Guatemala Comunitaria

Heriberto Valdés Asij, su abogada defensora, Gilda Aguilar abogada y Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar.

Quimy De León

“No estamos inventando, nosotras vivimos y sufrimos con nuestros propios cuerpos”

Doña Demesia

El Juez Miguel Ángel Gálvez preside el juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo B ubicado en el nivel 14 en la Torre de Tribunales en el centro de la ciudad capital.

Éste martes 14 de octubre de 2014, después de tres audiencias para escuchar tanto al Ministerio Público como parte acusadora, a las querellantes adhesivas y a la defensa de dos militares. El Juez Miguel Ángel Gálvez decidió mediante un análisis de la ley a la luz de las pruebas presentadas, testimonios y argumentos, que el coronel del ejército Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij van a Juicio oral y público.

Los delitos de los que se les acusa son a Francisco Esteelmer Reyes Girón los delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad por tratos humillantes y a Heriberto Valdés Asij: desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual.

Esta verdad histórica será probada en el juicio que abrirá el 29 de octubre en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esta verdad, que es la verdad de quienes vivieron este horror. El juez declaró que el proceso debe seguir y que se abre el juicio y ellos quedan en prisión preventiva.

Abogada defensora Gilda Aguilar y el militar Francisco Esteelmer Reyes Girón

Ex comisionado militar Heriberto Valdés Asij

Justicia por violación y esclavitud sexual

Sepur Zarco es una comunidad que se ubica en el municipio de El Estor en Izabal, en ella durante los años más duros de la guerra y el genocidio se construyó en el año de 1982[1] un destacamento militar, en éste lugar como en otros, los militares cometieron una serie de crímenes tipificados como de lesa humanidad, entre éstos la violación y esclavitud sexual durante al menos seis meses en contra de aproximadamente 20 mujeres. A varias de ellas, además les habían desaparecido o asesinado a sus esposos o familiares.

Las mujeres que se atrevieron a no permitir que éstos crímenes quedaran impunes, que se atrevieron a hablar y a pasar por una serie de momentos y trámites engorrosos que alargan el tiempo de espera para que la justicia vaya tomando forma, son nuestra motivación para reflexionar, pensar y seguir actuando a favor de la verdad y la memoria.

Desde que declararon en audiencia anticipada, las mujeres llegaron cubiertas con colores y con tejidos llegaron a sentarse frente a sus perpetradores. No llegaron solas, llegaron acompañadas por varias personas, mujeres comunitarias, por organizaciones de mujeres que conforman la Alianza Rompiendo el Silencio y la impunidad. En las últimas tres audiencias solo llegó quien representa la colectiva en la que se organizaron para ser querellantes también de este caso.

Querellante adhesiva y sobreviviente

Mientras la justicia llega

Ingresar a la torre de tribunales no es nada agradable, las veces que lo he hecho ha sido para acompañar algún caso de alto impacto, relacionado con derechos humanos y sus constantes violaciones. Conocer y comprender cómo se mueve el poder en uno de los campos de lucha más complejos es escalofriante, además de lo difícil que es comprender como funciona el sistema de justicia y las mismas leyes y su manoseo. La mayoría de veces que he asistido a una audiencia, he podido comprobar más allá del discurso que ambas funciona a beneficio del bloque de poder representado en las estructuras patriarcales políticas, militares, sociales, religiosas  y económicas que controlan en su mayoría hombres.

Justicia por violación y esclavitud sexual

Sepur Zarco es una comunidad que se ubica en el municipio de El Estor en Izabal, en ella durante los años más duros de la guerra y el genocidio se construyó en el año de 1982[1] un destacamento militar, en éste lugar como en otros, los militares cometieron una serie de crímenes tipificados como de lesa humanidad, entre éstos la violación y esclavitud sexual durante al menos seis meses en contra de aproximadamente 20 mujeres. A varias de ellas, además les habían desaparecido o asesinado a sus esposos o familiares.

Aún así estoy convencida que si para muchas mujeres y personas sobrevivientes de genocidio y otros delitos contra los deberes de humanidad, es importante buscar la justicia en este campo, entonces éste se convierte en estratégico para la disputa de sentido que se requiere hacer en nuestro país. La valentía de quienes se atreven a llevar hasta un juicio a sus perpetradores y abusadores, se convierte es una responsabilidad para la sociedad completa, para entender la historia y reconstruirla.

