Guatemala Comunitaria

Las mujeres Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez en resistencia pacífica para la inauguración de la planta cementera San Gabriel. Julio 2013.

 

Claudia Korol – Feminista inconveniente. Integrante del equipo de educación popular pañuelos en rebeldía.*

 

Fue el cuento más breve y más conmovedor, el del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que escribió en 1959:

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

 

El microrrelato brevísimo condensa una larguísima historia de dolores, de masacres que continúan, amparadas en el racismo impuesto por la violencia capitalista colonial patriarcal. Todavía sentimos en nuestros cuerpos y en nuestra piel las miradas de las mujeres ixiles denunciando la violencia sexual, como parte de los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por la dictadura encabezada por Ríos Montt. Todavía sentimos las voces de las mujeres xincas de las montañas de Jalapa, denunciando el estado de sitio impuesto para defender los intereses de las corporaciones de la minería.

“No te duermas”, digo, que el dinosaurio todavía está allá. No te duermas, porque las masacres siguen enlutando a los pueblos de esa franja de territorio nuestroamericano, y si miramos a otro lado sellaremos complicidades entre silencios que también exudan un racismo que vuelve selectivas las solidaridades.

Este relato no será tan breve como el de Monterroso, porque hace falta decir lo que la prensa oficial calla. Y porque están silenciando a los comunicadores y a las comunicadoras indígenas que nos hacen llegar la información, apresándolxs o iniciándoles procesos judiciales en su país (como hicieron con Norma Sancir, detenida cuando cubría el desalojo de las comunidades chortís en Chiquimula).

Entre el viernes 19 de septiembre y el sábado 20 de septiembre, en la Comunidad Los Paloques, de San Juan Sacatepéquez, fueron masacradas 11 personas, y hubo más de una decena de heridos. Este conflicto se inscribe en las muchas resistencias contra las políticas extractivas.

En el 2006 la empresa “Progreso” decidió construir proyectos cementeros sin consultar a las poblaciones indígenas y comunidades de resistencia que residen en esos territorios. “Progreso” se llama la cementera. También podía haberse llamado “Desarrollo” o “Civilización”. Esos son los nombres que eligen los brutales colonizadores de estos tiempos para sus espejitos de colores.

Pero las comunidades ya no son las mismas. Más de cinco siglos les enseñaron que ese progreso se pinta con la sangre de sus pueblos. En el 2011, el caso fue expuesto por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Las comunidades denunciaron que las medidas del presidente Otto Pérez Molina, renuevan el genocidio contra los pueblos mayas, recurriendo a la violencia, al estado de excepción, cada vez que los intereses empresariales se ven afectados o amenazados.

En julio del 2013 Cementos “Progreso” inició las obras para una planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720 millones de dólares. Su entrada en funcionamiento está prevista para 2017.

En un comunicado conjunto firmado recientemente por las Doce Comunidades Organizadas y en Resistencia en San Juan Sacatepéquez, se explica que desde “el inicio de la instalación de la Empresa Cementos Progreso en nuestro territorio, hemos solicitado al Estado de Guatemala la realización de una consulta comunitaria para conocer el sentimiento de las comunidades en relación a dicho megaproyecto. Nuestras acciones desde entonces han sido pacíficas y en búsqueda del diálogo para el consenso, recibiendo como reacción del Estado, la represión sistemática y persecución política de nuestros líderes y lideresas. Durante la movilización del 16 y 17 de junio del 2014, se acordó con el Gobierno de Guatemala, la realización de un análisis de la problemática que ha generado en la comunidad la instalación de la empresa cementera y la construcción del anillo regional, para posteriormente abordar la criminalización y persecución de los dirigentes comunitarios. Dicho diálogo no se llevó a cabo, a pesar de haberse celebrado dos reuniones posteriores a la macha. El día 14 de julio del 2014 se le envió al Gobierno la solicitud de una mesa técnica para discutir y realizar el estudio de impacto ambiental pertinentes a dichos proyectos. Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado a favor ni en contra de dicha petición”.

Las Comunidades en Resistencia denuncian que la Empresa Cementos Progreso ha utilizado recursos como la compra de voluntades de vecinos, para emplearlos en su sistema de seguridad, y en oficios destinados a convencer sobre los beneficios de su proyecto, llegando desde la coacción y la represión, incluso a nombrar falsas autoridades comunitarias. Señalan que estas prácticas están en el origen de la masacre de septiembre de este año.

Después de la masacre, el gobierno de Guatemala intervino decretando el Estado de Prevención en la región (un Estado de Sitio con otro nombre). Se suspendieron sin aviso previo (lo que corresponde de acuerdo a la legalidad de ese país) las garantías constitucionales. El lunes 22 de septiembre a las 6 am el Ejército ya estaba en las aldeas, y luego fue publicado el decreto 6-2014. Según las comunidades, lejos de resguardar la seguridad como proclaman, amparados por el estado de prevención, la gente de la cementera está falsificando escrituras, inventando títulos y presionando a la gente para vender sus tierras. Denuncian también que son los promotores de la empresa los que mataron a los vecinos. Denuncian que los muertos son compañeros que pertenecen a la lucha contra la cementera, y que quedan niñas y niños huérfanos.

Señalan observadores internacionales, que “quienes estuvieron a cargo de perpetrar esa masacre fue gente entrenada en producir la muerte, de la misma forma en que lo han hecho los militares guatemaltecos durante la dictadura”.

Posteriormente el Ejército entró en las casas allanando las viviendas, produciendo destrozos, acusando a los dirigentes comunitarios de terroristas, deteniendo a varios de ellos. Ponen como ejemplo el caso de José Pajoc, que está preso, padre de un joven asesinado y de dos jóvenes heridos. “Don José pasó por el hospital, la morgue, y ahora está en la cárcel”, dicen los comuneros. También denuncian que el Ejército obliga a las niñas y niños a dar los nombres de las autoridades comunitarias, violando abiertamente los derechos de la infancia. Se emitieron así numerosas órdenes de captura.

En medio de este clima de terror, se continúan las obras de construcción del Anillo Regional, que es clave para la culminación de los objetivos de la Cementera.

Las Comunidades en Resistencia exigen al Estado de Guatemala la suspensión inmediata de la licencia otorgada a Cementos Progreso por alterar la paz y armonía en San Juan Sacatepéquez, dilucidar las responsabilidades, y demandan al gobierno suspender inmediatamente el Estado de Prevención, poner fin a la judicialización de las demandas comunitarias, a la persecución legal y política y el respeto al consentimiento libre de la población.

En Guatemala, el genocidio de los pueblos continúa. Pero también es fuerte el silencio. Este cuento debe terminar. Tal vez la masacre de Sacatepéquez, tal vez la sangre indígena derramada una vez más en defensa del territorio, de los bienes comunes, nos convoque para que en cada uno de los países en los que la colonización dividió el continente, se hagan oír las voces de un coro polifónico de resistencias.

“Si tocan a uno, si tocan a una, tocan a todos y todas”, dijimos en nuestra rebelión argentina de diciembre del 2001. Las políticas extractivistas pueden tener la forma de una cementera, de una Monsanto, de una minera. Pero todas tienen el mismo color: el de la sangre de los hijos e hijas de la tierra. Es hora de ensayar una vez más nuestros ¡Ya Basta!

 

Claudia Korol, 28 de septiembre, 2014


Aldea Los Pajoques, un día después de la matanza. 20 de septiembre de 2014.

Santiago Bastos /Prensa Comunitaria

¿Cuántas muertes más aguantará esta sociedad? ¿Cuántos presos inocentes y cuantas impunidades evidentes aguantan nuestras conciencias? ¿Cuántos cadáveres más aceptarán las comunidades como repuesta a sus demandas?

El día sábado 20 de septiembre, después de dos días de plantones pacíficos en más de 50 puntos del país el 17 y 18 -que apenas habían sido mencionados en los medios masivos de comunicación-, las redes sociales,  diarios nacionales y cadenas radiales empezaron a dar noticias sobre unos muertos en el municipio de San Juan Sacatepéquez. En medio de datos confusos, el número iba aumentando conforme pasaba el tiempo: empezaron hablando de dos comunitarios fallecidos por arma de fuego y el recuento terminó con ocho decesos ocurridos en la aldea Los Pajoques, en el área occidental de San Juan Sacatepéquez colindante con el municipio de Santo Domingo Xenacoj del departamento de Chimaltenango.

Uno de los discursos dominantes usados para desviar las acciones empresariales de imposición y violencia, es el de que son conflictos entre las personas de las comunidades. En este caso las noticias hablaban de un enfrentamiento entre opositores y partidarios a la instalación de la planta cementera por parte de Cementos Progreso. A partir de ahí, algunas hablan de un pleito de cantina, otras de una expulsión planificada, pero el caso es que se destaca que la mayoría de los muertos y la casa incendiada en que murieron, eran gente que sí apoyaba la presencia de Cementos Progreso en el municipio. Con ello, la oposición a esta empresa quedaba automáticamente asociada al asesinato de estas gentes.

