo XXI. ____________ (2003) La conquista de América: el problema de otro. Siglo XXI. México.

Wallerstein, Immanuel. (1991) Raza, nación y clase. Las identidades ambigua. Editorial IEPALA, Madrid, España.

La PNC retiene cinco horas un autobús de San Juan Sacatepequez saliendo del #13J

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 Texto y fotografías: Equipo de Prensa Comunitaria

Hoy sábado 13 de junio, mientras se iba terminando la jornada en que miles de guatemaltecos habían juntado sus voces pacíficamente en la Plaza Central de Ciudad de Guatemala, se avisó que se había realizado un operativo policíaco en el Anillo  Periférico a la altura de la (31 av. 21-77 zona 7) después del paso a desnivel del Naranjo.

Un grupo de familias maya kaqchikeles habían participado en algunas de las actividades alrededor de las manifestaciones pacíficas, habían decidido participar ante la convocatoria realizada por varios grupos de personas para este 13 de junio #13J. Habían viajado en dos buses.

Sobre las seis de la tarde, más de 400 policías, antimotines, agentes del DEIC, algunos vestidos de civil y 25 radiopatrullas de las comisarías 11, 12, 13, 14, 15 y 16, DCS Distrito Norte, División de Fuerzas Especiales de Policía (DIFEP), DCEN y del Distrito Central de la capital, además de varios microbuses de la PNC se habían movilizado para detener uno de los dos autobuses extraurbanos que iban en ruta de San Juan Sacatepéquez, donde viajaba un grupo de 40 mujeres, 20 hombres, niños y niñas que volvían a sus casas después de manifestar pacíficamente en la Plaza Central junto a miles de personas de la ciudad capital.

Simplemente les atravesaron una radiopatrulla y sin más les empezaron a rodear. Les pedían bajar del bus, la gente no se bajó, pues un operativo de este tipo no es normal para nadie, y lo único que causa es terror, especialmente después de todo lo que han vivido.

¿Versiones sobre la causa del operativo?

Según la policía realizaron este operativo porque les reportaron que habían asaltado ese bus; luego dijeron que porque sabían que iba adentro gente armada. Otra de las versiones que dieron es que que les detenían porque dentro sabían que iban dos personas con orden de captura por asesinato, tal y como aparece en twitter del Ministerio de Gobernación. Supuestamente buscaban a Andrés Patzán y Lionzo Raxoc, vecinos de Los Pajoques. Ante este abuso de poder, la gente conoce sus derechos y resistió, no les abrió la puerta del autobus.

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Según la procuradora adjunta de derechos humanos Hilda Morales no quedó claro el motivo del operativo. Al ser interrogado por la prensa el mismo director de la policía Walter Velásquez dijo que “personas” les habían informado que en un bus podrían viajar personas que han cometido delitos, cuando se le preguntó cuales dijo que podían ser algunos como violencia contra la mujer o violencia doméstica.

Así era, el operativo tenía como fin la búsqueda de Andrés Patzán y Lionzo Raxoc, vecinos de Los Pajoques con orden de captura. Pero la gente no les abrió la puerta del autobus. Según la procuradora adjunta no quedó claro el motivo del operativo, el mismo director de la policía dijo a la prensa que les habían informado personas en la Plaza que en un bus podrían viajar personas que han cometido delitos y al interrogarlo sobre el tipo de delitos dijo que podían ser violencia contra la mujer o violencia doméstica.

Varios de las agentes de la PNC fueron puestos para realizar el desalojo de las personas que rodearon el bus, portaban armas automáticas, también habían agentes con fusiles AK-47. Ningún agente que participe en un desalojo puede portar armas de fuego.

Las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez han estado organizadas una resistencia pacífica desde el año 2007 hasta la fecha contra el embate de la empresa Cementos Progreso y Conasa, que construyen ahí una planta cementera y un Anillo Regional que servirá de red vial para conectar la Planta de cemento con las principales carreteras del país. La gente ha sido fuertemente reprimida, les han impuesto dos estados de excepción, han habido muertos, mujeres violadas y abusadas sexualmente durante estos dos momentos; les han acusado de terroristas y hay varios miembros de está organización en prisión. Por tanto, este tipo de intimidaciones y agresiones contra ellos no les es extraño.

