Guatemala Comunitaria

La desaparición forzada en Guatemala durante los años más duros de la guerra es hoy un grave problema. Más de 45 mil personas se estiman están desaparecidas entre ellos niñas y niños, Marco Antonio Molina Theissen de 14 años es uno de ellos.



Marco Antonio, el niño que aún escribe en al aire – VIDEO -

Esta es la historia del niño Marco Antonio Molina Theissen contada por su hermana Ana Lucrecia, quien recuerda la alegría, las ocurrencias y los juegos de su hermano menor.
En octubre de 1981, cuando él era un niño de 14 años, miembros del ejército de Guatemala llegaron a la casa de la familia, lo secuestraron pese a los ruegos de su madre y lo desaparecieron.
Su hermana Emma, había sido detenida ilegalmente en un retén del ejército en la carretera hacia el Occidente del país. Ella logró escapar tras nueve días de cautiverio en la zona militar de Quetzaltenango, donde fue torturada y violentada sexualmente. Unas horas después, tres agentes de inteligencia militar irrumpieron en la casa familiar. Al no hallar a Emma, tomaron a Marco Antonio como rehén, en un cruel acto de venganza.
En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco por este hecho que consideró un castigo contra la familia por su lucha a favor de las libertades democráticas y los derechos humanos en Guatemala.
El 6 de enero del 2016, la lucha familiar y social por verdad y justicia para Marco Antonio fructificó en la acusación legal y captura de cinco militares, dos de ellos estrategas de la guerra sucia en Guatemala en los años 80.  Uno, además, vinculado hoy con el crimen organizado. Actualmente, guardan prisión en espera de juicio, acusados de crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos.
35 años después ¿Dónde está Marco Antonio?
#JusticiaParaMarcoAntonio

 


Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

Don Oscar Sánchez es una autoridad maya ancestral del pueblo Mam de San Marcos, fue detenido recientemente por una orden emitida por un juez de San Marcos, fue detenido el día 4 de agosto a las 11 de la mañana de forma arbitraria y permaneció en prisión durante 7 días sin que el juez lo escuchara durante una audiencia de primera declaración.

Juan Castro abogado de la autoridad ancestral  en una entrevista vía telefónica confirmo el resultado de la audiencia de primera declaración, fue hasta este jueves 11 de agosto 2016, cinco días de su detención que el juez de Malacatán San Marcos el señor Juan José Barrientos Prillwitz realizara esta audiencia, la autoridad ancestral fue ligada a proceso por el delito de “Plagio o secuestro” por un hecho ocurrido el 22 de enero 2015 a requerimiento de la fiscalía de Crimen Organizado del Ministerio Público y de la representante de la empresa HidroSala la abogada Gilda Isabel Aguilar Rodríguez es fiscal del MP.

En el departamento de San Marcos la presencia de empresas que buscan instalar una serie de represas e hidroeléctricas instalaron una fuerte problemática social en las comunidades en donde sus intereses se establecen.

Este es el caso de la Finca Argentina en San Pablo San Marcos, uno de los lugares en donde la empresa Hidrosalá busca construir una hidroeléctrica a pesar de la fuerte oposición de la mayoría de la población.

El Ministerio de Energía y Minas MEM  le ha brindado mucha atención a la construcción de la hidroeléctrica, incluso ampliando el periodo de construcción en 2015 luego que la empresa viera imposibilitada esa tarea, especialmente durante la administración del empresario Erick Archila como ministro, ahora prófugo de la justicia guatemalteca.

Durante esta audiencia de primera declaración con la presencia de la abogada Gilda Aguilar quedo evidenciado nuevamente que la estrategia de judicialización por parte de la empresa y el MP va en la línea de imputar el delito de plagio o secuestro por hechos en donde hay una participación masiva de personas, la empresa busca criminalizar a las autoridades ancestrales del pueblo maya Mam de San Marcos y la movilización comunitaria opuesta a las hidroeléctricas.

La empresa en años anteriores ya logro que diez personas de San Pablo San Marcos fueran encarceladas por defender el agua y a las comunidades, entre estas una mujer, considerados todos como presos políticos del Estado guatemalteco.

¿Quién es la abogada de la empresa HidroSalá?

La abogada de la empresa hidroeléctrica tiene antecedentes recientes de actuar de forma anómala cuando fue fiscal del MP, es una persona que se caracteriza por violentar expedientes y procesos judiciales, además de mentir insistentemente, como se muestra en el artículo “Gilda, la mentirosa”. [1]

La ex fiscal del MP, para beneficiar los intereses de otra empresa hidroeléctrica en Barillas Huehuetenango; Ecoener Hidralia Energía una empresa de Galicia España que opera con la imagen de Hidro Santa Cruz en el país.

A partir de una serie de actuaciones y denuncias realizadas por el empresa en Barillas, la ex fiscal a través de su intervención realizo una audiencia de prueba anticipada con un comunitario de Barillas detenidos quien acepto estando en prisión el respaldo de la Hidro Santa Cruz, con una audiencia de prueba anticipada en Huehuetenango Gilda Aguilar logro otras 10 órdenes de aprensión contra otros representantes del movimiento social de Barillas y de las comunidades.

Esta actuación fue revertida pero quedo abiertamente evidenciado el papel de una ex fiscal del MP al servicio de las empresas; como se muestra en el artículo ¿Qué es lo que realmente ocurrió con doña Gilda Aguilar?[2]

También la abogada y representante de la Liga Pro Patria se vio en medio de una acusación en contra de Monseñor Alvaro Ramazzini a quien acusó de intimidaciones y otros delitos, de la misma manera en contra de Daniel Pascual representante del Comité de Unidad Campesina CUC.[3]

[1] Plaza Pública. Iduvina Hernández. Plaza pública, Sábado 22 de Febrero de 2014.  http://www.plazapublica.com.gt/content/hilda-la-mentirosa

[2] Santiago Bastos Amigo. Barillas Resiste, 21 noviembre 2012. http://barillasresiste.wordpress.com/2012/11/21/que-es-lo-que-realmente-ocurrio-con-dona-gilda-aguilar/

[3] Siglo 21. Accionaran contra Daniel Pascual. http://www.s21.com.gt/nacionales/2014/10/06/accionaran-contra-daniel-pascual.


Por: Nelton Rivera.

Nuevas amenazas contra la integridad de Aura Lolita Chávez, fueron realizadas públicamente en el parque central del Quiché en una concentración en apoyo al INAB.

Aura Lolita Chávez es una mujer maya Kiché que forma parte del Consejo de Pueblos Kichés CPK, es una mujer fuerte que ha sabido representar los intereses del pueblo maya Kiché y la organización de las comunidades.

Una de las luchas que el CPK que ha realizado durante muchos años es la defensa de los bienes naturales del departamento, la instalación de empresas extractivas ha generado una fuerte problemática social en los últimos años. Recientemente las comunidades se organizaron para denunciar la tala inmoderada e ilegal de los árboles en el departamento, algunos camiones de empresarios madereros que se dedican a la extracción ilícita fueron detenidos por la organización comunitaria.

Esta lucha despertó el descontento de empresarios y representantes de los programas del INAB, quienes dirigen una campaña de difamación y odio contra la líder comunitaria.

La tala inmoderada e ilegal de los arboles

Las autoridades gubernamentales nada han hecho frente a las múltiples denuncias hechas por las autoridades comunitarias, instancias como el Instituto Nacional de Bosques INAB lejos de jugar el rol que le corresponde en promover el manejo y cuidado de los bosques se ha visto envuelto en denuncias de corrupción al facilitar la tala ilegal de los bosques.

El día 4 de julio del 2016 fueron trasladadas personas de distintos lugares del departamento para manifestarse en el parque central de Quiché, en un acto abiertamente en apoyo al INAB, varios oradores con un mensaje violento amenazaron en reiteradas ocasiones a Lolita Chávez.

En distintos momentos se escucharon consignas en defensa del INAB en el departamento, durante la duración del mitin los mensajes subieron de tono a un nivel amenazador promoviendo un mensaje de odio contra la líder comunitaria.

Las amenazas contra Lolita Chávez

“Denme una I, denme una N, denme una A, denme una B… que dice INAB, mas fuerte INAB” se repetía por un grupo de personas que llegaron hasta el parque central.

“Que se vaya o que se quede… que se vaya! Y quien se va a ir del departamento? Lolita Chávez! Repetían una y otra vez promovidos por una persona que dirigió buena parte de los mensajes contra la Lolita Chávez.

En otros momentos los señores Jorge Quezada representante de regentes forestales, Vitalino Muchuch, representante de Silvicultores y Benedicto Pérez Azañon, representante de la RED PINPEP fueron algunas de las personas que haciendo uso de un sonido, lanzaron serios mensajes en contra de la líder comunitaria, insultos, amenazas, difamación y expresiones misóginas fueron la constante de estas personas.

Los tres señores que arengaron mensajes de odio hacia Lolita Chávez y varias amenazas, fueron los mismos que introdujeron una nota en la casa de ella, citándola a una reunión de dialogo junto al gobernador departamental del Quiché, Clemente de León a las 11 de la mañana en el salón de reuniones en el segundo nivel del banco BANRURAL.

Distinto al carácter de la nota, los tres personajes Jorge Quezada, Vitalino Muchuch y Benedicto Pérez Azañon se encontraban en el parque central lanzando amenazas públicamente contra la representante del CPK.

Agresiones en el Parque Central de Quiché promovidas por INAB

Video agresiones contra Lolita chavez

Estas son imágenes de algunas de las personas que hicieron uso del sonido durante la movilización organizada en contra de Lolita Chávez.

 

Que está pasando con la tala ilegal de bosques

Recientemente la última semana del mes de junio, varios camiones que transportaban madera talada ilegalmente en el departamento fueron detenidos por las comunidades, tal es el caso de un camión propiedad de Oscar Montealegre, quien acusó públicamente que la organización comunitaria recibe financiamiento de organismos internacionales para realizar las manifestaciones.[1]

El día 23 de junio varios periodistas que cubrieron el caso de uno de los camiones que transportaba madera y que fue detenido por la población se trasladaron hacia el municipio de Chichicastenango  buscando entrevistar a los representantes de los programas del INAB y a representantes del mismo instituto, ese mismo día realizaban una actividad en ese municipio, y los periodistas buscaban entrevistarlos sobre los camiones que transportan madera de manera ilegal. Al llegar a la altura del Km 153, en la Aldea Lemoa, rumbo a Chichicastenango desde una camioneta agrícola realizaron un disparo al pasar a un costado del vehículo que transportaba a los periodistas, así lo narro Héctor Cordero de Guatevision.[2]

[1] Entrevista realizada por el Canal 4 Quiche a empresario maderero. 23 de junio 2016.

[2] Entrevista realizada por el Canal 4 Quiche a periodistas que sufrieron de agresión. 23 de junio 2016.


 

La jueza Claudette Domínguez de forma contundente en la sala de audiencias en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, se dirigió a todas las personas en la sala: “nadie es superior a la justicia”.

Estas seis palabras encierran mucho para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes llevan un año con tres meses en prisión. La resolución de la jueza en esta audiencia les demostró todo lo contrario: los operadores de justicia sí están por encima de la justicia.

Personas como Rigoberto Juárez trabajaron por muchos años para que el sistema de justicia guatemalteco reconociera el papel que juega el sistema de justicia indígena, incluso la fundación del Centro de Administración de Justicia (CAJ) para descentralizar y atender de forma directa las necesidades de ocho municipios indígenas en el norte de Huehuetenango fue el resultado de muchos años de trabajo de los pueblos indígenas en el país. Hoy, los mismos operadores de justicia, entre ellos la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), irrespetan y violentan el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y resolución de los conflictos en estos territorios, criminalizándolos y castigándolos por hacerlo.

“Esto sienta un mal precedente para un supuesto modelo democrático de justicia en el país, especialmente para el pueblo maya, suman ya más de 492 años que hemos padecido de esto, eso es sumamente sintomático, los grupos económicos de poder no permiten que hayan reformas a la justicia, menos el reconocimiento del sistema indígena. Nosotros tenemos que llevar este tipo de sufrimientos con tal que nuestra situación se aclare, llevamos 15 meses de estar en prisión sin que el MP tenga pruebas que demuestren que nosotros somos culpables de algún delito”. Rigoberto Juárez.

Luego de cuatro meses de espera, la jueza pudo realizar la audiencia de presentación del acto conclusivo, en la que finalmente estuvieron presentes todos los querellantes. A la fiscalía de Derechos Humanos del MP no le quedó otro camino que presentar su investigación, de esa forma, el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino presentó la acusación por los delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir.

Litigar de forma maliciosa no es una acción exclusiva de los abogados. La fiscalía del MP permitió que los querellantes realizaran una serie de acciones que bloquearon las audiencias, como no presentarse en reiteradas ocasiones, obligando al tribunal a suspender y reprogramar durante cuatro meses la misma audiencia. Con esto evitaron que esta etapa se realizara desde febrero de 2016, retardando el proceso y prolongando el castigo en prisión para las dos autoridades ancestrales.

La jueza resolvió en la tarde del 8 de junio la apertura a juicio oral y público por estos tres delitos. Ahora un tribunal de sentencia deberá conocer este caso con un plazo de 10 días. Específicamente será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A.  Rigoberto Mateo y Domingo Baltazar seguirán en el Preventivo de la Zona 18 mientras dure el juicio. Lo más preocupante es que el MP pretende activar la tercera causa penal contra Rigoberto Juárez.

Elnaño pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció la existencia de 20 denuncias en su contra. De algunas de ellas, no se puede ubicar en qué fiscalía se realizaron. Detrás de todas estas denuncias podrían estar varias empresas con intereses en megaproyectos en Huehuetenango.

Litigio malicioso

La audiencia inició a las 14:00 horas del 8 de junio de 2016. Se realizó en esa fecha debido a que Diego Marcos Pedro, alcalde de Santa Eulalia y querellante en el proceso no se presentó el 19 de mayo, ni tampoco lo hizo su abogado. Una audiencia anterior a la del 19 de mayo también fue reprogramada debido a la ausencia de otro querellante, Pascual Tiu Zapeta, director de CAJ de Santa Eulalia.

Las inasistencias de ambos querellantes en nada incomodan al MP, al contrario pareciera que se alternaron entre ellos para evitar que las audiencias se realizaran. Para los abogados defensores, este comportamiento responde al ejercicio del litigio malicioso de los querellantes, sus abogados y el fiscal.

Iniciada la audiencia a las dos de la tarde, la jueza permitió que las dos autoridades comunitarias se sentaran junto a sus abogados y no dentro de la carceleta, como lo hicieron en las audiencias anteriores. En la sala del tribunal estuvieron sus esposas, Juana Méndez y Juana López Francisco. Desde Santa Eulalia llegaron también varios de sus familiares, observadores de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y la oficina la OACNUDH.

La audiencia duró tres horas. Al terminar quedaban pocas personas en la Torre de Tribunales, un edificio de 15 niveles del cual los pasillos quedan abandonados después de cierta hora, y solo el movimiento en el juzgado de turno da cuenta de lo que sucede durante la noche y madrugada, cuando ingresen más personas detenidas por cualquier delito.

¿Es el MP objetivo en su investigación? 

Maynor Aguilar Bernardino es el fiscal del MP que atiende los procesos en contra de la mayoría de presos políticos de Huehuetenango. Pertenece a la unidad de delitos contra operadores de justicia adscrita a la unidad especial de derechos humanos del MP.

Es un abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 2004[1]. Con el título de profesional, aplicó ese mismo año a la convocatoria de plazas para la carrera judicial[2]. De 2010 a 2012 trabajó en la unidad distrital del departamento de Suchitepéquez[3].

Este fiscal rechazó dos de los tres peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez con el argumento de que hablaban sobre el contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango. Según el fiscal, este tema está fuera de lugar, ya que no explica específicamente los hechos sucedidos en el CAJ el 19 de marzo de 2015. Por otro lado,  rechazó que dos autoridades ancestrales se presentaran durante el juicio oral y púbico para atestiguar y confirmar que Rigoberto Juárez era una autoridad ancestral, y que por lo tanto tiene un papel importante que jugar frente a momentos complicados como los que se viven en esa región.

Aguilar Bernardino rechazó que se incorporara como medio de prueba un documento utilizado por él y la fiscalía del MP como base de sus investigaciones. El documento se titula: Informe Estructura Criminal Conflicto Social Huehuetenango. Mayo 2014. Este fue elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz y entregado por el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro al fiscal Aguilar Bernardino en 2014 y este la introdujo ilegalmente a la fiscalía de Operadores de Justicia del MP.

En este documento se identifican como delincuentes o criminales a los principales líderes comunitarios del territorio norte de Huehuetenango. Entre ellos Rigoberto Juárez, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro; todos están actualmente detenidos mientras que el resto de líderes y lideresas tienen órdenes de aprehensión.

¿Qué objetividad pueden tener las investigaciones del MP, si basa su investigación en documentos elaborados extrajudicialmente por el abogado de una empresa?

Lo curioso es que en esta misma fiscalía del MP, no avanza ninguna de las investigaciones en contra del exalcalde Diego Marcos Pedro y otras personas afines a él por muchos delitos cometidos en los últimos años, específicamente por los hechos ocurridos entre el 19 y 20 de febrero de 2015: un atentado armado, amenazas de muerte, el asesinato de un joven comunitario, el secuestro de una mujer perteneciente al Cocode a quien había amenazado con desnudarla y arrancarle el pelo en medio del parque central, frente a cientos de personas, por oponerse a la hidroeléctrica. Además también se le atribuye el cierre ilegal y violento de la radio comunitaria, y el hecho de que varias personas fueron golpeadas. En fin, se trata de un personaje que, tras un año de haber sido denunciado por delitos graves, se presenta en un tribunal de mayor riesgo en la ciudad capital con total impunidad y en coordinación con el MP.

Fiscal Maynor Aguilar Bernardino.

Otra vez se le niegan los derechos

La jueza en su resolución aceptó la petición del MP de negar varias de las pruebas testimoniales y peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez, pero a solicitud del MP sí acepto a los 26 testigos, todos trabajadores del CAJ: abogados del Bufete Popular, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces del Organismo Judicial y  fiscales del MP, entre otros.

La resolución de la jueza a las cinco de la tarde causó un acalorado debate con el abogado Benito Morales, quien la rechazó a través de un recurso de reposición parcial, por considerar que la jueza estaba afectando de forma directa los derechos de defensa Rigoberto Juárez, al dejar fuera pruebas testimoniales y documentales importantes para probar la tesis de su defensa. Pruebas que sí fueron aceptadas en otra causa penal vinculada a los procesos penales contra los presos políticos de Barillas, en donde también están involucrados varios de los querellantes de esta causa penal.

La discusión entre la jueza y el abogado Morales se agravó cuando él solicitó a la juzgadora que le permitiera a Rigoberto Juárez manifestarse en la audiencia, un derecho que se garantiza para los sindicados, esto por la alusión hecha por el abogado de Diego Marcos Pedro, quien lo señaló de forma directa. La jueza se negó a darle la palabra.

Finalizada esta etapa en este juzgado será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A quien confirme la fecha de apertura a juicio para las dos autoridades ancestrales. Mientras todo esto sucede, deberán seguir en prisión preventiva. La primera semana del mes de julio se abre el juicio oral y público para Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, líderes comentarios de Barillas.

Al final de la tarde, la audiencia terminó. Los agentes del sistema penitenciario trataban apurados de retirar a las dos autoridades ancestrales fuera da la sala y llevarlos al sótano para esperar el traslado al Centro Preventivo de la Zona 18.

Así finalizó un proceso que deja más cuestionamientos sobre la objetividad del fiscal, que certezas para los ciudadanos para creer en el sistema de justicia guatemalteco.

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[1] Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Biblioteca Central – Sección Tesis 5to. Nivel – Item: 4701227184.

[2] Diario de Centro América DCA. MINISTERIO PÚBLICO CONVOCATORIA No. 01-2004 TRIBUNAL DE ONCURSO MINISTERIO PÚBLICO LISTA DE MERITO. Año 2004.

[3] Organismo Judicial. Expediente 108-2010. Sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Rethalhuleu. 6 de octubre 2010.


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Fotografia de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

… uno como ser humano, como persona que no tengo que ver en nada con estos problemas, desde el año pasado cuando di mi primera declaración afirme que no tengo participación en ningún delito por los que se me acusa, están jugando con mi dignidad. Quienes me acusan como el Sr. Diego Marcos Pedro desde el año pasado nunca ha presentado nada, no entiendo que intereses lo mueven para hacerlo, para acusarme. Él es el verdadero culpable de los hechos que ocurrieron el 19 de enero, de verdad no entiendo qué tipo de justicia hay en este despacho.” Domingo Baltazar.

En la causa penal que enfrentan Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar la juez Claudette Domínguez a solicitud de la fiscalía de derechos humanos del MP, decidió que ambos deben permanecer en prisión preventiva,  porque considera la juzgadora, que personas como ellos, que son reconocidas, que tienen honorabilidad, que tienen mucho liderazgo en las comunidades, podrían poner en riesgo la “seguridad” de los trabajadores del Centro de Administración de Justicia –CAJ-.

Jueces, fiscales del MP, abogados de la defensa publica, administrativos, agentes de la Policía Nacional Civil, entre otros, a pesar que todos desde el 20 de enero 2015 se encuentran  trabajando en el complejo de justicia de la ciudad de Huehuetenango a casi 300 kilómetros de Santa Eulalia.

Los delitos por los que fueron ligados a proceso no ameritan la prisión preventiva según el código procesal penal guatemalteco, a criterio de la juzgadora y del MP sí, de esa cuenta ambas autoridades comunitarias permanecen en el sector 13 del preventivo, mientras este proceso penal se sigue prolongado, son 452 días o un año dos meses de prisión, entre audiencias que se suspenden, se reprograman, y que finalmente no se realizan.

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Entre audiencias que se suspenden

El 19 de mayo 2016, debió realizarse la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba, en la sala del nivel 14 de la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala, nuevamente no se encontraba el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni su abogado, uno de los oficiales del tribunal se acercó para explicarles a los abogados de la defensa, al fiscal del MP, al secretario del CAJ y su abogado que la audiencia de nuevo no se podría realizar porque no se había presentado uno de los querellantes.

Los abogados de la defensa Juan Castro y Eduardo De León, solicitaron que la juez se presentara a la sala, hasta ese momento Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar mantenían un semblante de tranquilidad, sus sonrisas con el público a través del grueso cristal de la carceleta eran evidentes, algunos de sus familiares, sus esposas y amigos les acompañaban en la sala.

La juez anunció que la audiencia se iba a suspender, el semblante de Rigoberto y Domingo cambió, era más que evidente el enojo y la frustración por la noticia,  no les toma por sorpresa, pero el juego perverso de los querellantes y del mismo MP les molesta.

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Litigio malicioso

“Vemos un claro acto de mala fe en nuestra contra, obviamente la fiscalía no tiene pruebas de los hechos por los que se nos acusa, es decir no hay delitos. Aquí lo que es claro es la persecución política por el simple hecho de denunciar los actos de la violación de nuestros derechos como pueblos indígenas, como población maya Q’anjob’al en el territorio norte de Huehuetenago.” Rigoberto Juárez Mateo.

Para los dos abogados directores de la defensa de las dos autoridades comunitarias, es evidente que las constantes inasistencias de los querellantes, incluso del MP, responden a la práctica del litigio malicioso por retardar el proceso, por seguir castigando a las dos sindicados y mantenerlos en prisión.

“vemos una clara acción de retardo y litigio malicioso del bloque que está acusando a mi patrocinado, casi estoy seguro que el lic. Pascual Tiu Zapeta será el siguiente en faltar a la audiencia, porque se turnan para retardar el proceso…” Juan Castro, abogado defensor.

El 12 de abril 2016, la audiencia ofrecimiento de medios de prueba no se realizó, esto debido a que la juez decidió suspender la audiencia porque el licenciado Pascual Tiu Zapeta director del CAJ de Santa Eulalia no se presentó al tribunal, tampoco lo hizo su abogado José Luis Chan Chamalé, y no existió una excusa.

La audiencia previa al día 12 de abril, se suspendió porque otro de los querellantes, Diego Marcos ex alcalde municipal de Santa Eulalia tampoco se presentó, la juez Domínguez suspendió la audiencia programándola para el 12 de abril.

El 19 de mayo 2016, nuevamente estaba programa la misma audiencia de ofrecimiento de prueba y nuevamente el ex alcalde Diego Marcos Pedro no asistió a la citación en el tribunal, tampoco lo hizo su abogado Luis Felipe García a pesar que fueron notificados por el tribunal.

La juzgadora reprogramó nuevamente la misma audiencia para el día 8 de junio 2016, cuatro meses se ha dilatado el proceso. La juzgadora aclaró que el ex alcalde Diego Marcos no responde a ninguna de las llamadas telefónicas hechas por los oficiales del tribunal y que en el expediente no existe otro medio para localizarlo. El fiscal Mynor Aguilar Bernardino un año dos meses después acreditó ante el tribunal otros dos números de celular con los que él tiene comunicación con el ex alcalde.

De no presentarse nuevamente el querellante junto con el abogado Luis Felipe García el tribunal de mayor riesgo iniciará un proceso disciplinario ante el Tribunal de Honor y Disciplina del Colegio de Abogados, como una medida por las reiteradas inasistencias a las audiencias en este tribunal.

 

 
Juan Castro y Eduardo De León, abogados defensores
 
Maynor Aguilar Bernardino (MP), Pascual Tiu Zapeta y José Luis Chan Chamale.
 
 
 
 
 

 


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En la aldea de Pojom en San Mateo Ixtatán están ocurriendo muchas hechos violentos desde que la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) inició sus actividades. Como en otros lugares del norte de Huehuetenango, los medios corporativos representan a pueblos completos y sus problemáticas y demandas de una manera tergiversada.

Para comprender mejor lo que ha ocurrido en los últimos años en esta comunidad, Francisco Simón Francisco ha entrevistado a autoridades y a vecinos, ha consultado documentos y ha reconstruido el proceso para quienes leen Prensa Comunitaria y les interesa comprender las compleja realidad que vive el país.

Este es el primero de cuatro reportajes sobre la realidad que se vive en comunidad de Pojom, desde sus protagonistas. En este caso que presenta a la aldea Pojom y muestra cómo se realizó la Consulta Comunitaria y como todo el mundo actuaba de forma conjunta.

1.  La Consulta Comunitaria:
Unidad social en la comunidad

 

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Consulta comunitaria en Pojom, San Mateo Ixtatán, 21 de mayo 2009

Por: Francisco Simón.

 

La aldea Pojom, su realidad actual

Pojom es una de las 59 aldeas del municipio de San Mateo Ixtatán. Con sus 4200 habitantes, de todas sus comunidades es la más grande de  la zona Norte del Municipio. Limita al norte con la frontera de México y al este con el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Es la única aldea de San Mateo formada totalmente por población Q´anjob´al, de origen en Jolom Konob´ (Santa Eulalia). Su agricultura se basa en el cultivo del café y cardamomo como principal ingreso local y familiar. La mayoría de la comunidad se dedica al cultivo de maíz y el frijol, por eso el agua es fundamental para una sociedad agricultora.

La economía de la aldea también se sustenta por las remesas familiares que ingresan constantemente, resultado de varias décadas de migración forzada hacia México, los Estados Unidos y la capital. Cientos de ellos están asentados en Playa del Carmen, Quintana Roo, México y  en diferentes estados de los Estados Unidos, en un primer momento migraron por la represión del Estado durante la guerra, luego las condiciones de pobreza fueron el detonante para continuar migrando.

Las comunidades manifiestan la ausencia de una política pública del Estado que atienda sus necesidades sociales. El centro de Salud denominado Casa Materna “Clínica Vivir en Amor” fue construido en 2006, y buena parte del personal es pagado por una institución de Bélgica. El Instituto Básico comenzó a funcionar en el año 2009 también fue construido con apoyo económico de personas belgas. Aunque es un Instituto Básico Nacional no  cuenta con maestro presupuestado por parte del Estado. Los cuatro maestros que atienden a los  92 alumnos trabajan por contrato.

Pojom cuenta con escuelas para el nivel primario, pero desafortunadamente los 14 maestros presupuestados son insuficientes para la necesaria formación académica de los 670 niños que acuden a ellas y la presencia del Estado representada por la fuerza pública no garantiza la seguridad ciudadana.

 Lo que la guerra gana, la gente pierde

Durante el periodo que más afecto la región durante conflicto armado ocurrido fue durante los años de 1980 a 1982, de los 36 años que ésta duró, la aldea sufrió una crisis social por la represión del Estado guatemalteco encabezado por la fuerza militar en compañía de los comisionados. Hubo siete desaparecidos, torturados y asesinados por su supuesta vinculación con el Ejército Guerrillero de los  Pobres EGP, una de las guerrillas que surgió en el país.

Después de que fueron desaparecidos sus esposas fueron violadas por comisionados militares. Debido a las circunstancias que ocurrían en esa época decenas de personas tuvieron que asilarse en el Estado de Chiapas México, huyendo de las listas de los comisionados y oficiales S2, también huyendo de las masacres. Varios de ellos retornaron para recuperar sus tierras en Pojom y otros se quedaron en Chiapas debido al miedo, temor y esa vivencia de terror que vivieron durante la guerra.

En la situación que se vive en la actualidad, con represión y criminalización –como describiremos en otra entrega de esta serie- hay gente que reconoce las situaciones se siguen dando. Recuerdan que el ejército y los comisionados militares los acusaron como guerrilleros. Hoy en la actualidad los comunitarios son insultados, son considerados como “bochincheros”, y acusados de “guerrilleros” por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica en la región de Ixquisis. Muchas veces considerados como  “tapacaminos“ solo por oponerse a la militarización en la región y otras veces como “locos” según la empresa porque nada quieren y porque según esta que ellos no quieren desarrollo.

El ejército nunca se desmovilizó de esta zona, a pesar de la firma de los acuerdos de Paz en 1996, en la aldea de YixKisis volvieron a instalar el destacamento militar, el mismo que funcionó durante el conflicto armado, en ese mismo lugar la empresa PDHSA tiene sus instalaciones y ahí mismo esta el destacamento militar, protegen a los trabajadores de la empresa, los comunitarios denunciaron que incluso tienen conocimiento de un grupo paramilitar que actúa para dañar a los vecinos opuestos a la hidroeléctrica y nada hacen para detenerlos.

La Consulta Comunitaria: características históricas y legales.

Desde el año 2005, los pueblos indígenas, dueños legítimos de sus tierras, se levantaron en resistencia ante las amenazas del capitalismo implementado por capitales transnacionales y apoyados por las instituciones del Estado con mecanismos de despojo, criminalización, impunidad y la división comunitaria. Las comunidades indígenas y mestizas pobres y los pueblos se mostraron dispuestos a defender lo que les queda de sus territorios y sus derechos con los mecanismos que la historia, la legalidad y su propia voluntad les proporcionan. [1]

Ante estas estrategias de las empresas y el Estado, los pueblos indígenas y mestizos, se organizan con el respaldo de sus autoridades ancestrales, municipales y basándose en el marco de la legalidad garante de sus derechos fundamentadas en el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas[2], en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Código Municipal y en la Ley de Consejos de Desarrollo. Estas leyes y convenios establecen la obligación del Estado guatemalteco de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los medios de vida, el territorio y la cultura de los pueblos.

Más de 80 consultas se han realizado desde el año 2005 hasta el 2016, siendo uno de los mecanismos de información, consulta y toma de decisión que las comunidades y pueblos siguen ejerciendo para enfrentar la imposición arbitraria e ilegitima de las empresas, gobiernos y grupos económicos vinculados al modelo extractivo.

La Consulta en San Mateo Ixtatán

Andrés Alonso Pascual, originario de la aldea Bulej, maya-hablante Chuj, fue alcalde municipal de San Mateo Ixtatán entre 2004 a 2008 por el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG y posteriormente por el mismo partido en el periodo 2008-2012.

Parte de su gestión como alcalde fue la organización municipal para la Consulta Comunitaria con los habitantes de las 59 aldeas y 7 caseríos que conforman el Municipio. Se llevó a cabo un día jueves, 21 de mayo del año 2009 y participaron 25,646 personas, el resultado fue contundente, el 99% de la població rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos.

El alcalde municipal no estaba de acuerdo para la explotación de los recursos naturales, mucho menos para la autorización de hidroeléctricas transnacionales en el municipio, según él porque la ideología de su partido no compartía los intereses empresariales, a menos que las empresas fueran administradas por la comunidad. Se organizó junto a las comunidades para oponerse a la presencia de empresas mineras e hidroeléctricas en territorio Chuj.

Motivó a  las comunidades a organizarse. Las comunidades aceptaron el mandato del señor alcalde municipal, le dijeron que está bien y le dieron importancia a la organización para la consulta de la buena fe. El día de la consulta comunitaria todos dijeron “NO A LA MINERA, y “NO A LOS PROYECTOS TRANSNACIONALES” en el territorio Chuj.

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¿Cómo fue la Consulta en Pojom?

En la aldea Pojom la consulta comunitaria fue organizada por el alcalde municipal junto al señor Nicolás Francisco Tomás Gaspar, ex comisionado Militar, Presidente del COCODE, Presidente Regional y Representante de la Región ante el COMUDE, acompañado por la coordinación y apoyo de los maestros de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pojom.

La gente de la aldea relata que la consulta fue iniciativa del señor alcalde municipal para impedir la entrada de las empresas petroleras, mineras e hídricas en el territorio Chuj. Mostraba el rechazo rotundo de las comunidades ante la explotación minera en su territorio, en especial en la región Norte de San Mateo Ixtatán.

“Todos los niños de la escuela primaria y todas las personas de Pojom van a decir que tanto minería u otros nos afectaran, la minería la llevaran las grandes personas que vienen de otros países, razones por la cuales todos vamos a decir que no a la explotación de los recursos, porque nadie quiere que afectan la comunidad y la tierra guatemalteca” enfatizó el señor Nicolás Francisco Tomás Gaspar

Por otro lado cuentan que el aviso surgió desde diversos municipios y llegó hasta San Mateo para luego realizarla con las comunidades. No sólo era San Mateo Ixtatán el municipio donde se llevaría la consulta, sino que también en las comunidades de otros municipios de Huehuetenango, harán lo mismo, todos con el lema: “No queremos minería en nuestro territorio”.

Fue así como se organizó la consulta comunitaria promovida por don Nicolás y el apoyo de los maestros. Cuando se realizó el día 21 de mayo de 2009, tanto personas de la tercera edad, mujeres, hombres, señores, señoras, niños y toda la comunidad, ninguno dijo si a la minería. Al contrario, todas se manifestaron en contra en ese tiempo.

Cuando se realizó la consulta comunitaria en Pojom no había división comunitaria, las decisiones se tomaban en colectivo, se reflejaba el consenso entre los comunitarios, había unidad entre las personas, fue por la unidad que se logró el rechazo a la minera. Luego con la instalación de la empresa, llego la división comunitaria, se instaló nuevamente el discurso contrainsurgente para criminalizar a la población en oposición de la empresa y Nicolás Francisco Tomás Gaspar volvió a jugar el papel represivo que jugó en la guerra.

La satisfacción de las comunidades

Después de la Consulta, los comunitarios indicaron que desde hace varios años se había iniciado el proceso para realizar la consulta de buena fe. Por ello resaltaron como un día histórico el jueves 21 de mayo, ya que después de enfrentar algunos obstáculos los habitantes a través de un acto de buena fe indicaron no aceptar ningún trabajo extractivo en sus comunidades. Asimismo señalaron que la lucha de todos los pobladores se basa en que las empresas transnacionales no destruyan lo que a los habitantes les pertenece, al referirse a su tierra y territorio así como la riqueza natural.

El Alcalde Municipal de San Mateo Ixtatán refirió que en la consulta de buena fe participaron más de cincuenta observadores nacionales e internacionales quienes fueron testigos de la participación de los habitantes al decir un no a los trabajos de exploración y explotación de minería a cielo abierto en el territorio. Asimismo indicó que en reunión entre los integrantes del Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDES) se decidirá cuándo entregarán los resultados de la Consulta de Buena Fe a autoridades Nacionales en la Ciudad capital.

El Alcalde Andrés Alonzo Pascual indicó que la consulta se llevó a cabo a solicitud de los pobladores, y en base al convenio 169 de la OIT donde señala que los pueblos indígenas deben ser consultados previamente sobre las medidas administrativas que afecten sus derechos e intereses. Refirió que es la población quien decide qué quiere y qué no quiere en su territorio. Por ello hizo un llamado a las autoridades nacionales a respetar la decisión de los habitantes. Así mismo enfatizó que exige se haga respetar la decisión del pueblo, al mencionar que ya se firmó la paz en Guatemala y que en ningún momento desean enfrentamientos por no respetar la decisión del pueblo de San Mateo Ixtatán. [3]

No se ha respetado la Consulta Comunitaria en San Mateo Ixtatàn

La consulta comunitaria realizada el año 2009, en donde las comunidades manifestaron su oposición a la explotación de sus recursos naturales, no se ha respetado. Las empresas están explotando las tierras, están destruyendo los ríos que de eso dependen muchas comunidades, con ellas cientos de miles de personas y que por cientos de años han estado viviendo aquí. Las comunidades recuerdan que gracias a sus antepasados lucharon por la unidad, y por el esfuerzo de todos obtuvieron este pedazo de tierra para vivir y que es lo poco que tienen. Las empresas están destruyendo a pesar de que las comunidades han dicho que no a todo tipo de imposición de proyecto nacional o transnacional.

¿Entonces por qué no respetan las decisiones? Aquí se refleja claramente la impunidad de las empresas respaldadas por una fuerza pública del Estado que se ha prestado para servir a las empresas en contra de las comunidades.

Las preguntas que se hacen las comunidades son: ¿Acaso los que vivimos aquí no son humanos? ¿Acaso no son guatemaltecos? ¿Acaso no nos protege la Constitución Política?

Las comunidades indican que para las empresas no hay pueblos indígenas; afirman que están hablando de “desarrollo”; pero según ellos, los comunitarios, eso es una mentira total, ese desarrollo del que hablan estas empresas es una falsedad, una forma de manipular y engañar a las comunidades, con ese “desarrollo” llegaron con la invasión española 500 años atrás.

La consulta fue plasmada en papel, fue evidente la participación de las comunidades en ese año, pero para las empresas no vale nada, negocian detrás de las comunidades con las autoridades administrativas para sus proyectos y proyectos de otros países; siendo las comunidades los ciudadanos y pueblos nativos de esta región y manifiestan que van a seguir luchando en defensa de los recursos porque según ellos que su voz es autentica y tiene que ser respetada.

Todos los acuerdos documentados en ese tiempo no se respetan, y para que todo se respeta las personas como pueblos deben estar unidos para demostrar esa inconformidad ante estas empresas y ante las autoridades que los autorizó. Las comunidades en mayo 2016 celebrarán el aniversario siete de la consulta comunitaria.

PRÓXIMA ENTREGA: “La empresa llega a Pojom engañando y falseando”

Notas

[1]https://www.academia.edu/7263587/DIN%C3%81MICAS_DE_DESPOJO_Y_RESISTENCIA_EN_GUATEMALA_DIN%C3%81MICAS_DE_DESPOJO_Y_RESISTENCIA_EN_GUATEMALA_Comunidades_Estado_y_empresas

[2] Acerca del Reglamento para el proceso de Consultas del Convenio 169

[3] http://www.conflictosmineros.net/contenidos/15-guatemala/4790-4790


Por: Quimy De León y Nelton Rivera.

La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales

La empresa minera EXMINGUA sigue operando de manera ilegal en San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo en el proyecto minera “El Tambor” Progreso VII Derivada, este lunes 9 de mayo, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y Ministerio Publico MP, detuvieron a varios trabajadores de la empresa minera, en total cuatro trabajadores que se transportaban en un Pickup agrícola MAZDA color gris que coincide con el vehículo placas P176FNS. Pretendían transportar 19 sacos grandes con oro y plata semiprocesados, ese mismo vehículo de la empresa anteriormente ha ingresado y salido con toneles y costales desde la mina “El Tambor”.[1]

Con la detención de 4 trabajadores mineros quedó evidenciado que la empresa EXMINGUA sigue operando, hoy continuaban sacando minerales con este vehículo desde el interior de la mina, a pesar que la CC y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc ordenó el cierre de la mina, esta empresa forma parte de Kappes Kassiday & Associates KCA una empresa que tiene sede en Reno California en los Estados Unidos.

Los vecinos de ambos municipios, denunciaron que los trabajadores de EXMINGUA sacan por bultos el mineral y lo colocan en el pickup para movilizar luego los minerales a las bodegas en donde lo almacenan, al momento de ser detenidos se les incautaron más de 10 sacos que podrían contener varios minerales, entre estos oro y plata, para la empresa ha sido complicado sacar los cargamentos de mineral en grandes camiones por eso emplearon un helicóptero en el mes de marzo para hacerlo, finalmente hacen viajes cortos con sus vehículos transportando los sacos.

El pickup de la empresa está detenido en la subestación de la policía en el centro de San José del Golfo, quienes iban en el carro podría ser trasladados a la Torre de Tribunales en el Organismo Judicial en la ciudad capital para ser procesados.  Todavía no se conoce los nombres de los detenidos.

El Ministerio Público confirmó la detención 4 personas trabajadores de la empresa minera: “Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. más conocida como La Puya, luego de se les fuera localizados en el interior de un vehículo, 19 costales de concentrado de oro y plata. De acuerdo con las investigaciones del MP y dictámenes técnicos, los mismos están valorados en la cantidad de 100 mil dólares.” El total de los 19 sacos que eran trasladados fuera de la mina podría alcanzar un monto de $1,900,000.00 mil dólares o su equivalente a Q14 millones 600 mil quetzales.

En Prensa Libre se confirmó los nombres de los detenidos: “Edwin Rubén Díaz Veliz de 23 años; Julio Macario Valle, 30; Wilder Sandoval Revolorio, 31 y Miguel Ángel García, 46.” Todos trabajadores de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A.

Breve Cronología de la actividad de una minera

Una licencia de exploración y explotación es otorgada a “Progreso VII Derivada, Mina El Tambor” durante el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina en el año 2011.

Organización y resistencia pacífica

Las comunidades de San Pedro Ayampuc y de San José el Golfo llevan desde 2011 oponiéndose a las intenciones de la empresas transnacionales como la canadiense Radius Explorations Ltd. Y la sudafricana Gold Field Inc. Quienes posteriormente cedieran sus derechos a la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates -KCA-Exploraciones Mineras de Guatemala -Exmingua subicidiaria de ambas empresas son quienes tienen la tarea de poner en marcha el proyecto minero El Tambor I (Progreso 7 Derivada).

Resultado de esta oposición organizada han sido los atentados sufridos por sus líderes y lideresas, como el intento de asesinato en julio de 2012 de Yolanda Oquelí en donde resultó gravemente herida.[2]

El 2 marzo de 2012 instalaron un plantón pacífico en el lugar conocido como “La Puya”, la organización comunitaria vio nacer al Frente Norte del Área Metropolitana -FRENAM, con el que desde entonces han impedido la puesta en funcionamiento de la mina, a base de su mera presencia y de sus cánticos religiosos.[3]

Tanto la empresa como el Gobierno han intentado acabar con esta muestra de resistencia pacífica, pues se fue convirtiendo en un ejemplo para las luchas en todo el país.

La resistencia pacífica en “La Puya” lograría el incumplimiento de los trabajos dentro del plazo de un año de la licencia de exploración, sin que las empresas KCA y EXMINGUA realizaran trabajo alguno. El silencio cómplice de la Embajada de los EEUU frente a las agresiones de la empresa KCA y el Gobierno guatemalteco quienes han intentado de forma violenta acabar con esta muestra de resistencia pacífica.

Así, la empresa implementaría una nueva fase de violencia contra las comunidades, un sinfín de hechos de violencia, intentos de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Atentados armados, abusos físicos contra las mujeres, insultos, amenazas, difamaciones, intimidaciones, racismo, discriminación y acciones homofóbicas fueron parte de las agresiones de los personeros de la empresa y sus trabajadores que fueron documentadas y publicadas a través de diversos medios de comunicación.

Criminalización de la protesta

Con denuncias de dos supuestos trabajadores mineros y declaraciones del gerente de la EXMINGUA, el coronel del ejercito Mario Ricardo  Figueroa Archila como “testigo”, la empresa KCA – EXMINGUA buscaron criminalizar y judicializar a varias personas, además de desarticular con estos procesos la resistencia comunitaria.

A este proceso se suman las declaraciones de Marco Tulio Garrido Aquino, de Erick Adoni Gálvez Rivera, ambos trabajadores de EXMINGUA, como acusadores, y la declaración de los “testigos” Gerson Miseal Garrido y José Alejandro Ávila Mérida.[4]

Un Tribunal resuelve que se suspenda la licencia de construcción de la mina

La comunidad de la resistencia pacífica “La Puya“ a través de sus Alcaldes comunitarios lograron el 15 de julio de 2015 que un Tribunal de amparo resolviera a su favor y que se suspenda la licencia de construcción del proyecto minero PROGRESO VII DERIVADA mina El Tambor de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA – EXMINGUA

Este amparo había sido puesto contra la municipalidad de San Pedro Ayampuc por los Alcaldes comunitarios de las comunidades El Guapinol y El Carrizal, con el apoyo de la Asociación de Abogados Mayas.

Por lo que el Juzgado tercero del ramo civil ordena al Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Ayampuc suspender actividades de construcción de proyecto minero Progreso VII derivada, también ordena que se realice la consulta de vecinos.

Suspensión provisional de licencia de explotación minera de la empresa

La Corte Suprema de Justicia – CSJ el 22 de febrero de 2016 notificó su decisión de suspender provisionalmente la licencia de explotación minera de la empresa Kappes Kassiday & Associates (KCA de los Estados Unidos) y su filial en el país, la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA S.A.), por considerar que se violó el derecho de consulta de los pueblos en 2011.

A partir de ese día le empresa no debía seguir explotando ningún mineral en toda el área que comprenden los 20 kilómetros cuadrados de la Mina El Tambor, especialmente oro y plata, tan solo unos meses atrás la Municipalidad de San Pedro Ayampuc también ordenó la suspensión de los trabajos por no contar con la licencia municipal para hacerlo, en respuesta la empresa rompió la medida municipal y siguió trabajando.

La decisión de la CSJ se debe luego de analizar un recurso de amparo planteado por la el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y la resistencia pacífica de La Puya en el mes de agosto del 2014, quienes plantearon que el otorgamiento de la licencia de explotación se dio por el MEM sin haber realizado la consultada a las comunidades.

“CALAS interpuso el recurso en contra del ministro Erick Archila por el otorgamiento de la licencia minera de explotación, consideramos que el ministro había afectado el derecho de consulta a los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo, que se establece en el Convenio 169 de la OIT”

A partir de la resolución de la CSJ el Ministerio de Energía y Minas deberá verificar que la empresa KCA-EXMINGUA no realice ningún trabajo de explotación en el área.

“… se decreta el ampara provisional en virtud que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, como consecuencia se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo en el departamento de Guatemala denominada Progreso VII Derivada… Por lo que se ordena a dicha autoridad, remitir el expediente original dentro del plazo de 48 horas notificada la presente resolución bajo apercibimiento que de no cumplirse certificara lo conducente a donde corresponde…”

Según el gobierno central esta suspensión no procede y todo le da igual: el asesor jurídico del Ministerio de energía y minas Rogelio Zarceño dijo que “La Corte Suprema de Justicia manda a que suspendamos el otorgamiento, pero si ya está consumado el acto… ya no se puede hacer más”[5]

 Además opinan sobre las consultas comunitarias que estas no son vinculantes y que si la población dice que no, de todos modos el Ministerio puede otorgar licencias. [6]

 La minera siguió explotando minerales

 La empresa minera Kappes Cassiday & Associated – KCA y su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala – Exmingua continuaron con la actividad extractiva y de explotación.

 Otras empresas privadas involucradas en extracción ilegal

 En el mes de marzo EXMINGUA contrató a una empresa para continuar extrayendo el mineral que están explotando de la mina El Tambor, esta vez lo hicieron por aire, un helicóptero color azul con calcomanías celestes y blancas siglas TG-CHA Aerospatiale 350B3 Ecureuil  (3888 F-WWXD, TG-GEA [3], TG-CHA)[7]  tripulado por dos pilotos realizó una serie de viajes a una distancia de 15 minutos cada uno.

 Por desacato Calas solicita un antejuicio contra el ministro de Energía y Minas

 Por negarse a cumplir la orden de amparo provisional de que se detengan las operaciones de la minera se solicitó un amparo contra el ministro Pelayo Castañón este 2 de marzo, ya que se estaría incurriendo en un delito de explotación ilegal de recursos, como está en el artículo 346 del Código Procesal Penal. Esto además implicaría el delito de instigación a delinquir, por lo que Calas pidió que se le retire la inmunidad a este funcionario y que se cumpla con el amparo provisional.

 Agresión al Plantón de la Puya frente al MEM

 El día 29 de abril 2016 en horas de la noche miembros de la resistencia, denuncian que vehículo con placas P-072DRK, embistió al plantón ubicado en las afueras del Ministerio de Energía y Minas y luego se dio a la fuga, de ese hecho resultaron varias personas heridas y se registró la destrucción parcial del campamento de la resistencia.

 La Corte de Constitucionalidad rechaza apelación de minera

 Se suspenden operaciones y queda en suspenso la licencia de exploración minera según resolvió la Corte de Constitucionalidad – CC al rechazar este 5 de mayo la apelación de Exploraciones Mineras, S.A., y del Ministerio de Energía y Minas – MEM. Es obligatorio realizar la consulta a las comunidades sobre este proyecto según el convenio 169.

 Esto además confirma el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia – CSJ al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social – Calas el 11 de noviembre del 2015.

 CALAS debe verificar que la mina Progreso VII Derivada haga efectiva la suspensión de operaciones desde que sean notificados de esta resolución, de lo contrario la CSJ debe actuar.



[1]  Información del Abogado Rafael Maldonado de CALAS. https://twitter.com/rafa_calas/status/729746543817805824

 

[2] “Acción urgente: Yolanda Oquelí, dirigenta guatemalteca opuesta a una explotación minera sufre atentado en Guatemala”. Amnistía Internacional, http://www.amnistia.org.pe/yolanda-oqueli-sufre-atentado-en-guatemala/

[3] “La fuerza de la comunidad frente al capital transnacional de la minería” Nelton Rivera, 22 marzo 2013,  http://comunitariapress.blogspot.mx/2013/03/la-fuerza-de-la-comunidad-frente-al.html

[4] Intervención de la agente Fiscal Blanca Araceli Monzón Soto. 3 de diciembre 2013.

[5] Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[6]Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[7] Complete (Historical) Civil Rotorcraft Register of Guatemala, 30 de Abril 2016. http://www.rotorspot.nl/historic/tg.php

 


Claudia Paz y Paz, Fiscal General del Ministerio Público de Guatemala

Por Nelton Rivera

La presentación del informe sobre “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en Las Américas” que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH recientemente en Guatemala llega en el momento justo.

Mientras realizaban la presentación pública fueron los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad –CC-, quienes ejemplificaron de forma magistral como se vulnera esa famosa “independencia judicial”.

El miércoles 4 de febrero la CC resolvió un amparo de forma parcial con el que resuelve que el mandato de la Fiscal General Claudia Paz y Paz debe de finalizar a más tardar en el mes de mayo. La posición de la Corte se suma a  la lista de resoluciones contradictorias y poco fundamentadas en derecho que este grupo de magistrados emite, días más tarde resolvió dejo en firme su resolución.

Una corte que no convence a nadie, podríamos mencionar por ejemplo, la posición de la corte respecto a desconocer el carácter vinculante de las Consultas Comunitarias de Buena Fe y Consultas Municipales, su interpretación de la no aplicación del Convenio 169 de la OIT o como cuando anularon la sentencia  del Juicio por Genocidio en el 2013.

Lo cierto es que este tipo de resoluciones evidencia que las y los operadores de justicia en Guatemala están constantemente bajo el acoso de poderes fácticos o poderes tradicionales como el CACIF, o grupos paralelos quienes garantizan con la penetración de sus intereses dentro de la corte, que la institucionalidad de justicia esté a su beneficio a través de la impunidad.

Las agresiones públicas de todo el aparato mediático, columnistas y políticos de derecha no tardaron ni 24 horas en lanzarse a validar la resolución de la Corte, claro no es la primera ni sera la ultima vez que busquen atacar a la Fiscal General Claudia Paz y Paz. Es evidente lo conveniente para las élites económicas, políticas y de poder que la Fiscal General no siga en el cargo.

De la misma manera que opera la ignominia y el odio, se manifiestan otros movimientos que actúan desde la esperanza y la vida. Se está haciendo sentir el respaldo y apoyo hacia una de las pocas funcionarias éticas y profesionales que han contribuido a tener confianza en la justicia y que han fortalecido el Estado de Derecho y la frágil democracia que quienes representan el poder debilitan.

Este respaldo trasciende fácilmente los espacios organizativos de la sociedad guatemalteca, el respaldo nacional e internacional puede jugar un papel fundamental en la balanza de la justicia, incluso el respaldo de la embajada de los EEUU es indicador de que hasta ellos, evidencian el peligro que significa que estos grupos controlen y definan que se eternice en nuestro país la impunidad.

Jorge Santos de la Convergencia de los Derechos Humanos por Guatemala dijo en la presentación del informe de la CIDH que éste se presenta en un contexto de agresiones y ataques contra la institucionalidad de justicia:

Estamos asistiendo a un proceso de rompimiento de la independencia judicial, no solo por la resolución de la Corte de Constitucionalidad, si no por su actuación a lo largo de todo el año 2013, hemos evidenciado y hemos denunciado como Convergencia por los Derechos Humanos un constante pacto entre determinadas élites que pretende irrumpir en el sistema de judicial guatemalteco con el único fin de procurar  impunidad.

El llamado que hacemos desde la Convergencia por los Derechos Humanos es hacer un importante esfuerzo de articulación social para defender la institucionalidad pública, principalmente frente al proceso de Comisiones de Postulación y que no permitamos que esos poderes fácticos que han intentado irrumpir en la independencia judicial se queden al final de cuentas con esa institucionalidad pública.”

CIDH presenta informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en Las América, en Costa Rica y Guatemala

Para la CIDH la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de un sistema democrático en países como Guatemala requiere de un un sistema jurídico e institucional fortalecido, independiente y ajeno a los intereses de gobernantes y particulares.  La visita de representantes de la CIDH coincide en un contexto adverso en materia de justicia y se evidencia la inexistencia de la independencia de la instucionalidad de justicia.

La CIDH presento el día jueves 6 de enero 2014 en Guatemala por primera vez un informe de este tipo, reuniendo a diversos sectores, instancias y organizaciones de justicia y derechos humanos en Guatemala.

“El informe en su contenido hace énfasis a la situación complicada de la justicia en Guatemala:  “Sin embargo, en varios Estados del continente americano, juezas y jueces, fiscales, defensoras y defensores públicos, desempeñan sus labores en ausencia de garantías que aseguren una actuación independiente, tanto en un nivel individual como de las instituciones que trabajan. Además, la CIDH ha detectado una serie de injerencias por parte de poderes públicos y agentes no estatales que generan barreras de iure o de facto para las personas que desean acceder a la justicia, las cuales están asociadas a la falta de diseños institucionales que resistan dichas injerencias y a la ausencia de procedimientos adecuados para nombramiento y selección, y de garantías debidas en los procedimientos de carácter disciplinario.”[1]

 Guatemala y el 149 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH. 

La situación de los “Derechos Humanos y la Protesta social en Guatemala”, “Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala” fueron dos temas importantes que se incluyeron dentro de la agenda de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el mes de octubre 2013 durante el 149 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH.

Durante la mesa temática sobre “Derechos humanos y la protesta social en Guatemala”, la CIDH pudo conocer los casos de judicialización y criminalización de pueblos y comunidades, violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado de Guatemala, empresas y otros actores.

Los casos que fueron presentados ante la CIDH son los de Barillas en Huehuetenango por la presencia de la empresa española Ecoener Hidralia Energía y la conflictividad que esta ha provocado en esa región.  El caso de las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez frente a las agresiones de la empresa Cementos Progreso y la construcción de la planta “San Gabriel” en su territorio. El caso de las comunidades y pueblos Xinka y Mestizo de Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa frente a la construcción de la Mina San Rafael propiedad de la empresa transnacional canadiense Tahoe Resources.

Durante la intervención de la delegación guatemalteca solicitaron en la mesa temática sobre “Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala”:

1. A la Comisión recuerde al Estado su obligación de realizar procesos transparentes y participativos que permitan nombrar a las personas ideoneas e independientes en los órganos judiciales que se van a nombrar en el año 2014.

2. Seguimiento muy cercano a estos procesos de Comisiones de Postulación y si fuera necesario y se hacen evidentes irregularidades que pongan en peligro el principio de independencia judicial quisiéramos que la comisión haga el señalamiento respectivo.

3. Solicitamos adicionalmente que se recomiende al Estado iniciar un proceso de dignificación de la labor de defensores y defensoras de los DDHH, comenzando por declaraciones del presidente del estado de Guatemala en apoyo a la labor de este grupo y una declaración que sea publicad en todos los medios posibles.

4. Recordar al Estado el compromiso que había asumido de impulsar la creación de una verdadera política pública que sea incluyente a todos los y las defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, sindicalistas y operadores de justicia.

Las audiencias y los informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho a la libertad de expresión, así como la situación de los derechos de los niños y las niñas, los migrantes, los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de libertad, las personas con discapacidad, y las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, entre otros asuntos.”[2]


[1] CIDH presenta informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en Las Américas, en Costa Rica y Guatemala. OEA. Costa Rica 6 de febrero 2014.

[2] Anexo al Comunicado de Prensa CIDH culmina el 149 Período de Sesiones. 8 de noviembre 2013.


Escuela de Cultura Popular Martires del 68
Por Patricia Karina Vergara Sánchez
Feminista, periodista y profesora en México

Por Patricia Karina Vergara Sánchez

“Venimos a gritar que la violencia sexual y el feminicidio son crímenes políticos, son actos represivos contra la desobediencia cotidiana de las mujeres”.

Unas cien mujeres y algunos hombres se reunieron este 9 de marzo en punto de las 12 del día frente a la estación del metro Doctores en la Ciudad de México para participar en una caminata-acción por la justicia respecto al reciente caso en donde una joven tepiteña de 20 años fue violada y posteriormente encarcelada por defenderse del agresor. La mayoría de las asistentes vestían de negro y morado y cubrían sus rostros con pasamontañas, antifaces o trozos de tela. Ahí desplegaron mantas y carteles con mensajes por justicia hacia Yakiri y a todas las mujeres que han sufrido violencia machista.

Comenzaron la jornada con una mujer encendiendo un incensario y con el humo generado por él fueron limpiando el camino que recorrerían de aquellas energías que deja la violencia feminicida.

Después, mujeres enmascaradas leyeron un pronunciamiento:

“La clausura del Hotel Alcázar es un hecho que justificamos y consideramos como acto de reparación y resistencia feminista. …queremos hacer memoria, justicia y exigir que se hable con la verdad. Verdad que ubicamos en la voz de Yaki. Verdad que denuncia las complicidades de hombres dentro del sistema de justicia que estuvieron impidiendo la libertad de una mujer que se defendió legítimamente. Verdad que denuncia que el machismo hace parte de las políticas de justicia que privilegian y encubren a los verdaderos culpables”.

Iniciaron un recorrido que cubriría las mismas calles que recorrió Yakiri Rubio, incluyendo aquellas en dónde la secuestraron y llevaron al hotel en que fue sometida a tortura y violación.

Las mujeres manifestantes demostrando su excelente capacidad de organización llevaban a cabo distintos actos concomitantes durante su recorrido: Algunas, con auxilio de un audio montado en una camioneta, leían explicaciones de lo que había ocurrido en esas calles y hacían reclamos de justicia. Se coordinaban con aquellas que llevaban los tambores e iban lanzando rítmicas consignas de autojusticia feminista:

“Ante la violencia machista: Autodefensa feminista”. “Ante una violación, machete al cabrón”. ”Verga violadora, a la licuadora”.

También avisaban a las y los habitantes de la zona sobre lo que estaba pasando:

“Alerta vecina, violador en la esquina. Alerta vecina: aquí vive un feminicida”.

Otras mujeres pegaban con engrudo en las paredes de la zona carteles que denunciaban los hechos. Unas más repartían volantes que parecían un atractivo panfleto publicitario, pero al leerlo se encontraba una denuncia del caso y la forma en que el Hotel Alcázar ha sido cómplice de la violencia hacia Yakiri y otras personas.

También había mujeres que tomaron la tarea de ir plasmando con pintura y unas sandalias de goma, las huellas de los pies de Yakiri por la ruta que recorrió. Un camino que quedó plasmado en el pavimento y en la memoria de quienes buscan justicia para las mujeres.

Cuando llegaron al  cruce de las calles Dr. Liceaga y Jiménez hicieron un alto y denunciaron que en ese lugar el 9 de diciembre del 2013, Yakiri Rubio Aupart  fue secuestrada por Luis Omar y Miguel Ángel Ramírez Anaya. La amenazaron con un cuchillo y la obligaron a subir en la moto.

Ahí, se realizaron algunos actos-performance, entre ellos el de un muñeco al que llevaban colgado por el cuello. A éste le cortaron un grotesco pene de cartón rosa; las asistentes lo golpearon con palos y le prendieron fuego. Mientras tanto leyeron un poema que invitaba a los agresores a no volver a dormir tranquilos.

Los vecinos de la zona miraban a lo lejos con curiosidad.

El camino se reanudó y los mensajes recordaban a las vecinas y vecinos de esa colonia que no merecen vivir junto a un secuestrador, violador y feminicida, ni tener alrededor policías ineficientes y probablemente corruptos.

Frente al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), que está apenas a unos minutos de donde fue secuestrada Yakiri, la consigna fue:

“¡Vergüenza, vergüenza, la justicia sin vergüenza!”

Ahí señalaron al TSJDF, a la agencia 50 del Ministerio Público (MP), a las y los policías como cómplices cotidianos de la violencia feminicida que vivimos las mujeres.

“Estamos aquí para decir públicamente que Yaki nunca debió ser privada de su libertad. Estamos aquí para denunciar que las condiciones actuales del proceso legal, el “exceso de legítima defensa”, es una respuesta corta y falsa. Nuestra exigencia es una justicia que tenga en cuenta los crímenes hacia los cuerpos de las mujeres. La legítima defensa nunca será un exceso frente a las agresiones feminicidas.

No nos callaremos, no dejaremos de hacer ruido, no pararemos de señalar al MP 50, a la fiscal Lucía Reza, al procurador Rodolfo Ríos Garza, a Santiago Ávila Negrón, al Tribunal Superior de Justicia, a Alejandro Fernández, y a todos los cómplices, violadores y feminicidas implicados en esta trama”.

Las manifestantes se trasladaron posteriormente hacia el Hotel Alcázar, bajo la consigna: “Hotel Alcázar, guarida de violadores”. “La complicidad es feminicidio”.

Ahí, la mujer del incensario y otras realizaron un ritual a la entrada del lugar con flores y veladoras. Luz para la energías de tanto dolor y horror que ha visto ese espacio.

En ese lugar las mujeres terminaron la ruta clausurando con cárteles el Hotel alcázar, señalándolo como guarida de feminicidas y violadores. Añadieron que no solamente ahí atacaron a Yakiri Rubio, sino también violaron a un niño del barrio vecino de Tepito en el 2013 y se sabe que otras personas han sido torturadas por la policía cuando el hotel era casa de seguridad, antes del 2001. Además, de que los vínculos delincuenciales entre el hotel, el MP y los hermanos Ramírez Anaya, se han evidenciado con el caso de Yakiri.

“Es por ello que venimos a señalar y denunciar la complicidad del encargado del hotel Víctor Núñez y de la recepcionista quienes siguen libres y tranquilos a pesar de ser cómplices de las atrocidades que suceden en sus habitaciones y quienes, además, fueron los que recomendaron a Yakiri lavarse y callarse para no meterlos en problemas. Denunciamos su complicidad con los hermanos Ramírez Anaya, quienes entraron a este hotel a violar como si estuvieran en su casa, teniendo a su disposición habitaciones abiertas para llevar a cabo sus crímenes.

Denunciamos a Alejandro Fernández, delegado de la Cuauhtémoc, porque su silenciamiento y su inacción es cómplice de todas y cada una de las violaciones y torturas que han sucedido en este hotel. Y ya que nadie ha clausurado esta guarida de feminicidas y violadores, antigua casa de seguridad, lo cerramos nosotras, recordando a las vecinas y vecinos, que si la Justicia Mexicana es misógina y encubre a todos estos violadores y feminicidas, nosotras no nos callamos, y seguimos condenándolos”.

Cuando terminó la lectura de su pronunciamiento, aparecieron globos con pintura roja que bombardearon el lugar.

Finalmente, las mujeres indignadas se retiraron hacia un parque y tianguis cercano y se dispersaron perdiéndose entre las calles de la ciudad.

Unos minutos después, frente al hotel manchado de rojo y con los avisos de clausura pasaron dos mujeres de la colonia con sus hijas e hijos al lado y bolsas de mandado en las manos. Se quedaron sorprendidas mirando hacia el  hotel. Una de las niñas, de unos nueve o diez años de edad, recogió uno de los volantes que estaba en el piso  y lo leyó:

 -Aquí fue mamá, aquí fue lo de Yakiri-. La madre también leyó:-No pensé que fuera tan cerca, que fuera aquí -.

Las dos mujeres apresuraron el paso de les niñes y se alejaron comentando en voz baja entre ellas.

En los oídos de quien esto escribe queda resonando un mensaje de las mujeres que se manifestaron:

“Hacer justicia es denunciar lo que ha pasado, visibilizarlo, sacar a la luz la verdad, condenarlo socialmente, y señalar la misoginia imperante que estructura los procesos jurídicos contra las mujeres que nos defendemos”.

 


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Por Cristina Chiquin 

El 19 de Marzo de 2013, dio inicio el histórico Juicio contra Efraín Rios Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez por los delitos de Genocidio y deberes contra la humanidad. Hoy, un año después el proceso continúa,  un proceso que para el pueblo Ixil ha significado toda una vida de búsqueda justicia.

“Cuando inicio el Juicio yo estaba contento porque sabía que había llegado la verdad al pueblo de Guatemala y no sólo a Guatemala si no al mundo. Eso me dio satisfacción, porque se conoció todo lo que nosotros sufrimos… Ellos lograron anular la sentencia políticamente pero históricamente nadie no la va quitar, ésta se sigue manteniendo en nuestro corazón.  Después de un año de la sentencia, la historia nos ha mantenido fuertes para seguir luchando y seguir exigiendo que haya justicia en Guatemala”  Benjamín Manuel Gerónimo, querellante y representante de las victimas en el Juicio por Genocidio.

Ese 19 de marzo del 2013 la sala de audiencia de la Corte Suprema de Justicia estaba llena, el Tribunal de mayor riesgo A, presidido por la Jueza Jazmín Barrios, dio  apertura a el  juicio a pesar de las estrategias dilatorias que la defensa del General Efraín Ríos Montt trató de imponer.

Los ojos de quienes observábamos se abrieron, muchas personas sabíamos que con el inicio de este proceso podríamos escuchar la voz de la verdad y de la memoria del pueblo a través de las y los testigos del pueblo ixil.