Sin embargo, existen razones y antecedentes que nos hacen pensar que no estamos ante una explosión de violencia comunitaria del tipo de linchamiento –como se deja entrever en estas noticias-, sino ante un acto totalmente esperable e incluso provocado por una forma de intervenir en la vida de las comunidades que promueve la división y el enfrentamiento entre vecinos. Y que, además, detrás de ello está la intención de contar con excusas para declarar el Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez, y así detener a los líderes y lideresas de la movilización contra la cementera desde el año 2006 y la construcción de la carretera privada Anillo Regional, como ya se ha empezado a hacer.

Viernes 19 de septiembre: la secuencia de las muertes

Por lo que cuentan las autoridades comunitarias representadas por los Alcaldes Auxiliares de Los Pajoques, a eso de las 21:45 horas del 19 de septiembre, un grupo armado de unas 20 personas identificadas por la comunidad como trabajadores y promotores de Cementos Progreso empezaron a disparar al aire. Cuando cinco personas delegadas por las autoridades de la comunidad se acercaron a ver qué pasaba, comenzaron a disparar contra ellos. Tres fueron heridos y uno murió en el acto, Juan José Pajoc Chajaj.[1]

Ante los disparos, la gente de la comunidad reaccionó: fueron agrupándose en auxilio de los jóvenes heridos y  luego intentaron detener a los agresores, quienes se escondieron en la vivienda de uno de ellos. Varios huyeron, pero otros no pudieron por los vecinos que llegaron hasta la casa. Mientras, las autoridades comunitarias auxiliaban a los heridos y otros iban a buscar a la policía para que intervinieran inmediatamente, deteniendo a los culpables de la muerte y lesiones; y para evitar males mayores. Los trabajadores de la cementera que se habían atrincherado empezaron hacer fuego desde la vivienda, enardeciendo los ánimos de los que estaban fuera. Fueron heridos más comunitarios y otro joven fue muerto por las balas que provenían desde adentro de la casa. Las autoridades comunitarias intentaron de nuevo que se hiciera presente la fuerza pública, y trataron de contener a los vecinos, cada vez más furiosos por la impunidad con la actuaban los rodeados.

Como plantea el comunicado emitido por las 12 Comunidades, a lo largo de todos estos hechos la Policía Nacional Civil de San Juan Sacatepequez se negó repetidamente a acudir al lugar.[2] Pasaron las horas y la PNC se siguió negando a llegar hasta la comunidad. Pese a los esfuerzos de las autoridades comunitarias, la situación que prevenían las autoridades comunitarias y por las que hicieron llamados de auxilio ocurrió, y ocurrieron hechos que no quedan claros en donde murieron cinco personas más, entre ellas aparentemente varios del grupo armado responsable del asesinato de los dos comunitarios.

Este breve resumen de tres párrafos no hace justicia ninguna a las horas de zozobra y angustia que se vivieron el viernes en Los Pajoques, en las que varias familias acabaron perdiendo a alguno de sus miembros. Pero sí quiere evidenciar el uso de las fuentes directas, -quienes estuvieron allá-, a la hora de redactar algunos de los hechos que no quedan claros, y con ello mostrar que las cosas no fueron sencillas ni ocurrieron de repente, como parece ser cada vez que en la prensa aparece un acto de violencia en una comunidad que tiene problemas con alguna empresa.

La muerte y la cementera en San Juan Sacatepéquez

Desafortunadamente, éste no es un hecho nuevo en las comunidades kaqchikeles del municipio de San Juan Sacatepéquez. Cuando en el año 2005 Cementos Progreso empezó a planificar y ejecutar la instalación de una planta cementera en la finca San Gabriel en las Trojes, se acabó la paz para las comunidades que la rodean. En forma mayoritaria empezaron a cuestionar  unos trabajos de los que no les habían avisado y que suponían la destrucción de los cerros, los principales nacimientos de agua y los cultivos de los que vivían y en los que vivían.

Muchas cosas han ocurrido en estos casi 10 años que acá no se pueden relatar. La movilización de las 12 Comunidades Kaqchikeles en forma legal y pacífica fue respondida desde el Estado de Guatemala usando todos los medios de la represión y la criminalización: detención de líderes de forma ilegal y poco clara, invasión policial y cargas contra vecinos, asalto a viviendas; un Estado de excepción en 2011 por 15 días que estuvo acompañado de violencia sexual contra las mujeres y, impunidad, arbitrariedad y prepotencia. Más tarde se dio la instalación de una Brigada Militar en un territorio que no tiene problemas de narcotráfico ni crimen organizado. Acusaciones infundadas y reportajes difamatorios. Y hasta este momento, más de 8O personas han enfrentado procesos judiciales, de los que cinco están injustamente en la cárcel uno de ellos condenado a 150 años de prisión, por el solo delito de oponerse pacíficamente a la empresa Cementos Progreso.[3]

Es decir, hablamos de una persecución llevada cabo con una saña que sólo se explica por la importancia de los intereses –intereses económicos e intereses políticos, que van de la mano-; que  aumentó, como en todo el país, con la llegada de Otto Pérez a la presidencia de la República.[4] Y se hizo más fuerte desde el año pasado, cuando comenzó la apertura del llamado “Anillo Regional”, cuya única parte planificada es la que permite la comunicación de la planta cementera con las carreteras del Occidente y al Atlántico.[5] Esta nueva obra supuso otra ola de intimidaciones, presiones y represión que se centró más en las comunidades cercanas al proyecto, como la de Los Pajoques y luego Ocaña.[6]

Esta política no se ha dado sólo en San Juan Sacatepéquez, forma parte de la forma en que en toda América Latina se está implantando un modelo de desarrollo asociado a esta fase del capitalismo global que el geógrafo norteamericano David Harvey ha denominado con el término, ahora común de “acumulación por desposesión”; y que en nuestro continente, tiene su máxima expresión en las llamadas “actividades extractivas”.[7]

En la Guatemala posterior a la finalización del conflicto armado, las actividades extractivas se han convertido en la fórmula oficial para “llegar al desarrollo”, y la oposición encontrada en cada vez mayor número de comunidades, ha sido respondida con formas represivas como las que hemos descrito para San Juan. La intimidación, el terror, la muerte, el uso de las fuerzas de orden público y del Ejército, que fueron las formas represivas durante el conflicto armado,[8] han vuelto a ser utilizadas combinadas con estrategias actuales de criminalización -por la vía jurídica y la prensa sobre todo- para tratar el disenso político como un problema de seguridad nacional. [9]

De esta manera, nombres de lugares como el Polochic, Barillas, San Mateo Ixtatan, Santa Eulalia, Los Cimientos, Cotzal, Cunén, San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa, Camotán, San Rafael Las Flores, Mataquescuintla, Livingston, San Josè del Golfo, San Pedro Ayampuc y La Puya, Semochoc, Chisec, Monte Olivo y tantos otros, están asociados a esas apariciones en prensa de momentos de “disturbios”, muertes que tienen detrás toda un historia de oposición y movilización, de represión abierta y resistencia callada. San Juan es un más, pero uno que le ha tocado sufrir muy duramente la firmeza de su postura pacífica y digna.

 La división comunitaria como estrategia perversa

Dentro de estas tácticas de desmovilización y represión que usan las empresas en todas partes, apoyadas por los poderes del Estado, lo que ha ocurrido en Los Pajoques tiene que ver con una de ellas muy específica, que es  la de intervenir en la vida comunitaria para obtener apoyos y debilitar la oposición. Estos hechos tienen efectos tan nocivos, que la mayoría de las comunidades que se oponen a la presencia de empresas extractivas, siempre mencionan “la división de la comunidad” como una de las primeras razones para que estas abandonen el lugar.[10]

Una forma de esta intervención está en lo que el antropólogo mexicano Claudio Garibay ha llamado la “captura comunitaria”, que consiste en logar que las autoridades de las comunidades actúen en favor de los intereses de la empresa.[11] En San Juan eso quedó muy claro desde que el Alcalde se negó apoyar la consulta comunitaria en 2006; y más concretamente cuando en el Estado de Prevención de 2008 impuso en la aldea Las Trojes un COCODE formado por trabajadores de la Cementera, que se mantuvo ilegalmente durante cinco años (por ley deben cambiar cada dos años) a base de no convocar a la asamblea comunitaria.[12]

Pero esta intervención tiene una parte más efectiva que es la búsqueda de apoyo entre parte de la población a la que habitualmente se da trabajo y se beneficia económicamente, para que se oponga a los opositores. Con ello se consigue romper con la solidaridad comunitaria, y que los problemas provocados por la presencia de un agente externo se conviertan en conflictos  internos. En todas las comunidades movilizadas de San Juan (y en muchos otros lugares), la empresa ha contratado gente, y eso podría no ser problema si no se usara para provocar enfrentamientos internos, como cuando en La Trojes el antiguo COCODE solicitó la apertura de un pozo que según la población no era necesario, y lo empezaron a hacer trabajadores con playeras de la cementera en una actitud provocativa.[13]