En cuanto se dio la noticia, muchas de las personas que aun quedaban en la Plaza Central se desplazaron  al lugar para verificar la situación de las familias retenidas y para velar por el respeto de los derechos humanos de las personas.

La solidaridad no se hizo esperar

Varias personas que venían de manifestar se hicieron presentes, especialmente estudiantes y organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, para solidarizarse con las familias Kaqchikeles retenidas.

Estudiantes de #UsacEsPueblo, representantes estudiantiles ante el CSU,  organizaciones de derechos humanos, campesinas, mujeres, vecinos de las colonias sobre el Periférico  y más personas se unieron para hacer una barrera humana y así proteger el bus y a las personas que estaban dentro y fuera de él. Al poco llegaron un grupo de autoridades indígenas, hombres y mujeres ixiles a sumarse quiénes portando sus bastones de autoridad ingresaron al bus para verificar la situación de las personas adentro.

La fuerza de la solidaridad se materializó con ellos. Se gritaban consignas, se cantaban canciones. En un megáfono sonaban “Sólo queremos ser humanos” de Fernando López y “Sólo le pido a dios” de Leon Gieco. Los carros que pasaban pitaban apoyando. A los policías les gritaban “el pueblo uniformado también es explotado”.

Había mujeres y niños a borde del colapso después de casi dos horas de encierro e incertidumbre. Alguna gente de las casas cercanas, de la orilla del Periférico, ofrecía sus casas para el baño, para los niños. Había gente haciendo colecta para los pañales de los bebé.

A pesar del terror instalado, comenzaron entonces los vecinos a romper el cerco policial, llegaron con alimentos, atol, panes, agua pura, familias completas llegaron a dejar pañales, alimentos, corrían de un lado a otro atrevesándose el Anillo Periférico para llegar hasta donde se encontraban las familias kaqchikeles. Cuando esto ocurría, cientos de voces coreaban “Uniremos al campo y la cuidad!”.

El abogado José Domingo del Comité de Unidad Campesina CUC presentó ante un juez un recurso de exhibición personal a favor de todas las personas retenidas dentro de la camioneta.  Los abogados Sergio Beltetón y Carlos Bezares se hicieron presentes, alegando ante la policía que se trataba de un operativo realizado fuera de lugar, con abuso de autoridad por la presencia de guardias fuertemente armados, una cadena de antimotines rodeando el área, provocando terror, y tratando a las personas de San Juan Sacatepéquez como si fueran delincuentes.  Pidieron a los agentes de la PNC y DEIC que presentaran una orden de aprehensión emitida por un juez y los oficiales a cargo del operativo se negaron a mostrar un solo documento, afirmando que en los celulares era en donde portaban fotografías de los hombres a quienes ellos buscaban.   La policía le pedía al abogado su identificación, pero él dijo que  esta esperando a juez de turno y que no dará datos.

Ya con la presencia de personal del Ministerio Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, y  de  la OACNUDH estuvieron tratando de  dilucidar la situación legal de la gente, que seguía retenida dentro del bus. Agentes de la División de Comunicación Social de la PNC, agentes de particular sin placa ni acreditación portaban cámaras fotográficas  o grababan todo en video.

A las 9.30 el ambiente se tensó. Los más de 300 antimotines se formaron, tomaron sus cascos y rodearon el bus y a la gente. Amenazaron con golpear y quitar por la fuerza la cadena humana de estudiantes, defensores de derechos humanos  y sacar a las 40 mujeres con sus hijos y hombres que estaban dentro del bus.

En un instante la tensión de la posibilidad del desalojo cambió, los agentes ya habían definido la estrategia para disolver la manifestación de apoyo y tomar control del bus, definieron qué tipo de gas usar y la formación que debían mantener cuando el tráfico se paró.

Y después de cinco horas pudieron seguir la marcha

Fue entonces que llegaron tres buses con unas 150 personas de las comunidades de San Juan Sacatepéquez y se sumaron a la cadena humana que hacían los estudiantes y manifestantes que venían del parque. Llegaron a solidarizarse para llevarse a casa a quiénes por horas habían sido retenidas:  “Libertad, libertad, libertad” gritaban los comunitarios junto con la población que acuerpaba desde horas antes.

Momentos antes había llegado la Licda Hilda Morales, Procuradora Adjunta de los Derechos Humanos. El operativo tomó un nivel distinto cuando también llegaron el Director de la Policía Nacional Civil Walter René Vásquez Cerón,  y el diputado Amílcar Pop también miembro de la Asociación de Abogados Mayas.