Asistentes a la audiencia

Conforme se va desarrollando la trama judicial, se van presentando pruebas, peritajes, testimonios y documentos de archivo existe la posibilidad de llegar a ratificar que lo que sabemos como pueblos, lo que hemos sabido siempre en voz baja y es que estos crímenes si ocurrieron, que si hubo genocidio, que si hubo violación y esclavitud sexual. Este tipo de hechos marcan una huella en la historia, en la memoria colectiva, de las luchas de las mujeres y de las luchas feministas.

[1]  El destacamento fue cerrado en el año de 1988.


Por: Quimy De León

Desde las siete y media de la mañana del 2 de octubre pasado, acudimos al llamado que había hecho por distintos medios Rigoberta Menchú Tum y la fundación que lleva su nombre. Es un día importante pues inicia un nuevo proceso judicial que nos dará la posibilidad de entender parte de nuestra historia y los hechos ocurridos en 1980, ya que en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia inició el juicio oral y público en contra del Jefe del Comando 6 de la Policía Nacional: Pedro García Arredondo.

En las afueras del edificio de la corte se realizó una invocación, yo llegué muy temprano y ya estaban colocadas varias ofrendas en el suelo velas blancas, rosas rojas, jocotes, piñas y otras ofrendas para empezar agradeciendo y pidiendo buenas energías para empezar la jornada.

Quienes pasaban por ahí para ir al trabajo o quizá para realizar alguna gestión miraban con indiferencia lo que ocurría en este lugar, seguramente pocas de estas personas tenían la más mínima idea de que ahí mismo, en una sala de audiencias se empezaría a discutir acerca de la historia, de su propia historia.

Testiga Rigoberta Menchú. Premio Nobel de la Paz.

El inicio del juicio: lleno de expectativas

En la sala habían más de doscientas cincuenta personas, entre activistas, cientistas sociales, luchadoras sociales, periodistas, familiares y sobrevivientes con mucho nerviosismo y ganas de encontrar justicia. La jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B Irma Yanet Valdez Rojas abre la audiencia en la sala de vistas de Corte Suprema de Justicia junto a su tribunal compuesta por otras dos juezas. Se presentan las fiscales del Ministerio Público, también quienes serán querellantes adhesivos y sus abogados y abogadas.

El abogado defensor de García Arredondo Moisés Galindo, solicita que se admita como defensa a otro abogado. Inmediatamente después un supuesto abogado de la Fundación contra el Terrorismo, empieza a hablar desde el público irrumpiendo la audiencia pretendiendo hacer una exposición y presenta a Ricardo Méndez Ruíz en calidad de presidente de esta Fundación y de querellante adhesivo. Habla durante unos quince minutos hasta que los abogados querellantes adhesivos solicitan a la jueza que no se puede permitir ésta acción ya que son personas del público.

Finalmente el tribunal resuelve que no están acreditados para actuar como querellantes y que deben permanecer como público. Inmediatamente después se retiraron.

“Ninguno vivo”

Pudo haber sido un día cualquiera sin embargo un 31 de enero del año ochenta, ocurrió un hecho indescriptible, una masacre adentro de las instalaciones de la Embajada de España. Esto conmocionó, indignó y aterrorizó al país y a la comunidad internacional.

La fiscal del Ministerio presentó sus alegatos y dijo que quedarán acreditados los hechos que constituyen las tres acusaciones en contra de Pedro García Arredondo en grado de autor.