Ríos Montt estaba sentado en el banco de los acusados, algo que muchas víctimas no lograron ver. Sin embargo, quienes sobrevivieron las masacres perpetradas por el ejército de Guatemala, lograron llevar, una lucha que logró que este proceso se pudiera dar.

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A lo largo de los días siguientes se escucharon 97 testimonios  (43 de mujeres y 54 de hombres) presentados por el Ministerio Público y la parte querellante, conformada por la Asociación para la Justicia y Reconciliación –AJR- y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos –CALDH-.

En general, los testimonios hablaron sobre la experiencia vivida en los años 1982 y 1983 en el aérea ixil, en donde se cometieron masacres, bombardeos, asesinatos de hombres, mujeres, niñas, niños y ancianos. Con la estrategia de la tierra arrasada además se quemaron los cultivos como el maíz, se  destruyeron objetos personales y símbolos de cultura y fe, para llegar a la destrucción completa de la comunidad.

Los testigos también narraron los desplazamientos forzosos a los que la población Ixil tuvo que someterse debido a la persecución de la que eran objeto por parte del Ejército de Guatemala. El hambre, las enfermedades, el dolor psicológico, la separación familiar y el exterminio de poblaciones completas fueron parte de las secuelas vividas por el pueblo Ixil.

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Dentro de los testimonios presentados destacaron por su crudeza los de diez mujeres ixilies que narraron las atrocidades de violencia sexual vividas en manos de miembros del Ejército de Guatemala. Las violaciones contra las mujeres fueron actos de violencia carácter sexual, físico y emocional, ocurridos durante las masacres realizadas en las comunidades. Además, en muchos casos, madres e hijas y niñas  estuvieron sometidas a torturas físicas, esclavitud sexual, trabajo forzoso para los soldados ubicados en los destacamentos militares.

 “La verdad está dicha, la Justicia Sentenció”

Fue un proceso que tuvo muchos obstáculos, pero que con el esfuerzo y lucha del pueblo Ixil, se logró una sentencia histórica el 10 de mayo del 2013. Este día, en medio de gran expectación, se condenó a Efraín Ríos Montt  a 80 años de prisión inconmutables por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad y se absolvió de los cargos a José Rodríguez Sánchez.

Sin embargo, el 20 mayo, 10 días después de la sentencia dada por el Tribunal de mayor riesgo A, la Corte de Constitucionalidad, la dejo sin efecto y retrotrajo el proceso. Al hacerlo, la Corte de Constitucionalidad respondió en favor de la impunidad atendiendo los intereses de la oligarquía  y militares.

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A pesar de ello para el pueblo Ixil y para la historia de la justicia de este país la sentencia, se mantiene firme, la voz de la verdad fue escuchada y la búsqueda de justicia continúa.

Un año después y frente a la corte suprema de Justicia, Iduvina Hernández, activista y defensora de Derechos Humanos en Guatemala comentaba

“Sí hubo genocidio en Guatemala y eso se probó con el juicio iniciado justamente hoy hace un año. En las salas de esta Corte hubo genocidio, hubo una sentencia y José Efraín Ríos Montt y sus secuaces son culpables”

Esta Historia Jamás se Olvida

Un año después no llega el olvido y la memoria de quienes han buscado la justicia, y la verdad continúa alzando la voz para denunciar lo que pasó en Guatemala y lo que hoy lamentablemente sigue sucediendo.

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No lograron ocultar la verdad,  no lograron cortar la primavera. Benjamín Manuel Gerónimo  querellante y representante de las victimas en el Juicio por Genocidio, con un clavel rojo en sus manos y con la voz firme comentó:

“Estoy completamente convencido de que esta lucha que nosotros estamos haciendo,  está beneficiando a tres generaciones: una de quienes ya murieron y ya no lograron ver la sentencia pero sí ellas y ellos  se van sentir tranquilos, alegres porque nosotros seguimos trabajando por lo que ellos sufrieron. La otra generación los sobrevivientes porque ellos tienen esperanza de que sí hay justicia en Guatemala,  la otra es para la juventud porque va conocer la historia”

Un año se pasó rápido, pero la  búsqueda de justicia y el poder mostrar la verdad de lo sucedido es una lucha que ha llevado muchos años y que en el camino ha tenido que enfrentarse al terror de quienes quieren seguir manteniendo un estado de exclusión y dolor. Sin embargo, a pesar de ello,  la memoria renace y florece, porque en ella esta tejida la vida de hombres y mujeres que buscaban la vida y la paz.


 

Por Nelton Rivera.

En Guatemala cuatro familias del pueblo Maya Q’eqchí de la comunidad Santa Elena Samanzana II del municipio de  Cobán en el departamento de Alta Verapaz sufren del desplazamiento forzado de su territorio. Son veintiún personas, la mayoría mujeres y niños quienes tuvieron que abandonar absolutamente todo para salvar su vida. Han vivido aquí desde hace cincuenta años.

La comunidad se ha enfrentado a las amenazas y han sufrido varios atentados de personas que pretenden desalojarlos violentamente de su tierra, ahora están instalados en la ciudad capital. Se movilizaron por el apoyo del Comité Campesino del Altiplano CCDA, atrás dejaron la tierra, los cultivos, sus herramientas de trabajo, alimentos, vestido y sus hogares.

La realidad hoy de éstas personas es la de quien vive en la zozobra, de mucha consternación y preocupación.  Las familias de don Lorenzo Pop, don Pedro Saj Bol, don Domingo Choc y doña María Cristina Pop han dado un giro inesperado y triste. El dolor y la tristeza por sufrir semejantes violaciones de sus derechos se refleja en la mirada de doña María Cristina que tuvo que dejar todo lo que tiene, tuvo que huir con sus hijos por el miedo de perder la vida.

“En agosto de 2013 surge un supuesto propietario que dice ser dueño de esta finca, llega con hombres fuertemente armado, disparan y reprimen a los compañeros, en ese momento fueron dos personas heridas gravemente por armas de fuego.”[1]

Éstos hechos son un lamentable e infame recuerdo parecido a lo vivido en este país durante los años más duros del genocidio que provocó el desplazamiento forzado de millones de personas a las selvas o montañas, algunas personas tuvieron que refugiarse en otro país.

Que sucedió en Santa Elena Samanzana II

Durante la segunda semana de marzo llegaron aproximadamente treinta hombres armados, queriendo sacar de forma forzada de la tierra a las familias, destruyendo parte de sus casas y sus siembras. Algunas de estas tenían sembrado cardamomo, café, maíz y frijol.

Las cuatro familias Maya Q’eqchí tuvieron que sobrevivir varios días en la montaña, ubicándose entre el monte sin alimentos, sin resguardo, padeciendo de la enfermedad especialmente los niños fueron los más afectados.

“Fue el día viernes 14 de marzo cuando llego el grupo armado, los amenazan con sus armas de fuego, los encerraron  contra su voluntad dentro de la iglesia de la comunidad, después de encerrarlos  realizaron más de 50 disparos, no hubo heridos pero varias de las mujeres se desmayaron. Pero la intención de este grupo armado fue la de prenderle fuego a la iglesia con toda la población dentro de ella.”[2]

Representantes de la comunidad reconocieron a algunos de los atacantes a quienes identificaron como: Víctor Danilo García Pop,  Manuel Antonio García Pop,  Alberto Sun Pop, Francisco Pop Bol,  Guillero Eq Luc de la comunidad Oculá, Ricardo Cacao,  Marcos Chun, Francisco Chen, Alberto Chun y  José Xuc Col.

Uno de los representantes de la comunidad señaló cómo el señor Víctor Danilo García Pop los amenazó de muerte: “yo tengo al fiscal del Ministerio Publico, si yo quiero matar a cuantas personas no va a quedar nadie.”, refiriéndose posiblemente al agente fiscal del MP de Cobán.[3]

“Sospechamos junto con los compañeros que el fiscal del MP puede ser pariente del supuesto propietario que está buscando apropiarse de la tierra, pusimos la denuncia serán las autoridades quienes investiguen, nosotros solo tenemos sospechas de esto, ojala se haga una investigación profunda para que determinen quienes son los responsables y los castiguen.”

 “tienen que salir de aquí, si van a salir por las buenas, si no van a salir muertos”… “luego comenzaron a cortar los cultivos, cortaron todo, la semana pasada nos sacaron a cuatro familias apuntándonos con sus armas, nos tocó que escondernos bajo el monte, escondidos entre el monte, con una semana sin comer.”[4]

Desde 1993 las familias pidieron al INTA que resolviera entregarles el título de propiedad, luego el INTA trasladó el expediente al Fondo de Tierra, allí ha estado estancada la entrega de la titulación. Esto da vía libre para que grupos armados afines a empresas o terratenientes operen con total impunidad. FONTIERRA reconoce que la tierra sigue siendo del Estado de Guatemala, también reconocieron en una reunión con directivos del CCDA que esta disputa de la tierra los supuestos herederos de un terrateniente no han logrado demostrar que ellos tengan derecho o propiedad de la tierra.

Cronología de los hechos:

Viernes 14 de marzo: 21 personas integrantes de 4 familias sufren desplazamiento forzado y se esconden en el monte.

Domingo 16 de marzo: las cuatro familias Q’eqchí junto con el Comité Campesino del Altiplano – CCDA realizan una conferencia de prensa para denunciar éstos hechos.

Martes 18 de marzo: representantes del Comité Campesino del Altiplano – CCDA se reúnen con un directivo de FONTIERRA para analizar el caso de las 4 familias desplazadas, especialmente la tenencia de la tierra. También se hizo la denuncia ante la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Guatemala.

Miércoles 19 de marzo: La Procuraduría de los Derechos Humanos se reúne con campesinos de Cobán, afectados por los intentos de desalojos extrajudiciales.

El desplazamiento forzoso

“Personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que no han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente”[5]

Fue durante el conflicto armado en Guatemala que el desplazamiento forzado de la población civil tomo relevancia de forma crítica por el carácter masivo y destructivo que tomó (CEH, 1999). Se estima que un millón y medio de personas fueron desplazadas de forma violenta de sus territorios durante los primeros 3 años de la década de los años 80.  El desplazamiento “Encarna la ruptura del tejido social en su forma más directa y desgarradora, así como el debilitamiento de los lazos culturales que conforman cohesión.” [6]

Muchas veces fue para evadir las ofensivas y operaciones militares dirigidas en su contra a pesar de ser población civil, en muchos de los casos “el ejército quemó las viviendas con todo adentro; otros no pudieron sacar sus cosas y se marcharon dejando todo como estaba…”[7]

Esto es muestra de la deshumanización el resultado del desplazamiento forzado, es la utilización de la política del terror y la violencia lo que empuja como último recurso a una persona o a un grupo a para abandonar su tierra, trabajo para movilizarse a otro lugar en donde pueda resguardar la vida, o exigir sus derechos. (Cuchumbe-Holguin,  Vargas-Bejarano. Colombia 2007). Varias de las expresiones utilizadas por grupos paramilitares o fuerzas de seguridad del Estado para lograr el desplazamiento forzado están: las masacres, el asesinato selectivo de una familiares o de miembros de una comunidad y las amenazas e intimidaciones constantes.

[1]Conferencia de Prensa CCDA, Leocadio Juracan. Guatemala 16 de marzo 2014.

[2]Ibidem.

[3] Conferencia de Prensa CCDA, Leocadio Juracan. Guatemala 16 de marzo 2014.

[4]Conferencia de Prensa CCDA, representante de la comunidad de la comunidad Santa Elena Samanzana II.

[5] (Naciones Unidas, documento E/CN.4/1992/23).

[6] Guatemala historia de un país en conflicto. Capítulo 3, CEH.

[7] Ibidem.


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Cristina Chiquin

Las autoridades del Consejo Maya Mam del departamento de Quetzaltenango y las autoridades comunitarias del municipio de Cabricán, se presentaron el 8 de abril de 2014 a una vista Pública en la Corte de Constitucionalidad.

Su presencia ante la Corte, fue para presentar una apelación en contra de la licencia minera de exploración denominada “Eluvia” otorgada por el Ministerio de Energía y Minas a la empresa “Entre Mares de Guatemala S. A.“ ésta licencia afecta a la población y el territorio Maya Mam y Sipakapense.

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El objetivo de esta Vista Pública era apelar la sentencia emitida en el año 2013 por la Sala quinta de la Corte de Apelaciones,  ya que ésta les otorgó un amparo en definitiva a favor del Pueblo Maya Mam. El problema es que en ésta resolución no se declaró ilegal la licencia, si no que se trasladó la decisión al Consejo de Desarrollo Departamental – CODEDE de Quetzaltenango,  desvirtuando de esta forma los principios de Consulta reguladas en el convenio 169 de la OIT y otros convenios internacionales, vulnerando de esta forma el derecho de consulta de los pueblos.

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Las Autoridades del pueblo Mam piden a la Corte de Constitucionalidad, una interpretación extensiva del derecho a la consulta, ya que ésta debe realizarse previamente a la autorización de licencias mineras, a través de las autoridades representativas del pueblo Maya Mam y mediante el procedimiento utilizado en las comunidades, desconociendo la organización de las comunidades Mayas Mam del municipio de Cabricán.

Florentín Temaj Pérez presidente de la junta directiva de las autoridades comunitarias del municipio de Cabricán, expuso durante la audiencia los argumentos que tienen las autoridades del pueblo Maya Mam, es decir las razones y motivaciones para oponerse a la exploración y explotación minera.

“Nuestros ancestros nos heredaron el territorio donde estamos viviendo y seguiremos viviendo, el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado la licencia a la empresa para explotar  y hacer exploración minera en nuestro pueblo. Estamos en contra porque nosotros estamos en armonía con nuestros cerros, con nuestras montañas porque de ahí recibimos el vital liquido que surte a nuestras comunidades, por eso venimos a exigir que se cumpla lo establecido en la ley “

 La licencia  fue otorgada por el Ministerio de energía  y minas a la empresa Entre Mares S.A  en el año del 2010 y  la prorrogó en en mazo del 2012, no siendo en ningún momento consultada a los pueblos que afecta esta licencia  ante esto el pueblo  Maya Mam y Sipakapense exigen que se detengan las licencias que se han otorgado.

Durante la audiencia

El abogado de la empresa Jorge Asencio Aguirre, también expuso los argumentos para imponer el proyecto “Eluvia”, su exposición estuvo marcada por el desconocimiento y la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y  desconocimiento de la legislación nacional, su argumento se basó en que las autoridades del Pueblo Maya Mam no tienen personería jurídica y que por lo tanto no podían llevar a cabo acciones jurídicas.

Al mismo tiempo, de manera publicitaria expuso los supuestos beneficios de proyectos como la Minería,  y “como los pueblos se niegan al desarrollo”, el abogado además pidió leer un documento Papal realizado por Benedicto XVI , más que estar en una audiencia Pública parecía estar en un sermón dominical en alguna iglesia del país.

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Con estas acciones las empresas siguen mostrando su racismo, su imposición, suprepotencia con el objetivo de amedrentar a la población y defender así sus intereses económicos, violando los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y las leyes nacionales.

El abogado Udiel Miranda abogado de la Comisión jurídica del pueblo Maya de Occidente y del Consejo del Pueblo Maya Mam  ante las declaraciones dadas por el abogado de la empresa expresó:

“Hay cierto desconocimiento del ordenamiento jurídico del país, en virtud de que lo que se estaba alegando no son los resultados de las consultas comunitarias realizadas, sino que es el incumplimiento al deber jurídico del Estado de consultar, previo a otorgar las licencias mineras.

También existe un desconocimiento a la realidad sociopolítica del país al asegurar que donde hay explotación minera son los municipios más ricos, cuando quien se aprovecha de los recursos es la empresa  y no los habitantes  que viven donde hay explotación”

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Viviana Ramírez parte de las Autoridades del Consejo Maya Mam también  se refirió  a lo ocurrido en la audiencia  y a las declaraciones del abogado de la empresa:

 “Nos están desconociendo como representantes legítimos del territorio diciendo que debemos estar constituidos en asociación, sin embargo la misma constitución de la República reconoce las propias formas de organización comunitaria y en este caso de la población indígena. Nosotros no venimos a título personal ni estamos viendo fines lucrativos, sino que nuestro fin es defender el territorio y es lo que nos ha aglutinando”

Nuevamente las comunidades vuelven a mostrar su rechazo a megaproyectos y a la explotación Minera, para ello es evidente que lo hacen usando los mecanismos legales y democráticos, buscan con ello que se respete sus derechos  y su territorio.

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El municipio de Cabricán realizó su consulta comunitaria el 20 de Octubre del 2010 en donde  dejaron constancia de su rechazo a  la exploración y explotación minera  y es responsabilidad del Estado respetar la decisión del pueblo.

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Firma del acta de compromiso político de autoridades electas de los 6 municipios de la nación Huista y el pueblo para ratificar el respeto a las consultas comunitarias realizadas desde el 2006 hasta el 2010, así como la declaración de la región Huista “libre de minería”. — en municipio de Jacaltenango, octubre de 2012. Foto:Consejo De La Nacion Huista-Wuixtaj

Por Francisco R. Mateo Morales
El apagón que se genero en la nación Popti/Huista, sin duda provoco  grandes pérdidas a la frágil economía local. Fue evidente como las autoridades de gobierno y la empresa ENERGUATE les importo poco dejar sin energía a estos pueblos durante dos semanas; estamos convencidos que si los apagones se provocaran en la ciudad capital o en la zona industrial de la costa sur; no tardarían ni un día para su restablecimiento; por lo tanto, esta situación sigue siendo un problema de clase, de intereses políticos y económicos.
 
Hasta el momento no se ha recibido algún informe ecuánime y detallado  de las causas fundamentales de este atropello; lo que se ha dicho son especulaciones y opiniones mal intencionados para descalificar la oposición a las hidroeléctricas privadas y posicionar mediáticamente la política energética del gobierno. Lo más repudiable fue la intención fallida de la empresa y de algunas personas irresponsables en pretender generar conflicto entre comunidades,  volcándoles la culpa a las familias que tomaron la determinación de dejar de pagar la energía. Durante estos días de los apagones en ningún momento se vio  gente interrumpiendo subestaciones de energía, ni mucho menos impidiendo el trabajo de la empresa; lo que si consta fueron los bloqueos de carretera para exigir el restablecimiento de la energía.  En reiteradas ocasiones hemos manifestado nuestro respeto a la resistencia de las comunidades por la energía, aunque no necesariamente compartimos la forma y el método que algunas utilizan.
 
Otras fuentes de información aseguran que la empresa ENERGUATE estaba presionando con los apagones al gobierno de Guatemala para la aprobación de un subsidio a su favor. En fin, lo que necesita nuestro pueblo es respeto y justicia; porque seguramente el problema no se resuelve con el restablecimiento de la energía; las personas afectadas deberán dar seguimiento a las denuncias interpuestas  y  el gobierno su obligación de exigir rendición de cuentas a ENERGUATE y resarcimiento por los daños económicos ocasionados.
 
Seguramente no a todos nos afecto  de la misma manera las consecuencias deestos apagones; a excepción de los negocios y comercios; las familiares humildes se dieron cuenta que sin energía también se puede vivir, se descansa mejor. Sin embargo este acontecimiento nos obliga a reflexionar qué modelo energético necesitamos para vivir bien.
 
El problema de la energía no es tan simple como parece.  La causa fundamental es el modelo energético imperante.  La política energética en Guatemala, desde su privatización en el gobierno de Álvaro Arzú; se definieron 4 negocios grandes; LA GENERACION DE LA ENERGIA, SU TRANSPORTE, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, y de acuerdo al artículo 7 de  Ley General de Electricidad en Guatemala, una empresa o firma no puede ser generadora y comercializadora al mismo tiempo, es decir no puede tener dos negocios al mismo tiempo,  por eso aunque construyan mas  hidroeléctricas, mientras la comercialización siga en manos de ENERGUATE, vamos a seguir igual o peor porque el problema es estructural.  En el Brasil por ejemplo con sus grandes ríos se construyeron las represas másgrandes del mundo, y  convirtió su matriz energética en un 75% dependiente dehidroeléctricas, sin embargo bajo este modelo, Brasil  es uno de los países que paga muy cara la energía en el mundo; porque su comercialización está en manos privadas, es decir  en manos de empresas transnacionales.  Importante es ahora, pensar en un modelo energético con autonomía y soberanía; algunos proponen la nacionalizacion de la energia, otros la municipalización de la energía, los pueblos prefieren que desde la autonomía territorial ancestral  podemos tomar la libre determinación de controlar la generación, distribución y comercialización de la energía. Empecemos el debate, pero en serio.

Por Nelton Rivera.

Más de 355 kilómetros son necesarios recorrer desde el kilómetro 0 en la capital de Guatemala para llegar hasta el municipio de Santa Eulalia en Huehuetenango, son como ocho horas de camino.

La carretera Interamericana CA-1 es la que nos lleva hasta este lugar, para ello se pasa entre otros poblados por San Lucas Sacatepéquez, Chimaltenango después empezamos a conducirnos hacia el altiplano para disfrutar de las montañas, esas montañas que son las mejores compañeras de camino. Unas horas después llegamos a la cabecera departamental de Huehuetenango como punto intermedio, finalmente subiremos la Sierra de los Cuchumatanes y luego conducirnos a uno de sus puntos más altos en territorio Q´anjob´al: Santa Eulalia.

Santa Eulalia es conocida por sus habitantes como Jolom Konob’ significa “Cabeza de Pueblo”, así llama el pueblo maya Q’anjob’al a su municipio, uno de los diez que forman parte del territorio norte de Huehuetenango.  El frío y la neblina normalmente son intensos desde el ascenso de la Sierra, luego se sigue la ruta para pasar por Paquix, Todos Santos, a veces es imposible ver centímetro alguno de las piedras de Capt’zin, luego San  Juan Ixcoy y San Pedro Soloma durante 3 horas de camino hasta llegar.

Compartir e intercambiar ideas

La presentación del libro “Dinámicas del despojo y resistencia en Guatemala“  fue realizada el día miércoles 16 de abril,  en el salón de la Escuela Parroquial “Santa Eulalia”, es en esta escuela en donde Daniel Pedro Mateo realizaría parte de sus estudios y es en este lugar en donde el Gobierno Plurinacional Q´anjob´al, Chuj, Akateco, Popti y mestizo decidieron realizar las actividades conmemorativas a un año del asesinato de Daniel “Maya”, como lo llaman con cariño y respeto en toda la región.

“Daniel nos enseñó a luchar y vamos a seguir luchando, 365 días después de la muerte de Daniel nuestras naciones ya trascendieron en su lucha. Hoy ya nos denominamos naciones, como antiguamente se denominaban nuestros pueblos. Daniel fue uno de los impulsores de esta iniciativa de constituirnos como naciones. Daniel siempre soñó que nuestros pueblos tuvieran sus propias autoridades, y hoy nos denominamos como gobierno Plurinacional. Hoy nos vamos a reunir para trascender más…” Rigoberto Juárez.

La voz de Rigoberto no solo se escuchó en el salón, también fue transmitida por la Radio comunitaria Snub Jolom Konob’ “La voz de la cabeza del pueblo”, la radio se encargó de transmitir en vivo la presentación del libro, también estuvieron presentes las autoridades y representantes de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Poptí y mestizo que forman parte del Gobierno Plurinacional, cada una y uno de ellos tomo la palabra.

En el salón parroquial desde las 8 de la mañana varias marimbas hicieron escuchar sus sones: “Alma Norteña”, “Maderas de mi tierra” y “Pixan Konob”. Para quienes aún no conocen Santa Eulalia tiene una larga tradición de músicos, en su parque central hay un monumento a la marimba, porque Santa Eulalia se considera como la cuna en donde nació está.

El libro “Dinámicas del despojo y la resistencia en Guatemala” se dedicó a Daniel Pedro Mateo y fue entregado como un homenaje a su familia, Reina luchadora social y su compañera de vida recibió el libro, sus hijas Magdalena, Victoria, Patricia Daniela y Ana Lucinda la acompañaron en esta actividad de homenaje a la vida y lucha de su padre.

La actividad central fue un foro en el que tuvimos la oportunidad como equipo de investigación “Colibrí Zurdo” y Prensa Comunitaria para socializar la experiencia del trabajo, en la mesa principal que compartimos junto a las autoridades del gobierno Plurinacional y varios artistas quienes el 7 de abril realizaron una serie de pinturas en homenaje a Daniel “Maya”.

Pudimos conversar brevemente sobre los tres casos contenidos dentro de esta investigación: San Juan Sacatepéquez y las Doce comunidades maya Kaqchikel, El Valle del Polochic y las comunidades maya Q’eqchí y Barillas y las comunidades maya Q’anjob’al y mestizas en defensa del territorio.

Luego llegó el momento de cada representante del gobierno Plurinacional, hombres y mujeres de varias naciones quienes tomaron la palabra y se dirigieron a unas trescientas personas que se encontraban en el salón y varios miles más quienes nos escucharon a través de la Radio comunitaria, la Radio Snub Jolom Konob.

“Ésta es una oportunidad para seguir profundizando sobre la realidad que viven nuestros pueblos, todos aquí estamos convencidos que lo que está pasando ahora no son políticas gubernamentales solamente, estamos enfrentando una nueva colonización, es un nuevo despojo como el que vivimos desde hace más de 500 años. Vimos la necesidad de articularnos de acuerdo a nuestras formas de organización ancestral de acuerdo a nuestra libre determinación, estamos recuperando la hermandad entre nosotros como pueblos.” Francisco Mateo Morales. 

Al finalizar, en la escuela nos esperaba el recado de trigo con pollo, tamalitos de maíz y café, mientras el frío continuó cayendo sobre el municipio, la neblina este día se hizo sentir desde el amanecer hasta anochecer.

Ésta fue la cuarta presentación del libro, iniciamos en San Juan Sacatepéquez, Cobán Alta Verapaz, en la ciudad de Guatemala y en Santa Eulalia, aún nos queda camino por recorrer, la palabra para nosotras y nosotros tiene peso, tiene valor, la palabra hablada, la palabra escrita, todas esas palabras hechas testimonios que decenas de personas nos han confiado para que se haga eco de lo que viven, éste es el eco que tratamos de hacer.

Cada visita nos permite retroalimentar, comprender y fortalecer nuestros vínculos con las raíces de los pueblos y de las personas, con su historia y realidad, llevamos con nosotros las preocupaciones, rabias, esperanzas y sus sonrisas.

Para descargar el libro: “Dinámicas del despojo y resistencia en Guatemala”


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Por Quimy De León, Santiago Bastos y Nelton Rivera

 “Las mujeres y niños seguimos con la convicción que vamos a morir aquí mismo y esa será responsabilidad de ellos”

Desde las cinco de la mañana del día 23 de mayo, la resistencia pacífica que lleva instalada en La Puya más de dos años pues se niegan a las actividades de la mina El Tambor, despertó con la presencia de las radiopatrullas de la Policía Nacional Civil –PNC. Para medio día ya eran cientos de policías. Su presencia en si misma ya intimidaba, sino que además iban armados: “vimos a muchos elementos de la PNC con armas de grueso calibre”.

Al frente venía el comisario Pedro Esteban López García, que con prepotencia y violencia amenazó con arrestar a Yolanda Oquelí, una de las representantes de la resistencia pacífica. Ella le pidió que mostrara si llevaba alguna orden, ante la solicitud el respondió que no necesitaba llevar ninguna orden de aprensión o de desalojo porque él llevaba un “mandato”. A pesar del permiso de Gobernación que la resistencia pacífica tiene para manifestarse en la entrada que conduce al proyecto minero, la Policía Nacional Civil exigió a la gente que no interviniera para que la maquinaria de la empresa pudiera pasar. Se le pidió a la policía esperar la llegada de la Procuraduria de los Derechos Humanos – PDH y de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas – OACNUDH.

A esto el comisario respondió varias veces de forma abusiva refiriéndose a la PDH y a la OACNUDH como “huevones” y dijo que “ellos están durmiendo a esta hora” Agregó  “esta gente tiene que pasar a Macdonalds a desayunar y yo no los puedo esperar”. Yolanda Oquelí le pidió más respeto y que no abusara de su autoridad.

A eso de las siete de la mañana llegaron los antimotines acompañando el traslado de la maquinaria y de los personeros de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates -KCA- y de su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. –EXMINGUA-. “Vimos a muchos elementos de la PNC con armas de grueso calibre Se colocaron los antimotines en frente de nosotras. Ése es el coraje que tenemos: que protejan a una empresa y no nos protejan como personas”.

 

El Estado al servicio  de la empresa

Al ser consultado por representantes de La Puya[1] sobre lo que estaba ocurriendo, Miguel Angel Balcárcel responsable del Sistema Nacional de Diálogo Permanente –SNDP- se excusó argumentando que él era ajeno a esta acción, que supuestamente no estaba enterado de nada y que ésta respondía a una petición muy concreta de la empresa al Ministerio de Gobernación, siendo una orden a nivel exclusivamente administrativo. No hubo orden de desalojo, o al menos no se conoció, nunca la mostraron.

“No vamos a permitir el ingreso de la maquinaria. Si eso nos va a costar la vida, pues que nos cueste; pero los responsables son los funcionarios del Ministerio de Gobernación y el mismo Presidente por no tener la autoridad de retirar este dispositivo policial.”

Las instancias de Derechos Humanos pasaron por un momento difícil, pues no lograron alcanzar acuerdos con su mediación, el desalojo por parte de las fuerzas de seguridad era inminente. Como medida legal, las comunidades en resistencia pidieron un Recurso de Exhibición personal para toda la comunidad, “para que llegue el juez de paz para verificar que no se hagan ninguna violación de los derechos e integridad de la población”.

Se cometieron todo tipo de abusos

Y así fue como se presentó a La Puya Ana Leticia Guevara, jueza de Paz de San José Del Golfo, de poco sirvió su presencia y su intervención con la policía, porque desde el medio día la gente de la resistencia pacífica fue amenazada:

“Tienen 10 minutos para abandonar el lugar voluntariamente, todos los que sean detenidos van a ser puestos a disposición judicial” dijo el comisario de la policía a la población que rezaba y cantaba para sentir más fuerza, en su mayoría eran mujeres, también había niñas y niños.

Llegado el medio día, la gente de la resistencia pacífica, mujeres, hombres, niños, niñas, ancianas defendiendo la vida, se encontraban prácticamente acechadas y amenazadas por hombres violentos, dispuestos a todo con armas, bombas, cascos, esperando órdenes superiores. Eran los miembros del pelotón antimotines de la PNC,  detrás acechaban los camiones encendidos, cargando la maquinaria pesada de la empresa. La resistencia se organizó, como otras muchas veces, a base de rezos y cantos religiosos de cientos de personas arrodilladas, sentadas, oponiéndose con sus cuerpos a la agresión gubernamental y empresarial.

Desde el inicio de La Puya, la resistencia ha sido completamente respetuosa de la ley, ni un solo vehículo ha dejado de circular libremente por esta ruta, las únicas veces que se violenta el derecho de libre locomoción han sido cuando la empresa y Gobernación la bloquean con su maquinaria, o los contingentes de trabajadores que utiliza la empresa como grupos de choque o la fuerzas de seguridad para resguardar la maquinaria o para reprimir ilegalmente, tal y  como lo ocurrido este  viernes 23 de mayo.

Como las mujeres, niños, ancianos no se movían de sus lugares, la policía hizo el desalojo a base de gases lacrimógenos, gas pimienta y del uso de la fuerza contra personas desarmadas. En medio del humo y las lágrimas provocadas por la explosión de no menos de cien bombas se procedió a detener a la gente, a atacar a testigos y periodistas.

Hubo gente que, intoxicada, se retiraba a los cerros cercanos, pero la policía los seguía hasta allá. Los demás resistían. Doña Eudora lo decía así: “la policía está apedreándonos, intentamos resistir pero nos están tirando piedras y gases”. Una de las mujeres de la resistencia nos dijo“la policía nos golpeó con nuestras sillas de plástico dándonos en la cabeza, muchas salimos lastimadas”

Yolanda Oquelí no podía reprimir el llanto y denunciaba:

“…a la cara le disparaban a las mujeres y le rompieron la frente con las bombas lacrimógenas. Hay mujeres heridas y no permiten que entren las ambulancias Es horrible ver tanta cantidad de gente que están sacando herida en carros porque no quieren que entren las ambulancias”.[2] 

Durante de diez horas de intimidación y acoso, llegó el momento de caos y pánico, dos horas de violencia y la policía logró a base de fuerza romper el cerco pacífico, y los agentes destruyeron las instalaciones que durante dos años habían albergado la esperanza y la fe en la defensa de la vida. Rápidamente, la empresa aprovechó para introducir un tractor y un camión de volteo.

Este operativo por la tarde estuvo al mando del Sub director general adjunto de la PNC Jorge Ernesto Aldana Gálvez. Había decenas de radiopatrullas de varias comisarías de la capital, de la 11, 12 y 16, incluso hubo testigos que vieron del Quiché. También hubo denuncias de personas de la comunidad que “miembros de seguridad privada de la mina iban con uniforme FEP y dirigían el accionar de éstos[3]”.

Todas estas acciones fueron un desalojo violento e ilegitimo, violando el derecho constitucional de reunión pacífica y sin armas y los derechos de reunión y manifestación públicaç  Además las autoridades han estado debidamente informados de que ésta manifestación se ha llevado a cabo con autorización. Las fuerzas de seguridad no llevaban ninguna orden de juzgado.[4]

Acciones de propaganda

Una de las características del poder es el uso del terror mediante propaganda política y campañas de desinformación, desde hace años que han querido implantar el modelo extractivo, se han incrementado este tipo de operaciones psicológicas, basadas en el miedo “anticomunista” y la influencia extranjera o ideas foráneas, así es como lo manejan.

Al no haber bloque socialista ya que este era el argumento que usaban el siglo pasado, ahora le hechan la culpa  a Chávez, Cuba y actualmente hasta la cooperación sueca, noruega o vaya usted saber. El asunto es que en La Puya esta campaña se encarnó con la presencia de Migración, agentes con chalecos generaron tensión pues se decía que podían estar ahí para “identificar, detener o hasta deportar a los extranjeros que estuvieran causando problemas” Limitando con ello, la solidaridad, la libertad de acción, de expresión y de locomoción a personas que aunque no sean guatemaltecos, viven y trabajan en la defensa de los derechos humanos en el país.

Detenciones ilegales

Cuando empezaron las detonaciones de lacrimógenas, el efecto del gas pimienta, golpes y piedras lanzadas por la PNC la gente empezó asustada a correr. La policía brutal e ilegalmente detuvo a varias personas tanto de la comunidad como de organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales.

Esto fue lo que le ocurrió al asesor del Comité Campesino del Altiplano – CCDA Hugo Rivera. El se había hecho presente a “La Puya” con otros miembros de esta organización, para apoyar la resistencia pacífica y verificar que no existiera violación de los derechos humanos, cuando empezó la agresión policíaca.

Frente a él entre varios policías llevaban arrastrada a una mujer embarazada, también a un joven al que le habían golpeado fuertemente los testículos, lo arrastraron y lo amenazaron de muerte y a Brenda Hernández de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos – Udefegua a quien enchacharon impunemente. Hugo intervino e intentaba mediar para que no les detuvieran.

Entonces lo arrastraron y le pegaban entre varios policías queriéndolo enchachar, frente a esta agresión el quiso pasar del otro lado de donde había un cerco “yo me quise pasar al otro lado, pues no estaba haciendo nada y un policía me agarró y me restregó las manos en el alambre espigado, me hirió y ya estaba desorientado, no perdí el sentido. Entonces me tiraron al suelo y me siguieron pateando, cuando apareció una persona de  Naciones Unidas y me sacó de ahí. Tengo una herida muy profunda, después me trajeron a la capital y me pusieron puntos en el dedo índice de la mano izquierda, me llevaron a una clínica particular”.

A varias personas les ocurrió esto, aunque ninguna persona fue conducida a algún centro de detención ni puesta a disposición de  autoridad judicial, por las características de estas acciones, podría decirse que fueron detenciones ilegales, porque la policía no llevaba orden de juez competente ni estaban cometiendo flagrante delito o falta. Sino estaban precisamente realizando acciones de solidaridad, resistencia pacífica y de verificación de derechos humanos, según sea el caso.

Asesor del CCDA mientras es golpeado por PNC, fotografía de CCDA

Personas heridas y daños

Como consecuencia de estas acciones, varias personas fueron heridas, algunas de gravedad. Muchas de ellas fueron auxiliadas por vecinas, otras por los bomberos. Algunas necesitaron ser trasladadas a centros asistenciales privadas, otras al hospital general. Por esta razón no se sabe con exactitud el total de personas que fueron afectadas. Hubo una mujer embarazada que resultó herida, otra mujer con una fractura de cráneo que aún permanece en el hospital, una mujer de aproximadamente 60 años fue impactada en rostro por una bomba lacrimógena, tiene lesiones graves en las encías y los labios.
Cuatro mujeres y tres hombres tuvieron que ser trasladadas al hospital San Juan de Dios Eva María Álvarez Díaz, Maria del Rosario Rosales, Amanda Álvarez, Maria Humberta Carrera Catalan, Edwin Lorenzana, Óscar Catalán y Gregorio Catalán.[5] Además, fuentes de la comunidad hablan de 35 heridos más por los golpes que les dieron las fuerzas de seguridad, incluso de un herido en el pecho con arma de fuego. Los policías no contentos con las agresiones a las personas se dedicaron a destruir el campamento de la resistencia, para abrir paso a las máquinas, robaron pertenecías de la población incluso robaron aparatos celulares de personas que retuvieron.
Cuando ofrecer diálogo se vuelve una burla

El Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla dijo que el “desalojo de manifestantes en La Puya, es por dos años de diálogo infructuoso”.[6] Esto es totalmente falso, pues todos hemos sido testigos de la voluntad de la resistencia pacífica “La Puya” de dialogar y resolver pacíficamente la problemática causada por la pretensión de KCA-EXMINGUA de abrir la mina El Tambor sin contar con el consentimiento de la población.
“Quiero dejar constancia que nosotras siempre hemos estado abiertos al diálogo, nunca hemos sido violentos, no creemos en el uso de la violencia, somos pacíficos”.

Para corroborar estas palabras, sólo hace falta seguir el rastro de la cantidad incontable de reuniones mantenidas por la población en resistencia de La Puya con el SNDP y otras instancias. Ante el doble desplante del Ministro de Gobernación – desconocer esta historia y actuar por encima de él, a Miguel Ángel Barcárcel sólo le quedó afirmar ante los representantes de la Puya que el dialogo queda abierto, pero que este día no estaba en sus manos.
Antecedentes inmediatos y razones de fondo

Desde diciembre del 2012 las comunidades en resistencia pacífica se han mostrado abiertas a dialogar con el Gobierno y resolver esta problemática causada por la empresa. Muchas han sido las artimañas usadas por el gobierno para que este proceso no sea viable, entre ellas cancelar la última reunión.
Para el día 20 de mayo fue convocada una reunión por escrito un día antes por el SND de carácter urgente, a realizarse en Casa Presidencial. Para sorpresa de la delegación de comunitarios y comunitarias, los mismos responsables del Sistema Nacional de Dialogo rompieron el proceso al cancelar la reunión minutos antes de que iniciara. En primer lugar, violentaron y violaron el ejercicio de la libertad de expresión al no permitir que dos comunicadores de Esta Tierra es Nuestra – CMI documentaran la reunión. Después, sin mayor explicación, la cancelaron. Mario Minera, de la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-, instó al Sistema Nacional de Diálogo, a que no lo hicieran y ofreció el  traslado a las oficinas de la PDH para hacerla, si es que por protocolo en la casa presidencial no podían participar todas las personas que acompañaban a la representación comunitaria.
Esta propuesta fue desatendida por el Sistema Nacional de Diálogo, al que poco o nada le importó la voluntad que tienen las comunidades por darle continuidad a este espacio y que llevan una resistencia pacífica. Antonio Reyes, delegado comunitario de San José del Golfo, nos da luces de cómo las comunidades interpretaron el rompimiento del dialogo por parte del SNDP, previendo que la agresión está ya en camino:
“Vemos con preocupación cómo el Sistema Nacional de Dialogo busca manipular irresponsablemente este tipo de reuniones. Nos preocupa y queremos denunciar públicamente que el Gobierno está buscando estrategias para criminalizar a la resistencia pacífica. Responsabilizamos al poder ejecutivo de cualquier incidente que pueda ocurrir en nuestras comunidades”.

Magaly Rey Rosa fue invitada por representantes de La Puya para participar como testigo de honor en la reunión de alto nivel, también se presentó el Dr. R. Morán experto en minería quien demostraría las anomalías del Estudio de Impacto Ambiental EIA hecho para la mina el Tambor. El análisis que el Dr. R. Morán no pudo entregar a los funcionarios del gobierno contiene hallazgos sobre el EIA que confirman los peores temores de la gente de la Puya: “En los más de 42 años que tengo de experiencia profesional en hidrogeología y geoquímica, que abarca cientos de minas en todo el mundo, el estudio de evaluación de impacto ambiental de El Progreso VII Derivada es el de peor calidad que he revisado”.[7]

La actuación empresarial

Durante los últimos dos años, la empresa estadounidense Kappes Kassiday & Associates –KCA- y la guatemalteca EXMINGUA se han encargado de violentar y alterar la tranquilidad de la vida en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. EXMINGUA es una empresa dirigida por militares y ex funcionarios públicos vinculados a las actividades extractivas. Ellos se encargan de las campañas de difamación, calumnia, intimidación y acusaciones legales en contra de la población organizada en la resistencia pacífica.
Para ello movilizan y utilizan a “trabajadores mineros” como grupo de choque contra la población, distribuyen volantes con campañas de difamación, agreden a defensores de derechos humanos, coaccionan y amenazan incluso de muerte a periodistas. Por estos hechos fueron condenados en 2013 a 2 años de prisión a un ex teniente del ejército y gerente de operaciones de la empresa Pablo Silas Orozco Cifuentes y a un subcontratista de maquinaría Juan José Reyes Cabrera. Éstas son algunas de las constantes en la actuación que ésta empresa ha evidenciado. Al mismo tiempo, la empresa cuenta con varios abogados contratados que se dedican a impulsar procesos judiciales en contra de líderes y lideresas comunitarias.
Luego la empresa crea los escenarios para que el Ministerio de Gobernación justifique la movilización de personal administrativo, oficiales y fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil. Esto fue lo que ocurrió este 23 de mayo, cuando más de 70 radio patrullas y buses y un aproximado de 500 agentes llegaran a San José del Golfo -con uso de fuertes cantidades de dinero del Estado-, desalojaron la comunidad en resistencia para imponer su empresa minera. Se hizo sin que existiera justificación legal para hacerlo, sólo para la protección de la maquinaria de la empresa. La empresa también ha recurrido al manejo mediático encontrando eco en medios de comunicación corporativos, realizando ante la opinión publica formas de criminalización de la forma organizativa y lucha pacífica de las comunidades.
Cuando la gente opta por la dignidad

A partir de las cuatro de la tarde, se empezó a reunir delante de la sede del Ministerio de Gobernación, en la sexta avenida y 14 calle de la zona 1, un plantón espontáneo  de gente indignada y auto convocada para protestar por estos hechos.  Muchas fueron las muestras de indignación y solidaridad en las redes sociales, esto significa que las campañas mediáticas y las consignas y panfletos usados en contra de la gente de La Puya no son creíbles ni aceptadas por las mayorías.
Durante la mañana del sábado, ni siquiera 24 horas después de la represión del desalojo violento aun con presencia de un fuerte contingente de policía, la resistencia pacifica continua en el lugar, sus actividades continúan, la gente de los turnos asume su responsabilidad, su lucha sigue.

[1] Al hablar de “La Puya”, nos referimos a la organización comunitaria que defiende la vida, de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala.

[2] http://www.soy502.com/articulo/pnc-desaloja-la-puya-hay-heridos.

[3]24 de mayo 2014. jorgesantos @jorgesantos15  10 am.

[4]Entrevista a Abogado Sergio Vives del Colectivo Madre Selva.

[5] Según el médico que las atendió y dio declaraciones a Guatevisión el 23 de mayo.

[6] 23 de mayo de 2014. @alexr_pl http://t.co/n41iC7nWfB

[7]Prensa Libre. ¿De qué tienen miedo?. Magaly Rey Rosa. 24 de mayo 2014.


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Por Juan Calles

El calor es húmedo y pegajoso, el camino de terracería hace que nos agolpemos en la palangana del pick-up que nos transporta por las cercanías del rio Polochic. Una anciana con cara de molestia se acaricia el brazo derecho que se acaba de golpear por un movimiento brusco; se da cuenta que la observo y baja la mirada entre apenada e incómoda. “Usted se parece a Mamá Maquín” le digo con fingida timidez. Ella levanta la mirada y me hace sentir escalofríos cuando responde: “ese nombre no se menciona desde hace 36 años”, y vuelve a bajar la mirada. Volteo a ver a la gente que se amontona en el pick-up: todos fingen que no escucharon y ven distraídos hacia la nada.

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Mamá Maquín fue una lideresa Q´eqchi´ que encabezó la lucha por la tierra durante los años 70 en Alta Verapaz. Junto a decenas de campesinos y campesinas estaba frente a la municipalidad de Panzós el 29 de mayo de 1978, esperando una respuesta del alcalde de la localidad ante el despojo de tierras que sufrían. El complejo minero EXMIBAL, dedicado a la explotación de níquel, ocupaba tierras comunales y las que los campesinos usaban para sembrar su comida. Además, los megaproyectos de la Franja Transversal del Norte y la hidroeléctrica Chixoy amenazaban con expoliar las pocas parcelas que les quedaban.

Como respuesta a sus exigencias, ese día obtuvieron la represión del ejército de Guatemala, que desde temprano ocupó lugares estratégicos para atacar a la población civil desarmada. Las primeras ráfagas asesinaron a 35 personas. El eco de los disparos aún no se dejaba de escuchar, decenas de personas corrían por salvar su vida, el Ejercito hizo más disparos; hombres, mujeres y niños se abalanzaron a las lanchas que les esperaban sobre el río Polochic, en la carrera por salvar su vida volcaron los aparatos y murieron ahogados.

Entre los primeros asesinados se encontraba Mamá Maquín.

Durante una comparecencia pública en junio de 2011, el ex alcalde de Alta Verapaz, Wálter Overdick García, testificó sobre la participación de finqueros y altos mandos militares en la masacre ocurrida en 1978.  En esa audiencia habló de una reunión entre finqueros en Telemán, pedida por los hermanos Flavio y Héctor Monzón, así como por Amílcar SolísJoaquín González yEnrique Hernández, quienes buscaban la intervención del ejército porque los campesinos exigían tierra. Con la autorización de Guillermo de la Cruz -en ese tiempo Jefe del Estado Mayor Presidencial-, el ejército presente en Panzós secuestró y eliminó a algunos líderes campesinos, finalizando con la masacre el 29 de mayo.

Hasta hoy, ninguna persona ha sido acusada, ni perseguida judicialmente por esta masacre.

Después de cometida la masacre, la tropa que había llegado desde Zacapa tomó control absoluto de la población y en fosas comunes sepultaron uno sobre otro los cadáveres que inicialmente quedaron esparcidos en el centro del pueblo. Para ello se valieron de tractores que ya estaban preparados para ello.

Antes de llegar a Panzós quise hablar de nuevo con la anciana que me había pedido no mencionar el nombre de Mamá Maquín. Ella lo sospechó y me vio fijo a los ojos. Entonces entendí: el silencio nos ha sido impuesto, lo llevamos en el torrente sanguíneo, en los ojos, en las palabras que decimos el silencio nos ha mantenido vivos. Eso me decía ella con los ojos llenos de cansancio y dolor.

Cuando llegamos al pueblo, habían pasado 36 años de la masacre. La señora se bajó del pick-up, caminó lento hacia la plaza, se puso de rodillas y encendió algunas velas, se limpió algunas lágrimas de los ojos. El pueblo entero estaba en silencio, sólo el rumor del calor y del río se escuchaban en el ambiente.

La señora tomó aire y gritó, gritó con todas sus fuerzas, “NI EL OLVIDO, NI EL PERDÓN”.

Su voz retumbó por todo el pueblo. Era el momento de gritar, es el momento de dejar de callar.


Por Quimy De León

Caso Sepur Zarco

La sala de audiencias del juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo B estaba llena el día de hoy. En ella estuvieron presentes muchas mujeres mayas, tambien mujeres defensoras de derechos humanos, otras personas acompañantes y periodistas. Esta sala está ubicada en el nivel 14 en la Torre de Tribunales en el centro de la ciudad capital. El tribunal está presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez. Hoy fue un día histórico pues se llevó a cabo la audiencia pública de primera declaración en contra del coronel del ejército Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij.

El ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, abogado defensor y el coronel Esteelmer Reyes Girón.

A estos dos sujetos se les considera responsables de violación y esclavitud sexual “contra 15 mujeres maya q´eqchi´, también de la desaparición forzada de más de 20 personas.” [1] A ellos se les acusa de delitos contra la humanidad. Al coronel del ejército Esteelmer Reyes Girón además se le acusa de asesinato y a Heriberto Valdez de desaparición forzada.

La mayoría de la gente que asistió a ésta audiencia eran mujeres indígenas, algunas de organizaciones de mujeres, de derechos humanos y medios de comunicación. Afuera no dejaba de llover mientras los dos acusados estaban sentados acompañados de su defensa legal, esperaban que transcurriera el tiempo para dar su primera declaración, hasta que el juez declaró que el proceso debe seguir y que quedan ligados a proceso y en prisión preventiva. Será el 3 de octubre la nueva cita en el mismo juzgado para continuar con el proceso.

Heriberto Valdez Asij ex comisionado militar

Justicia por violación y esclavitud sexual

Sepur Zarco es una comunidad que se ubica en el municipio de El Estor en Izabal. En ella, durante los años más duros de la guerra y el genocidio, se construyó en el año de 1982 [2] un destacamento militar. En este lugar como en otros, los militares cometieron una serie de crímenes tipificados como de lesa humanidad, entre ellos,  la violación y esclavitud sexual durante al menos seis meses en contra de aproximadamente 20 mujeres. A varias de ellas, además, les habían desaparecido o asesinado a sus esposos o familiares.

Las mujeres que se atrevieron a no permitir que estos crímenes quedaran impunes, que se atrevieron a hablar y a pasar por una serie de momentos y trámites engorrosos que alargan el tiempo de espera para que la justicia vaya tomando forma, son nuestra motivación para reflexionar, pensar y seguir actuando a favor de la verdad y la memoria.

Cubiertas con colores y con tejidos llegaron a sentarse frente a sus perpetradores. No llegaron solas, llegaron acompañadas por varias personas, mujeres comunitarias, por organizaciones de mujeres que conforman la Alianza Rompiendo el Silencio y la impunidad. Son ya varios y firmes los pasos que se han dado hasta llegar a este momento, éstos son [3]:

  • El 4 y 5 de marzo de 2010 se realiza el Primer Tribunal de conciencia contra la violencia sexual durante el Conflicto Armado Interno.
  • El 30 de septiembre de 2011, se presenta la querella penal ante el sistema de justicia.
  • Del 24 al 28 de septiembre de 2012, se desarrollan las declaraciones de anticipos de prueba de 15 mujeres y 4 hombres q´eqchi´.
  • El 14 de junio de 2014, se ejecutan dos capturas de responsables de violencia y esclavitud sexual.
  • El lunes 23 de junio de 2014, se inicia la Audiencia de primera declaración de los sindicados.

Mientras la Justicia llega

Ingresar en la torre de tribunales no es nada agradable. Las veces que lo he hecho ha sido para acompañar algún caso de alto impacto, relacionado con derechos humanos y sus constantes violaciones. Conocer y comprender cómo se mueve el poder en uno de los campos de lucha más complejos es escalofríante, además de lo difícil que es comprender cómo funciona el sistema de justicia y las mismas leyes y su manoseo. La mayoría de veces que he asistido a una audiencia, he podido comprobar más allá del discurso, que funcionan a beneficio del bloque de poder representado en las estructuras patriarcales políticas, militares, sociales, religiosas  y económicas que controlan en su mayoría hombres.

Aún así estoy convencida que si para muchas mujeres y personas sobrevivientes de genocidio y otros delitos contra la humanidad, es importante buscar la justicia en este campo, entonces éste se convierte en un campo estratégico para la disputa de sentido que se requiere hacer en nuestro país. La valentía de quienes se atreven a llevar hasta un juicio a sus perpetradores y abusadores, se convierte es una responsabilidad para la sociedad completa, para entender la historia y reconstruirla.

Conforme se va desarrollando la trama judicial, se van presentando pruebas, peritajes, testimonios y documentos de archivo existe la posibilidad de llegar a ratificar que lo que sabemos como pueblos, lo que hemos sabido siempre en voz baja y es que estos crímenes si ocurrieron, que si hubo genocidio, que si hubo violación y esclavitu sexual. Conforme avancen estos procesos esperamos que esto se convierta en una verdad histórica probada por un tribunal, tal y como ocurrió con el juicio por genocidio en contra de Efraín Ríos Montt. Este tipo de hechos marcan una huella en la historia, en la memoria colectiva, de las luchas de las mujeres y de las luchas feministas.

 

[1] Comunicado Alianza Rompiendo el Silencio y la impunidad. 23 de junio de 2014.

[2] El destacamento fue cerrado en el año de 1988.

[3] Ibid.


Matilde Col Choc

Por Rony Morales

Ella es maya Q’eqchí nació el 14 de Marzo del 1954 a eso de las 10 de la noche en la ciudad de Cobán Alta Verapaz, departamento de Guatemala, sus padres son Francisco Col Pacay y Albertina Choc, juntos tuvieron seis hijos e hijas más. “Mati” como cariñosamente le decían los amigos y amigas, era soñadora, aplicada y estudiosa.

Matilde fue la sembradora de la semilla de la educación Bilingüe en Guatemala, fue maestra de educación bilingüe, actividad que desarrollo en el instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica -IGER-, convirtiéndose desde la comunicación a través de la radio en una de las principales promotoras.

Matilde Col Choc vuela con el alma a través de sus palabras y escribe en 1982 un poema titulado “Pequeño niño”.  En sus letras le escribía a un bebé que nacería tiempo después. Sin embargo Matilde no sabía que en poco tiempo sería secuestrada y desaparecida por el ejército de Guatemala en el año 1983.

Luchó incansablemente por promover la importancia del reconocimiento e incorporación en el sistema de educación en los idiomas maternos mayas en el país, ésta tarea la lleva a desempeñar en el cargo de conductora de un programa enla  radio desde -IGER-.

La escritura y educación desde el idioma materno maya Q’eqchí fueron prioritarios para ella,  al mismo tiempo lucho por el reconocimiento de todos los idiomas mayas y la importancia de practicarlos a todo nivel,  su trabajo la convirtió en una de las primeras en traducir textos del idioma castellano al idioma Q’eqchi’ insistiendo en lo valioso de la cultura de la población en el territorio Q’eqchi’.

El 13 de enero de 1983 en Cobán, miembros del ejército de Guatemala en un reten en la carretera detuvieron y desaparecieron a Matilde, con ella viajaba Otto él corrió la misma suerte.  El contexto de los años ochenta fueron el recrudecimiento de la política contrainsurgente del Estado contra las comunidades indígenas.

Matilde una lideresa indígena correría la misma suerte que miles de personas más durante la aplicación del genocidio, 33 años después sabemos que fue asesinada y enterrada en una fosa común en el antiguo destacamento militar.

La familia de Matilde sabe que ella se  transportaba en un bus público en la carretera entre Tactic y Cobán en Alta Verapaz, cuando un retén militar la detuvo, a 31 años de su desaparición en el año 2013 mientras la Fundación de Antropologia Forense de Guatemala -FAFG- y la Asociación de Victimas de Cobán realizaron los trabajos de exhumación en la antigua base militar, 553 osamentas fueron encontradas, precisamente en donde se encuentra ahora el Centro Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz  – CREOMPAZ.

Su hijo tendrá 33 años de edad, es hijo de una mujer detenida y desaparecida durante la guerra en Guatemala, la familia de Matilde y la de Otto continúan su búsqueda, de esa cuenta también su lucha por el esclarecimiento de la muerte de Matilde y el proceso de justicia en contra de los responsables materiales e intelectuales de su asesinato.

Pequeño Niño

Por: Matilde Col Choc

Eres aún pequeño,
más tu despertaste mis ilusiones,
que oculto entre lirios
formaste un hogar para mí

Tengo para ti y por ti,
estos versos teñidos de emoción
pues pronto surgirás a la vida,
como una gota de agua cristalina,
en tu sangre llevas la vida de los tuyos
y en tu mente una fuente de secretos escondidos
Como el Popol Vuh entre las manos…

Eres la imagen del cielo,
que palpita en cada generación,
tu ideal de ensueño te guiará en cada abismo
a cumplir una misión extensa,
serás uno más entre tantos
más tienes la dicha de ser enviado,
en ti pues, descansa todo

Serás el despertar de tus pequeños hermanos
pues serás como la tierra, cuando el sol la inunda,
que no se cansa de dar fuerte y fecunda,
retoños nuevos de dorados frutos

Te amamos tanto y daremos todo por ti,
ese será nuestro compromiso
la simiente fecunda y escondida
y espaciar en los surcos de la vida,
para que se alce de nuevo
Un feliz resurgimiento en nuestra historia

Por eso pequeño niño
juntos lucharemos hasta la muerte,
pues nunca los vientos apagarán la antorcha,
que será eterna como el amor

“Recuerda niño”
los pequeños detalles,
hacen surgir las grandes decisiones.


Por Quimy De León y Juan Calles

Entrevista con Kate Doyle

Una mujer rubia camina de una esquina a otra dentro de su oficina, sobre su escrito hay un documento que acaba de recibir de una periodista, mientras lo revisaba comprendió que tenía entre sus manos un registro que cambiaría el rumbo de lo que se hablaba como proceso de paz guatemalteco.  Mientras recorría su oficina pensaba cómo enfrentaría todo lo que seguro se vendría, sobre su vida y sobre la vida de cientos de familias guatemaltecas. Afuera por la ventana, Nueva York seguía su rutina como que si nada, como si no hubiera una bomba a punto de estallar. Era marzo, era 1999.

La mujer es Kate Doyle, directora de una organización llamada Archivo de Seguridad Nacional, institución norteamericana ubicada en Washington que defiende el derecho de todo ciudadano de saber lo que hace su gobierno, en palabras de ella misma el Archivo de Seguridad Nacional defiende “el derecho a saber”. El documento sobre su escritorio es el Diario Militar.

“Cuando dimos a conocer el Diario Militar hubo una explosión, especialmente en la prensa guatemalteca, pero también internacional, todos querían saber, querían investigar, querían conocer detalles del Diario, por parte del Gobierno de Guatemala hubo negación, por parte de las familias de los desaparecidos hubo esperanza de tener al menos un dato de sus familiares”.

Kate Doyle Fotografía: GRANITO Skylight

¿Qué es el Diario Militar “Dossier de la muerte”?

Es un documento que nos dice que la inteligencia militar guatemalteca de los años 1983 a 1985 tenía como política interna la estrategia de desaparecer forzozamente a personas que tenían supuestos vínculos con la oposición armada. En este documento hay nombres y fotografías de las personas secuestradas y desaparecidas, hay fechas y lugares y hay códigos que dicen que fue lo que le sucedió a estas personas.

“El Diario militar demuestra que estos no fueron secuestros realizados por grupos fuera del control del Ejército, el Diario demuestra que esto fue una política interna del ejército de Guatemala.

Es un documento de estrategia militar; pues hay referencias múltiples a la G2, D2 a la dirección de inteligencia – DI. Además, todas las secciones del diario corresponden a la lógica de un documento militar, por ejemplo: listados, expedientes, la forma de la inteligencia militar de archivar, un análisis breve de cada grupo revolucionario, hay una lista de allanamientos de casas, y luego la parte del documento más conocida que es la que lleva las fotografías, éste es un informe de inteligencia, un informe que documenta las acciones del personal de inteligencia. Todo señala a la inteligencia militar guatemalteca.”

En el diario militar se registran 183 secuestros que ocurrieron bajo un patrón como un instrumento de la contrainsurgencia guatemalteca, estas 183 personas son emblemáticas dentro de una historia de miles y miles de casos de desaparición forzada pero representan una gota dentro de la tragedia que provocó el Ejército de Guatemala.

¿Cómo llegó el Diario militar a sus manos?

“Poco tiempo después de que se publicara el informe para el Esclarecimiento histórico en 1999, en febrero o marzo, me llegó el documento a través de una periodista guatemalteca que ya falleció. Yo, luego de varios días de análisis, confirmé que sí, que era un documento original elaborado por las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala”.

En esa época el Gobierno de Guatemala negaba que existieran documentos militares, negaba la veracidad de los rumores de la existencia de planes militares como el Plan Sofía, el Victoria 82, entre otros.

Kate decide revelar el documento en una conferencia de prensa. Cuando sale a luz pública el Diario Militar, el Gobierno y el Ejército guatemaltecos negaron la veracidad de este documento que es evidencia de crímenes de desaparición forzada, de detención ilegal y de asesinato en contra de guatemaltecos por parte de su propio gobierno.

“El Diario Militar cobra más importancia pues las autoridades de Guatemala habían negado la existencia de documentos, sin embargo la aparición del diario era evidencia de la burla del gobierno guatemalteco al proceso de paz y a la comisión de la verdad.”

A pesar de la negación sistemática del ejército y el gobierno, la evidencia fue insostenible pues era muy claro que este es un documento real, de hecho durante una reunión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno aceptó que era un documento de las fuerzas de seguridad del Estado.

¿Qué nos revela el diario militar?

El diario corresponde a muchos documentos realizados por los ejércitos de América Latina durante la época de la represión. Se han encontrado documentos similares en Argentina, Chile, Colombia y El Salvador.

“El diario no es único en el contexto de los archivos de América Latina; sin embargo no se puede negar que es un documento original del ejército de Guatemala. Nadie puede negar que este documento no es original, auténtico, pues es un documento con anotaciones hechas a mano, con fotos claramente arrancadas de la cedula de las personas asesinadas, es un documento que tiene olor de fotos viejas.

Lo novedoso en el diario es que Guatemala tiene uno de los ejércitos más cerrados y con una historia sanguinaria”

¿Hay algún código contenido en el diario que aún no se ha podido descifrar?

“El código que más se repite es el 300 el cual se refiere a la ejecución de la gente, además del 300 existe la frase “se lo llevó pancho”, no hay duda del significado de estos códigos[1].

Hay un código que es un signo de interrogación, aún no hemos descifrado que significa eso, además del -4 que no sabemos a qué se refiere”.

¿El Diario Militar permite hacer un seguimiento hacia la línea de mando para determinar responsables?

“Nosotros creamos una base de datos del ejército de Guatemala, allí puedes armar la información del diario con respecto a las fechas, a las entidades del estado, (cuarto cuerpo, zonas militares, etc.) son datos que se puede utilizar para en correspondencia con otros documentos crear la línea de mando de las estructuras del estado.

El Diario Militar como dice Kate, es un documento tangible, que se puede oler y tocar, que guarda en su interior la historia de horror que desarrollaron las autoridades militares en Guatemala, es un documento que tiene olor de fotos viejas, olor del vacío que dejaron las personas que desaparecieron y que fueron que fueron asesinadas por el ejército, por el Estado de Guatemala. El Diario Militar es real, es verdadero.

Por la línea telefónica la voz de Kate Doyle suena esperanzada y afirma su deseo de traer el documento original a Guatemala, pero antes debe tener la certeza de que será debidamente resguardado; sobre el escritorio en donde transcribo la entrevista en una pila de periódicos guatemaltecos sobresalen las noticias de represión y asesinatos en Cobán contra población q´eqchi´, durante la administración de un militar presidente. Por el momento no hay un lugar adecuado para resguardar el documento que evidencia los crímenes del Estado guatemalteco. Hablar con Kate me llena de preguntas y , no sé cómo responder a Doyle, solamente atino a colgar el teléfono.

[1] Significan que los ejecutaron, que murieron.


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Por Nelton Rivera.

Don Felipe Chalí es un hombre maya Kaqchikel de San Juan Comalapa en el departamento de Chimaltenango, en Guatemala. Él lleva el mismo nombre de su padre Felipe Juchuná Chalí quien a los 34 años de edad fuera detenido y desaparecido por el ejército guatemalteco en 1980. El desde muy joven vivió de cerca la violencia del Estado, la represión del ejército en los años 80 llegó hasta la puerta de su casa, le dio un duro golpe siendo adolescente, golpeó fuertemente a su familia y a muchas familias de su comunidad.

En su rostro y manos se deja ver la fuerza el trabajo y el sol que marcan los caminos de la piel, en su cabeza brillan las puntas de las canas que su corto pelo le permite mostrar. Se muestra serio, pero al calor de la conversación va soltando algunas cuantas sonrisas, don Felipe tiene presente esos días como si hubiera ocurrido hoy mismo, cualquier día de agosto del 2014.

Finalmente don Felipe se reunió con su padre, sus restos regresaron el 18 de julio 2014, con él nueve osamentas más que fueron identificadas por la FAFG. Don Felipe afirmá que ahora si podrá visitarle, saber el lugar exacto en donde está y que facilmente podrá encontrarlo cuando  quiera.

San Juan Comalapa recibió a diez de sus hermanos y hermanas detenidas desaparecidas en 1980, el pueblo realizó una marcha desde la entrada hasta el parque central, en el camino las bombas de fiesta fueron anunciando esquina por esquina su llegada. Luego en el Salón municipal una alfombra de pino con miles de petalos de rosas aguardaban su llegada, ahí don Felipe dio su testimonio con la seriedad que lo caracteriza un poco mas contento pero con el dolor aún por dentro.

Me acuerdo bien de mi papá

Me acuerdo bien de mi papá, él siempre presentía cosas, tenía ese don y un día me dijo: “ya no voy a vivir más, que la cosa esta jodida” esas eran sus palabras, él lo presentía y ya no tuvo más vida, cuando el decía esto empezaba a llorar.

La desaparición de mi padre ocurrió durante el conflicto armado interno, fue el 6 de enero de 1981, mi papá fue ayudante de construcción, él iba atrás de un camión cuando lo detuvieron esa mañana, iba temprano al trabajo y nunca más regresó. Nació el 10 de mayo de 1948 era bastante joven cuando se lo llevaron los militares.

Fue a través de CONAVIGUA que supimos que podíamos encontrarle. Ellas nos hablaron de la necesidad de realizar la exhumación en San Juan Comalapa, yo voy a decir la mera verdad en ese terreno encontramos a varios de mis familiares. Lo cierto de todo esto es que fueron los militares quienes hicieron las desapariciones de la gente de aquí, de muchos aún no sabemos a dónde los fueron a enterrar.

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De cuando empezaron las exhumaciones

Aquí estuvieron trabajando los antropólogos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, recuerdo que fue un día domingo del 2003 cuando ellos comenzaron a trabajar, también estuvieron las mujeres de CONAVIGUA. Luego de varias horas de trabajo poco a poco fueron abriendo la tierra y encontrando las fosas. Así fueron apareciendo poco a poco los primeros restos.

Nosotros vimos cuando se hizo la exhumación, vimos cuando encontramos diferentes restos, una vez me tocó ver una de las osamentas, era diferente a las otras, usando mi imaginación supe que era la osamenta de un ladino, por lo alto, porque sus huesos eran más grandes que los otros. Esta exhumación no fue fácil, se tuvo que pedir el permiso para hacerla, costó que lo dieran.