Pero se puede ir más allá, y hacer de esta división comunitaria un motivo de enfrentamiento interno que llegue a la muerte, como acabamos de ver en Los Pajoques, a través de grupos armados promovidos por las empresas y permitidos por los poderes públicos. En San Juan saben de esto, pues ya desde el año 2007 se denunció la existencia de grupos paramilitares como “El Escuadron”, que amedrentaban a la población y provocaron la muerte de 18 personas entre 2007 y 2008 en el municipio. También Guillermo Pacay Bol, trabajador de la empresa Hidro Santa Rita el hombre que mató a los niños David Estuardo Pacay Maas y Ageo Isaac Guitz Maas  de la comunidad Monte Olivo en Alta Verapaz, era de la comunidad vecina; y quienes amenazan a los que resisten en La Puya en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en Guatemala, también son vecinos de la localidad.[14]

De nuevo no estamos ante algo esporádico ni “espontáneo”, sino que tiene una historia y un propósito. Existen indicios para pensar en una estrategia planificada y ejecutada, que tiene su antecedente más directo en las Patrullas de Autodefensa Civil PAC, como forma de lograr que el genocidio y la contrainsurgencia fuera “un asunto entre indios”[15]. De la misma manera, en todo lo que ha pasado en Los Pajoques la empresa Cementos Progreso no aparece más que como una referencia indirecta, como si su presencia en la comunidad no tuviera nada que ver con la existencia de  un grupo de vecinos que se comporta como paramilitares,; ni con el hecho de que lleven más de cinco años actuando con total impunidad.

Así, los hechos de este fin de semana en esta comunidad kaqchikel nos muestran una de las caras más deshumanizadas y perversa de las estrategias del capital y el “desarrollo”, la de la muerte entre hermanos como forma de lograr aumentar los beneficios de las empresas.

Siguiendo el guión de la muerte y el terror: Estado de prevención

Pero no queda ahí la cosa. De nuevo, los antecedentes y los hechos ocurridos en Los Pajoques desde el día 19 de septiembre nos hacen pensar que no estamos ante un hecho aislado ni espontáneo. La rápida declaratoria del Estado de Prevención, con la consiguiente lista de órdenes de captura, se parece demasiado a lo ocurrido en Barillas en mayo del 2012, o en el mismo San Juan en 2008. En todos ellos, un episodio de muerte fue seguido de la suspensión de garantías constitucionales y la persecución de los líderes y lideresas de la movilización local.[16]

La repetición casi exacta del guión nos hace pensar si estamos ante una estrategia planificada, precisamente para llegar a este punto ¿No será la muerte de ocho sanjuaneros nada más que parte de un guión de muerte y represión que busca anular la oposición por encima de cualquier precio?

El día 20 de septiembre el Ministro de Gobernación anunció la llegada de 600 policías y que “han identificado a más de 50 personas y que hay órdenes de captura por ejecutar”.[17] Así, las fuerzas de orden público que fueron solicitadas repetidamente y nunca llegaron cuando podrían haber salvado vidas humanas, son enviadas ahora de forma masiva para “cumplir con 36 órdenes de captura”.[18] Como dice el comunicado de la Convergencia de Derechos Humanos: “la noche del viernes y madrugada del sábado, las autoridades estatales, ausentes del lugar, sin mayor investigación inculpan a organizaciones defensoras del territorio. Ello, sin investigar en profundidad el patrón de acciones provocadoras antes descrito”[19]

Y así fue. Desgraciadamente, ya conocemos el guión y la historia se repitió: la declaración del Estado de Excepción, la llegada  -una verdadera invasión- de las fueras policiales y militares a las aldeas de Cruz Ayapán, Pajoques, Pilar I y II, Santa Fe Ocaña y los Guamuches;[20] los primeros anuncios de detenciones de más líderes o lideresas que  ingresan a prisión [21] sin mayor delito que oponerse al paso de politicas que atentan contra su vida; la impunidad y arbitrariedades, de violencia sin sentido. Y dentro de todo ello, los ocho muertos, y los paramilitares que provocaron los hechos, quedarán en el olvido. Y sabremos muy poco del miedo, la zozobra, la violencia y la impunidad que se instalarán una vez más, de forma legal en una comunidad guatemalteca.

Todo esto evidencia lo que tantas veces repetimos, casi de forma cansina: el papel del Estado guatemalteco respaldando las acciones de impunidad que generan las empresas para garantizar sus intereses económicos en territorios de pueblos indígenas. Funcionarios estatales bloquearon cualquier posibilidad de encontrar una salida a las demandas que las 12 comunidades durante años y de manera insistente han demandado al Estado. El Sistema Nacional de Dialogo Permanente que coloca a las comunidades en un infructuoso dialogo, las fuerzas de seguridad que se negaron a auxiliar a la población de Los Pajoques y detener a los asesinos de los comunitarios. Y finalmente, la única solución que son capaces de encontrar es regresar a las lógicas militares que provocaron tantas muertes en nuestro país.

Los voceros de la muerte, zopilotes de papel

Y en todo este desarrollo, no puede dejar de mencionarse el triste papel desempeñado por los medios corporativos de comunicación y quienes trabajan para ellos.  Les sugiero que si pueden, de un repaso a los titulares de esos días.

Los hechos fueron narrados como si hubieran empezado en un pleito de cantina,[22] una forma de banalizar y hacer que desapareciera toda la historia previa de tensión y amedrentamiento, de nuevo poniéndolo a nivel de disputas locales y, además dejando ver un halo de salvajismo y barbarie entre los kaqchikeles de San Juan.

Pero el grado máximo de perversidad, que ralló en el delito de calumnia, fueron las declaraciones del Viceministro de Gobernación que acusó a los opositores a la cementera de haber quemado la casa de las víctimas para favorecer su expulsión de la comunidad, en una acción planificada. Emisoras Unidas, Siglo 21 y La Hora se hicieron eco de las declaraciones,[23] pero Nuestro Diario lo convirtió de forma irresponsable en el titular de la noticia, añadiéndole todos los perversos términos de estos casos: “Querían explulsarlos. Turba invade propiedad, la quema y lincha a familia porque vendió terreno”. [24] Por lo que sabemos ninguna de estas acusaciones gratuitas es verdad

Siguiendo los intereses de los propietarios, sus socios y familiares, los reporteros una vez más se han dedicado a tergiversar los hechos para hacerlos aparecer según lo marcaba el guión de la Cementera y del Ministro del Interior. De forma absolutamente acrítica, por encima de las nociones básicas del oficio de periodista, la mayoría de los reporteros hacen propia esta versión, criminalizando la movilización pacífica y a sus principales representantes en las 12 Comunidades de San Juan Sacatepequez, sin que sepamos nada –literalmente nada- de esas personas armadas que con sus disparos que provocaron todo; y muy poco de los antecedentes de la violencia en la comunidad. Este es sólo un ejemplo de cómo los medios escritos, radiales, televisivos y redes sociales hacen eco de esta misma estrategia.[25]

¿Qué hacemos con tantos muertos?

Al terminar de escribir esta crónica que de forma poco imaginativa pero realista podría haber titulado “Crónica de un muerte anunciada”, no puedo dejar de pensar en todo lo que está pasando en estos días, en la detención de Norma Sancir, en los muertos en Secomoch, en la detención de los líderes de CODECA, en la prisión injusta y la caricatura de juicio de Rogelio Velásquez y Saul Méndez de Barillas; y en todos los muertos que nos van acompañando estos años.

Y no puedo dejar de pensar que la segunda mitad de siglo pasado en estuvo marcada por el enfrentamiento y la muerte, lo que llevó a esta sociedad al borde del caos. Y costó un enorme esfuerzo buscar superar esas formas de hacer política y entender la acción social. Hoy, casi 20 años después, la muerte vuelve a ser parte de nuestra cotidianeidad. [26] No sólo en esa forma diversa, dispersa y continua a la que nos ha llevada la deriva de esta sociedad fragmentada, precaria y sin que no da posibilidades de futuro. Dentro de ello, el Estado -los gobiernos, la policía, los jueces y fiscales, el Ministerio Público, y todo ese aparato que debería dedicarse a proteger la vida y el bienestar de los guatemaltecos-, son responsables directos e indirectos de una buena parte de esas muertes. Las comunidades que creyeron la promesa de la democracia y la paz, ven que sus demandas por una vida mejor y con dignidad, les convierten en objetivos de la muerte.

Por eso quiero terminar haciendo mías las palabras del experimentado y lúcido fotorreportero Carlos Sebastián ante los cadáveres de Lo Pajoques: “Cuántas muertes más por la conflictividad”?[27] ¿Cuántas muertes más aguantará esta sociedad? ¿Cuántos presos inocentes y cuantas impunidades evidentes aguantan nuestras conciencias? ¿Cuántos cadáveres más aceptarán las comunidades como repuesta a sus demandas?

