Guatemala Comunitaria

Hidroeléctrica Renace / Fuente internet

Por Patrick Janiot y Tania Hernández

Durante los últimos diez años en Huehuetenango, las empresas extractivas impulsan una ofensiva utilizando múltiples estrategias para echar a andar sus proyectos. Esto ha causado una serie de agravios y violaciones a los derechos humanos especialmente contra la población maya chuj, q’anjoba’l, poptí, akateka y mestiza.

En San Mateo Ixtatán se encuentra la empresa PHDSA —ahora Energía y Renovación SA—, que ha cambiado su estrategia visible, desde el 2017. Ahora tienen más presencia a través de empresas subcontratadas, trata de impulsar una nueva imagen usando la cantaleta neoliberal de siempre: el desarrollo —que nunca termina de llegar—. Creando la falsa imagen de que las empresas, además de explotar los ríos y achatar cerros, hará crecer al país y dará empleos, traerá bonanza y lo que haga falta. La hidroeléctrica propiedad de uno de los doce principales millonarios del país[1] ha contratado a exguerrilleros para impulsar esta estrategia, desde el nivel operativo comunitario, hasta el estratégico y político.

Un consorcio, nuevas estrategias y viejas prácticas

En el 2017 fue creado un consorcio autodenominado “Paz, desarrollo y cultura”. Surge a partir de dos empresas, ambas vinculadas al empresario Pedro Muadi Menéndez —expresidente del Congreso de la República en 2015—, fue investigado por la CICIG y es uno de los principales procesados por los casos de corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina y el Congreso.

Este consorcio tiene una página web desde donde publica información sobre las actividades de la empresa PDHSA —Energía y Renovación SA.[2]

Acuerdos y Soluciones SA (AYSSA) y Fundación y Tecnológica para el Desarrollo de Guatemala (Funtedegua), ambas empresas venden servicios para “solucionar” los problemas sociales adonde quiera que van. Desde el 2015, ambas intentan convertirse en tomadores de decisión por las comunidades. AYSSA intentó instalar un equipo de promotores en una oficina, pero su vínculo con un empresario acusado de corrupción y su intento por acercar a la gente a la hidroeléctrica le valió su salida del territorio.

Funtedegua por su parte, quiso también realizar acciones que respaldaran a los proyectos hidroeléctricos, incluso involucró al obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini en una falsa caravana religiosa en 2016[3], en aquel momento el obispo negó su vínculo con la empresa.  Dos años después, insisten en montar una “mesa de diálogo” en donde sólo tienen participación la empresa, la municipalidad y trabajadores de la empresa. Sin embargo insisten en llevar el “desarrollo” a las comunidades, para esto ya echaron mano del obispo de Huehuetenango.

Con Pedro Muadi preso, la empresa recurrió a la contratación de un equipo multidisciplinario que cumple diversas acciones. Las autoridades comunitarias lograron confirmar que la dirección de la empresa AYSSA y Funtedegua en la ciudad capital, la asumió German Arnoldo Noriega Pérez, exintegrante de la dirección política del entonces Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG, político y analista, funcionario del gobierno de Álvaro Colom, director del Sistema Nacional de Diálogo Permanente SNDP con el sector social.[4]

Con Noriega, dentro del equipo de AYSSA, hay otros ex trabajadores de la inteligencia de la Secretaría de Asuntos Administrativos, de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS) de ese gobierno, gente cercana a Noriega, con quienes trabajó en el Sistema Nacional de Diálogo, algunos exguerrilleros y gente que formaron parte de algunas oenegés de Huehuetenango.

En esta estrategia del Consorcio, la municipalidad de San Mateo Ixtatán juega un papel activo. El alcalde Andrés Alonzo Pascual, —exintegrante de la URNG— y su hermano Mateo Alonzo Pascual, alias “Otoniel” en el EGP, respaldan abiertamente a la empresa hidroeléctrica y están en contra de la población que defiende los ríos. Durante tres periodos en la municipalidad, el alcalde ha facilitado el camino a la empresa, recibió 200 mil quetzales de esta y que uso para sus propios gastos.[5] Una de sus acciones es la de posicionar la falsa idea del diálogo para San Mateo Ixtatán.