Sabemos que a la gente de otros lugares sí los trajeron aquí. Por ejemplo aquí exhumaron a una persona que venía desde Cobán, por eso es que a los de la ciudad los vinieron a enterrar aquí, pero a la gente de aquí no sabemos a dónde los fueron a tirar.

Ahora ya taparon nuevamente todas las fosas, taparon otra vez el terreno del antiguo destacamento militar, ahí mismo donde se hicieron fosas humanas, a ese lugar se le conoce como Palabor. Al finalizar este proceso entendimos que a mucha gente que desaparecieron en esta comunidad seguro la llevaron a otro lugar, porque muy pocos aparecieron aquí en el antiguo destacamento militar.

La gente dice que aún en ese lugar hay restos de personas que no se han exhumado, que esperan ahí todavía. Recuerdo que a un mi familiar lo agarraron en el destacamento de Comalapa y fue hasta allá en San Agustín que lo fueron a tirar los soldados. Y gente de allá la trajeron para acá a este destacamento, pero tuve entre todos la suerte de encontrar aquí a mi papá en el año 2003.

Del año 2003 hasta este año que no hemos podido enterrar sus restos, pero él ya está identificado a diferencia de cientos más que hacen falta, todo esto luego de 34 años de buscarlo.

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Cuando desaparecieron a mi papá

Cuando desaparecieron a mi papa yo tenía 14 años, ahora tengo 49 años de edad. Nací en el año de 1975. Éramos cuatro en la familia, una hermana y mis dos papas. Cuando se llevaron a mi papa, me tocó vivir a mí y a toda la familia el conflicto armado interno, nos tocó que pasar por muchas enfermedades y muchas penas.

A mi familia y a mí nos dejó mucho dolor en la vida, por ejemplo yo tengo a mi papa detenido – desaparecido, además un cuñado y un tío hermano de mi papá, solo de mi familia secuestraron a tres personas en poco tiempo.

Desde la detención y desaparición de mi papá, me dedique a la agricultura, pero lo que más hago es vender pino por red para cualquier acontecimiento. Hago trabajo ajeno con otra gente a eso me estoy dedicando.

Finalmente me casé tarde, por el momento no tengo familia, mi esposa tiene 29 años y yo ahora tengo 48, pero aún no tengo familia, cuando pasó el conflicto armado interno mi esposa aún no había nacido, fue hasta el año de 1984 cuando nació ella y yo tenía 14 años, así que estuve solo como 16 años.

Yo vivo la desaparición forzada ahora con un poco de alivio porque voy a poder enterrar pronto a mi papa, y saber que los restos de mi papá van a descansar. Ahora vamos el día de los santos al destacamento militar a dejarle sus veladoras, hacemos oraciones, nos llevamos candelas, pero no sabemos en dónde están los restos y esa sigue siendo una gran tristeza.

Hay gente que piensa diferente, algunos dicen que esos restos no son de mi papá, lo dicen porque no vienen a las reuniones de CONAVIGUA, la gente piensa que realmente no son los restos de un familiar, sino de otra persona.

Yo estoy seguro porque a mí me hicieron las pruebas de ADN, la FAFG vino un día por esa muestra. Aquí en la Ceiba se hicieron las pruebas, en ese entonces supe que en un 100% era mi papa, para la prueba de ADN participamos mi mamá, una hermana y yo para la muestra, de esa manera logramos un alto porcentaje de coincidencia finalmente.


Por: Miguel Ángel Sandoval

La derogatoria de la ley Monsanto constituye desde donde se quiera analizar una especie de acto fundacional de un periodo nuevo en nuestro país. En un pulso que duro semanas, donde expresiones de lo más diverso, campesinas, ambientalistas, organizaciones indígenas, maestros, estudiantes, toda la gama de grupos sociales, dijeron con todas sus letras: NO a ley 19-2014, ley para la protección de obtenciones vegetales, más conocida como ley Monsanto.

Como se sabe, dicha ley estuvo engavetada por varios años y solo la fiesta mundialista de Brasil, le permitió a los congresistas de diversas bancadas, dar el paso de aprobar ese engendro de ley al tiempo que se escondía en los artículos de la misma, un préstamo para carreteras. La ignominia absoluta. Fue la arrobación en medio de las más grandes muestras de ignorancia, de falta de compromiso, de alianzas equivocadas. En fin, pareció al final, una comedia de errores.

Una corriente eléctrica sacudió al país. Ello porque el fondo de la susodicha ley ponía en riesgo las semillas criollas, y la sola idea que el maíz fuera patentado por una empresa extranjera, hizo el papel de un propulsor de alta potencia. Por razones que tienen que ver con la identidad nacional, con el hecho que no existe casi nadie que no se reivindique en Guatemala como hijos o hijas del maíz. Salvo pequeños grupos de la elite racista de siempre.

Es demasiado fuerte en el imaginario nacional la certeza que tenemos origen en el maíz. Una pequeña ley sobre el día del maíz y algo mas, nunca fue garantía de no privatización de la semilla nacional por excelencia. Somos un país multicultural, multiétnico, diverso, en donde la existencia de cuatro pueblos, mayas, xincas, garífunas y ladinos (mestizos) se enlaza desde la perspectiva identitaria, con los cuatro colores del maíz, blanco, amarillo, rojo, negro. Es algo que forma parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas y por ende algo irrenunciable.

Los días agitados que sacudieron las conciencias en todo el país dejan algunas experiencias o lecciones que no pueden dejar de ser analizadas. La primera de ellas es que el congreso de la republica, acostumbrado a legislar y actuar sin ningún tipo de límite, encontró en la movilización social un claro valladar. Una buena mayoría de diputados hicieron en estos días gala de su desconocimiento profundo de los contenidos de la ley Monsanto. Al grado que desfiló en el micrófono del pleno del congreso, uno a uno, pidiendo disculpas, y dando cualquier explicación, por el error y la equivocación al aprobar la ley.

La segunda, es que muchos sectores se dieron cuenta que la coordinación o articulación de las luchas sociales permite éxitos que la dispersión no. La fuerza social tuvo una clara demostración de su potencialidad, si opta por la actividad conjunta. Se puso a la orden del día la necesidad de coordinar esfuerzos, de conjuntar agentas, de explorar nuevos caminos.

Alianzas de todo tipo vieron la luz en estas jornadas memorables. Coincidencias en propósitos, análisis y compromisos, vieron la luz como se dice, en tiempo real, y las redes sociales jugaron un rol de primera importancia. Así supimos de asambleas en comunidades alejadas, de movilizaciones a lo largo y ancho del país. En el mismo momento que estas ocurrían retroalimentando la resistencia en los lugares más diversos. En verdad, días luminosos.

Una tercera conclusión es que todo lo ocurrido se llevo a cabo sin la presencia o participación de los grupos políticos partidarios que se reivindican de la izquierda. Ni vistos ni oídos en estas memorables jornadas de luchas populares. Es un aspecto que merecería una amplia reflexión pues si de algo no queda duda es que las luchas sociales no se sienten representadas por las siglas de las izquierdas. Menos identificados con estas. Capaces de impulsar procesos sociales de importancia nacional, no tienen en lo electoral su perspectiva por los errores acumulados. Pero esto es parte de otro análisis.

El magisterio se movilizo con su fuerza habitual, sin poner como estandartes de sus planteamientos el pacto colectivo, intereses corporativos o la ampliación presupuestaria, sino la derogación de la ley Monsanto.

Sin embargo el hecho de mayor profundidad es sin duda la presencia masiva de expresiones de pueblos indígenas que le impusieron su sello a las movilizaciones de los días de agosto. Las comunidades dijeron su palabra de forma clara, sin aspavientos, con expresiones de fuerza y legitimidad. Hicieron lo que tenían que hacer y dijeron lo que tenían que decir, sin acudir a discursos o a lugares comunes. Conscientes de su fuerza, representatividad y autoridad. Ello fue saludable para todo el movimiento de resistencia a la ley Monsanto.

Las alcaldías indígenas kachiqueles o zutuhiles, Quichés o Queqchies, Qanjobales o Mames, dijeron basta a los abusos que desde la expresión del poder central localizada en el congreso de la republica se cometen. Pero sobre todo, emergieron como lo que son: un poder que se niega a ser reconocido por la institucionalidad del país, o por otras expresiones políticas del país.

El día que se derogó la ley, 5 de septiembre en sesión extraordinaria, por la presión de las movilizaciones, había un clima nacional de irritación social de alcances impredecibles. El martes anterior 2 de septiembre, las comunidades de Sololá habían movilizado en cosa de horas entre 30 y 40 mil personas al llamado de sus autoridades indígenas. En Alta Verapaz, había una movilización sin precedentes. Hubo asambleas multitudinarias en Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, otros lugares. Circulan en las redes sociales videos que dan cuenta de estas actividades.

El anuncio hecho por pueblos indígenas al dar plazos a los congresistas constituye una novedad en el paìs. Varias alcaldías dijeron: ¡si en una semana no se deroga la ley, nos levantamos! Asimismo es importante la declaratoria de non gratos a los diputados distritales de Sololá. Están más lejos que nunca de cualquier elección. Es igual en otros departamentos en donde los diputados que en su momento habían aprobado la ley, circulan en fotos con la leyenda de “traidores a la patria”

Hay desde la crisis abierta por la aprobación y derogación de la ley Monsanto, un nuevo actor en el panorama político nacional, y el mismo tiene que ver con los pueblos indígenas organizados de manera comunitaria, con autoridades legitimas, que hoy tienen conciencia de su fuerza y una visión de alcance nacional que supera las divisiones impuestas de los últimos siglos. Igualmente, hay en todos los sectores que participaron y que legítimamente se sienten triunfadores, la clara conciencia que la unidad hace la fuerza, que las alianzas son posibles y necesarias y que el futuro de todos, es compartido.

Hay, como se puede observar, razones para festejar.


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Nina Pacari. Fotografía: Tomada del portal de la Universitat de Barcelona. http://www.ub.edu/

Por Gladys Tzul Tzul [1]

 Entrevista con la Doctora Nina Pacari

“Las sociedades indígenas en el Ecuador y en toda Latinoamérica han comprendido las formas de dominación colonial y republicana, no se acomodaron a ellas. Siempre encontraron maneras para resistir y enfrentarla”.

Con estas palabras comienza la doctora Nina Pacari esta entrevista, que más bien, se convierte en un diálogo con las luchas políticas por la soberanía territorial de los pueblos indígenas de Guatemala.

Pacari, es kichwa, de Cotacachi. Doctora en jurisprudencia, líder indígena, ha integrado la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido Vicepresidenta del Parlamento, Canciller del Ecuador, fue asesora y dirigente de Tierras y Territorios de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE y, con mucha alegría, recuerda su labor como abogada de conflictos agrarios en la Provincia de Chimborazo. Actualmente trabaja en la consolidación del proyecto académico denominado: Instituto para las ciencias Indígenas Pacari, ubicado en la línea imaginaría de la Mitad del Mundo, Caspigasi, Quito.

Gladys Tzul: ¿Cómo examina usted la contemporánea relación entre las sociedades indígenas ecuatorianas y el gobierno ecuatoriano? ¿Siguen siendo tensas?

Nina Pacari: En primer lugar, lo que los pueblos y los movimientos indígenas tenemos que conocer son las herramientas de los otros. Es decir, tenemos que tener claro la diferencia entre Estado y gobierno que, de modo general se suele confundir.

El primero alude a la estructura de organización de la sociedad mientras que el gobierno es transitorio y puede ser electo cada 4 años, pudiendo resultar triunfador candidatos de diferentes ideologías, sean de derecha, de izquierda, o los que se consideren progresistas.

Ahora bien, tenemos que tener a la vista la tensa relación inaugurada en 1492 y las dificultades que eso ha significado históricamente. En el caso concreto, refiriéndonos al actual gobierno del Ecuador, que se autodenomina “de izquierda”, o que otros le reconocen como “progresista”, actúa en un Estado que es conocido por el amplio reconocimiento de los pueblos indígenas y es un reconocimiento ganado en luchas, no otorgados por dádivas.

Sin embargo éste ha sido el gobierno donde más atropellos se han dado contra los derechos conquistados y contra nuestras luchas. Sin duda, la relación entre Estado y Pueblos Indígenas, o Pueblos Indígenas y gobierno, tienen que ser plenamente definidas.

Esta relación tiene que ser en igualdad, no de menosprecio a los pueblos indígenas como lo ha hecho el presidente Correa, negando la autonomía en el manejo de la educación intercultural bilingüe, judicializando la protesta social, encarcelando a dirigentes indígenas o tratándonos de: “cuatro emponchados, de cuatro emplumados, de infantiles, etc. etc”. Y nosotros nos interrogamos: ¿Es eso el progresismo? la pregunta está abierta y la dejamos para el debate. Todos podemos responderla.

Gladys Tzul: Usted dice que este ha sido un gobierno de atropellos contra las luchas y los movimientos indígenas ¿Qué forma cobran estos?

Nina Pacari: Por ejemplo la autonomía política que los pueblos tenían con respecto a la educación bilingüe, se está finiquitando. Los pueblos indígenas creamos en 1986 un sistema de educación bilingüe y este gobierno quiere mantenerlo pero bajo la rectoría de un ministerio de visión occidental, es decir desde la dominación. También, luchamos para que tuviéramos escuelas en las comunidades, pero ahora bajo la rectoría del ministro, se crean las Unidades del Milenio en la cabeceras parroquiales, a grandes distancias de las comunidades y eso ha provocado un alto índice de deserción escolar.

En esta misma línea de la educación, en el diseño del currículo de educación en el área de historia, se había incorporado el proceso de las luchas indígenas, la historia de la organizaciones indígenas, porque eso es parte de la memoria histórica de los pueblos, puesto que constituye la continuidad de la historia de los pueblos, pero el presidente considera que eso es politiquería y esa ha sido la razón para que el ministro, desde la óptica occidental, asuma la política de la educación intercultural bilingüe.

En lo que respecta a las competencias para administrar justicia por parte de los pueblos indígenas, quiero presentarlo a partir de un ejemplo: La Constitución del Ecuador en su Art. 171 señala que las autoridades de los pueblos indígenas tienen facultades jurisdiccionales y podrán resolver los conflictos según su derecho propio.

La Corte Constitucional, en contravía a la disposición constitucional, en el caso conocido como La Cocha, acaba de emitir una sentencia nefasta y vergonzosa; sentencia mediante la cual promueve el doble juzgamiento puesto que, si bien las comunidades ya juzgaron el delito de homicidio que cometieron unos jóvenes indígenas, la Corte Constitucional señala que dicho juzgamiento queda en el ámbito de lo social y cultural y dispone que en la justicia ordinaria se ventile el caso desde el punto de vista penal. Es decir, se impone la misma visión hegemónica del derecho positivo sin considerar el nuevo contexto jurídico-constitucional que reconoce derechos colectivos de los pueblos indígenas así como las facultades para administrar justicia haciendo uso de sus concepciones lo que da lugar al pluralismo jurídico. La Corte se ampara en un “peritaje” realizado por un “presbítero especialista en indios” que considera que las autoridades de los pueblos indígenas no tienen facultades para administrar justicia en casos relacionados con la vida. ¿Será esta la característica de un gobierno progresista?

Este gobierno que se define de izquierda y protector de la naturaleza, es el que da rienda suelta a la explotación petrolera en el Yasuní y como base fundamental de su política económica neoliberal define a la minería junto al petróleo como las bases sustanciales de su nueva matriz productiva.

Otra forma de atropello, hasta cierto punto sutil, es la pretendida desestructuración comunitaria de los pueblos originarios al incluir por la vía individual, a compañeros indígenas en espacios secundarios del gobierno, es decir, llama según su conveniencia, a algunos indígenas puesto que el gobierno considera que la relación con los pueblos indígenas se concreta en la relación individual.

Nosotros sostenemos que la relación tiene que ser considerando su ser colectivo, es decir con y desde los pueblos, en condiciones de igualdad y respeto, reconociendo a sus autoridades, sus nociones y propuestas conforme determina el Convenio 169 de la OIT y la propia constitución ecuatoriana y aquello, en estos ocho años de gobierno, no se ha dado.

Lo que le agrada al gobierno es que le digan que está haciendo cosas buenas, que ha mejorado las carreteras por ejemplo, pero esa es su obligación, para eso está administrando los recursos de los ecuatorianos, no nos está regalando nada y el Ecuador no es su hacienda. Más allá de lo dicho, los pueblos indígenas tenemos una propuesta política cuya sustancia se remite a la histórica relación Estado vs. pueblos indígenas.

Gladys Tzul: ¿Cómo resumiría usted la propuesta política?

Nina Pacari: Bueno, yo actualmente no estoy en la dirigencia, pero puedo decir lo siguiente:  Debemos tener claro el momento histórico-político que estamos viviendo, tanto más que ya han transcurrido más de 20 años del levantamiento del Inti Raymi (junio de 1990). En base a nuestra lucha, la actual Constitución define al Estado como Plurinacional, y ahora estamos al principio pero de otra manera.

Me explico: antes estuvimos al principio para plantear el reconocimiento de derechos colectivos y el cambio del modelo de Estado uninacional por plurinacional, ahora constan en la Constitución pero hay que trabajar sobre los mecanismos para su implementación. En esa línea, aplicando el principio de la plurinacionalidad, debe tener lugar el rediseño institucional, la redistribución presupuestaria, la libre determinación de los pueblos indígenas, el fortalecimiento de la justicia indígena, el manejo de la educación bilingüe e intercultural por parte de los propios pueblos, etc.

Al momento, estamos analizando en las comunidades sobre los alcances del Estado Plurinacional y el Sumak Kawsay a fin de que, al amparo de estos dos paradigmas, retomemos la conducción de la educación intercultural bilingüe con nuevas reformulaciones que involucren un mayor presupuesto y una devolución de la propiedad comunal que fue entregada al Ministerio de Educación para que invierta en la construcción de los centros educativos; que defendamos los derechos conquistados y que están siendo vulnerados; que afiancemos la soberanía territorial y alimentaria por la vía de la reconstitución identitaria y el fortalecimiento de la administración de la justicia indígena; que el Sumak Kawsay (economía comunitaria) al ser absolutamente incompatible con la explotación minera y petrolera esencia de la acumulación del capital, no sea manipulada ni vaciada por ningún gobierno; que la democracia comunitaria (decisiones colectivas de pueblos y ciudadanos) trastoque los límites de la democracia representativa-delegada en el cual son muy pocos quienes toman decisiones incluso de contenido adverso como ocurre con la Asamblea Legislativa.

Estamos rediseñando nuestras propuestas porque no solo es otra generación que esta viviendo los que problemas que históricamente nos afectan, sino porque también tenemos que actualizar y autocriticarnos, qué hicimos mal, en qué nos equivocamos.

Seguro que para muchos ecuatorianos el actual gobierno es catalogado así porque su discurso era otro en el que prometía respetar los derechos, ahora en cambio, a todos quienes hacen ejercicio de la sana crítica les persigue.

Gladys Tzul: ¿Que le gustaría decir a las mujeres y hombres que participan en luchas indígenas por la defensa soberana de territorios en Guatemala?

Nina Pacari: Que no nos desesperemos. Para visibilizar nuestro proyecto político como pueblos originarios, por la vía de los levantamientos del 90 y el 94 nos demoramos 30 años. En ese acumulado de fuerzas están los legados que nos dejaron nuestros ancestros. Que no perdamos nuestro horizonte porque nos debilitamos como pueblos y comunidades. Que no vayamos al son de algún gobierno nada más porque dicen que son progresistas o de izquierda.

[1] K’iche’ de Guatemala, doctorante en sociología por la ICSYH de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, adscrita al área de investigación: Entramados comunitarios y formas de lo político. Su tesis doctoral se denomina: Comunidad Indígena: Una genealogía de los sistemas de gobierno en Chuimekena’. Actualmente, vive en el Ecuador,  donde realiza una estancia doctoral sobre los levantamientos indígenas de la década de los 90 desde el Centro de Investigación de Movimientos Sociales del Ecuador. –CEDIME-.


Por: Quimy De León

“Soy norma Lila, mujer indigena maya kaqchikel comunicadora social, vivo en Camotán, Chiquimula. Me he dedicado a la comunicación con énfasis en pueblos originarios y comunidades lingüísticas en el país. La razón por la cual lo hago es por ser descendiente de padres y madres kaqchikeles, ese es mi compromiso y lo reafirmo, por eso estoy aqui.”

Norma Lila Sut Sancir nació en Tecpán, Chimaltenango. Desde muy pequeña tuvo que salir junto a su familia de su casa e ir a vivir a la capital debido a la guerra que se vivía en el país. Tiene solamente una hermana, Lorena y a su madre, pues su padre falleció.

Norma es periodista comunitaria y licenciada en ciencias de la comunicación. Se graduó de la Universidad de San Carlos en noviembre del año 2010. A sus 35 año ha recorrido una buena parte del país, pues su compromiso profesional lo ha dedicado a los derechos humanos, al medio ambiente y la educación. Esta vocación y entrega la ha hecho trabajar en beneficio de la gente y las comunidades que defienden la vida y la tierra. Por ello se dedica en buena medida a visibilizar a los pueblos indígenas y las mujeres.

Fue así como decidió ir a trabajar en la Coordinadora Central Campesina Ch´orti´ “Nuevo Día”, aportando desde su experiencia como periodista. Norma también forma parte del equipo de Prensa Comunitaria desde el 2013.

¿Cómo ocurrió su detención?

“Yo hacía mi trabajo como comunicadora social, decidí tomar este camino de informar y apoyar e integrarme a este trabajo de prensa comunitaria porqué es mi convicción, no lo hago como trabajo lo hago porque es mi pasión. Porque sé que todas y todos tenemos derecho a informar y a informarnos. Como periodistas es nuestro deber informar con la verdad, no es justo que se nos trate como delincuentes y que me traten así como mujer. Yo iba sola y que 5 policías se vinieron en contra de mi, porque yo no podía hacerles daño mas que tomar una fotografía e informar la verdad”

Norma había salido con entusiasmo y la sonrisa que la caracteriza a un nuevo día, dispuesta a realizar su trabajo periodístico.

La detuvieron después que había salido de su casa en Camotán y había tomado un mototaxi para ir a donde se encontraba la concentración pacífica cerca del puente Jupilingo -ubicado en el kilómetro 204 carretera que comunica el municipio de Camotán con la frontera con Honduras “El Florido.” No habían pasado ni dos minutos desde que llegó, y aún no estaba en el lugar de los hechos, cuando una patrulla la interceptó y sin mediar palabra la detuvieron. Fue como a las ocho de la mañana. Apenas quince minutos antes habían llegado más de 150 policías a este lugar con el objetivo de disolver la concentración.

“Iba a tomar fotografías de lo que estaba pasando para realizar mi trabajo periodístico. Cuando me vieron, entre diez agentes me agarraron, me jalonearon y después me entregaron a unas agentes e inmediatamente me pusieron los grilletes.”[1]

Así es, entre varios agentes se la llevaron por la fuerza y la entregaron a tres policías mujeres. Ella gribaba “¡suéltenme, suéltenme! ¡soy periodista, yo soy periodista!” A pesar de las múltiples explicaciones de ella acerca de su profesión y lo que hacía en el lugar, no sólo no le hicieron caso sino que en la prevención policial la pusieron como “instruida y ama de casa“.  Esa misma mañana, más temprano la policía se dirigió directamente a donde se encontraba Carlos Alfredo Juárez miembro de la organización “Nuevo Día” para detenerlo después que habían tirado bombas lacrimógenas contra la población que se encontraba en manifestación pacífica.

A Marco Tulio Vásquez lo detuvieron frente a la casa de su madre, mientras observaba lo que pasó, a los hermanos Domingo y Santos Bernaldino Pérez Ávalos les detuvieron adentro de su terreno después que ellos habían terminado de deshojando maíz.

De esta manera, quedaron cinco personas detenidas: Norma Sut Sancir Carlos Alfredo Juárez Díaz, Marco Tulio Vázquez Martínez, Domingo Pérez Ávalos y Santos Bernaldino Pérez Ávalos.

¿Una detención preparada?

Según la policía Norma Sancir fue detenida cuando se encontraba entre las personas que manifestaban. Dicen tener pruebas que demuestran que ella estaba incitando, porque dicen que encontraron un boletín de peticiones de la manifestación. Sin embargo, todo pareciera indicar que la detención de Norma estaba planificada, por varias razones:

  • Ella no había llegado siquiera al lugar donde realizaría su trabajo periodístico cuando la detuvieron.
  • La patrulla de la policía la interceptó para detenerla y fueron directamente hacia ella del mismo modo que fueron a buscar a Carlos Juárez para detenerlo.
  • Habían tres agentes mujeres ya listas ahí para detenerla: una de ellas de servicio en la subestación de Jocotán, la otra en la de Camotán y una tercera de una comisaría de Chiquimula.

A todas luces estamos ante una acción de violación a la libertad de opinión y expresión impidiendo su trabajo como periodista, y un caso de criminalización de la lucha social y en este caso de quien documenta y asume el papel de informar.

Irregularidades y faltas al debido proceso

Cuando detuvieron a Norma, la llevaron directamente hasta la cabecera del departamento en la ciudad de Chiquimula, y hasta las tres de la tarde fue presentada ante un juez. Esto es más del tiempo estipulado de seis horas para esto. Además no le permiteron realizar ninguna llamada, como ella solicitó.

“No me permitieron hacer ninguna llamada, les he dicho que me indiquen por lo menos para avisar algunos familiares. Les pedí una llamada y me dijeron que no tienen recursos en la policía para hacer ninguna llamada. Les dije que yo tenía saldo y que yo podía llamar y no me dejaron hacer ninguna llamada.“ 

El juez Juan José Regalado Rivas del Jugado Primero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula le hizo saber que el motivo de su detención era Atentado y Desorden publico. El juez dijo que esto era una falta y a pesar de ello, ordenó  su ingreso al Centro Preventivo para hombres y mujeres ubicado en la aldea Los Jocotes en Zacapa, dejando a Norma y las otras cuatro personas en la cárcel durante tres días.

Cuando una persona es detenida, según la ley debe ser tener su audiencia de primera declaración en término de 24 horas. Sin embargo en este caso ese derecho ha sido violado. El juez argumentó tener lleno su calendario y que tenía que viajar a la capital para estudiar un curso. Además ya existen juzgados de turno.

Otra irregularidad que hemos visto en este caso, como en otros casos de detención por razones políticas es lo infundado y armado de los casos judiciales, adjudicándole a las personas, luchadoras sociales y en este caso a una periodista delitos y hechos que no han cometido.

Tres días encarcelada

Afortunadamente Norma se encuentra fuerte y bien físicamente a pesar que usaron la fuerza para detenerla. Diversas organizaciones y sus abogados interpusieron tres recursos de exhibición personal. El INACIF le hizo una evaluación para conocer su estado físico, del cual aún no han emitido dictamen

Su hermana Lorena la fue a ver y nos contó que “está fortalecida porque yo le dije que habían muchas personas que la estaban apoyando y movilizando para sacarla, ella estaba con duda de si la estaban apoyando o no y ella al saber que había bastante apoyo se motivó y así fue como se fortaleció muchísimo”. Al despedirse de nosotros, Lorena  dijo “Lo único que quiero es que mi hermana esté conmigo”

El juez programó su audiencia de primera declaración para el lunes 22 a las 8 de la mañana. El juez decidió darle la libertad por falta de mérito. No solamente ella quedó en libertad también los defensores de derechos humanos Carlos Juarez, Domingo Perez Avalos, Bernardino Perez y Marco Tulio Vasquez. Pudieron salir de la cárcel después de tres días a las 8 de la noche.

[1] Norma Sancir. Noticiero Guatevisión. Departamentales. 18 de septiembre 2014.


Aldea Los Pajoques, un día después de la matanza. 20 de septiembre de 2014.

Santiago Bastos /Prensa Comunitaria

¿Cuántas muertes más aguantará esta sociedad? ¿Cuántos presos inocentes y cuantas impunidades evidentes aguantan nuestras conciencias? ¿Cuántos cadáveres más aceptarán las comunidades como repuesta a sus demandas?

El día sábado 20 de septiembre, después de dos días de plantones pacíficos en más de 50 puntos del país el 17 y 18 -que apenas habían sido mencionados en los medios masivos de comunicación-, las redes sociales,  diarios nacionales y cadenas radiales empezaron a dar noticias sobre unos muertos en el municipio de San Juan Sacatepéquez. En medio de datos confusos, el número iba aumentando conforme pasaba el tiempo: empezaron hablando de dos comunitarios fallecidos por arma de fuego y el recuento terminó con ocho decesos ocurridos en la aldea Los Pajoques, en el área occidental de San Juan Sacatepéquez colindante con el municipio de Santo Domingo Xenacoj del departamento de Chimaltenango.

Uno de los discursos dominantes usados para desviar las acciones empresariales de imposición y violencia, es el de que son conflictos entre las personas de las comunidades. En este caso las noticias hablaban de un enfrentamiento entre opositores y partidarios a la instalación de la planta cementera por parte de Cementos Progreso. A partir de ahí, algunas hablan de un pleito de cantina, otras de una expulsión planificada, pero el caso es que se destaca que la mayoría de los muertos y la casa incendiada en que murieron, eran gente que sí apoyaba la presencia de Cementos Progreso en el municipio. Con ello, la oposición a esta empresa quedaba automáticamente asociada al asesinato de estas gentes.

Sin embargo, existen razones y antecedentes que nos hacen pensar que no estamos ante una explosión de violencia comunitaria del tipo de linchamiento –como se deja entrever en estas noticias-, sino ante un acto totalmente esperable e incluso provocado por una forma de intervenir en la vida de las comunidades que promueve la división y el enfrentamiento entre vecinos. Y que, además, detrás de ello está la intención de contar con excusas para declarar el Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez, y así detener a los líderes y lideresas de la movilización contra la cementera desde el año 2006 y la construcción de la carretera privada Anillo Regional, como ya se ha empezado a hacer.

Viernes 19 de septiembre: la secuencia de las muertes

Por lo que cuentan las autoridades comunitarias representadas por los Alcaldes Auxiliares de Los Pajoques, a eso de las 21:45 horas del 19 de septiembre, un grupo armado de unas 20 personas identificadas por la comunidad como trabajadores y promotores de Cementos Progreso empezaron a disparar al aire. Cuando cinco personas delegadas por las autoridades de la comunidad se acercaron a ver qué pasaba, comenzaron a disparar contra ellos. Tres fueron heridos y uno murió en el acto, Juan José Pajoc Chajaj.[1]

Ante los disparos, la gente de la comunidad reaccionó: fueron agrupándose en auxilio de los jóvenes heridos y  luego intentaron detener a los agresores, quienes se escondieron en la vivienda de uno de ellos. Varios huyeron, pero otros no pudieron por los vecinos que llegaron hasta la casa. Mientras, las autoridades comunitarias auxiliaban a los heridos y otros iban a buscar a la policía para que intervinieran inmediatamente, deteniendo a los culpables de la muerte y lesiones; y para evitar males mayores. Los trabajadores de la cementera que se habían atrincherado empezaron hacer fuego desde la vivienda, enardeciendo los ánimos de los que estaban fuera. Fueron heridos más comunitarios y otro joven fue muerto por las balas que provenían desde adentro de la casa. Las autoridades comunitarias intentaron de nuevo que se hiciera presente la fuerza pública, y trataron de contener a los vecinos, cada vez más furiosos por la impunidad con la actuaban los rodeados.

Como plantea el comunicado emitido por las 12 Comunidades, a lo largo de todos estos hechos la Policía Nacional Civil de San Juan Sacatepequez se negó repetidamente a acudir al lugar.[2] Pasaron las horas y la PNC se siguió negando a llegar hasta la comunidad. Pese a los esfuerzos de las autoridades comunitarias, la situación que prevenían las autoridades comunitarias y por las que hicieron llamados de auxilio ocurrió, y ocurrieron hechos que no quedan claros en donde murieron cinco personas más, entre ellas aparentemente varios del grupo armado responsable del asesinato de los dos comunitarios.

Este breve resumen de tres párrafos no hace justicia ninguna a las horas de zozobra y angustia que se vivieron el viernes en Los Pajoques, en las que varias familias acabaron perdiendo a alguno de sus miembros. Pero sí quiere evidenciar el uso de las fuentes directas, -quienes estuvieron allá-, a la hora de redactar algunos de los hechos que no quedan claros, y con ello mostrar que las cosas no fueron sencillas ni ocurrieron de repente, como parece ser cada vez que en la prensa aparece un acto de violencia en una comunidad que tiene problemas con alguna empresa.

La muerte y la cementera en San Juan Sacatepéquez

Desafortunadamente, éste no es un hecho nuevo en las comunidades kaqchikeles del municipio de San Juan Sacatepéquez. Cuando en el año 2005 Cementos Progreso empezó a planificar y ejecutar la instalación de una planta cementera en la finca San Gabriel en las Trojes, se acabó la paz para las comunidades que la rodean. En forma mayoritaria empezaron a cuestionar  unos trabajos de los que no les habían avisado y que suponían la destrucción de los cerros, los principales nacimientos de agua y los cultivos de los que vivían y en los que vivían.

Muchas cosas han ocurrido en estos casi 10 años que acá no se pueden relatar. La movilización de las 12 Comunidades Kaqchikeles en forma legal y pacífica fue respondida desde el Estado de Guatemala usando todos los medios de la represión y la criminalización: detención de líderes de forma ilegal y poco clara, invasión policial y cargas contra vecinos, asalto a viviendas; un Estado de excepción en 2011 por 15 días que estuvo acompañado de violencia sexual contra las mujeres y, impunidad, arbitrariedad y prepotencia. Más tarde se dio la instalación de una Brigada Militar en un territorio que no tiene problemas de narcotráfico ni crimen organizado. Acusaciones infundadas y reportajes difamatorios. Y hasta este momento, más de 8O personas han enfrentado procesos judiciales, de los que cinco están injustamente en la cárcel uno de ellos condenado a 150 años de prisión, por el solo delito de oponerse pacíficamente a la empresa Cementos Progreso.[3]

Es decir, hablamos de una persecución llevada cabo con una saña que sólo se explica por la importancia de los intereses –intereses económicos e intereses políticos, que van de la mano-; que  aumentó, como en todo el país, con la llegada de Otto Pérez a la presidencia de la República.[4] Y se hizo más fuerte desde el año pasado, cuando comenzó la apertura del llamado “Anillo Regional”, cuya única parte planificada es la que permite la comunicación de la planta cementera con las carreteras del Occidente y al Atlántico.[5] Esta nueva obra supuso otra ola de intimidaciones, presiones y represión que se centró más en las comunidades cercanas al proyecto, como la de Los Pajoques y luego Ocaña.[6]

Esta política no se ha dado sólo en San Juan Sacatepéquez, forma parte de la forma en que en toda América Latina se está implantando un modelo de desarrollo asociado a esta fase del capitalismo global que el geógrafo norteamericano David Harvey ha denominado con el término, ahora común de “acumulación por desposesión”; y que en nuestro continente, tiene su máxima expresión en las llamadas “actividades extractivas”.[7]

En la Guatemala posterior a la finalización del conflicto armado, las actividades extractivas se han convertido en la fórmula oficial para “llegar al desarrollo”, y la oposición encontrada en cada vez mayor número de comunidades, ha sido respondida con formas represivas como las que hemos descrito para San Juan. La intimidación, el terror, la muerte, el uso de las fuerzas de orden público y del Ejército, que fueron las formas represivas durante el conflicto armado,[8] han vuelto a ser utilizadas combinadas con estrategias actuales de criminalización -por la vía jurídica y la prensa sobre todo- para tratar el disenso político como un problema de seguridad nacional. [9]

De esta manera, nombres de lugares como el Polochic, Barillas, San Mateo Ixtatan, Santa Eulalia, Los Cimientos, Cotzal, Cunén, San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa, Camotán, San Rafael Las Flores, Mataquescuintla, Livingston, San Josè del Golfo, San Pedro Ayampuc y La Puya, Semochoc, Chisec, Monte Olivo y tantos otros, están asociados a esas apariciones en prensa de momentos de “disturbios”, muertes que tienen detrás toda un historia de oposición y movilización, de represión abierta y resistencia callada. San Juan es un más, pero uno que le ha tocado sufrir muy duramente la firmeza de su postura pacífica y digna.

 La división comunitaria como estrategia perversa

Dentro de estas tácticas de desmovilización y represión que usan las empresas en todas partes, apoyadas por los poderes del Estado, lo que ha ocurrido en Los Pajoques tiene que ver con una de ellas muy específica, que es  la de intervenir en la vida comunitaria para obtener apoyos y debilitar la oposición. Estos hechos tienen efectos tan nocivos, que la mayoría de las comunidades que se oponen a la presencia de empresas extractivas, siempre mencionan “la división de la comunidad” como una de las primeras razones para que estas abandonen el lugar.[10]

Una forma de esta intervención está en lo que el antropólogo mexicano Claudio Garibay ha llamado la “captura comunitaria”, que consiste en logar que las autoridades de las comunidades actúen en favor de los intereses de la empresa.[11] En San Juan eso quedó muy claro desde que el Alcalde se negó apoyar la consulta comunitaria en 2006; y más concretamente cuando en el Estado de Prevención de 2008 impuso en la aldea Las Trojes un COCODE formado por trabajadores de la Cementera, que se mantuvo ilegalmente durante cinco años (por ley deben cambiar cada dos años) a base de no convocar a la asamblea comunitaria.[12]

Pero esta intervención tiene una parte más efectiva que es la búsqueda de apoyo entre parte de la población a la que habitualmente se da trabajo y se beneficia económicamente, para que se oponga a los opositores. Con ello se consigue romper con la solidaridad comunitaria, y que los problemas provocados por la presencia de un agente externo se conviertan en conflictos  internos. En todas las comunidades movilizadas de San Juan (y en muchos otros lugares), la empresa ha contratado gente, y eso podría no ser problema si no se usara para provocar enfrentamientos internos, como cuando en La Trojes el antiguo COCODE solicitó la apertura de un pozo que según la población no era necesario, y lo empezaron a hacer trabajadores con playeras de la cementera en una actitud provocativa.[13]

Pero se puede ir más allá, y hacer de esta división comunitaria un motivo de enfrentamiento interno que llegue a la muerte, como acabamos de ver en Los Pajoques, a través de grupos armados promovidos por las empresas y permitidos por los poderes públicos. En San Juan saben de esto, pues ya desde el año 2007 se denunció la existencia de grupos paramilitares como “El Escuadron”, que amedrentaban a la población y provocaron la muerte de 18 personas entre 2007 y 2008 en el municipio. También Guillermo Pacay Bol, trabajador de la empresa Hidro Santa Rita el hombre que mató a los niños David Estuardo Pacay Maas y Ageo Isaac Guitz Maas  de la comunidad Monte Olivo en Alta Verapaz, era de la comunidad vecina; y quienes amenazan a los que resisten en La Puya en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en Guatemala, también son vecinos de la localidad.[14]

De nuevo no estamos ante algo esporádico ni “espontáneo”, sino que tiene una historia y un propósito. Existen indicios para pensar en una estrategia planificada y ejecutada, que tiene su antecedente más directo en las Patrullas de Autodefensa Civil PAC, como forma de lograr que el genocidio y la contrainsurgencia fuera “un asunto entre indios”[15]. De la misma manera, en todo lo que ha pasado en Los Pajoques la empresa Cementos Progreso no aparece más que como una referencia indirecta, como si su presencia en la comunidad no tuviera nada que ver con la existencia de  un grupo de vecinos que se comporta como paramilitares,; ni con el hecho de que lleven más de cinco años actuando con total impunidad.

Así, los hechos de este fin de semana en esta comunidad kaqchikel nos muestran una de las caras más deshumanizadas y perversa de las estrategias del capital y el “desarrollo”, la de la muerte entre hermanos como forma de lograr aumentar los beneficios de las empresas.

Siguiendo el guión de la muerte y el terror: Estado de prevención

Pero no queda ahí la cosa. De nuevo, los antecedentes y los hechos ocurridos en Los Pajoques desde el día 19 de septiembre nos hacen pensar que no estamos ante un hecho aislado ni espontáneo. La rápida declaratoria del Estado de Prevención, con la consiguiente lista de órdenes de captura, se parece demasiado a lo ocurrido en Barillas en mayo del 2012, o en el mismo San Juan en 2008. En todos ellos, un episodio de muerte fue seguido de la suspensión de garantías constitucionales y la persecución de los líderes y lideresas de la movilización local.[16]

La repetición casi exacta del guión nos hace pensar si estamos ante una estrategia planificada, precisamente para llegar a este punto ¿No será la muerte de ocho sanjuaneros nada más que parte de un guión de muerte y represión que busca anular la oposición por encima de cualquier precio?

El día 20 de septiembre el Ministro de Gobernación anunció la llegada de 600 policías y que “han identificado a más de 50 personas y que hay órdenes de captura por ejecutar”.[17] Así, las fuerzas de orden público que fueron solicitadas repetidamente y nunca llegaron cuando podrían haber salvado vidas humanas, son enviadas ahora de forma masiva para “cumplir con 36 órdenes de captura”.[18] Como dice el comunicado de la Convergencia de Derechos Humanos: “la noche del viernes y madrugada del sábado, las autoridades estatales, ausentes del lugar, sin mayor investigación inculpan a organizaciones defensoras del territorio. Ello, sin investigar en profundidad el patrón de acciones provocadoras antes descrito”[19]

Y así fue. Desgraciadamente, ya conocemos el guión y la historia se repitió: la declaración del Estado de Excepción, la llegada  -una verdadera invasión- de las fueras policiales y militares a las aldeas de Cruz Ayapán, Pajoques, Pilar I y II, Santa Fe Ocaña y los Guamuches;[20] los primeros anuncios de detenciones de más líderes o lideresas que  ingresan a prisión [21] sin mayor delito que oponerse al paso de politicas que atentan contra su vida; la impunidad y arbitrariedades, de violencia sin sentido. Y dentro de todo ello, los ocho muertos, y los paramilitares que provocaron los hechos, quedarán en el olvido. Y sabremos muy poco del miedo, la zozobra, la violencia y la impunidad que se instalarán una vez más, de forma legal en una comunidad guatemalteca.

Todo esto evidencia lo que tantas veces repetimos, casi de forma cansina: el papel del Estado guatemalteco respaldando las acciones de impunidad que generan las empresas para garantizar sus intereses económicos en territorios de pueblos indígenas. Funcionarios estatales bloquearon cualquier posibilidad de encontrar una salida a las demandas que las 12 comunidades durante años y de manera insistente han demandado al Estado. El Sistema Nacional de Dialogo Permanente que coloca a las comunidades en un infructuoso dialogo, las fuerzas de seguridad que se negaron a auxiliar a la población de Los Pajoques y detener a los asesinos de los comunitarios. Y finalmente, la única solución que son capaces de encontrar es regresar a las lógicas militares que provocaron tantas muertes en nuestro país.

Los voceros de la muerte, zopilotes de papel

Y en todo este desarrollo, no puede dejar de mencionarse el triste papel desempeñado por los medios corporativos de comunicación y quienes trabajan para ellos.  Les sugiero que si pueden, de un repaso a los titulares de esos días.

Los hechos fueron narrados como si hubieran empezado en un pleito de cantina,[22] una forma de banalizar y hacer que desapareciera toda la historia previa de tensión y amedrentamiento, de nuevo poniéndolo a nivel de disputas locales y, además dejando ver un halo de salvajismo y barbarie entre los kaqchikeles de San Juan.

Pero el grado máximo de perversidad, que ralló en el delito de calumnia, fueron las declaraciones del Viceministro de Gobernación que acusó a los opositores a la cementera de haber quemado la casa de las víctimas para favorecer su expulsión de la comunidad, en una acción planificada. Emisoras Unidas, Siglo 21 y La Hora se hicieron eco de las declaraciones,[23] pero Nuestro Diario lo convirtió de forma irresponsable en el titular de la noticia, añadiéndole todos los perversos términos de estos casos: “Querían explulsarlos. Turba invade propiedad, la quema y lincha a familia porque vendió terreno”. [24] Por lo que sabemos ninguna de estas acusaciones gratuitas es verdad

Siguiendo los intereses de los propietarios, sus socios y familiares, los reporteros una vez más se han dedicado a tergiversar los hechos para hacerlos aparecer según lo marcaba el guión de la Cementera y del Ministro del Interior. De forma absolutamente acrítica, por encima de las nociones básicas del oficio de periodista, la mayoría de los reporteros hacen propia esta versión, criminalizando la movilización pacífica y a sus principales representantes en las 12 Comunidades de San Juan Sacatepequez, sin que sepamos nada –literalmente nada- de esas personas armadas que con sus disparos que provocaron todo; y muy poco de los antecedentes de la violencia en la comunidad. Este es sólo un ejemplo de cómo los medios escritos, radiales, televisivos y redes sociales hacen eco de esta misma estrategia.[25]

¿Qué hacemos con tantos muertos?

Al terminar de escribir esta crónica que de forma poco imaginativa pero realista podría haber titulado “Crónica de un muerte anunciada”, no puedo dejar de pensar en todo lo que está pasando en estos días, en la detención de Norma Sancir, en los muertos en Secomoch, en la detención de los líderes de CODECA, en la prisión injusta y la caricatura de juicio de Rogelio Velásquez y Saul Méndez de Barillas; y en todos los muertos que nos van acompañando estos años.

Y no puedo dejar de pensar que la segunda mitad de siglo pasado en estuvo marcada por el enfrentamiento y la muerte, lo que llevó a esta sociedad al borde del caos. Y costó un enorme esfuerzo buscar superar esas formas de hacer política y entender la acción social. Hoy, casi 20 años después, la muerte vuelve a ser parte de nuestra cotidianeidad. [26] No sólo en esa forma diversa, dispersa y continua a la que nos ha llevada la deriva de esta sociedad fragmentada, precaria y sin que no da posibilidades de futuro. Dentro de ello, el Estado -los gobiernos, la policía, los jueces y fiscales, el Ministerio Público, y todo ese aparato que debería dedicarse a proteger la vida y el bienestar de los guatemaltecos-, son responsables directos e indirectos de una buena parte de esas muertes. Las comunidades que creyeron la promesa de la democracia y la paz, ven que sus demandas por una vida mejor y con dignidad, les convierten en objetivos de la muerte.

Por eso quiero terminar haciendo mías las palabras del experimentado y lúcido fotorreportero Carlos Sebastián ante los cadáveres de Lo Pajoques: “Cuántas muertes más por la conflictividad”?[27] ¿Cuántas muertes más aguantará esta sociedad? ¿Cuántos presos inocentes y cuantas impunidades evidentes aguantan nuestras conciencias? ¿Cuántos cadáveres más aceptarán las comunidades como repuesta a sus demandas?

¿Para qué escribir ante estos hechos? La desolación se une a la rabia –ésa ya está anclada, inserta hasta los huesos- cuando uno piensa  en la cantidad de textos como éste que se han escrito en los últimos años –columnas de opinión, manifiestos, comunicados, carta abiertas-, y cómo la sociedad guatemalteca, nuestra sociedad, nosotros, somos capaces de seguir permitiendo que los cadáveres se acumulen en nuestras conciencias  y en la historia de este país.  [28]

Notas

[1] Ésta es la primera noticia que llegó por fb y alertó a los círculos sociales. Ver COMUNICADO OFICIAL DE LAS DOCE COMUNIDADES ORGANIZADAS Y EN RESISTENCIA DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ,0 en http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/22/estado-de-prevencion-en-san-juan-sacatepequez-ahora-nuevamente-nos-reprimen-de-esta-manera/

[2] COMUNICADO OFICIAL DE LAS DOCE COMUNIDADES ORGANIZADAS Y EN RESISTENCIA DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, en http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/22/estado-de-prevencion-en-san-juan-sacatepequez-ahora-nuevamente-nos-reprimen-de-esta-manera/

[3] Todo esto y mucho más de la lucha de San Juan Sacatepéquez Respecta a la lucha de San Juan ver la tesis de Mario Celada,) Criminalización, control social y represión de las comunidades en resistencia de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, y su lucha contra la cementera, 2006-2010. Tesis de licenciatura. Guatemala, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos. (2011), el libro Reivindicación política – doce comunidades Maya kaqchikeles en defensa del territorio. Guatemala, Centro de Acción Legal por los Derechos Humanos, (2012) y el primer capítulo 2 de Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado, empresas. Bastos Santiago y Quimy de León, Guatemala: Diakonía, 2014.

[4] http://cmiguate.org/alianza-de-terror-pp-cempro/

[5] https://comunitariapress.wordpress.com/2013/05/25/anillo-regional-aumenta-la-conflictividad-

en-san-juan-sacatepequez/; http://cmiguate.org/alianza-de-terror-pp-cempro/

[6] Mariano Camey Car, de la Comunidad Santa Fe Ocaña, fue detenido hoy 6 de julio de 2013 a las 2 de la mañana, en el mercado de La Terminal, Zona 4, [6] https://comunitariapress.wordpress.com/2013/07/07

/comunicado-de-las-doce-comunidades-kaqchikeles-ante-la-detencion-de-lideres-y-autoridades-comunitarias/

[7] Al respecto ver  “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”, Harvey, David, en Panitch, Leo y Layes Colin (Eds.), Socialista Register 2004. Buenos Aires, CLACSO. (2004) y “Neoliberalismo y ofensiva extractivista. Actualidad de la acumulación pro despojo, desafíos de Nuestra América”, José Seoane, Theomani, num 26, segundo semestre 2012.

[8] Ver Figueroa Ibarra, (XXX) el informe de la CEH, Guatemala, Memoria del Silencio. Guatemala, Informe presentado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. (1999)

[9] Ver Criminalización de la pobreza y de la protesta social. Claudia Korol yRoxana Longo. Buenos Aires, 2009. Editorial El Colectivo.

[10] Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado, empresas. Bastos Santiago y Quimy de León, Guatemala: Diakonía, 2014

[11] Ver  “Paisajes de acumulación minera por desposesión campesina en el México actual” Garibay, Claudio, en Delgado-Ramos, Gian (Coord.), Ecología Política de la minería en América Latina, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades-UNAM. (2010)

[12] Ver Bastos y de León. Op cit . El año pasado lograron pro fin relizar una asamblea en que se eligió un COCODE abiertamente opuesto a la empresa.

[13] Ibid y https://comunitariapress.wordpress.com/2013/01/24/empresa-genera-una-agresion-mas-en-san-juan-sacatepequez/

[14] Hay mas casos de agresión pública. En Las Trojes, vecinos que trajaban en la Cementera agredieron a un concejal y otros autoridades en diciembre de 2013 y al lider del CUC  y acompañantes internacionales el 23 de enero 2014 https://comunitariapress.wordpress.com/2013/12/22/san-juan-sacatepequez-con-machetes-y-

palos-pretendian-impedir-asamblea/ y https://comunitariapress.wordpress.com/2013/01/24/empresa-genera-una-agresion-mas-en-san-juan-sacatepequez/

[15] Ver CEH, op cit.

[16] Ver Bastos y de León, op cit

[17] “OCHO FALLECIDOS Conflicto en la aldea Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, dejó ocho muertos y varios heridos, informó el ministro de Gobernación esta noche. A la aldea han llegado 600 policías, informó el ministro del Interior. López Bonilla señaló que han identificado a más de 50 personas y que hay órdenes de captura por ejecutar”. La Hora / 20 de septiembre https://www.facebook.com/lahoraguatemala?fref=ts

[18] http://www.s21.com.gt/estadositio/2014/09/22/gobierno-decreta-estado-sitio-pajoques

[19] http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/20/comunicado-detener-la-provocacion-y-el-terror/

[20] http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/23/san-juan-sacatepequez-el-estado-de-prevencion-lo-que-viene-hacer-es-sembrar-terror-y-miedo/

[21] http://lahora.gt/actualizacion-efectuan-capturas-en-san-juan-sacatepequez/

[22]  http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/estado_de_prevencion-san_juan_sacatepequez-masacre-pajoques_0_1216678349.html

[23] http://www.s21.com.gt/estadositio/2014/09/22/gobierno-decreta-estado-sitio-pajoques, https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Flahora.gt%2Fsan-juan-sacatepequez-conflicto-con-saldo-mortal%2F

[24] http://digital.nuestrodiario.com/Olive/ODE/NuestroDiario/Default.aspx?href=GND%2F2014%2F09%2F21&

pageno=1&view=document

[25] Esto ha sido repetidamente denunciado: http://comunitariapress.wordpress.com/2014/01/25/san-juan-sacatepequez-el-uso-de-la-difamacion-y-la-mentira-para-criminalizar-las-luchas/

[26] Verr la reflexión de Miguel Angel Sandoval http://comunitariapress.wordpress.com/2014/09/24/atencion-ruta-peligrosa/

[27] http://nomada.gt/cuantas-muertes-mas-por-la-conflictividad-aca-las-ultimas-6-vidas/


Las mujeres Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez en resistencia pacífica para la inauguración de la planta cementera San Gabriel. Julio 2013.

 

Claudia Korol – Feminista inconveniente. Integrante del equipo de educación popular pañuelos en rebeldía.*

 

Fue el cuento más breve y más conmovedor, el del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que escribió en 1959:

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

 

El microrrelato brevísimo condensa una larguísima historia de dolores, de masacres que continúan, amparadas en el racismo impuesto por la violencia capitalista colonial patriarcal. Todavía sentimos en nuestros cuerpos y en nuestra piel las miradas de las mujeres ixiles denunciando la violencia sexual, como parte de los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por la dictadura encabezada por Ríos Montt. Todavía sentimos las voces de las mujeres xincas de las montañas de Jalapa, denunciando el estado de sitio impuesto para defender los intereses de las corporaciones de la minería.

“No te duermas”, digo, que el dinosaurio todavía está allá. No te duermas, porque las masacres siguen enlutando a los pueblos de esa franja de territorio nuestroamericano, y si miramos a otro lado sellaremos complicidades entre silencios que también exudan un racismo que vuelve selectivas las solidaridades.

Este relato no será tan breve como el de Monterroso, porque hace falta decir lo que la prensa oficial calla. Y porque están silenciando a los comunicadores y a las comunicadoras indígenas que nos hacen llegar la información, apresándolxs o iniciándoles procesos judiciales en su país (como hicieron con Norma Sancir, detenida cuando cubría el desalojo de las comunidades chortís en Chiquimula).

Entre el viernes 19 de septiembre y el sábado 20 de septiembre, en la Comunidad Los Paloques, de San Juan Sacatepéquez, fueron masacradas 11 personas, y hubo más de una decena de heridos. Este conflicto se inscribe en las muchas resistencias contra las políticas extractivas.

En el 2006 la empresa “Progreso” decidió construir proyectos cementeros sin consultar a las poblaciones indígenas y comunidades de resistencia que residen en esos territorios. “Progreso” se llama la cementera. También podía haberse llamado “Desarrollo” o “Civilización”. Esos son los nombres que eligen los brutales colonizadores de estos tiempos para sus espejitos de colores.

Pero las comunidades ya no son las mismas. Más de cinco siglos les enseñaron que ese progreso se pinta con la sangre de sus pueblos. En el 2011, el caso fue expuesto por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Las comunidades denunciaron que las medidas del presidente Otto Pérez Molina, renuevan el genocidio contra los pueblos mayas, recurriendo a la violencia, al estado de excepción, cada vez que los intereses empresariales se ven afectados o amenazados.

En julio del 2013 Cementos “Progreso” inició las obras para una planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720 millones de dólares. Su entrada en funcionamiento está prevista para 2017.

En un comunicado conjunto firmado recientemente por las Doce Comunidades Organizadas y en Resistencia en San Juan Sacatepéquez, se explica que desde “el inicio de la instalación de la Empresa Cementos Progreso en nuestro territorio, hemos solicitado al Estado de Guatemala la realización de una consulta comunitaria para conocer el sentimiento de las comunidades en relación a dicho megaproyecto. Nuestras acciones desde entonces han sido pacíficas y en búsqueda del diálogo para el consenso, recibiendo como reacción del Estado, la represión sistemática y persecución política de nuestros líderes y lideresas. Durante la movilización del 16 y 17 de junio del 2014, se acordó con el Gobierno de Guatemala, la realización de un análisis de la problemática que ha generado en la comunidad la instalación de la empresa cementera y la construcción del anillo regional, para posteriormente abordar la criminalización y persecución de los dirigentes comunitarios. Dicho diálogo no se llevó a cabo, a pesar de haberse celebrado dos reuniones posteriores a la macha. El día 14 de julio del 2014 se le envió al Gobierno la solicitud de una mesa técnica para discutir y realizar el estudio de impacto ambiental pertinentes a dichos proyectos. Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado a favor ni en contra de dicha petición”.

Las Comunidades en Resistencia denuncian que la Empresa Cementos Progreso ha utilizado recursos como la compra de voluntades de vecinos, para emplearlos en su sistema de seguridad, y en oficios destinados a convencer sobre los beneficios de su proyecto, llegando desde la coacción y la represión, incluso a nombrar falsas autoridades comunitarias. Señalan que estas prácticas están en el origen de la masacre de septiembre de este año.

Después de la masacre, el gobierno de Guatemala intervino decretando el Estado de Prevención en la región (un Estado de Sitio con otro nombre). Se suspendieron sin aviso previo (lo que corresponde de acuerdo a la legalidad de ese país) las garantías constitucionales. El lunes 22 de septiembre a las 6 am el Ejército ya estaba en las aldeas, y luego fue publicado el decreto 6-2014. Según las comunidades, lejos de resguardar la seguridad como proclaman, amparados por el estado de prevención, la gente de la cementera está falsificando escrituras, inventando títulos y presionando a la gente para vender sus tierras. Denuncian también que son los promotores de la empresa los que mataron a los vecinos. Denuncian que los muertos son compañeros que pertenecen a la lucha contra la cementera, y que quedan niñas y niños huérfanos.

Señalan observadores internacionales, que “quienes estuvieron a cargo de perpetrar esa masacre fue gente entrenada en producir la muerte, de la misma forma en que lo han hecho los militares guatemaltecos durante la dictadura”.

Posteriormente el Ejército entró en las casas allanando las viviendas, produciendo destrozos, acusando a los dirigentes comunitarios de terroristas, deteniendo a varios de ellos. Ponen como ejemplo el caso de José Pajoc, que está preso, padre de un joven asesinado y de dos jóvenes heridos. “Don José pasó por el hospital, la morgue, y ahora está en la cárcel”, dicen los comuneros. También denuncian que el Ejército obliga a las niñas y niños a dar los nombres de las autoridades comunitarias, violando abiertamente los derechos de la infancia. Se emitieron así numerosas órdenes de captura.

En medio de este clima de terror, se continúan las obras de construcción del Anillo Regional, que es clave para la culminación de los objetivos de la Cementera.

Las Comunidades en Resistencia exigen al Estado de Guatemala la suspensión inmediata de la licencia otorgada a Cementos Progreso por alterar la paz y armonía en San Juan Sacatepéquez, dilucidar las responsabilidades, y demandan al gobierno suspender inmediatamente el Estado de Prevención, poner fin a la judicialización de las demandas comunitarias, a la persecución legal y política y el respeto al consentimiento libre de la población.

En Guatemala, el genocidio de los pueblos continúa. Pero también es fuerte el silencio. Este cuento debe terminar. Tal vez la masacre de Sacatepéquez, tal vez la sangre indígena derramada una vez más en defensa del territorio, de los bienes comunes, nos convoque para que en cada uno de los países en los que la colonización dividió el continente, se hagan oír las voces de un coro polifónico de resistencias.

“Si tocan a uno, si tocan a una, tocan a todos y todas”, dijimos en nuestra rebelión argentina de diciembre del 2001. Las políticas extractivistas pueden tener la forma de una cementera, de una Monsanto, de una minera. Pero todas tienen el mismo color: el de la sangre de los hijos e hijas de la tierra. Es hora de ensayar una vez más nuestros ¡Ya Basta!

 

Claudia Korol, 28 de septiembre, 2014


Por: Quimy De León

Desde las siete y media de la mañana del 2 de octubre pasado, acudimos al llamado que había hecho por distintos medios Rigoberta Menchú Tum y la fundación que lleva su nombre. Es un día importante pues inicia un nuevo proceso judicial que nos dará la posibilidad de entender parte de nuestra historia y los hechos ocurridos en 1980, ya que en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia inició el juicio oral y público en contra del Jefe del Comando 6 de la Policía Nacional: Pedro García Arredondo.

En las afueras del edificio de la corte se realizó una invocación, yo llegué muy temprano y ya estaban colocadas varias ofrendas en el suelo velas blancas, rosas rojas, jocotes, piñas y otras ofrendas para empezar agradeciendo y pidiendo buenas energías para empezar la jornada.

Quienes pasaban por ahí para ir al trabajo o quizá para realizar alguna gestión miraban con indiferencia lo que ocurría en este lugar, seguramente pocas de estas personas tenían la más mínima idea de que ahí mismo, en una sala de audiencias se empezaría a discutir acerca de la historia, de su propia historia.

Testiga Rigoberta Menchú. Premio Nobel de la Paz.

El inicio del juicio: lleno de expectativas

En la sala habían más de doscientas cincuenta personas, entre activistas, cientistas sociales, luchadoras sociales, periodistas, familiares y sobrevivientes con mucho nerviosismo y ganas de encontrar justicia. La jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B Irma Yanet Valdez Rojas abre la audiencia en la sala de vistas de Corte Suprema de Justicia junto a su tribunal compuesta por otras dos juezas. Se presentan las fiscales del Ministerio Público, también quienes serán querellantes adhesivos y sus abogados y abogadas.

El abogado defensor de García Arredondo Moisés Galindo, solicita que se admita como defensa a otro abogado. Inmediatamente después un supuesto abogado de la Fundación contra el Terrorismo, empieza a hablar desde el público irrumpiendo la audiencia pretendiendo hacer una exposición y presenta a Ricardo Méndez Ruíz en calidad de presidente de esta Fundación y de querellante adhesivo. Habla durante unos quince minutos hasta que los abogados querellantes adhesivos solicitan a la jueza que no se puede permitir ésta acción ya que son personas del público.

Finalmente el tribunal resuelve que no están acreditados para actuar como querellantes y que deben permanecer como público. Inmediatamente después se retiraron.

“Ninguno vivo”

Pudo haber sido un día cualquiera sin embargo un 31 de enero del año ochenta, ocurrió un hecho indescriptible, una masacre adentro de las instalaciones de la Embajada de España. Esto conmocionó, indignó y aterrorizó al país y a la comunidad internacional.

La fiscal del Ministerio presentó sus alegatos y dijo que quedarán acreditados los hechos que constituyen las tres acusaciones en contra de Pedro García Arredondo en grado de autor.

A las once y media de la mañana de ese día se ocupó “de forma pacifica por varios ciudadanas y ciudadanos que tenían por objeto denunciar las masacres y las violaciones a sus derechos fundamentales cometidas por el ejército de Guatemala. Quedará acreditado que el acusado quien ejercía el cargo de primer jefe de la sección de investigaciones especiales comando seis de la policía nacional ejecutó órdenes giradas por sus superiores jerárquicos, de donde provino la orden que nadie saliera vivo de la embajada. El acusado para cumplir realizó:

  1. Impidió la salida de los ocupantes de la embajada de España, funcionarios y empleados, otros ciudadanos guatemaltecos y españoles.
  2. Hizo caso omiso a las peticiones del embajador español Máximo Cajal y López quien le indicó que las fuerzas de seguridad no ingresaran a la sede diplomática.
  3. Impidió y obstaculizó cualquier comunicación, mediación y negociación pacifica.
  4. Vulneró flagrantemente la inviolabilidad diplomática de la embajada española cuando ordeno el ingreso de las fuerzas policiales bajo su mando.
  5. Ordenó que agentes policiales bajo su mando destruyeran ventas y puertas con la única intención de darle muerte a los que se encontraban ahí por considerarlos enemigos internos y así darles fiel cumplimiento a las órdenes que había recibido.
  6. Obstaculizó el ingreso de la Cruz Roja, bomberos municipales y voluntarios para ayudar a las personas que se estaban quemando dentro de la embajada de España quienes gritaban de dolor pidiendo auxilio.

Las acciones ejecutadas por el acusado y los agentes bajo su mando en el operativo de asalto a la embajada de España, produjeron

La muerte de 37 personas calcinadas quienes murieron por quemaduras de tercero y cuarto grado y dos personas sobrevivientes. Eran 22 campesinos:

  • Mateo Sis
  • Víctor Gómez Zacarías
  • Juan Chic Hernández
  • Mateo López Calvo
  • Juan José Yox
  • Maria Ramírez Anai
  • Regina Pol Puy
  • Francisco Chen
  • Salomón Tavico
  • Vicente Menchú
  • María Pinula Lux
  • Juan Us Chic
  • Francisco Tuc
  • Trinidad Gómez Hernández
  • José Ángel Xoná
  • Gabino Mario Chuté
  • Juan Tomás Lux
  • Mateo Sic Chen
  • Juan López Yax
  • Gaspar Vi Vi
  • Felipe Antonio García
  • María Ramírez Anai.

5 Estudiantes Universitarios:

  • Sonia Magalí Welches Valdéz
  • Luis Antonio Ramírez Paz
  • Leopoldo Pineda Pedroza
  • Edgar Rodolfo Negreros y
  • Blanca Lidia Domínguez Girón.

Personal Diplomático:

  • Felipe Sáenz Martínez
  • Jaime Ruíz del Arbol Soler
  • María Wilkem Molina
  • María Lucrecia Rivas Fernández de Anleu
  • Nora Adela Mena Aceituno
  • Miriam Judith Rodríguez Urrutia
  • María Teresa Vásquez Ochando
  • María Cristina Melgar Espinoza

Dos visitantes

  • Eduardo Rafael Cáceres
  • Gustavo Adolfo Molina Orantes

Sobrevivientes:

Máximo Cajal y López quien logró escapar por sus propios medios y Gregorio Yujá Xoná”[1].

La fiscalía dijo que muchas de las acciones realizadas por Pedro García Arredondo, miembros del comando 6 y su grupo de choque, podrían ser tipificadas como delitos de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad contra 37 víctimas que murieron en la masacre de la Embajada de España ocurrida el 31 de enero de 1980 y por asesinato en grado de tentativa contra Máximo Cajal entonces embajador de España y Gregorio Yujá Xoná quienes habían logrado sobrevivir. También será acusado por el asesinato de Gustavo Adolfo Hernández González presidente del Frente Estudiantil Universitario y Jesús Alberto España cuando se encontraban en el Paraninfo Universitario en el velorio de las víctimas de la masacre.

Pedro García Arredondo, jefe del comando 6.

Sentado en el banquillo de los acusados

Pedro García Arredondo jefe del comando 6 de la policía acusado de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad contra 37 víctimas de la masacre de la Embajada de España. Sus únicas palabras fueron:

“ante dios y la tierra soy inocente, soy inocente y soy inocente”

Testimonios

Tres testigos tuvieron la oportunidad de declarar hoy Rigoberta Menchú Tum premio Nobel de la Paz hija de Vicente Menchú quien murió en esta masacre, quien era catequista y campesino “se dedicó a la agricultura y a defender a la naturaleza, a las montañas de Chimel, era analfabeto, era dirigente campesino, guía espiritual, catequista. una persona conocido en muchas comunidades.”

Su testimonio fue contundente y detallado, nos permite no solamente acercarnos a los hechos ocurridos sino a la realidad que viven miles de personas indígenas en zonas rurales excluidas. Sergio Vi también tuvo la oportunidad de hablar por el asesinato de su padre Gaspar Vi en este terrible hecho. El Lic. Aguirre Godoy quien fue presidente de la Corte suprema de Justicia da su testimonio de lo ocurrido ese 31 de enero de 1980 y de cómo el logró salvar su vida.