¿Para qué escribir ante estos hechos? La desolación se une a la rabia –ésa ya está anclada, inserta hasta los huesos- cuando uno piensa  en la cantidad de textos como éste que se han escrito en los últimos años –columnas de opinión, manifiestos, comunicados, carta abiertas-, y cómo la sociedad guatemalteca, nuestra sociedad, nosotros, somos capaces de seguir permitiendo que los cadáveres se acumulen en nuestras conciencias  y en la historia de este país.  [28]

Notas

[1] Ésta es la primera noticia que llegó por fb y alertó a los círculos sociales. Ver COMUNICADO OFICIAL DE LAS DOCE COMUNIDADES ORGANIZADAS Y EN RESISTENCIA DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ,0 en http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/22/estado-de-prevencion-en-san-juan-sacatepequez-ahora-nuevamente-nos-reprimen-de-esta-manera/

[2] COMUNICADO OFICIAL DE LAS DOCE COMUNIDADES ORGANIZADAS Y EN RESISTENCIA DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, en http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/22/estado-de-prevencion-en-san-juan-sacatepequez-ahora-nuevamente-nos-reprimen-de-esta-manera/

[3] Todo esto y mucho más de la lucha de San Juan Sacatepéquez Respecta a la lucha de San Juan ver la tesis de Mario Celada,) Criminalización, control social y represión de las comunidades en resistencia de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, y su lucha contra la cementera, 2006-2010. Tesis de licenciatura. Guatemala, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos. (2011), el libro Reivindicación política – doce comunidades Maya kaqchikeles en defensa del territorio. Guatemala, Centro de Acción Legal por los Derechos Humanos, (2012) y el primer capítulo 2 de Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado, empresas. Bastos Santiago y Quimy de León, Guatemala: Diakonía, 2014.

[4] http://cmiguate.org/alianza-de-terror-pp-cempro/

[5] https://comunitariapress.wordpress.com/2013/05/25/anillo-regional-aumenta-la-conflictividad-

en-san-juan-sacatepequez/; http://cmiguate.org/alianza-de-terror-pp-cempro/

[6] Mariano Camey Car, de la Comunidad Santa Fe Ocaña, fue detenido hoy 6 de julio de 2013 a las 2 de la mañana, en el mercado de La Terminal, Zona 4, [6] https://comunitariapress.wordpress.com/2013/07/07

/comunicado-de-las-doce-comunidades-kaqchikeles-ante-la-detencion-de-lideres-y-autoridades-comunitarias/

[7] Al respecto ver  “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”, Harvey, David, en Panitch, Leo y Layes Colin (Eds.), Socialista Register 2004. Buenos Aires, CLACSO. (2004) y “Neoliberalismo y ofensiva extractivista. Actualidad de la acumulación pro despojo, desafíos de Nuestra América”, José Seoane, Theomani, num 26, segundo semestre 2012.

[8] Ver Figueroa Ibarra, (XXX) el informe de la CEH, Guatemala, Memoria del Silencio. Guatemala, Informe presentado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. (1999)

[9] Ver Criminalización de la pobreza y de la protesta social. Claudia Korol yRoxana Longo. Buenos Aires, 2009. Editorial El Colectivo.

[10] Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado, empresas. Bastos Santiago y Quimy de León, Guatemala: Diakonía, 2014

[11] Ver  “Paisajes de acumulación minera por desposesión campesina en el México actual” Garibay, Claudio, en Delgado-Ramos, Gian (Coord.), Ecología Política de la minería en América Latina, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades-UNAM. (2010)

[12] Ver Bastos y de León. Op cit . El año pasado lograron pro fin relizar una asamblea en que se eligió un COCODE abiertamente opuesto a la empresa.

[13] Ibid y https://comunitariapress.wordpress.com/2013/01/24/empresa-genera-una-agresion-mas-en-san-juan-sacatepequez/

[14] Hay mas casos de agresión pública. En Las Trojes, vecinos que trajaban en la Cementera agredieron a un concejal y otros autoridades en diciembre de 2013 y al lider del CUC  y acompañantes internacionales el 23 de enero 2014 https://comunitariapress.wordpress.com/2013/12/22/san-juan-sacatepequez-con-machetes-y-

palos-pretendian-impedir-asamblea/ y https://comunitariapress.wordpress.com/2013/01/24/empresa-genera-una-agresion-mas-en-san-juan-sacatepequez/

[15] Ver CEH, op cit.

[16] Ver Bastos y de León, op cit

[17] “OCHO FALLECIDOS Conflicto en la aldea Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, dejó ocho muertos y varios heridos, informó el ministro de Gobernación esta noche. A la aldea han llegado 600 policías, informó el ministro del Interior. López Bonilla señaló que han identificado a más de 50 personas y que hay órdenes de captura por ejecutar”. La Hora / 20 de septiembre https://www.facebook.com/lahoraguatemala?fref=ts

[18] http://www.s21.com.gt/estadositio/2014/09/22/gobierno-decreta-estado-sitio-pajoques

[19] http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/20/comunicado-detener-la-provocacion-y-el-terror/

[20] http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/23/san-juan-sacatepequez-el-estado-de-prevencion-lo-que-viene-hacer-es-sembrar-terror-y-miedo/

[21] http://lahora.gt/actualizacion-efectuan-capturas-en-san-juan-sacatepequez/

[22]  http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/estado_de_prevencion-san_juan_sacatepequez-masacre-pajoques_0_1216678349.html

[23] http://www.s21.com.gt/estadositio/2014/09/22/gobierno-decreta-estado-sitio-pajoques, https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Flahora.gt%2Fsan-juan-sacatepequez-conflicto-con-saldo-mortal%2F

[24] http://digital.nuestrodiario.com/Olive/ODE/NuestroDiario/Default.aspx?href=GND%2F2014%2F09%2F21&

pageno=1&view=document

[25] Esto ha sido repetidamente denunciado: http://comunitariapress.wordpress.com/2014/01/25/san-juan-sacatepequez-el-uso-de-la-difamacion-y-la-mentira-para-criminalizar-las-luchas/

[26] Verr la reflexión de Miguel Angel Sandoval http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/24/atencion-ruta-peligrosa/

[27] http://nomada.gt/cuantas-muertes-mas-por-la-conflictividad-aca-las-ultimas-6-vidas/


Por: Quimy De León

“Soy norma Lila, mujer indigena maya kaqchikel comunicadora social, vivo en Camotán, Chiquimula. Me he dedicado a la comunicación con énfasis en pueblos originarios y comunidades lingüísticas en el país. La razón por la cual lo hago es por ser descendiente de padres y madres kaqchikeles, ese es mi compromiso y lo reafirmo, por eso estoy aqui.”

Norma Lila Sut Sancir nació en Tecpán, Chimaltenango. Desde muy pequeña tuvo que salir junto a su familia de su casa e ir a vivir a la capital debido a la guerra que se vivía en el país. Tiene solamente una hermana, Lorena y a su madre, pues su padre falleció.

Norma es periodista comunitaria y licenciada en ciencias de la comunicación. Se graduó de la Universidad de San Carlos en noviembre del año 2010. A sus 35 año ha recorrido una buena parte del país, pues su compromiso profesional lo ha dedicado a los derechos humanos, al medio ambiente y la educación. Esta vocación y entrega la ha hecho trabajar en beneficio de la gente y las comunidades que defienden la vida y la tierra. Por ello se dedica en buena medida a visibilizar a los pueblos indígenas y las mujeres.

Fue así como decidió ir a trabajar en la Coordinadora Central Campesina Ch´orti´ “Nuevo Día”, aportando desde su experiencia como periodista. Norma también forma parte del equipo de Prensa Comunitaria desde el 2013.

¿Cómo ocurrió su detención?

“Yo hacía mi trabajo como comunicadora social, decidí tomar este camino de informar y apoyar e integrarme a este trabajo de prensa comunitaria porqué es mi convicción, no lo hago como trabajo lo hago porque es mi pasión. Porque sé que todas y todos tenemos derecho a informar y a informarnos. Como periodistas es nuestro deber informar con la verdad, no es justo que se nos trate como delincuentes y que me traten así como mujer. Yo iba sola y que 5 policías se vinieron en contra de mi, porque yo no podía hacerles daño mas que tomar una fotografía e informar la verdad”

Norma había salido con entusiasmo y la sonrisa que la caracteriza a un nuevo día, dispuesta a realizar su trabajo periodístico.

La detuvieron después que había salido de su casa en Camotán y había tomado un mototaxi para ir a donde se encontraba la concentración pacífica cerca del puente Jupilingo -ubicado en el kilómetro 204 carretera que comunica el municipio de Camotán con la frontera con Honduras “El Florido.” No habían pasado ni dos minutos desde que llegó, y aún no estaba en el lugar de los hechos, cuando una patrulla la interceptó y sin mediar palabra la detuvieron. Fue como a las ocho de la mañana. Apenas quince minutos antes habían llegado más de 150 policías a este lugar con el objetivo de disolver la concentración.