Las negociaciones y discusiones entre ellos se alargaron hasta que a las 11.10 de la noche, las mujeres Sanjuaneras que llegaron a acompañar a quienes estaban retenidas se colocaron frente a los antimotines y éstos retrocedieron, luego llegaría la orden de retirarse de la escena y el Director de la Policía Nacional Civil dio declaraciones públicas, explicando que la PNC cumplía órdenes, que el diputado Amílcar Pop le pidió que sopesaran lo que significaba la detención de dos personas  frente a la vulneración de todos. Se le preguntó cómo es que sabían que  en le autobús viajaban las personas con orden de captura y no supo responder.

Las y los universitarios en mayor cantidad ocuparon el carril auxiliar para evitar el avance de la fuerza antimotín. Finalmente, a las 11.20 de la noche, después de casi cuatro horas de detención, tensión e incertidumbre, el Director de la Policía Nacional declaró que por razones humanitarias dejarían ir al autobús. La Procuradora Adjunta firmó un acta para que las 60 personas retenida pudieran continuar la marcha y regresar  a sus hogares. La Procuraduría de Derechos Humanos y el diputado Amílcar Pop les acompañarían hasta San Juan para garantizar que no les vuelvan a hostigar.

Llegó el momento de la salida del bus retenido, las familias fueron acompañadas por los otros buses que llegaron desde San Juan Sacatepéquez e iniciaron su regreso a la comunidad, en ese momento los estudiantes se concentraron junto a los vecinos y otras personas que llegaron al lugar, de un extremo y otro del Periférico los vecinos gritaban y aplaudían, los camioneros y las personas de los vehículos bocinaban o gritan su apoyo. Sí se pudo, sí se pudo.

A las 11.30 el autobús arrancó camino a San Juan.  Sin embargo,  el viaje de regreso no fue fácil. Al inicio los acompañantes avisaron de que toda la carretera estaba llena de patrullas de policía; después, al acercarse a San Juan, aparecieron miembros de la seguridad comunitaria (un cuerpo paramilitar que apareció supuestamente para la “limpieza social” de las maras que se hicieron presentes en el municipio).

Finalmente a la una de la madrugada del domingo 14 de junio, el diputado Amilcar Pop y la gente de la PDH pudo regresar a la capital. Terminaba así un episodio más de brutalidad, prepotencia y arbitrariedad que han marcado los últimos diez años de la lucha de las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez por su derecho a un futuro digno.

La esperanza que estos dos últimos meses se ha levantado en el país, no debe hacernos olvidar estas luchas que siguen en pie y que es el mismo Estado corrupto el que busca acabar con ellas. La reciente detención de Ermitaño López de Barillas, y la audiencia  del caso por el que se acusa a Rigoberto Juarez y Domingo Mateo, que será el próximo martes 16,  nos lo recuerdan.

Esto apenas comienza.

#MiCorazonEsDeFlores #RenunciaYa #JusticiaYa


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Por Sergio Valdés Pedroni.*

 

Hablar con el bosque, acompañar a un ave herida, caminar por la orilla del cielo y la tierra, denunciar por todos los medios a quienes vulneran la integridad de una persona o un pueblo. Estas fueron las enseñanzas de Elizeth Us Tun, fallecida el jueves 28 de mayo, a consecuencia de una enfermedad.

 

Las personas que habitan en un país cambian y se vuelven más sensibles, unas en función de las otras. Esto es más claro cuando estrechamos el círculo geográfico: de país a región, de región a departamento, y así hasta llegar al cantón de una aldea lejana.

En Guatemala hay más de 29,500 comunidades rurales, entre aldeas, caseríos y parajes, y en cada una de ellas habita por lo menos una mujer como Elizeth Us Tum, que ha llorado por la injusticia, pero que cada mañana al despertar, abraza la voluntad de luchar por la vida.

Nació en Llano Grande, aldea de Chicamán, en El Quiché. Todavía vive ahí, pero su área de trabajo se centra en Uspantán y abarca cualquier lugar donde haga falta acompañar a víctimas de violencia. Cunen, Cotzal, Chajul, no hay municipio que no haya escuchado sus proclamas por los derechos humanos y la alegría.