A las once y media de la mañana de ese día se ocupó “de forma pacifica por varios ciudadanas y ciudadanos que tenían por objeto denunciar las masacres y las violaciones a sus derechos fundamentales cometidas por el ejército de Guatemala. Quedará acreditado que el acusado quien ejercía el cargo de primer jefe de la sección de investigaciones especiales comando seis de la policía nacional ejecutó órdenes giradas por sus superiores jerárquicos, de donde provino la orden que nadie saliera vivo de la embajada. El acusado para cumplir realizó:

  1. Impidió la salida de los ocupantes de la embajada de España, funcionarios y empleados, otros ciudadanos guatemaltecos y españoles.
  2. Hizo caso omiso a las peticiones del embajador español Máximo Cajal y López quien le indicó que las fuerzas de seguridad no ingresaran a la sede diplomática.
  3. Impidió y obstaculizó cualquier comunicación, mediación y negociación pacifica.
  4. Vulneró flagrantemente la inviolabilidad diplomática de la embajada española cuando ordeno el ingreso de las fuerzas policiales bajo su mando.
  5. Ordenó que agentes policiales bajo su mando destruyeran ventas y puertas con la única intención de darle muerte a los que se encontraban ahí por considerarlos enemigos internos y así darles fiel cumplimiento a las órdenes que había recibido.
  6. Obstaculizó el ingreso de la Cruz Roja, bomberos municipales y voluntarios para ayudar a las personas que se estaban quemando dentro de la embajada de España quienes gritaban de dolor pidiendo auxilio.

Las acciones ejecutadas por el acusado y los agentes bajo su mando en el operativo de asalto a la embajada de España, produjeron

La muerte de 37 personas calcinadas quienes murieron por quemaduras de tercero y cuarto grado y dos personas sobrevivientes. Eran 22 campesinos:

  • Mateo Sis
  • Víctor Gómez Zacarías
  • Juan Chic Hernández
  • Mateo López Calvo
  • Juan José Yox
  • Maria Ramírez Anai
  • Regina Pol Puy
  • Francisco Chen
  • Salomón Tavico
  • Vicente Menchú
  • María Pinula Lux
  • Juan Us Chic
  • Francisco Tuc
  • Trinidad Gómez Hernández
  • José Ángel Xoná
  • Gabino Mario Chuté
  • Juan Tomás Lux
  • Mateo Sic Chen
  • Juan López Yax
  • Gaspar Vi Vi
  • Felipe Antonio García
  • María Ramírez Anai.

5 Estudiantes Universitarios:

  • Sonia Magalí Welches Valdéz
  • Luis Antonio Ramírez Paz
  • Leopoldo Pineda Pedroza
  • Edgar Rodolfo Negreros y
  • Blanca Lidia Domínguez Girón.

Personal Diplomático:

  • Felipe Sáenz Martínez
  • Jaime Ruíz del Arbol Soler
  • María Wilkem Molina
  • María Lucrecia Rivas Fernández de Anleu
  • Nora Adela Mena Aceituno
  • Miriam Judith Rodríguez Urrutia
  • María Teresa Vásquez Ochando
  • María Cristina Melgar Espinoza

Dos visitantes

  • Eduardo Rafael Cáceres
  • Gustavo Adolfo Molina Orantes

Sobrevivientes:

Máximo Cajal y López quien logró escapar por sus propios medios y Gregorio Yujá Xoná”[1].

La fiscalía dijo que muchas de las acciones realizadas por Pedro García Arredondo, miembros del comando 6 y su grupo de choque, podrían ser tipificadas como delitos de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad contra 37 víctimas que murieron en la masacre de la Embajada de España ocurrida el 31 de enero de 1980 y por asesinato en grado de tentativa contra Máximo Cajal entonces embajador de España y Gregorio Yujá Xoná quienes habían logrado sobrevivir. También será acusado por el asesinato de Gustavo Adolfo Hernández González presidente del Frente Estudiantil Universitario y Jesús Alberto España cuando se encontraban en el Paraninfo Universitario en el velorio de las víctimas de la masacre.

Pedro García Arredondo, jefe del comando 6.

Sentado en el banquillo de los acusados

Pedro García Arredondo jefe del comando 6 de la policía acusado de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad contra 37 víctimas de la masacre de la Embajada de España. Sus únicas palabras fueron:

“ante dios y la tierra soy inocente, soy inocente y soy inocente”

Testimonios

Tres testigos tuvieron la oportunidad de declarar hoy Rigoberta Menchú Tum premio Nobel de la Paz hija de Vicente Menchú quien murió en esta masacre, quien era catequista y campesino “se dedicó a la agricultura y a defender a la naturaleza, a las montañas de Chimel, era analfabeto, era dirigente campesino, guía espiritual, catequista. una persona conocido en muchas comunidades.”