“Iba a tomar fotografías de lo que estaba pasando para realizar mi trabajo periodístico. Cuando me vieron, entre diez agentes me agarraron, me jalonearon y después me entregaron a unas agentes e inmediatamente me pusieron los grilletes.”[1]

Así es, entre varios agentes se la llevaron por la fuerza y la entregaron a tres policías mujeres. Ella gribaba “¡suéltenme, suéltenme! ¡soy periodista, yo soy periodista!” A pesar de las múltiples explicaciones de ella acerca de su profesión y lo que hacía en el lugar, no sólo no le hicieron caso sino que en la prevención policial la pusieron como “instruida y ama de casa“.  Esa misma mañana, más temprano la policía se dirigió directamente a donde se encontraba Carlos Alfredo Juárez miembro de la organización “Nuevo Día” para detenerlo después que habían tirado bombas lacrimógenas contra la población que se encontraba en manifestación pacífica.

A Marco Tulio Vásquez lo detuvieron frente a la casa de su madre, mientras observaba lo que pasó, a los hermanos Domingo y Santos Bernaldino Pérez Ávalos les detuvieron adentro de su terreno después que ellos habían terminado de deshojando maíz.

De esta manera, quedaron cinco personas detenidas: Norma Sut Sancir Carlos Alfredo Juárez Díaz, Marco Tulio Vázquez Martínez, Domingo Pérez Ávalos y Santos Bernaldino Pérez Ávalos.

¿Una detención preparada?

Según la policía Norma Sancir fue detenida cuando se encontraba entre las personas que manifestaban. Dicen tener pruebas que demuestran que ella estaba incitando, porque dicen que encontraron un boletín de peticiones de la manifestación. Sin embargo, todo pareciera indicar que la detención de Norma estaba planificada, por varias razones:

  • Ella no había llegado siquiera al lugar donde realizaría su trabajo periodístico cuando la detuvieron.
  • La patrulla de la policía la interceptó para detenerla y fueron directamente hacia ella del mismo modo que fueron a buscar a Carlos Juárez para detenerlo.
  • Habían tres agentes mujeres ya listas ahí para detenerla: una de ellas de servicio en la subestación de Jocotán, la otra en la de Camotán y una tercera de una comisaría de Chiquimula.

A todas luces estamos ante una acción de violación a la libertad de opinión y expresión impidiendo su trabajo como periodista, y un caso de criminalización de la lucha social y en este caso de quien documenta y asume el papel de informar.

Irregularidades y faltas al debido proceso

Cuando detuvieron a Norma, la llevaron directamente hasta la cabecera del departamento en la ciudad de Chiquimula, y hasta las tres de la tarde fue presentada ante un juez. Esto es más del tiempo estipulado de seis horas para esto. Además no le permiteron realizar ninguna llamada, como ella solicitó.

“No me permitieron hacer ninguna llamada, les he dicho que me indiquen por lo menos para avisar algunos familiares. Les pedí una llamada y me dijeron que no tienen recursos en la policía para hacer ninguna llamada. Les dije que yo tenía saldo y que yo podía llamar y no me dejaron hacer ninguna llamada.“ 

El juez Juan José Regalado Rivas del Jugado Primero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula le hizo saber que el motivo de su detención era Atentado y Desorden publico. El juez dijo que esto era una falta y a pesar de ello, ordenó  su ingreso al Centro Preventivo para hombres y mujeres ubicado en la aldea Los Jocotes en Zacapa, dejando a Norma y las otras cuatro personas en la cárcel durante tres días.

Cuando una persona es detenida, según la ley debe ser tener su audiencia de primera declaración en término de 24 horas. Sin embargo en este caso ese derecho ha sido violado. El juez argumentó tener lleno su calendario y que tenía que viajar a la capital para estudiar un curso. Además ya existen juzgados de turno.

Otra irregularidad que hemos visto en este caso, como en otros casos de detención por razones políticas es lo infundado y armado de los casos judiciales, adjudicándole a las personas, luchadoras sociales y en este caso a una periodista delitos y hechos que no han cometido.

Tres días encarcelada

Afortunadamente Norma se encuentra fuerte y bien físicamente a pesar que usaron la fuerza para detenerla. Diversas organizaciones y sus abogados interpusieron tres recursos de exhibición personal. El INACIF le hizo una evaluación para conocer su estado físico, del cual aún no han emitido dictamen

Su hermana Lorena la fue a ver y nos contó que “está fortalecida porque yo le dije que habían muchas personas que la estaban apoyando y movilizando para sacarla, ella estaba con duda de si la estaban apoyando o no y ella al saber que había bastante apoyo se motivó y así fue como se fortaleció muchísimo”. Al despedirse de nosotros, Lorena  dijo “Lo único que quiero es que mi hermana esté conmigo”

El juez programó su audiencia de primera declaración para el lunes 22 a las 8 de la mañana. El juez decidió darle la libertad por falta de mérito. No solamente ella quedó en libertad también los defensores de derechos humanos Carlos Juarez, Domingo Perez Avalos, Bernardino Perez y Marco Tulio Vasquez. Pudieron salir de la cárcel después de tres días a las 8 de la noche.

[1] Norma Sancir. Noticiero Guatevisión. Departamentales. 18 de septiembre 2014.


NinaPacari1

Nina Pacari. Fotografía: Tomada del portal de la Universitat de Barcelona. http://www.ub.edu/

Por Gladys Tzul Tzul [1]

 Entrevista con la Doctora Nina Pacari

“Las sociedades indígenas en el Ecuador y en toda Latinoamérica han comprendido las formas de dominación colonial y republicana, no se acomodaron a ellas. Siempre encontraron maneras para resistir y enfrentarla”.

Con estas palabras comienza la doctora Nina Pacari esta entrevista, que más bien, se convierte en un diálogo con las luchas políticas por la soberanía territorial de los pueblos indígenas de Guatemala.

Pacari, es kichwa, de Cotacachi. Doctora en jurisprudencia, líder indígena, ha integrado la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido Vicepresidenta del Parlamento, Canciller del Ecuador, fue asesora y dirigente de Tierras y Territorios de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE y, con mucha alegría, recuerda su labor como abogada de conflictos agrarios en la Provincia de Chimborazo. Actualmente trabaja en la consolidación del proyecto académico denominado: Instituto para las ciencias Indígenas Pacari, ubicado en la línea imaginaría de la Mitad del Mundo, Caspigasi, Quito.

Gladys Tzul: ¿Cómo examina usted la contemporánea relación entre las sociedades indígenas ecuatorianas y el gobierno ecuatoriano? ¿Siguen siendo tensas?

Nina Pacari: En primer lugar, lo que los pueblos y los movimientos indígenas tenemos que conocer son las herramientas de los otros. Es decir, tenemos que tener claro la diferencia entre Estado y gobierno que, de modo general se suele confundir.

El primero alude a la estructura de organización de la sociedad mientras que el gobierno es transitorio y puede ser electo cada 4 años, pudiendo resultar triunfador candidatos de diferentes ideologías, sean de derecha, de izquierda, o los que se consideren progresistas.

Ahora bien, tenemos que tener a la vista la tensa relación inaugurada en 1492 y las dificultades que eso ha significado históricamente. En el caso concreto, refiriéndonos al actual gobierno del Ecuador, que se autodenomina “de izquierda”, o que otros le reconocen como “progresista”, actúa en un Estado que es conocido por el amplio reconocimiento de los pueblos indígenas y es un reconocimiento ganado en luchas, no otorgados por dádivas.

Sin embargo éste ha sido el gobierno donde más atropellos se han dado contra los derechos conquistados y contra nuestras luchas. Sin duda, la relación entre Estado y Pueblos Indígenas, o Pueblos Indígenas y gobierno, tienen que ser plenamente definidas.

Esta relación tiene que ser en igualdad, no de menosprecio a los pueblos indígenas como lo ha hecho el presidente Correa, negando la autonomía en el manejo de la educación intercultural bilingüe, judicializando la protesta social, encarcelando a dirigentes indígenas o tratándonos de: “cuatro emponchados, de cuatro emplumados, de infantiles, etc. etc”. Y nosotros nos interrogamos: ¿Es eso el progresismo? la pregunta está abierta y la dejamos para el debate. Todos podemos responderla.

Gladys Tzul: Usted dice que este ha sido un gobierno de atropellos contra las luchas y los movimientos indígenas ¿Qué forma cobran estos?

Nina Pacari: Por ejemplo la autonomía política que los pueblos tenían con respecto a la educación bilingüe, se está finiquitando. Los pueblos indígenas creamos en 1986 un sistema de educación bilingüe y este gobierno quiere mantenerlo pero bajo la rectoría de un ministerio de visión occidental, es decir desde la dominación. También, luchamos para que tuviéramos escuelas en las comunidades, pero ahora bajo la rectoría del ministro, se crean las Unidades del Milenio en la cabeceras parroquiales, a grandes distancias de las comunidades y eso ha provocado un alto índice de deserción escolar.