 “Me considero una mujer empoderada –dice con voz de pequeña cascada montañosa–, una mujer que ya no tiene miedo. Que aprendió a defenderse y hablar en nombre de quienes lo necesitan, porque en Guatemala hay muchos casos de violencia que no se denuncian. Y eso es exactamente lo que hacemos: acompañamos casos de violencia sexual e intrafamiliar y luchamos por la defensa del territorio, en coordinación con organizaciones sociales, como el Comité de Pueblos Kichés”.

Con 36 años de edad, un hijo de 20, una hija de 18 y una niña de 9, disfruta el ejercicio de su memoria prodigiosa, como si fuera Ixpiyacoc o alguna de las abuelas mayas fundadoras de los recuerdos: “cuando tenía 3 años el ejército nos desalojó, nos quitó las tierras, mató a mucha gente alrededor y tuvimos que irnos de Chicamán para salvar la vida. Nos fuimos por un tiempo a Raxrujá, en las selvas de Alta Verapaz”.

De su infancia recuerda cuando iba con su familia al río: “mientras las mujeres lavaban ropa, los hombres nadaban y agarraban pescado. Como yo era traviesa, los seguía y me metía al agua. Hasta que un día me iba a ahogar, pero mi papá me agarró y me regañó. Yo le dije que quería aprender a nadar y él me tomó en sus brazos y me puso a patalear. Fueron momentos de mucha alegría”.

Un día el ejército secuestró a su papá, no se volvió a saber de él y la vida de Elizeth cobró la forma de un huipil mutilado por la crueldad, y los ojos de los hombres y las mujeres que antes reían a la orilla del río, se llenaron de tristezas y misterios.

De regreso en Chicamán, se puso a trabajar con un hombre que aserraba pinos en la montaña, sacando las tablas tiernas y pesadas hasta el camino ancho de la comunidad. “A veces me ayudaban o me regalaban un par de zapatos, pero siempre me costaba y sufría. En una ocasión, un ex militar que conocía a mi mamá, se aprovechó de mí. Fue horrible, porque yo ni siquiera había desarrollado como mujer”.

Después de aquella primera agresión, Elizeth se acercó a su abuela materna: “Se llamaba María Tum –dice, sollozando por su recuerdo–, era la comadrona de la comunidad pero también huesera, y curaba niños, curaba sustos ¡curaba de todo!. De plano eso ayudó para que no la mataran. Con ella aprendí el equilibrio de defender la vida”.

De su madre aprendió a identificar a los enemigos de la paz y a los agresores de mujeres. Con el tiempo, aprendió a ocultar sus sentimientos entre las piedras, y a fabricar con yerbas y agua del río medicinas para curar la tristeza y sanar las heridas del desamor y del olvido.

 “Antes habían ríos y nacimientos de agua donde mi abuela se ponía a platicar con el agua y con las nubes. Y ahora entiendo que era su forma de mantenerse a salvo, de librarse del dolor y de agarrar fuerza para vivir. Por eso cuando atravieso un bosque, me pongo a hablar con los árboles y con los pájaros, y les pido que lleven nuestro reclamo de justicia a todo el territorio. Y cuando tenemos un caso muy duro, una violación, un asesinato o un atentado contra el patrimonio natural del pueblo, hasta doy un grito o canto en voz muy alta. Soy la heredera de mi abuela”.

Para Elizeth, defender los derechos humanos es una tarea cotidiana: “con todo lo que he vivido, yo me doy cuenta de que si no hablamos, si no denunciamos, si no luchamos, siguen las violaciones, siguen las injusticias. Es muy importante denunciar, aunque ya sabemos que la situación en los juzgados está jodida, que a veces los juzgadores reciben dinero, que hay corrupción e impunidad, pero hay que seguir hablando”.

Hoy en El Quiché existe un número creciente de defensores y defensoras que frente a una agresión, rápidamente llaman los organismos de derechos humanos y a organizaciones sociales activas: “Nuestra idea es hacer redes, aunque sea para hablar de un sólo caso y que se conozca lo más rápido posible. Vamos al Ministerio Público o al INACIF y mandamos cartas por correo electrónico. También hemos visto que es muy importante dar conferencias de prensa, porque después de la denuncia vienen las amenazas y hasta los atentados. A veces de los agresores particulares, pero a veces de empresas involucradas en violaciones a los derechos humanos, o de otros poderes que actúan con impunidad”.