[1] La fiscal del Ministerio presentó sus alegatos y dijo que quedarán acreditados los hechos que constituyen las tres acusaciones en contra de Pedro García Arredondo en grado de autor.

 


 

Gladys Tzul Tzul[1]

 

A la memoria de nuestros muertos del 4 de octubre en Chuimeq’ena’ y  del 20 de septiembre en San Juan Sacatepéquez. 

Porque con  ustedes viviremos.  

 

¿Por  qué?  Si  es sabido popularmente que  cuando las comunidades  de Chuimeq’ena’ (Totonicapán)  se manifiestan  nunca lo hacen armadas.  ¿Por qué disparar más de 108 casquillos y lanzar más 90 bombas lacrimógenas a mujeres, hombres  y niños que estaban almorzando?. ¿Por qué insisten  en usar  su razón genocida  contra las sociedades indígenas? Si nuestras luchas comunitarias  siempre ha sido por la defensa de la vida y  nunca por la violencia.

Nos masacran a pesar  de que saben que nuestro trabajo, el de nuestros padres y madres sostiene en  gran parte la economía  de la sociedad guatemalteca.  Nos masacran  aún sabiendo que  del   k’ax k’ol que  realizamos  en Totonicapán para trabajar y mantener la montaña comunal, se nutren varias cuencas  que producen agua  que los perpetradores  de  las masacres  y sus familias beben  diariamente.

¿Por qué?  Si  el ejército y la policía no tiene que actuar combinadamente contra los bloqueos y las manifestaciones.  ¿Por qué  el  gobierno y las elites económicas  le dan tan poco valor a la vida y hacen de la muerte su forma para despojar y de gobernar?

Las interrogantes anteriores dan contenido a  las luchas de las comunidades de Totonicapán a dos años después de la masacre del 4 de octubre,  pero estas pregunta no son exclusivas  de Chuimeq’ena’,  son también útiles para pensar  lo que  está ocurriendo en  San Juan Sacatepéquez y en otros lugares que luchan por la dignidad de la vida y contra los proyectos extractivos.

Las interrogantes interpelan a los  que planean y ejecutan las  masacres y a quienes estarían encargados de  establecer procesos de investigación para promover justicia. Como sabemos que ellos hacen  caso omiso  a nuestros cuestionamientos, propongo que por el momento, entre todas y todos nos respondamos. Yo intento construir una respuesta, y  ésta puede ser alimentada por quienes luchan por la defensa soberana  de los territorios indígenas.

Nos masacraron el 4 de octubre del  2012 porque el levantamiento de  los 48 cantones de Chuimeq’ena’ contenía las luchas políticas  indígenas contra el agravio, el despojo y el tutelaje. Si bien es cierto que éste levantamiento se estructuró desde demandas  comunales indígenas y estaba protagonizado centralmente por  las 48  comunidades de Totonicapán, los objetivos no  se circunscribía exclusivamente  al interés  de las comunidades.

Lo que Totonicapán planteaba el  4 de octubre del 2012  tenían  como espíritu una negativa profunda contra las formas de dominación y explotación que el Estado, mediante el gobierno  ejerce sobre las sociedades indígenas y también sobre las no indígenas.

La protesta entrelazaba varios intereses, de tal forma que protestar contra la reforma constitucional, contra el aumento del kilovatio de   la energía eléctrica y contra la  reforma a la carrera magisterial podía producir un efecto expansivo y de  hermanamiento con varias luchas  que  se libraban –y se libran-  hoy  día  en Guatemala.

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¿Por qué no estamos de acuerdo  con la reforma constitucional  que modifica los artículos 1 y 66? Porque éstos  han servido como telón de fondo   para luchar  y defender las soberanía territorial de  las sociedades indígenas. La conexión entre el artículo 1 y 66  deja claro que su espíritu  es declarar al Estado-nación para que funcione como ente universal donde las  sociedades indígenas  aparezcan solamente como elementos  -casi folklóricos- que forman la nación. Esto atentamente contra lo que realmente somos los pueblos indígenas, es decir sociedades que organizan su vida cotidiana  en  tierras comunales. De ahí es donde se producen  el agua, la leña, la comida para los animales, los caminos, los cementerios, entre varios más.  Los pueblos indígenas  también han estructurado sistemas de gobierno para resistir y responder a la dominación, es desde estos sistemas de gobierno  o juntas  directivas  de alcaldes comunales  desde donde  se pacta y se ordena los medios concretos para  la vida.

XXXXXXX

Poner un freno a las abusivas maneras de aumentar el costo del kilovatio de la energía eléctrica y exigir  que nos  informaran cuál era la causa de los desmedidos aumentos tenía  mucha fuerza.  Porque esto representa un golpe a la economía familia  de la  gran mayoría de las sociedad guatemalteca.

XXXXX

 Decir:  no queremos que nuestras hijas e hijos estudien más años la carrera de magisterio. Decir:  no queremos  la reforma a la carrera magisterial. Porque para muchos jóvenes –como fue mi caso-  ser maestra  constituye  un lugar de movilidad social.  (marginal, pero al fin y al cabo de movilidad)  Lo mismos sucede con una considerable parte de las sociedades mestizas, donde las  carreras normalistas  representaban  la posibilidad de ingresar al mundo laboral.

Así pues,  el levantamiento del 4 de octubre apuntaba contra la  estructura  estatal de dominación y tutelaje que el Estado quiere mantener contras los pueblos indígenas, cuestionaba profundamente la propuesta educativa y decía no queremos que el costo de la vida siga aumentando. ¿Queremos saber por qué?.

Esas tres  causas tenía toda la potencia para expandirse nacionalmente.  Por eso nos masacraron. No digo de ninguna forma que Totonicapán sea el  centro de la lucha. Al contrario yo creo que las luchas  son plurales y cobran las formas y las intensidades  de manera diferente,  porque estas se encuentran ancladas  un territorio concreto y porque en Totonicapán  nos hemos nutridos  de las luchas ixiles,  k’anjobales, kaqchikeles, mames, solo por nombrar algunas.

Cuando el  ejercitó masacro a  Rafael Batz  y Santos Nicolás Menchú, de Pasajoc; Jesús Baltazar Caxaj Puac, Francisco Ordoñez, José Eusebio Puac Ordoñez, del cantón Chipuac; y Arturo Félix Sapón Yax, de Panquix. No  sólo masacro a seis personas. Nos  masacró a las 48 comunidades de Totonicapán porque sus nombres, sus vidas y sus muertes tienen una intima conexión con las luchas contra los tributos coloniales de las que fueron protagonistas Atanasio Tzul. Felipa Tzoc y Lucas Akiral en 1820. Sus nombres, su vida y su muerte son parte de nuestra historia política que Atanasio Tzul, Felipa Tzoc y Lucas Akiral.

Ante la matanza,  las 48 comunidades respondieron con   solidaridad, con pancartas de denuncia, con flores, con azúcar, con velas,  con arte. Respondimos   con el K’astajimen, con el despertar, por que aún en medio de la muerte y el dolor las sociedades indígenas siempre tuvieron la capacidad de organizar   lo bello.


[1] K’iche’ de Chuimeq’ena’. Comunidad de Estudios Mayas. Doctoranda en sociología por la ICSYH de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, adscrita al área  de investigación: entramados  comunitarios y formas  de lo político. Su tesis doctoral se denomina: Comunidad Indígena: Una  genealogía de los sistemas de gobierno en Chuimeq’ena’.  Actualmente, vive en el Ecuador,   donde realiza una estancia doctoral  sobre los levantamientos indígenas de la década de los 90, desde el Centro de Investigación  de Movimientos   Sociales  del Ecuador. –CEDIME- y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Ecuador.


Heriberto Valdés Asij, su abogada defensora, Gilda Aguilar abogada y Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar.

Quimy De León

“No estamos inventando, nosotras vivimos y sufrimos con nuestros propios cuerpos”

Doña Demesia

El Juez Miguel Ángel Gálvez preside el juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo B ubicado en el nivel 14 en la Torre de Tribunales en el centro de la ciudad capital.

Éste martes 14 de octubre de 2014, después de tres audiencias para escuchar tanto al Ministerio Público como parte acusadora, a las querellantes adhesivas y a la defensa de dos militares. El Juez Miguel Ángel Gálvez decidió mediante un análisis de la ley a la luz de las pruebas presentadas, testimonios y argumentos, que el coronel del ejército Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij van a Juicio oral y público.

Los delitos de los que se les acusa son a Francisco Esteelmer Reyes Girón los delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad por tratos humillantes y a Heriberto Valdés Asij: desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual.

Esta verdad histórica será probada en el juicio que abrirá el 29 de octubre en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esta verdad, que es la verdad de quienes vivieron este horror. El juez declaró que el proceso debe seguir y que se abre el juicio y ellos quedan en prisión preventiva.

Abogada defensora Gilda Aguilar y el militar Francisco Esteelmer Reyes Girón

Ex comisionado militar Heriberto Valdés Asij

Justicia por violación y esclavitud sexual

Sepur Zarco es una comunidad que se ubica en el municipio de El Estor en Izabal, en ella durante los años más duros de la guerra y el genocidio se construyó en el año de 1982[1] un destacamento militar, en éste lugar como en otros, los militares cometieron una serie de crímenes tipificados como de lesa humanidad, entre éstos la violación y esclavitud sexual durante al menos seis meses en contra de aproximadamente 20 mujeres. A varias de ellas, además les habían desaparecido o asesinado a sus esposos o familiares.

Las mujeres que se atrevieron a no permitir que éstos crímenes quedaran impunes, que se atrevieron a hablar y a pasar por una serie de momentos y trámites engorrosos que alargan el tiempo de espera para que la justicia vaya tomando forma, son nuestra motivación para reflexionar, pensar y seguir actuando a favor de la verdad y la memoria.

Desde que declararon en audiencia anticipada, las mujeres llegaron cubiertas con colores y con tejidos llegaron a sentarse frente a sus perpetradores. No llegaron solas, llegaron acompañadas por varias personas, mujeres comunitarias, por organizaciones de mujeres que conforman la Alianza Rompiendo el Silencio y la impunidad. En las últimas tres audiencias solo llegó quien representa la colectiva en la que se organizaron para ser querellantes también de este caso.

Querellante adhesiva y sobreviviente

Mientras la justicia llega

Ingresar a la torre de tribunales no es nada agradable, las veces que lo he hecho ha sido para acompañar algún caso de alto impacto, relacionado con derechos humanos y sus constantes violaciones. Conocer y comprender cómo se mueve el poder en uno de los campos de lucha más complejos es escalofriante, además de lo difícil que es comprender como funciona el sistema de justicia y las mismas leyes y su manoseo. La mayoría de veces que he asistido a una audiencia, he podido comprobar más allá del discurso que ambas funciona a beneficio del bloque de poder representado en las estructuras patriarcales políticas, militares, sociales, religiosas  y económicas que controlan en su mayoría hombres.

Justicia por violación y esclavitud sexual

Sepur Zarco es una comunidad que se ubica en el municipio de El Estor en Izabal, en ella durante los años más duros de la guerra y el genocidio se construyó en el año de 1982[1] un destacamento militar, en éste lugar como en otros, los militares cometieron una serie de crímenes tipificados como de lesa humanidad, entre éstos la violación y esclavitud sexual durante al menos seis meses en contra de aproximadamente 20 mujeres. A varias de ellas, además les habían desaparecido o asesinado a sus esposos o familiares.

Aún así estoy convencida que si para muchas mujeres y personas sobrevivientes de genocidio y otros delitos contra los deberes de humanidad, es importante buscar la justicia en este campo, entonces éste se convierte en estratégico para la disputa de sentido que se requiere hacer en nuestro país. La valentía de quienes se atreven a llevar hasta un juicio a sus perpetradores y abusadores, se convierte es una responsabilidad para la sociedad completa, para entender la historia y reconstruirla.

Asistentes a la audiencia

Conforme se va desarrollando la trama judicial, se van presentando pruebas, peritajes, testimonios y documentos de archivo existe la posibilidad de llegar a ratificar que lo que sabemos como pueblos, lo que hemos sabido siempre en voz baja y es que estos crímenes si ocurrieron, que si hubo genocidio, que si hubo violación y esclavitud sexual. Este tipo de hechos marcan una huella en la historia, en la memoria colectiva, de las luchas de las mujeres y de las luchas feministas.

[1]  El destacamento fue cerrado en el año de 1988.


Por Alba Hernández y Maribel Segura 

5 de noviembre de 2014 en la ciudad de México, diversas universidades públicas y privadas, así como alumnos de educación media superior, académicos, sociedad civil y organizaciones sociales, se dieron cita a las 4:00 pm afuera de la residencia oficial de Los Pinos, para participar en la tercera jornada global de acción por Ayotzinapa.

El gobierno mexicano detuvo recientemente al ex alcalde José Luis Abarca en compañía de su esposa, presuntos responsables de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas. Al mismo tiempo el gobierno cita a los padres de familia para informarles sobre la detención de la pareja Abarca, pero sin avances reales acerca del paradero de sus hijos, hecho que ha indignado a la sociedad mexicana.

El contingente de manifestantes lo encabezaron los padres de familia, después los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en seguida las normales rurales de Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, posterior las cinco normales urbanas, después los del INMBA, el Conservatorio de Música, IEMS, Arte- Centro, y los grandes contingentes de la UNAM, Politécnico, UAM, UACM, ENAH, Ibero, La Salle y demás centros educativos.

La movilización fue acompañada con un grito de reclamo por la aparición de los 43 estudiantes desparecidos, entre las consignas está contar del 1…al 43 y después gritar ¡Justicia!. Justicia para un pueblo que ha va perdiendo todo, porque en México este caso no es aislado, en este país existen 25,000 mil desaparecidos y el Estado no ha dado muestras de apoyo y mucho menos de resolución a esta problemática.

La sociedad civil acompaña el andar de los manifestantes, porque en México la esperanza se está diluyendo, como lo menciona una mujer “si matan a nuestra juventud, ya no tendremos nada”. Desde el Norte hasta el Sur, se han dado muestras de solidaridad hacia los 43 normalistas desaparecidos, y es que en México ha todos ha tocado el secuestro, asesinatos, desapariciones, y desempleo.

Los jóvenes de ahora no tienen un futuro prometedor, por eso se les llama los “ninis”es decir lo que ni trabajan, ni estudian. Pero ¿será verdad?, en la mega marcha muchos eran los jóvenes que con el rostro descubierto gritaban consignas de “ Peña, te metiste con la generación equivocada”.

Al llegar al Zócalo, los padres de familia tomaron de nuevo el micrófono para agradecer la solidaridad de los capitalinos, asegurando que no pararán hasta encontrar a sus hijos, 43 muchachos que han acaparado la opinión internacional desde Asia, África, Europa y América y han hecho visible la barbarie de México.

Es importante señalar la participación de la iglesia a través de los Ecuménicos, quienes realizan un ayuno de 48 horas exigiendo la aparición de los 43 jóvenes, han montado en el Zócalo un campamento y una ofrenda con fotografías de los desaparecidos.

En los medios de comunicación nacional, se habló poco de la marcha que aglutinó a miles de personas ya que el último contingente arribó a las 9:00 de la noche al Zócalo. Sin embargo los medios se centraron en un metrobús que fue quemado en la estación Ciudad Universitaria, cerca de la UNAM, cobertura total donde los lemas fueron: vandalismo, delincuentes, pérdidas económicas, y con ello apoyaron las acciones que los granaderos realizaron, entre las que estuvieron lanzar balas de goma a los estudiantes; hoy, uno se encuentra hospitalizado, además capturaron a siete más, a quienes se les atribuyen los disturbios.

Hoy, 6 de noviembre continúan diversas movilizaciones de los estudiantes en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, se están realizando cercos a dependencias de gobierno, así mismo mesas redondas, actos culturales y marchas. Con una idea clara, denunciar los hechos del gobierno, su incapacidad y como único responsable de la desaparición de los 43 normalistas.

 

 

 

 

 

 


En San Juan Sacatepéquez municipio del departamento de Guatemala,  a las 7:30 horas en el lote 226 B fue detenida doña Bárbara Díaz Surin, es maya Kaqchikel, vive en la comunidad Cruz Blanca en San Juan Sacatepéquez. Ella está siendo criminalizada por oponerse a la construcción de la planta cementera “San Gabriel” de la empresa Cementos Progreso en su municipio, por considerar que atenta contra la vida.

En los medios de comunicación corporativos a ella se le está vinculando a los hechos ocurridos en la comunidad Los Pajoques los días 19 y 20 de septiembre, hechos que justificaron desde el gobierno de Guatemala la imposición de un Estado de Prevención en las comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez, es importante desmentir esta acusación, a ella se le acusa por un asesinato en relación a hechos sucedidos meses atrás y no por lo sucedido en Los Pajoques, su detención es evidentemente política por ser ella la  autoridad comunitaria de Cruz Blanca  y  por ser quién asume la representación de la comunidad en espacios públicos.

La detención fue realizada en la aldea Cruz Blanca cuando ella se dirigía a su negocio en la comunidad Pilar I, mientras ella iba a dejarle desayuno a un trabajador en su terreno, iba acompañada de su pequeña hija de 9 años de edad.

La detención la realizaron un aproximado de 40 agentes de la Policía Nacional Civil PNC, ella narró que solamente vio a un mujer policía dentro de un fuerte grupo de policías,  quienes utilizaron la violencia para detenerla, en la piel de sus brazos son evidentes varios moretones provocados por los policías.

Doña Bárbara es autoridad comunitaria, desde hace años ella es presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE y representante de su comunidad una de las doce comunidades en oposición a la construcción de la cementera y de la carretera “Anillo Regional”.

El ambiente dentro de la cárcel es terrible, ella está sola como mujer en una cerceleta rodeada por hombres que la acosan y violentan. Ella está recibiendo agresiones verbales en éste momento, además el equipo de mujeres corresponsales que ingresaron a la carceleta para verificar las condiciones de doña Bárbara fueron acosadas sexualmente por los hombres dentro de la cárcel.

Ella pide que oren por su situación, además expresó estar contenta de que la apoyen, ante la pregunta: ¿Por qué cree que la detuvieron? doña Bárbara respondió “por defender la vida de mis hijos, es fue el motivo que cometí”.

La policía realizó la detención sin darle a conocer el motivo de la detención. Fue hasta que ella fuera ingresada al Juzgado en el municipio de Mixco que le indicaron que había sido detenida por asesinato y pasaron más de 24 horas para que fuera escuchada en primera declaración por un juez, los abogados defensores denunciaron fuertes anomalías en el proceso de detención y garantías constitucionales para su primera declaración.

Cobertura Colaborativa: Quimy De Léon de Prensa Comunitaria y Prensa Opal.

Fotografía Quimy De León

 


Imagínese usted que   un día en su cotidianidad después de compartir el desayuno con su familia y cuando se dirige de la mano de su hija a abrir el negocio que sirve como parte del sustento diario de pronto son abruptamente interceptadas y violentadas por 40 miembros de la temible   y represora policía nacional civil de Guatemala.   Así fue capturada el día 29 de octubre en la comunidad Cruz Blanca la dirigente comunitaria Bárbara Díaz Surin, maya Kaqchikel, de San Juan Sacatepéquez.

¿Por qué la capturaron? Nosotras no podemos decir las razones, pero si podemos explicar a qué obedece esta captura.

Las 12 comunidad Kaqchikeles en resistencia de San Juan Sacatepéquez han desplegado una lucha comunitaria frontal contra la expropiación de territorio ancestral comunitario, han luchado por la vida, el agua, el bosque que ha logrado frenar la imposición de la Cementera San Gabriel –Cementos Progreso. Los costos se traducen en asesinatos, órdenes de captura, privados de libertad, y la imposición de cuerpos paramilitares para el control interno no militar de las comunidades. A partir de la Consulta Comunitaria en julio de 2007 donde 8, 948 personas votaron por la no construcción de la cementera y tan solo 4 personas lo hicieron por el si, se han registrado que a partir de esta fecha se incrementaron los riesgos, ataques, persecuciones e intimidaciones a dirigentes y dirigentas.

El día viernes 24 de octubre mujeres de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez se movilizaron por las calles de la Ciudad de Guatemala, de forma pública, pacífica y no violenta para demandar que se finalice el Estado de Prevención número 6-2014 impuesto desde el 22 de septiembre del año en curso. La marcha denunció el acoso sexual contra niñas y mujeres por parte de miembros de la policía y el ejército. La organización pacífica de las mujeres es una amenaza para el Estado guatemalteco, porque visibiliza la exacerbación de la fuerza brutal, característica de la represión contra insurgente que el actual gobierno ejecuta desde sus   políticas militares en los territorios a nivel nacional.

 No fue una captura cualquiera, ésta se realiza dentro de un Estado de Prevención (que funciona como un Estado de Sitio) y que ha sido prorrogado para avanzar con la construcción del anillo regional metropolitano, en un marco legal militar que garantiza la no oposición de las comunidades.

¿Quién es doña Bárbara Díaz Surin?

Es una mujer como varias de las mujeres guatemaltecas, que sueña ver crecer a sus hijas e hijos dentro de un mundo justo, sin violencia, sin contaminación y sin militarización; sueña con que los niños tengan la posibilidad de jugar libremente y que vayan a la escuela sin ser interrogados por los soldados en los caminos y que se frene el proceso de empobrecimiento. Bárbara es madre, ha sido dirigenta comunitaria, activamente aporta a la organización y lucha por la defensa de los territorios. Con su trabajo y su vida cotidiana ha dado ejemplo de la dignidad de miles de mujeres trabajadoras comprometidas con las luchas comunitarias por la defensa de vida.

La noche del 30 de octubre, el juez del juzgado de turno en Mixco la ligó a proceso por asesinato y dictó la siguiente audiencia para la fecha 5 de enero de 2015.

Ante esto nos hacemos las siguiente preguntas ¿Qué mensaje quiere dar el gobierno cuando captura a una mujer kaq’chikel de una comunidad organizada contra proyectos extractivos? ¿Quién asumió el día de ayer y hoy el cuidado de la familia? ¿Quién asume el aporte económico diario que sustenta a la familia de Bárbara? ¿Qué efectos emocionales se han producido en los niños al ver a su madre capturada? ¿Qué respuesta militar espera la sociedad guatemalteca que de el presidente a los hijos de los y las presos políticos?

San José Costa Rica 31 de octubre.

 

Comité de liberación de Bárbara Díaz Surin.

Comité internacional de solidaridad con San Juan Sacatepéquez.

Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, Jalapa.

 

 


Por: Luis Ramírez/Estocolmo, Suecia.

El martes a las 14:00 hrs. el Museo del Nobel, ubicado en la Gamla Stan (Vieja Ciudad o centro histórico de Estocolmo) realizó la charla sobre: “Rigoberta Menchu Tum; vida, lucha y Guatemala 22 años después del Premio Nobel”.

Algunas personas se encontraban en la pequeña plaza frente al Museo del Nobel esperando la llegada de la Doctora Menchú, el frío no fue un inconveniente. El ambiente era de expectativa. Al entrar al museo, los visitantes se identificaban y confirmaban su reservación para asistir a la actividad. Dentro del museo, la charla de Rigoberta Menchú se realizaría en un área al centro del museo y posterior a la recepción y el vestíbulo, un área con columnas  muy agradable  he iluminada para la ocasión. El recinto estaba lleno, y muchos estaban dentro con cierta antelación.

El trípode está en su lugar, cerca del escenario. !Se escuchan aplausos! y dirijo la lente de mi cámara para capturar lo que sucede; es Rigoberta Menchú que es recibida entre aplausos, abrazos y los flashes de las cámaras. La doctora saluda a algunas personas, se toma unos segundos para acariciar a un asistente muy pequeño, un bebé de seis meses que asistió a la actividad con su madre y que no era el único. El evento contaba con la presencia de seis bebés – a ojo de buen cubero-. Cualquiera puede pensar que Suecia es un país para que los niños vivan bien !y no se equivoca!.

Mientras Rigoberta se para al centro del escenario preparado para su charla,  se le coloca  el micrófono. Los organizadores de la actividad hacen una reseña breve respecto a  la galardonada que recibió el Nobel en el año 1992.

La Doctora lleva para el museo uno de los veinte güipiles que recibió de las comunidades mayas luego de recibir el premio Nobel de la paz y refiere lo siguiente:

“Este es uno de los veinte güipiles que me regaló el pueblo maya cuando recibí el premio Nobel de la paz, hace  veintidós años. Es un arte, pero no solo es arte… sino es una letra; esto narra una filosofía ancestral, narra una cosmovisión. También esto es una ciencia de armonía y de convivencia. Ningún Güipil se repite de nuevo, es decir  hay otros más hermosos, pero no siempre tienen el mismo mensaje.

En efecto, Menchú se refiere a la cultura que hay en los pueblos mayas de registrar su cotidianidad o acontecimientos a través de los diseños de sus textiles, cosa que irónicamente pasa desapercibido para la población mestiza o ladina, bien por que es menospreciado, bien por que puede estar en otras ocaciones codificado.

Habló sobre la importancia de la memoria, pero no de una memoria individual sino una memoria colectiva y recalco lo importante que es que los jóvenes tengan conciencia de la historia y de los acontecimientos de Guatemala y lo que sucede en el mundo. Habló de la importancia  del papel de los Nobel, sobre todo mujeres, y de su  misión personal como agente de paz.


EL FUTURO ES NUESTRO

Resultado de la consulta:

NO: 23,391;

SI: 139;

NULOS: 297

Por: Jesús Hernández

Fotografía: Jeff Abbott

Mañana de frío y calor. Cuando estás dentro de la casa sentís frío; salís un poco al patio para calentarte un poco y ya sentís que el sol te quema. Así es el occidente, sentir el frio te anima a caminar más rápido y los vientos de Noviembre soplan fuerte, fuerte en Pachaj…  pero esta vez el trayecto lo hicimos en carro.

La mañana del domingo 9 de noviembre recorrimos las aldeas del municipio de Cantel, para acompañarles en la fiesta cívica de la CONSULTA COMUNITARIA. Todas las aldeas tienen al lado de sus calles y alrededor de las casas el cultivo de maíz; fue hermoso ver que muchas familias estaban realizando la tapisca del maíz. Ha comenzado el trabajo en familia, recoger la cosecha “que gracias a Dios sobrevivió un poco  a la sequía uste’ –decía el vecino-, terminamos un poco nuestro trabajo y nos vamos a ir a votar. Tal vez en la tarde; sí, en la tarde, pero vamos a ir… ¿por qué no íbamos a ir pues, si es por nuestro maíz, nuestro agua que vamos a cuidar?”.

En la orilla del camino se miraban las redes de mazorca amontonadas, esperando que pasara el vehículo que iría a recogerlos para llevarlos a casa y así  empezar a deshojar y seleccionar la mejor semilla de la próxima siembra. Las semillas elegidas serán colgadas en el corredor de la casa, se presentarán al altar como bendición de lo recibido.

Vista de Cantel, municipio de Quetzaltenango, ubicado en el altiplano de Guatemala

El resto de maíz se pondrá en el patio o en el techo de la casa para secarlas durante 15 o 20 días. “no más días, porque todo tiene su cálculo”… El paisaje que ahora es de color café claro, pasará a ser amarillo en muy poco tiempo, porque la mazorca estará tendida en los amplios patios, esperando el sol de cada mañana que la secará y dejará lista para consumir durante el año. De acuerdo a la religión de la familia, la celebración de bendición se hará en la iglesia y se compartirá la comida y el tamalito, porque “para todos da diosito”.

Rodea a Cantel grandes cerros y montañas que guardan y protegen el espíritu del agua; la mayoría de sus cerros son recursos valiosos de fuente de agua que aprovechan las aldeas que están en sus orillas. “Las montañas y los cerros tienen su nahual, tienen vida y son sagrados. Esa es su energía” nos decía con mucha seguridad Esperanza.

Así miramos en Pachaj el cerro Quiac, lugar sagrado para celebrar ceremonias, ritos, celebraciones de todos los vecinos que suben a él para ver el hermoso paisaje o para caminar y compartir con la familia… Aunque hoy en día es un cerro particular, el dueño está haciendo poco a poco las mejoras para que sea cuidado, respetado y que sirva para eso que quiere la comunidad: celebrar sus ceremonias mayas.

Solo así se puede comprender las palabras del representante de la Estancia, don Walter González que nos decía: “hacemos esta consulta porque no queremos que vengan a explorar y explotar el recurso natural, los árboles y la naturaleza de Cantel, porque debilitaría nuestra tierra y el futuro de nuestros hijos”.

La realización de la Consulta

Esa mañana del domingo era fiesta en las aldeas de Cantel. En la Estancia, aprovechando el día de mercado, las familias iban al centro de votación; los centros estuvieron ubicados en la escuela o el salón comunal. Con el apoyo de la oficina de Derechos Humanos, se aseguraba que el proceso de consulta se hiciera en el mejor ambiente de fiesta y encuentro comunitario.

Familias completas entraban y salían de los centros de votación; en cada centro estaban ubicadas las mesas según la edad: de 7 a 12 años; de 13 a 17 años y, la mesa de 18 en adelante. De acuerdo al número de habitantes en la aldea, así también se facilitaban las mesas para que pudieran votar. “Esta es una participación abierta; parte de la costumbre de nuestros abuelos y por eso es que desde niños deben empezar a participar para cuidar lo que es de todos” decía don Juan José Colop, secretario de la consulta comunitaria en la aldea Xecam.

De acuerdo a las pláticas breves que sostuvimos con los representantes de las comunidades, escuchamos que la consulta comunitaria les llevó mucho tiempo organizarla y sobre todo, que los vecinos y vecinas tuvieran claro el por qué se hacía. “somos una red de comunitarios que a partir del 2006 oímos que aquí en Cantel se tenía autorización para la explotación minera; hicimos visitas, siempre con nuestros delegados, para averiguar si esto era verdad o no. El Estado debería informar a la comunidad pero nunca se hizo. Así pasa el tiempo y pedimos al alcalde municipal que ayude a aclarar la situación…”

Utilizando el cable local se proyectaron algunos documentales sobre el impacto de las empresas mineras en la población; el conflicto y divisiones entre comunitarios. Nos explicaron que cada comunidad tenía la misión de convocar a los lideres y autoridades comunales para informar a todas y todos los vecinos… proceso que llevó hasta la consulta número 74, número que contabilizan las organizaciones sociales.

Tenemos información que se tiene autorizados 97 km2 para la exploración, mire el croquis… solo imagínese, todos esos kilómetros hacen que los 22 km., que tiene Cantel puede que desaparezcan sus cerros y montañas. Es decir, perderemos lo más valioso, nuestra agua”.

“…Por eso aquí tenemos claro que no se acepta ningún tipo de exploración -nos decía don José Sam-, pero eso sí, esta consulta nos está ayudando a tomar conciencia que debemos cuidar mejor nuestra fuente de agua, los bosques y pensar en el desarrollo que queremos, cómo lo queremos y cómo lo vamos a trabajar; porque ya ve, de ahí tomamos el agua, sacamos leña para el fuego, pero tenemos que hacer algo todos juntos para empezar a ver como lo cuidamos mejor. Esta consulta está ayudándonos a tomar esa conciencia”

En la región hay algunas instituciones y centros educativos que realizan una enorme labor, y en silencio a veces, de reforestación y cuidado del bosque. Algunas donan los árboles y los estudiantes de las escuelas o personas organizadas se suman a la reforestación.

Don Marcos Tzul y don Pedro Pérez de Chirijquiac, compartían la preocupación de organizarse mejor para cuidar la montaña y el agua; es verdad que se cuenta con guardabosques y que hacen trabajos de reforestación pero que todavía no es suficiente: “viene mucho trabajo después de esta consulta

En cada aldea se sumaron durante el día muchas personas a emitir su voto. Filas de mujeres, de niños y niñas, jóvenes y ancianos, todos a sumarse a la defensa de sus recursos.

El resultado fue contundente, Cantel trabaja por su derecho a la consulta y a la libre determinación de los pueblos: “Es un acto sencillo pero profundo, se trata de constatar que las personas somos, por principio, seres humanos y que tenemos el derecho pleno a decidir y demandamos respeto. Decidir y consultar sobre nuestros derechos sobre los recursos es una obligación que el Estado tiene hacia sus ciudadanos. Este ejercicio nos llama a articularnos mejor como pueblos indígenas y reflexionar sobre nuestra participación política” –Benito Morales-.

Ya entradita la tarde nos quedamos en el parque de Cantel para tomarnos un rico caliente de frutas… las radios comunitarias se encadenaban para la conferencia de prensa que daría el Consejo de Autoridades Comunales, indicando que todavía hay muchas personas en las mesas de votación y por lo tanto, se ampliaba la hora de cierre hasta que todos emitieran su voto…

Nosotros cerrando el zíper de la chumpa, nos arropamos y salimos para un próximo encuentro…


Por: Ronny Morales Tot

El dia 14 de julio del 2014 pude conocer la historia Matilde Col Choc, víctima de desaparición forzosa en 1983. Me causó una gran curiosidad el caso ya que como defensor de los derechos humanos y periodista comunitario, mi trabajo ha sido alrededor de la lucha por la tierra, la represión y criminalización de las luchas. Gracias a Mario, esposo de una sobrina de Matilde pude conocer la historia de una mujer soñadora, mujer de caminar, que brindó su identidad, a este mundo tan desigual, indiferente a las poblaciones mayas.

Matilde nació en Cobán el 14 de marzo de 1954 con energia “13 AJ”, que ante los abuelos significa que será como la semilla ante la madre naturaleza, que dará frutos. Aj es la energía  de los estudiosos, lectores e investigadores. Fue una niña de pies descalzos con la sonrisa alegre amante a la lectura.

 

La educación y la educadora

Al terminar la primaria por vicisitudes de la vida dejó de estudiar y se dedicó al trabajo en la casa, ayudando a su madre. Pero los sueños de superarse los tenía muy presentes, y con un grupo de amigas decidieron estudiar en la jornada nocturna. Ellas fueron de las primeras mujeres indígenas de Cobán en graduarse como maestras de educación primaria Bilingüe.

Cuando terminó sus estudios fue una de las fundadoras del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica -IGER. Junto al Padre Franz Vond Tattenbach recorrieron todo el territorio nacional divulgando la importancia de la educación bilingüe en los pueblos mayas. Ése fue el granito de maíz que germinó y que hoy vemos sus frutos: ahora miramos el derecho a la educación para adultos con la visión de fortalecer la cultura la cosmovisión maya.

Hablar de cultura, identidad, idioma, espiritualidad es sinónimo de hablar de identidad tambien hablar de los derechos de un pueblo maya, todo esto representaba Matilde para nosotros una pionera idealista.

Trabajó como Maestra de Educación Bilingüe, en la atención a niños en salud y fue comunicadora social. Condujo un programa radial de IGER en idioma Q’eqchi, donde trataba  el tema de la importancia de la educación, traduccion y derechos de los pueblos idigenas.  Tuvo a su cargo la traducción de los textos del castellano al idioma q’eqchi para adultos. También era poeta.

El sueño de Matilde, era que los niños, mujeres y adultos aprendieran a leer y escribir en su idioma natal y que esto les permitiera salir adelante para tener un mejor futuro. Sus familiares y amigos la recuerdan como alguien que buscó el bien para los demás, solidaria, amable y humilde.

 

 

Desaparecieron a Matilde

El 13 de enero del 1983 fue desaparecida con 7 meses de embarazo, según nos contaba una amiga. “Fueron pasando los días y no regresó; la empezamos a buscar en varios lugares del país. Incluso su hermano empezó a trabajar en la zona militar # 21 con el único objetivo de encontrarla, y alguien del ejército le dijo que si preguntaba más, algo le pasaría a él y a su familia, que mejor que se callara”

“Con el tiempo nos enteramos que Mati fue detenida y desaparecida cuando regresaba de una Ceremonia Maya entre los municipios de Tactic y Cobán, en un puesto de registro o retén militar. Junto a ella también fue detenido y desaparecido Otto Federico Ical Choc”. Su caso aparece en el informe de la CEH, Tomo VIII, pagina 84.

 

El reencuentro

Matilde fue una de las victimas encontradas entre las 533 osamentas encontradas en el destacamento de Cobán: “En 2012 nos pidieron ADN para ver si uno de esos cuerpos era el de Mati. Dos años después nos entregaron su cuerpo, donde nos pudimos dar cuenta que ella fue torturada, violada y asesinada. Fue muy duro para nosotros saber los sufrimientos que tuvo antes de su muerte. muchos de los restos juntos a Matilde, tenían los ojos vendados, amarrados de las manos, tenían con maskin en las bocas para que no se les oyera gritar”

El convivir con una familia que ha sufrido una desaparición forzosa en tiempos de la guerra interna en Guatemala, me hizo valorar aun más mi labor como periodista comunitario en este país tan injusto y desigual. Todavía me asombra y me indigna muchísimo saber que personas valiosas como Matilde sean perseguidas, desaparecidas y hasta asesinadas por pensar, escribir, hacer radio.

Como comunicador popular siento que Matilde se merecía un futuro y la nación Q´eqchi siempre estará en agradecimiento a Mati por lo mucho que nos ha dejado.


 

Por: Nelton Rivera

La Radio Snuq Jolom Konob´ es una radio comunitaria que nació el día 28 de diciembre del año 2000 en el municipio de Santa Eulalia en Huehuetenango, este año se celebra su aniversario número quince.

Esta radio tiene un carácter estrictamente comunitario y lleva el nombre de su pueblo “Jolom Konob´” que significa “Cabeza de Pueblo” en el idioma maya Q’anjob’al. Para llegar a la radio hay que recorrer desde la ciudad once horas y media ascendiendo la Sierra de Los Cuchumatanes.

La radio está ubicada en un espacio público administrado por la Municipalidad, misma que año con año renueva su respaldo a la Radio.

Y llegaron los 15 años

Como Prensa Comunitaria decidimos asistir a esta celebración memorable, pues somos compañeros desde hace dos años decidimos acompañarnos mutuamente, así que felices tres fotoperiodistas decidimos recorrer y atravesar los Cuchumatanes hasta llegar a darles un gran abrazo a nuestros compañeros y compañeras.

Desde el parque central de Santa Eulalia se puede ver la antena de la radio, a diferencia de otras ocasiones esta vez se podía ver completamente adornada, en sus extremos había banderines de colores en cada uno de los cables que la sostienen.

El ambiente en Santa Eulalia era de fiesta y cómo no habría de serlo, quienes conocemos el trabajo que implica una hora de producción radiofónica podemos imaginar el monumental trabajo realizado por el equipo de la Snuq Jolom Konob, durante éstos quince años.

Su equipo humano es diverso, jóvenes, mujeres y hombres de distintas edades dan vida a la radio todos los días, la Jolom Konob’ ha sido escuela para la formación de muchos locutores y radialistas en Santa Eulalia y otros municipios cercanos.

En este aniversario hubo un merecido reconocimiento a la trayectoria de la radio, al periodismo comunitario que realizan en defensa de los derechos humanos, la cultura, la cosmovisión maya y el territorio.

La fiesta fue de todo el día. Fue aquí en Jolom Konob´ que nació la marimba y ésta fue la encargada de acompañar durante toda esta celebración a quienes de distintas comunidades llegaron a celebrar junto al equipo de la radio este nuevo aniversario, el número quince.

“Las emisoras comunitarias impulsan el desarrollo de la comunicación y la democratización de la palabra. Su finalidad es habilitar el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión, la promoción del desarrollo social, en términos de interculturalidad y equidad de género, los derechos humanos, la diversidad cultural, de culto, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que conforman la esencia de la identidad cultural y social. Por tanto, no puede ser sectaria en cuanto a realizar proselitismo político partidario o religioso.”[1]

[1] Artículo 5. Finalidad y objetivos de la radio comunitaria. Iniciativa de Ley 4087 “Ley de medios de comunicación comunitaria”.


Licenciado y profesor Arturo Pablo, lider comunitario.

Licenciado y profesor Arturo Pablo, lider comunitario detenido y criminalizado

Por: Santiago Bastos

El encarcelamiento del maestro Arturo Pablo, don Adalberto Villatoro y don Chico Palas es un paso más en la imposición violenta de la voluntad de Ecoener Hidralia Energía sobre el derecho de los barillenses para defender su vida y su territorio. Esta vez, se trata de criminalizar a tres luchadores sociales y debilitar la organización comunitaria que se expresa en buena medida en el plantón pacífico llamado “Resistencia Nuevo Amanecer” que el Movimiento Social de Barillas instaló en 2013 en el camino comunitario que conduce a las instalaciones de Hidro Santa para proteger el río Q´ambalam de las actividades de la empresa. Para ello, de nuevo se crean delitos que justifiquen los procesos penales y la persecución política.

1

La decisión de instalar el campamento de la Resistencia Nuevo Amanecer fue en su momento un acto importante: mostraba la continuidad de la resistencia al proyecto de Ecoener Hidralia Energía después de más cinco años de impunidad y agresiones por parte de esta empresa que conllevó la muerte de don Andrés Pedro Miguel, la prisión injusta de nueve de sus líderes durante ocho meses, y la persecución de otros muchos de ellas y ellos.[1]

Pese a todas estas agresiones, la resistencia había continuado en Barillas, manteniendo la negativa a la apertura de actividades de Hidro Santa Cruz. Siguiendo el ejemplo de La Puya, se instaló el plantón, que significaba un nuevo paso en que el que la población de Barillas reiteraba su decisión de no permitir que Hidro Santa Cruz iniciara su actividades. Frente a la actitud de intimidación y prepotencia de la empresa, se trataba de una actividad no violenta, basada en el derecho sobre el camino:

“Este camino es estrictamente comunitario, años atrás fue construido por las mismas comunidades, no es carretera oficial ni municipal, razón por la cual no se puede justificar la campaña mediática de difamación y acusaciones que varios medios de comunicación están emitiendo desde horas de la tarde del día domingo 7 de abril 2013, que coinciden con la que personeros de la empresa Hidro Santa Cruz están emitiendo en las redes sociales.”[2]

Como manifiestan los barillenses, desde la instalación de esta forma de lucha, se volvió a dar la desinformación con que los medios corporativos han tratado la resistencia contra Ecoener Hidralia Energía y todas las demás de defensa de la vida en el país. En este caso, Mike Castillo, corresponsal de Prensa Libre acompañó la noticia sobre estos hechos con una fotografía que atribuyó a comunitarios barillenses armados[3]; que  muestra imágenes que no ocurrieron en Barillas, mucho menos ese día.

“Inconformes armados protestan en días pasados frente a la empresa Hidro Santa Cruz, en Barillas, Huehuetenango. (FOTO PRENSA LIBRE: Mike Castillo)” Fotografía y pie aparecidos en Prensa Libre el día 7 de abril de 2013

Tan evidente resultó la agresión en contra de la iniciativa de la Resistencia Nuevo Amanecer, que esta versión fue desmentida por corresponsales de fuentes locales, quienes por el contrario, resaltaron su carácter pacífico –con fotografías como la que aquí reproducimos- y se quejaron del tratamiento dado por este medio:

radiosantracruz

“Desde el día 7 de abril, un grupo de personas permanece apostada en la carretera que conduce de la población de Barillas hacia “Poza Verde” en el lugar en donde actualmente se construye un proyecto hidroeléctrico. A eso de las 3 de la madrugada del día 7, inició la manifestación pacífica de los comunitarios que están en contra de la construcción de este proyecto. A pocos metros de ellos, permanecen unidades de la Policía Nacional Civil y antimotines….. Triste y lamentablemente es cuando algunos medios de comunicación en vez de informar a la población, desinforman con sus publicaciones…”.[4]

Dos días más tarde, el 9 de abril, el mismo medio local publicaba otra nota en que informaba que “los manifestantes aún permanecen en la carretera esperando que sean escuchados sus peticiones”, mostraba fotos como ésta que les reproducimos:

planton

Foto: Radio Santa Cruz

Y terminaba con la siguiente frase:

“En horas de la tarde se desmintió la información falsa de que dos personas supuestos trabajadores de la empresa de Hidro Santa Cruz fueron linchados”.[5]

¿Por qué es importante decir todo esto?

Porque es necesario mostrar cómo desde que el Movimiento Social de Barillas organizó la Resistencia Nuevo Amanecer como una  forma no violenta de defensa de su vida y su territorio, ha habido una estrategia evidente de mostrarla como una actividad criminal organizada por criminales. Por eso la fotografías de Mike Castillo en Prensa Libre, por eso los rumores sobre los linchamientos. Y por eso la persecución penal contra el maestro Arturo, don Tello y don Chico Palas

2

Dos semanas más tarde, el 21 de abril de 2013, algunos  trabajadores de Hidro Santa Cruz intentaron ingresar a las instalaciones de la empresa a pesar del plantón; y la gente organizada en la Resistencia Nuevo Amanecer les impidió el paso, planteándoles el motivo de su resistencia y que querían evitar el avance del proyecto hidroeléctrico, pues ésa era la razón de su presencia en ese lugar. Finalmente se les pidió que se retiraran.

Este hecho fue rápidamente recogido por la prensa corporativa. Emisoras Unidas y Prensa Libre dieron versiones sorprendentemente similares (al menos ésta última alude a un comunicado de la empresa): hablan de 14 trabajadores y de que se les hizo firmar un acta en que se comprometían a no volver a trabajar con la empresa. También dicen que “habría personas que no son originarias de Barillas, entre las que se encuentran varios extranjeros.[6]

Pero lo importante es que en estas dos pequeñas notas se vuelven a insistir en las acusaciones de violencia contra los trabajadores: “algunos de los retenidos han sido golpeados”, “los trasladaron bajo amenazas y golpes”, “les amenazaron de muerte en reiteradas ocasiones”.[7] Y esta versión dada por la empresa choca de nuevo con la de una mujer de la resistencia, que sí presenció los hechos:

Ahora que se cerró el camino, también detuvieron la marcha a otros trabajadores de la empresa y ¿qué dice la empresa? Sale diciendo de que la sociedad civil tiene secuestradas a 14 personas; y eso son puras mentiras. Nosotros no teníamos secuestrado a nadie. La otra mentira de ellos es que nosotros golpeamos y le hicimos un montón de cosas a esos trabajadores de la empresa. Un montón de cosas mentiras hacen ellos y luego lo subieron a internet. La empresa es capaz de hacer cualquier cosa y hablar, decir, publicar, con tal que condenen a gentes inocentes y a los que deben de ser condenados”.[8]

Estos son los hechos por los que se abrió la  Causa penal 139-2013, contra Arturo Pablo, Adalberto Villatoro Hernández, Francisco Juan por delitos de “plagio o secuestro, amenazas, instigación a delinquir, reuniones y manifestaciones ilícitas” contra 11 trabajadores (ya no 14) de Hidro Santa Cruz el día 21 de abril de 2013. [9]

Estos antecedentes nos muestran cómo estamos ante un caso más de flagrante construcción de un delito que, pese a ello, avanza como proceso judicial, evidentemente por la impunidad y el apoyo de las autoridades.

Como planteó la ADH en su momento

“Nuevamente se repite el patrón de criminalización desde esta sala de audiencias, demostrado anteriormente, en los casos de privación de libertad de Rubén Herrera, de los líderes comunitarios barillenses Saúl Méndez y Rogelio Velásquez y Mynor López. Así también en las más de treinta órdenes de captura pendientes de ejecutar sobre líderes de la resistencia barillense y también en los ocho casos inconclusos que deben ser sobreseído y que en una conducta diletante mantienen en zozobra a los líderes, comunidades y familias”.[10]

O como decía la mujer barillense en resistencia:

“Ellos son los que deben ser condenados, porque ellos si han hecho daño, sí. La empresa debe ser condenada definitivamente en una cárcel o no sé, que caiga el  peso de la ley sobre esas empresas, porque no es justo lo que han hecho: ya mataron a otro compañero –Daniel- y sabemos muy bien que es la empresa, porque antes de que ese compañero muriera él  fue amenazado por la empresas”.[11]

[1] Respecto a la resistencia y la represión en Barillas, ver Las voces del río. Relatos de la persecución política en Barillas, Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala; Santa Cruz Barillas: Criminalización y presos políticos (Enfoque n° 4, nero 2013).
[2] Recogido en http://comunitariapress.blogspot.mx/2013/04/la-resistencia-pacifica-en-santa-cruz.html
[3] http://www.prensalibre.com.gt/noticias/justicia/Guatemala-Huehuetenango-Barillas-hidroelectricas-muros_0_896910435.html
[4] http://www.radiosantacruz.org/2013/04/07/manifestacion-pacifica-en-santa-cruz-barillas-7-de-abril-de-2013/
[5] http://www.santacruzbarillas.org/continua-la-manifestacion-pacifica-en-poza-verde/
[6] http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/pobladores-retienen-varias-horas-14-trabajadores-hidro-santa-cruz
[7] http://www.prensalibre.com/huehuetenango/Retienen-trabajadores-hidroelectrica_0_905909650.html
[8] Entrevista con lideresa comunitaria de Barillas, 25 de abril 2013
[9]https://comunitariapress.wordpress.com/2014/01/23/barillas-detienen-a-tres-defensores-del-agua-la-represion-continua/
[10] Triunfo de las comunidades del Norte de Huehuetenango frente a la injusticiaAsamblea de los Pueblos de Huehuetenango, Huehuetenango, 24 de enero de 2014http://radiomundoreal.fm/7365-un-susto-y-adelante
[11] Entrevista con lideresa comunitaria de Barillas, 25 de abril 2013

#GUATEMALA

Campaña por la “Libertad a los presos políticos de Barillas”

Como Prensa Comunitaria, Oficina de Prensa para América Latina y Festivales Solidarios, nos unimos al medio digital Maya Q’anjob’al  Lab Konob’ y les convocamos a que se sumen a una acción en redes sociales de solidaridad con quienes guardan prisión política por defender el territorio en Guatemala, ellos son:

Francisco Juan, Arturo Pablo Juan, Adalberto Villatoro Hernández, fueron detenidos en el juzgado de Huehuetenango el día 26 de febrero de 2015 cuando se presentaron voluntariamente a una de las audiencias en relación a denuncias interpuests en su contra.

Los tres están acusados de haber cometido los delitos de “plagio o secuestro, amenazas, instigación a delinquir, reuniones y manifestaciones ilícitas”; dichas acusaciones responden a los intereses de la empresa española Ecoener Hidralia Energía S.A. conocida en el municipio de Barillas Huehuetenango como Hidro Santa Cruz. Este municipio está ubicado en la frontera Norte con México.

Ellos están siendo acusados y perseguidos injustamente, por ser defensores de derechos humanos, del agua y del territorio.

Proponemos que te sumes a la campaña usando:

  • 1.     Los cuatro carteles que adjuntamos
  • 2.     El texto que está aquí arriba para acompañar los carteles
  • 3.     En twitter que acompañes con los hashtag:

#Nosonterroristassondefensores

#Libertadimox

#KonobQanjobal

#DefensadelAgua

#LibertadPresosPolíticos

#LibertadBarillas

Únete y pasa la voz!   #Kolwajoqon (Apoyemos)

Facebook; 
https://www.facebook.com/LabKonob

Lab’ Konob’

Pagina:https://labkonob.wordpress.com

Descarga los afiches de la campaña aquí:


Rigoberto Juárez Mateo es autoridad ancestral de la nacionalidad maya Q´anjob´al representada en el Gobierno Plurinacional de las Nacionalidades Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Poptí y Mestiza del Territorio Q´anjob´al del pueblo de Jolom K´onob.

Esta estructura de base organizativa comunitaria está ubicada al norte del departamento de Huehuetenango. Aproximadamente desde el año 2005 que los pueblos originarios en esta región han estado realizando Consultas de Buena Fe como mecanismo para fijar su postura de rechazo a los proyectos extractivos y la intención empresarial de explotar las  fuentes de agua, ríos, lagos, bosques, tierra, minerales y la vida.

Esta intención empresarial ha chocado con la visión de desarrollo y de vida de los pueblos originarios quienes ven en estas actividades una amenaza a la vida y se han organizado pacíficamente para frenarla. Efectivamente desde la llegada del capital y estas formas de acumular riqueza han ocurrido una serie de abusos y violaciones a derechos humanos que van desde el asesinato, la desaparición, la tortura, la persecución penal, la militarización territorial, división comunitaria, el uso del rumor para dividir a las comunidades, la amenaza y la coacción a poblaciones enteras para aceptar estos proyectos.

Muchos han sido los mecanismos utilizados por los pueblos mayas y mestizos para denunciar lo que ocurre, pero básicamente han sido los que el Estado de Derecho y la democracia liberal proponen como la vía para que la ciudadanía actúe en este sentido.

Sin embargo la respuesta estatal para quienes muestran su desacuerdo con estas prácticas ha sido la represión y la criminalización, acusándoles de “terroristas, delincuentes y atrasados.”

Este es el caso de Rigoberto Juárez quien fue detenido en la vía pública en la ciudad capital de Guatemala y tiene varias demandas penales y judiciales y ha sido encarcelado por dos procesos penales desde el día 24 de marzo de 2015. El está en una cárcel preventiva en la capital, lejos de su gente y su territorio.

(Declaración de Rigoberto Juárez ante el Juez de Primera Instancia Penal del Juzgado de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Eulalia, en la Torre de Tribunales de la ciudad de Guatemala,  26 de marzo de 2015)

 

 

Como Coordinador del Gobierno Plurinacional Ancestral Maya Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti´ y Mestizo, en el territorio Q’anjob’al, voy a asumir la responsabilidad histórica de indicar que lo que hoy se está haciendo es solamente un incidente más de agresión en contra de nuestras naciones ancestrales, que se inició desde hace 491 años.

Nuestro territorio Q’anjob’al ha sido asediado permanentemente por instancias, empresas, que han estado agrediendo nuestro territorio últimamente en lo que nosotros estamos llamando el Quinto Despojo.

Este Quinto Despojo [lo] constituye[n], más que nada, los hijos y los nietos de aquellos que desde hace 491 años [lo] iniciaron, al despojarnos de nuestros territorios libres y naturales. Lo que hoy se indica [en este Juzgado] no es más que una calumnia más que se inventa. Desafortunadamente, hermanos y hermanas mayas Q’anjob’ales seguramente se prestan o actúan bajo coacción de esas empresas, y es así como se conoce que actúan en nuestro territorio.

Hoy de lo que se nos está acusando es una falsedad total.

¿Por qué? Porque en el marco de la defensa de nuestro territorio, estamos hablando de la defensa del agua, la defensa de los cerros, la defensa de las montañas, y eso implica, por supuesto, la defensa del aire que todos y todas respiramos y necesitamos oxígeno. Las naciones ancestrales mayas Q’anjob’ales estamos defendiendo precisamente ese derecho a la vida, al oxígeno, el agua que necesitamos todos. Aún quienes dicen tener el derecho de hacer uso de nuestras aguas, la necesitan igualmente que nosotros. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo uso de este derecho, para defender el derecho del agua.

Solamente en el marco de este Quinto Despojo, señor Juez, no asumo la responsabilidad de decir: “sí, lo hemos hecho”. No es cierto, lo hemos hecho bajo el criterio de defensa propia de ese territorio.

Solamente en el territtorio Q’anjob’al hay 41 licencias de empresas mineras. Solamente en el territorio Q’anjob’al hay 21 licencias de hidroeléctricas. Las dos van implícitas en hacer uso inadecuado de nuestros bienes naturales. ¿En qué momento se nos consultó? ¿Acudieron a consultarnos? En ningún momento.

Desde el 2005 hasta la fecha se han hecho consultas comunitarias en nuestro territorio, y hemos acudido como autoridades a estas otras autoridades de este Estado para indicarles la manifestación de nuestro pueblo en el sentido de decir: “no a este tipo de empresas”. ¿Se nos ha escuchado o no se nos ha escuhado?

Nuestra calidad de autoridades de nuestras naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti´ se ha dilucidado en otras circunstancias. Dado a lo que hoy acudimos, estamos identificando una manipulación de ideas que nos están inculpando de situaciones que no son ciertas. Y esto ha sido el procedimiento histórico en este sistema en contra de nuestros pueblos, y que hoy no solamente lo estamos poniendo a conocimiento de ustedes, autoridades de justicia, sino que también, espero, que a nivel internacional se sepa que hay una situación prácticamente de violencia, de violación de nuestros derechos de autoridades, al someternos a un proceso, para nosotros, totalmente anómalo.

Porque lo que escuché que se dijo por ahí [la Fiscal] es totalmente falso y ojalá el Ministerio Público haya hecho las investigaciones correspondientes en su momento. Nosotros como autoridades del pueblo maya Q’anjob’al acudimos a ustedes para solicitarles su colaboración, para que hagan investigación objetiva de los hechos que se están dando en la finca San Luis. Pero en ningún momento aparece en su documento, a menos que lo haya por ahí, de lo solicitado.

¿Ustedes observaron objetivamente los daños, que la empresa dizque CincoM está haciendo en el territorio Q’anjob’al? ¿Analizaron, observaron, vigilaron?

Hemos solicitado la presencia de las instituciones del Estado para que observen de cerca la cantidad de violaciones que se han hecho de parte de estas entidades en nuestro territorio. Y no han venido.

Desde el 2005 cuando iniciamos nuestras consultas comunitarias ¿Cuál es la percepción d,e ustedes como juzgadores de las consultas comunitarias? ¿Las ven como válidas? ¿O no les importan nuestras consultas? No hemos recibido nunca, ninguna notificación de parte de las instancias de justicia de este país en donde se diga: “las consultas son válidas”.

Detrás de las consultas ha habido actas, memoriales, hechas por nuestras comunidades y han sido prácticamente desconocidas. Hay acciones en donde nuestros pueblos se juntan, y ha habido procedimientos para conformar los resultados de las consultas en la declaración de territorios libres de explotaciones mineras e hidroeléctricas. Y eso ¿se ha tomado en cuenta? No.

Lo único que nosotros hemos hecho en el territorio como derecho ancestral y milenario es precisamente defender el agua, defender los cerros.

Hoy en el marco de este Quinto Despojo, el Estado en su conjunto -y cuando hablo del Estado, me refiero al Organismo Ejecutivo, al Organismo Judicial y Organismo Legislativo- han confabulado  en contubernio con las empresas transnacionales para despojarnos de nuestros bienes naturales.

¿Qué quedará de nuestros pueblos cuando este Quinto Despojo se materialice, señor juez? Nuestro territorio quedará borrado ¿En dónde vivirán los miles de habitantes que por miles de años hemos vivido en ese territorio? ¿El Estado de Guatemala se ha habrá encargado de buscar dónde ubicarnos ¿O estas empresas ya tienen identificado otro territorio igual que la que hoy tenemos para que nos ubiquen o solamente están pensando en su bienestar individual, egoísta para apropiarse de nuestros espacios naturales como lo ha hecho por el espacio de 500 años? ¿Vamos a esperar entonces que pasen otros 500 años para que alguien nos escuche?

Por lo tanto, señor Juez, no busco, no vengo a someterme ante esta justicia.

Más bien, pido a usted que traslade la inquietud nuestra al máximo órgano de justicia de este país y a los tres organismos del Estado y la comunidad internacional a que se constituya en nuestro territorio una comisión diversa, integrado por autoridades ancestrales de las otras naciones de América Latina y del mundo, para que se vaya a constatar en terreno los daños que estas empresas están ocasionando a nuestro territorio.

Y que a partir de allí se juzgue  quién ha hecho más daño: nosotros que defendemos nuestro territorio o estas empresas que incursionan de forma anómala, de forma ilegal y de forma arbitraria en nuestros territorios, y ahora se victimizan.

Nosotros hemos vivido allí por miles de años y hoy nos están acusando de situaciones [por las] que deberían ser ellos los que deberían de estar en la cárcel, porque están haciendo un daño a la naturaleza, haciendo un daño al medio ambiente y haciendo un daño a la humanidad.

Nosotros por lo tanto nos consideramos defensores de la vida, de los bienes naturales, y del territorio.

Por tanto, considero injusto lo que ellos están diciendo y si ustedes van a avalar lo que ellos están diciendo, entonces, automáticamente se amplía la injusticia en contra de nuestro pueblo.

Muchas gracias.

09 dic 2013seis

 


Por: Nelton Rivera

Los últimos días en el país han sido de sismos y descalabro aparente de algunas de las estructuras del bloque hegemónico. En particular las que están vinculadas a redes criminales que controlan y defraudaba el sistema aduanero y la Superintendencia de Administración Tributaria – SAT.

Esto fue conocido através de una investigación pública que hace la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG y el Ministerio Público – MP, esto provocó que el 16 de abril se realizara la detención de varias personas hasta ahora 21 de las vinculadas a esta estructura llamada “La Línea.”

Esta investigación señala como cabecillas al hoy prófugo Luis Carlos Monzón Rojas secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, también al ex jefe de la SAT Carlos Muñoz Roldán y al actual superintendente Omar Franco Chacón. Entre las capturas está también la de Salvador Estuardo González gerente del diario Siglo 21. El lugar que se considera era el centro de operaciones era la Boutique Emilio propiedad de Luis Mendizábal en donde después de un allanamiento,

Mientras todo esto ocurría Roxana Baldetti se encontraba en Corea del Sur para recibir un doctorado Honoris Causa desde el 13 de abril según fuentes de prensa[1]. Se esperaba su regreso y la postura que ella tendría respecto de su secretario privado, nadie sabía que día llegaría.

Sin embargo se supo que habría una conferencia de prensa este domingo a las 2 de la tarde en Casa Presidencial. A ésta ella se presentó acompañada de sus asistentes, frente a las preguntas de la prensa, ella se dio la vuelta y se retiró de la sala. Fue una presentación breve, mostró fragmentos de dos videos donde ella se desvincula del escándalo ocurrido en los últimos días.

A continuación transcribimos las principales aspectos que informó a la prensa:

“Pueden ver los horarios, los horarios son muy diferentes cuando aquí era de día allá era de noche, cuando me están dando el doctorado aquí era de noche y no había pasado absolutamente nada, y yo no tenía información de absolutamente nada, nadie teníamos información de absolutamente nada.

Cuando allá era de noche acá era de día, eso lo pueden corroborar en cualquier reloj digital. Es cuando yo me entero de lo que está sucediendo aquí empiezo a preguntar, Juan Carlos se había retirado cuando me están poniendo la toga y el birrete.

Ya no me acompaño al almuerzo con el rector, luego tuve una gira por toda la universidad, luego fui a cenar con todos los sacerdotes de Corea. A las 11 de la noche me enteré de lo que estaba pasando, llame a Juan Carlos al teléfono; le pregunta si sabe que es lo que está pasando en Guatemala y él respondió que no.

Yo te voy a decir, y le digo: primero estas destituido como secretario privado de la vice presidencia, te pido que vayas a Guatemala a ponerte en disposición ante los tribunales, en menos de 48 horas, por tu familia y por toda la confianza que te tuve en todos estos años.

Yo regrese al país a dar la cara, aquí estoy. Sobre la investigación muchos de los que me han acompañado todo este gobierno saben qué yo he tratado con este tema.”

Video presentado: “primero es reconocible el esfuerzo que ha hecho la CONACOM su presidencia y liderazgo, los resultados que se han ido dando desde que Claudia estaba al frente y con juan José se le ha dado seguimiento, sector privado y Estado. No escuche en la presentación de informe sobre las fuerzas de tarea…” Javier Zepeda representante del CACIF.

Baldetti: “les comunique que todas las fuerzas de seguridad e inteligencia de todo el Estado estaban investigando en el tema del contrabando, esa investigación ha dado sus resultados, las fuerzas de seguridad del país tienen ya una línea de información sobre las personas que por años han saqueado al país a través de las aduanas. Este año será un año para cosechar toda la investigación.

Una investigación es precisamente una investigación, si yo doy más datos de esa investigación de casi dos años. Esto fue el 3 de febrero de este año, como repito no una y sino dos veces, yo estaba enterada de la investigación pero no tenía detalles, no podía pedir detalles.

Además porque no cabe entorpecer la investigación y menos inmiscuirme ni obstruir los procesos que se llevaban de investigación, yo sabía que la investigación estaba en marcha, que se tenía ya resultados, que íbamos en buena línea. Pero yo no tenía ni porque investigar de mas ni porque preguntar de más porque no era la responsable de la investigación.

Sobre el paradero de Juan Carlos Monzón, creo que son otras instancias las que tienen de investigar donde está el, si hay una orden internacional de captura no lose, si la hay pues serán otras instancias las que tendrán que hacerlo, hable con el día jueves la última vez cuando que el día jueves era en la mañana y allá era en la noche.”

Preguntas de la prensa:

¿Usted dice que fue la primera vez que Monzón que viajo con usted?

¿Dónde estuvo usted las últimas 24 horas?

¿Va a dimitir usted al cargo?

Las últimas 24 horas he estado viajando.

No sé porque voy a dimitir al cargo, porque ya les contesto el fiscal del Ministerio Público:

“…las personas que nosotros presentamos ante la justicia, son las personas que tenemos nosotros elementos probatorios para decir que participo en el hecho delictivos, yo creo que el nombre de la vicepresidenta sale sobrando porque no es parte de la estructura que fue presentada ante la justicia”.

¿Dónde se encontraba el cuándo usted lo destituyo vía telefónica?

No lo sé porque ya habían pasado muchas horas, porque cuando me pusieron la toga desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche no le pregunte en dónde estás? Si no que le pregunté ¿sabes que es lo que está pasando en Guatemala?

¿Usted ha dirigido el CONACON varias veces en el tema del contrabando, en comisiones de transparencia, muchas veces Juan Carlos Monzón se ponía a la par suya? ¿Cómo es que usted no estaba enterada no solo de la participación de Monzón y los dos jefes de la SAT estaban en algo tan grave?

Vuelvo a repetir un poquito esto si yo hubiera indagado, si hubiera querido o tratado de investigar más de lo que correspondía, si yo hubiera querido interferir en la investigación, si yo hubiera querido detener pues, hubiera investigado algo pues yo lo hubiera sabido.

Sobre quiénes eran los responsables, si hubieran estado tan cerca o tan lejos no lo podía saber porque precisamente era eso, una investigación que iba a llegar hasta las últimas personas.

Sobre Alejandro Sinibaldi, siempre lo dije teníamos diferencias, siempre tuvimos diferencias pero yo nunca pensé, nunca de verdad se los digo que su corazón estuviera tan enojado conmigo, mi corazón no está enojado con él. Por lo contrario siempre trate de ayudarlo. Para que el fuera nuestro candidato, hubo mucha agua debajo del río para que yo tomara esa decisión que yo misma acepte, el llego a mi casa, le ofrecí mi apoyo incondicional. Yo no quería que le pasara que es lo que pasa en todos los partidos políticos que nacen, crecen, gobiernan y se desarman.

¿Usted es la que nos dijo sobre que fue usted la que le menciono a Juan Carlos Monzón sobre lo que sucedía en Guatemala? ¿Sabe usted cuál es su paradero?

Repito, cuando a mí me ponen la toga en el doctorado él estaba conmigo, luego acordamos que él hacia sus cosas personales eso es a las 3 de la tarde, cuando son las 11 de la noche yo me entero y es cuando yo llamo juan Carlos, le pregunto con el si él sabe que es lo que estaba pasando en Guatemala, le digo que por lo que está pasando en Guatemala queda destituido del cargo, y que le pido que a la brevedad posible se presente a Guatemala para dar la cara ante dar la cara a la justicia .