En esta misma línea de la educación, en el diseño del currículo de educación en el área de historia, se había incorporado el proceso de las luchas indígenas, la historia de la organizaciones indígenas, porque eso es parte de la memoria histórica de los pueblos, puesto que constituye la continuidad de la historia de los pueblos, pero el presidente considera que eso es politiquería y esa ha sido la razón para que el ministro, desde la óptica occidental, asuma la política de la educación intercultural bilingüe.

En lo que respecta a las competencias para administrar justicia por parte de los pueblos indígenas, quiero presentarlo a partir de un ejemplo: La Constitución del Ecuador en su Art. 171 señala que las autoridades de los pueblos indígenas tienen facultades jurisdiccionales y podrán resolver los conflictos según su derecho propio.

La Corte Constitucional, en contravía a la disposición constitucional, en el caso conocido como La Cocha, acaba de emitir una sentencia nefasta y vergonzosa; sentencia mediante la cual promueve el doble juzgamiento puesto que, si bien las comunidades ya juzgaron el delito de homicidio que cometieron unos jóvenes indígenas, la Corte Constitucional señala que dicho juzgamiento queda en el ámbito de lo social y cultural y dispone que en la justicia ordinaria se ventile el caso desde el punto de vista penal. Es decir, se impone la misma visión hegemónica del derecho positivo sin considerar el nuevo contexto jurídico-constitucional que reconoce derechos colectivos de los pueblos indígenas así como las facultades para administrar justicia haciendo uso de sus concepciones lo que da lugar al pluralismo jurídico. La Corte se ampara en un “peritaje” realizado por un “presbítero especialista en indios” que considera que las autoridades de los pueblos indígenas no tienen facultades para administrar justicia en casos relacionados con la vida. ¿Será esta la característica de un gobierno progresista?

Este gobierno que se define de izquierda y protector de la naturaleza, es el que da rienda suelta a la explotación petrolera en el Yasuní y como base fundamental de su política económica neoliberal define a la minería junto al petróleo como las bases sustanciales de su nueva matriz productiva.

Otra forma de atropello, hasta cierto punto sutil, es la pretendida desestructuración comunitaria de los pueblos originarios al incluir por la vía individual, a compañeros indígenas en espacios secundarios del gobierno, es decir, llama según su conveniencia, a algunos indígenas puesto que el gobierno considera que la relación con los pueblos indígenas se concreta en la relación individual.

Nosotros sostenemos que la relación tiene que ser considerando su ser colectivo, es decir con y desde los pueblos, en condiciones de igualdad y respeto, reconociendo a sus autoridades, sus nociones y propuestas conforme determina el Convenio 169 de la OIT y la propia constitución ecuatoriana y aquello, en estos ocho años de gobierno, no se ha dado.

Lo que le agrada al gobierno es que le digan que está haciendo cosas buenas, que ha mejorado las carreteras por ejemplo, pero esa es su obligación, para eso está administrando los recursos de los ecuatorianos, no nos está regalando nada y el Ecuador no es su hacienda. Más allá de lo dicho, los pueblos indígenas tenemos una propuesta política cuya sustancia se remite a la histórica relación Estado vs. pueblos indígenas.

Gladys Tzul: ¿Cómo resumiría usted la propuesta política?

Nina Pacari: Bueno, yo actualmente no estoy en la dirigencia, pero puedo decir lo siguiente:  Debemos tener claro el momento histórico-político que estamos viviendo, tanto más que ya han transcurrido más de 20 años del levantamiento del Inti Raymi (junio de 1990). En base a nuestra lucha, la actual Constitución define al Estado como Plurinacional, y ahora estamos al principio pero de otra manera.

Me explico: antes estuvimos al principio para plantear el reconocimiento de derechos colectivos y el cambio del modelo de Estado uninacional por plurinacional, ahora constan en la Constitución pero hay que trabajar sobre los mecanismos para su implementación. En esa línea, aplicando el principio de la plurinacionalidad, debe tener lugar el rediseño institucional, la redistribución presupuestaria, la libre determinación de los pueblos indígenas, el fortalecimiento de la justicia indígena, el manejo de la educación bilingüe e intercultural por parte de los propios pueblos, etc.

Al momento, estamos analizando en las comunidades sobre los alcances del Estado Plurinacional y el Sumak Kawsay a fin de que, al amparo de estos dos paradigmas, retomemos la conducción de la educación intercultural bilingüe con nuevas reformulaciones que involucren un mayor presupuesto y una devolución de la propiedad comunal que fue entregada al Ministerio de Educación para que invierta en la construcción de los centros educativos; que defendamos los derechos conquistados y que están siendo vulnerados; que afiancemos la soberanía territorial y alimentaria por la vía de la reconstitución identitaria y el fortalecimiento de la administración de la justicia indígena; que el Sumak Kawsay (economía comunitaria) al ser absolutamente incompatible con la explotación minera y petrolera esencia de la acumulación del capital, no sea manipulada ni vaciada por ningún gobierno; que la democracia comunitaria (decisiones colectivas de pueblos y ciudadanos) trastoque los límites de la democracia representativa-delegada en el cual son muy pocos quienes toman decisiones incluso de contenido adverso como ocurre con la Asamblea Legislativa.

Estamos rediseñando nuestras propuestas porque no solo es otra generación que esta viviendo los que problemas que históricamente nos afectan, sino porque también tenemos que actualizar y autocriticarnos, qué hicimos mal, en qué nos equivocamos.

Seguro que para muchos ecuatorianos el actual gobierno es catalogado así porque su discurso era otro en el que prometía respetar los derechos, ahora en cambio, a todos quienes hacen ejercicio de la sana crítica les persigue.

Gladys Tzul: ¿Que le gustaría decir a las mujeres y hombres que participan en luchas indígenas por la defensa soberana de territorios en Guatemala?

Nina Pacari: Que no nos desesperemos. Para visibilizar nuestro proyecto político como pueblos originarios, por la vía de los levantamientos del 90 y el 94 nos demoramos 30 años. En ese acumulado de fuerzas están los legados que nos dejaron nuestros ancestros. Que no perdamos nuestro horizonte porque nos debilitamos como pueblos y comunidades. Que no vayamos al son de algún gobierno nada más porque dicen que son progresistas o de izquierda.

[1] K’iche’ de Guatemala, doctorante en sociología por la ICSYH de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, adscrita al área de investigación: Entramados comunitarios y formas de lo político. Su tesis doctoral se denomina: Comunidad Indígena: Una genealogía de los sistemas de gobierno en Chuimekena’. Actualmente, vive en el Ecuador,  donde realiza una estancia doctoral sobre los levantamientos indígenas de la década de los 90 desde el Centro de Investigación de Movimientos Sociales del Ecuador. –CEDIME-.


Por: Miguel Ángel Sandoval

La derogatoria de la ley Monsanto constituye desde donde se quiera analizar una especie de acto fundacional de un periodo nuevo en nuestro país. En un pulso que duro semanas, donde expresiones de lo más diverso, campesinas, ambientalistas, organizaciones indígenas, maestros, estudiantes, toda la gama de grupos sociales, dijeron con todas sus letras: NO a ley 19-2014, ley para la protección de obtenciones vegetales, más conocida como ley Monsanto.

Como se sabe, dicha ley estuvo engavetada por varios años y solo la fiesta mundialista de Brasil, le permitió a los congresistas de diversas bancadas, dar el paso de aprobar ese engendro de ley al tiempo que se escondía en los artículos de la misma, un préstamo para carreteras. La ignominia absoluta. Fue la arrobación en medio de las más grandes muestras de ignorancia, de falta de compromiso, de alianzas equivocadas. En fin, pareció al final, una comedia de errores.

Una corriente eléctrica sacudió al país. Ello porque el fondo de la susodicha ley ponía en riesgo las semillas criollas, y la sola idea que el maíz fuera patentado por una empresa extranjera, hizo el papel de un propulsor de alta potencia. Por razones que tienen que ver con la identidad nacional, con el hecho que no existe casi nadie que no se reivindique en Guatemala como hijos o hijas del maíz. Salvo pequeños grupos de la elite racista de siempre.

Es demasiado fuerte en el imaginario nacional la certeza que tenemos origen en el maíz. Una pequeña ley sobre el día del maíz y algo mas, nunca fue garantía de no privatización de la semilla nacional por excelencia. Somos un país multicultural, multiétnico, diverso, en donde la existencia de cuatro pueblos, mayas, xincas, garífunas y ladinos (mestizos) se enlaza desde la perspectiva identitaria, con los cuatro colores del maíz, blanco, amarillo, rojo, negro. Es algo que forma parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas y por ende algo irrenunciable.