Elizeth vio y vivó el horror, y la muerte marcó su infancia. Y como si esto fuera poco, tuvo que cargar con varias agresiones directas a su integridad, no sólo en el campo sino en la ciudad, en la época en la que trabajó como empleada doméstica.

“Al lado de mi conciencia de la realidad iba creciendo un rencor y un odio muy fuerte contra las personas que se comprometieron con el ejército que mandaban a traer a nuestros familiares, para asesinarlos y desaparecerlos. Lo peor es que se hacían pasar por cristianos, como Ríos Mont. Pero un día empecé a defenderme y a trabajar por los derechos humanos de los demás, y recuperé la alegría y mi odio se volvió una fuerza para la vida, no para la muerte”.

 

 

 

* Tomado de LLEVAMOS LA VIDA ENTRE LAS MANOS, manual de DIAKONÍA sobre las medidas de la UNIÓN EUROPEA para proteger a quienes defienden los derechos humanos en Guatemala (en proceso de impresión y de pronta aparición pública). También apareció en la edición impresa de La Hora, hoy 30 de mayo de 2015.


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Por: Santiago Bastos – Prensa Comunitaria

El momento histórico en que estamos hace ver la necesidad de acabar con el Estado contrainsurgente que hunde sus raíces en la contrarrevolución. Estamos en condiciones de pensar en desmontar la trama cruel que este país ha heredado desde la colonia. Ése debería ser nuestro horizonte mínimo, el objetivo al que por decencia y coherencia deberíamos aspirar como sociedad.

Ha pasado poco más de un mes desde que las revelaciones de la CICIG dieran lugar a  una respuesta ciudadana que aún parece increíble, pero que ya forma parte de la historia de este país y de la de cada uno de nosotros. Los desbordes humanos con la creatividad desplegada en sus carteles; las capturas, renuncias y reacciones de gobernantes y demás políticos; y lo que todo esto puede significar para el futuro de este país –tan necesitado de futuro-, han dado mucho que hablar y que leer.

Se trata de uno de esos acontecimientos que hacen pequeños a los foros de la prensa “permitida”, llenan las redes sociales y ocupan las conversaciones de todos los días. No es para menos, como en muchos de estos espacios se ha escrito, estamos en un momento único en mucho tiempo, y que puede dar mucho de sí.

Así que, aún con el miedo de caer en el peligro de que los hechos rebasen los análisis, quiero proponer algunas ideas y opiniones que den pistas para entender dónde estamos y hacia dónde podemos y queremos ir.

Parto de que la famosa crisis en que nos encontramos se está dando en tres niveles explícitos y simultáneos –y uno más, latente. Todos ellos están estrechamente entrelazados, pero cada una tiene una profundidad histórica y un tipo de solución y unos obstáculos diferentes.

1          La corrupción como norma

El primer nivel es el que podríamos llamar la “crisis moral” que viene del nivel de desfachatez al que había llegado la corrupción que, siendo ya habitual en el sistema político guatemalteco, en este mandato había rebasado todas las normas. Las revelaciones de la CICIG desbordaron el vaso que se había ido llenando con los hechos que todos habíamos ido conociendo.

DSC_0386 copyLa figura emblemática de esta amoralidad rampante es la (ya ex) vicepresidenta con su descaro sin disimulo. La manera en que se saltaba las formas más básicas, llenaron de indignación a esa clase media que se sintió robada, estafada por el gobierno y estalló los primeros días de la crisis como no lo había hecho en el último medio siglo.

Quienes históricamente se benefician de la corrupción mantenida a niveles manejables –el gobierno, el CACIF, la Embajada de USA, los demás partidos políticos y muchos columnistas que representan los intereses de todos ellos- pensaron que la renuncia de Baldetti sería suficiente para desactivar una crisis que pensaban/esperaban que se mantuviera a este nivel. Con ello ya se habría lavado la cara del sistema, se habría calmado a esta clase media que sintió estafada y se podría seguir operando como siempre.

Pero parece que el cálculo de “control de  daños” no resultó acertado. La separación del cargo de otros tres ministros tampoco fue suficiente para contrarrestar los casos de corrupción que se han ido destapando. Por el contrario, parece que hay consenso alrededor de la renuncia de Otto Pérez y la aplicación de la justicia hasta sus últimas consecuencias a todos los implicados en los casos. Incluso sectores y columnistas propensos a la “estabilidad” empiezan a manejar esta tesis que en la calle es unánime.