Su testimonio fue contundente y detallado, nos permite no solamente acercarnos a los hechos ocurridos sino a la realidad que viven miles de personas indígenas en zonas rurales excluidas. Sergio Vi también tuvo la oportunidad de hablar por el asesinato de su padre Gaspar Vi en este terrible hecho. El Lic. Aguirre Godoy quien fue presidente de la Corte suprema de Justicia da su testimonio de lo ocurrido ese 31 de enero de 1980 y de cómo el logró salvar su vida.

[1] La fiscal del Ministerio presentó sus alegatos y dijo que quedarán acreditados los hechos que constituyen las tres acusaciones en contra de Pedro García Arredondo en grado de autor.

 


 

Gladys Tzul Tzul[1]

 

A la memoria de nuestros muertos del 4 de octubre en Chuimeq’ena’ y  del 20 de septiembre en San Juan Sacatepéquez. 

Porque con  ustedes viviremos.  

 

¿Por  qué?  Si  es sabido popularmente que  cuando las comunidades  de Chuimeq’ena’ (Totonicapán)  se manifiestan  nunca lo hacen armadas.  ¿Por qué disparar más de 108 casquillos y lanzar más 90 bombas lacrimógenas a mujeres, hombres  y niños que estaban almorzando?. ¿Por qué insisten  en usar  su razón genocida  contra las sociedades indígenas? Si nuestras luchas comunitarias  siempre ha sido por la defensa de la vida y  nunca por la violencia.

Nos masacran a pesar  de que saben que nuestro trabajo, el de nuestros padres y madres sostiene en  gran parte la economía  de la sociedad guatemalteca.  Nos masacran  aún sabiendo que  del   k’ax k’ol que  realizamos  en Totonicapán para trabajar y mantener la montaña comunal, se nutren varias cuencas  que producen agua  que los perpetradores  de  las masacres  y sus familias beben  diariamente.

¿Por qué?  Si  el ejército y la policía no tiene que actuar combinadamente contra los bloqueos y las manifestaciones.  ¿Por qué  el  gobierno y las elites económicas  le dan tan poco valor a la vida y hacen de la muerte su forma para despojar y de gobernar?

Las interrogantes anteriores dan contenido a  las luchas de las comunidades de Totonicapán a dos años después de la masacre del 4 de octubre,  pero estas pregunta no son exclusivas  de Chuimeq’ena’,  son también útiles para pensar  lo que  está ocurriendo en  San Juan Sacatepéquez y en otros lugares que luchan por la dignidad de la vida y contra los proyectos extractivos.

Las interrogantes interpelan a los  que planean y ejecutan las  masacres y a quienes estarían encargados de  establecer procesos de investigación para promover justicia. Como sabemos que ellos hacen  caso omiso  a nuestros cuestionamientos, propongo que por el momento, entre todas y todos nos respondamos. Yo intento construir una respuesta, y  ésta puede ser alimentada por quienes luchan por la defensa soberana  de los territorios indígenas.

Nos masacraron el 4 de octubre del  2012 porque el levantamiento de  los 48 cantones de Chuimeq’ena’ contenía las luchas políticas  indígenas contra el agravio, el despojo y el tutelaje. Si bien es cierto que éste levantamiento se estructuró desde demandas  comunales indígenas y estaba protagonizado centralmente por  las 48  comunidades de Totonicapán, los objetivos no  se circunscribía exclusivamente  al interés  de las comunidades.

Lo que Totonicapán planteaba el  4 de octubre del 2012  tenían  como espíritu una negativa profunda contra las formas de dominación y explotación que el Estado, mediante el gobierno  ejerce sobre las sociedades indígenas y también sobre las no indígenas.

La protesta entrelazaba varios intereses, de tal forma que protestar contra la reforma constitucional, contra el aumento del kilovatio de   la energía eléctrica y contra la  reforma a la carrera magisterial podía producir un efecto expansivo y de  hermanamiento con varias luchas  que  se libraban –y se libran-  hoy  día  en Guatemala.