Acciones desde la estrategia que este consorcio está impulsando para lograr sus objetivos:

  1. Diálogo con la estructura afín a la empresa

En San Mateo Ixtatán el consorcio dirigido por Arnoldo Noriega financió la creación y el funcionamiento de la asociación Oxlajunh Lajti’ Tzuk’ti’ (13 Democracia, Consenso, Acuerdo), presidida por Mateo Alonzo Pascual, hermano del alcalde municipal Andrés Alonzo Pascual. Esta asociación surge con el propósito de suplantar a las autoridades comunitarias y organizaciones sociales, deslegitimarlas, para posicionarse como un único grupo de representación del pueblo chuj en San Mateo Ixtatán “ajeno” a la empresa.

En un documento interno de AYSSA y el Consorcio Paz, Desarrollo y Cultura, la empresa ubicó dentro de su estrategia de trabajo qué funciones deberá realizar el nuevo grupo 13 Consenso, Democracia y Desarrollo, dirigido por el hermano del alcalde y el grupo 23 Comunidades dirigido por Santiago Mauricio, este grupo en realidad son 23 personas a quienes la municipalidad les permite suplantar sellos comunitarios.

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Su presencia busca obstaculizar cualquier posibilidad de resolución del problema social generado por la empresa PDHSA, ahora Energía y Renovación y cerrar cualquier espacio en el que el Estado u otras instancias nacionales o internacionales dialoguen con las autoridades comunitarias en oposición a la empresa. Esta asociación se está promoviendo como la única interlocutora de San Mateo Ixtatán ante las instancias gubernamentales, medios de comunicación corporativos, con las entidades financieras internacionales.

Se sabe que esta asociación es un instrumento de la empresa para confundir y confrontar a las comunidades, porque está integrada por algunos exintegrantes de la comisión de la Consulta comunitaria de Buena Fe realizada en el 2009, como el señor Ambrosio Santizo, cuyo hermano le vendió a la empresa PDHSA una propiedad o terreno en la cabecera municipal de San Mateo Ixtatán en donde instalarían la subestación de interconexión.

Lo irregular de esta venta, es que en San Mateo Ixtatán la tierra es propiedad comunal y nadie puede desmembrarla y venderla. Por aparte su coordinador general, Mateo Alonzo, tiene fuertes vínculos con el gobierno municipal y la empresa.

De acuerdo con el documento interno del Consorcio, estos consideran como una fortaleza el apoyo de la municipalidad, la relación con el Estado y sector empresarial. Al mismo tiempo consideran una amenaza a las autoridades ancestrales y comunales, al Gobierno Ancestral Plurinacional, al Consejo de Pueblos Mayas (CPO), a las organizaciones como el Frente Nacional de Lucha (FNL), y plantean como estrategia aislar a quienes ellos definen como “líderes negativos”.[6]

Algunos operadores locales y regionales de las hidroeléctricas son exguerrilleros

Ironías de la vida. En Jacaltenango, Huehuetenango, por ejemplo, Antonio Ros Montejo “Tono Ros” quien aparece como coordinador regional de la empresa AYSSA, fue excombatiente de la guerrilla del EGP durante la guerra, también formó parte de la Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH), de la cual se retiró hace ya varios años.

Ros Montejo ha intensificado una campaña de desinformación en contra del Consejo de Pueblos Wuxhtaj y del Gobierno Ancestral Plurinacional en el norte de Huehuetenango. Intenta organizar un grupo de personas con el objetivo de cuestionar la participación del pueblo poptí’ en el Gobierno Plurinacional y de respaldo a la empresa Energía y Renovación.

En el grupo organizado por la empresa AYSSA se pueden ubicar a otras personas que han trabajado en instancias que trabajan en “beneficio de los pueblos indígenas” como Rudy Ortíz, Carlos Mendoza, Francisco Domingo, Bartolo Sebastián Camposeco y Bartolo López Baltazar. Este último fue Director Departamental de Educación de Huehuetenango en DIGEPSA-MINEDUC. También Romaldo Mauro Montejo Díaz, trabajador de FODIGUA y expresidente de junta directiva poptí de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG). En redes sociales se difundió en el mes de enero una denuncia pública sobre la vinculación de estos personajes con la hidroeléctrica.[7]

El Consorcio también se ha acercado a varios sectores de la sociedad huehueteca, vinculados en su momento al Partido Patriota (PP). Se presentan, eso sí, como actores comunitarios que buscan el “diálogo y beneficios conjuntos”.