2          El sistema podrido

Pero no es sólo eso. Lo que los carteles proclaman, las consignas vocean y los articulistas discurren, es que la discusión ya rebasó ese nivel de la crisis, y que la indignación ha llegado a otro más profundo: el sistema político fraguado después del conflicto, desde la “transición” de 1985 y la paz de 1996.

11267163_10200583456744161_2046139677803769811_nEl descubrimiento de la estructura de La Línea ha permitido aflorar el rechazo acumulado hacia un sistema político-electoral que a lo largo de estas últimas décadas se había convertido en un  fraude público. Los partidos creados para la carrera personal de sus dueños, el transfuguismo como práctica cotidiana dentro del congreso, frente  a la permanencia eterna de alcaldes y diputados, las leyes que se aprueban y desaprueban sin ser leídas, la connivencia abierta con podres paralelos y crimen organizado…. Es decir, un sistema en que la representación popular, la independencia de poderes, el bien común y esos conceptos que encabezan la Constitución dejaron paso a la defraudación como tareas centrales del quehacer del político.

Baldizón y su dizquepartido Lider, con su actual consigna de “Nos toca” representan lo peor de este sistema: el político arribista que en su ambición pasó por encima de la democracia y la gente, y por ello está siendo el más señalado por una ciudadanía. Lo mismo pasa con Nicho Barrientos en Xela, uno esos alcaldes eternos “multipartido” al que le ha llegado la presión de la calle.

El rechazo a esta forma pervertida de entender la política ha hecho nacer una de esas expresiones en que la ciudadanía hace poesía cotidiana: las iniciativas de pintar con flores y colores los ilegales carteles con que los partidos invaden impunemente el espacio público.

Todo esto muestra la conciencia de que la corrupción no es más que una manifestación de un sistema político podrido desde sus inicios. Por ello una buena cantidad de propuestas apuestan por las posibles salidas institucionales que permitan aprovechar el momento histórico para corregir el giro de la democracia en la Guatemala post conflicto. Además de los carteles y las consignas que expresan su descontento, cada vez más columnistas certeros y bien intencionados están hablando de reformas a las leyes electorales y de partidos, de convocar a una constituyente, de depurar partidos, juzgados y magistraturas y de vetar reelecciones de alcaldes y diputados. Las discusiones están en los detalles “técnicos” sobre cómo empalmar la situación de crisis con la posible reforma sin salir de la institucionalidad que nadie quiere romper.

Éste es el nivel en el que se juega la crisis en este momento. Tenemos la posibilidad cercana de una reforma al sistema político que nos ha gobernado en los últimos, pero no es algo que vaya ser fácil. Tanto desde el gobierno como en el partido Lider no hay muchas señales de que se hayan dado cuenta de esto. La necedad de Otto Pérez Molina en el puesto, el nombramiento de dos dinosaurios de extrema derecha como vicepresidente y como candidato; la forma en que Baldizón sigue manejado la impunidad y la violencia, parecen indicar que apuestan a la inercia del sistema fuera de los círculos movilizados.

Por otro lado, ya sabemos –nos lo recuerdan continuamente  los columnistas agoreros- que van a haber “fuerzas mayores” y “poderes fácticos” que van a tratar de neutralizar cualquier posibilidad de que haya verdaderos cambios. Esos siempre han estado y siempre van a estar. Por ahora, se les va forzando a ponerse la corbata de  demócratas si quieren salir en la foto y se van sumando a estas propuestas de reforma política –aunque no les guste. Hay articulistas y medios que se las dan de independientes que ya se asustaron y están empezando a deslegitimar el proceso….

Si el actual gobierno acabara dando paso a una forma de “transición” que diera lugar a unas reformas en los cuerpos de representación y de justicia que permitieran pensar un futuro diferente –empezando por aplicarla a todos los que han robado el dinero que tanta hacía al país-, ya sería ganancia, ya habría merecido la pena todo este esfuerzo.