Los días agitados que sacudieron las conciencias en todo el país dejan algunas experiencias o lecciones que no pueden dejar de ser analizadas. La primera de ellas es que el congreso de la republica, acostumbrado a legislar y actuar sin ningún tipo de límite, encontró en la movilización social un claro valladar. Una buena mayoría de diputados hicieron en estos días gala de su desconocimiento profundo de los contenidos de la ley Monsanto. Al grado que desfiló en el micrófono del pleno del congreso, uno a uno, pidiendo disculpas, y dando cualquier explicación, por el error y la equivocación al aprobar la ley.

La segunda, es que muchos sectores se dieron cuenta que la coordinación o articulación de las luchas sociales permite éxitos que la dispersión no. La fuerza social tuvo una clara demostración de su potencialidad, si opta por la actividad conjunta. Se puso a la orden del día la necesidad de coordinar esfuerzos, de conjuntar agentas, de explorar nuevos caminos.

Alianzas de todo tipo vieron la luz en estas jornadas memorables. Coincidencias en propósitos, análisis y compromisos, vieron la luz como se dice, en tiempo real, y las redes sociales jugaron un rol de primera importancia. Así supimos de asambleas en comunidades alejadas, de movilizaciones a lo largo y ancho del país. En el mismo momento que estas ocurrían retroalimentando la resistencia en los lugares más diversos. En verdad, días luminosos.

Una tercera conclusión es que todo lo ocurrido se llevo a cabo sin la presencia o participación de los grupos políticos partidarios que se reivindican de la izquierda. Ni vistos ni oídos en estas memorables jornadas de luchas populares. Es un aspecto que merecería una amplia reflexión pues si de algo no queda duda es que las luchas sociales no se sienten representadas por las siglas de las izquierdas. Menos identificados con estas. Capaces de impulsar procesos sociales de importancia nacional, no tienen en lo electoral su perspectiva por los errores acumulados. Pero esto es parte de otro análisis.

El magisterio se movilizo con su fuerza habitual, sin poner como estandartes de sus planteamientos el pacto colectivo, intereses corporativos o la ampliación presupuestaria, sino la derogación de la ley Monsanto.

Sin embargo el hecho de mayor profundidad es sin duda la presencia masiva de expresiones de pueblos indígenas que le impusieron su sello a las movilizaciones de los días de agosto. Las comunidades dijeron su palabra de forma clara, sin aspavientos, con expresiones de fuerza y legitimidad. Hicieron lo que tenían que hacer y dijeron lo que tenían que decir, sin acudir a discursos o a lugares comunes. Conscientes de su fuerza, representatividad y autoridad. Ello fue saludable para todo el movimiento de resistencia a la ley Monsanto.

Las alcaldías indígenas kachiqueles o zutuhiles, Quichés o Queqchies, Qanjobales o Mames, dijeron basta a los abusos que desde la expresión del poder central localizada en el congreso de la republica se cometen. Pero sobre todo, emergieron como lo que son: un poder que se niega a ser reconocido por la institucionalidad del país, o por otras expresiones políticas del país.

El día que se derogó la ley, 5 de septiembre en sesión extraordinaria, por la presión de las movilizaciones, había un clima nacional de irritación social de alcances impredecibles. El martes anterior 2 de septiembre, las comunidades de Sololá habían movilizado en cosa de horas entre 30 y 40 mil personas al llamado de sus autoridades indígenas. En Alta Verapaz, había una movilización sin precedentes. Hubo asambleas multitudinarias en Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, otros lugares. Circulan en las redes sociales videos que dan cuenta de estas actividades.

El anuncio hecho por pueblos indígenas al dar plazos a los congresistas constituye una novedad en el paìs. Varias alcaldías dijeron: ¡si en una semana no se deroga la ley, nos levantamos! Asimismo es importante la declaratoria de non gratos a los diputados distritales de Sololá. Están más lejos que nunca de cualquier elección. Es igual en otros departamentos en donde los diputados que en su momento habían aprobado la ley, circulan en fotos con la leyenda de “traidores a la patria”

Hay desde la crisis abierta por la aprobación y derogación de la ley Monsanto, un nuevo actor en el panorama político nacional, y el mismo tiene que ver con los pueblos indígenas organizados de manera comunitaria, con autoridades legitimas, que hoy tienen conciencia de su fuerza y una visión de alcance nacional que supera las divisiones impuestas de los últimos siglos. Igualmente, hay en todos los sectores que participaron y que legítimamente se sienten triunfadores, la clara conciencia que la unidad hace la fuerza, que las alianzas son posibles y necesarias y que el futuro de todos, es compartido.

Hay, como se puede observar, razones para festejar.


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Por Nelton Rivera.

Don Felipe Chalí es un hombre maya Kaqchikel de San Juan Comalapa en el departamento de Chimaltenango, en Guatemala. Él lleva el mismo nombre de su padre Felipe Juchuná Chalí quien a los 34 años de edad fuera detenido y desaparecido por el ejército guatemalteco en 1980. El desde muy joven vivió de cerca la violencia del Estado, la represión del ejército en los años 80 llegó hasta la puerta de su casa, le dio un duro golpe siendo adolescente, golpeó fuertemente a su familia y a muchas familias de su comunidad.

En su rostro y manos se deja ver la fuerza el trabajo y el sol que marcan los caminos de la piel, en su cabeza brillan las puntas de las canas que su corto pelo le permite mostrar. Se muestra serio, pero al calor de la conversación va soltando algunas cuantas sonrisas, don Felipe tiene presente esos días como si hubiera ocurrido hoy mismo, cualquier día de agosto del 2014.

Finalmente don Felipe se reunió con su padre, sus restos regresaron el 18 de julio 2014, con él nueve osamentas más que fueron identificadas por la FAFG. Don Felipe afirmá que ahora si podrá visitarle, saber el lugar exacto en donde está y que facilmente podrá encontrarlo cuando  quiera.

San Juan Comalapa recibió a diez de sus hermanos y hermanas detenidas desaparecidas en 1980, el pueblo realizó una marcha desde la entrada hasta el parque central, en el camino las bombas de fiesta fueron anunciando esquina por esquina su llegada. Luego en el Salón municipal una alfombra de pino con miles de petalos de rosas aguardaban su llegada, ahí don Felipe dio su testimonio con la seriedad que lo caracteriza un poco mas contento pero con el dolor aún por dentro.

Me acuerdo bien de mi papá

Me acuerdo bien de mi papá, él siempre presentía cosas, tenía ese don y un día me dijo: “ya no voy a vivir más, que la cosa esta jodida” esas eran sus palabras, él lo presentía y ya no tuvo más vida, cuando el decía esto empezaba a llorar.

La desaparición de mi padre ocurrió durante el conflicto armado interno, fue el 6 de enero de 1981, mi papá fue ayudante de construcción, él iba atrás de un camión cuando lo detuvieron esa mañana, iba temprano al trabajo y nunca más regresó. Nació el 10 de mayo de 1948 era bastante joven cuando se lo llevaron los militares.

Fue a través de CONAVIGUA que supimos que podíamos encontrarle. Ellas nos hablaron de la necesidad de realizar la exhumación en San Juan Comalapa, yo voy a decir la mera verdad en ese terreno encontramos a varios de mis familiares. Lo cierto de todo esto es que fueron los militares quienes hicieron las desapariciones de la gente de aquí, de muchos aún no sabemos a dónde los fueron a enterrar.

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De cuando empezaron las exhumaciones

Aquí estuvieron trabajando los antropólogos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, recuerdo que fue un día domingo del 2003 cuando ellos comenzaron a trabajar, también estuvieron las mujeres de CONAVIGUA. Luego de varias horas de trabajo poco a poco fueron abriendo la tierra y encontrando las fosas. Así fueron apareciendo poco a poco los primeros restos.

Nosotros vimos cuando se hizo la exhumación, vimos cuando encontramos diferentes restos, una vez me tocó ver una de las osamentas, era diferente a las otras, usando mi imaginación supe que era la osamenta de un ladino, por lo alto, porque sus huesos eran más grandes que los otros. Esta exhumación no fue fácil, se tuvo que pedir el permiso para hacerla, costó que lo dieran.

Sabemos que a la gente de otros lugares sí los trajeron aquí. Por ejemplo aquí exhumaron a una persona que venía desde Cobán, por eso es que a los de la ciudad los vinieron a enterrar aquí, pero a la gente de aquí no sabemos a dónde los fueron a tirar.

Ahora ya taparon nuevamente todas las fosas, taparon otra vez el terreno del antiguo destacamento militar, ahí mismo donde se hicieron fosas humanas, a ese lugar se le conoce como Palabor. Al finalizar este proceso entendimos que a mucha gente que desaparecieron en esta comunidad seguro la llevaron a otro lugar, porque muy pocos aparecieron aquí en el antiguo destacamento militar.

La gente dice que aún en ese lugar hay restos de personas que no se han exhumado, que esperan ahí todavía. Recuerdo que a un mi familiar lo agarraron en el destacamento de Comalapa y fue hasta allá en San Agustín que lo fueron a tirar los soldados. Y gente de allá la trajeron para acá a este destacamento, pero tuve entre todos la suerte de encontrar aquí a mi papá en el año 2003.