Algunos de ellos han trabajado temas de seguridad e inteligencia con el Estado, como el abogado Jorge Pablo Versluys Hipp, quien fue miembro del EGP y de la seguridad de la comandancia general de la URNG, en específico de Rolando Morán. Son personas contratadas para “tratar” la conflictividad en el ámbito penal y trabajar con las comunidades impartiendo talleres sobre las “ventajas de las hidroeléctricas, el uso del agua y el manejo del sistema ecológico”. Incluso realizan protocolos de seguridad para el manejo de las crisis apoyados por estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas (ECP) de la Usac, que realizan el ejercicio profesional supervisado (EPS), o el trabajo de tesis, previo a que se les confiera el título correspondiente.

Versluys Hipp, asumió como una de las caras visibles de la empresa, es quién tienen la comunicación directa con el destacamento militar y la comisaria 43 de la PNC, instalados dentro del terreno de la hidroeléctrica. En 2016, fue director superior del área de dirección de recursos humanos del Ministerio de Gobernación de ahí salto a la microrregión de Yich K’isis.

La institucionalidad al servicio de las empresas

Las empresas de Pedro Muadi, no son las únicas haciendo este tipo de trabajo en el territorio norte de Huehuetenango. Rokael Cardona Recinos es fundador de una oenegé llamada Poder para todos (PPT) desde la cual asesora a distintas personas en el municipio de San Mateo Ixtatán y el resto del departamento de Huehuetenango. Su asesoría se vincula al beneficio de la empresa hidroeléctrica y a la corporación municipal. Cardona estuvo al frente de la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD) hasta el mes de septiembre de 2017, cuando fue destituido por el presidente Jimmy Morales nombrando en su lugar a Sergio Alejandro Flores Cruz.

Cardona además estuvo vinculado a la construcción del Corredor Interoceánico, un mega negocio que se vino abajo al final del gobierno de Otto Pérez Molina. Fue durante ese gobierno que constituyó su oenegé. En Huehuetenango sigue teniendo presencia a partir de su vinculación con el modelo de las Mancomunidades a través de la Universidad Rafael Landívar (URL) y forma parte de otra empresa vinculada con militares y familiares de estos, la Oficina de Enlace y Negocios para América Latina (Odepal).[8]

La hidroeléctrica también articula sus esfuerzos con los gobernadores de turno, diputados del departamento, Byron Herrera delegado de la COPREDEH, Erick Villatoro auxiliar de la PDH y el comandante de Quinta Brigada de Infantería “Mariscal Gregorio Solares” de ese departamento.

Herrera ha sido quién con más ímpetu solicitó que el gobierno de Jimmy Morales estableciera un Estado de Sitio en San Mateo Ixtatán, sin haberlo logrado.

La desgastada estrategia del diálogo para deslegitimar a la oposición

El Consorcio de empresas dirigido por Arnoldo Noriega buscó legitimar a los grupos cercanos a la empresa Energía y Renovación – PDHSA como el único espacio de diálogo para “resolver” el problema provocado por las hidroeléctricas. Para eso han estado convocando, cabildeando y organizando distintas reuniones y encuentros en Huehuetenango y en la ciudad capital. En uno de los documentos institucionales del Consorcio se ubica al obispo de Huehuetenango, monseñor Álvaro Ramazzini, como uno de los actores que dan su respaldo al espacio promovido por la empresa, al que ellos mismos autonombraron “Diálogo”.[9]

El 17 de noviembre de 2017, Mateo Alonzo Pascual, hermano del alcalde de San Mateo Ixtatán, y coordinador del autodenominado grupo 13 Consenso, Democracia, Desarrollo, realizaron una conferencia de prensa en el Hotel Panamerican en la zona 1 de la capital. Estas personas se agruparon alrededor de la figura del espacio “Diálogo” promovido por la empresa.

Es como si la selección nacional de futbol de Inglaterra, jugara un partido de clasificación al mundial, pero no hay otro equipo contendiente, sino solamente sus propios titulares y suplentes.