3       La continuidad del estado contrainsurgente

Pero no basta con llegar a este nivel de la crisis. Muchas de las consignas y de las pancartas, de las mantas desplegadas en estos días, y algunos de los artículos escritos apuntan a una cuestión que creo es fundamental tener en cuenta: reformar el sistema político-representativo es una cuestión necesaria pero no suficiente. Las características de este sistema son una de las facetas que muestran que seguimos viviendo en una sociedad que no ha resuelto sus problemas sustantivos después de una guerra interna, un genocidio y un proceso de paz.

11263003_10200583447583932_7323677783899887395_nLa llegada de Otto Pérez Molina -el comandante Tito de Nebaj en 1982 y firmante de la paz en 1996- a la Presidencia de la República era una de las mejores muestras de esta continuidad del poder militar, y en los hechos se encargó de demostrar que no era en absoluto simbólica. La Línea mostró que también representaba a los militares presentes, al menos desde los años 70 del siglo pasado, en las estructuras clandestinas que combinan la represión y la corrupción. Los relatos sobre la actuación de sus dos antecedentes -La Cofradía y La Oficina- dan pavor no sólo por la capacidad de robo y camaradería que dejan a los sicilianos a nivel de boy scouts. Sobre todo, aterran por la incapacidad / falta de voluntad del resto del sistema político por hacer algo al respecto. Ellos son igual de culpables

Estas estructuras clandestinas no se han dedicado sólo a la corrupción. Tienen que ver con Lima Oliva –Gerardi, la cárceles, el Partido Patriota- y con la Fundación contra el Terrorismo; con las empresas de seguridad y los contratistas, con los testaferros  y socios de las mineras, las hidroeléctricas y también cementeras y cañeras . La sentencia del juicio por genocidio a Rios Montt implicaba  una amenaza a todo esto y por eso hubo que tomar medidas de emergencia –utilizando al sistema podrido.

Todo esto es una muestra más de que nunca se dio la supuesta salida del régimen contrainsurgente. A los culpables de los diversos delitos declarados y comprobados –aunque no juzgados- por la CEH, se les premió entregándoles el Estado como botín y nuestros impuestos como carnada, por haber defendido los intereses de la oligarquía –que nunca ha pagado esos impuestos y sí se ha beneficiado de la corrupción en aduanas.

Porque finalmente los militares sólo son los guardianes de un sistema que históricamente se ha basado en la dominación brutal como forma de acumulación de una minoría. Ése es el problema. Esta continuidad se aprecia en un liberalismo que no ha hecho sino reforzar el carácter oligárquico, estamental  y racista de eta sociedad; que ya era un paradigma de desigualdad, violencia y desprecio en todo el continente. Guatemala sigue siendo una sociedad de desnutrición, represión, salarios injustos, inseguridad,  viviendas precarias, vidas sin futuro.

Este nivel de crisis no está aún planteado abiertamente en el plano institucional, pero es claramente visible en muchas de los carteles y las frases de personas que ven claramente lo que representa la incrustación militar en las tramas del crimen organizado y la continuidad militar en la formas de gobierno que se mantienen este escenario de supuesto post conflicto. Desde ahí se reclama la renuncia del Mayor Tito y se aplaude la salida de su colega López Bonilla -que hasta ahora ha sabido mantenerse en una sospechosa segunda fila-, como responsables directos de la represión de los últimos años, sobre todo a campesinos e indígenas –que ya se están sumando a las manifestaciones en todos el país.

4          El pozo y el agua limpia

Evidentemente, quienes procuran el “control de daños” lo que quieren evitar es que la crisis llegue a plantearse en este nivel –quizá por ello ahora se apuntan a una propuestas que hace una semanas rechazaban. Y hay muchas almas bienintencionadas que realmente quieren una refundación de la democracia, pensando que no es bueno ni necesario que la crisis profundice más. Según ellos, con las  medidas de reforma político-electoral, y tomando la senda que nos llevará a la democracia, se abriría el camino por el que se resolverían los problemas estructurales que este país carga desde hace demasiados siglos.

DSC_0513 copyEs verdad que por ahí puede ir el camino histórico, y hacia allá apuntan quienes reclaman que la asamblea constituyente tenga un contenido popular y plurinacional. Pero a mí me da la impresión de que no va a ser tan sencillo y de que si nos quedamos con esa esperanza, perdemos la perspectiva.