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¿Por qué no estamos de acuerdo  con la reforma constitucional  que modifica los artículos 1 y 66? Porque éstos  han servido como telón de fondo   para luchar  y defender las soberanía territorial de  las sociedades indígenas. La conexión entre el artículo 1 y 66  deja claro que su espíritu  es declarar al Estado-nación para que funcione como ente universal donde las  sociedades indígenas  aparezcan solamente como elementos  -casi folklóricos- que forman la nación. Esto atentamente contra lo que realmente somos los pueblos indígenas, es decir sociedades que organizan su vida cotidiana  en  tierras comunales. De ahí es donde se producen  el agua, la leña, la comida para los animales, los caminos, los cementerios, entre varios más.  Los pueblos indígenas  también han estructurado sistemas de gobierno para resistir y responder a la dominación, es desde estos sistemas de gobierno  o juntas  directivas  de alcaldes comunales  desde donde  se pacta y se ordena los medios concretos para  la vida.

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Poner un freno a las abusivas maneras de aumentar el costo del kilovatio de la energía eléctrica y exigir  que nos  informaran cuál era la causa de los desmedidos aumentos tenía  mucha fuerza.  Porque esto representa un golpe a la economía familia  de la  gran mayoría de las sociedad guatemalteca.

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 Decir:  no queremos que nuestras hijas e hijos estudien más años la carrera de magisterio. Decir:  no queremos  la reforma a la carrera magisterial. Porque para muchos jóvenes –como fue mi caso-  ser maestra  constituye  un lugar de movilidad social.  (marginal, pero al fin y al cabo de movilidad)  Lo mismos sucede con una considerable parte de las sociedades mestizas, donde las  carreras normalistas  representaban  la posibilidad de ingresar al mundo laboral.

Así pues,  el levantamiento del 4 de octubre apuntaba contra la  estructura  estatal de dominación y tutelaje que el Estado quiere mantener contras los pueblos indígenas, cuestionaba profundamente la propuesta educativa y decía no queremos que el costo de la vida siga aumentando. ¿Queremos saber por qué?.

Esas tres  causas tenía toda la potencia para expandirse nacionalmente.  Por eso nos masacraron. No digo de ninguna forma que Totonicapán sea el  centro de la lucha. Al contrario yo creo que las luchas  son plurales y cobran las formas y las intensidades  de manera diferente,  porque estas se encuentran ancladas  un territorio concreto y porque en Totonicapán  nos hemos nutridos  de las luchas ixiles,  k’anjobales, kaqchikeles, mames, solo por nombrar algunas.

Cuando el  ejercitó masacro a  Rafael Batz  y Santos Nicolás Menchú, de Pasajoc; Jesús Baltazar Caxaj Puac, Francisco Ordoñez, José Eusebio Puac Ordoñez, del cantón Chipuac; y Arturo Félix Sapón Yax, de Panquix. No  sólo masacro a seis personas. Nos  masacró a las 48 comunidades de Totonicapán porque sus nombres, sus vidas y sus muertes tienen una intima conexión con las luchas contra los tributos coloniales de las que fueron protagonistas Atanasio Tzul. Felipa Tzoc y Lucas Akiral en 1820. Sus nombres, su vida y su muerte son parte de nuestra historia política que Atanasio Tzul, Felipa Tzoc y Lucas Akiral.

Ante la matanza,  las 48 comunidades respondieron con   solidaridad, con pancartas de denuncia, con flores, con azúcar, con velas,  con arte. Respondimos   con el K’astajimen, con el despertar, por que aún en medio de la muerte y el dolor las sociedades indígenas siempre tuvieron la capacidad de organizar   lo bello.


[1] K’iche’ de Chuimeq’ena’. Comunidad de Estudios Mayas. Doctoranda en sociología por la ICSYH de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, adscrita al área  de investigación: entramados  comunitarios y formas  de lo político. Su tesis doctoral se denomina: Comunidad Indígena: Una  genealogía de los sistemas de gobierno en Chuimeq’ena’.  Actualmente, vive en el Ecuador,   donde realiza una estancia doctoral  sobre los levantamientos indígenas de la década de los 90, desde el Centro de Investigación  de Movimientos   Sociales  del Ecuador. –CEDIME- y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Ecuador.