Guatemala Comunitaria

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Cristina Chiquin

Las autoridades del Consejo Maya Mam del departamento de Quetzaltenango y las autoridades comunitarias del municipio de Cabricán, se presentaron el 8 de abril de 2014 a una vista Pública en la Corte de Constitucionalidad.

Su presencia ante la Corte, fue para presentar una apelación en contra de la licencia minera de exploración denominada “Eluvia” otorgada por el Ministerio de Energía y Minas a la empresa “Entre Mares de Guatemala S. A.“ ésta licencia afecta a la población y el territorio Maya Mam y Sipakapense.

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El objetivo de esta Vista Pública era apelar la sentencia emitida en el año 2013 por la Sala quinta de la Corte de Apelaciones,  ya que ésta les otorgó un amparo en definitiva a favor del Pueblo Maya Mam. El problema es que en ésta resolución no se declaró ilegal la licencia, si no que se trasladó la decisión al Consejo de Desarrollo Departamental – CODEDE de Quetzaltenango,  desvirtuando de esta forma los principios de Consulta reguladas en el convenio 169 de la OIT y otros convenios internacionales, vulnerando de esta forma el derecho de consulta de los pueblos.

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Las Autoridades del pueblo Mam piden a la Corte de Constitucionalidad, una interpretación extensiva del derecho a la consulta, ya que ésta debe realizarse previamente a la autorización de licencias mineras, a través de las autoridades representativas del pueblo Maya Mam y mediante el procedimiento utilizado en las comunidades, desconociendo la organización de las comunidades Mayas Mam del municipio de Cabricán.

Florentín Temaj Pérez presidente de la junta directiva de las autoridades comunitarias del municipio de Cabricán, expuso durante la audiencia los argumentos que tienen las autoridades del pueblo Maya Mam, es decir las razones y motivaciones para oponerse a la exploración y explotación minera.

“Nuestros ancestros nos heredaron el territorio donde estamos viviendo y seguiremos viviendo, el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado la licencia a la empresa para explotar  y hacer exploración minera en nuestro pueblo. Estamos en contra porque nosotros estamos en armonía con nuestros cerros, con nuestras montañas porque de ahí recibimos el vital liquido que surte a nuestras comunidades, por eso venimos a exigir que se cumpla lo establecido en la ley “

 La licencia  fue otorgada por el Ministerio de energía  y minas a la empresa Entre Mares S.A  en el año del 2010 y  la prorrogó en en mazo del 2012, no siendo en ningún momento consultada a los pueblos que afecta esta licencia  ante esto el pueblo  Maya Mam y Sipakapense exigen que se detengan las licencias que se han otorgado.

Durante la audiencia

El abogado de la empresa Jorge Asencio Aguirre, también expuso los argumentos para imponer el proyecto “Eluvia”, su exposición estuvo marcada por el desconocimiento y la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y  desconocimiento de la legislación nacional, su argumento se basó en que las autoridades del Pueblo Maya Mam no tienen personería jurídica y que por lo tanto no podían llevar a cabo acciones jurídicas.

Al mismo tiempo, de manera publicitaria expuso los supuestos beneficios de proyectos como la Minería,  y “como los pueblos se niegan al desarrollo”, el abogado además pidió leer un documento Papal realizado por Benedicto XVI , más que estar en una audiencia Pública parecía estar en un sermón dominical en alguna iglesia del país.

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Con estas acciones las empresas siguen mostrando su racismo, su imposición, suprepotencia con el objetivo de amedrentar a la población y defender así sus intereses económicos, violando los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y las leyes nacionales.

El abogado Udiel Miranda abogado de la Comisión jurídica del pueblo Maya de Occidente y del Consejo del Pueblo Maya Mam  ante las declaraciones dadas por el abogado de la empresa expresó:

“Hay cierto desconocimiento del ordenamiento jurídico del país, en virtud de que lo que se estaba alegando no son los resultados de las consultas comunitarias realizadas, sino que es el incumplimiento al deber jurídico del Estado de consultar, previo a otorgar las licencias mineras.

También existe un desconocimiento a la realidad sociopolítica del país al asegurar que donde hay explotación minera son los municipios más ricos, cuando quien se aprovecha de los recursos es la empresa  y no los habitantes  que viven donde hay explotación”

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Viviana Ramírez parte de las Autoridades del Consejo Maya Mam también  se refirió  a lo ocurrido en la audiencia  y a las declaraciones del abogado de la empresa:

 “Nos están desconociendo como representantes legítimos del territorio diciendo que debemos estar constituidos en asociación, sin embargo la misma constitución de la República reconoce las propias formas de organización comunitaria y en este caso de la población indígena. Nosotros no venimos a título personal ni estamos viendo fines lucrativos, sino que nuestro fin es defender el territorio y es lo que nos ha aglutinando”

Nuevamente las comunidades vuelven a mostrar su rechazo a megaproyectos y a la explotación Minera, para ello es evidente que lo hacen usando los mecanismos legales y democráticos, buscan con ello que se respete sus derechos  y su territorio.

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El municipio de Cabricán realizó su consulta comunitaria el 20 de Octubre del 2010 en donde  dejaron constancia de su rechazo a  la exploración y explotación minera  y es responsabilidad del Estado respetar la decisión del pueblo.

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