El momento histórico en que estamos hace ver la necesidad de acabar con el Estado contrainsurgente que hunde sus raíces en la contrarrevolución y se ha renovado con el estado neoliberal militarizado. Estamos en condiciones de pensar en desmontar la trama cruel que este país ha heredado desde la colonia. Ése debería ser nuestro horizonte mínimo, el objetivo al que por decencia y coherencia deberíamos aspirar como sociedad. Si no, cualquier reforma constitucional y recambio de partidos políticos va a ser inútil, las empresas y los organismos internacionales van a ayudar a los oligarcas y sus guardianes a que sigamos siendo una sociedad sumisa y explotable.

Llegar a eso no va a ser fácil, hay que tenerlo claro. Y mantenerlo, sería más difícil aún. Parece que por las reglas del juego en que estamos, la vía electoral ha de ser la forma en que por ahora se logren los cambios. Pero si algo estamos aprendiendo en estas jornadas es que hay veces en que la presencia en las calles vale más que muchos votos. Es impresionante ver cómo la convocatoria no decae cada jornada de protesta. En vez de mostrar agotamiento y desmovilización, más gente sale a las calles y cada vez en más lugares. Las muestras de  podredumbre del sistema evidentemente ayudan, pero los carteles muestran que también son los nuevos horizontes que se van abriendo en cada convocatoria exitosa: cada vez hay más que se puede pedir, y cada vez se va pidiendo más. Estar, manifestar, ser parte del cambio es ya un objetivo en sí mismo.

Ésa es la esperanza que estamos construyendo. Cuanto más profundo sea el pozo que cavemos, más fuerte saldrá el chorro, y más limpia será el agua.

5         Epílogo: ¿cavar más?

Hasta aquí, creo que habrá consenso en cuanto a la situación en que estamos, y este artículo debería terminar aquí. Pero no puedo cerrarlo sin por lo menos añadir un nivel más de crisis que percibo. Quizá aún no es tan evidente, pero ya hay síntomas en las mantas, pancartas, algún artículo y en las redes sociales. Es un tema que da para otro texto y se inserta en otro(s) debate(s), pero cruza con y se manifiesta en la situación en que estamos.

10006242_749558801828628_2977872592242143102_n (1)Me refiero a las expresiones que apuntan a que la indignación y el hartazgo no son con estos partidos ni con este sistema, sino con el sistema y con los partidos. El problema no es esta democracia, sino la democracia tal y como la vivimos en estos tiempos. Se trata de la crisis de las formas de hacer política que se está dando en todo el mundo porque, de hecho, en todas partes, los sistemas democráticos han dejado de funcionar como tales, para ser vías de acceso de las corporaciones económicas.

Este nivel de descontento se expresa de maneras diversas. Por un lado, en los debates en torno a la necesidad del voto, el voto nulo y la abstención, que venían de antes y con esta crisis evidentemente toman nuevos derroteros pero no se agotan. Se expresa en la desconfianza general hacia las formas de organización presente en los debates de la izquierda sobre las vanguardias, pero va más allá y se ve en la difícil relación de las movilizaciones comunitarias con las organizaciones nacionales. En esta crisis, aparece mostrando su cara más creativa en la horizontalidad de la autoconvocatoria, sin tarimas ni ordenes ni banderas, ni organizaciones que -esperemos- quieran secuestrarla en un ambiente que recuerda a las asambleas del 15M español y los occupy de New York.

Por eso, éste puede ser un horizonte a plantear como objetivo. Las mentes estratégicas, coherentes y responsables me van a decir que primero hay que ir a lo que ahora es importante, que con resolver lo que tenemos por delante ya es bastante, y que qué ganamos abriendo nuevos frentes de debate.

Pero puestos a cavar el pozo; ¿No será que estamos en un buen momento para pensar por qué otras vías formas podríamos salir de esta crisis? ¿Por qué no empezar a pensar que hay otras formas en que podemos hacer política más allá de las que nos han heredado y actuamos como si  fueran las únicas posibles?  ¿Podríamos aprovechar para quitarnos los corsés de los apóstoles de la urna y la boleta, que nos han impulsado a creer que la democracia es un fin en sí mismo, y no una de las formas para la participación política?

¿Cuántas formas de participación no vemos a nuestro alrededor y nos podría ayudar a salir de este atolladero histórico en que nos encontramos!

Cavando más hondo, seguro que aparecen. Y nos sirven a todas y todos para mucho mas tiempo.

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