Del año 2003 hasta este año que no hemos podido enterrar sus restos, pero él ya está identificado a diferencia de cientos más que hacen falta, todo esto luego de 34 años de buscarlo.

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Cuando desaparecieron a mi papá

Cuando desaparecieron a mi papa yo tenía 14 años, ahora tengo 49 años de edad. Nací en el año de 1975. Éramos cuatro en la familia, una hermana y mis dos papas. Cuando se llevaron a mi papa, me tocó vivir a mí y a toda la familia el conflicto armado interno, nos tocó que pasar por muchas enfermedades y muchas penas.

A mi familia y a mí nos dejó mucho dolor en la vida, por ejemplo yo tengo a mi papa detenido – desaparecido, además un cuñado y un tío hermano de mi papá, solo de mi familia secuestraron a tres personas en poco tiempo.

Desde la detención y desaparición de mi papá, me dedique a la agricultura, pero lo que más hago es vender pino por red para cualquier acontecimiento. Hago trabajo ajeno con otra gente a eso me estoy dedicando.

Finalmente me casé tarde, por el momento no tengo familia, mi esposa tiene 29 años y yo ahora tengo 48, pero aún no tengo familia, cuando pasó el conflicto armado interno mi esposa aún no había nacido, fue hasta el año de 1984 cuando nació ella y yo tenía 14 años, así que estuve solo como 16 años.

Yo vivo la desaparición forzada ahora con un poco de alivio porque voy a poder enterrar pronto a mi papa, y saber que los restos de mi papá van a descansar. Ahora vamos el día de los santos al destacamento militar a dejarle sus veladoras, hacemos oraciones, nos llevamos candelas, pero no sabemos en dónde están los restos y esa sigue siendo una gran tristeza.

Hay gente que piensa diferente, algunos dicen que esos restos no son de mi papá, lo dicen porque no vienen a las reuniones de CONAVIGUA, la gente piensa que realmente no son los restos de un familiar, sino de otra persona.

Yo estoy seguro porque a mí me hicieron las pruebas de ADN, la FAFG vino un día por esa muestra. Aquí en la Ceiba se hicieron las pruebas, en ese entonces supe que en un 100% era mi papa, para la prueba de ADN participamos mi mamá, una hermana y yo para la muestra, de esa manera logramos un alto porcentaje de coincidencia finalmente.


Por Quimy De León y Juan Calles

Entrevista con Kate Doyle

Una mujer rubia camina de una esquina a otra dentro de su oficina, sobre su escrito hay un documento que acaba de recibir de una periodista, mientras lo revisaba comprendió que tenía entre sus manos un registro que cambiaría el rumbo de lo que se hablaba como proceso de paz guatemalteco.  Mientras recorría su oficina pensaba cómo enfrentaría todo lo que seguro se vendría, sobre su vida y sobre la vida de cientos de familias guatemaltecas. Afuera por la ventana, Nueva York seguía su rutina como que si nada, como si no hubiera una bomba a punto de estallar. Era marzo, era 1999.

La mujer es Kate Doyle, directora de una organización llamada Archivo de Seguridad Nacional, institución norteamericana ubicada en Washington que defiende el derecho de todo ciudadano de saber lo que hace su gobierno, en palabras de ella misma el Archivo de Seguridad Nacional defiende “el derecho a saber”. El documento sobre su escritorio es el Diario Militar.

“Cuando dimos a conocer el Diario Militar hubo una explosión, especialmente en la prensa guatemalteca, pero también internacional, todos querían saber, querían investigar, querían conocer detalles del Diario, por parte del Gobierno de Guatemala hubo negación, por parte de las familias de los desaparecidos hubo esperanza de tener al menos un dato de sus familiares”.

Kate Doyle Fotografía: GRANITO Skylight

¿Qué es el Diario Militar “Dossier de la muerte”?

Es un documento que nos dice que la inteligencia militar guatemalteca de los años 1983 a 1985 tenía como política interna la estrategia de desaparecer forzozamente a personas que tenían supuestos vínculos con la oposición armada. En este documento hay nombres y fotografías de las personas secuestradas y desaparecidas, hay fechas y lugares y hay códigos que dicen que fue lo que le sucedió a estas personas.

“El Diario militar demuestra que estos no fueron secuestros realizados por grupos fuera del control del Ejército, el Diario demuestra que esto fue una política interna del ejército de Guatemala.

Es un documento de estrategia militar; pues hay referencias múltiples a la G2, D2 a la dirección de inteligencia – DI. Además, todas las secciones del diario corresponden a la lógica de un documento militar, por ejemplo: listados, expedientes, la forma de la inteligencia militar de archivar, un análisis breve de cada grupo revolucionario, hay una lista de allanamientos de casas, y luego la parte del documento más conocida que es la que lleva las fotografías, éste es un informe de inteligencia, un informe que documenta las acciones del personal de inteligencia. Todo señala a la inteligencia militar guatemalteca.”

En el diario militar se registran 183 secuestros que ocurrieron bajo un patrón como un instrumento de la contrainsurgencia guatemalteca, estas 183 personas son emblemáticas dentro de una historia de miles y miles de casos de desaparición forzada pero representan una gota dentro de la tragedia que provocó el Ejército de Guatemala.

¿Cómo llegó el Diario militar a sus manos?

“Poco tiempo después de que se publicara el informe para el Esclarecimiento histórico en 1999, en febrero o marzo, me llegó el documento a través de una periodista guatemalteca que ya falleció. Yo, luego de varios días de análisis, confirmé que sí, que era un documento original elaborado por las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala”.

En esa época el Gobierno de Guatemala negaba que existieran documentos militares, negaba la veracidad de los rumores de la existencia de planes militares como el Plan Sofía, el Victoria 82, entre otros.

Kate decide revelar el documento en una conferencia de prensa. Cuando sale a luz pública el Diario Militar, el Gobierno y el Ejército guatemaltecos negaron la veracidad de este documento que es evidencia de crímenes de desaparición forzada, de detención ilegal y de asesinato en contra de guatemaltecos por parte de su propio gobierno.

“El Diario Militar cobra más importancia pues las autoridades de Guatemala habían negado la existencia de documentos, sin embargo la aparición del diario era evidencia de la burla del gobierno guatemalteco al proceso de paz y a la comisión de la verdad.”

A pesar de la negación sistemática del ejército y el gobierno, la evidencia fue insostenible pues era muy claro que este es un documento real, de hecho durante una reunión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno aceptó que era un documento de las fuerzas de seguridad del Estado.

¿Qué nos revela el diario militar?

El diario corresponde a muchos documentos realizados por los ejércitos de América Latina durante la época de la represión. Se han encontrado documentos similares en Argentina, Chile, Colombia y El Salvador.

“El diario no es único en el contexto de los archivos de América Latina; sin embargo no se puede negar que es un documento original del ejército de Guatemala. Nadie puede negar que este documento no es original, auténtico, pues es un documento con anotaciones hechas a mano, con fotos claramente arrancadas de la cedula de las personas asesinadas, es un documento que tiene olor de fotos viejas.

Lo novedoso en el diario es que Guatemala tiene uno de los ejércitos más cerrados y con una historia sanguinaria”

¿Hay algún código contenido en el diario que aún no se ha podido descifrar?

“El código que más se repite es el 300 el cual se refiere a la ejecución de la gente, además del 300 existe la frase “se lo llevó pancho”, no hay duda del significado de estos códigos[1].

Hay un código que es un signo de interrogación, aún no hemos descifrado que significa eso, además del -4 que no sabemos a qué se refiere”.

¿El Diario Militar permite hacer un seguimiento hacia la línea de mando para determinar responsables?

“Nosotros creamos una base de datos del ejército de Guatemala, allí puedes armar la información del diario con respecto a las fechas, a las entidades del estado, (cuarto cuerpo, zonas militares, etc.) son datos que se puede utilizar para en correspondencia con otros documentos crear la línea de mando de las estructuras del estado.

El Diario Militar como dice Kate, es un documento tangible, que se puede oler y tocar, que guarda en su interior la historia de horror que desarrollaron las autoridades militares en Guatemala, es un documento que tiene olor de fotos viejas, olor del vacío que dejaron las personas que desaparecieron y que fueron que fueron asesinadas por el ejército, por el Estado de Guatemala. El Diario Militar es real, es verdadero.

Por la línea telefónica la voz de Kate Doyle suena esperanzada y afirma su deseo de traer el documento original a Guatemala, pero antes debe tener la certeza de que será debidamente resguardado; sobre el escritorio en donde transcribo la entrevista en una pila de periódicos guatemaltecos sobresalen las noticias de represión y asesinatos en Cobán contra población q´eqchi´, durante la administración de un militar presidente. Por el momento no hay un lugar adecuado para resguardar el documento que evidencia los crímenes del Estado guatemalteco. Hablar con Kate me llena de preguntas y , no sé cómo responder a Doyle, solamente atino a colgar el teléfono.

[1] Significan que los ejecutaron, que murieron.