Como funciona “Diálogo” se constituyó a partir del Consorcio Paz, Desarrollo y Cultura, creado por las empresas AYSSA y Funtedegua. También participa la empresa Energía y Renovación SA (PDHSA), propietaria de las tres hidroeléctricas en Yich K’isis, el Consejo Municipal de San Mateo Ixtatán, el alcalde, el obispo monseñor Álvaro Ramazzini y el grupo dirigido por el hermano del alcalde municipal, llamado 13 Consenso. A este grupo adhirieron a supuestos representantes de 23 comunidades de una de las microrregiones de San Mateo Ixtatán, una agrupación de reciente creación.[10]

Las contradicciones

El 16 de noviembre 2017, la delegación de la empresa Energía y Renovación SA se reunió con el viceministro de Gobernación, Axel Romero, para darle seguimiento a las reuniones que respaldan al “diálogo” promovido por Arnoldo Noriega.[11]

Quienes asistieron a la reunión con el viceministro, son las mismas que en enero de 2017, solicitaron al entonces gobernador departamental, Hiram Martínez, la declaración de un Estado de Sitio en todo el municipio de San Mateo Ixtatán, luego que la seguridad de la empresa Energía y Renovación SA disparara en contra de los comunitarios al finalizar una manifestación pacífica, asesinando a don Sebastián Alonzo Juan, de 72 años de edad. La Muerte Regresa A Yichkisis

Axel Romero en su cuenta de twitter informó públicamente de su participación en la “Mesa de Diálogo”. En la reunión estuvieron todos los actores afines a la empresa hidroeléctrica.[12] No participan, obviamente, las autoridades comunales de la microrregión de Yich K’isis, tampoco las demás regiones del municipio, ni las autoridades ancestrales del Gobierno Plurinacional.

El Mingob, a las 14:26 horas del 16 de noviembre, confirmó la participación del viceministro Axel Romero en la mesa de diálogo para resolver la problemática en el municipio de San Mateo Ixtatán.

Al realizar el requerimiento de información pública al Mingob para tener acceso a los acuerdos alcanzados, la agenda y el listado de personas participantes  en dicha mesa de diálogo, que el viceministro acompaña, la unidad de información pública del ministerio notificó que el viceministro Axel Rojas confirma que asistió solamente como invitado, para desarrollar un tema relacionado a la prevención del delito y la seguridad. En resumen, no existe tal mesa de diálogo.

“(…)1. Que en el contexto de conflicto de ingobernabilidad del Municipio de San Mateo Ixtatán, el cual tuvo una escalada por la instalación de un proyecto hidroeléctrico en la aldea Ixquisis en el municipio en mención, la entidad privada Consorcio por la Paz Desarrollo y Cultura, propició un acercamiento entre las partes en conflicto que se mostraron dispuestas al diálogo y negociación para el desarrollo del Municipio con la participación de la Empresa Productos y Desarrollo Hídrico, S.A.; la Corporación Municipal de San Mateo Ixtatán; las 23 comunidades del área de influencia del proyecto hidroeléctrico, así como la Asociación 13 Democracia , Consenso y Desarrollo. Espacio de diálogo se reúne periódicamente desde el mes de agosto del año 2017 e invitan a funcionarios de gobierno dependiendo del tema y agenda que abordará la mesa en cada reunión de diálogo. 2. En la reunión del 25 de enero a la que el solicitante hace mención, fui invitado por el Consorcio en mención a participar en mi calidad de viceministro, ya que se iba a tocar el tema de la prevención de la violencia y el delito y hacer algunos planteamientos para el área, razón por la cual participe en calidad de invitado. Por todo lo anterior expuesto, a este vicedespacho no le es posible entregar la información requerida, dado que no se cuenta con ella; ya que por acuerdo de las partes en la mesa, toda la información referente al proceso en mención, la tiene la entidad Consorcio por la Paz Desarrollo y Cultura quien coordina y facilita el proceso.”[13]

Tal parece que las empresas dirigidas por Arnoldo Noriega implementan una estrategia de falso diálogo, queriendo hacer ver que hay una participación legítima del pueblo chuj y q’anjoba’l  de San Mateo Ixtatán. Para esto el Consorcio se hace valer de personas particulares que no ostentan un cargo comunitario o por lo menos no cuentan con el respaldo de la comunidad a la que afirman pertenecer o representar, cuando el Consorcio los muestra dentro de ese espacio al que llaman “Diálogo”.

Una nueva reunión de la empresa se realizó del 23 al 25 de enero 2018. La anunciaron como diálogo. Participó el viceministro Axel Romero. La última mesa la trabajaron el 9 de marzo del 2018.

Frente a las acciones legales que la resistencia pacífica en la microrregión de Yich K’isis realizó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con tres amparos que podría suspender toda actividad de la empresa, Noriega y el Consorcio aceleraron en noviembre la firma de un “Acuerdo” que llevará la paz y el desarrollo a esa región del país.