¿Antes de hablar con él usted notifico a las autoridades de Guatemala en donde estaba Juan Carlos Monzón?

Yo ya no sabía dónde estaba Juan Carlos Monzón, como les iba a notificar. Era un acuerdo que no iba con dinero del Estado, que me iba a imaginar yo, que me iba a imaginar yo que mientras me iban a imponer una toga debía de investigar al otro que tenía a la par hasta donde iba a dormir. No me lo podía imaginar.

No me puedo hacer responsable de nadie más que de mí, el tendrá que hacerse responsable de sí.

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El punteado que llevaba la Vicepresidenta a la conferencia de prensa para enfrentar la crisis de institucionalidad en la que está envuelta.

Escuche el audio de la conferencia aquí: conferencia-de-prensa-de-vicepresidenta-roxana-baldettii


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Por: Santiago Bastos – Prensa Comunitaria

El momento histórico en que estamos hace ver la necesidad de acabar con el Estado contrainsurgente que hunde sus raíces en la contrarrevolución. Estamos en condiciones de pensar en desmontar la trama cruel que este país ha heredado desde la colonia. Ése debería ser nuestro horizonte mínimo, el objetivo al que por decencia y coherencia deberíamos aspirar como sociedad.

Ha pasado poco más de un mes desde que las revelaciones de la CICIG dieran lugar a  una respuesta ciudadana que aún parece increíble, pero que ya forma parte de la historia de este país y de la de cada uno de nosotros. Los desbordes humanos con la creatividad desplegada en sus carteles; las capturas, renuncias y reacciones de gobernantes y demás políticos; y lo que todo esto puede significar para el futuro de este país –tan necesitado de futuro-, han dado mucho que hablar y que leer.

Se trata de uno de esos acontecimientos que hacen pequeños a los foros de la prensa “permitida”, llenan las redes sociales y ocupan las conversaciones de todos los días. No es para menos, como en muchos de estos espacios se ha escrito, estamos en un momento único en mucho tiempo, y que puede dar mucho de sí.

Así que, aún con el miedo de caer en el peligro de que los hechos rebasen los análisis, quiero proponer algunas ideas y opiniones que den pistas para entender dónde estamos y hacia dónde podemos y queremos ir.

Parto de que la famosa crisis en que nos encontramos se está dando en tres niveles explícitos y simultáneos –y uno más, latente. Todos ellos están estrechamente entrelazados, pero cada una tiene una profundidad histórica y un tipo de solución y unos obstáculos diferentes.

1          La corrupción como norma

El primer nivel es el que podríamos llamar la “crisis moral” que viene del nivel de desfachatez al que había llegado la corrupción que, siendo ya habitual en el sistema político guatemalteco, en este mandato había rebasado todas las normas. Las revelaciones de la CICIG desbordaron el vaso que se había ido llenando con los hechos que todos habíamos ido conociendo.

DSC_0386 copyLa figura emblemática de esta amoralidad rampante es la (ya ex) vicepresidenta con su descaro sin disimulo. La manera en que se saltaba las formas más básicas, llenaron de indignación a esa clase media que se sintió robada, estafada por el gobierno y estalló los primeros días de la crisis como no lo había hecho en el último medio siglo.

Quienes históricamente se benefician de la corrupción mantenida a niveles manejables –el gobierno, el CACIF, la Embajada de USA, los demás partidos políticos y muchos columnistas que representan los intereses de todos ellos- pensaron que la renuncia de Baldetti sería suficiente para desactivar una crisis que pensaban/esperaban que se mantuviera a este nivel. Con ello ya se habría lavado la cara del sistema, se habría calmado a esta clase media que sintió estafada y se podría seguir operando como siempre.

Pero parece que el cálculo de “control de  daños” no resultó acertado. La separación del cargo de otros tres ministros tampoco fue suficiente para contrarrestar los casos de corrupción que se han ido destapando. Por el contrario, parece que hay consenso alrededor de la renuncia de Otto Pérez y la aplicación de la justicia hasta sus últimas consecuencias a todos los implicados en los casos. Incluso sectores y columnistas propensos a la “estabilidad” empiezan a manejar esta tesis que en la calle es unánime.

2          El sistema podrido

Pero no es sólo eso. Lo que los carteles proclaman, las consignas vocean y los articulistas discurren, es que la discusión ya rebasó ese nivel de la crisis, y que la indignación ha llegado a otro más profundo: el sistema político fraguado después del conflicto, desde la “transición” de 1985 y la paz de 1996.

11267163_10200583456744161_2046139677803769811_nEl descubrimiento de la estructura de La Línea ha permitido aflorar el rechazo acumulado hacia un sistema político-electoral que a lo largo de estas últimas décadas se había convertido en un  fraude público. Los partidos creados para la carrera personal de sus dueños, el transfuguismo como práctica cotidiana dentro del congreso, frente  a la permanencia eterna de alcaldes y diputados, las leyes que se aprueban y desaprueban sin ser leídas, la connivencia abierta con podres paralelos y crimen organizado…. Es decir, un sistema en que la representación popular, la independencia de poderes, el bien común y esos conceptos que encabezan la Constitución dejaron paso a la defraudación como tareas centrales del quehacer del político.

Baldizón y su dizquepartido Lider, con su actual consigna de “Nos toca” representan lo peor de este sistema: el político arribista que en su ambición pasó por encima de la democracia y la gente, y por ello está siendo el más señalado por una ciudadanía. Lo mismo pasa con Nicho Barrientos en Xela, uno esos alcaldes eternos “multipartido” al que le ha llegado la presión de la calle.

El rechazo a esta forma pervertida de entender la política ha hecho nacer una de esas expresiones en que la ciudadanía hace poesía cotidiana: las iniciativas de pintar con flores y colores los ilegales carteles con que los partidos invaden impunemente el espacio público.

Todo esto muestra la conciencia de que la corrupción no es más que una manifestación de un sistema político podrido desde sus inicios. Por ello una buena cantidad de propuestas apuestan por las posibles salidas institucionales que permitan aprovechar el momento histórico para corregir el giro de la democracia en la Guatemala post conflicto. Además de los carteles y las consignas que expresan su descontento, cada vez más columnistas certeros y bien intencionados están hablando de reformas a las leyes electorales y de partidos, de convocar a una constituyente, de depurar partidos, juzgados y magistraturas y de vetar reelecciones de alcaldes y diputados. Las discusiones están en los detalles “técnicos” sobre cómo empalmar la situación de crisis con la posible reforma sin salir de la institucionalidad que nadie quiere romper.

Éste es el nivel en el que se juega la crisis en este momento. Tenemos la posibilidad cercana de una reforma al sistema político que nos ha gobernado en los últimos, pero no es algo que vaya ser fácil. Tanto desde el gobierno como en el partido Lider no hay muchas señales de que se hayan dado cuenta de esto. La necedad de Otto Pérez Molina en el puesto, el nombramiento de dos dinosaurios de extrema derecha como vicepresidente y como candidato; la forma en que Baldizón sigue manejado la impunidad y la violencia, parecen indicar que apuestan a la inercia del sistema fuera de los círculos movilizados.

Por otro lado, ya sabemos –nos lo recuerdan continuamente  los columnistas agoreros- que van a haber “fuerzas mayores” y “poderes fácticos” que van a tratar de neutralizar cualquier posibilidad de que haya verdaderos cambios. Esos siempre han estado y siempre van a estar. Por ahora, se les va forzando a ponerse la corbata de  demócratas si quieren salir en la foto y se van sumando a estas propuestas de reforma política –aunque no les guste. Hay articulistas y medios que se las dan de independientes que ya se asustaron y están empezando a deslegitimar el proceso….

Si el actual gobierno acabara dando paso a una forma de “transición” que diera lugar a unas reformas en los cuerpos de representación y de justicia que permitieran pensar un futuro diferente –empezando por aplicarla a todos los que han robado el dinero que tanta hacía al país-, ya sería ganancia, ya habría merecido la pena todo este esfuerzo.

3       La continuidad del estado contrainsurgente

Pero no basta con llegar a este nivel de la crisis. Muchas de las consignas y de las pancartas, de las mantas desplegadas en estos días, y algunos de los artículos escritos apuntan a una cuestión que creo es fundamental tener en cuenta: reformar el sistema político-representativo es una cuestión necesaria pero no suficiente. Las características de este sistema son una de las facetas que muestran que seguimos viviendo en una sociedad que no ha resuelto sus problemas sustantivos después de una guerra interna, un genocidio y un proceso de paz.

11263003_10200583447583932_7323677783899887395_nLa llegada de Otto Pérez Molina -el comandante Tito de Nebaj en 1982 y firmante de la paz en 1996- a la Presidencia de la República era una de las mejores muestras de esta continuidad del poder militar, y en los hechos se encargó de demostrar que no era en absoluto simbólica. La Línea mostró que también representaba a los militares presentes, al menos desde los años 70 del siglo pasado, en las estructuras clandestinas que combinan la represión y la corrupción. Los relatos sobre la actuación de sus dos antecedentes -La Cofradía y La Oficina- dan pavor no sólo por la capacidad de robo y camaradería que dejan a los sicilianos a nivel de boy scouts. Sobre todo, aterran por la incapacidad / falta de voluntad del resto del sistema político por hacer algo al respecto. Ellos son igual de culpables

Estas estructuras clandestinas no se han dedicado sólo a la corrupción. Tienen que ver con Lima Oliva –Gerardi, la cárceles, el Partido Patriota- y con la Fundación contra el Terrorismo; con las empresas de seguridad y los contratistas, con los testaferros  y socios de las mineras, las hidroeléctricas y también cementeras y cañeras . La sentencia del juicio por genocidio a Rios Montt implicaba  una amenaza a todo esto y por eso hubo que tomar medidas de emergencia –utilizando al sistema podrido.

Todo esto es una muestra más de que nunca se dio la supuesta salida del régimen contrainsurgente. A los culpables de los diversos delitos declarados y comprobados –aunque no juzgados- por la CEH, se les premió entregándoles el Estado como botín y nuestros impuestos como carnada, por haber defendido los intereses de la oligarquía –que nunca ha pagado esos impuestos y sí se ha beneficiado de la corrupción en aduanas.

Porque finalmente los militares sólo son los guardianes de un sistema que históricamente se ha basado en la dominación brutal como forma de acumulación de una minoría. Ése es el problema. Esta continuidad se aprecia en un liberalismo que no ha hecho sino reforzar el carácter oligárquico, estamental  y racista de eta sociedad; que ya era un paradigma de desigualdad, violencia y desprecio en todo el continente. Guatemala sigue siendo una sociedad de desnutrición, represión, salarios injustos, inseguridad,  viviendas precarias, vidas sin futuro.

Este nivel de crisis no está aún planteado abiertamente en el plano institucional, pero es claramente visible en muchas de los carteles y las frases de personas que ven claramente lo que representa la incrustación militar en las tramas del crimen organizado y la continuidad militar en la formas de gobierno que se mantienen este escenario de supuesto post conflicto. Desde ahí se reclama la renuncia del Mayor Tito y se aplaude la salida de su colega López Bonilla -que hasta ahora ha sabido mantenerse en una sospechosa segunda fila-, como responsables directos de la represión de los últimos años, sobre todo a campesinos e indígenas –que ya se están sumando a las manifestaciones en todos el país.

4          El pozo y el agua limpia

Evidentemente, quienes procuran el “control de daños” lo que quieren evitar es que la crisis llegue a plantearse en este nivel –quizá por ello ahora se apuntan a una propuestas que hace una semanas rechazaban. Y hay muchas almas bienintencionadas que realmente quieren una refundación de la democracia, pensando que no es bueno ni necesario que la crisis profundice más. Según ellos, con las  medidas de reforma político-electoral, y tomando la senda que nos llevará a la democracia, se abriría el camino por el que se resolverían los problemas estructurales que este país carga desde hace demasiados siglos.

DSC_0513 copyEs verdad que por ahí puede ir el camino histórico, y hacia allá apuntan quienes reclaman que la asamblea constituyente tenga un contenido popular y plurinacional. Pero a mí me da la impresión de que no va a ser tan sencillo y de que si nos quedamos con esa esperanza, perdemos la perspectiva.

El momento histórico en que estamos hace ver la necesidad de acabar con el Estado contrainsurgente que hunde sus raíces en la contrarrevolución y se ha renovado con el estado neoliberal militarizado. Estamos en condiciones de pensar en desmontar la trama cruel que este país ha heredado desde la colonia. Ése debería ser nuestro horizonte mínimo, el objetivo al que por decencia y coherencia deberíamos aspirar como sociedad. Si no, cualquier reforma constitucional y recambio de partidos políticos va a ser inútil, las empresas y los organismos internacionales van a ayudar a los oligarcas y sus guardianes a que sigamos siendo una sociedad sumisa y explotable.

Llegar a eso no va a ser fácil, hay que tenerlo claro. Y mantenerlo, sería más difícil aún. Parece que por las reglas del juego en que estamos, la vía electoral ha de ser la forma en que por ahora se logren los cambios. Pero si algo estamos aprendiendo en estas jornadas es que hay veces en que la presencia en las calles vale más que muchos votos. Es impresionante ver cómo la convocatoria no decae cada jornada de protesta. En vez de mostrar agotamiento y desmovilización, más gente sale a las calles y cada vez en más lugares. Las muestras de  podredumbre del sistema evidentemente ayudan, pero los carteles muestran que también son los nuevos horizontes que se van abriendo en cada convocatoria exitosa: cada vez hay más que se puede pedir, y cada vez se va pidiendo más. Estar, manifestar, ser parte del cambio es ya un objetivo en sí mismo.

Ésa es la esperanza que estamos construyendo. Cuanto más profundo sea el pozo que cavemos, más fuerte saldrá el chorro, y más limpia será el agua.

5         Epílogo: ¿cavar más?

Hasta aquí, creo que habrá consenso en cuanto a la situación en que estamos, y este artículo debería terminar aquí. Pero no puedo cerrarlo sin por lo menos añadir un nivel más de crisis que percibo. Quizá aún no es tan evidente, pero ya hay síntomas en las mantas, pancartas, algún artículo y en las redes sociales. Es un tema que da para otro texto y se inserta en otro(s) debate(s), pero cruza con y se manifiesta en la situación en que estamos.

10006242_749558801828628_2977872592242143102_n (1)Me refiero a las expresiones que apuntan a que la indignación y el hartazgo no son con estos partidos ni con este sistema, sino con el sistema y con los partidos. El problema no es esta democracia, sino la democracia tal y como la vivimos en estos tiempos. Se trata de la crisis de las formas de hacer política que se está dando en todo el mundo porque, de hecho, en todas partes, los sistemas democráticos han dejado de funcionar como tales, para ser vías de acceso de las corporaciones económicas.

Este nivel de descontento se expresa de maneras diversas. Por un lado, en los debates en torno a la necesidad del voto, el voto nulo y la abstención, que venían de antes y con esta crisis evidentemente toman nuevos derroteros pero no se agotan. Se expresa en la desconfianza general hacia las formas de organización presente en los debates de la izquierda sobre las vanguardias, pero va más allá y se ve en la difícil relación de las movilizaciones comunitarias con las organizaciones nacionales. En esta crisis, aparece mostrando su cara más creativa en la horizontalidad de la autoconvocatoria, sin tarimas ni ordenes ni banderas, ni organizaciones que -esperemos- quieran secuestrarla en un ambiente que recuerda a las asambleas del 15M español y los occupy de New York.

Por eso, éste puede ser un horizonte a plantear como objetivo. Las mentes estratégicas, coherentes y responsables me van a decir que primero hay que ir a lo que ahora es importante, que con resolver lo que tenemos por delante ya es bastante, y que qué ganamos abriendo nuevos frentes de debate.

Pero puestos a cavar el pozo; ¿No será que estamos en un buen momento para pensar por qué otras vías formas podríamos salir de esta crisis? ¿Por qué no empezar a pensar que hay otras formas en que podemos hacer política más allá de las que nos han heredado y actuamos como si  fueran las únicas posibles?  ¿Podríamos aprovechar para quitarnos los corsés de los apóstoles de la urna y la boleta, que nos han impulsado a creer que la democracia es un fin en sí mismo, y no una de las formas para la participación política?

¿Cuántas formas de participación no vemos a nuestro alrededor y nos podría ayudar a salir de este atolladero histórico en que nos encontramos!

Cavando más hondo, seguro que aparecen. Y nos sirven a todas y todos para mucho mas tiempo.

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Por Sergio Valdés Pedroni.*

 

Hablar con el bosque, acompañar a un ave herida, caminar por la orilla del cielo y la tierra, denunciar por todos los medios a quienes vulneran la integridad de una persona o un pueblo. Estas fueron las enseñanzas de Elizeth Us Tun, fallecida el jueves 28 de mayo, a consecuencia de una enfermedad.

 

Las personas que habitan en un país cambian y se vuelven más sensibles, unas en función de las otras. Esto es más claro cuando estrechamos el círculo geográfico: de país a región, de región a departamento, y así hasta llegar al cantón de una aldea lejana.

En Guatemala hay más de 29,500 comunidades rurales, entre aldeas, caseríos y parajes, y en cada una de ellas habita por lo menos una mujer como Elizeth Us Tum, que ha llorado por la injusticia, pero que cada mañana al despertar, abraza la voluntad de luchar por la vida.

Nació en Llano Grande, aldea de Chicamán, en El Quiché. Todavía vive ahí, pero su área de trabajo se centra en Uspantán y abarca cualquier lugar donde haga falta acompañar a víctimas de violencia. Cunen, Cotzal, Chajul, no hay municipio que no haya escuchado sus proclamas por los derechos humanos y la alegría.

 “Me considero una mujer empoderada –dice con voz de pequeña cascada montañosa–, una mujer que ya no tiene miedo. Que aprendió a defenderse y hablar en nombre de quienes lo necesitan, porque en Guatemala hay muchos casos de violencia que no se denuncian. Y eso es exactamente lo que hacemos: acompañamos casos de violencia sexual e intrafamiliar y luchamos por la defensa del territorio, en coordinación con organizaciones sociales, como el Comité de Pueblos Kichés”.

Con 36 años de edad, un hijo de 20, una hija de 18 y una niña de 9, disfruta el ejercicio de su memoria prodigiosa, como si fuera Ixpiyacoc o alguna de las abuelas mayas fundadoras de los recuerdos: “cuando tenía 3 años el ejército nos desalojó, nos quitó las tierras, mató a mucha gente alrededor y tuvimos que irnos de Chicamán para salvar la vida. Nos fuimos por un tiempo a Raxrujá, en las selvas de Alta Verapaz”.

De su infancia recuerda cuando iba con su familia al río: “mientras las mujeres lavaban ropa, los hombres nadaban y agarraban pescado. Como yo era traviesa, los seguía y me metía al agua. Hasta que un día me iba a ahogar, pero mi papá me agarró y me regañó. Yo le dije que quería aprender a nadar y él me tomó en sus brazos y me puso a patalear. Fueron momentos de mucha alegría”.

Un día el ejército secuestró a su papá, no se volvió a saber de él y la vida de Elizeth cobró la forma de un huipil mutilado por la crueldad, y los ojos de los hombres y las mujeres que antes reían a la orilla del río, se llenaron de tristezas y misterios.

De regreso en Chicamán, se puso a trabajar con un hombre que aserraba pinos en la montaña, sacando las tablas tiernas y pesadas hasta el camino ancho de la comunidad. “A veces me ayudaban o me regalaban un par de zapatos, pero siempre me costaba y sufría. En una ocasión, un ex militar que conocía a mi mamá, se aprovechó de mí. Fue horrible, porque yo ni siquiera había desarrollado como mujer”.

Después de aquella primera agresión, Elizeth se acercó a su abuela materna: “Se llamaba María Tum –dice, sollozando por su recuerdo–, era la comadrona de la comunidad pero también huesera, y curaba niños, curaba sustos ¡curaba de todo!. De plano eso ayudó para que no la mataran. Con ella aprendí el equilibrio de defender la vida”.

De su madre aprendió a identificar a los enemigos de la paz y a los agresores de mujeres. Con el tiempo, aprendió a ocultar sus sentimientos entre las piedras, y a fabricar con yerbas y agua del río medicinas para curar la tristeza y sanar las heridas del desamor y del olvido.

 “Antes habían ríos y nacimientos de agua donde mi abuela se ponía a platicar con el agua y con las nubes. Y ahora entiendo que era su forma de mantenerse a salvo, de librarse del dolor y de agarrar fuerza para vivir. Por eso cuando atravieso un bosque, me pongo a hablar con los árboles y con los pájaros, y les pido que lleven nuestro reclamo de justicia a todo el territorio. Y cuando tenemos un caso muy duro, una violación, un asesinato o un atentado contra el patrimonio natural del pueblo, hasta doy un grito o canto en voz muy alta. Soy la heredera de mi abuela”.

Para Elizeth, defender los derechos humanos es una tarea cotidiana: “con todo lo que he vivido, yo me doy cuenta de que si no hablamos, si no denunciamos, si no luchamos, siguen las violaciones, siguen las injusticias. Es muy importante denunciar, aunque ya sabemos que la situación en los juzgados está jodida, que a veces los juzgadores reciben dinero, que hay corrupción e impunidad, pero hay que seguir hablando”.

Hoy en El Quiché existe un número creciente de defensores y defensoras que frente a una agresión, rápidamente llaman los organismos de derechos humanos y a organizaciones sociales activas: “Nuestra idea es hacer redes, aunque sea para hablar de un sólo caso y que se conozca lo más rápido posible. Vamos al Ministerio Público o al INACIF y mandamos cartas por correo electrónico. También hemos visto que es muy importante dar conferencias de prensa, porque después de la denuncia vienen las amenazas y hasta los atentados. A veces de los agresores particulares, pero a veces de empresas involucradas en violaciones a los derechos humanos, o de otros poderes que actúan con impunidad”.

Elizeth vio y vivó el horror, y la muerte marcó su infancia. Y como si esto fuera poco, tuvo que cargar con varias agresiones directas a su integridad, no sólo en el campo sino en la ciudad, en la época en la que trabajó como empleada doméstica.

“Al lado de mi conciencia de la realidad iba creciendo un rencor y un odio muy fuerte contra las personas que se comprometieron con el ejército que mandaban a traer a nuestros familiares, para asesinarlos y desaparecerlos. Lo peor es que se hacían pasar por cristianos, como Ríos Mont. Pero un día empecé a defenderme y a trabajar por los derechos humanos de los demás, y recuperé la alegría y mi odio se volvió una fuerza para la vida, no para la muerte”.

 

 

 

* Tomado de LLEVAMOS LA VIDA ENTRE LAS MANOS, manual de DIAKONÍA sobre las medidas de la UNIÓN EUROPEA para proteger a quienes defienden los derechos humanos en Guatemala (en proceso de impresión y de pronta aparición pública). También apareció en la edición impresa de La Hora, hoy 30 de mayo de 2015.


A vos rebelde primavera1

 

Marisol Garcés

Las Doce Comunidades Maya Kaqchikeles del municipio de San Juan Sacatepéquez en Guatemala enfrentan desde el año 2006  la imposición de megaproyectos con la instalación de una empresa cementera y de un anillo regional en este territorio indígena histórico; en su casa, en las tierras ancestrales donde nacieron sus antepasados.

¿Por qué un despliegue policial de 400 policías contra un grupo de gente integrado por 40 mujeres, 20 hombres y 15 niños, que volvían de forma pacifica a sus comunidades después de la movilización del 13J?

Hablar de la criminalización de las comunidades que están defendiendo su territorio frente a la amenaza e invasión de las empresas nacionales y extranjeras no es un tema sencillo en Guatemala. Desde pequeños se nos ha formado en la idea que la propiedad privada individual es la prioridad, sin importar si esa propiedad se impuso sobre tierras que fueron desde hace siglos de los pueblos indígenas, y que producto de la Colonia, República criolla, Revolución liberal de 1871 o de tiempos del Conflicto Armado Interno, terminó siendo robada y titulada a nombre de dueños particulares. Muchas tierras ejidales, comunitarias o municipales hoy en día engrosan los números de caballerías o hectáreas de propiedad de latifundistas oligárquicas o de finqueros.

Entonces, cómo abordar con un análisis serio esta problemática que se vincula con la forma en que nos han enseñado a entender lo que es legal y lo que no; ya que la legalidad depende de quién sea el señalado Si es una comunidad indígena que defiende su tierra por la amenaza de un megaproyecto que daña su entorno, agua, bosques y salud; entonces son criminales y se les aplica el peso de la ley. Sin embargo, si es una empresa poderosa que con artimañas se impone en un lugar, contrata grupos armados que actúan amedrentando, inventa delitos contra las y los liderazgos, y daña el medio ambiente de un lugar y de una población que siempre ha vivido ahí; la ley deja de ser severa y no se cumple.

Ser indígena en Guatemala implica valer menos frente a los otros nombrados blancos, mestizos o ladinos. Las relaciones de exclusión de los pueblos indígenas son históricas, son parte de la lógica con la que se ha construido el Estado criollo, que ha desarrollado una visión de esos “otros” llamados indígenas, a partir de la defensa de intereses económicos, con una visión hegemónica y homogeneizante. Con diversas estrategias les ha ido despojando de sus derechos y territorios, para ello ha construido un discurso excluyente y peyorativo sobre lo que es ser indígena.

Como señala Martínez Peláez (1970), la identidad criolla se construyó principalmente sobre cuatro elementos: (1) La conquista- como fuente y origen del patrimonio criollo; (2) La tierra como patrimonio; (3) Los indios, como fuente de riqueza en sí para explotar; y (4) La necesidad de independizarse de España, que les impedía el pleno dominio y disfrute de ese patrimonio heredado de sus ancestros conquistadores. Estos elementos, sumados a los que se van generando alrededor del acceso a espacios de poder, serán determinantes para la sociedad guatemalteca y su visión hacia los pueblos indígenas.

Esta mirada en la actualidad se expresa en un racismo estructural, que considera a los pueblos indígenas como “menos humanos”, alejados de la modernidad y como seres inferiores. Así, el ser indígena se constituye como una identidad subalterna, con derechos cuestionados, privados de valía ciudadana, y con limitado o nulo acceso a la justicia. Esta noción en que los sectores poderosos han construido pensamientos y posturas sobre el mundo indígena, implica el no reconocimiento de sus derechos ancestrales y colectivos con (a) una institucionalidad legal que prioriza la propiedad individual o privada, (b) una construcción ideológica que niega la visión propia de desarrollo que tienen los pueblos indígenas,  y (c) una sociedad racista que deshumaniza y cosifica el ser indígena, e impone sus valores como valores universales. (Todorov, 1991).

El discurso hegemónico oficial -el de los sectores económicamente poderosos- justifica la intención de sus proyectos e impone estas ideas a una parte importante de la sociedad guatemalteca. Los pueblos indígenas se transforman en un obstáculo para el desarollo, por lo que hay que eliminarlos como tales.

Los sectores de poder económico y político del país, integrados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras– CACIF- y especialmente la Cámara del Agro, miran a los indígenas desde su discurso hegemónico etnocéntrico, y desde el prejuicio,  estigma y discriminación. Les acusan de no entender “el desarrollo”, de ser irracionales porque no comprenden los beneficios de los megaproyectos y oponerse a las inversiones. Les acusan de ser criminales porque se organizan y movilizan. Les acusan de ser enemigos del pais y terroristas porque afectan “su” propiedad privada.

Desde el año 2006 la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A., perteneciente a la familia Novella, -una de las siete familias más ricas del país, heredera de la tradición colonial, criolla y oligárquica- ha venido impulsando el proyecto denominado Planta San Gabriel en San Juan Sacatepèquez, que incluye la construcción de una fábrica cementera y una cantera que afecta directamente a estas comunidades. Durante más de ocho años, han sufrido la imposición de una serie de abusos por parte del Estado, la empresa y grupos paramilitares, que incluyen asesinatos, persecución penal ilegal, detención arbitraria de líderes y lideresas, empleo de bandas paramilitares para amenazar a la población, y campañas de difamación y criminalización de medios corporativos que les señalan de delincuentes y terroristas.

Una de las estrategias utilizadas en San Juan Sacatepéquez -así como en otros lugares del país como Barillas, Santa Eulalia, La Puya o Monte Olivo- es producir y expandir el rumor y la difamación como medio para que el resto de la sociedad guatemalteca sienta que la represión y los estados de excepción están justificados. A través de instancias estatales y privadas provocan la división comunitaria y la descomposición social. Otra estrategia a la que ha contribuido el Sistema Nacional de Diálogo, ha sido culpabilizar a las comunidades de San Juan de los conflictos generados por la presencia de la cementera: la defensa frente a los daños que ésta genera les ha orillado a defender su bienestar, imponiéndoles un conflicto social que nunca han querido .

Los medios corporativos escritos, radiales y televisivos se han dedicado a tergiversar la verdad de los hechos y a mostrar a las comunidades como criminales y asesinos. Usan páginas web, facebook, volantes, pasquines y comunicados anónimos para crear un escenario de conflictividad entre comunitarios y justificar las acciones represivas por parte de la empresa como de los aparatos del Estado.

El discurso de las comunidades y sus organizaciones es diverso e integra una serie de elementos que responden a la heterogeneidad existente: desde las diversas cosmovisiones que se practican, los espacios organizativos variados de acuerdo a la lógica y realidad de cada comunidad, y la estructuración de representatividades que reconfiguran un referente colectivo de autoridad indígena del pueblo Kaqchikel; que además integra la diversidad de sectores que componen las comunidades: mujeres, juventud, ancianos y otros.

La problemática que viven estas comunidades ha trascendido, pues en esta construcción de resistencia han construido alianzas con otras comunidades indígenas y campesinas que también están enfrentando amenazas en sus territorios por la imposición de proyectos de minería, hidroeléctricas y extracción petrolera. Con ello va conformándose una interpelación al Estado y la sociedad guatemalteca con resonancia nacional e internacional que cuestiona la hegemonía y el discurso homogeneizante y muestra la compleja realidad que enfrentan los pueblos indígenas frente a la imposición de megaproyectos inconsultos y sin espacios de diálogo real.

Así, la criminalización que vienen sufriendo las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez forma parte de las estrategias de hegemonía de los sectores económicamente poderosos, que por ser parte de élite criolla y oligarca, tienen la herencia de la conquista, colonia y república y los gobiernos de turno han respondido a sus intereses, profundizado esta hegemonía.

En conflictos como éste, las comunidades sufren asesinatos, acoso, allanamientos, estados de sitio, detenciones ilegales, sentencias injustas, violaciones sexuales y secuestro y la criminalización permanente: cualquier persona que se organice puede ser acusada de algún delito inexistente a través de un proceso legal gestionado por la empresa.

Y los vuelven a utilizar para causar terror.

Este tipo de abusos vividos por la gente de las 12 Comunidades Kaqchikeles se evidencia en lo que sucedió anoche 13 de junio, cuando un contingente de 400 policías y antimotines detuvieron un autobús con 40 mujeres, 20 hombres y 15 niñas y niños que habían venido a participar en la movilización 13J. La excusa de una orden de detención cuestionable para dos personas que presuntamente iban en este transporte y el uso de esta fuerza policial desmedida, son aspectos que vale la pena reflexionar: ni siquiera cuando escaparon reos de alta peligrosidad,o se enfrentan con grupos de narcotráfico, se emplean esa cantidad de elementos policíacos.

Al montar este operativo policíaco, se buscó causar terror no solamente en las personas que mantuvieron retenidas durante cinco horas, sino en la población en general, y con esto  enviaron  un mensaje para descalificar las luchas y las manifestaciones de la ciudadanía en su conjunto.

Pero la acción fue desatinada, ya que no sólo generó más descontento y hartazgo de la población hacia un gobierno totalmente desgastado, sino que evidenció que a pesar de la crisis política que atraviesan,  Otto Pérez Molina, el Ministerio de Gobernación y algunas instancias de justicia, tienen que seguir cumpliendo con los compromisos que tienen con el sector económico.

Los sectores poderosos están empezando a sentir un quiebre de su discurso hegemónico. Frente a las graves violaciones de derechos humanos y a la corrupción endémica que han alimentado, va quedando al descubierto su actuación, y cada día que pasa la ciudadanía toma conciencia de su responsabilidad en la crisis política y de gobernabilidad que vivimos como país y de los abusos que se han cometido históricamente en contra de los pueblos indígenas.

#13J #MiCorazónEsDeFloresNoDeCemento

#NoMasCriminalizacionDeLasComunidades

#RenunciaYa #JusticiaYa

Bibliografía:

Alejos García, José. (2006) Dialogando alteridades: identidades y poder en Guatemala. UNAM, México.

Anderson, Benedict (1991) Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión  del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica, México.

Colectivo Colibrí Zurdo (2014) Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado, empresas. Diakonia, Guatemala.

Chakrabarty, Dipesh (2008) Al margen de Europa Pensamiento poscolonial y diferencia histórica, traducción de Alberto Álvarez y Araceli Maira. 1.a edición: junio de 2008. Princeton University Press

Grimson,  Alejandro (2011) Los límites de la cultura, 1era ed. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires  

Martínez Peláez, Severo (1970) La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca. Fondo de Cultura Económica – FCE-, México.

Todorov, Tzvetan (1991), Nosotros y los otros, México, Siglo XXI. ____________ (2003) La conquista de América: el problema de otro. Siglo XXI. México.

Wallerstein, Immanuel. (1991) Raza, nación y clase. Las identidades ambigua. Editorial IEPALA, Madrid, España.

La PNC retiene cinco horas un autobús de San Juan Sacatepequez saliendo del #13J

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 Texto y fotografías: Equipo de Prensa Comunitaria

Hoy sábado 13 de junio, mientras se iba terminando la jornada en que miles de guatemaltecos habían juntado sus voces pacíficamente en la Plaza Central de Ciudad de Guatemala, se avisó que se había realizado un operativo policíaco en el Anillo  Periférico a la altura de la (31 av. 21-77 zona 7) después del paso a desnivel del Naranjo.

Un grupo de familias maya kaqchikeles habían participado en algunas de las actividades alrededor de las manifestaciones pacíficas, habían decidido participar ante la convocatoria realizada por varios grupos de personas para este 13 de junio #13J. Habían viajado en dos buses.

Sobre las seis de la tarde, más de 400 policías, antimotines, agentes del DEIC, algunos vestidos de civil y 25 radiopatrullas de las comisarías 11, 12, 13, 14, 15 y 16, DCS Distrito Norte, División de Fuerzas Especiales de Policía (DIFEP), DCEN y del Distrito Central de la capital, además de varios microbuses de la PNC se habían movilizado para detener uno de los dos autobuses extraurbanos que iban en ruta de San Juan Sacatepéquez, donde viajaba un grupo de 40 mujeres, 20 hombres, niños y niñas que volvían a sus casas después de manifestar pacíficamente en la Plaza Central junto a miles de personas de la ciudad capital.

Simplemente les atravesaron una radiopatrulla y sin más les empezaron a rodear. Les pedían bajar del bus, la gente no se bajó, pues un operativo de este tipo no es normal para nadie, y lo único que causa es terror, especialmente después de todo lo que han vivido.

¿Versiones sobre la causa del operativo?

Según la policía realizaron este operativo porque les reportaron que habían asaltado ese bus; luego dijeron que porque sabían que iba adentro gente armada. Otra de las versiones que dieron es que que les detenían porque dentro sabían que iban dos personas con orden de captura por asesinato, tal y como aparece en twitter del Ministerio de Gobernación. Supuestamente buscaban a Andrés Patzán y Lionzo Raxoc, vecinos de Los Pajoques. Ante este abuso de poder, la gente conoce sus derechos y resistió, no les abrió la puerta del autobus.

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Según la procuradora adjunta de derechos humanos Hilda Morales no quedó claro el motivo del operativo. Al ser interrogado por la prensa el mismo director de la policía Walter Velásquez dijo que “personas” les habían informado que en un bus podrían viajar personas que han cometido delitos, cuando se le preguntó cuales dijo que podían ser algunos como violencia contra la mujer o violencia doméstica.

Así era, el operativo tenía como fin la búsqueda de Andrés Patzán y Lionzo Raxoc, vecinos de Los Pajoques con orden de captura. Pero la gente no les abrió la puerta del autobus. Según la procuradora adjunta no quedó claro el motivo del operativo, el mismo director de la policía dijo a la prensa que les habían informado personas en la Plaza que en un bus podrían viajar personas que han cometido delitos y al interrogarlo sobre el tipo de delitos dijo que podían ser violencia contra la mujer o violencia doméstica.

Varios de las agentes de la PNC fueron puestos para realizar el desalojo de las personas que rodearon el bus, portaban armas automáticas, también habían agentes con fusiles AK-47. Ningún agente que participe en un desalojo puede portar armas de fuego.

Las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez han estado organizadas una resistencia pacífica desde el año 2007 hasta la fecha contra el embate de la empresa Cementos Progreso y Conasa, que construyen ahí una planta cementera y un Anillo Regional que servirá de red vial para conectar la Planta de cemento con las principales carreteras del país. La gente ha sido fuertemente reprimida, les han impuesto dos estados de excepción, han habido muertos, mujeres violadas y abusadas sexualmente durante estos dos momentos; les han acusado de terroristas y hay varios miembros de está organización en prisión. Por tanto, este tipo de intimidaciones y agresiones contra ellos no les es extraño.

En cuanto se dio la noticia, muchas de las personas que aun quedaban en la Plaza Central se desplazaron  al lugar para verificar la situación de las familias retenidas y para velar por el respeto de los derechos humanos de las personas.

La solidaridad no se hizo esperar

Varias personas que venían de manifestar se hicieron presentes, especialmente estudiantes y organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, para solidarizarse con las familias Kaqchikeles retenidas.

Estudiantes de #UsacEsPueblo, representantes estudiantiles ante el CSU,  organizaciones de derechos humanos, campesinas, mujeres, vecinos de las colonias sobre el Periférico  y más personas se unieron para hacer una barrera humana y así proteger el bus y a las personas que estaban dentro y fuera de él. Al poco llegaron un grupo de autoridades indígenas, hombres y mujeres ixiles a sumarse quiénes portando sus bastones de autoridad ingresaron al bus para verificar la situación de las personas adentro.

La fuerza de la solidaridad se materializó con ellos. Se gritaban consignas, se cantaban canciones. En un megáfono sonaban “Sólo queremos ser humanos” de Fernando López y “Sólo le pido a dios” de Leon Gieco. Los carros que pasaban pitaban apoyando. A los policías les gritaban “el pueblo uniformado también es explotado”.

Había mujeres y niños a borde del colapso después de casi dos horas de encierro e incertidumbre. Alguna gente de las casas cercanas, de la orilla del Periférico, ofrecía sus casas para el baño, para los niños. Había gente haciendo colecta para los pañales de los bebé.

A pesar del terror instalado, comenzaron entonces los vecinos a romper el cerco policial, llegaron con alimentos, atol, panes, agua pura, familias completas llegaron a dejar pañales, alimentos, corrían de un lado a otro atrevesándose el Anillo Periférico para llegar hasta donde se encontraban las familias kaqchikeles. Cuando esto ocurría, cientos de voces coreaban “Uniremos al campo y la cuidad!”.

El abogado José Domingo del Comité de Unidad Campesina CUC presentó ante un juez un recurso de exhibición personal a favor de todas las personas retenidas dentro de la camioneta.  Los abogados Sergio Beltetón y Carlos Bezares se hicieron presentes, alegando ante la policía que se trataba de un operativo realizado fuera de lugar, con abuso de autoridad por la presencia de guardias fuertemente armados, una cadena de antimotines rodeando el área, provocando terror, y tratando a las personas de San Juan Sacatepéquez como si fueran delincuentes.  Pidieron a los agentes de la PNC y DEIC que presentaran una orden de aprehensión emitida por un juez y los oficiales a cargo del operativo se negaron a mostrar un solo documento, afirmando que en los celulares era en donde portaban fotografías de los hombres a quienes ellos buscaban.   La policía le pedía al abogado su identificación, pero él dijo que  esta esperando a juez de turno y que no dará datos.

Ya con la presencia de personal del Ministerio Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, y  de  la OACNUDH estuvieron tratando de  dilucidar la situación legal de la gente, que seguía retenida dentro del bus. Agentes de la División de Comunicación Social de la PNC, agentes de particular sin placa ni acreditación portaban cámaras fotográficas  o grababan todo en video.

A las 9.30 el ambiente se tensó. Los más de 300 antimotines se formaron, tomaron sus cascos y rodearon el bus y a la gente. Amenazaron con golpear y quitar por la fuerza la cadena humana de estudiantes, defensores de derechos humanos  y sacar a las 40 mujeres con sus hijos y hombres que estaban dentro del bus.

En un instante la tensión de la posibilidad del desalojo cambió, los agentes ya habían definido la estrategia para disolver la manifestación de apoyo y tomar control del bus, definieron qué tipo de gas usar y la formación que debían mantener cuando el tráfico se paró.

Y después de cinco horas pudieron seguir la marcha

Fue entonces que llegaron tres buses con unas 150 personas de las comunidades de San Juan Sacatepéquez y se sumaron a la cadena humana que hacían los estudiantes y manifestantes que venían del parque. Llegaron a solidarizarse para llevarse a casa a quiénes por horas habían sido retenidas:  “Libertad, libertad, libertad” gritaban los comunitarios junto con la población que acuerpaba desde horas antes.

Momentos antes había llegado la Licda Hilda Morales, Procuradora Adjunta de los Derechos Humanos. El operativo tomó un nivel distinto cuando también llegaron el Director de la Policía Nacional Civil Walter René Vásquez Cerón,  y el diputado Amílcar Pop también miembro de la Asociación de Abogados Mayas.

Las negociaciones y discusiones entre ellos se alargaron hasta que a las 11.10 de la noche, las mujeres Sanjuaneras que llegaron a acompañar a quienes estaban retenidas se colocaron frente a los antimotines y éstos retrocedieron, luego llegaría la orden de retirarse de la escena y el Director de la Policía Nacional Civil dio declaraciones públicas, explicando que la PNC cumplía órdenes, que el diputado Amílcar Pop le pidió que sopesaran lo que significaba la detención de dos personas  frente a la vulneración de todos. Se le preguntó cómo es que sabían que  en le autobús viajaban las personas con orden de captura y no supo responder.

Las y los universitarios en mayor cantidad ocuparon el carril auxiliar para evitar el avance de la fuerza antimotín. Finalmente, a las 11.20 de la noche, después de casi cuatro horas de detención, tensión e incertidumbre, el Director de la Policía Nacional declaró que por razones humanitarias dejarían ir al autobús. La Procuradora Adjunta firmó un acta para que las 60 personas retenida pudieran continuar la marcha y regresar  a sus hogares. La Procuraduría de Derechos Humanos y el diputado Amílcar Pop les acompañarían hasta San Juan para garantizar que no les vuelvan a hostigar.

Llegó el momento de la salida del bus retenido, las familias fueron acompañadas por los otros buses que llegaron desde San Juan Sacatepéquez e iniciaron su regreso a la comunidad, en ese momento los estudiantes se concentraron junto a los vecinos y otras personas que llegaron al lugar, de un extremo y otro del Periférico los vecinos gritaban y aplaudían, los camioneros y las personas de los vehículos bocinaban o gritan su apoyo. Sí se pudo, sí se pudo.

A las 11.30 el autobús arrancó camino a San Juan.  Sin embargo,  el viaje de regreso no fue fácil. Al inicio los acompañantes avisaron de que toda la carretera estaba llena de patrullas de policía; después, al acercarse a San Juan, aparecieron miembros de la seguridad comunitaria (un cuerpo paramilitar que apareció supuestamente para la “limpieza social” de las maras que se hicieron presentes en el municipio).

Finalmente a la una de la madrugada del domingo 14 de junio, el diputado Amilcar Pop y la gente de la PDH pudo regresar a la capital. Terminaba así un episodio más de brutalidad, prepotencia y arbitrariedad que han marcado los últimos diez años de la lucha de las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez por su derecho a un futuro digno.

La esperanza que estos dos últimos meses se ha levantado en el país, no debe hacernos olvidar estas luchas que siguen en pie y que es el mismo Estado corrupto el que busca acabar con ellas. La reciente detención de Ermitaño López de Barillas, y la audiencia  del caso por el que se acusa a Rigoberto Juarez y Domingo Mateo, que será el próximo martes 16,  nos lo recuerdan.

Esto apenas comienza.

#MiCorazonEsDeFlores #RenunciaYa #JusticiaYa


El intelectual  portugués Boaventura de Sousa Satos y el escritor Raul Zibechi escribieron cartas de apoyo a Rigoberto Juárez y Domingo Mateo, autoridades comunitarias Q’anjob’ales  y miembros del Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza que se encuentran presos desde que el pasado 24 de marzo fueron detenidos ilegalmente en la ciudad de Guatemala.

Las cartas fueron escritas con motivo de la Audiencia de Primera Declaración que se realizó el 19 de junio.  Familiares y vecinos habían viajado  desde Santa Eulalia días para poder participar en la audiencia y mostrar su respaldo a la autoridad comunitaria

La sala de audiencias estaba completamente llena, también acudieron organizaciones de derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala OACNUDH, organizaciones mayas, de defensa del territorio y de comunicación libre.

El Ministerio Público acusa a Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar por los delitos de atentado, amenazas, coacción, plagio o secuestro, obstaculización a la acción penal y  detenciones ilegales. Finalmente la jueza decidió ligarlos a proceso solo por el delito de  detenciones ilegales, quedando bajo prisión preventiva, porque de quedar libres podrían obstaculizar a la Unidad de Operadores de Justicia del MP con la investigación.

El 24 marzo de 2015, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez fueron detenidos de forma arbitraria en la ciudad de Guatemala, cuando habían viajado para denunciar las agresiones que habían sido objeto por parte del alcalde de Santa Eulalia. Cuando tres días más tarde  el juez les otorgó libertad provisional, los esperaban dos agentes de la policía para detenerles por una nueva orden de aprensión en su contra. Son perseguidos  por hechos ocurridos la noche del 19 de enero de 2015[1]  en un claro caso de criminalización a la que están sometidos los defensores de la vida y territorio en el área Q’anjob’al del norte de Huehuetenango.[2]

En la Audiencia llevada a cabo el pasado 27 de marzo, Rigoberto Juarez planteó:

Como Coordinador del Gobierno Plurinacional Ancestral Maya Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti´ y Mestizo, en el territorio Q’anjob’al, voy a asumir la responsabilidad histórica de indicar que lo que hoy se está haciendo es solamente un incidente más de agresión en contra de nuestras naciones ancestrales, que se inició desde hace 491 años….

Hoy de lo que se nos está acusando es una falsedad total.

Las naciones ancestrales mayas Q’anjob’ales estamos defendiendo precisamente ese derecho a la vida, al oxígeno, el agua que necesitamos todos. Aún quienes dicen tener el derecho de hacer uso de nuestras aguas, la necesitan igualmente que nosotros. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo uso de este derecho, para defender el derecho del agua”.

El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos conoce de la realidad que viven los pueblos indígenas en Guatemala, y de  quienes están apostándole a defender sus bosques, el agua, los ríos y la vida en general y que están siendo perseguidos por ello. Por ello ha dedicado esta carta a Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, ambos autoridades ancestrales q´anjob´al de Santa Eulalia quienes se encuentran presos injustamente y escribió una carta para ellos:

 “Somos solidarios con vuestras luchas en defensa de los territorios, de la cultura, de la democracia, a partir de la vivencia de los pueblos y del respeto por su dignidad, por sus culturas ancestrales y por la defensa de la Pachamama.

En un momento y un contexto en el que resulta muy difícil luchar por una sociedad mejor, sois nuestros héroes y, por eso, es nuestro deber estar con vosotros. Lamentablemente, tampoco podemos confiar en los tribunales que, en la gran mayoría de los casos, se dejan instrumentalizar por los poderes autoritarios que dominan nuestra sociedad.”

El pensador, escritor y activista uruguayo Raúl Zibechi es consciente de lo que viven los pueblos indígenas en Guatemala, en particular quienes están están siendo perseguidos por defender la vida y el territorio

“Eso que llaman justicia, que casi siempre es la voluntad de los poderosos convertida en ley, decidió que ustedes son culpables por defender sus territorios, por ser autoridades y por obedecer las decisiones de las naciones y pueblos a los que pertenecen. Esa justicia y ese poder, al que llaman Estado, no son independientes, están sometidos a la voluntad de las empresas que llevan adelante los proyectos mineros y las grandes obras de infraestructura. criminalizan a los que resisten y, en esta ocasión, a ustedes como representantes de sus pueblos”

Rigoberto Juárez y Domingo Mateo no son actualmente lo  únicos presos del área Q’anjob’al. Durante  el Estado de Sitio impuesto por Otto Pérez Molina en mayo de 2012 en Barillas, nueve líderes comunitarios de esta localidad  fueron detenidos arbitrariamente, manteniéndoles ilegalmente presos hasta que en enero de 2013, recuperaron su libertad luego de 8 meses de lucha en tribunales, en las calles y fuera del país. Pero dos de ellos,  Saúl Méndez y Rogelio Velásquez fueron nuevamente detenidos y desde entonces están encarcelados injustamente. Maynor López fue detenido y encarcelado también luego de un operativo que implico el uso de un helicóptero militar.  En el 2015 Arturo Pablo, Adalberto Villatoro y Francisco Juan fueron encarcelados luego de que un juez desestimara los delitos por los que eran perseguidos. El último de los casos es el de Ermitaño López, detenido, cuando venía a una audiencia de estos tres últimos.

Además, desde 2012 más de 50 personas, la mayoría autoridades ancestrales, comunitarias, COCODES tienen denuncias ante el Ministerio Público, la mayoría vinculadas a trabajadores de las empresas CINCO M, Ecoener Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz.

Además, en Gautemala, hay Presos Políticos en San Marcos, San Juan Sacatepéquez, Chiquimula, Santa Rosa, y más lugares por defender su tierra, su agua  y su vida.


[1] https://comunitariapress.wordpress.com/2015/01/20/santa-eulalia-censuran-a-la-radio-comunitaria-snuq-jolom-konob-y-atacan-a-dos-radialistas/

https://comunitariapress.wordpress.com/2015/01/30/comunicado-de-la-radio-comunitaria-snuq-jolom-konob-de-santa-eulalia-huehuetenango/

[2] https://comunitariapress.wordpress.com/2015/03/26/persecucion-penal-para-quien-piensa-diferente/

https://comunitariapress.wordpress.com/2015/03/26/comunicado-de-prensa-radio-comunitaria-snuq-jolom-konob/


Redes de poder

 

Consideraciones iniciales

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

Los casos recientes, -que involucran a los diputados Baudilio Hichos y Pedro Muadi-, son un claro indicio que la corrupción ha extendido sus tentáculos también en y desde el Congreso de la República hacia la institucionalidad regional y estructuras empresariales. Asimismo, en las pancartas de rechazo a la corrupción en varias cabeceras departamentales han aparecido de manera recurrente los nombres de legisladores distritales y autoridades municipales, reflejando la percepción de la población sobre la actuación anómala y corrupta de estos personajes regionales y locales.

En la dinámica parlamentaria de los últimos años se ha caracterizado por el bloqueo sistemático de reformas democráticas, mientras abundan las noticias sobre el transfuguismo y las reelecciones de diputados y diputadas. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[1]

En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones más criticadas. Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas las diputaciones, -especialmente las distritales- responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El ensayo “Poderes regionales y la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, -publicado en la Edición #3 de la Revista Revela (http://revistarevela.com) problematiza entorno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del Guatemala, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q. 10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que había alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones. En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

Prensa Comunitaria publicará el contenido del ensayo mencionado en cinco entregas. Para ello reordenamos los capítulos a modo de conocer el fenómeno desde lo particular hacia lo general:

1. Los principales grupos de poder;

2. Las redes del negocio público en lo regional;

3. Las interacciones con actores (inter)nacionales;

4. La democracia guatemalteca y los partidos de tercera generación; y

5. Democracia y su distorsión ilícita.

Prensa Comunitaria publicará en cada entrega también los datos que sustentan la investigación; es decir, los detalles del historial político de los legisladores distritales, así como de las empresas contratistas regionales y nacionales.

[1] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

 

- Primera entrega -


Grupos de Poder Regional (GdPR)

En primer lugar es importante constatar que las élites económicas nacionales han utilizado permanentemente al Estado como instrumento para la acumulación originaria, maximizar ganancias, socializar costos y pérdidas privados, y financiar su consolidación económica, entre otras. Sin embargo, en las últimas 3 décadas han cambiado las condiciones institucionales del régimen político y del Estado, así como la composición misma de las élites económicas; y con ello, el énfasis de la obtención de rentas a partir del Estado se ha concentrado en i) la transformación de los mercados financieros, ii) la privatización de sectores claves, y iii) el desmantelamiento de funciones y capacidades estatales.

Esa tercera vía del desmantelamiento y de la descentralización del Estado resulta especialmente relevante, a partir de trasladar, comprar y/o subcontratar bienes y servicios a empresas privadas. La gama de negocios es amplia: venta de medicamentos, construcción de obra gris, emisión de licencias, espacios de publicidad, venta de vehículos, muebles, equipos, combustibles y un largo etcétera.

La relación económica con el Estado puede ser, -desde el punto de vista empresarial-, una fuente importante de ingresos, y por ello, los procesos de adjudicación de los contratos públicos son susceptibles a corrupción, tráfico de influencias y abusos; y sin duda, “asistimos a una nueva forma de disputar el reparto del PIB donde hay nuevos actores que también luchan por el control del “centro político” practicando ilegítimas formas de acumulación a gran escala y que requieren del control de las compras del Estado…” (Valdez, 2013: 2).

Además, el traslado del poder hacia las regiones puede ser problemático, y según Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2012: 48), es “fácil encontrar Estados frágiles que adoptan modelos de descentralización que no se ajustan a sus características y realidades particulares, las cuales pueden incluir agentes criminales poderosos con amplia capacidad de acción en el plano local.”

Lo cierto es que se ha conformado un ámbito regional irrumpido por complejas zonas grises, en el cual coexiste una variedad de actores que intentan moldear las instituciones del Estado de acuerdo con sus intereses[1] e interactúan en lo político y lo económico, así como en lo lícito y lo ilícito.

En estas zonas grises resalta el rol central de las diputaciones distritales y la intrincada dinámica del transfuguismo partidario de quienes se vuelven a reelegir una y otra vez como representantes legislativos de sus regiones. ¿Se trata de elites regionales que representan determinados intereses de desarrollo territorial ó se está ante un fenómeno de grupos de poder regional que han conformado redes de influencia político-económica en función de beneficios particulares?

Sáenz (2014: 53-54) afirma que con “excepción de la elite de los altos en Quetzaltenango en el siglo XIX, es difícil pensar en la existencia de elites regionales en el sentido estricto del término. Sin embargo, y en el marco de la interacción entre líderes políticos regionales, grupos de proveedores del estado locales, e intermediarios políticos puede constatarse la existencia de grupos de poder regional/local, que tienen una influencia decisiva en la política de los departamentos y municipios.”

En el caso guatemalteco, un estudio sobre estos Grupos de Poder Regional (GdPR) en el departamento de Petén aporta conceptualizaciones importantes:

“Los grupos de poder regional son redes de familias y personas que a partir de su inserción en la política partidista han logrado construir una base material y financiera – generalmente asociada al control de la obra pública – qué les permite reforzar su posicionamiento político y ampliar su radio de influencia de lo local a lo nacional…” (Sin autor, 2011: 154).

 “La política como base de acumulación es central para la comprensión de estos grupos, que desde cargos de elección popular, principalmente alcaldías y diputaciones, logran articular, mediante el control de la obra pública, redes de clientela política y entramados de negocios. El éxito en el control de la obra pública les permite fortalecer su base social a través de distintos tipos de intercambios y ampliar su influencia política” (Sin autor, 2011: 24-25).

 

Los poderes regionales se perpetúan

En consecuencia es necesario analizar las dinámicas regionales de personalidades y grupos predominantes. Pero, ¿es verdad que existen poderes regionales que se han perpetuado en el Congreso de la República? – ¿Cómo estarían actuando para acumular y defender su poder?

En los datos de reelección de diputados y diputadas se encuentra un primer indicio de este continuismo legislativo, que se ha estabilizado alrededor del 44%[2] en los últimos dos comicios. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[3]

La representación en el Congreso está regulada por la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), y “se debe elegir un diputado por cada 80 000 habitantes que conformen cada uno de los 23 distritos correspondientes a los diferentes departamentos del país, con excepción de Guatemala, en donde la capital representa uno distinto. Adicionalmente, se eligen 31 diputados por lista nacional, que equivalen a un cuarto del total de diputados distritales” (Blas/Brolo, 2012: 2). En este marco, la indagación específica de este ensayo se centra en el continuismo en los distritos electorales que representan los 22 departamentos del país.

Revisando el historial[4] se observa una compleja dinámica de reelección y transfuguismo de las y los legisladores distritales actuales y se evidencia un claro comportamiento de perpetuidad. Los datos confirman dos razonamientos importantes. Por un lado, se evidencia el peso de los distritos electorales, -correspondientes a los departamentos-, en la dinámica de reelección. Un total de 44 diputados y diputadas que se reeligieron en 2011 provienen de las listas electorales regionales, representando el 27.8% del total de curules y el 63.7% del conjunto de reelecciones legislativas de aquel año.

Por otra parte, se refleja la direccionalidad de la volatilidad: de los 50 diputados y diputadas seleccionadas, la información disponible al momento[5] indica que 23 intentarán su reelección en 2015 con LIDER, 17 con el PP, 7 con la UNE, dos con el PU, y uno con el partido TODOS. Aunque no se tiene aún certeza en cuanto a las candidaturas; esta constelación tiene similitudes con los resultados de las encuestas de preferencia de votos de principios del año 2015: “el precandidato de Líder cuenta con la preferencia del 33.6 por ciento de ciudadanos; Torres [UNE] goza de la simpatía del 12.9 por ciento, y Sinibaldi[6], quien sería el candidato oficialista, recibió la aprobación del 10.9 por ciento.”[7] En todo caso, -pese a lo difícil de valorar el impacto de la actual crisis en la opinión electoral de la población[8]-, se puede inferir que el partido favorito en efecto es el mejor cotizado por parte de las y los legisladores en la lógica del intercambio electoral-mercantil entre polos de poder. Sin embargo, también se demuestra que nunca se llega a una concentración absoluta, manteniendo una distribución del poder entre los partidos emergentes, en apogeo o en declive.

Más importante aún es el impacto territorial, ya que la perpetuidad legislativa se observa en 21 departamentos, con excepción de Zacapa. En este sentido, los poderes regionales se han convertido en un factor trascendental de la dinámica político-electoral en Guatemala, representando incluso un elemento de estabilidad y prolongación para un sistema político fraccionado y volátil.

Este fenómeno convierte a estos actores regionales en protagonistas de importancia nacional, -en especial las diputaciones distritales-. Sin embargo, en los análisis de la democracia electoral guatemalteca ha tenido poca cabida hasta ahora.

Por tanto, las siguientes indagaciones deben dirigirse hacia el origen y la actuación de estos poderes regionales perpetuados.

Entre los diputados más antiguos se encuentran Iván Arévalo, Pablo Duarte, Haroldo Quej, Arístides Crespo, Mario Rivera, Baudilio Hichos, Edwin Martínez y Leonel Soto Arango. Su permanencia en el Congreso data al menos desde 1995. Cinco de ellos militaban en el FRG, mientras a PAN, UCN y UD pertenecía uno, respectivamente. De los diputados electos por primera vez en 1999, solamente dos continúan en la actual legislatura: uno del PAN y otro del FRG. El balance evidencia que la gran mayoría de diputados de la década de 1990 tiene sus raíces en la segunda generación de partidos políticos, e incluso, unos pocos han participado también en la primera.

Los diputados y diputadas, -cuyo origen se remonta a las elecciones del año 2003-, representan la mayor parte de quienes continúan ocupando una curul en la actualidad: PP-MR-PSN (8), UNE (5), FRG (3), PAN (1), UD (1). De esa cuenta, un total de 18 legisladores de la época permanecen aún en el Congreso. Otros quince parlamentarios han perdurado en su puesto desde el 2007: UNE (8), GANA (3), PP (2), FRG (1) y PU (1); confirmándose también el traslado del peso político hacia los partidos de tercera generación con el cambio de milenio.

De esa forma, se pueden identificar diferentes periodos que dieron inicio a este fenómeno. Desde los años 90s, ciertas estructuras regionales del militarismo eferregista han encontrado vías de permanencia en el escenario político guatemalteco, mientras las fuerzas del PAN se diluyeron en una serie de divisiones. Asimismo, los partidos gobernantes dejaron la herencia de un número considerable de diputaciones perpetuadas, como ha pasado con la alianza PP-MR-PSN en 2003 y la UNE en 2007, o como está pasando con el PP a partir de las elecciones de 2011.

Origen partidario de diputaciones distritales perpetuadas: 1995 – 2015

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En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones menos valoradas. De acuerdo con el estudio Cultura política de la democracia en Guatemala, 2010, 63.4% de la población tiene poca confianza en el Congreso de la República. Esto, en parte, se debe a que los diputados no han logrado cumplir a cabalidad con sus funciones” (Blas/Brolo, 2012: 2).

Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas figuras regionales responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El comienzo de los GdPR coincide con el fin de las mayorías legislativas, el ocaso de los partidos de segunda generación[9] y el cierre del paréntesis de mayor democraticidad en los primeros años del nuevo milenio. Mientras los gobiernos de DCG (1986), PAN (1996) y FRG (2000) “iniciaron su administración ocupando más de la mitad de escaños en el organismo legislativo” (Brolo, 2012: 47), los gobiernos de PP-MR-PSN (2004), UNE (2008) y PP (2012) han encontrado una correlación menos favorable en el Congreso de la República.

Esta situación de fraccionamiento de las fuerzas políticas “generó una aspiración al consensualismo que se logró, en parte, a través de intercambios clientelares: el Ejecutivo facilitaba asignaciones presupuestarias a fin de contar con el apoyo de actores clave que le garantizaban votos suficientes.”[10] Esta dinámica de corrupción y clientelismo fue duramente criticada durante el gobierno de Óscar Berger, cuando se utilizó el Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (PACUR) con la finalidad de asegurar votos favorables en el Legislativo en apoyo a iniciativas de interés para el Ejecutivo.

Las políticas de ajuste del Consenso de Washington se tradujeron en tiempos de paz en una problemática dinámica de privatización y desmantelamiento del Estado[11]. En la práctica, el gobierno del FRG “nos legó la descentralización y la desconcentración del Ejecutivo por medio de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural[12]. Una iniciativa muy loable en su espíritu pero desastrosa en su aplicación: es una de las fuerzas que reforzó el cacicazgo de alcaldes y diputados distritales, y un factor que expandió y consolidó la corrupción.”[13]

En el contexto complejo de fraccionamiento, consensualismo, privatización y descentralización se facilitó la canalización de más recursos para la obra pública hacia las regiones, y “de manera paralela al aumento de los recursos para inversión, el Estado fue perdiendo capacidad para la ejecución de obra pública: cada vez más fue puesta en manos de empresas privadas, lo que convirtió al tráfico de influencias en una diferencia sustantiva en la adjudicación de la obra. Espacios que originalmente podían convertirse en ámbitos de diálogo sobre el desarrollo municipal (los concejos municipales), departamental (consejos de desarrollo) y nacional (el Congreso) se convirtieron también en lugares donde se negociaba la obra pública. De esta forma, paulatinamente fueron convirtiéndose en instrumentos para el enriquecimiento ilícito. En muchos casos, la política se redujo a la negociación de la obra pública y a otro espacio para la acumulación” (Sin autor, 2011: 155).

Como se ha mencionado, desde la segunda mitad de la década de 1980, el crimen organizado relacionado a la droga se ha convertido en un elemento estructural de la realidad guatemalteca, en el marco de “la conformación de la geopolítica del narcotráfico en la región, que identificó a Guatemala como eslabón estratégico de acceso a los grandes mercados de la droga en Norteamérica” (Gutiérrez/Méndez, 2012: 113). La mayoría de las ODT tienen sus zonas de operación en los departamentos del interior de la República, donde coinciden territorialmente con las áreas de influencia de las diputaciones distritales. En la práctica, muchos de los negocios y las prácticas de enriquecimiento ilícito[14] también se interrelacionan con las CIACS.

De esta manera, la corrupción sistemática, las privatizaciones y contrataciones arbitrarias, así como los negocios abiertamente ilícitos fueron constituyéndose en zonas grises de fuentes de enriquecimiento, que permitieron también la inserción de personajes regionales poderosas en la competencia de la economía legal y la política partidaria, adquiriendo características de GdPR. Las fronteras y las interacciones entre lo lícito-ilícito y legítimo-ilegítimo se tornan más complejas e indefinidas.

En este ensayo es imposible reconstruir las dinámicas particulares de origen y modus operandi de cada GdPR[15]; en cambio, si es factible identificar los principales GdPR en los distintos departamentos y analizar las áreas comunes de interfase que caracterizan a estos poderes regionales.

Caracterización del poder regional en la actualidad

En el país se identifican 27 Grupos de Poder Regional (GdPR) que se han consolidado en 16 departamentos del país. Son aquellos grupos que muestran una permanencia constante, -al menos de uno de sus integrantes-, en el Congreso de la República por tres o más períodos legislativos. También se consideran GdPR aquellos casos de dos periodos legislativos, que han adquirido importancia nacional de manera acelerada por factores adicionales[16].

Asimismo, se observan al menos 7 grupos de poder en formación en seis departamentos. Son aquellos grupos que cumplen dos periodos en el Legislativos y no se enfrentan a la competencia de un GdPR consolidado en su distrito. También se toman en cuenta diputaciones específicas con un periodo legislativo, habiendo sobresalido por arraigo regional, notoriedad partidaria y/o disputa efectiva frente a grupos establecidos[17]. Esos grupos adquieren especial importancia, ya que podrían consolidarse a partir del próximo evento electoral, y de esa manera completar el mapa de los GdPR en Baja Verapaz, Retalhuleu y Santa Rosa y disputar cuotas de poder en Huehuetenango y Quiché.

En el mapa resaltan también cinco clanes familiares de poder local cuyo centro de poder radica en una municipalidad, y que han logrado representación legislativa de alguno de sus integrantes. Se trata de las familias Medrano, Coro y Rivera en Guatemala, así como de Paniagua en Quetzaltenango y Recinos en Santa Rosa.

Las diputaciones nacionales identificadas en el mapa se refieren a legisladores que han adquirido un nivel de influencia a escala mayor, ya sea a lo interno de un partido, en el propio Congreso y/o a partir de sus vínculos regionales[18]. Son factores de potenciación de su nivel de influencia desde lo regional hasta lo nacional.

Mapa de distribución geográfica de poderes regionales

 photo_2015-06-25_22-02-32Elaboración propia.

Nota: En los símbolos respectivos se indica la cantidad de grupos conformados en el departamento correspondiente. Las “diputaciones nacionales” también se identifican para reflejar el fenómeno, aunque en Petén, Alta Verapaz y Suchitepéquez coinciden con integrantes de grupos regionales.

En conjunto, los 34 GdPR, -consolidados o en formación-, y los 5 clanes familiares de poder local alcanzan una presencia en veintiún departamentos de la República. Como se ha observado anteriormente, la única excepción es Zacapa[19]. En todo caso, hay que resaltar que prácticamente toda la República está siendo traspasada por las redes de influencia de estos grupos, perpetuándose en el poder regional a partir de su posición privilegiada en el Legislativo. Los GdPR se han constituido en un fenómeno de importancia nacional con la capacidad sostenida y sistemática de influir, negociar, definir y operar en la institucionalidad democrática central, regional y local.

En efecto, -como se planteó en el marco teórico-, se han conformado redes alrededor de figuras regionales, cuya base de acumulación política y económica radica en los departamentos, y que a partir de su posición estratégica en el Congreso han logrado proyectarse a nivel nacional. Su continuidad está dada por asociaciones electoral-mercantiles antes que por lealtades políticas. Asimismo, se ha planteado que la actuación y articulación de los GdPR gira alrededor del control de los entramados de la obra pública, el intercambio con otros grupos y actores de poder, así como la consolidación de su capital político y social en las regiones. Estos ámbitos del ejercicio de poder constituyen el énfasis de las siguientes indagaciones.

Anexo:

Continuismo y transfuguismo de diputados y diputadas distritales actuales: 1995 – 2015

 tabla 2tabla 2tabla 2tabla 2

Elaboración propia con información de:

  • Congreso de la República de Guatemala (Fecha de consulta: 25 de mayo de 2015)

http://old.congreso.gob.gt/gt/diputados.asp

http://www.congreso.gob.gt/legislaturas.php

  • De Maldonado, Karin (coord.), 2010: El Congreso de la República de Guatemala, I. Monografía del Congreso de la República 2008-2012, II. Panel de comentaristas, 24 de noviembre e 2010. Guatemala. ASIES-KAS, pp. 81-121
  • La columna correspondiente a las elecciones de 2015 se construyó a partir de las fuentes anteriores y se completó con fuentes periodísticas (Fecha límite de consulta: 27 de mayo de 2015).

Grupos de poder regional conformados en Guatemala (2015)

Tabla 3Tabla 3Elaboración propia.

[1] “En cuanto a la “captura del Estado”, la literatura especializada y el comentarismo político ha tendido a asumir que “solo los chicos malos tratan de capturar el Estado” (…) Ahora bien, el problema es que existen multiplicidad de actores, nacionales e internacionales que intentan moldear las instituciones del Estado de acuerdo con sus intereses (…) En síntesis, son diversos los actores que buscan capturar el Estado; algunos lo hacen a través de victorias electorales legítimas, otros a través de la compra de elecciones. Algunos operan a través de la violencia y la intimidación, otros infiltran en el estado para crear estructuras clientelares que muchas veces son más poderosas que los partidos…” (Sáenz, 2014: 17).

[2] Datos de reelección de diputados y diputadas: Comicios 1990: 23 reelecciones de total de 116 curules (19.8%); Comicios 1994: 12 reelecciones de total de 80 curules (15.0%); Comicios 1995: 35 reelecciones de total de 80 curules (43.8%); Comicios 1999: 44 reelecciones de total de 113 curules (38.9%); Comicios 2003: 47 reelecciones de total de 158 curules (29.7%); Comicios 2007: 69 reelecciones de total de 158 curules (43.7%); Comicios 2011: 69 reelecciones de total de 158 curules (43.7%). (Fuentes: Fortín, 2010/ASIES, 2012)

[3] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

[4] En la revisión se priorizaron los distritos electorales que coinciden con los 22 departamentos, incluyendo el departamento de Guatemala. Se seleccionaron 50 diputados y diputadas, cuyo continuismo y/o nivel de influencia es clave en el análisis regional. Fuentes: De Maldonado, 2010: 81-121; Congreso de la República (http://old.congreso.gob.gt/gt/diputados.asp y http://www.congreso.gob.gt/legislaturas.php); Reportes periodísticos (Fecha límite de revisión: 27 de mayo de 2015).

[5] Esta constelación aún puede variar, tomando en cuenta que aún no se tienen las inscripciones confirmadas de las candidaturas por parte del TSE. Asimismo, la coyuntura actual de crisis y protesta puede tener efectos en la dinámica de definición de las aspiraciones de reelección. Y no por último, las propias negociaciones internas de los partidos aún no han concluido; y ello puede modificar el escenario.

[6] En enero de 2015, Alejandro Sinibaldi fue precandidato a la presidencia por el PP. El renunció en abril de 2015 a su participación con ese partido.

[7] Fuente: Morales, Sergio (Prensa Libre): Tres aspirantes destacan en preferencia, 15 de enero de 2014

[8] La encuesta publicada por la Revista Contrapoder y Canal Antigua a principios de junio de 2015 muestra modificaciones en la intención de voto de la población. El repunte de la candidatura de Jimmy Morales parece reunir características de la lógica personalista, apolítica y electoral-mercantil de la democracia guatemalteca, correspondiendo a la dinámica volátil de la tercera generación de marcas partidarias. Asimismo, el origen propio del FCN es expresión de lo sui generis de la contradicción autoritarismo-democracia de las dos últimas décadas del siglo pasado. En todo caso, es importante conocer las candidaturas definitivas de los partidos políticos y tener acceso a otras encuestas, para poder analizar las tendencias con mayor objetividad.

[9] El cisma de los partidos de segunda generación tuvo su epicentro primero en el PAN. Probablemente, entre 1994 y 1999 el sistema político guatemalteco estuvo cerca de la instauración de un bipartidismo conservador (PAN-FRG), sin embargo, las divisiones internas entre los panistas propiciaron la desintegración de esta fuerza política. No se trata de emitir un juicio de valor si un sistema bipartidista hubiese sido mejor o peor para el país; pues, en el marco de la democracia unipolar difícilmente los resultados tuviesen un enfoque diferenciado al de las fuerzas del status quo. Lo cierto es que el incipiente bipartidismo fracasó, primero por el fraccionamiento del PAN, y segundo por la actuación propia del FRG en el ejercicio del poder.

[10] Fuente: Ugalde, Luis Carlos (Revista Nexos): Clientelismo presupuestario, 1 de septiembre de 2014

[11] Según Gutiérrez y Méndez (2012: 113), el Estado guatemalteco ha fallado “en su misión central de procurar bienestar y seguridad. Tampoco las reformas de primera generación que, en el marco de los programas de ajuste estructural, se pusieron en marcha desde la década de 1990 cristalizaron en un aparato más eficiente. Al revés, han dado paso a graves distorsiones funcionales y a desórdenes administrativos que, a su vez, impactaron de manera negativa sobre la calidad del gasto público y, consiguientemente, afectaron la ya insuficiente legitimidad social del Estado.”

[12] “La legislación aprobada en 2002 incluyó una nueva Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, un nuevo Código Municipal y la Ley General de Descentralización. Estas versiones revisadas y ampliadas de las leyes aprobadas durante el gobierno del presidente Cerezo fortalecieron a los gobiernos municipales y a los consejos de desarrollo, especificando como prioridad las facultades de las municipalidades para realizar convenios y ejecutar contratos de infraestructura” (Barrientos/Figueroa en: Icefi, 2015: 99).

[13] Berganza, Gustavo (Revista Contrapoder), Herencia de cinco gobiernos, Edición No. 15, Agosto de 2014

[14] En estos ámbitos resaltan el fraude aduanero, el saqueo abierto del erario público, la corrupción sistémica en la obra pública, la manipulación de los mecanismos de contratación del Estado, y diversas actividades del crimen organizado (narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos, entre otros). Para principios del nuevo milenio, los análisis aseguran que los CIACS habían transmutado a estructuras y redes más complejas, insertándose como fuerzas de poder real en lo público y privado, así como en lo lícito e ilícito.

[15] Algunos estudios que abordan realidades regionales y locales son: Thomas, 2007; Ramos/Sosa, 2010; Corvo, 2014; Sin autor, 2011; International Crisis Group, 2014; Rogers, 2013; Espach et.al., 2011, entre otros. Además, existe una amplia información periodística sobre los principales figuras de los GdPR. En general, la realización de estudios regionales específicos es un desafío para profundizar los análisis del poder en los departamentos.

[16] Estos actores resaltan por su historial político y/o por la importancia nacional (por ejemplo, jefe de bancada, integrante del CEN, miembro de Junta Directiva del Legislativo, o presidente de Comisión de Finanzas del Congreso). Por estas atribuciones, -aunado al arraigo en las regiones-, se considera que cumplen con las características de GdPR. Concretamente, se trata de Roberto Villate Villatoro, Manuel Barquín Durán y el grupo verapacense alrededor de Luis Fernández Chenal.

[17] Emilennee Mazariegos (Huehuetenango) y Estuardo Galdámez (Quiché) cumplen con estas características.

[18] En el caso de las 4 diputaciones del distrito de Guatemala, no necesariamente son las dinámicas regionales que definen el continuismo.

[19] No hay información suficiente para explorar las razones. Un estudio específico de las interacciones de diversos actores de poder en este departamento podría ofrecer aportes interesante.


Redes de poder 2

Por Harald Waxenecker – Analisita independiente -

Consideraciones iniciales

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

Los casos recientes, -que involucran a los diputados Baudilio Hichos y Pedro Muadi-, son un claro indicio que la corrupción ha extendido sus tentáculos también en y desde el Congreso de la República hacia la institucionalidad regional y estructuras empresariales. Asimismo, en las pancartas de rechazo a la corrupción en varias cabeceras departamentales han aparecido de manera recurrente los nombres de legisladores distritales y autoridades municipales, reflejando la percepción de la población sobre la actuación anómala y corrupta de estos personajes regionales y locales.

En la dinámica parlamentaria de los últimos años se ha caracterizado por el bloqueo sistemático de reformas democráticas, mientras abundan las noticias sobre el transfuguismo y las reelecciones de diputados y diputadas. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[1]

En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones más criticadas. Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas las diputaciones, -especialmente las distritales- responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El ensayo “Poderes regionales y la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, -publicado en la Edición #3 de la Revista Revela (http://revistarevela.com) problematiza entorno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del Guatemala, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q. 10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que había alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones. En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

Prensa Comunitaria publicará el contenido del ensayo mencionado en cinco entregas. Para ello reordenamos los capítulos a modo de conocer el fenómeno desde lo particular hacia lo general:

1. Los principales grupos de poder;

2. Las redes del negocio público en lo regional;

3. Las interacciones con actores (inter)nacionales;

4. La democracia guatemalteca y los partidos de tercera generación; y

5. Democracia y su distorsión ilícita.

Prensa Comunitaria publicará en cada entrega también los datos que sustentan la investigación; es decir, los detalles del historial político de los legisladores distritales, así como de las empresas contratistas regionales y nacionales.

[1] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

 

-Segunda entrega-

 

Caracterización del poder regional en la actualidad (continuación)

 

a) El entramado de la obra pública

El abordaje del tema de la obra pública en lo regional requiere primero un enfoque nacional. Para ello, el estudio Guatemala: Poder de veto a la legislación tributaria y captura fallida del negocio de la inversión pública de Barrientos y Figueroa (en Icefi: 2015: 25-120) aporta elementos claves, a partir de las variables fiscales que destacan los autores: la carga tributaria y la inversión pública en infraestructura.

Por un lado, Barrientos y Figueroa (en Icefi, 2015: 41-43) plantean que el “final de la guerra y los avances en la democratización de Guatemala (por pequeños o insostenibles que sean) movieron a algunos actores, incluyendo a la élite tradicional, a ceder en su resistencia a tributar, pero solo hasta cierto punto[1]. En todo caso, la carga tributaria de Guatemala es menor al mínimo socialmente necesario (…) En términos más concretos: la carga tributaria en Guatemala no es baja porque los consumidores no paguen tributos indirectos como el IVA, sino porque una gran cantidad de generadores de renta no pagan el [Impuesto sobre la Renta] ISR”. De acuerdo a los mismos autores (en Icefi, 2015: 114), esta evasión del pago sobre la renta “apunta a las élites económicas tradicionales que, por siglos, han amasado y concentrado la mayoría de la riqueza del país”.

Sin duda, estas prácticas de evasión se interconectan en todos los ámbitos con la profunda problemática de la corrupción sistémica en el andamiaje de la recaudación fiscal. El caso conocido como “La Línea” no solamente expone y judicializa estas redes criminales, sino también permite observar la sistematicidad de este flagelo desde una perspectiva histórica.

Por tanto, un Estado que padece de ingresos fiscales crónicamente bajos, tiene capacidades reducidas de inversión social y gasto público. En efecto, -como plantean Barrientos y Figueroa (en Icefi, 2015: 87-89, 104)-, los gastos de capital durante las últimas tres décadas se caracterizan por su inestabilidad: mientras la firma de la paz en 1996 fue punto de partida de la escalada más prolongada (Máximo: 5.8% del PIB en 1999), desde 2008 se registró un desplome coligado a los impactos de la crisis económica mundial y el creciente déficit fiscal del país. En 2012, la inversión pública en infraestructura se redujo al 3.3% del PIB.

Por otra parte, -en relación a la inversión pública en infraestructura-, se enfatiza nuevamente en la complejidad de “los procesos de privatización y reforma institucional de las entidades responsables de la construcción de obras públicas, operados en la segunda mitad de la década de 1990. Estas reformas movieron a Guatemala hacia un modelo en el que, prácticamente, la totalidad de la inversión pública en infraestructura era ejecutada mediante la contratación de agentes privados, y no por las propias entidades estatales” (Barrientos/Figueroa en: Icefi, 2015: 27). Durante las últimas dos décadas se conformó un mercado extenso, descentralizado y agresivamente competitivo alrededor de la obra pública, que dio lugar al surgimiento de un sector emergente de contratistas que disputan cuotas de poder a la élite económica tradicional.

Así se creó un esquema “en el que el número de contratistas crece, pero el presupuesto no lo hace al mismo ritmo (…) [Eso] genera naturalmente una disputa entre los contratistas por capturar las asignaciones presupuestarias destinadas al pago de los contratos. Para resultar ganador de esta contienda se requiere una cuota de poder político suficientemente fuerte como para permitir varias situaciones. Primero, se requiere influir o controlar la decisión de los diputados para que aprueben las asignaciones requeridas en el presupuesto, además de influir o controlar a los funcionarios del [Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda] CIV para que realicen los pagos[2]. Como tercer punto, es muy importante lograr que las asignaciones presupuestarias no se manipulen o desvíen hacia otros contratistas (políticamente afines)” (Barrientos/Figueroa en: Icefi, 2015: 108).

Para propósitos de este ensayo, la atención se dirige de nuevo hacia lo regional, y en este sentido, uno de los principales mecanismos de negociación de asignaciones presupuestarias para los departamentos es el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera, -conocido como Listado Geográfico de Obras-, que “cada año es elaborado por los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) (…) [y] es aprobado por la Comisión de Finanzas del Congreso de la República”.[3] Por ende, el listado de obras departamentales, “año tras año, es el terreno natural de influencia y poder de los diputados distritales” (Barrientos/Figueroa en: Icefi, 2015: 108). Es un fenómeno reconocido por analistas y medios de comunicación[4], y la investigación Grupos de poder en Petén (2011: 106-131) establece que la influencia de los legisladores distritales en los niveles de negociación y definición de la inversión física es decisiva en el reparto geográfico, traduciéndose en la ejecución en una participación sistemática de actores vinculados a los propios GdPR y grupos criminales nacionales y locales. Se argumenta que la obra pública es una fuente de enriquecimiento, -indebido o ilícito-, y un instrumento acumulación política y legitimación social.

De esta manera, la actuación político-económica de los GdPR no se reduce a la devolución de favores asumidos mediante el financiamiento de campañas electorales, sino representa acuerdos e interacciones complejas que colocan a las figuras regionales en posiciones de poder para mercantilizar su permanencia en la política nacional (con los partidos de tercera generación) y para insertarse en redes público-privadas de influencia, cooptación y desviación de recursos públicos en función de poder y enriquecimiento indebidos.

En total, los presupuestos aprobados para estos listados geográficos de obra oscilaron anualmente entre 10.9 y 14.6 mil millones de Quetzales desde el 2006, y uno de los rubros principales es la inversión física, que son “gastos para los proyectos y obras específicas que (…) corresponden a los procesos de ampliación, construcción, mejoramiento, dragado y reposición…”[5] Las asignaciones anuales solicitadas por los CODEDES sumaron Q. 2,681.7 millones en 2012, Q. 2,630.5 millones en 2013 y Q. 3,023.9 millones en 2014, y lo presupuestado a través de los Listados Geográficos de Obras para inversión física representa entre un 64 y 70% de estos totales requeridos. La comparación de lo solicitado por los CODEDE y lo incluido en los Listados Geográficos de Obra refleja el peso del reparto político de la inversión pública a través de este mecanismo legislativo, aunque el nivel real de ejecución de los CODEDE se redujo del 49% en 2012 al 33% en 2014 en relación a lo solicitado[6]. Otra vía de operatividad del Listado Geográfico de Obras son los ministerios y otras dependencias centrales del Ejecutivo, y entre éstas sobresale el CIV con asignaciones presupuestarias ascendentes durante los últimos tres años (2012: Q. 2,314 millones, 2013: Q. 2,963 millones, 2014: Q. 3,033 millones).[7]

Por tanto, para la canalización de estos recursos públicos existen vías diferenciadas, ya sea de manera centralizada desde los ministerios o en forma descentralizada a través del Sistema de Consejos de Desarrollo (SISCODE). En ambas vías, -pero, sobre todo a través del SISCODE-, la intermediación de ONG fue una constante en el proceso de licitación de la obra gris hasta finales de 2011. El desgaste público de las ONG ha llevado entre 2012 y 2014 a su exclusión de las ejecuciones públicas[8], -función que fue asumida por las municipalidades-, mientras las empresas contratistas han demostrado la mayor capacidad de adaptación para consolidar su posición en un esquema modificado. De esta manera, los contratistas se fortalecieron como engranaje privado en el marco de las redes político-económicas que se articulan en las regiones.

La revisión y sistematización[9] de la información sobre las contrataciones entre 2004 y 2015 permite identificar los principales actores económicos. En lo regional, -por la vía descentralizada-, resaltan 69 empresas contratistas cuyo monto de adjudicaciones supera los 90 millones de Quetzales[10]; y en lo central, -por la vía ministerial-, sobresalen 21 empresas con asignaciones elevadas. El monto global operado a través de estas 90 empresas asciende a Q. 31,9 mil millones (US$ 4,1 billones), de los cuales Q. 10,0 mil millones (US$ 1,3 billones) se adjudicó de manera descentralizada y Q. 21,9 mil millones (US$ 2,8 billones) se concedió a través de una entidad de gobierno central[11].

En este marco, los 69 contratistas regionales muestran tendencias en común: i) haberse originado a partir de contratos locales con municipalidades u ONG, ii) tener una participación continua en el entramado regional, expandiendo paulatinamente sus áreas de influencias, iii) conformar grupos empresariales que permiten una mayor competitividad en lo regional y también una creciente incidencia y participación a nivel central.

Diversos reportes periodísticos[12] dan cuenta de los nexos entre los ámbitos político y económico, configurando una dinámica de doble vía que ha permitido también la continuidad en ambos contornos. Así como las principales figuras políticas regionales perduran en los curules distritales, regularmente estas empresas se han perpetuado también en el negocio de la obra pública. Se puede considerar que las empresas son tránsfugas, en tanto establecen compromisos preelectorales y acuerdos de largo alcance con las personas (diputaciones distritales) y no con partidos políticos.

Asimismo, en 2011 (ver Sin autor: 123-127) se argumentó que los grupos de poder y los grupos criminales son los principales actores de las redes del negocio público regional, estableciendo acuerdos de largo alcance y actuando cada vez más bajo la forma clásica de redes ocultas, que penetran, manipulan y utilizan las instancias y los procedimientos formales establecidos para conseguir en forma encubierta sus objetivos. Aquella investigación estableció que en el periodo de 2004-2011 el instrumento principal de GdPR y OTD para controlar el negocio público fueron las ONG. El detalle de las 69 empresas priorizadas para el presente análisis, muestra que éstas han sido subcontratadas sistemáticamente por las entidades no gubernamentales en mención. En otras palabras, estas empresas difícilmente podrían haberse quedado al margen de negocios con los grupos políticos y criminales entre 2004 y 2011[13].

En el presente, -ante la exclusión de las ONG de la ejecución de obra gris entre 2012 y 2014-, el peso político de control se trasladó hacia los contratistas, -en especial aquellos que han logrado conformar grupos empresariales-, y con ello, la triangulación política-crimen-negocio pasa aparente y necesariamente (pero no exclusivamente) por el nivel empresarial. En Barrientos y Figueroa (en Icefi, 2015: 119) se comparte la opinión que muchas de estas empresas operan en “la economía informal o subterránea (…) [y] en los casos más difíciles y complejos cuentan con el respaldo de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el contrabando o el tráfico ilegal de personas.”

En todo caso, no es exclusivamente la participación de actores criminales que convierte a las redes regionales en un fenómeno ilícito[14]; sino se trata de complejas zonas grises de interacción entre actores legales e ilegales de los ámbitos público y privado, que persiguen la acumulación lícita-ilícita de poder y riqueza. La ilegalidad se presenta en forma de soborno, influencias, colusión, corrupción, manipulación, incumplimiento y lavado, entre otras.

 

Anexo:

Presupuestos anuales de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) y de la Inversión Física de los Programas de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera (2012 – 2014):

en millones de Quetzales

Tabla 1BElaboración propia con datos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), y el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN).

tabla2B

Contratistas principales las adjudicaciones regionales de obra pública (2004 – 2015)

Tabla 3BTabla 3BTabla 3BTabla 3BTabla 3BTabla 3BTabla 3BTabla 3BTabla 3B

Elaboración propia con datos del Sistema Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala (Guatecompras). Periodo de consulta: 31 de mayo – 3 de junio de 2015.

 

Notas: 

El número de concursos se refiere exclusivamente al número de adjudicaciones por concurso (no incluye las publicaciones sin concurso). El monto se expresa en millones de Quetzales y corresponde al total de contrataciones y adjudicaciones obtenidas por la empresa correspondiente. Los sombreados indican grupos empresariales, cuya relación se establece principalmente a partir de nexos familiares. También existen nexos económicos y políticos que han sido establecidos por diversos reportajes periodísticos.

[1] El mismo estudio expone las estrategias de la sistemática oposición de la élite guatemalteca a reformas tributarias desde la década de 1980 hasta la actualidad.

[2] Se refiere a lo que se conoce como “deuda flotante” en Guatemala y es producto de adjudicaciones de contratos sin el respaldo presupuestario necesario. “Estos contratos sin respaldo o crédito presupuestario suscritos o pagados anómalamente se han vuelto una “moneda” muy efectiva para el cambio de favores o deudas políticas (…) Así, [todos los contratistas] compiten primero por la adjudicación de los contratos para realizar las obras, y luego por el pago de los compromisos asumidos por el Estado en esos contratos” (Barrientos/Figueroa en: Icefi, 2015: 109-111).

[3] Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN): www.minfin.gob.gt

[4] Véase: Barreto, Bill (Prensa Libre): Congreso se resiste a reforma electoral, 18 de marzo de 2013. Castillo, Alejandro (Diario La Hora): Y usted ¿se siente representado por los diputados al Congreso de la República, 24 de marzo de 2015. Gutiérrez Valdizán, Alejandra (Plaza Pública): Entre dos lealtades: ¿los electores o el partido?; 14 de junio de 2012.

[5] MINFIN, 2014: Proyecto del Programa de Inversión Física, Transferencia de Capital e Inversión Financiera. Guatemala

[6] El bajo nivel de ejecución de los CODEDE es reflejo de la problemática fiscal en el país, la poca eficiencia y eficacia de la ejecución regional, así como de la disputa entre sectores de contratistas por el pago de la deuda flotante.

[7] Todos los datos se elaboraron con información del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), y el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN).

[8] Sin embargo, en el Decreto 22-2014 del Congreso de la República la facultad de los Consejos de Desarrollo para suscribir convenios con ONG fue restablecida para la ejecución de proyectos de inversión de obra física.

[9] La fuente de información es el Sistema de Adjudicaciones y Contrataciones del Estado de Guatemala –Guatecompras- (www.guatecompras.gt). Para identificar y seleccionar las principales empresas contratistas se realizó una revisión comparativa a partir de las contrataciones en 21 cabeceras departamentales en el periodo de 2012-2014, así como la estadística generada por el portal Guatecompras para seleccionar el “top” de proveedores adjudicados por: i) los gobiernos locales, y ii) el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

[10] Aquellas empresas que no superan por si mismas la cantidad de Q. 90 millones, forman parte de un grupo empresarial que en su conjunto cumple con esta característica.

[11] En efecto, entre 2004 y 2015 el número de empresas y montos adjudicados es mucho mayor a la muestra seleccionada. Un “Social Network Analysis” (SNA) de una base de datos ampliada permitiría una comprensión más profunda de esta realidad, pero sobrepasa las posibilidades en el marco del presente ensayo.

[12] Véase: Ruano, Walfredo (Diario La Hora): Willy Rolando Vásquez, el constructor de occidente que escudriña en el Listado Geográfico de Obras; 10 de Marzo de 2015.

[13] Incluso algunas empresas constructoras son propiedad de personas que aparentemente forman parte de OTD y/o de personas que han participado en procesos de elecciones. Estas formas abiertas de participación empresarial parecen reducirse en la actualidad, por las implicaciones políticas y legales evidentes.

[14] El involucramiento de OTD en estas redes introduce ciertamente un factor de mayor distorsión y asimetría en las relaciones de poder e influye en ocasiones en disputas virulentas, -e incluso violentas-, entre los interesados.


3ra entrega

Consideraciones iniciales

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

Los casos recientes, -que involucran a los diputados Baudilio Hichos y Pedro Muadi-, son un claro indicio que la corrupción ha extendido sus tentáculos también en y desde el Congreso de la República hacia la institucionalidad regional y estructuras empresariales. Asimismo, en las pancartas de rechazo a la corrupción en varias cabeceras departamentales han aparecido de manera recurrente los nombres de legisladores distritales y autoridades municipales, reflejando la percepción de la población sobre la actuación anómala y corrupta de estos personajes regionales y locales.

En la dinámica parlamentaria de los últimos años se ha caracterizado por el bloqueo sistemático de reformas democráticas, mientras abundan las noticias sobre el transfuguismo y las reelecciones de diputados y diputadas. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[1]

En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones más criticadas. Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas las diputaciones, -especialmente las distritales- responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El ensayo “Poderes regionales y la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, -publicado en la Edición #3 de la Revista Revela (http://revistarevela.com) problematiza entorno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del Guatemala, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q. 10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que había alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones. En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

Prensa Comunitaria publicará el contenido del ensayo mencionado en cinco entregas. Para ello reordenamos los capítulos a modo de conocer el fenómeno desde lo particular hacia lo general: 1. Los principales grupos de poder; 2. Las redes del negocio público en lo regional; 3. Las interacciones con actores (inter)nacionales; 4. La democracia guatemalteca y los partidos de tercera generación; y 5. Democracia y su distorsión ilícita.

Prensa Comunitaria publicará en cada entrega también los datos que sustentan la investigación; es decir, los detalles del historial político de los legisladores distritales, así como de las empresas contratistas regionales y nacionales.

[1] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

– Tercera entrega –

 

Caracterización del poder regional en la actualidad (continuación)

 

 b) Intercambio con actores nacionales e internacionales

La posición legislativa se entreteje con las particularidades regionales de los distintos grupos de poder en su capacidad de interrelación con actores de carácter nacional e internacional. En este marco, el espacio común, -el Congreso de la República-, ha convertido a los GdPR en interlocutores en los ámbitos de la obra pública centralizada, los intereses territoriales estratégicos y de la agenda legislativa nacional.

En el ámbito de la obra pública centralizada, en el apartado anterior se ha establecido que distintas entidades centrales del Ejecutivo han adjudicado entre 2004 y 2015 un total de Q. 21,9 mil millones en contratos de construcción a las 21 empresas priorizadas. Este conjunto de proveedores privados se integra por: i) empresas asociadas a la élite económica tradicional del país; ii) empresas relacionadas con actores emergentes; y iii) compañías de carácter transnacional.

Aproximadamente la mitad de estas empresas[1] son miembros de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción (AGCC)[2], y en ella tienen expresión las fluidas interrelaciones entre empresas tradicionales, emergentes y transnacionales. Barrientos y Figueroa (en Icefi, 2015: 91-99) exponen las formas de incidencia (e incluso captura) de los constructores agremiados a través de la influencia en el nombramiento los principales funcionarios del CIV y su representación en el consejo consultivo del Fondo de Conservación Vial (Covial). En este marco, la AGCC enfrenta dos escenarios de contradicción: a lo interno, entre las facciones representadas en la propia gremial, y a lo externo, frente a grupos empresariales[3] que han mostrado una participación creciente en las adjudicaciones centrales durante los últimos años.

El rol del organismo legislativo, -y por ende también de las diputaciones distritales-, incide principalmente en relación a las asignaciones presupuestarias. Por un lado, en el Congreso se materializa la disputa externa en torno al pago de la deuda flotante. “Dado que el dinero es un recurso fungible, los recursos líquidos pueden dirigirse a cuotas financieras a favor del CIV (es decir, a favor de la AGCC), o alternativamente a favor de los Codede y municipalidades…” (Barrientos/Figueroa en: Icefi, 2015: 111-112). Y por otro lado, las contradicciones internas (entre agremiados de AGCC) se traducen en incidencia, -no siempre en condiciones de transparencia y legitimidad-, a favor de rubros presupuestarios para determinadas obras de interés.

Ello se refleja en megaproyectos adjudicados a empresas transnacionales (miembros de AGCC): el contrato de la Franja Transversal del Norte (FTN) a favor de Solel Boneh FTN S.A.[4] en 2009 y el contrato de la carretera CA-2 Occidente a favor de Constructora Norberto Odebrecht[5] en 2012. En ambos casos se señala a las empresas transnacionales de haber efectuado pagos de sobornos a congresistas para asegurar la aprobación de financiamientos que favorecerían las obras referidas. En conjunto, los concursos de la FTN y de la CA-2 representan el 24% (US$ 665 millones) del total adjudicado a las 21 empresas en el periodo 2004-2015.

Las confluencias y contradicciones en relación a intereses territoriales estratégicos involucran a las diputaciones distritales como mediadores políticos en sus regiones específicas y como operadores de status quo. Esta forma de intercambio con actores de poder se produce en un contexto que se caracteriza por transformaciones económicas que, -a más de dos décadas después del Consenso de Washington,- toman curso hacia “una economía sustentada principalmente en tres ejes de acumulación: los megaproyectos (construcción de infraestructura vial, puentes, aeropuertos, puertos; call centers, turismo corporativo, centros comerciales, corredores tecnológicos, hidroeléctricas); la producción de cultivos para producción agroindustrial y combustibles así como la explotación y mercantilización de las riquezas naturales (industria extractiva)” (Palencia, 2014: 13).

La confluencia de intereses petroleros, turísticos y ambientales[6] alrededor de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) en el norte del departamento de Petén ilustra la complejidad de intercambios que se producen entre GdPR y actores económicos. El área de la concesión petrolera 2-85, -otorgada inicialmente por un plazo de 25 años a Basic Resources[7] en 1985-, quedó tras la creación legal de la RBM en 1990 en una zona intangible de esta área protegida. En la coyuntura alrededor del vencimiento de la vigencia de la concesión en 2010, se desencadenó una polémica sobre la legalidad de una posible prórroga, que en todo caso terminó en la ampliación de la licencia petrolera a favor de Perenco.

“Lo importante del caso no son tanto los hechos en sí, sino la capacidad demostrada por PERENCO de intervenir en distintos niveles para generar las condiciones que influyeron en el resultado favorable de la polémica. Uno de los espacios claves fue el Congreso de la República, donde Manuel Baldizón y Manuel Barquín han sido los operadores políticos directos de la Ley de FONPETROL, cuyo andamiaje legal permitió por un lado la ampliación de la concesión petrolera, y por otro lado, logró tocar intereses claves de los actores que intervienen en el entramado de los negocios de la obra pública[8]” (Sin autor, 2011: 187).

En este caso, los GdPR no operaron exclusivamente desde el Congreso de la República, sino también movilizaron, -en conjunto con Perenco y los operadores nacionales[9]-, sus redes locales de influencia a favor de una prórroga de intereses particulares. La actuación local y el andamiaje legal de esta ampliación se manejaron en una compleja tensión entre lo legal-ilegal y lo legítimo-ilegitimo.

Estas formas de interacción subyacente de poder se producen de manera sistemática en relación a intereses territoriales estratégicos, -especialmente alrededor de plantaciones agroindustriales y la industria extractiva-, y la injerencia de los GdPR puede expresarse en forma de terciarios[10] (bróker) locales y/o materializarse en marcos regulatorios tendenciosos.

En general, las agendas legislativas son producto de debates y negociaciones entre actores con intereses diversos en las democracias. No obstante, “[d]esde la perspectiva sistémica y relacional, las desigualdades introducen asimetrías de recursos entre los distintos actores que se expresan en el sistema político (…) El impacto de la desigualdad en la democracia se manifiesta en que las disparidades de los recursos económicos están asociadas a las disparidades en el estatus y el poder político” (Sáenz, 2007: 56).

Estas asimetrías de poder se materializan en la rama legislativa en instrumentos jurídicos excluyentes, y con frecuencia, en la ausencia de reformas que pudiesen modificar esta realidad de contrastes. En este sentido, los y las legisladores son guardianes del status quo, y aunque probablemente sean actores secundarios en algunas de estas ligas de poder, los GdPR forman parte integral de estos intereses entretejidos.

Esta normalidad se sostiene repetidamente en la anormalidad. Ello se ha revelado cuando las élites “independiente de la herramienta o del canal usado, (…) han buscado alterar o influenciar la política fiscal de conformidad con su interés básico de incrementar ganancias” (Barrientos/Figueroa, en Icefi, 2015: 11). También, ha sido evidenciado con la alteración de la Ley de Distribución de Bebidas Alcohólicas y Gaseosas[11] en el año 2000; se puede apreciar en la opaca modificación de la Ley contra el Crimen Organizado[12] en 2006, e igualmente se refleja en una ley[13] que pretendía favorecer a empresas de telecomunicaciones en 2014. Asimismo, este rol de guardianes del status quo se ejemplifica en la negación legislativa de reformar el sistema político y de fortalecer el sistema de justicia.

Otra función legislativa, -junto a comisiones de postulación- es la selección y nombramiento de integrantes de entidades estatales autónomas o independientes, y se ha vuelto una piedra angular en la interacción con actores de poder en el ámbito nacional. En 2014 tuvo lugar la elección de magistrados y jueces del Organismo Judicial (OJ), y diversos sectores de la sociedad han señalado que “[l]as selecciones y elecciones llevadas a cabo por las Comisiones de Postulación y el Congreso de la República no fueron objetivas, ni se basaron en el mérito y la capacidad de los y las candidatas. Tampoco se realizaron de manera pública ni transparente en varios momentos del proceso, y además se vieron seriamente permeadas por intereses privados de grupos de poder” (FMM/IJ/CEJIL, 2015: 1).

Según Dudley (2014: 24-25) este proceso se rige oficialmente por los procedimientos institucionales, pero “extraoficialmente, se trata de la lucha a muerte entre diversos intereses políticos, económicos y criminales, que se enfrentan por (…) conseguir el mayor control sobre el sistema judicial.”

La impunidad es una característica clave de las redes de poder, y la obtención de cuotas de injerencia en el sistema de justicia es parte de los intercambios que buscan anticipar acciones legales en su contra. De esta forma, -retomando la definición de RPEI-, estas influencias constituyen “una amenaza para el Estado democrático de derecho, consagrado en la Constitución Política. Cuentan no solo con capacidades para perturbar ese orden constitucional, sino que sobre todo (…) son fabricantes de impunidad.” [14]

 

c) Capital político y social de intercambio

La reciprocidad entre partidos políticos de tercera generación y los GdPR se ha tratado en apartados anteriores y se rige por cálculos de costo-beneficio en un intercambio electoral-mercantil de doble vía entre estos polos de poder. Para comprender la actuación de los GdPR es importante profundizar el análisis sobre los nexos que se construyen hacia abajo, es decir, hacia las regiones y las localidades donde se sustenta en términos concretos el capital político y social de estas redes de poder.

En este momento no existen elementos suficientes para abordar estas dinámicas locales, y futuros estudios podrían indagar sobre dos niveles de intercambio. Por un lado, se observa que la estructura de los grupos de poder descansa en buena medida en lo departamental-municipal, donde se configuran lógicas de micro-captura del Estado[15]. ¿Cómo se producen estas dinámicas de poder e influencia? – ¿Se reproduce el esquema del intercambio electoral-mercantil de doble vía también entre las diputaciones distritales y el nivel municipal? – ¿Cómo intervienen en esta dinámica los clanes familiares de poder local? – En general, ¿cuáles son los términos de intercambio que se producen a nivel local?

Por otro lado, el intercambio entre los poderes regionales y la población se rige también por relaciones asimétricas, y se requiere de una profundización sobre el funcionamiento o raciocinio de este intercambio entre arriba y abajo. “Se trata de una intermediación adversa o distorsionada pero que permite y reproduce los flujos de intercambios y posibilita cierta legitimación de los grupos de poder regional” (Sin autor, 2011: 155).

En resumen, se puede reafirmar que Guatemala enfrenta una situación compleja de poderes regionales que se han consolidado en forma de GdPR en prácticamente todos los departamentos, articulando intrigadas estructuras y conexiones que interactúan con poderes económicos, políticos y criminales. Esta realidad constituye, hoy por hoy, un fenómeno estructural que trastorna el sistema democrático, que en si mismo se bate ante complejas problemáticas de asimetrías, unipolaridad, fraccionamiento y clientelismo.

ANEXOS

Contratistas principales las adjudicaciones central de obra pública (2004 – 2015)

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[1] De acuerdo al Directorio de AGCC del año 2012*, las siguientes empresas seleccionadas forman parte de esta gremial: Consulta S.A., Consult Test, Arquinco, Nortech, Sigma Constructores S.A., SBI International Holdings AG (y en consecuencia también sus subsidiarias Solel Boneh Guatemala S.A. y Solel Boneh FTN), Conasa y Constructora Norberto Odebrecht**.

* Fuente: http://construguate.com/nuevo/index.php/publicaciones/publicaciones-de-agcc/directorio-agcc

** Fuente: Barrientos/Figueroa en Icefi, 2015: 107

[2] La AGCC fue “creada el 12 de septiembre de 1966. Otra asociación importante de contratistas, pero mayoritariamente dedicada a mercados privados, es la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (Anacovi, creada el 25 de octubre de 1966). En 1974, la AGCC y la Anacovi conformaron la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) como su ente institucional representativo” (Barrientos/Figueroa, en Icefi, 2015: 91).

[3] Se trata de empresas no afiliadas a AGCC. Entre las empresas seleccionadas de adjudicaciones centrales resaltan: Constructora Jireh, Ciansa, M&C Construcciones, Topsa Construcciones y Alquiler de Tractores S.A., entre otras. También desde las regiones se han fortalecido conglomerados familiares de contratistas con una creciente importancia; por ejemplo, las empresas asociadas a las familias Guerra, Miranda y Vásquez De León.

[4] Véase: Zepeda, Andrés (Plaza Pública), La decepción. El gobierno de la desesperanza; Guatemala, 12 de febrero de 2012.

[5] Véase: El Periódico, Escándalo de corrupción transnacional; Guatemala, 18 de diciembre de 2014.

[6] Véase: Waxenecker, 2013: 21-23.

[7] Tras varias operaciones de compra-venta entre 1997 y 2001, esta compañía traspasó a manos de Perenco Guatemala Ltd.

[8] La ley propuso también el aumento de inversión pública en los municipios de explotación petrolera, y ello se tradujo en un apoyo implícito por parte de autoridades locales y contratistas a esa iniciativa legal.

[9] “En Guatemala, la empresa [Perenco] cuenta entre sus representantes con Antonio Minondo Ayau (director de la seguridad industrial y vocero), quien es “sobrino del ideólogo neoliberal y quien fuera por muchos años presidente de Basic Resources, Manuel Ayau Cordón.“ (tomado de: Waxenecker, 2003:19).

[10] Según Flores (2009), estas formas de intermediación no excluyen “las relaciones de cooperación no confesadas entre organizaciones criminales y funcionarios públicos.”

[11] Véase: Robles, 2002: 133.

[12] Véase: Zamora, José Rubén (El Periódico): Oliverio García Rodas: retrato hablado; Guatemala, 13 de mayo de 2015.

[13] Se trata de la Ley de control de las telecomunicaciones móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para transmisión de datos. Véase: IPNUSAC: Ley de telecomunicaciones, una aberración jurídica. En: USAC, 2014: Revista Análisis de la Realidad Nacional, Guatemala, Año 3, Edición 49.

[14] Exposición de Lic. Iván Velásquez Gómez en el foro “Los nuevos caminos de cooptación del Estado”, Fundación Myrna Mack, Universidad Rafael Landívar, ASIES, ODHA, Impunity Watch, Open Society Foundation, 24 de Marzo de 2015.

Audio disponible en: http://www.cicig.org/index.php?page=not_022_20150324

[15] Véase, por ejemplo: Gramajo, Jessica (Prensa Libre): Red de nepotismo copa Chiquimula; Guatemala, 1 de junio de 2015.


4Redes de poder

Consideraciones iniciales

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

Los casos recientes, -que involucran a los diputados Baudilio Hichos y Pedro Muadi-, son un claro indicio que la corrupción ha extendido sus tentáculos también en y desde el Congreso de la República hacia la institucionalidad regional y estructuras empresariales. Asimismo, en las pancartas de rechazo a la corrupción en varias cabeceras departamentales han aparecido de manera recurrente los nombres de legisladores distritales y autoridades municipales, reflejando la percepción de la población sobre la actuación anómala y corrupta de estos personajes regionales y locales.

En la dinámica parlamentaria de los últimos años se ha caracterizado por el bloqueo sistemático de reformas democráticas, mientras abundan las noticias sobre el transfuguismo y las reelecciones de diputados y diputadas. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[1]

En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones más criticadas. Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas las diputaciones, -especialmente las distritales- responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El ensayo “Poderes regionales y la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, -publicado en la Edición #3 de la Revista Revela (http://revistarevela.com) problematiza entorno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del Guatemala, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q. 10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que había alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones. En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

Prensa Comunitaria publicará el contenido del ensayo mencionado en cinco entregas. Para ello reordenamos los capítulos a modo de conocer el fenómeno desde lo particular hacia lo general: 1. Los principales grupos de poder; 2. Las redes del negocio público en lo regional; 3. Las interacciones con actores (inter)nacionales; 4. La democracia guatemalteca y los partidos de tercera generación; y 5. Democracia y su distorsión ilícita.

Prensa Comunitaria publicará en cada entrega también los datos que sustentan la investigación; es decir, los detalles del historial político de los legisladores distritales, así como de las empresas contratistas regionales y nacionales.

[1] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

– Cuarta entrega –

 

Las encrucijadas de la democracia en Guatemala

 

El devenir histórico y las generaciones de partidos políticos

 

La contraposición de la democracia como un ideal y algo realmente existente es una disyuntiva de todas las democracias, también de la guatemalteca. En este sentido, un recorrido por períodos claves de las últimas tres décadas aporta elementos de comprensión.

El momento inmediato de instauración democrática, -mediante la asamblea constituyente desde 1984 y el primer gobierno civil desde 1986-, demuestra factores de ruptura y continuidad. En este contexto se plantearon fundamentalmente dos facetas de continuidad: por un lado, la visión excluyente de la estatalidad guatemalteca, y por otra parte, los partidos políticos que mostraron su apoyo, complicidad y tolerancia durante los regímenes autoritarios.

En la segunda mitad de la década de 1980, “los partidos cómplices del generalato como el Partido Revolucionario PR, Partido Institucional Democrático PID, Movimiento de Liberación Nacional MLN y la Democracia Cristiana Guatemalteca DCG fueron los partidos que predominaron – junto al único nuevo partido exitoso la Unión del Centro Nacional UCN…” (Sáenz, 2007: 147-148). Estos partidos tradicionales (especialmente DCG y MLN), así como la UCN (considerada de primera generación) dieron en cierta medida forma y contenido[1] a la democracia naciente.

Sin duda, el poder militar institucional también constituyó durante la primera década democrática una continuidad, aunque en forma decreciente en el marco de la contradicción autoritarismo-democracia esbozada en estos años. Quizá en la medida que disminuyó la capacidad de veto de los militares sobre la institucionalidad civil, aumentó la influencia extra institucional[2] del poder militar en los ámbitos lícitos e ilícitos de la vida nacional. Y “trazaron una política sui generis”, como afirma Torres-Rivas (2013: 334), para “militarizar el poder y desmilitarizar el gobierno…”

Para inicios de la década de 1990, el narcotráfico se había convertido en un fenómeno de importancia estructural en la región y en Guatemala. No por último, la confluencia de fenómenos macro del flujo sur-norte de la droga y de las redes político-militares de la contrainsurgencia y del anticomunismo centroamericanos (asociados íntimamente a las conspiraciones que se develaron parcialmente en el marco de lo que se conoció como el escandalo Irán-Contra), había contribuido desde la década pasada a la creación y consolidación de organizaciones del tráfico de drogas (ODT) en Guatemala.

La clave consiste en constatar, que Guatemala se enfrentó a la herencia de estructuras de poder crecidas a la luz (y sombra) de la conspiración, represión, contrabando, corrupción, drogas, guerras e intrigas. El fenómeno de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) se había arraigado en el país.

Mientras tanto, el primer gobierno civil, -encabezado por Vinicio Cerezo de la DCG-, había enfrentado múltiples rumores y al menos dos intentos concretos de golpe de Estado, gestados desde las entrañas del ejército en alianza con el empresariado más conservador. En este sentido, la mera sobrevivencia del primer gobierno civil representó una creciente legitimación del sistema político democrático.

El proceso electoral de 1990/91 fue dominado por partidos de primera generación: la UCN y el Movimiento de Acción Solidaria –MAS-, mientras los partidos tradicionales habían quedado debilitados. Jorge Serrano Elías del MAS obtuvo una amplia victoria en la segunda vuelta electoral, y tras dos años de gobierno decidió disolver el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia –CSJ- y la Corte de Constitucionalidad –CC-, así como desconocer a la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH- y la Procuraduría General de la Nación –PGN-.

Este episodio, -conocido como autogolpe o serranazo-, terminó en elecciones parlamentarias extraordinarias y la instalación de un gobierno interino, -a cargo de Ramiro de León Carpio-, hasta 1996. “Dos actores políticos dentro del sistema fueron los principales afectados por este proceso. En primer lugar el proyecto político contrainsurgente y el ejército en su conjunto se vieron seriamente afectados: por primera vez tuvieron que subordinarse al poder civil…” (Sáenz, 2007: 249), y en segundo lugar, esta transición llevó a la muerte política a los partidos tradicionales (DCG, MLN, PR, CAN, etc.), así como al ocaso de la primera generación de partidos que se habían disputado el segundo periodo gubernamental de la era civil (UCN[3] y MAS).

No necesariamente fue la democracia la más fortalecida en esa coyuntura, sino –como argumenta Sáenz (2007: 249)- la pérdida de poder político del ejército se dio “a favor de las élites económicas industriales y modernizantes que se fortalecieron en este proceso. Fue, para describirlo de alguna manera una transferencia de recursos políticos entre las elites (…) [Además] este realineamiento de fuerzas políticas permitió que se abrieran paso a reformas encaminadas a la liberalización económica” (Sáenz, 2007: 249).

Y en el ámbito electoral llegó el momento de la segunda generación: el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG)[4] se consolidarían en los procesos electorales de 1994, 1995 y 1999 como las fuerzas políticas principales a nivel nacional; y desde entonces empiezan a tener expresión las leyes de hierro que se convertirían en características y garante del status quo en la democracia guatemalteca: i) la fluidez en el sistema de partidos políticos, ii) la fragmentación del sistema político, y iii) la volatilidad del voto.

Después de la crisis generada por el autogolpe y en el marco de las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno, pero sobre todo después de la firma de la paz, se inicia una etapa de mayor participación desde abajo[5]. Con la victoria electoral del PAN en 1995, se había viabilizado la firma de la paz firme y duradera en diciembre de 1996, y la contradicción fundamental en el sistema político se modificó. La dicotomía autoritarismo-democracia dio paso al desafío de la consolidación del sistema democrático por la vía de una pluralidad política que probablemente no se había experimentado en la historia guatemalteca, -con excepción de la Primavera Democrática entre 1944 y 1954-.

Los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, la participación electoral de la izquierda, la organización social de mujeres, pueblos indígenas, poblaciones desarraigadas y retornadas y del campesinado, entre muchos otros sectores, así como la apertura de nuevos espacios democráticos plantearon nuevos retos a las fuerzas del status quo, representadas en el PAN y el FRG, -que pese a sus diferencias y contradicciones-, fueron impulsores de una mezcla compleja de democracia, ajuste estructural, reconfiguración elitista y criminalidad compartida/consentida.

En este contexto, no se produjo la consolidación del sistema de partidos y lo sui generis de la política guatemalteca no condujo por ninguno de los caminos de los países vecinos. Ni como en Honduras donde se había instalado un bipartidismo conservador desde su retorno a la democracia a principios de la década de 1980 (y roto en 2009); ni como en El Salvador donde se instauró un bipartidismo derecha-izquierda después de la firma de la paz en 1992; y tampoco como en Nicaragua donde las fuerzas políticas principales durante las últimas décadas han girado entorno a la dicotomía sandinista-antisandinista.

En Guatemala, por el lado conservador, la complejidad propia de la composición de las fuerzas del status quo no permitió la consolidación de la segunda generación de partidos como instrumentos de estabilidad política, sino la dinámica de disputa por el poder llevó a la creación de una tercera generación de partidos, entre éstos: Partido Unionista –PU-, Movimiento Reformador –MR-, Gran Alianza Nacional –GANA-, Partido Patriota –PP-, Unión Democrática –UN-, Libertad Democrática Renovada –LIDER-, Unión del Cambio Nacional –UCN-, Compromiso, Renovación y Orden –CREO-, Visión con Valores –VIVA-, Partido TODOS, Frente de Convergencia Nacional –FCN-[6], Partido FUERZA, y Partido Republicano Institucional –PRI-.

Por el lado progresista, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG- y otros actores sociales,-aglutinados en torno a posiciones de izquierda y la agenda de la paz-, tuvieron su mejor correlación en las elecciones de 1999, colocándose como tercera fuerza política en el escenario nacional. No obstante, las dificultades internas y la lógica clientelar del sistema electoral llevaron a estos actores a la marginalidad política. El partido Unidad Nacional de la Esperanza –UNE-, creado por Álvaro Colóm, tiene sus orígenes parcialmente en estos sectores, sin embargo, su estrategia de crecimiento electoral lo convirtió necesariamente en un actor más del status quo y de la tercera generación.

Si bien “…los acuerdos [de paz] sentaban las bases para la solución de los problemas que originaron el conflicto y constituían (…) una propuesta de desarrollo que fortalecía al Estado y limitaba los alcances de las políticas neoliberales” (Sáenz, 2007: 268), la realidad fue distinta, y con ello, se cerró el paréntesis de una mayor democraticidad a partir de la participación más amplia en el sistema político. Lo sui generis del momento se caracteriza por tanto por un sistema democrático unipolar fraccionado, integrado por múltiples fuerzas particulares y coyunturales (la tercera generación de partidos), que se disputan el predominio político de manera paralela o al margen de poderes extrapartidarios[7], los cuales operan de facto desde lo legal-formal hasta lo ilegal-informal. En otras palabras, unipolar desde el punto de vista de la continuidad del status quo, y fraccionado por la disputa y la interacción de poderes complejamente entrelazados. Se conformó un sistema político dependiente y sin contrapesos, cuyo manejo de poder real se despliega desde complicadas zonas grises y se constituye en garante del status quo.

Esta unipolaridad fraccionada y la desigualdad estructural[8] de la sociedad guatemalteca han interactuado con “la fragmentación política[9] y la utilización de métodos clientelares para captar y mantener a contingentes de electores –no de ciudadanos- (…) [y en este contexto] la vinculación de los electores con los partidos está mediada por el intercambio, asimétrico eso sí, antes que por una identificación política e ideológica” (Sáenz, 2007: 304-305). Una democracia sin opciones políticas definidas y serias, es una democracia apolítica y clientelar.

De esta forma, las disputas políticas de los últimos procesos electorales[10] representaron, -en su esencia-, una contención asimétrica que ha profundizado el arraigo de los principales actores de poder, -lícitos e ilícitos-; rivalizando entre sí por posiciones privilegiadas en una realidad predominada por la liberalización económica y política, la reconfiguración de las élites y la expansión de una criminalidad compleja[11]. Las elites económicas, las redes criminales, los poderes (ex)militares y la clase política, -entre otros-, convivieron y consintieron conscientemente estas zonas grises, y por ende, son corresponsables de su origen y continuidad. Y en tanto, el proceso electoral de 2015 también está predominado por partidos de tercera generación, se está ante la prolongación irreversible del circulo vicioso de la democracia clientelar y apolítica, así como de lo grisáceo de los poderes de facto.

Los partidos de tercera generación

Mientras “…los partidos políticos guatemaltecos nacen y mueren rápidamente, algunos de ellos hibernan, pocos logran crecer, pero ninguno ha logrado sostenerse en el tiempo” (Brolo, 2012: 44), hay otros actores de poder que se perpetúan electoralmente en lo regional. ¿Cómo se produce esta continuidad en un sistema político fragmentado, volátil y fluido?

Ello requiere, en primer lugar, de una exploración del funcionamiento y la estructura institucional de los partidos políticos, -específicamente de la tercera generación-; y en el siguiente apartado, un análisis sobre las dinámicas regionales de personalidades y grupos predominantes.

Es una empresa difícil. Pues, ante la experiencia de los partidos de tercera generación en el ejecutivo y el legislativo, así como ante la aún escasa información disponible sobre las intrincadas redes de corrupción durante los últimos tres periodos (GANA, UNE, PP), -sin excluir por ello las experiencias anteriores-; lo más pertinente es continuar afirmando que “…estamos lejos de entender las dinámicas políticas ocultas…” (Mack, 2006: 26).

En los estudios sobre el sistema político guatemalteco resalta el énfasis en la adjetivación de los partidos como centralizados, verticales, exclusivos, elitistas, débiles, inestables, dependientes, poco institucionalizados, con escasa organización distrital y con baja cohesión, entre otras (ver Lemus, 2012/Novales, 2014/Fortín, 2010/Sáenz, 2007/Brolo, 2013/Ortiz, 2011).

De este conjunto de cualidades se priorizarán tres grupos temáticos para caracterizar los partidos políticos, y que se consideran además claves en su interacción con los poderes regionales:

a) El personalismo, el centralismo y el verticalismo:

Prácticamente todos los partidos de tercera generación fueron organizados por y alrededor de personas que se constituyen en el principal liderazgo de la organización política y “la mayoría de partidos nuevos postulan como candidato presidencial a su fundador” (Lemus, 2012: 12).

Ello ocurrió con la alianza de partidos que se formó a toda prisa alrededor de la candidatura de Óscar Berger[12], así como en la conformación de casi todos los partidos recientes: Álvaro Colom[13] (UNE), Otto Pérez Molina (PP), Mario Estrada (UCN), Manuel Baldizón (LIDER), Roberto Alejos (TODOS), Adela de Torrebiarte (ADN), Roberto González Díaz-Durán (CREO) y un largo etcétera.

Efectivamente, este personalismo no puede pensarse de manera alejada de la herencia de una larga historia de caudillismo y autoritarismo en el Estado guatemalteco, así como del impacto de la creciente importancia del marketing político en las pasadas elecciones. Mientras el caudillo de antaño y el dictador de décadas recientes obedecían a otros andamiajes para ocupar el poder; los partidos de hoy dependen del candidato presidencial como “el producto que se debe vender a la población…” (Lemus, 2013: 47).

No obstante, estos elementos serían insuficientes para describir el personalismo, el centralismo y el verticalismo de los partidos políticos. Evidentemente también el peso financiero propio de la figura central puede amplificar su nivel de influencia en el partido, y por tanto, se acrecentaría el grado de centralización y exclusividad de las decisiones en detrimento de otros integrantes de la organización política. Lemus (2012: 13) afirma que mientras “algunos partidos dependen exclusivamente del liderazgo de su fundador y financista, en la mayoría de partidos el comité nacional es menos exclusivo y sus miembros tienen cierto nivel de influencia. Esto se debe a que esos partidos fueron fundados por varias personas, no dependen del capital económico de uno de ellos, y se enfocan no solo en el poder ejecutivo sino también en el legislativo y las alcaldías”.

En todo caso, es un asunto de negociación e incluso de disputa a lo interno de los partidos, que pasa al menos por dos factores de poder. Por un lado, las atribuciones legales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de un partido político corresponden a un diseño centralizado y vertical (ver Lemus, 2012: 15), que permite un alto grado de decisiones no democráticas desde el referido órgano central sobre cuestiones estratégicas como la organización, la afiliación y la proclamación de candidaturas, entre otras.

Y por otra parte, la integración del CEN corresponde también a la integración de un círculo de confianza alrededor del liderazgo principal. Este círculo inicial, -cofundador del partido político-, se modifica con el desarrollo propio de la institución, integrando a nuevos actores que suman capacidades organizativas y financieras, al tiempo que se expulsan a otros cuyo nivel de influencia disminuye. Y dependiendo del ciclo de vida del partido se convierte en receptor o emisor de actores políticos. Sin duda, los ciclos cortos de los partidos actuales incrementan la frecuencia de estos reacomodos, alianzas y divisiones, provocando un efecto catalizador en la fragmentación y fluidez del sistema político.

En tanto los partidos políticos de tercera generación son actores en una democracia apolítica y su esencia es el personalismo centralizado, el candidato y el partido se funden en el imaginario social en una unidad. Esta unidad, -convertida en marca electoral-, aspira a ganar en determinado momento las elecciones, y así, -al lograrlo- se convierte en el reflejo propio del Ejecutivo presidencialista. El poder está representado y ejecutado por una persona omnipotente, que se desgasta en el ejercicio mismo de su poder ante el incumplimiento de las expectativas generadas por la maquinaria de marketing electoral. Y el partido político se desgasta junto a su presidente.

b) De facto: dependencia político-financiera

En líneas anteriores se ha abordado la complejidad del sistema político unipolar fraccionado, en el cual las fuerzas extrapartidarias juegan un rol de facto. Los partidos de tercera generación difícilmente pueden actuar al margen de esta realidad; es más, existe una serie de indicios que permite afirmar que las instituciones políticas están permeadas transversalmente por estas influencias y/o amparan la participación directa de actores que representan intereses claves de estos ámbitos grisáceos de poder real.

En este contexto, “…el financiamiento privado ha sido la piedra angular sobre la cual descansa el sistema político guatemalteco, lo que reduce el ejercicio del derecho “a ser electo” a una reducida “élite” que puede financiar su propia campaña o conseguir un buen “financista” (…) pero sobre todo condicionan la independencia de los partidos de los grupos o élites económicas, y del narcotráfico, entre otros” (Ortiz, 2011: 299).

Un partido que no cuente con el respaldo político y financiero de algunos sectores de las fuerzas del status quo difícilmente tendría éxito a nivel nacional, y pese a lo intrincado[14] de estas negociaciones, se trata de intercambios relativamente recíprocos entre cúpula partidaria y poderes extrapartidarios[15].

Este análisis no se puede reducir a una disputa entre malos y buenos. Sáenz (2014: 18) argumenta que “en el debate público reciente, algunas facciones de poder se han presentado como capitales tradicionales, supuestamente legítimos, que enfrentan los intereses de los capitales emergentes, que presuntamente son de origen ilícito u opaco. Lo cierto es que en esta disputa, ni los llamados grupos tradicionales están exentos de prácticas ilícitas, ni todos los llamados grupos emergentes se han constituido sobre la base de actividades ilegales”. En todo caso, “las matices anteriores se desdibujan muchas veces a tal grado, que es difícil establecer la línea divisoria entre lo lícito y lo ilícito; y también entre lo legítimo y lo ilegítimo” (Waxenecker, 2014: 30).

En el marco teórico se ha hecho referencia a las complejidades del desmantelamiento y la descentralización del Estado, y en este sentido, no es viable analizar la dependencia político-financiera de los partidos y las dinámicas de disputa por el Estado sin tomar en cuenta los ámbitos regionales. De acuerdo a Novales (2014: 33-36), la organización partidaria local y regional se construye y sostiene alrededor de figuras reconocidas que cuentan además con capacidad económica propia. De esta forma resulta una organización partidaria territorial volátil e inestable, que otorga una relativa autonomía a estos dirigentes locales, que generalmente también son los principales candidatos en los procesos eleccionarios[16]. Esta forma organizativa produce cacicazgos e incentiva el transfuguismo.

Es comprensible, por tanto, que los diputados y las diputadas distritales se coloquen en el centro de interés de los partidos políticos para sostener sus endebles estructuras partidarias y financiar las campañas políticas en los espacios regionales. Este modelo limita la capacidad de los partidos de “estabilizar su presencia territorial y sus posibilidades de desarrollar procesos democráticos internos” (Novales, 2014: vii).

c) El intercambio electoral

Las elecciones, -en su forma de contención asimétrica del status quo y de disputa interelitaria por privilegios-, constituyen momentos estratégicos de reordenamiento y reposicionamiento del poder. En este sentido, la victoria electoral se convierte en la motivación principal del conjunto de actores, viabilizando para ello las divisiones y alianzas más inéditas en el campo político.

Siguiendo el énfasis en las interacciones entre los partidos políticos y las figuras regionales, la trayectoria del diputado distrital Reynabel Estrada Roca del departamento de Quiché ofrece datos interesantes. Después de 10 años al frente de la municipalidad de Pachalum, acumulando capital político y económico, comenzó su carrera legislativa con la alianza PP-MR-PSN a partir del año 2004, encontrando continuidad en el partido GANA (2008-2012). En las elecciones de 2011 se postuló nuevamente como candidato; esta vez con la alianza UNE-GANA; donde coincidió con la otrora cúpula departamental eferregista (Mario Israel Rivera Cabrera y Carlos Enrique López Girón). Esta alianza temporal le permitió mantener su posición en el Congreso; iniciando en el actual periodo legislativo una confusa dinámica tránsfuga por los partidos UNE-GANA, GANA, CREO, TODOS, LIDER y PP.

En efecto, Estrada Roca no es un caso aislado, ya que “a septiembre de 2014, 85 diputados electos para la legislatura 2012-2016 cambiaron de partido…” (Novales, 2014: 2), y en las agonías de los escándalos de corrupción entre abril y mayo de 2015, -así como en las cercanías de las elecciones de septiembre próximo-, esta dinámica se acelera. Diversos estudios han hecho referencia a la temática, coincidiendo en términos generales que el fenómeno está relacionado al diseño de la democracia guatemalteca y que sobrepone los derechos individuales de los diputados sobre los derechos colectivos de los partidos políticos y del electorado (ver Fortín, 2010: 143).

Si bien el enfoque del análisis de Fortín (2010) es diferente[17], la descripción que ofrece de las motivaciones individuales del tránsfuga es aleccionadora: “…el diputado ambicioso hace una sumatoria entre los recursos que la organización le ofrece (tanto colectivos como privados) y los propios. A ese resultado descuenta sus costos de asociación con el colectivo y los costos de transacción asociados a la migración y decide participar con uno u otro dependiendo de cuál le permite disfrutar de una mejor condición” (2010: 143).

En este orden de ideas, entre el partido y las diputaciones intermedia un cálculo de costo-beneficio. En especial en el periodo electoral, el partido político cede la marca y una determinada posición en las encuestas de preferencia; a cambio de organización regional, financiamiento para la campaña local y cierto caudal de votos que pertenecen al diputado o la diputada. Y por otra parte, la actuación de la diputación se rige, -de acuerdo a Fortín-, por “tres categorías de intereses: electorales, ideológicos y de carrera política. La valoración que haga el diputado entre la reelección, su postura ideológica y su carrera política definirá en gran medida su conducta en la arena legislativa” (Fortín, 2010: 145).

En tanto, se está en un sistema unipolar, -cuando de posición frente al status quo se trata-, el recurso ideológico pierde significativamente en importancia. De esta cuenta, las motivaciones individuales del diputado o la diputada se reducen a intereses personales de ascenso político y reelección; y para ello, la marca partido se vuelve una cuestión de mercadeo y no de plataforma político-ideológica.

En esta lógica, el partido que en determinado momento encabeza la preferencia de votos de cara al siguiente proceso electoral es el líder del mercado y el mejor cotizado, y por tanto ejerce un efecto de gravedad, atrayendo a las diputaciones que se esperan beneficios propios al integrarse a esta agrupación; que en esencia es el interés de la reelección.

Al mismo tiempo, las figuras regionales más cotizadas serían aquellas que han acumulado poder económico, político y social en su distrito electoral, aportando a la consolidación temporal del partido. Los diputados de un mismo distrito compiten entre sí, -y también frente a nuevos liderazgos regionales-, por las mejores posiciones electorales, dado que el transfuguismo no tiene límites legales y representa un costo social bajo[18]. Ciertas pugnas por el predominio regional son constantes, y no por último, el resultado electoral mismo se traduce en reordenamientos del poder en los departamentos.

Conforme los diputados y diputadas han acumulado poder propio, el relacionamiento entre esta figura regional y los partidos políticos, -en su forma de marca electoral-, se puede comprender a partir de un intercambio electoral-mercantil de doble vía entre polos de poder. Esa bolsa de valores se ha vuelto continua, provocando cismas y consorcios en todo su esplendor.

Notas

[1] “Igualmente se restableció un sistema político y de partidos políticos en cuyo interior se desenvolvieron sub proyectos dentro del proyecto general contrainsurgente (…) Se conformó un sub proyecto reformista impulsado por la DCG (…) un proyecto doctrinariamente anticomunista y conservador impulsado por el MLN; y, un proyecto liberal impulsado por el nuevo partido Unión del Centro Nacional. Estas tres fuerzas políticas prácticamente empataron en las elecciones para la constituyente y elaboraron de común acuerdo una constitución que no atentaba contra el marco general previamente establecido por el ejército” (Sáenz, 2007: 253f.).

[2] Además de CIACS, “[e]n lo extra-institucional, se afianzaron también otros factores del poder militar: la seguridad privada, asociaciones pro-castrenses y estructuras paramilitares, – especialmente a nivel local-“ (Waxenecker, 2014: 3).

[3] El candidato presidencial de 1990, Jorge Carpio Nicolle, fue asesinado en 1994 (ver Robles, 2002: 91-101).

[4] “En las elecciones parlamentarias anticipadas de 1994, los grandes ganadores fueron el PAN, que (…) era un proyecto pro empresarial modernizante y el Frente Republicano Guatemalteco FRG, partido encabezado por el ex dictador Efraín Ríos Montt que no sólo era la expresión de la derecha conservadora sino de sectores de la burguesía que por el hecho de no pertenecer a la aristocracia criolla no eran aceptados dentro del núcleo oligárquico de la clase dominante” (Sáenz, 2007: 249-250).

[5] Entre 1994 y 1996, “…una salida intermedia para promover una mayor participación social fue la creación de una Asamblea de la Sociedad Civil (ASC). En esta participaron de manera voluntaria organizaciones sociales aglutinadas en “sectores” que incluían el religioso, sindical, indígena, mujeres, cooperativistas, académicos y centros de investigación, etc., para discutir los temas sustantivos establecidos en la agenda de negociación y proponer a las partes los contenidos de estos (…) aglutinaba las propuestas y demandas de los grupos que habían sido excluidos del pacto democrático de principios de la década anterior” (Sáenz, 2007: 262).

[6] El FCN “surgió por iniciativa de un grupo de militares retirados. La idea germinó durante la conmemoración del día del Ejército (30 de junio) en el año 2004. En esa oportunidad, la Asociación de Veteranos Militares convocó, como lo hacía regularmente desde mediados de 1995, a la realización de una caravana alegórica para celebrar tal acontecimiento“ (Sanabria, 2012: 41).

[7] “…la realidad guatemalteca de hoy no es un simple tablero de ajedrez con dos colores opuestos, sino más bien un tejido complejamente entrelazado, en el cual predomina la interacción entre diferentes facciones de los poderes fácticos en función de intereses muy diversos” (Waxenecker, 2014: 4): empresarial, político, (ex)militar, religioso, criminal e institucional. En palabras de Torres-Rivas (2010: 2), una parte de la problemática se refleja en “…la creciente presencia de poderosos actores criminales y el llamado «Estado-paralelo» en Guatemala (…) [y] la ideología neoliberal a la que desde los 80 adhirieron las elites conservadoras en el poder fomentó aún más la concentración de la riqueza social.“

[8] “Es difícil precisar cuánta democracia soportan las desigualdades o cómo la democracia convive con la pobreza. Pero sí sabemos que las amenazas no solo provienen del mar de pobreza, sino de la desorbitada concentración de la riqueza (…) [L]as desigualdades (sociopolíticas, culturales, étnicas, de lugar, género, edad…), tal como hoy ocurren en estas sociedades, refuerzan los síntomas negativos de las democracias malas: mercado libre para el narconegocio, desbordes criminales imparables, impunidad y Poder Judicial impotente, bienes públicos escasos y de difícil acceso, infinitas formas de ilegalidad; es decir, una erosión del Estado de derecho o dificultades para su constitución (Torres-Rivas, 2010: 2-3).

[9] Hasta el 19 de marzo de 2015, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) registra un total de 28 partidos inscritos y vigentes y 8 partidos en formación. (Fuente: www.tse.org.gt)

[10] La segunda vuelta electoral en los comicios pasados se había configurado de la siguiente manera: Elecciones 2003: GANA – FRG; Elecciones 2007: UNE – PP; y Elecciones 2011: PP – LIDER.

[11] Para profundizar el análisis: Exposición del Dr. Luis Jorge Garay-Salamanca en el foro “Los nuevos caminos de cooptación del Estado”, Fundación Myrna Mack, Universidad Rafael Landívar, ASIES, ODHA, Impunity Watch, Open Society Foundation, 24 de Marzo de 2015). Audio disponible en: http://www.cicig.org/index.php?page=not_022_20150324

[12] La derrota electoral del PAN en 1999, “más la posterior lucha en torno a la potestad de elegir al candidato a la Presidencia lleva en el 2002 a una fractura importante dentro de las filas del PAN, lo que produce la salida de algunos dirigentes y a la formación de un partido, el Partido Unionista, aglutinado alrededor de Fritz García Gallont (secretario general) y Álvaro Arzú (actualmente, alcalde de la Capital), y una coalición, la Gran Alianza Nacional (GANA), conformada por un grupo de dirigentes disidente del PAN (el M17), sin estructura partidaria, más tres partidos (PP, MR y PSN), todos ellos aglutinados alrededor de la figura de Óscar Berger (Mack, 2006: 23).

[13] En las elecciones de 1999, “…la URNG formó la denominada Alianza Nueva Nación (ANN) junto al partido Desarrollo Integral Auténtico (DIA), postulando como candidato presidencial al ingeniero Álvaro Colom. Para las elecciones del 2003 participaron por separado los partidos URNG, la ANN –ya constituida como partido político– y el candidato Álvaro Colom con su partido político Unión Nacional de la Esperanza (UNE)” (Fortín, 2010: 157).

[14] “Aunque la ley prohíbe expresamente las donaciones “anónimas”, la regla en este país ha sido el anonimato, así como la donación de recursos en especie, que luego se cobran con favores o privilegios políticos” (Ortiz, 2011: 312).

[15] “…los intereses de los financistas pueden estar en obtener contratos para la construcción de obra pública (…), la concesión de bienes públicos, tales como frecuencias radioeléctricas (…), o la obtención de privilegios a través de política pública y legislación (…) [Además] en ocasiones el financiamiento partidario puede tener características defensivas, buscando evitar ser extorsionado por un funcionario electo, o evitar que un candidato del cual se desconfía llegue al poder” (Novales, 2014: 40).

[16] “…contar con recursos puede ser determinante para que dichos líderes ocupen las primeras casillas en los listados de cargos de elección popular (…) [y] las campañas locales suelen ser financiadas por el propio candidato, con apoyo de familiares y amigos, o empresas y organizaciones locales (…) [Éstos] son espacios en donde puede filtrarse el financiamiento proveniente de actividades ilícitas, entre las cuales se menciona con especial frecuencia el narcotráfico” (Novales, 2014: 33-36).

[17] Fortín (2010) argumenta que su trabajo se aleja del tradicional análisis normativo de la política en Guatemala y se centra en el cálculo individual del diputado o la diputada, defendiendo la tesis que “…migrar de un partido a otro es una decisión estratégica orientada a maximizar su función de utilidad, donde el legislador evalúa los costos y beneficios de pertenecer a cierta bancada en determinado momento y decide colaborar en una u otra sobre la base de cuál le permite obtener una mejor renta” (2010: 163).

[18] “…es comúnmente aceptado que los costos de transacción son bajos en sistemas donde: hay una baja institucionalización partidaria y una alta volatilidad electoral; las marcas partidarias son poco claras o distinguibles; y los partidos proveen pocos recursos para las carreras electorales parlamentarias” (Fortín, 2010: 147).


Redes de poder5

Consideraciones iniciales

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

Los casos recientes, -que involucran a los diputados Baudilio Hichos y Pedro Muadi-, son un claro indicio que la corrupción ha extendido sus tentáculos también en y desde el Congreso de la República hacia la institucionalidad regional y estructuras empresariales. Asimismo, en las pancartas de rechazo a la corrupción en varias cabeceras departamentales han aparecido de manera recurrente los nombres de legisladores distritales y autoridades municipales, reflejando la percepción de la población sobre la actuación anómala y corrupta de estos personajes regionales y locales.

En la dinámica parlamentaria de los últimos años se ha caracterizado por el bloqueo sistemático de reformas democráticas, mientras abundan las noticias sobre el transfuguismo y las reelecciones de diputados y diputadas. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[1]

En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones más criticadas. Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas las diputaciones, -especialmente las distritales- responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El ensayo “Poderes regionales y la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, -publicado en la Edición #3 de la Revista Revela (http://revistarevela.com) problematiza entorno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del Guatemala, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q. 10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que había alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones. En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieronzonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

Prensa Comunitaria publicará el contenido del ensayo mencionado en cinco entregas. Para ello reordenamos los capítulos a modo de conocer el fenómeno desde lo particular hacia lo general: 1. Los principales grupos de poder; 2. Las redes del negocio público en lo regional; 3. Las interacciones con actores (inter)nacionales; 4. La democracia guatemalteca y los partidos de tercera generación; y 5. Democracia y su distorsión ilícita.

Prensa Comunitaria publicará en cada entrega también los datos que sustentan la investigación; es decir, los detalles del historial político de los legisladores distritales, así como de las empresas contratistas regionales y nacionales.

[1] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

 

– Quinta entrega –

 

Marco teórico

Democracia y sistema político

“Desde la época clásica hasta hoy el término “democracia” siempre ha sido empleado para designar una de las formas de gobierno, o sea, una de las diversas maneras bajo las que puede ejercerse el poder político. Específicamente designa la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por el pueblo” (Bobbio, [1985] 1996: 188).

Torres-Rivas (2013: 267) plantea que “la noción de democracia debe vincularse a la de Estado, pues tanto en su dimensión sustantiva como instrumental el objeto deseable es el Estado democrático”, y según Hirsch (2005: 76), algunas de las características de lo que hoy en día se entiende habitualmente por un Estado democrático son: un sistema político que se rige por elecciones universales y libres, la representación parlamentaria, un mínimo de garantías en un Estado de derecho, la separación de poderes, el traspaso pacífico y regulado del poder gubernamental basado en un sistema multipartidario, así como el reconocimiento de determinados derechos fundamentales.

Sin embargo, en el campo de la teorización y realización de la democracia no existe una visión única. De hecho, “…la democracia es objeto de discusión y disputa por parte de concepciones y/o proyectos políticos que tienen una perspectiva distinta de lo que es, puede, o debe ser y, en aquellas sociedades en las que se ha establecido, la democracia, y particularmente los sistemas políticos se convierten en campo de conflicto en torno a sus alcances y límites” (Sáenz, 2007: 19-20).

Pero, de acuerdo a Kreisky y Löffler (2012: 133), pese a la necesaria elasticidad de este concepto, la definición política y teóricamente dominante de la democracia es hoy restrictiva y tendenciosa por asemejar civilización occidental y democracia en la tipificación de “democracia occidental”; y a su vez, ésta es designada como el ideal democrático para todas las regiones del mundo. Esta forma de pensar contiene una significación central: la democracia liberal, -que presume conceder libertad e igualdad-, fundamenta en ello su pretensión de legitimidad y universalidad.

Hirsch (2005: 77) refuerza esta crítica, afirmando que la libertad, la igualdad y la autodeterminación a lo interno de la democracia liberal, siempre se basa estructural y socialmente en la sumisión, la desigualdad y la heteronomía.

En este sentido, ese poder del pueblo no se ejerce de igual forma en las distintas democracias en el mundo; y en efecto, la democracia implica una gran complejidad que puede expresarse en lo conceptual-teórico, lo procedimental, y también lo realmente existente.

Y no necesariamente “…es el consenso el que vuelve democrático al poder estatal sino el atravesar con éxito las pruebas del disenso y su manejo…” (Torres-Rivas, 2013: 271), y desde las concepciones post-democráticas se cuestiona precisamente la desaparición de un entendimiento teórico, -y por ende también práctico-, de la política como ámbito de disenso y disputa. Kreisky y Löffler (2012: 142) argumentan que extraer los conflictos de la disputa política, los hace insolubles.

Ello dirige la atención hacia las formas de deliberación, en su sentido de búsqueda de la voluntad general en una sociedad. Sáenz (2007: 19-34) reflexiona sobre la importancia de la recuperación de la política como espacio público de la ciudadanía, superando las limitaciones de votar las diferencias individuales en espacios restringidos de partidos y políticos. Se trata de construir una visión en torno a lo que es bueno para la sociedad en conjunto, y para ello “…la deliberación democrática requiere ciertos niveles de igualdad entre los sujetos deliberantes (…) Aquellos individuos o grupos que cuenten con mayores recursos – de todo tipo, particularmente educación, información y capacidad de influencia – tendrán mejores condiciones para participar en este tipo de espacios e impulsar sus ideas.” Pero en la práctica, la construcción de sociedades democráticas “depende de las fuerzas y coaliciones que disputan los alcances de la democracia en la arena política. Es del conflicto político del que emerge el entramado institucional que define los alcances y límites de la democracia, y este depende de la negociación entre fuerzas y proyectos políticos o del predominio de unos en detrimento de otros.” En este sentido, el manejo de poder y los procedimientos institucionales también son elementos claves en las democracias realmente existentes, reconociendo que el poder no se produce en las democracias liberales en el momento de las elecciones, sino el “Estado concentra poder y este poder es objeto de disputa entre grupos antagónicos dentro de las sociedades.” Siguiendo a al mismo autor, una visión agregativa de la democracia acepta la imposición de restricciones a la soberanía popular, “…partiendo del principio liberal de las libertades negativas: el alcance de las decisiones mayoritarias no puede afectar las libertades de los individuos.” Este enfoque se traduce en sociedades de poderes desiguales en diseños institucionales que pueden favorecer determinados sectores e intereses, y en “muchos casos, los resultados de las elecciones colectivas dependen más de los procedimientos de votación o de quién controle la agenda, que de la voluntad popular.” Y el problema concreto consiste también en “la irrupción de recursos de grupos de interés privados en las campañas electorales y las inquietudes en la competencia. Esto pone el acento en el tema de que este sistema es imperfectamente competitivo.”

De esta manera, es necesario problematizar sobre la democraticidad de la democracia y la “crítica democrática a las democracias realmente existentes – como la llama O’Donnnell – puede contribuir a su mejoramiento a partir de identificar los problemas y vacíos que esta tiene” (Sin autor, 2011: 165). Pues, la democracia podría ser, -como plantea Torres-Rivas (2013: 269)-, “una forma ventajosa de distribuir el poder del Estado en la sociedad, al que fortalece mediante la organización y la participación ciudadanas…”. Se trata, entonces, de un sistema político con características democráticas.

Sobre este tema, Luhmann ([1975] 1995: 128-129) argumenta que el desarrollo de sociedades complejas supuso también la disgregación del poder, y precisamente esta “diferenciación demanda el desarrollo de nuevos sistemas políticos de referencia que se especialicen en la formación y manipulación del poder”. Significa, según Sáenz (2007: 78), que “…la modernidad implica complejización y diferenciación de manera que “lo político” se convierte en un ámbito que tiene validez e importancia por si mismo y, sobre todo autónomo del “sistema económico” y del “sistema social”. Inicialmente resulta problemático pensar la separación de sistemas de manera tajante; sin embargo, desde una visión normativa el argumento es adecuado: la posibilidad de construir un orden democrático – que pueda denominarse de esta forma en sentido estricto – está directamente relacionada con la construcción y consolidación de un ámbito público en el que la ciudadanía esté en condiciones de discutir y tomar decisiones más allá del peso económico que posean individual o colectivamente los sujetos.”

En este sentido, en un sistema político democrático el sufragio universal suprime teóricamente las asimetrías socio-económicas y las relaciones de poder se regulan de una forma equitativa y dirigida al bien común. El sistema de partidos políticos sería el canal de las demandas sociales colectivas (programas políticos) que encuentran su materialización en un Estado con división de poderes (representar, administrar y controlar).

No obstante, la historia señala que “durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, el Estado fue en buena medida controlado y disputado por grupos empresariales más o menos tradicionales (…) [y] en los últimos años se ha dado una disputa por el control de partes/sectores de la administración pública en distintos niveles y por distintos grupos. En las grandes ligas actúan los principales grupos de poder económico y político (…) En otros niveles se disputan las decisiones intermedias sobre volúmenes de inversión, para finalmente establecer cómo se realiza la inversión en obra pública” (Sin autor, 2011: 166-167).

Así, -y de nueva cuenta-, el pluralismo asimétrico plantea disyuntivas importantes en relación a distorsiones estructurales en el sistema político y esto también se refleja en los resultados del mismo, caracterizados por un continuum sistemático de la coexistencia de acumulación y desigualdad.

Otro campo problemático es la propia transición democrática[1] a nivel centroamericano, especialmente en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. El llamado modelo centroamericano de esta mutación de los sistemas políticos hacia la democracia no se define solamente por haber transcurrido en situaciones de guerra, sino también por la complejidad que han impuesto de manera paralela el two track approach y el cambio de los modelos económico y estatal bajo las prescripciones del (neo)liberalismo.

Desde una perspectiva global, Centroamérica fue uno de los primeros laboratorios para el paradigma liberal de pacificación, una etiqueta adherida a las crecientes intervenciones externas en sociedades de post-guerra  y post-conflicto. Este paradigma presupone que la triple transformación de paz, democracia y libre mercado es un proceso de autofortalecimiento que conduce al desarrollo sostenible (Kurtenbach, 2010: 1).

El resultado de este tipo de transformaciones son sistemas políticos complejos, -que oscilan entre lo autoritario y lo democrático-, y que han adoptado en los campos de la ciencia y la política una amplia gama de apelativos: autoritarismo competitivo, semi-autoritario, autoritarismo blando, autoritarismo electoral, régimen híbrido, semi-democracia, democracia virtual, democracia electoral, democracia iliberal, y pseudo democracia, entre otros.

En todo caso, nombrar los distintos regímenes políticos es una discusión compleja. Torres-Rivas (2013) habla en su libro Revoluciones sin cambios revolucionarios de dictaduras militares institucionalizadas (no personalizadas) durante el periodo entre 1950 y 1980 ,-en los casos de El Salvador y Guatemala-. El ejército era el Estado, diferenciando entre Estados militares con pretensiones democráticas, primero y luego democracias contrainsurgentes, que fueron variando en su condición de régimen, pero conservando su calidad represiva. Pese a todas las complejidades, la crisis del régimen alrededor de 1980 llevó paulatinamente a la mutación de lo autoritario militar hacia lo democrático civil.

No solamente es el antecedente histórico del sistema político que ha regido en Guatemala durante las últimas tres décadas, sino también es la herencia que ha intervenido en el proceso democrático hasta la actualidad.

Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI)

El concepto de Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI) tiene antecedentes en las décadas de la guerra interna. Una de las herencias de aquella etapa histórica fue un ejército contrainsurgente y violador de Derechos Humanos, socio de las élites económicas, y conectado íntimamente a los partidos tradicionales, las ligas anticomunistas, así como a redes de corrupción y negocios ilícitos. El Estado y la sociedad enfrentaron, -en condiciones muy complejas-, el reto de la desmilitarización para encarar el futuro de democracia y paz.

“En este marco, uno de los aspectos fundamentales es la transformación del poder del ejército en el transcurso histórico, quien indudablemente ha fortalecido sus posiciones, -y la de algunos oficiales-, en una compleja mezcla de la guerra y la política, que tornó inseparables ambas categorías en gran parte de la segunda mitad del siglo XX. En este contexto, el ejército y la política han estado íntimamente atados. La etapa de la democracia y los acuerdos de paz rompe esta atadura, fomentando una división entre los ámbitos institucional y extra-institucional. Comenzó entonces un proceso que fragmenta, oculta, privatiza y criminaliza el poder de los militares, dando origen a nuevos núcleos de poder, -más complejos y “multisectoriales” en la actualidad…”  (Waxenecker, 2014: 3).

Partiendo de la preocupación de la continuidad de estructuras clandestinas de la guerra en la etapa post-conflicto, en el Acuerdo Global de Derechos Humanos, -suscrito en 1994-, se afirmó que “para mantener un irrestricto respeto de los derechos humanos, no deben existir cuerpos ilegales, ni aparatos clandestinos de seguridad. El Gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos.”[2]

Este concepto de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) fue retomado en los primeros años del siglo veintiuno en la agenda de la sociedad civil, preocupada por la evidencia de la continuación de redes clandestinas en la esfera pública y privada y ligadas a redes de corrupción y contrabando. La Fundación Myrna Mack y WOLA, entre otras organizaciones, denunciaron la existencia de poderes ocultos.

En 2006, los esfuerzos de la sociedad civil convergieron en el acuerdo para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), cuyo mandato establece que “se deberá entender por Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad, a aquellos grupos que reúnan las siguientes características: (i) Cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, y (ii) Estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas.”[3]

Según el ex vicepresidente Eduardo Stein, en estos años “existían ya muy instaladas estas redes de intermediación ilegal de negocios (…) no eran pues, despojos espectaculares (…) sino un sinnúmero capilar de operaciones de negocios que, comenzando en la ilegalidad, terminaban en absolutas y defendibles operaciones legales en lo público, que van (…) desde lo citado [bancos, loterías, conciertos, etc.] hasta los bienes raíces.”[4] Estas estructuras habían transmutado en el tiempo.

La labor investigativa de CICIG ha llevado a una nueva conceptualización, que afirma “que en la actualidad los CIACS pueden caracterizarse como una forma de Red Político-Económica Ilícita (RPEI). No son una entidad gubernamental, ni son una entidad estrictamente privada; son entidades adaptativas mixtas, y por ello, eminentemente transicionales. Estas se desplazan entre lo público y privado, entre lo gubernamental y lo empresarial, entre lo lícito y lo ilícito y entre lo formal y lo informal, y tienen por finalidades lograr: a) poder indebido (político y/o económico), b) influencia indebida (política y/o económica), c) impunidad para sus acciones ilícitas y d) enriquecimiento indebido” (CICIG/MP, 2015). [5]

 

Conclusiones

La parte concluyente de este ensayo no pretende presentar ideas acabadas, sino aportar al debate actual en Guatemala: por un lado, al análisis de los fenómenos de poder que distorsionan el sistema democrático existente, y por otro lado, a la discusión sobre la importancia de un proceso de democratización de la democracia.

Las redes regionales y el alcance de la corrupción

El análisis ha demostrado la perpetuidad de un alto porcentaje de las diputaciones distritales en el Congreso de la República, -mediante una compleja dinámica de transfuguismo e intercambio electoral-mercantil-, constituyéndose como Grupos de Poder Regional (GdPR) en un contexto de profundas transformaciones contextuales y de fuerzas políticas unipolares y fraccionadas. Este fenómeno no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistemática, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja. En el país se identifican al menos 34 GdPR, -consolidados o en formación-, y 5 clanes familiares de poder local; cuyos hilos de poder traspasan 21 departamentos y se han constituido en un fenómeno de importancia nacional con la capacidad sostenida de influir, negociar, definir y operar en la institucionalidad democrática central, regional y local. En especial, la adjudicación descentralizada de contratos públicos constituye el terreno natural de influencia y poder de los diputados distritales. Su posición privilegiada en el Congreso permite control y manipulación de las ejecuciones gubernamentales a través del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera, -conocido como Listado Geográfico de Obras-, cuyos presupuestos aprobados oscilaron anualmente entre 10.9 y 14.6 mil millones de Quetzales desde el 2006.

La influencia de las y los legisladores distritales en la negociación y definición de esta inversión física es decisiva en el reparto geográfico, y se convierte en fuente de acumulación opaca/gris, que -de nueva cuenta- permite a las principales figuras regionales mercantilizar su permanencia en la política nacional e insertarse en redes público-privadas de influencia, cooptación y desviación de recursos públicos en función de poder y enriquecimiento indebidos. Es un circulo vicioso que se fundamenta en la complicidad entre los GdPR y otros actores favorecidos; en especial los contratistas regionales que, -después del ocaso de las ONG (a finales de 2011)-, se fortalecieron como engranaje privado de estas redes político-económicas. El monto operado a través de 69 empresas regionales asciende a Q. 10.0 mil millones (US$ 1.3 billones) entre 2004 y 2015. La sistematicidad observada en la interacción entre actores públicos y privados en el marco de los GdPR se construye sobre acuerdos e interacciones de largo alcance y mediante prácticas que involucran lo lícito y lo ilícito.[6]

Guatemala enfrenta una situación de corrupción constante y compleja, definida por Cartier-Bresson (1997: 466-469) como social exchange corruption, en el sentido de un intercambio social corrupto que se traduce en interacciones regulares y organizadas en lo económico, político y social. Esta organización de la corrupción mediante redes facilita y promueve la institucionalización y normalización de los actos de corrupción, que se convierten en prácticas ocultas comunes y se expresan en formas multidimensionales de acumulación e intercambio (material, informacional, simbólico, etc.).

Especialmente en lo regional se configura una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio involucra múltiples actores con intereses diversos. Cartier-Bresson (1997: 470) describe el intercambio como la movilización de una serie de recursos (políticos, económicos y sociales) y principios de coordinación (competencia, jerarquía y solidaridad)[7], como productos articulados (joint products) de intercambio. Esta mezcla de amistad, interés y obediencia da lugar a efectos no deseados e imprevisibles. De manera paralela, el mimetismo es un factor determinante en la expansión de la corrupción. El principio de la imitación, -más que la racionalidad sustantiva-, es el origen del éxito, y por tanto, la racionalidad económica muchas veces no es suficiente para explicar de manera adecuada este fenómeno.

De esta reflexión resaltan dos elementos para el caso de Guatemala. Por un lado, el mimetismo es resaltado también por el ex vicepresidente Stein, cuando afirma que los CIACS “que determinaron su inclusión en los acuerdos de paz (…) ya no son ni de lejos los mismos que estamos viendo y padeciendo ahora. Si algo hemos podido ir observando desde entonces (…) es esa transmutación, esa transformación, esa mimetización, en donde estos aparatos clandestinos y estos cuerpos paralelos fueron transformándose y (…) adaptándose gradualmente a las nuevas realidades institucionales, políticas y económicas del país (…) No es que cambiara el concepto, cambió la realidad.” [8]

Este análisis contribuye a la reconstrucción, -aún esquemática-, del proceso de surgimiento y consolidación de los GdPR. La primera etapa de personajes regionales que han acumulado poder político y económico desde la perpetuidad en su curul comprende el periodo entre 1995 y 1999; y se relaciona con los partidos de la segunda generación, especialmente el FRG con 9 diputaciones. En cambio, las diputaciones distritales con antecedentes en el PAN se dispersaron.

La segunda etapa de origen de GdPR ocurre entre 2003 y 2007. En un primer momento, la alianza PP-MR-PSN (2003) absorbió algunas diputaciones panistas, y fue la base para la consolidación de 7 diputaciones en el partido GANA. Posteriormente, el PP dio cobijo a liderazgos políticos propios y a la mayoría de los disidentes eferregistas. Al mismo tiempo, en el marco del partido UNE también surgieron poderes regionales propios. En esta etapa, los modus operandi de los GdPR se fue consolidando y mimetizando.

La tercera etapa, -desde 2011-, se considera de perpetuidad simbiótica, y da lugar a la otra reflexión. El principio de solidaridad, que se materializa en el ámbito político entre las diputaciones regionales, en tanto, éstas no compiten por los votantes de un mismo distrito electoral. Allí encuentran incentivos “para cooperar entre sí y asegurar su reelección, evitando la competencia de nuevos candidatos”[9]. Esta simbiosis y complicidad es valedera para la coexistencia y reproducción de los GdPR en el Congreso[10], siempre y cuando, no se estén disputando las mismas asignaciones, obras o cuotas de poder. Las disputas del periodo se caracterizan por reacomodos, especialmente a partir del ocaso de GANA y el surgimiento de LIDER, así como la irrupción de algunos competidores nuevos. La siguiente gráfica muestra estas líneas de continuidad y reacomodos.

Esquema de origen y consolidación de GdPR (1995-2015)

genspartidos

Elaboración propia.

Nota: los círculos negros representan momentos claves de origen y continuidad.

El esquema refleja también una marcada línea de continuidad entre dos proyectos políticos cuyas figuras principales surgieron del ámbito militar: Efraín Ríos Montt (FRG) y Otto Pérez Molina (PP). Durante los últimos 20 años han sido principio y cobijo de GdPR, y ambos proyectos políticos son vinculados con estructuras clandestinas: En 2006, un informe de WOLA afirma que “en años recientes el FRG ha sido un vehículo importante de consolidación de la autoridad política de los poderes ocultos” (Peacock/Beltrán, 2006: 41). Asimismo, el Sindicato, -vinculado a Pérez Molina-, es según Insigt Crime “uno de los poderes ocultos de Guatemala o CIACS (…) grupos que actúan a la sombra, conformados principalmente por antiguos militares y oficiales de inteligencia cuyo origen se encuentra en el conflicto armado del país.”[11] Además, en el análisis militar hay que tomar en cuenta “los grupos de inteligencia militares conocidos como La Cofradía y El Sindicato, vinculados al general (r) Francisco Ortega Menaldo y el general (r) Otto Pérez Molina, respectivamente.” Se plantea la hipótesis que “el gobierno de Pérez Molina era una alianza de dos redes de inteligencia militar, históricamente peleados pero ahora unidos para hacer gobierno.”[12]

De esa manera, se señala que también desde lo regional y hasta la actualidad, “los poderes ocultos se las han ingeniado para incrustarse a sí mismos dentro de las estructuras estatales existentes y operar en las sombras para proteger sus intereses” (Peacock/Beltrán, 2006: 62). En general, se ha “advertido sobre el hecho de que los poderes ocultos han desarrollado relaciones con la mayoría – y quizás todos – de los partidos políticos, con el fin de proteger, fortalecer y consolidar su poder” (Peacock/Beltrán, 2006: 60).

El análisis de Eduardo Stein valida esa hipótesis, afirmando que son “las estructuras dentro de la institucionalidad del Estado, no de afuera hacia adentro”, que encontraron cauce en “un Estado con instituciones débiles, con instituciones con una serie de carencias y con una generalizada inmadurez política, -que venía de décadas de guerra interna-, en donde la formalidad de procesos electorales escondía en la práctica esquemas autoritarios.” [13]

Sumando el hecho que “estos grupos [clandestinos] han sido asociados con narcotráfico, secuestros, contrabando, [y] robos en gran escala[14], se conforma una compleja realidad de zonas grises[15] que interviene en el proceso de origen y consolidación de los GdPR, y en la relación de éstos con CIACS y OTD. También, en el caso de las empresas contratistas se constata que, -por sus relaciones sistemáticas con las ONG en el periodo 2004-2011-, difícilmente podrían haberse quedado al margen de negocios con los grupos criminales. Como se ha afirmado, la ilegalidad no proviene exclusivamente de la participación abierta u oculta de actores criminales, sino se presenta cotidianamente en forma de soborno, influencias, colusión, corrupción, manipulación, incumplimiento y lavado, entre otras.

En resumen, el origen opaco y las constantes prácticas de corrupción, -compleja, institucionalizada y normalizada-, con fines de acumulación de poder y riqueza; las interacciones lícitas e ilícitas con grupos, redes y actores a nivel regional y (trans)nacional; la micro-captura del Estado; los intercambios asimétricos e ilegítimos en el mercado electoral; y la capacidad de tejer redes de impunidad; forman parte del actuar característico de los Grupos de Poder Regional. Retrocediendo brevemente a la definición de Red Político-Económica Ilícita (RPEI), se verifica que el fenómeno de los GdPR concuerda con lo expuesto por CICIG: “No son una entidad gubernamental, ni son una entidad estrictamente privada; son entidades adaptativas mixtas, y por ello, eminentemente transicionales. Estas se desplazan entre lo público y privado, entre lo gubernamental y lo empresarial, entre lo lícito y lo ilícito y entre lo formal y lo informal, y tienen por finalidades lograr: a) poder indebido (político y/o económico), b) influencia indebida (política y/o económica), c) impunidad para sus acciones ilícitas y d) enriquecimiento indebido” (CICIG/MP, 2015).

También Cartier-Bresson (1997: 470-473) considera que el concepto de red es útil cuando los límites tradicionales se hacen irrelevantes ante la evidencia inexplicada. Las alianzas en el marco de una red de corrupción tiene por objeto reducir la dependencia de los actores de las limitaciones legales e institucionales, construyendo un ambiente favorable, negociado en secreto. También afirma que la separación entre interior y exterior de una red (grupo o actor) no existe con claridad en nuestras economías, y las fronteras entre lo público y privado se desdibujan en la ambigüedad legal en múltiples formas.

En este sentido, Guatemala está ante un fenómeno sistemático de incrustación de RPEI en uno de los organismos centrales del sistema democrático, -el Congreso-, extendiendo sus redes e influencias desde y hacia la institucionalidad local en casi todo el país. La fuerza legislativa acumulada de estos grupos ha alcanzado al menos el 30% del total de integrantes del Congreso, y es comparable con el nivel de incidencia de la parapolítica en Colombia durante los primeros años del nuevo milenio. Y en tanto, el proceso electoral de 2015 continua predominado por partidos mercantiles, -que negocian con estas redes regionales ilícitas-, se está ante la prolongación irreversible del circulo vicioso de poderes eternizados en el Organismo Legislativo y la institucionalidad departamental.

La distorsión ilícita de una democracia asimétrica

Al resultar infiltrado el Congreso por estas redes ilícitas se afecta “la legitimidad de una institución fundamental para el Estado de derecho, por ser la rama encargada de promulgar las leyes de la República. Este fenómeno llevó [también en el caso de la parapolítica en Colombia] a una situación paradójica y problemática para la consolidación democrática de un Estado: La legitimidad de ciertas leyes puede incluso ponerse en duda, porque su cumplimiento puede llegar a favorecer intereses excluyentes o incluso criminales, en detrimento del interés común que exige el Estado de derecho” (Garay Salamanca/Salcedo-Albarán, 2012: 38). Esta situación es denominada por Garay Salamanca y Salcedo-Albarán “Paradoja del Estado Cooptado” (2012: 38) y puede caracterizar la situación que ha determinado la actuación legislativa durante los últimos años en Guatemala. Y, en efecto, las redes extendidas de los GdPR han desnaturalizado también la institucionalidad estatal en las regiones; en especial aquellos espacios que originalmente podían convertirse en ámbitos de diálogo y participación democrática, pero se trasformaron en instrumentos de negociación y manipulación de la obra pública.

Según Garay-Salamanca (2012: 48), este tipo de situaciones puede “convertirse en una característica endémica de largo plazo de un régimen social y político, afectando la operación de las instituciones democráticas orientadas a consolidar el Estado de derecho. En última instancia, (…) tiende a conducir a la distorsión del pilar fundamental de cualquier Estado moderno: el imperio de la ley.” En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia.

Esta paradoja se presenta en Guatemala de una manera especialmente compleja en la coyuntura que se vive desde abril de 2015, tras conocerse públicamente de varias estructuras de corrupción que operaron en y desde los niveles más altos del Estado. Por un lado, las modificaciones legales e institucionales, -necesarias para el fortalecimiento de la democracia-, pasarían en este momento por un Organismo Legislativo cooptado por las RPEI, y por ende, el resultado estaría inevitablemente mediado por los intereses particulares de los poderes de facto y carecería de legitimidad (y posiblemente también de legalidad). Por otra parte, el país se acerca a un proceso electoral y más del 80% de diputados y diputadas participará para reelegirse, incluyendo las figuras principales de los GdPR. De esta cuenta, -al realizarse los comicios en las condiciones actuales-, la mayoría de estos grupos regionales lograrían prolongarse en su ejercicio de poder, habiendo encontrado cobijo en los partidos políticos de la tercera generación. Por ende, Guatemala está ante la disyuntiva de la perpetuidad de las RPEI o una reforma democrática y legítima.

En este sentido, una discusión sobre la democratización de la democracia debe desarrollarse en condiciones de legitimidad y concordancia histórica. A casi 30 años del inicio del primer gobierno civil de esta era democrática y a casi 20 años de haberse firmado la paz, es un momento propicio para repensar la experiencia concreta del paradigma liberal de democratización y pacificación, que ha transcurrido en un contexto de continuidades de estructuras de poder y de consentimiento de amplias zonas grises de interacción de las elites económicas, las redes criminales, los poderes (ex)militares y la clase política. Hoy por hoy, estas reflexiones sobre la democracia, -que se ha descrito como unipolar, fraccionada, apolítica y clientelar-, adquieren importancia para abordar las asimetrías y distorsiones propias del sistema guatemalteco y para aportar lecciones a procesos similares de democratización que se viven en otros países.

Ante todo, la democracia se debe comprender como un proyecto amplio de futuro y no como un problema que debe ser resuelto de una vez por todas (Kreisky/Löffler, 2012: 145), y para ello “la participación de la sociedad en los procesos de decisión asume un papel central para la democratización (…) Desde esta perspectiva, la participación es compartir el poder de decisión del Estado en los asuntos de interés público y no simplemente la consulta a la población” (Sáenz, 2007: 33). El camino es la democracia como sistema plural, incluyente y equitativo, construida sobre bases de legitimidad, transparencia y justicia.

Sin embargo, el peso de la unipolaridad y los fantasmas del glorioso pasado se perciben en el ambiente, tratando de conducir por los senderos de la amnesia hacia una regresión sui generis: un pacto de renovación democrática acordado entre fracciones de la elite militar, empresarial y política guiadas por las iniciativas de «La Embajada».

 

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Notas

[1] “No fueron democracias surgidas «desde abajo», efectos del reclamo de fuerzas populares movilizadas desde la oposición, sino decisiones de una cúpula reaccionaria y en crisis. La democracia no fue resultado de la derrota de los militares ni de la victoria de la guerrilla. Fue un arreglo contrainsurgente (…) Por ello, la democratización no fue una transición, sino el resultado de pactos acordados entre fracciones de la elite militar, empresarial y política guiadas por las iniciativas de «La Embajada». (Torres Rivas, 2010: 3)

[2] Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (AGDH), México, 29 de marzo de 1994

[3] ONU, Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra La Impunidad en Guatemala (CICIG), Ciudad de Nueva York, 12 de diciembre de 2006

[4] Exposición de Dr. Eduardo Stein Barillas en el foro “Los nuevos caminos de cooptación del Estado”, Fundación Myrna Mack, Universidad Rafael Landívar, ASIES, ODHA, Impunity Watch, Open Society Foundation, 24 de Marzo de 2015.

Audio disponible en: http://www.cicig.org/index.php?page=not_022_20150324

[5] Para profundizar el análisis: Exposición de Lic. Iván Velásquez Gómez en el foro “Los nuevos caminos de cooptación del Estado”, Fundación Myrna Mack, Universidad Rafael Landívar, ASIES, ODHA, Impunity Watch, Open Society Foundation, 24 de Marzo de 2015.  Audio disponible en: http://www.cicig.org/index.php?page=not_022_20150324

[6] Los GdPR intervienen también, -aunque probablemente no como actores principales-, en el entramado de la asignación y adjudicación centralizada de presupuestos y obras públicas. Las prácticas de soborno pueden calificarse, -según Cartier-Bresson (1997: 466)-, como corrupción de mercado que ocurre en forma impersonal y no organizada. No obstante, según el mismo autor (1997: 472-473) también se crean redes en un sistema neo-corporativista que favorecen prácticas de corrupción en el intercambio público-privado.

[7] Estos principios se pueden comprender, -según Cartier-Bresson (1997:467)-, de la siguiente manera: i) la competencia se guía por “el egoísmo, y los precios son la principal variable de ajuste”, ii) la jerarquía funciona “sobre la base de la autoridad y la obediencia”, y iii) la solidaridad “permite la confianza a través de la proximidad”.

[8] Exposición de Dr. Eduardo Stein Barillas en el foro “Los nuevos caminos de cooptación del Estado”, Fundación Myrna Mack, Universidad Rafael Landívar, ASIES, ODHA, Impunity Watch, Open Society Foundation, 24 de Marzo de 2015.

Audio disponible en: http://www.cicig.org/index.php?page=not_022_20150324

[9] Fuente: Ríos de Rodríguez, Carroll (UFM): ¿Qué es un mercado político?; 28 de julio de 2010

[10] Cartier-Bresson (1997: 475) también argumenta que el intercambio corrupto no puede ser avalado por una autoridad judicial neutral, a la cual puedan acudir los actores en caso de conflicto. La red es un espacio de complejas relaciones interpersonales que crea confianza a través de un proceso de aprender haciendo. La complicidad, -aún cuando esa sea pasiva por parte de actores externos a la red-, y las múltiples ataduras entre los beneficiarios imposibilita la denuncia judicial formal.

[11] Fuente: Gagne, David (Insight Crime): How the Scandal that Rocked Guatemala Threatens the Presidency; 30 April 2015.

[12] Fuente: Véliz, Rodrigo (CMI-G): El Caso SAT: el legado de la inteligencia militar, Guatemala, 17 de abril de 2015.

[13] Exposición de Dr. Eduardo Stein Barillas en el foro “Los nuevos caminos de cooptación del Estado”, Fundación Myrna Mack, Universidad Rafael Landívar, ASIES, ODHA, Impunity Watch, Open Society Foundation, 24 de Marzo de 2015.

Audio disponible en: http://www.cicig.org/index.php?page=not_022_20150324

[14] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al culminar su visita a Guatemala,” comunicado de prensa No. 8/03, 29 de marzo de 2003. Citado en Peacock/Beltrán, 2006: 74.

[15] El comisionado de CICIG, Iván Velásquez, afirma que existe una gran complejidad en las relaciones entre actores políticos y del narcotráfico: “particularmente la movilidad política que se presenta en el país, hace más difícil la posibilidad de hacer el seguimiento a relaciones de esa naturaleza“ (Fuente: Soberanis, Fernando (Siglo 21): Es más complicado investigar a los partidos que al paramilitarismo“, Guatemala, 7 de marzo de 2015).


En Guatemala, las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José el Golfo llevan oponiéndose a la construcción del Proyecto Minero Progreso VII Derivada  desde el 1 de marzo del año 2012, cuando  una vecina de San Pedro Ayampuc vio acercrse por la carretera a toda la maquinaria que iba para la mina, atravesó su carro, se colocó frente al convoy y lo hizo retroceder. En ese momento surgió la lucha organizada contra la mina que ahora es propiedad de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima -EXMINGUA-, filial de la  de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates.

Desde entonces La Resistencia pacífica instalada en La Puya, que hace poco se ha convertido en un símbolo en todo el país de lucha de la población contra estos proyectos que atentan contra los bienes naturales, la salud y la vida de las personas, y a pesar de ello, son protegidos por el Estado que utilizan los recursos judiciales y policales para reprimir a estas comunidades.

Por eso ha sido un motivo de mucha alegría que en conferencia de prensa alcaldes auxiliares, comunitarios, la Asociación de Abogados Mayas y el Centro de Acción Legal Ambiental y Social -CALAS- dieran a conocer la resolución de un tribunal de Amparo de fecha 15 de julio por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, que resolvió que el Concejo Municipal de San Pedro Ayampuc realice en quince días las acciones necesarias para  detener los trabajos de construcción del Proyecto Minero Progreso VII Derivada

El amparo interpuesto por los alcaldes  auxiliares de las comunidades El Guapinol y El Carrizal de San Pedro Ayampuc, se aceptó porque EXMINGUA presentó documentos falsos cuando se le pidió entregara una licencia de construcción, que no coincidía con la copia certificada del acta del Concejo Municipal. A pesar de ello, ya ha construido un dique de colas, un tajo, un tunel y un molino de trituración que ya está operando, según corroboró CALAS.

Por lo tanto las comunidades piden públicamente que se respete y se acate lo resuelto por el juzgado que incluye la convocatoria para la “Consulta de Vecinos y Vecinas, al tenor de lo regulado en el Código Municipal y los estándares internacionales.

También “que la empresa EXMIGUA S.A. acate la orden del Tribunal Constitucional y Suspenda las Actividades de Construcción de la infraestructura del proyecto minero, porque ello ya evidencia un inminente riesgo contra nuestra vida”.

Por último piden “al Ministerio Publico, que realice las Investigaciones para establecer la comisión de Delitos Penales de funcionarios públicos, y especialmente contra la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.; por presentar Documentos Falsos ante un Tribunal Constitucional.”


 

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Por: Rony Morales

Vida, bosques vírgenes, sus ríos, flora y fauna, eso es La Primavera.

Cuando se investiga los antecedentes históricos de la Finca La Primavera en San Cristóbal, departamento de Alta Verapaz, se encuentra que éstos se remontan al año 1799. Ya son 215 años que las familias Poqomchi’ viven en esta finca, y desde entonces han sido “mozos colonos”. Aún en el año 2000 seguían  trabajando en la finca como “mozos colonos”.

Las doscientas setenta y nueve familias de las comunidades Santa Rosa, Sak – Ixim, El Chico y Baleu, que forman la Finca La Primavera formaron la Asociación de Campesinos de Santa Rosa y Sak-Ixim. Desde el año 2000 fueron parte de la conformación de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC-, iniciando negociaciones para la compra de la finca vía el Fondo de Tierras.

Una década duró la mesa de negociación, en la cual participó la UVOC junto a las instituciones gubernamentales: la Secretaria de Asuntos Agrarios –SAA-, el Ministerio de Gobernación, el Fondo de Tierras, la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH-, y el Registro de Información Catastral –RIC-. En una de estas reuniones, los miembros de la SAA dieron a conocer que las tierras ya se habían negociado con la Empresa ECO-TIERRA, y por tanto, las 279 familias serían desalojadas de la finca de tierras que supuestamente pertenecían a esta empresa.

Tras años difíciles de negociación y lucha finalmente lograron obtener 12 caballerías de tierra, donde se encuentran las viviendas y lugares de trabajo de los comunitarios.

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El 14 de julio de 2015 tuvo lugar la firma de una Escritura y Convenio Preparatorio en el Fondo de Tierras, en el cual se  busca visibilizar los siguientes aspectos: a) Realizar el levantamiento topográfico del área en posesión de las comunidades Santa Rosa y Sak-ixim. b) Gestionar la aprobación ante el Registro de Información Catastral del plano elaborado a favor de las comunidades de Santa Rosa y Sak-Ixim; c) Elaborar el censo en las comunidades de Santa Rosa y Sak-Ixim; d) Otorgar la escritura traslativa de dominio de las viviendas que se encuentran en el polígono de las comunidades de Santa Rosa y Sak-Ixim; e) Completar el área de tres punto cinco manzanas a favor de los beneficiados de las comunidades Santa Rosa (El Chico) y Sak-Ixim; f)Respetar el área que corresponde a la finca matriz; g) Respetar los linderos que corresponden a cada una de las comunidades asentadas dentro del polígono de la Finca La Primavera.

La SAA y Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) se comprometen a dar el acompañamiento necesario y velar porque los términos y condiciones del presente convenio sean cumplidos a cabalidad por cada una de las partes, principalmente las literales f) y g) descritas anteriormente.

¿Cuál fue el papel de UVOC en la recuperación de la Madre Tierra?

Desde nuestra memoria colectiva y la resistencia ancestral ante la esclavitud del trabajo obligatorio y gratuito, hombres y mujeres lucharon por su libertad a pesar de todos los riesgos y la desigual tenencia de los recursos productivos agrícolas, -especialmente la tierra-. Es un problema que por su magnitud y carácter estructural genera y reproduce las condiciones de pobreza de grandes sectores sociales.

En este sentido, UVOC plantea impulsar estrategias de “Agroecología” y  “Economía Solidaria” en las comunidades de La Primavera, aportando a la “transformación de las relaciones económicas y sociales de explotación, y que desde la organización construyamos relaciones económicas y sociales que se fundamentan sobre la solidaridad y no sobre la explotación”.

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Por Sergio Palencia.

“Lo nuevo vino siempre desde abajo; desde ahí se ha impuesto en contra de los usos establecidos.”

Ernst Bloch, IV. Desteocratización1

“Y luchamos por tener poder y no sabemos ni qué hacer con él. Sólo pido ver salir el sol y el sol quema por la radiación.”

Ricardo Andrade, Un día como pocos.

Estamos en un momento de incertidumbre donde lo iniciado el 25 de abril, pareciera haber terminado. La ola de indignación y protestas masivas fue haciéndose menos numerosa, de manera inversa a cómo la clase política-económica retomó el cauce con sus propios espacios y tiempos institucionales. El estallido de las semanas de fiesta y expresión sin norma fue transformándose en los “jueves de CICIG” y las protestas frente a edificios públicos. Allí los muros continuaron con lo que mejor saben hacer: simplemente estar y que el tiempo – su tiempo – pase, siga adelante, surja un nuevo desastre natural para cubrir los escombros con más escombros. Similar a los muros, Pérez Molina y los nuevos aspirantes a la presidencia – incluyendo la izquierda – se lanzaron junto al CACIF a sostener la fecha de las elecciones. La enorme espontaneidad fue cediendo al silencio de los muros, los caminos del quéhacer de lucha se fueron disgregando. Ante esto muchos piensan como el título del artículo de Edelberto Torres-Rivas: “¿Estamos perdidos?2”. Ahora algunos puntos para replantear la pregunta por la lucha y la esperanza social.

I.

Las incertidumbres son mundiales: lo saben los griegos, lo conocen los egipcios, lo perciben los guatemaltecos. Es humana-histórica pues. Dos grandes seguridades se deshicieron en menos de treinta años: la caída del bloque soviético en 1989 y la crisis capitalista de 2008. Con la primera se destruyó un horizonte de lucha donde la revolución social, asociada al partido vanguardista y la toma del Estado, fue concebida como una posibilidad realista de cambiar el mundo. Con la segunda el capitalismo de libre mercado produjo una nueva ola de expropiación mundial, con el aumento de la pobreza y el surgimiento de nuevas guerras. En Guatemala la síntesis de ambas crisis mundiales se da en 1996, con la firma de los acuerdos de paz. Mientras el gobierno, militares y guerrillas firmaban la “paz”, las élites oligarcas-militares continuaban la privatización de la energía eléctrica, la concesión minera y la explotación en las maquilas. Un nuevo estado de derecho era acordado mientras el Estado hacía negocios con servicios básicos y el dinero de las remesas y la cooperación internacional asemejaba sostener una sobrevivencia, cada vez, más difícil.

II. Un loco toma el fuego

Ríen los manifestantes al ver quemarse la piñata de una cucaracha. En ella ven la corrupción. Entre la multitud salta un hombre en harapos, calvo en la coronilla y con pelo largo alrededor de la cabeza. ¡Es un loco!, gritan. Agarra por la cola la piñata y le da vueltas. Los manifestantes y sindicalistas se hacen para atrás. El fuego quema. El loco empieza a sentir el calor y la suelta. Termina de consumirse el papel. El loco se pierde entre la gente.

III.

Ahora bien, el Estado de 1996-2015 tenía sus pies insertos en la guerra de exterminio de 1981-1983. La Constitución de 1985 fue entretejida entre alianzas militares, oligarcas y estadounidense donde el común acuerdo era una transición democrática acompañada de campañas contrainsurgentes. ¿No fue en 1987 que se lanzó la ofensiva contra las comunidades de Ixcán y el área Ixil? ¿No fue entre 1989 y 1994 que el Estado secuestró y asesinó a líderes de USAC, incluso dejando desangrar en el suelo a Alioto? Mientras tanto la clase capitalista oligarca impedía reformas tributarias y las redes militares controlaban las aduanas. Los finqueros y banqueros que impulsaron y apoyaron la guerra militar contra el campo y la ciudad rebelde ahora, con la democracia procedimental, educaban en su control estamental de la apropiación capitalista a toda una camada de abogados, jueces, magistrados, ministros y presidentes. La guerra continúo. El enemigo ahora era el delincuente común y las maras, aumentando el poder de guerra de la policía nacional y del ejército, sobre todo desde la crisis de 2008. Los pequeños propietarios y asalariados urbanos eran, día y noche, asustados con la delincuencia y el desempleo.

IV.

El 25 de abril el sentido común del enemigo interno estalló por los aires. Por lo menos momentáneamente. Esos miles de “contribuyentes” urbanos de la SAT vieron cómo el gobierno de la mano dura se había abierto para robar en las aduanas, en las privatizaciones (Puerto Quetzal), en las concesiones eléctricas y mineras. Muchos llegaron arrepentidos votar por quien los engañó, otros con la rabia centrada en Roxana Baldetti. Para muchos era la primera vez que iban a manifestar, por lo que temían ser reprimidos. El CACIF, como un padre protector, impidió legalmente el uso de la fuerza armada de su Estado y los asalariados pudieron ir tranquilos. También, con desconfianza, se acercaron quienes llevaban años e incluso décadas luchando. ¿Eran los empresarios los organizadores, era la embajada? ¿Nos usan? Muchos llegaron así desde la ola de la indignación. Se vieron. No era como las manifestaciones blancas de 2008 donde los empresarios y la clase profesional encontraron, en el asesinato de Rosenberg, la excusa para detestar la socialdemocracia “comunista” de Álvaro Colom. El 25 de abril estaba presente esa clase, pero no exclusivamente.

V.

Durante mayo lo múltiple y masivo llamó la atención. Aún los periódicos y canales televisivos privados se unieron al descontento, antes de que se les volviera a comprar. De repente la manifestación era “ciudadana” y “contra la corrupción”, términos utilizados hasta entonces. El descontento urbano brotó en las universidades, en las empresas, en las redes familiares y de amigos, en internet, en las reuniones nocturnas, en los periódicos matutinos. Pero, también, las sombras del sistema se iban moviendo. Llegaban vagabundos, desempleados, prostitutas, pordioseros, junto a las ventas de banderas, cervezas, aguas, pitos y bubucelas. Se aparecían ancianos – como fantasmas de otras épocas – hablando de Árbenz, de marzo del 62, del familiar comprometido que fue secuestrado. Las voces de la plaza ya no hablaban solo de corrupción – aunque los medios se enconaran en repetirlo – sino recordaban nombres: a Otto Pérez lo nombraron Tito Arias, a Juan de Dios le recordaron que era kaibil, a Maldonado Aguirre y Arzú les pusieron en la frente su participación con el MLN e incluso sus vínculos de la extrema derecha finquera, de escuadrones. Allí comenzaron a temer los herederos de la riqueza y la sangre edificada sobre ella. ¿Un fantasma recorre Centroamérica?

VI.

¿Qué hacemos ahora? Baldetti renunció, la gente bailó en las gradas del palacio y tomó las calles. El embajador Robinson por su parte, también tomó Casa Presidencial y apoyo al demacrado militar. El general Pérez agradecía el pacto de “institucionalidad”. Los manifestantes urbanos – profesionales, estudiantes – vacilaban con exigir la renuncia del presidente para no romper el “orden constitucional”. Empezaron a sentir que solo con las manifestaciones no lograrían cambios profundos. Había que ser realistas, una palabra con doble filo. Se siguió una agenda de manifestaciones los sábados a las tres y foros sobre reformas electorales, sobre antejuicios, sobre no romper el “orden constitucional”. Mientras tanto en las zonas periféricas seguía la guerra acostumbrada: sicariato, extorsiones, maras, narcotráfico. El enorme cinturón de miseria miraba a los manifestantes desde las destartaladas camionetas, vendiéndoles cervezas, cigarros y pitos, preparando granizadas, lustrándoles a muchos los zapatos. La intelecualidad guatemalteca, educada en la escuela de la ONG y universidades “cristianas o humanistas”, decidió guiar la unión luego de sus jornadas laborales. Criticaban al congreso y consideraban su alianza estratégica con la CICIG, embajadores y ciudadanos-empresarios honestos. Es mejor ver para arriba, a los poderosos-de-nuestro-lado, en “alianza estratégica”.

VII.

Como un lamento de Jeremías surge el escrito de Torres-Rivas: ¿Estamos perdidos? En el escrito describe bien un fenómeno de desesperación de los progresistas urbanos: «Son ya varias personas a las que encuentro en los últimos días con el rostro alterado por la preocupación, más bien que se reconocen un tanto aburridas porque la ola política vinculada a las movilizaciones de plaza ha disminuido; porque las iniciativas de CICIG-MP ya no alumbran de sorpresa el ambiente.». Ya no son miles los manifestantes, ya no hay correlación de fuerzas, nos llevan a las elecciones en estas mismas condiciones. Toda la claridad de las reformas electorales y del debate entre gobierno de transición y provisional, perece en la oscuridad. Los espacios donde apostaron – congreso, cortes, empresarios-ciudadanos honestos – al final no llevaron los cambios. ¿Sorpresa? No se ha conformado el gran frente ciudadano, progresista. La unidad es la fuerza y la única que puede permitir un cambio en la “correlación de fuerzas”, dicen. Las izquierdas partidistas, al igual que Mario David García, posaban para las fotos de campaña y los nuevos movimientos de ciudadanos-honorables empezaban a enumerar a sus miembros oficiales, como un partido en potencia. Cerrados sus canales y viendo que la gente no responde a la claridad de su visión se preguntaron ¿estamos perdidos? Mientras tanto, las granizadas cuestan cinco y siete quetzales, dice el joven de San José Ojetenam, San Marcos, en el parque central. Arzú prohibe ventas ambulantes en la sexta avenida, dice una niña indígena que vende lapiceros.

VIII.

¿Estamos perdidos? Si consideramos que el 25 de abril y la CICIG-MP es el alfa y omega de la lucha, sí. La desilusión es semilla alimentada por la oscuridad, pero solo si persiste. El tiempo del estado es el tiempo del capital, el de la dominación. Es el que le permitió a Pérez Molina enterrar ixiles en 1982, k’iches en Alaska en 2012 y manifestaciones multitudinarias en 2015. Pérez Molina es personificación del tiempo mítico, del eterno retorno, de la cabizbaja aceptación. Hacia allí apunta el CACIF, EE.UU., los diputados, los sonrientes embajadores – incluso los humanistas y engagés. Viendo exclusivamente hacia ellos impide ver hacia nosotros y, sin embargo, aquí estamos, a la par. La revolución no está adelante con el “gobierno de transición”, sino en una persistencia que sólo la memoria y el compromiso silencioso siembran, con dolor, en nuestro cuerpo. Persistiendo, crecemos, nos abrimos. ¿Cayó 1989 o 2008? Sí, pero estamos vivos en la indignación. Una joven q’eqchi’ cuenta cómo su padre fue el presidente del Comité Pro-Tierra en Panzós, su hermano alcalde de la comunidad y luchador por la tierra en disputa con la palma. El ejército mató a su padre en la década de 1980 y la seguridad de la finca asesinó a su hermano en la década de 2000. 1996, con sus acuerdos de paz y orden constitucional, no impidió que el Estado y el capital asesinaran a su familia. Ella junto a otras comunidades, lucha hoy contra la palma africana.

IX.

Todos están mojados de sudor. Alguien grita desde atrás: “¡el elemento!”. Otros le siguen el deseo. Se acerca un poeta-peludo desde la tarima y, con fuerza, grita también: “¡Qué viva Guatemala!”. Todos se emocionan. No se conocen y se abrazan. El mosh es hermandad en conflicto, golpe como abrazo, algo así como los apodos de raigambre popular guatemalteco. Es el año 2001 y todos escuchan a los Últimos Adictos. Catorce años después, en 2015, un grupo de rockeros de la Garra cantan en la plaza central. Entre las canciones hay una del peludo-poeta, Ricardo Andrade, víctima de la violencia en el país. La gente grita de nuevo, canta sus canciones. ¿Cómo se mueve entre la gente el recuerdo del “viva Guatemala” de Ricardo Andrade? La juventud como experiencia y volcán. No hay revolución que no traiga las voces y los cantos de quienes, aún muertos, nos regalan vida.

X.

Un hombre que sufrió el ascenso del nazismo, Ernst Bloch, dijo hace casi medio siglo: «Lo nuevo vino siempre desde abajo». ¿A qué se refiere? ¿Está relacionado hoy con nosotros? Ver solamente donde está iluminado es peligroso, puede que creamos que la verdad se mide por la luz de los reflectores. Es semejante a la pregunta de la lucha por la humanidad: ¿podemos cambiar el mundo con las prácticas y espacios reproducidos por el mismo sistema para sostener el muro, la mentira, la dominación que impone la división de clases? Sin embargo, no solo es cuestión de apreciación teórica u opinión del espacio y los tiempos donde hacemos las luchas. Los diputados nos enredan en sus agendas. Los presidentes en su proceso de antejuicios. Las mineras en sus órdenes de captura. Nos tiran adentro, esa es su dominación. A quienes defienden la tierra y el pueblo, contra los proyectos de expoliación capitalista, los secuestran y encarcelan. Los meten en sus procesos. Nos empujan a creer que el mundo es vertical y jerárquico, las personas, objetos; los tiempos lentos y urgentes de acuerdo a ellos. Pero una cosa es luchar sabiendo que nos tiran a su terreno – la violencia, la jerarquización, los procesos legales – y otra distinta es pensar que su terreno es la realidad entera. Contrario al “¿estamos perdidos?” persiste la pregunta: «Lo nuevo vino siempre desde abajo». ¿Qué es lo nuevo en Guatemala?

XI.

La flor de las manifestaciones de 2015 es la actualización del recuerdo y el saberse presente haciendo historia. Nos hacemos históricos en la creación, proceso que agradece un pasado que puede decidir heredar y se sabe único, irremplazable, irrepresentable. Es un tiempo anti-institucional que no aguanta el capital y que no soporta el Estado, pues ambos dependen del olvido continuo. Sentirse perdido no es malo, es parte de los cuestionamientos de quien va en camino hacia algo. Pero esa marcha implica estar dispuestos a romper contra lo viejo que ata, a sumergirse en la inseguridad de lo no iluminado por los noticieros y las cámaras de los poderosos. Si se piensa que tener a 60 mil personas en la plaza es importante por la “correlación de fuerzas” y negociación con el Estado, se piensa en términos instrumentalistas, similar a cómo mide su rating y popularidad un partido político o una empresa de hamburguesas. Cuando el CACIF y la Universidad Marroquín salieron a hablar del “debido proceso” y del “respeto al orden constitucional”, muchos progresistas urbanos aceptaron el terreno, con la pelota cuadrada y el árbitro establecido. ¿Persistir por 60 mil personas, por cien mil o por un millón? Eso puede ponernos a pensar con las estrategias del enemigo: juntar gente, decirles la “verdad”, conducirlas, hacer pequeños comités, enojarse porque no hacen lo que se quiere. Mientras, la flor. Una muchacha lleva escrito en su camisa: Vi morir a mi padre en un hospital sin abastecimiento. Esa experiencia única es capaz de dar vida porque ama, la raíz es manantial y no número de correlación.

XII. Desconfiando de la mochila del cuida-carros

El mayor crítico del poder debe conocerlo, pero no obnubilarse por su lógica. El peligro es creer que la cárcel es juzgado de autodefensa. Conocer por qué y cómo realizan sus acciones, su política, las artimañas legales, sus componendas. Todo esto es necesario saber y denunciar. Seis policías rodean a unos hombres que cuidan carros en el parque Morazán. Revisan con seriedad e intimidación sus mochilas. No encuentran nada incriminante. La clase política del capital oligarca, como Pérez, Baldetti, López Bonilla o Muadi están protegidos por el ejército y un cuerpo especial de la policía. El dinero robado no está en sus mochilas, sino en cuentas que se pretenden irrastreables. Confianza para el bien vestido, inspección para el vagabundo. Son instituciones hechas contra los de abajo. Es más ciudadano el carro-habiente que el cuida-carros.

XIII.

¿Cómo se mueve lo nuevo? Primero, como pregunta y dolor precisamente si pretende hacerse acto histórico. Luego, como proceso de conocernos y de saber que estamos atravesados por la herida de la historia. Solo nace si se persiste en la oscuridad. Es cierto que la CICIG y la embajada de EE.UU abrieron las posibilidades del 25 de abril, pero también que la cerraron en cuanto vieron un potencial social moviéndose. Temieron todos los de arriba por igual: crearon pánico financiero, pusieron fecha a los disturbios, movilizaron miles de personas con dinero, utilizaron el miedo a perder el trabajo. Su poder es el dinero y oponer a los de abajo entre sí. Siempre ha sido su método, con cambios en la forma histórica. Tenemos la certeza que el 25 de abril abrió en nuestro país – e incluso la región – una posibilidad, un horizonte. ¿Cuál con certeza? Aún no sabemos. Lo estamos buscando en toda la región: cuando en los municipios rebeldes de Guerrero, México queman las urnas, cuando los hondureños inundan con antorchas las calles del país, cuando en Barillas, Guatemala se niega el espacio del capital. Esa es una fuerza que viene desde abajo contra la dominación de arriba. ¿Sabe con precisión el camino? No, aún no y no obstante ya empezamos a movernos en un nuevo momento histórico. Para eso es central pensar la política desde la creación humana y la dignidad. Así nos hacemos históricos, heredamos lágrimas que engendran fuerza. Dándonos rompemos la lógica instrumental del capital: nada ni nadie nos representa.

XIV. No estamos perdidos

Somos pueblo, dicen los estudiantes universitarios. Pero, ¿cómo nos hacemos pueblo? Esta pregunta surge desde abajo y se mueve allí. Un nuevo nombre nos nace en el seno del pueblo: uno nunca antes pensado, como un nom de guerre clandestino. En el silencio de abajo se hereda el grito y la canción. En la creación nos hacemos parte de lo nuevo, heredando al pueblo histórico. El cantante-poeta, Ricardo Andrade, captó el secreto del presente que logra parir la esperanza: «Hoy que asomo a ver por la ventana / me doy cuenta que / es un día como pocos y / aunque es igual que todos / yo nunca lo vi». Lo nuevo viene desde abajo.

1 Bloch, Ernst. (1968 / 1983). El ateísmo en el cristianismo. La religión del éxodo y del Reino. España: Taurus, pp. 80

2 Torres-Rivas, Edelberto. «¿Estamos perdidos?», en: El Periódico, 9 de agosto 2015. Disponible en: http://elperiodico.com.gt/2015/08/09/domingo/estamos-perdidos/


 Guatemala Comunitaria ofrece el texto completo “Poderes regionales y distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, el texto que muestra cómo el modelo político creado en la posguerra en Guatemala forjó las condiciones para la acumulación por corrupción, y que da las claves para entender el funcionamiento de los partidos políticos en el plano territorial

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Introducción (extractos)

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

En efecto, “ya no basta con argumentar, con la complacencia de hace algunos años, que nunca en Centroamérica se había vivido, en toda ella y de manera continua, un periodo de más de 25 años de democracia (Torres-Rivas, 2010: 1).

Desde ese punto de vista, el presente ensayo problematiza en torno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del país, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q.10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que ha alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones.

En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

Poderes regionales y distorsión ilícita de la democracia guatemalteca

 


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Por: Quimy De León

La situación que estamos viviendo es alarmante, todo estos días están pasando llenos de incertidumbre e indignación. La información es nebulosa y se ha convertido en rumores, especulaciones, vaticinios y pronósticos. Algunos operadores políticos han soltado cápsulas de información que generan más zozobra y poco análisis.

El presidente aún en funciones está comprobado que era parte de la estructura de una de las mafias criminales y aún “gobierna”, sus ministros y demás funcionarios de “confianza” vinculados al sector empresarial renunciaron con desfachatez y poca ética, así que prácticamente no hay gobierno en este momento.

La decisión de meter a la cárcel a Roxana Baldetti Elias a 14 días de las elecciones fue un catalizador para el jaque a Otto Pérez Molina y su banda, éste intenta aún hacer movimientos, evidentemente su campo de acción es más que limitado, pero aún no están en jaque mate.

Esta última jugada de los gringos, el cacif y otros sectores de poder no visibles parece hecha para retomar el control y la hegemonía económica y política de cara al siguiente gobierno, ya que aún no tienen certezas para la inversión, los mismo ocurre para los intereses de los países que tienen sus capitales en el país. Se especula desde ayer que Pérez Molina tiene casi solo tres posibilidades

a) Deja el cargo (renuncia) e inicia el proceso penal que le llevará a la cárcel

b) Se pone a disposición de la “justicia” que significa que la Corte de Constitucionalidad conozca el proceso de antejuicio, regrese al pleno del Congreso y éstos lo protejan como lo han hecho hasta ahora. No olvidemos que durante cuatro años hicieron correlación de fuerza en éstos dos ámbitos.

c) Una salida negociada para no ir a la cárcel que podría implicar salir del país y eso solo lo posibilita un autogolpe o golpe consensuado.

Y en la calle la gente no para

Las calles fueron ocupadas por miles de personas que no detienen las expresiones y manifestaciones de protesta, no son protestas sólo en la ciudad capital tambien en otras ciudades departamentales. La gente está harta y las manifestaciones son expresión de un modelo en crisis, sin las acciones de calle otro fuera el panorama de negociación de las elites. La gente sigue a la expectativa de que va a pasar mientras Roxana Baldetti la ex vicepresidenta del gobierno actual está presa y del presidente Otto Pérez Molina no se sabía en dónde estaba y cuál era su posición o situación concreta.

La gente hace lo suyo, además de indignada está dispuesta a que no la vuelvan a engañar y a dejar su papel pasivo. Las movilizaciones también han sido catalizadoras para las decisiones de las cúpulas de poder, ya no las pueden obviar. En las comunidades este escenario esta más claro, la defensa del territorio por ejemplo sigue articulando a la población frente a estos otros poderes que buscan despojarles de los bienes naturales, para los analistas antes de Abril 2015 los focos de “conflictividad” se pintaban de rojo en la mayor parte del territorio, no así en las ciudad, ahora el escenario tienen a todo el país en ese color.

Estas manifestaciones a los sectores de poder económico, militar, partidos, capitales transnacionales y demás les da miedo porque se les escapan de las manos. Esto ha sido evidente pues han intentado controlarlas, han metido las manos, han estado presentes en ellas, han metido operadores que incluso han ganado protagonismo. Pese a ello hay una fuerza ciudadana que no podrán controlar, esa que se autoconvoca a la plaza, que ha despertado del marasmo de décadas y ha empezado a pensar más críticamente. Pues aunque hay grupos organizándose la ciudadanía de a pie, no es orgánica a nadie ni a ningún espacio y después de haber abierto los ojos y la boca no será nunca más la misma, no verá la realidad del mismo modo que antes.

No sabemos qué va a pasar con el presidente y este gobierno. Si renuncia o se va del país hay varios escenarios posibles uno es que se anulen las elecciones, que propongan la propuesta ya manoseada de un gobierno de transición y garanticen que no esté en riesgo “la inversión” y los negocios. El segundo que sigan las elecciones y garanticen que no esté en riesgo “la inversión” y los negocios. Respecto de la población que con estas medidas intenten darle punto final a las manifestaciones y movilizaciones populares. ¿También nosotros estamos en Jaque?


Foto: Facilitada por Prensa Comunitaria

Por: Iñaqui Aizpurúa Veitia

Diego Marcos Pedro más conocido como “Tiburcio” es el candidato a la reelección al cargo de Alcalde municipal por partido Libertad Democrática Renovada –LIDER- en Santa Eulalia en el departamento de Huehuetenango. Actualmente el Ministerio Público tiene dos procesos de antejuicio en su contra. En donde se le sindica de haber cometido delitos en contra de la libertad de expresión.

Diego Marcos Pedro busca reelegirse por un nuevo período 2016-2020 como alcalde municipal de Santa Eulalia, su administración es fuertemente cuestionada por el movimiento social por la mala administración pública, por criminalizar a las autoridades comunitarias y por violar los derechos humanos.

El papel del Tribunal Supremo Electoral

Durante la mañana del día jueves 3 de septiembre de 2015  varios periodistas e investigadores de la agencia de noticias Prensa Comunitaria Km. 169 y autoridades estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presentamos ante el Tribunal Supremo Electoral –TSE- información de los dos expedientes de antejuicios abiertos por la Fiscalía del Ministerio Público –MP- de Santa Eulalia.

En la base de datos del TSE no aparecen registrados los dos procesos de antejuicio, a consideración de la abogada Estela López integrante del Bufete de Abogados en Derechos Humanos, la Fiscalía de Santa Eulalia del MP debió de haber notificado inmediatamente al TSE de la situación jurídica del alcalde, especialmente porque busca la reelección en este proceso electoral.

El próximo domingo 6 de septiembre Diego Marcos Pedro habrá participado en las elecciones generales 2015. Independientemente del resultado de la elección él deberá responder ante los tribunales por los procesos abiertos en su contra, sin derecho a antejuicio o como un ciudadano común.

Los dos procesos de antejuicio no son los únicos casos que enfrenta el alcalde municipal, están en las fiscalías otros casos por violación a la Libertad de Expresión, agresiones y amenazas contra periodistas, comunicadores comunitarios y autoridades comunitarias en la fiscalía de delitos contra defensores de derechos humanos y en la fiscalía de delitos contra periodistas del Ministerio Público en la ciudad capital.

Sobre los antejuicios contra el alcalde de Santa Eulalia:

La Fiscalía de Santa Eulalia del Ministerio Publico MP en Huehuetenango solicitó dos antejuicios en contra del alcalde:

  1. Antejuicio No. 01006-2015-00117 o Antejuicio 117-2015

El juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango nombro al Juez Pesquisidor Abogado Jorga Adalberto Cano Villatoro para conocer el antejuicio 117-2015 en contra de Diego Marcos Pedro promovido por la Fiscalía del Ministerio Publico de Santa Eulalia para ser investigado en calidad de alcalde municipal por el cierre ilegal de la Radio Snuq’ Jolom Konob’.

Se investiga el cierre de la radio durante los hechos ocurridos en la madrugada del día 20 de enero 2015 en donde resultaron comunicadores comunitarios ese mismo día agredidos, además la fiscalía conexo a este mismo antejuicio la investigación por el atentado armado [1] que sufrieron esa misma madrugada dos jóvenes pobladores de una de las aldeas de Santa Eulalia opuestos a las hidroeléctricas, muriendo el joven Pascual Basilio Pascual Diego, como resultado de los disparos, testigos responsabilizan al alcalde Diego Marcos Pedro de haber realizado los disparos. [2]

  1. Antejuicio No. 01006-2015-00314 o Antejuicio 314-2015

La Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Huehuetenango promovió otro Antejuicio presentado por la Fiscalía del Ministerio Público de Santa Eulalia contra de Diego Marcos Pedro. La sala séptima nombro al juez pesquisidor abogado Julio Bonifacio Baquiax Bulux, en su calidad de Juez Unipersonal del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para iniciar las pesquisas.

Este Antejuicio se solicitó por las agresiones y amenazas que sufrieron una delegación de periodistas nacionales e internacionales, comunicadores comunitarios e investigadores sociales el día 19 de marzo 2015 en Santa Eulalia Huehuetenango. Las agresiones fueron hechas por el alcalde municipal, simpatizantes, trabajadores municipales, agentes seguridad del alcalde y miembros del Consejo Municipal. [3]

Esta delegación llego al municipio luego que la Autoridad ancestral indígena maya Qanjobal resolviera a través del derecho ancestral maya realizar la reapertura de la radio comunitaria, tras el fracaso de la mediación hecha entre los meses de febrero y marzo 2015 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) y la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH- en un intento de conseguir que el alcalde municipal desistiera de mantener ilegalmente cerrada la radio.

Denuncias de violación a la Ley Electoral

El día viernes 4 de septiembre vecinos de Santa Eulalia denunciaron que por orden de él mismo alcalde municipal los trabajadores de la municipalidad han instalado desde hace un tiempo varias cámaras de video en algunos centros de votación como el Salón Municipal, la instalación de las cámaras pondría responder a la estrategia del partido LIDER de amedrentar a la población para que emita su voto bajo presión y control. También

El Tribunal Supremo Electoral definió que el departamento de Huehuetenango es uno de departamentos con alto nivel de conflictividad electoral para este 2015, coincidiendo con la conflictividad que las empresas nacionales o transnacionales instalaron durante estos últimos 4 años en esta región. [4]

Relación con la empresa hidroeléctrica que genera conflictividad en la región

La corporación municipal 2011-2015 llego electa por el partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, de esa cuenta Víctor López Pascual entró como Concejal Suplente I y Diego Marcos Pedro como alcalde de la municipalidad de Santa Eulalia.

La sociedad civil en Santa Eulalia denunció la complicidad de Diego Marcos Pedro y Víctor López Pascual con la empresa CINCO M y el proyecto Hidro San Luis que pretende construir una hidroeléctrica. [5]

López Pascal siendo miembro de la corporación municipal viaja constantemente a Huehuetenango y la capital, organiza conferencias de prensa en hoteles, participa en programas de radio, hace visitas a instituciones del Estado y organismos internacionales haciéndose pasar por líder comunitario o representantes de COCODES de distintas regiones de Santa Eulalia, siendo miembro de la corporación municipal.

En cada una de las reuniones López Pascual sale en defensa de los proyectos extractivos, las hidroeléctricas y criminaliza a las autoridades comunitarias e indígenas de Santa Eulalia y otras regiones que defienden los bienes naturales y territorio, para estas giras se hace acompañar de trabajadores de la empresa hidroeléctrica y de uno de los personeros de la misma. [6]

De esa cuenta la empresa CINCO M encontró en la corporación municipal a dos de sus principales aliados en contra de las comunidades que se oponen a la empresa y ahora ambos buscan reelegirse con el partido LIDER.

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[1] Óscar Figueroa / Santa Cruz del Quiché, Prensa Libre. Sindican a alcalde de muerte de hombre. 17 de marzo 2015. http://www.prensalibre.com/guatemala/quiche/sindican-a-alcalde-de-muerte-de-hombre

[2] Prensa Comunitaria. Informe de los sucesos acaecidos los días 18, 19 y 20 de enero del año 2015 en los municipios de San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango. 4 de febrero 2015.

[3] Prensa Comunitaria. Llamado a la solidaridad a la prensa nacional e internacional. 19 de marzo 2015. https://comunitariapress.wordpress.com/2015/03/19/llamado-a-la-solidaridad-a-la-prensa-nacional-e-internacional/

[4] Diario de Centro América. Entregan mapa de conflictividad al TSE. Gustavo Villagrán. 29 de julio 2015. http://www.dca.gob.gt/index.php/nacional/item/33034-entregan-mapa-de-conflictividad-al-tse

[5] CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL. REPORTE DE CAMPO NO. 2 NOVIEMBRE 2013. Nelton Rivera. “Jolom Konob”: El pueblo de Santa Eulalia y la agresión empresarial. http://www.albedrio.org/htm/documentos/CIESAS-Jolom%20Konob.pdf

[6] Prensa Comunitaria. Santa Eulalia: población en riesgo por empresa hidroeléctrica. Agosto 27, 2015. https://comunitariapress.wordpress.com/2014/08/27/santa-eulalia-poblacion-en-riesgo-por-empresa-hidroelectrica/


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Por: Sergio Palencia.

 

 

Primera parte.
Una perspectiva histórica a cuatro momentos: 1962, 1973, 1977, 1980

 Sitiado entre dos noches
el día alza su espada de claridad:
mar de luz que se levanta afilándose,
selva que aísla del reloj al minuto
Árbol entre dos muros, José Emilio Pacheco[1]

 

El paro nacional del 27 de agosto ha sido descrito como «la marcha más grande de la historia de Guatemala»[2]., «la mayor marcha de protesta en la historia del país»[3], o «la movilización de masas más amplia de la historia contemporánea, además de la de mayor concenso.» (IPNUSAC, 2015: 7)[4]. Solo en la Plaza Central de Guatemala, sin referirse a las marchas y bloqueos a nivel nacional, se calculan entre 100 y 120 mil manifestantes. Grandes cifras, grandes frases, tan grandes que adolecen de un pequeño pero central detalle: memoria, reflexión y contraste histórico. No es lo mismo la Ciudad insurrecta en las jornadas de marzo y abril 1962 a la enorme Huelga de cuadrilleros y rancheros en la Costa Sur en 1980, sin olvidar la Marcha de 100 mil personas ingresando a la Ciudad en 1977.

Enredados, como en un vendaval, pasaron los diputados, el presidente, los candidatos la semana pasada. Acostumbrados a cargarle al pueblo sus fechas como el trabajo pesado, no cambiaron las elecciones lo mismo que sus antepasados, los fariseos, hace dos mil y tantos años, hacían del sábado una excusa para oprimir sangrantes y paralizados. Los directores de periódicos y los periódicos de directores se apresuraron para llevar las noticias al tiempo del conteo, de la declaración, de la acumulación. Tanto les había impresionado el Paro nacional del 27 de agosto como para, posteriormente, dejarlo como noticia rebasada. Ahora había que celebrar que el “movimiento ciudadano” se había volcado a las elecciones como a un nuevo programa de televisión. El presente es tan pesado, tan acumulativo, tan incidente que, lo de atrás, es solo importante para una crónica a leer en cinco sintéticos puntos. No hay que pedirle mucho al lector, tampoco al votante o al ciudadano, piensan.

Hoy sería más cómodo comentar cómo se disputan el primer lugar dos o tres partidos políticos. Entraría en la misma sintonía que espera el empresariado organizado – mismo que mandó reprimir el paro el 25 de agosto, mismo que atrás negoció con los diputados leyes para explotar, aún más, a los empleados y desempleados, mismo que protegió al kaibil Pérez Molina tras la masacre de Alaska en 2012, ignoró el asesinato policial en el operativo de Semococh y Raxrujá, el que canceló la condena por Genocidio. Pero no, gracias a las tierras y a los cielos, lo abierto en estos años de lucha los rebasa a ellos. Caminando en la plaza hace dos sábados, viendo a la gente, las expresiones de sus manos, sus rostros de alegría y fuerza, de coraje y memoria, leí en una enorme manta blanca un pequeño e inusual escrito, anónimo: Si la memoria nos acompaña, el futuro no nos ahueva. Pensé en la fotografía de Árbenz, en las jornadas de 1962, en las múltiples resistencias urbanas, en ellas y en todos ellos.

Este escrito, semejante a quienes llevaban veladoras en las marchas nocturas de julio 2015, quiere traer memoria como si fuera un fuego en retoño, necio y por eso mismo, vivo. No es la primera vez en nuestra historia que, como pueblos, hacemos estallar el tiempo de la normalidad-mercantil para, allí, sembrar nuevas posibilidades. Hemos luchado pues. A cada una de nuestras rebeliones y sueños soñados colectivamente, desde nuestra más profunda individualidad, los generales, terratenientes, defraudadores y explotadores han respondido con elecciones, golpes de estado, nuevas constituciones. Sino que lo diga Castillo Armas con 1955, Peralta Azurdia con 1963-1965, Mejía Víctores con 1983-1985 Nosotros, al contrario, no vamos para adelante porque así lo dictan desde arriba. Detengámonos un momento, retomemos fuerza y recuerdo. Allí, negándonos a seguir sus ritmos, podemos encontrar a quienes desde el pasado entienden el mundo que queremos revolucionar, precisamente porque se lanzaron a cambiarlo, fuese en la Guatemala de 1962, 1973, 1977, 1980. Las manifestaciones de 2015 sólo son semilla y prefiguración de camino si hereda pasado. Sólo así, su novedad es novum histórico.

  1. Ciudad insurrecta y la “Operación Palillo”: Marzo y Abril 1962

La ciudad está paralizada. Los estudiantes han desatado un potente movimiento que exige la renuncia del presidente militar Miguel Ydígoras Fuentes. El jefe de su policía, un hombre de apellido Córdoba – apodado Huevo Loco – dispara contra los jóvenes en la 9a calle y 9 avenida de la zona 1. En la última conferencia previa a su asesinato, en 1979, Meme Colom Argueta recordó esos días aciagos: «Pasan dos meses sin que el gobierno pueda controlar la rebelión y la Ciudad de Guatemala no es de nadie»[5]. El gobierno, la policía y el ejército pierden el control de ciertas zonas de la ciudad. Por unos días las masas enardecidas declaran la zona 5 como territorio libre de América. El comercio se detiene y los trabajadores se niegan a limpiar la basura de las esquinas. Colom Argueta, alcalde de la capital bajo el gobierno del general Arana Osorio, analizaba la enorme creatividad de la lucha urbana en 1962. Los estudiantes: «ponen palillos de dientes a todos los candados de los comercios de la zona 1, y agregado a que los propios comerciantes no quieren abrir, se paraliza el comercio». Mientras tanto, los trabajadores de la municipalidad «colocan las basuras en ciertos lugares de la ciudad y las queman». Es un paro irregular, de más de dos meses, donde los institutos se convirtieron en trincheras y en las calles de asfalto se levantaron barricadas.

  1. La renuncia no llega, el Golpe militar sí: dos abriles, 1962-1963:

El 8 de marzo de 1962 el gobierno de Ydígoras advierte que utilizará la fuerza pública y armada contra cualquier manifestación. El Ministerio de Gobernación habla a los padres de familia sobre el peligro de sus hijos en las manifestaciones. Los escuadrones paralelos al MLN – al cual perteneció al actual vicepresidente Maldonado Aguirre – ponen bombas en colegios, cines y lugares públicos. El fin: paralizar el movimiento con terror. No obstante, el 15 de marzo 1962, alrededor de 500 personas asisten al funeral del bachiller Maco Gutiérrez. La ciudad apenas está iniciando su insurrección y, en el horizonte, se incrementa la actividad de los grupos revolucionarios. Una de estas fue un fallido intento de toma de un cuartel chico en Concuá. Fracasa. Ydígoras, mientras tanto, no renuncia. Se esfuerza por mostrar virilidad haciendo ejercicios televisados. Su ministro y futuro golpista, Enrique Peralta Azurdia, planea, junto a la oficialidad leal a la Contrarrevolución, el aplastamiento de la rebelión urbana y posteriormente un Golpe de Estado en 1963. De no ser así, el Arevalismo podría retornar y con ello las aspiraciones democráticas. Fruto del Golpe militar: entre 1965 y 1966 nueva Constitución, un nuevo proceso democrático tutelado, primer arrasamiento de aldeas en Zacapa e Izabal, secuestro masivo de dirigentes sociales en 1968. Asimismo, entre 1961 y 1965, el ala conservadora jesuita funda la Universidad Rafael Landivar[6]. Temen la influencia de una generación jesuita crítica en Guatemala, como poco más tarde se daría con la fundación de la UCA, en El Salvador. En Guatemala se privatiza la educación como medida de contingencia y separación de la juventud.

  1. Frente al Chacal de Oriente, los maestros en huelga: Mayo 1973:

El general Arana Osorio está furioso. Hace apenas cuatro años acaba de aplastar la rebelión guerrillero-campesina en Oriente. Ahora, bajo la ciudad pacificada se levanta una huelga de carácter nacional: «Unos 8 mil maestros de educación primaria y secundaria se declararon en huelga hace una semana en demanda de aumentos de sueldo» (La Nación, 5 mayo 1973). Mientras, el gobierno dota a las organizaciones finqueras de créditos para el café ante el peligro de la roya: la educación y la salud humana es dejada atrás. En los institutos públicos se va formando el Frente Nacional Magisterial, el cual iniciaría aglutinando una demanda salarial para, paulatinamente, incorporar a pobladores marginales y estudiantes. El General teme un 1962 en medio de su campaña de pacificación. La policía reprime las manifestaciones magisteriales. Por otro lado, muchos estudiantes de la generación de 1962 creen que es necesario impulsar la Revolución en Guatemala. Clandestinos, vendiendo artículos de plástico en las mañanas y organizando la lucha en la noche, estos jóvenes veinteañeros se están conociendo con dirigentes magisteriales y pobladores. La rebelión urbana no ha muerto, se mueve. La huelga triunfa al costo del inicio de la persecución de sus líderes. En el campo, a finales de mayo de ese año la policía militar asesina a 17 campesinos xincas en Sansirisay, Jalapa. Involucrado en la operación está el militar Efraín Ríos Montt. El conflicto: tierra en disputa entre comunidades y finqueros. Un año después, en 1974, los grupos de la línea dura militar harían un fraude contra la Democracia Cristiana, instalando en el poder al general Kjell Laugerud. Declaran Estado de Sitio en diversos pueblos del país. La democracia bajo estado de sitio, buena frase para resumir el sistema de garantías guatemalteco.

  1. Dos decenas de mineros mames convocan a 100 mil manifestantes: Noviembre 1977:

Desde San Ildefonso Ixtahuacán traen una manta que dice «Marcha Pacífica». No fue abril 2015 quien inició esto, menos por internet. De habla mam, su reivindicación consiste en la demanda del pago de sus prestaciones, ante el cierre de una mina en ese municipio huehueteco. Ante esto inician una larga marcha el 11 de noviembre 1977. A su lado, asesorándolos legalmente, camina el abogado Mario Mujía Córdoba, quien sería asesinado en 1978 por escuadrones asociados al ejército, quienes quieren evitar la organización colectiva. A medida que van caminando son recibidos por miembros de Comités de Agua, de Vivienda, por cooperativistas y miembros de Acción Católica en el Altiplano indígena. Causa gran revuelo en Sololá y Chimaltenango. El gobierno de Kjell Laugerud se pone nervioso a medida que avanza la marcha. Desde 1976 la organización social se ha incrementado para solventar la crisis causada por el terremoto. En la ciudad preparan la recepción de los caminantes mames. La experiencia es asombrosa: más de 100 mil personas entran apoyando a las dos decenas de mineros. Se han volcado estudiantes universitarios, medios, parroquias religiosas. El gobierno teme: «También fueron amenazados por el Vicepresidente de la República que dijo que si seguía la marcha los iba a mandar a reprimir.» Un testigo reflexiona sobre la experiencia: «Hemos visto la fuerza del pueblo que cuando se organiza y se mueve es algo que arrastra y hace retroceder a los opresores y represores del pueblo»[7]. Entran a la ciudad, caminan las calzadas de occidente e ingresan a la zona 1. En la Concha Acústica, frente al Parque Central, dan su discurso. En ese mismo lugar, menos de un año después, un joven graduado del Colegio Americano, Oliverio Castañeda, ahora estudiante sancarlista, daría un discurso. Miembros de la Policía, comandada por el coronel Chupina, marcarían en la foto una X. Lo asesinarían en los albores del segundo momento de guerra.

  1. La gran Huelga de los desposeídos en los albores de la guerra finquera: Febrero 1980

Inicios de 1980: la organización desde abajo es cada vez más fuerte. La represión va en escalada. Ya no solo se da contra líderes de sindicatos, cooperativas y ligas campesinas, sino empiezan los secuestros y masacres masivas. Dos de ellas se darían ese año, en 1980: la quema de la Embajada de España y el secuestro, en dos operativos, de 43 sindicalistas urbanos. Apenas una semana después de la Embajada, en febrero 1980, un grupo de organizadores campesinos, pertenecientes a grupos católicos en Santa Lucía Cotzumalguapa, ven que es el momento indicado para la gran acción. Durante febrero 1980 se desataría la Huelga de la Costa Sur, a la cual se calcula que participaron cerca de 80 mil trabajadores, rancheros o cuadrilleros, de Escuintla y Suchitepequez. Los trabajadores tomaron camiones y fueron a avisar de la huelga a fincas vecinas. Los cuadrilleros ixiles hacían guardia en las bodegas de Pantaléon, controlando el alimento. Esta huelga ponía en jaque la producción finquera de ese año. El gobierno de Lucas, con un Ministerio de Gobernación copado por finqueros, estaba indeciso entre la represión y la concesión táctica. Se decidió la segunda, aún bajo la molestia de los finqueros locales. Se aumentó el salario de un quetzal a Q3.20 el jornal. No obstante, a partir de 1980 y, especialmente en 1981, los escuadrones de la muerte asolarían al campesinado organizado, de manera individual. No se hacían grandes masacres allí donde se necesitaba sacar la producción. Los campesinos – indígenas o ladinos, rancheros o cuadrilleros – habían descubierto algo: «Si nosotros paramos, se para la riqueza de los finqueros»[8]. Asesinado Colom Argueta y perseguidos los partidarios de la Democracia Cristiana, el futuro previsible era un nuevo presidente de la línea luquista. No sería así, de nuevo un golpe militar en marzo 1982. Ríos Montt vestiría a Cristo de guerrero anticomunista y un joven teniente, Otto Pérez, conocido como Tito Arias, dirigiría la segunda fase de represión contra los pueblos ixiles.

 Vistos estos momentos históricos, ¿qué significa entonces el 27 de agosto para la historia de Guatemala y de la región Mesoaméricana?[9]

 

Segunda parte.
Desde la Centroamérica en crisis, 2008-2015

 

¿Qué hace Bolívar
en el trasfondo de nuestra memoria?
Que venga
a decir otra vez su profecía;
a decirle a nuestros pueblos:
LIBERTAOS ANTES DE VEINTE AÑOS.
 Roberto Obregón[1]

 Entre el 25 y el 27 de agosto las organizaciones campesinas, indígenas o no, salieron a bloquear más de 40 puntos en distintas carreteras del país. En la ciudad grupos estudiantiles, sindicatos críticos y colectivos recién surgidos de las manifestaciones tomaban instituciones públicas, tramos de calzadas y se agrupaban frente a instancias gubernamentales. En el área rural el comercio con salidas hacia México, El Salvador y Honduras, estaba siendo detenido. La exigencia era el paro in crescendo de la actividad económica hasta que renunciara el presidente, general Otto Pérez Molina. Contrario a los últimos cinco años, en la ciudad capital de Guatemala había un ambiente de empatía hacia los bloqueos, manifestaciones y paros, normalmente definidos como contrarios al progreso nacional, al comercio y al empleo. El presidente Pérez Molina, por su parte, no renunciaba pese a la denuncia oficial de la CICIG[2] hacía una semana. Al contrario, negaba los cargos y amenazaba al empresariado nacional, insinuando que si él era corrupto también lo era quien pagaba. El general se le había insubordinado al capital. Rumores de un auto golpe rondaban. Mientras, un buque de guerra se detenía frente a las costas atlánticas de Guatemala, proveniente de la base estadounidense de Honduras. ¿Cómo se había llegado a esta situación? Más que una respuesta basada eminentemente en los meses de 2015, es necesario ver cómo la crisis de este gobierno es parte de una más profunda crisis regional, tanto en México como en el triángulo norte de Centroamérica (Véase adelante: Mapa, pág. 7). A continuación, detengámonos en las fisuras que fueron posibilitando un nuevo momento de la lucha social

  1. Nuevo avasallamiento en proceso, 2008-2011 

Es más que probable que la crisis capitalista del 2008 haya repercutido en los empresarios y banqueros de la región centroaméricana, creando miedo e incertidumbre. Aunado a los conflictos que venían desarrollándose y el temor a una “Venezuelización” de Centroamérica – nueva versión de los añejos odios anticomunistas centroamericanos –, el año 2009 marca una separación histórica. En Guatemala, para el año 2008 había sido elegido como presidente Álvaro Colom, de discurso socialdemócrata. Recuerdo a los estudiantes de un colegio de élite referirse que con Colom había “llegado el comunismo”. Por su parte, en Honduras, desde el año 2006 había asumido la presidencia Manuel Zelaya quien, poco a poco, fue tomando un curso en conflicto con la oligarquía local y un mayor acercamiento a la política comercial-petrolera de Venezuela. Esto fue incomodando al régimen económico, auspiciado en el narcotráfico, el impulso minero y el manejo de las remesas de sus migrantes. Asimismo, en El Salvador, el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) conseguía la presidencia, en marzo 2009, a través de Mauricio Funes.

 En el caso específico de Guatemala, en términos de acumulación de conflicto en los últimos años, hay por lo menos dos eventos que marcan el periodo previo de Pérez Molina. Aquí solo nos estamos refiriendo al gobierno de Álvaro Colom, de discurso socialdemócrata, pero el ataque venía intensificándose sobre todo desde los gobiernos empresariales-oligarcas de Álvaro Arzú y Oscar Berger. Primer evento: la imposición armada del complejo minero-industrial de una nueva cementera en el municipio kaqchikel de San Juan Sacatepequez, cercano a la capital (Véase adelante, pág. 8). El 19 y 20 de septiembre 2008 se declara Estado de Sitio sobre el municipio, lo que previamente iba acompañado de escuadrones de seguridad privada de la empresa y la movilización policiaca en el área. Segundo evento: la serie de desalojos violentos en el valle del Polochic, los cuales tenían por objetivo arrebatar las tierras del uso humano para darle paso al cultivo de la mercancía-palma africana. Uno de estos desalojos se da el 15 de marzo de 2011 donde la Policía Nacional Civil dispara bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de los campesinos, uno de ellos Antonio Beb Ac, quien recibe el disparo en la cabeza. A las horas, muere.

  1. La crisis del 2009: reacción conservadora

La piel de la oligarquía regional estaba sensible a cualquier fantasma de Hugo Chávez, visión revisitada de los miedo atávicos hacia Fidel Castro y el socialismo cubano. Los proyectos nacionalistas de América del Sur – con su reivindicación de los recursos naturales recuperados, la inicial negativa a las políticas económicas (FMI-Banco Mundial-Washington) y la redistribución social vía fisco – hacían perder los estribos a una élite regional que, hacía poco más de una década, acaba de salir de una guerra total a los proyectos nacional-revolucionarios desatados entre 1960 y 1980 por las guerrillas. A mediados de mayo 2009, en Guatemala, un abogado de banqueros y grandes empresarios, Rodrigo Rosenberg, filma un video donde culpa al presidente Álvaro Colom y a parte importante de su gabinete, nada menos que de su futuro asesinato. El 10 de mayo 2009 muere Rosenberg, lo cual unifica el descontento de las clases propietarias que veían, en las tímidas políticas sociales de Colom, la construcción de una nueva Venezuela. Periódicos, medios de comunicación, radios llaman a manifestarse contra Colom. Asisten vestidos de blanco, emulando las movilizaciones antichavistas de 2001-2002. Colom, asustado, convoca a contramanifestaciones y moviliza gente de escasos recursos. Las fotografías de los medios son terribles: gente vestida de blanco, con sus guardaespaldas, enseñan billetes de 50 quetzales a los movilizados por Colom, gritándoles que eran “acarreados”. Uno de los principales exigentes de la renuncia de Álvaro Colom era el general Otto Pérez Molina, quien había recién perdido las elecciones contra él. Colom sortea la crisis, entre otros apoyos, a través del Ejeŕcito, congraciándolo con un aumento jugoso de su presupuesto anual.

En Honduras, la élite está desesperada ante Manuel Zelaya y su convocatoria a un plebiscito donde se consultaría sobre una nueva Asamblea Nacional Constituyente. La fecha estaba programada para el 28 de junio 2009. No obstante, ese día no se haría el plebiscito y, en su lugar, el Ejército descontento secuestra al presidente Zelaya y le da Golpe de Estado. La reacción de condena en el Hemisferio es unánime. En América Central se inicia nuevamente una regresión al militarismo y contra los procesos de la democracia procedimental. Mientras tanto, en El Salvador, el partido de la extrema derecha, ARENA, ve con muy malos ojos la llegada al poder de la antigua guerrilla, ahora devenida partido político FMLN. En Nicaragua la Revolución sandinista ha pasado a formar un programa de centralización de los planes de expansión capitalista en el país. Uno de los líderes de la década revolucionaria, Daniel Ortega, elabora políticas de asociación comercial, energética y de control social con capitales venezolanos, chinos y rusos. El discurso del antiimperialismo, desprovisto del contenido revolucionario de los ochentas, ahora es parte de su estrategia por monopolizar el poder. Mientras tanto esta pequeña región, tan golpeada por las guerras financiadas por EE.UU., sigue expulsando a su población en tanto migrantes y se convierte, así, en jardín de paso para el narcotráfico. El impulso capitalista, “legal” o “lavado”, ahora busca invertirse en minería, energía eléctrica y agroindustria.

  1. El militarismo regresa de civil: Honduras y Guatemala

Juan Orlando Hernández es un presidente hijo del golpismo en Honduras. Tanto el Congreso como el Ejército hondureños habían lanzado la campaña de desestabilización de Zelaya. El líder del Congreso, Roberto Micheletti, había asumido la presidencia pese a la negativa de muchos países latinoamericanos a legitimar su cargo. Por eso su insistencia en llamar a elecciones en enero 2010. Dos personajes críticos al Zelayismo asumirían los principales poderes. Por un lado Porfirio Lobos, antiguo contrincante de Zelaya en las elecciones de 2005, quien no había aceptado su derrota en las urnas. Por otro lado, Juan Orlando Hernández, joven político elegido también en enero 2010 como presidente del Congreso. Como es usual en muchos países latinoamericanos, el Congreso se convierte en el eje de la tranza mercantil y de la defensa de los privilegios para beneficiar empresas (telefónica, mineras, energéticas), tratados de libre comercio o, simplemente, gozar de antejuicio e inmunidad. En 2014 Juan Orlando Hernández – conocido como JOH localmente – es elegido presidente de Honduras. El golpismo mantenía el continuum en tanto régimen.

Del otro lado de la frontera, en Guatemala, muchos de los grandes capitales movilizados en las insinuaciones golpistas de 2009, contra Colom, se lanzan a apoyar la candidatura de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti. Entre ellos, el grupo Multiinversiones y prominentes miembros del CACIF[3], quienes quieren mantener la relación histórica entre el capital “guatemalteco” y el estamento militar. Gran parte del voto a Pérez Molina vendría de las áreas urbanas, atizadas por el discurso de la mano dura contra la delincuencia común y, paradójicamente, contra la corrupción. Como contexto, el general Pérez Molina había desempeñado planes de contrainsurgencia contra las aldeas insurrectas junto al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en el área indígena Ixil, en 1982. Posteriormente había desempeñado cargos de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, supervisión de grupos rebeldes urbanos y rurales. En 1996, junto al presidente criollo-empresarial Álvaro Arzú, el general Pérez es el encargado de firmar los Acuerdos de Paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Desde inicios de la década de 2000 empieza a organizar un partido de militares de su promoción y empresariado conservador. Como binomio, Roxana Baldetti, comunicadora que había crecido bajo la escuela de Mario David García, civil golpista en 1988, detrás de la filmación del polémico video de Rosenberg y futuro candidato, durante la crisis de 2015, al moribundo Partido Patriota (PP). Como principales socios del Partido Patriota, estarían militares directamente relacionados con las campañas contrainsurgentes sobre el terreno, entre ellos el futuro Ministro de Gobernación, López Bonilla y el Presidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, ambos acusados de corrupción.

  1. Finalmente, Pérez Molina y la lucha de clases en Guatemala, 2012-2015

Hacía apenas un año el capital agroindustrial había ordenado a la policía el desalojo en las fértiles tierras de Polochic, Alta Verapaz. Ante esta situación y como una medida de presión al gobierno, distintas organizaciones campesinas deciden, junto a sus comunidades miembro, realizar una marcha de más de 200 kilómetros hasta la capital de Guatemala. Ingresan alrededor de 15 mil personas el 27 de marzo 2012, apenas dos meses y medio después de la investidura en la presidencia del general Pérez Molina. El objetivo de la Marcha Indígena y Campesina, como le llamaron sus organizadores, era detener los desalojos, conseguir tierra y financimiento para las comunidades desplazadas así como impulsar la Ley de Desarrollo Rural, nunca aprobada por la negativa de la Cámara del Agro. El general permitió la marcha e incluso los recibió, sin embargo sus planes eran otros. El 1 de mayo de 2012 pobladores de Barillas, en el norteño departamento de Huehuetenango, se levantan contra el asesinato de dos líderes sociales a manos de la seguridad privada de la empresa. En el acto, toman un destacamento militar. Rápidamente se moviliza el presidente Pérez con su Ejército, desplegando un primer Estado de Sitio en la región. Luego de dos semanas y ante la presión popular y de la comunidad internacional, el Estado de Sitio se elimina. Fracasa, no obstante, las secuelas de la guerra en la región vuelven a surgir.

Entre mayo y agosto 2012 el gobierno de Pérez Molina intenta realizar reformas a la Constitución, lo cual es denunciado en los periódicos y rechazado por varias organizaciones capitalistas, entre ellas CACIF. No obstante, en otras ramas como la educación y la energía eléctrica, el gobierno está en abierta componenda con el empresariado organizado. Durante julio 2012 se elimina la carrera de Magisterio en las Escuelas Normales, bajo la excusa de su mala calidad y se sustituye por un Bachillerato en educación. Con esto se suprimía la opción de miles de jóvenes estudiantes, de las áreas urbanas marginales y del área rural, por apostarle a la profesionalización laboral. Varios institutos son tomados por los normalistas y bloquean carreteras en la ciudad y las carreteras en el campo. Rápidamente son desalojados con violencia por los equipos antimotines. Mientras tanto, Pérez Molina mueve su gente en puestos claves con acceso a financiamiento público: el Seguro Social (IGSS), la Superintendencia Tributaria (SAT), aduanas e incluso puertos, como el de la entrada desde el Pacífico. Concede el Puerto Quetzal a una empresa española, a pesar de la negativa de un sector del empresariado, de las denuncias del sindicato portuario y de varios periódicos. La meta, ahora lo vemos, era apropiarse de los canales de comercio y la dirección del dinero de impuestos.

Las luchas, no obstante, se incrementaban en el país. En Totonicapán, una de los gobiernos indígenas mejor organizados del país, 48 Cantones, decide manifestar el 4 de octubre 2012. La razón primordial era la exigencia de bajar las tarifas cobradas por DEOCSA, distribuidora de energía eléctrica, en ese entonces de capital español, privatizada durante el gobierno de Álvaro Arzú a finales de los noventas. Después de haber reunido más de 15 mil personas en ocho bloqueos de su territorio k’iche’, el Ejército llega e intenta desalojar a los manifestantes. Si bien inicia con bombas lacrimógenas, pronto se les sale de control la propia resistencia de los manifestantes a lo que responden con disparos de fusiles Galil, los mismos utilizados durante la guerra cuatro décadas atrás. Mueren 6 k’iche’s y resultan heridos más de 34. Algunos la consideran la primera masacre gubernamental luego de los Acuerdos de Paz de 1996. En mayo 2013 los indígenas xincas, en el departamento de Jalapa y Santa Rosa, oponen resistencia a la construcción de una de las minas de plata más grandes de Latinoamérica. De nuevo se decreta Estado de Sitio e ingresan fuerzas combinadas de la policía y del ejército.

El 23 de mayo 2014 un enorme contingente de antimotines policiacos logra, finalmente, desalojar la resistencia comunitaria en San José del Golfo, municipio en la entrada a ciudad de Guatemala. Esta resistencia había sido paradigmática por su carácter pacífico, comunal, rotativo y con un papel preponderante de las mujeres, en un área étnicamente mestiza. La mina empieza a operar en ese lugar conocido como La Puya, la resistencia se reorganiza. El 15 de agosto 2014 sucede todo un operativo conjunto de la policía, con resguardo militar, en una zona rica en recursos hídricos en el departamento de Alta Verapaz. El operativo, comandado por el Ministro López Bonilla, es realizado en día feriado para la capital, desplegando varios contingentes policiacos contra la resistencia a la hidroeléctrica en la comunidad q’eqchi’ de Monte Olivo y Semococh. Empero, la resistencia también adquiere un carácter regional y logra imposibilitar la rápida movilización policial, obligando a los agentes a disparar contra uno de los bloqueos, matando a 3 campesinos q’eqchies. De igual manera, en Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán, en el norte de Huehuetenango, se envían convoys policiacos para imponer hidroeléctricas en las tierras bajas que tienen su salida hacia Chiapas, en México. De nuevo, comunitarios q’anjobales y chujes se organizan territorialmente para impedir la entrada masiva de las fuerzas estatales, si bien al precio de enfrentamientos puntuales e incluso, la paulatina pero certera persecución y encarcelamiento de los líderes del Gobierno Plurinacional indígena.

Todo esto sucedía como un plan del capital regional por imponer nuevas formas de apropiación territorial. Como vemos, está en disputa el control del caudal de los ríos, la producción de energía eléctrica, la distribución y la inversión de capital constante en torres de transmisión eléctrica. En este sentido, la empresa colombiana TRECSA[4] recibe concesiones territoriales por parte del Estado, si bien en distintos territorios comunales le es impedido el paso. Así, también, el beneplácito a la agroproducción de palma africana y azúcar en Petén, Alta Verapaz, Izabal y Escuintla, con una constante vigilancia armada de los territorios, los cuales, a su vez, son canales de narcotráfico. Finalmente, el gobierno de Pérez Molina tenía planeada la construcción de un Corredor Interoceánico Seco, con una carretera atravezando el país, creando además una zona franca de producción maquilera con salarios legislados por debajo del mínimo acordado nacionalmente. No logra los consensos necesarios.

De manera general, los capitales financieros, industriales, comerciales, terratenientes – siguiendo la famosa fórmula trinitaria de Marx – buscan imponer militarmente la apropiación regional de plusvalía. No obstante, la múltiple y persistente resistencia en distintos lugares impidió, al mismo militar de la contrainsurgencia de 1982, completar sus planes por completo. En el año 2015 se abriría una ventana institucional al descontento social. El 16 de abril 2015 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) convocaría a una rueda de prensa importante. Se trataba ni más ni menos que una denuncia contra Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Se le acusaba de dirigir una estructura de defraudación aduanera llamada La Línea, organizada por militares cercanos al gabinete del gobierno de Pérez Molina. En ese momento varias cosas se movieron en Guatemala: uno, los medios escritos y televisivos cubrieron la noticia; dos, la vicepresidenta Baldetti y su secretario, Monzón, estaban en Corea del Sur; tres, la indignación se va propagando poco a poco en la – hasta el momento – indiferente capital del país. En esos días, un grupo de jóvenes organiza un evento en facebook, llamando a una manifestación pacífica en la Plaza central. El gobierno del Partido Patriota había llegado a un punto crucial de no retorno, probablemente sin saber su alcance.

Ahora bien, ¿cuáles fueron las posiciones cambiantes de la Embajada de EE.UU en la reestructuración de su control regional, de la Cuenca del Caribe? ¿Cómo fue enfrentado esto por los partidos políticos en el Congreso y en pleno año electoral? Pero, sobre todo, ¿cómo fue experimentada esta nueva serie de manifestaciones en una ciudad que había sido acostumbrada al silencio por uno de los regímenes contrainsurgentes más violentos de América Latina? A pesar de todo, había vida allí esperando una ventana[5]

………

[1]             Pacheco, José Emilio. (1963 / 1983). Los elementos de la noche. México: Era, pp. 58

[2]             Nómada. «¿Qué provocó la marcha más grande de la historia de Guatemala?» en: Revista Nómada, 29 de agosto 2015.

[3]             Quan, Mario. «El escalofrío. Paro nacional #27A», en: Plaza Pública, 28 de agosto 2015.

[4]             Editorial IPNUSAC. «La movilización más grande de la historia . El consenso más amplio» (pp. 7-9) en: Revista Análisis de la Realidad Nacional, Año 4, Edición No. 80, Guatemala, 1 al 15 de septiembre 2015.

[5]             Colom Argueta, Manuel. «Guatemala: el significado de las jornadas de marzo y abril» (pp. 7) en:Jornadas populares. Marzo y abril del ’62. Revista USAC. No. 1 año 1997. Guatemala, pp. 94

[6]             URL (julio 1965). Fundación y primeros años de la Universidad Rafael Landivar. Guatemala: Tipografía Sánchez & de Guise, pp. 23

[7]             Revista De Sol a Sol. Periódico campesino No. 20, diciembre 1977, Guatemala.

[8]             Revista De Sol a Sol. Periódico campesino. 1980, Guatemala, pp. 3

[9]             El Paro Nacional: Guatemala, 27 de agosto 2015. Segunda parte: La CICIG, la Embajada y la pregunta por el despertar urbano

[1o]             Obregón, Roberto. (2007). «El aprendiz de profeta (1965)» (pp. 73) en: El arco con que una gacela traza la mañana. Recuento de poesía. Guatemala: Ministerio de Cultura y Deportes, Editorial Cultura, pp. 203

[11]             Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

[12]             Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Organización de capitales de distintas ramas de la industria, el comercio, la agroexportación y parte de la banca, fundada luego de la Invasión estadounidense y del Golpe de Estado a Jacobo Árbenz en 1957.

[13]             Proyecto del Plan de Expansión de Transmisión de Energía en Guatemala

[14]             Esto se desarrolla en la Tercera parte del Paro nacional. Guatemala, 27 de agosto 2015.


Oscar Morales García, lider comunitario junto al abogado Rafael Maldonado de CALAS.

Por Nelton Rivera.

“Todo el caso penal se basa en la acusación en contra de Oscar Morales García supuestamente por ser él quién amenazaba a un gerente de alto nivel de Tahoe Resources Inc. / Minera San Rafael, específicamente al gerente de relaciones externas de la Minera San Rafael por trabajar en la mina y por haber dado información al Ministerio Público MP para que allanaran su casa.”1

El proceso en contra del líder comunitario duró un año en los tribunales. El 22 de septiembre 2015 la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala resolvió la sentencia absolutoria a favor de Oscar Morales García. Esta sentencia ratificó la inocencia del líder comunitario, y significa un importante revés legal y político en la estrategia de criminalización y judicialización de la empresa en contra de las personas que forman parte de la resistencia pacifica a la minería en el departamento de Santa Rosa.

La empresa canadiense Tahoe Resources Inc. a través del Gerente de Asuntos Externos de la empresa Minera San Rafael, Camilo Ernesto Medina Mazariegos presentaron una denuncia en contra de Oscar Roderico Morales García, líder comunitario y coordinador del Comité de Defensa de la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores en el municipio de Santa Rosa en el año 2014.

La acusación de la empresa tuvo como base las supuestas amenazas realizadas por Oscar Morales García vecino de San Rafael Las Flores en contra de Camilo Medina Mazariegos, personero de la mina. Esta denuncia abrió el expediente MP015-2013-7757 en el Ministerio Público2, y el proceso se desarrolló en el juzgado de Villa Nueva en el departamento de Guatemala. Ha finalizado con la sentencia absolutoria emitida por la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, revocando la sentencia de un juez en Villa Nueva y declarando a Oscar Mazariegos libre de todo cargo.

“Esto demuestra claramente que el movimiento de resistencia pacifica en contra de la extracción minera en San Rafael Las Flores es evidentemente pacífico, nadie, ningún defensor o defensora del territorio ha sido quebrado en su presunción de inocencia en el área.”3

Un proceso viciado

Oscar Morales fue condenado por el Juez Unipersonal de sentencia del Juzgado Segundo de Villa Nueva, el abogado Rafael Maldonado de Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) se refirió a ésta sentencia cómo:

“Ésta sentencia fue completamente fuera del marco de la legalidad, el juez de manera unilateral modifico el modo y el lugar de los hechos, con esto modifico la acusacion presentada por el Ministerio Publico MP.”

El abogado Maldonado inmediatamente recurrió a apelar la sentencia del Juzgado Unipersonal ante la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, esta Sala hizo la revisión de la sentencia emitida por le Juez de Villa Nueva, partiendo de la premisa que el juez violo la presunción de inocencia del líder comunitario, aplicando incorrectamente tres artículos del código Procesal Penal: Tentativa Art.14, relación de Causalidad Art. 10, Modo, Lugar y Tiempo; artículos 19 y 20; como resultado de las alteraciones que hizo de forma unilateral.4

La Sala Cuarta resolvió de manera inmediata, cumpliendo los plazos que fija el código Procesal Penal, el recurso fue interpuesto en el mes de mayo, resolviendo en septiembre, cumpliendo con los plazos legales, ratificando en su sentencia la inocencia de Oscar Morales.

“En su resolución la Sala Cuarta afirmó que el Juez incurrió en una serie de irregulareidades alterando las fechas que el Ministerio Publico acredito como el momento en el que sucedieron los hechos, a pesar de haber alterado las fechas el mismo juez daba como acreditado tres fechas distintas en el que se cometieron los hechos y tres lugares distintos en cuanto a la comisión del delito. La Sala inmediatamente revocó la sentencia y declaro al líder comunitario libre de todo cargo.”5

Ex rector de la Universidad de San Carlos involucrado en la minería

El Ing. Efrain Medina Guerra fue ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala durante el periodo 1998 – 2002, y ex ministro de Agricultura y Ganaderia durante el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina. Efrain Medina fue citado por los abogados de la empresa minera para ser testigo en el proceso en contra del líder comunitario Oscar Morales, en la audiencia del 22 de septiembre estuvo presente. Una de las características en este proceso en contra de Oscar Morales fue que todos los testigos presentados por la empresa Minera tuvieron serias contradicciones en los testimonios que presentaron.

Camilo Ernesto Medina Mazariegos es uno de los hijos de Efrain Medina y actualmente es personero de alto nivel de la empresa Minera San Rafael, fue quien interpuso la denuncia en contra del líder comunitario en el año 2014.

Criminalización: una estrategia del gobierno de Otto Pérez Molina

Fue el mismo ex presidente Otto Pérez Molina quien dio su respaldo a la empresa minera, esto lo hizo públicamente en un acto oficial en el Palacio Nacional de la Cultura el día 29 de abril del 2013 mientras era aún presidente en funciones, en dicho acto el Otto Pérez estuvo acompañado de varios ministros, empresarios canadienses y varios de los alcaldes en apoyo a la empresa Minera San Rafael y Tahoe Resources Inc. Ese mismo día Otto Pérez manifestó:“quiero decirles que el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Energía y Minas, reitera su compromiso con el Estado de derecho y con base en ello reafirman su convicción, la cual establece que todas las actividades extractivas que se realicen en Guatemala deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias que están vigentes, contribuyendo de esta manera al desarrollo social, ambiental y económico de todos los guatemaltecos, en este convenio queda registrada la responsabilidad ambiental y aquí les puedo mencionar muy rápidamente que a la fecha la Minera San Rafael…”6

Por otro lado un militar de carrera Alberto Rotondo, jefe de seguridad de la Minera San Rafael fue ligado a proceso por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y obstrucción a la justicia, en diciembre del 2014 es enviado a prisión y enfrentara un juicio. Esto a raíz de varias acciones represivas planificadas y dirigidas por Alberto Rotondo, hombre de confianza de la empresa. Fuente: (Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) – Alerta Minera Canadá – Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala NISGUA. Diciembre 2014).

…….

1Nelton Rivera. Entrevista al abogado Rafael Maldonado de CALAS. Guatemala, Septiembre 2015.

2Minigwatch Canada. Ministerio Público de Guatemala Cita a Declarar a Director Ejecutivo de Tahoe Resources por Política de Criminalización a Lideres y Lideresas Comunitarias. 17 de octubre 2014.http://www.miningwatch.ca/es/news/ministerio-p-blico-de-guatemala-cita-declarar-director-ejecutivo-de-tahoe-resources-por-pol-tic

3Ibidem.

5Nelton Rivera. Entrevista al abogado Rafael Maldonado de CALAS. Guatemala, Septiembre 2015.

6 Discurso del mandatario Otto Pérez en la reunión pública de firma de acuerdo con Mina San Rafael. 29 de abril 2013. http://www.guatemala.gob.gt/index.php/2011-07-25-15-57-34/item/3615-discurso-del-mandatario-otto-p%C3%A9rez-en-la-reuni%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-firma-de-acuerdo-con-mina-san-rafael


1 Mezcala Plantón 251009

 

Santiago Bastos

Tomado de:
ichant2

En el año 2005, en la pequeña localidad de Mezcala de la Asunción, situada en la ribera del Lago de Chapala, en Jalisco, los comuneros se aliaron con los jóvenes simpatizantes del zapatismo de la cercana ciudad de Guadalajara para oponerse a las obras de reconstrucción de la isla que está frente al pueblo. Dicha obra era llevada a cabo por la municipalidad de Poncitlán, la Secretaría de Cultura del estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah). Acusaban a estas instituciones de ultrajar la gesta en defensa de la isla, ocurrida 200 años atrás, y de no respetar la tierra comunitaria, para convertir la isla en un destino turístico más de la ribera de Chapala.

Los comuneros llevan varios años luchando para expulsar a un empresario tapatío que se asentó ilegalmente en sus tierras, para abrirlas al mercado inmobiliario. Ni las autoridades ni el invasor se imaginaron la energía con la que los mezcalenses se iban a oponer a la ocupación de su territorio: tenían clara la dimensión de lo que desafiaban y para hacerlo reclamaron sus derechos ancestrales como pueblo coca. Como respuesta a esta subversión sucedió lo que algunos mezcalenses no imaginaron: se giraron órdenes de aprehensión en contra de varios de ellos, por defender un territorio según lo marca la ley.

Esta es la manera en que una pequeña comunidad está enfrentándose al capital inmobiliario y turístico en la ribera de Chapala. Su situación no es única: es similar a la que enfrentan varias comunidades indígenas en México hoy en día, que ven sus territorios y sus formas de vida amenazadas por empresas mineras, eólicas, turísticas, hidroeléctricas, agroindustriales, o dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado. Todas éstas son iniciativas que buscan la “acumulación basada en la depredación, el fraude y la violencia”, y suponen el “despojo de los patrimonios sociales (tierras, recursos, riquezas, derechos) del grupo social emplazado en una geografía específica”, en palabras de Harvey.

El fin del Estado corporativo posrevolucionario, su paso al Estado neoliberal con orientación al mercado externo, y de ahí al Estado cooptado, son procesos paralelos a la imposición de este modelo de despojo. Ante esta situación, muchas de las comunidades han reaccionado como Mezcala: con la reorganización de sus instituciones comunitarias, como el eje de su defensa frente a las amenazas que encaran, sin que el Estado las proteja. Después de 20 años de los frustrados Acuerdos de San Andrés, estas instituciones comunitarias se conciben como los órganos de gobierno de los pueblos indígenas, que son sujetos de derecho y reclaman una autonomía reconocida en la Constitución, pero negada en los hechos.

Esto es lo que ha ocurrido en Cherán, en San Dionisio y San Mateo del Mar, en Vícam, en Holbox, en Santa María Ostula y en muchos otros lugares del país. En todos ellos surgen respuestas comunitarias ante diferentes formas de despojo que ejerce la globalización neoliberal. La policía comunitaria de Guerrero y los municipios autónomos  zapatistas también son movimientos de recuperación de estructuras y lógicas comunitarias ante las agresiones.

Si uno compara todo esto con lo que ocurre en Guatemala, notará que las cosas no son muy diferentes, teniendo en cuenta los efectos de una historia marcada por un genocidio que recayó especialmente sobre las comunidades indígenas. Tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de ese país y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (urng), en el año de 1996, la apertura a la economía mundial supuso la llegada de actividades extractivas, apoyadas incondicionalmente por gobiernos neoliberales cada vez más represivos.

Las primeras respuestas de las comunidades guatemaltecas fueron unas consultas comunitarias que se extendieron por todo el país, llegando a movilizar a un millón de personas, en 74 municipios (un 20% de los existentes), que se manifestaron de forma rotunda en contra de las actividades extractivas en sus territorios. Buena parte de su éxito se basó en la participación protagónica de autoridades e instituciones comunitarias que se reconfiguraron de formas diversas después de la guerra, con la participación de jóvenes, mujeres y antiguos revolucionarios. Ni el gobierno ni las empresas reconocieron las consultas, y los conflictos derivados de la impunidad con que se daba la explotación de recursos reforzaron la organización comunitaria. De esta manera, la movilización de base territorial revivió una movilización indígena que había perdido fuerza a partir del cambio de siglo.

Ante las transformaciones que supone la globalización, las comunidades indígenas están rearticulándose de muchas maneras. Las amenazas a los territorios y a las formas de vida, como consecuencia de actividades propias del capitalismo depredador de este inicio de siglo, están provocando la restructuración de la institucionalidad de gobiernos comunitarios, a partir de la idea de que los pueblos indígenas son sujetos de derecho.Esto está transformando a las instituciones, las prácticas comunitarias y los significados de ser indígena en el siglo xxi, y está suponiendo un reto para los Estados que incurren en prácticas racistas renovadas.

http://www.ciesas.edu.mx/ichan/_archivos/2015/08_agosto.pdf


 

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Por Jesús Hernández

Fotografías de Jeff Abbott

 

“Aquí todo está bien (en el salón comunal de Zunil) . Allá abajo, en el mercado, hay cuatro mesas de votos, hay otro en el centro comercial y también hay mesas en las cuatro aldeas y el caserío. Ese es el municipio de Zunil: sus cuatro aldeas y el caserío. Aquí solo estamos los del Consejo que apoya la consulta… hasta la noche daremos a conocer el resultado… pero vayan, vayan…”

Presidente del Consejo Permanente por la Defensa del Territorio y la Vida de Zunil

Familias que iban de aquí para allá. Es domingo 18 de octubre. Las mujeres con sus pequeñas y pequeños hijos se encaminan al centro de votación, ubicado en el mercado municipal. El pueblo está en movimiento. En cada mesa hay hombres y mujeres que revisan nombres, reciben DPI, entregan papeleta, firman o dejan su huella y muestran el dedo índice. Se aprovecha el día para dar una vuelta al pueblo…

La fecha coincide con la celebración del año sagrado maya. La ceremonia maya se realizó muy temprano: el waqxaqib’ b’atz. 260 días que los nahuales han acompañado la vida de los animales, de la naturaleza y de las personas; por lo tanto, la consulta comunitaria es el ejercicio y derecho colectivo que expresa esta cosmovisión: cuidar y proteger la naturaleza. Lo decía el anciano: “todo es sagrado, todo es santo, por eso tenemos que cuidar y proteger”

Si el pueblo maya es el mejor conocedor del aprovechamiento de la naturaleza: “hay que pedir permiso para sembrar, para cosechar, para celebrar y para pedir disculpas cuando no lo estamos haciendo bien” así también es el respeto que debe el Estado con sus pobladores: “debe consultar, debe pedir permiso, dialogar y platicar si lo que trae es beneficio o es más despojo para nosotros, para nuestros hijos

La mirada es pues para recordar “el derecho” a la vida y el derecho que tiene la naturaleza de ser respetada. En la noche, aprovechando la radio local y hablando en el idioma k’iche’, uno a uno fueron hablando según les dieron la participación. La iglesia católica, la iglesia evangélica, los jóvenes y el consejo permanente por la defensa del territorio y la vida de Zunil.

“La conciencia crece con la información” decía una mujer joven que entre lágrimas de emoción y agradecimiento a los vecinos, comunicó:

“lloro por nuestra madre tierra, nuestros hijos, nuestros cultivos. No es por una persona que fácilmente nos va a traicionar, sino por esto que hoy hemos hecho: gracias abuelas, que desde temprano estaban haciendo cola; mamás que muestran a sus hijos. Los pueblos tienen que decidir lo que quieren en su tierra. Nuestro pensamiento es en equipo; la conciencia se tiene que hacer en la información: enseñen a defender, a cuidar y hacerlo con respeto”.

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Entre aplausos y celulares que se levantaban entre las cabezas, se hacían las fotos como recuerdo de ese gran día para el pueblo de Zunil. El presidente del consejo leía:

  • Votos sí: 35
  • Votos No: 5, 432 (aplausos y gritos de emoción)
  • Nulo: 37
  • En Blanco: 24
  • Total de votos: 5,528.

De acuerdo a la información, el 83% de la población participó. En zunil se unía el Waqxaqib’ b’atz con la consulta comunitaria. “Es la segunda consulta vinculante que se realiza en el país; es la consulta No. 84” decía un acompañante que vigilaba el proceso de votaciones que realizaban las vecinas y vecinos de Zunil. “y es vinculante porque ha sido convocado por la alcaldía municipal; utilizando el sistema electoral: votan solo los mayores de edad. Los empadronados que también se presentarán este próximo domingo (25 de octubre) para la segunda vuelta (elecciones presidenciales), pero esa será distinta”.

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El clima estaba helado y el cielo nublado, con algo de llovizna que de poco en poco dejaba colar el sol en el municipio de Zunil. La radio informaba que la semana sería de precipitación pluvial y se recomendaba estar atentos a este cambio climático… Zunil es ya conocedor de las consecuencias de la inclemencia del clima: deslizamientos, derrumbes. Años atrás había sufrido el paso de las tormentas y huracanes: Mitch, Agata… provocando destrucción de la carretera y casas. Riesgos que también tienen más de 500 mil personas en todo el país, confirma la prensa escrita y advierte la CONRED.

allá arriba (refiriéndose a la parte alta, carretera hacia los balnearios las Georginas), hay mejores verduras”, dice un vecino que le preguntamos sobre la cantidad de cebollas que hay en su terreno, ubicado a las orillas del pueblo…Y es verdad, todo Zunil es “pura verdura”, desde muy temprano se mira a los vecinos echar agua en sus sembradíos, o lavar las grandes zanahorias que se jatean en las redes para subirlas en el pick-up que los llevará al gran mercado que acapara este comercio… “nosotros le proveemos de verdura a los de Almolonga, porque tenemos más terreno… incluso ellos vienen a comprarlo aquí en el mercado, por eso es que se prepara para la venta a mayoristas”, indicaba el otro vecino que mira –imaginándose las gran plaza llena- los camiones que entran a estacionarse a un lado del mercado municipal…

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Pero ese domingo, la falta de la verdura, sin venta en el mercado y la falta de movimiento que se acostumbra ver en la gran plaza, amanecieron este domingo sin mucha actividad. Faltaba la venta de verduras, la venta de tortillas con queso, los chicharrones y “pasar un poco apretaditos” como se acostumbra en la plaza de los días domingos… Este día no hay plaza: “estamos en la consulta”. Consulta convocada por la municipalidad; se espera a todos los adultos empadronados en el municipio y con un aproximado de 20 mesas, con observadores de la PDH y fiscales nombrados, las vecinas y vecinos fueron emitiendo su voto a partir de la hora indicada para esta consulta…

Antecedentes:

Se tiene conocimiento que está autorizado un área de 92 km cuadrados para la exploración y explotación de minerales. Al ver el croquis, esta área abarca las zonas de Cantel, Quetzaltenango, Almolonga, Zunil; por ello, cada municipio se está preparando con la información y realización de su consulta de buena fe, como lo hizo el año pasado Cantel, y ahora, con carácter vinculante lo realiza Zunil y está previsto, según información que tenemos, que Almolonga está preparando realizar su consulta.

En Zunil, la consulta es vinculante porque fue convocado por la municipalidad; está hecho conforme a la normativa vigente; “no pueden decir que no ahora; es decir, que las empresas no pueden pasar por alto lo expresado por los vecinos y vecinas” expresa Romeo Tiu, y lo argumenta con los siguientes documentos:

CONSTITUCION

Artículo 173. Procedimiento Consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos.

La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos.

La Ley Constitucional Electoral regulará lo relativo a esta institución.

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CODIGO MUNICIPAL

INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

CAPITULO I

INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

ARTICULO 60. Facilitación de información y participación ciudadana. Los Concejos Municipales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.

ARTICULO 61. Facultades de decisión. Las formas, medios y procedimientos de participación ciudadana que los concejos municipales de desarrollo establezcan en ejercicio de su potestad para auto-organizarse no podrán en ningún caso menoscabarlas facultades de decisión que corresponden al Concejo Municipal, el alcalde y los demás órganos representativos regulados por la ley.

ARTICULO 62. Derecho a ser informado. Todos los vecinos tienen derecho a obtener copias y certificaciones que acrediten los acuerdos de los concejos municipales, sus antecedentes, así como consultar los archivos y registros financieros y contables, en los términos del artículo 30 de la Constitución Política de la República.

ARTICULO 63. Consulta a los vecinos. Cuando la trascendencia de un asunto aconseje la conveniencia de consultar la opinión de los vecinos, el Concejo Municipal, con el voto de las dos terceras (2/3) partes del total de sus integrantes, podrá acordar que tal consulta se celebre tomando en cuenta las modalidades indicadas en los artículos siguientes.

ARTICULO 64. Consulta a solicitud de los vecinos. Los vecinos tienen el derecho de solicitar al Concejo Municipal la celebración de consultas cuando se refiera a asuntos de carácter general que afectan a todos los vecinos del municipio. La solicitud deberá contar con la firma de por lo menos el diez por ciento (10%) de los vecinos empadronados en el municipio. Los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el veinte por ciento (20%) de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado.

ARTICULO 65. Consultas a las comunidades o autoridades indígenas del municipio. Cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas.

ARTICULO 66. Modalidades de esas consultas. Las modalidades de las consultas a que se refieren los artículos 64 y 65 de este Código, entre otras, podrán realizarse de la manera siguiente:

  1. Consulta en boleta diseñada técnica y específicamente para el caso, fijando en la convocatoria el asunto a tratar, la fecha y los lugares donde se llevará a cabo la consulta.
  2. Aplicación de criterios del sistema jurídico propio de las comunidades del caso.

Los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el cincuenta (50) por ciento de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente (sobre) el asunto consultado.

 CONVENIO 169

Artículo 6

  1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
  2. a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
  3. b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
  4. c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
  5. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7

  1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
  2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
  3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.
  4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Artículo 15

  1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
  2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

DECLARACION DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Artículo 19

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 26

  1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
  2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
  3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

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Un casi cierre…

De acuerdo a lo leído, y con el resultado obtenido: La comunidad aplaudía, celebraba entre gritos, aplausos y felicitaciones la realización de la consulta comunitaria, como se anotaba más arriba, 83% de participación. El Tribunal Supremo Electoral tiene el registro de 8,656 personas empadronadas (http://resultados2015.tse.org.gt/resultados-2015/).

Con Jeff comentamos al cierre ¿por qué en este lugar, habiendo tanta diversidad de hortalizas no hay un restaurante de ensaladas ricas para comer? De repente los de Zunil se animan y se preparan para ser los chef de la ensalada… “Más de 4 mil formas de preparar ensaladas”… y que usando la herramienta del monstruo neoliberal, abre las sucursales en todo el país y, por qué no, en el mundo mundial: “ensaladas de Zunil, pa’ chuparse los dedos”

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… pero este domingo solo vimos, para ese rato, un lugar donde vendían pollo frito. Malaya!, dijo la abuela…

En Pachaj, Quetzaltenango, 20 de octubre de 2015.


Por: Quimy De León

Quetzaltenango 28 de octubre de 2015. Rogelio Velásquez y Saúl Méndez Rogelio y Saúl han quedado libres y absueltos de los delitos que injustamente les montaron como parte de una estrategia de criminalización de la lucha social. Ellos han estado encarcelados injustamente en Huehuetenango durante dos años con dos meses y un día, ellos fueron acusados de los delitos de asesinato y femicidio supuestamente por haber participado en un linchamiento.

Como ocurre en los casos de criminalización el Ministerio Público ni quienes acusan tuvieron pruebas que demuestren los delitos que les montan. Hoy el Ministerio Público a pesar de ello pedía 50 años de cárcel para ellos.

Saúl y Rogelio son defensores del agua, han tenido una larga trayectoria como autoridades comunales de sus comunidades, fueron miembros de la Asociación para la defensa del territorio, organizaron y promovieron la Consulta Comunitaria de Buena Fe en el año 2007 en Barillas. ºDesde el 2011 han representado la decisión de las comunidades de oponerse a la instalación de la empresa española Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz. “ Sus comunidades fueron de las primeras en organizarse para defender el agua pues eran de las más afectadas por el proyecto hidroeléctrico que ha querido imponer a toda costa esta empresa gallega.

Saúl Méndez está representado legalmente por los abogados Eduardo De León Chacaj y Juan Castro de la Asociación de Abogados Mayas, así como por el abogado Héctor Reyes del Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

Sus compañeras de vida, sus hijos e hijas y toda la comunidad y el territorio q´anjob´al ha sufrido persecución y diferentes formas de terror para evitar que la gente siga oponiéndose a la construcción de un proyecto Hidroeléctrico que les ha traído como consecuencia un asesinato, detenciones, desplazamiento forzoso, persecución penal, un estado de sitio, afectaciones en la salud y la vida comunitaria, división comunitaria, rumores y militarización de sus vidas.


Fuente: iueuropa.org

 

Por Nelton Rivera.

Marina Albiol Guzmán actualmente es diputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y portavoz de la delegación de la Izquierda Plural[1], ella elevara al Parlamento Europeo una serie de denuncias en contra de empresas europeas asentadas en Guatemala por distintas violaciones cometidas.

“Vamos a denunciar como continúan operando las transnacionales aquí en Guatemala, como continúan saqueando los recursos naturales, como continúan espoleando los recursos naturales, implicadas a esas violaciones a los derechos humanos… también el Estado español tienen una responsabilidad con estas multinacionales porque muchas son de capital europeo y de capital español.”

En octubre del 2014 la diputada al parlamento Europeo cuestiono a la Alta representante y vicepresidenta Ashton en nombre de la comisión por las reiteradas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra el pueblo Maya Q’anjob’al y mestizo de Santa Cruz Barillas en Huehuetenango, violaciones echas por la empresa Ecoener Hidralia Energía de capital español dueña de la empresa Hidro Santa Cruz.[2]

La empresa Hidro Santa Cruz sería una de varias  empresas señaladas ante el Parlamento Europeo, pero existen 27 centrales hidroeléctricas de capital europeo funcionando en Guatemala, más 20 proyectos en estudio de construcción.