El 8 de noviembre, tiraron la casa por la ventana, en un lujoso hotel de Huehuetenango lanzaron la firma, en el acto estuvo presente el nuncio apostólico Nicola Thevenin, el obispo de Huehuetenango Ramazzini al centro de la mesa principal, Harald Klein embajador de Alemania y un grupo de autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán y de la autoridad indígena de Sololá.

En conclusión, el acuerdo se firmó entre la empresa hidroeléctrica, la municipalidad de San Mateo Ixtatán y toda la estructura montada para validar el falso diálogo, una firma entre los mismos de la foto.

En el acuerdo se habla de promover la paz y el desarrollo para San Mateo Ixtatán, sin la participación del pueblo chuj, akateko, poptí, mestizo y q’anjob’al afectados por la instalación de los proyectos de hidroeléctricas.

  1. Incidencia en medios de comunicación y periodistas

Como parte de la estrategia mediática, este consorcio creó la página Actualidad Huehuetenango, con el objeto de generar “noticias” favorables a las tres hidroeléctricas de la empresa Energía y Renovación SA (PDHSA) y otros proyectos extractivos en Huehuetenango. Desde este sitio lanzan contenidos que deslegitiman el ejercicio libre de las consultas comunitarias, por ejemplo, o el derecho legítimo de la movilización de las comunidades. Por lo general sus publicaciones son anónimas.

Los operadores del Consorcio permanentemente tienen reuniones con algunos medios de comunicación de la cabecera departamental de Huehuetenango. Inciden informando sobre el funcionamiento de las hidroeléctricas y tratando de obtener respaldo desde el trabajo de algunos periodistas y medios, justificando el apoyo económico a través de pautas radiales, televisivas y en redes sociales.

Realizan mapeos y dan seguimiento a todas las actividades de las organizaciones sociales. En algunos casos se ha determinado que ciertos reporteros de medios locales y nacionales son utilizados para informar sobre los procesos en materia de defensa del territorio y derechos humanos que se llevan a cabo en la ciudad. Esta información, la sistematizan y la proporcionan a las empresas.

Para lo mediático, contrataron a una empresa española, fue en mayo del 2017, que la transnacional de la comunicación llegó a Huehuetenango para reunirse con los periodistas locales y directivos de los medios de comunicación. Durante varios encuentros y reuniones, María René Monje se presentó como representante de la empresa ATREVIA. Esta es una empresa transnacional con sede en España, pero que tiene oficinas en distintos países del continente americano y que abrió sus oficinas en 2016 para Guatemala.

Con la llegada de ATREVIA a Huehuetenango, la empresa PDHSA comenzó a tener una mayor presencia en los medios locales, redes sociales y medios a nivel nacional. Coincidentemente, fue a partir de mayo de 2017, con AYSSA y Funtedegua, que se incrementaron los perfiles falsos en twitter  y Facebook que respaldan a la hidroeléctrica y atacan a varias autoridades comunitarias opuestas a estos proyectos.

Desde Yich K’isis, son trasladados los trabajadores y operadores de PDHSA hacia Huehuetenango para realizar conferencias de prensa o reuniones en varios hoteles, lo mismo ocurre hacia la ciudad capital, incluyendo una agenda de reuniones en programas radiales, canales de televisión y conferencias de prensa.

La misma estrategia usó la empresa CINCO M con el proyecto hidroeléctrico San Luis, en Santa Eulalia, utilizando a la corporación municipal en 2015 como operadores de la empresa.

En lo mediático dieron un nuevo giro, ahora con el capital de la familia Mata Castillo, principales dueños de la empresas como Pepsi Cola y otras, los medios corporativos escritos del país como El Periódico y Prensa Libre, dedican editoriales, portadas y sendos artículos sobre la microrregión de Yich K’isis, la Franja Transversal del Norte y la “conflictividad” que no permite el avance de las hidroeléctricas.

En sus escritos se replica la versión de la hidroeléctrica sobre lo que ocurre en la microrregión, se criminaliza la movilización de la resistencia pacífica y a sus principales autoridades. De esa cuenta le dedicaron especial cobertura al acto de la firma del acuerdo entre la municipalidad de San Mateo Ixtatán y la hidroeléctrica el pasado 8 de noviembre y en escritos sin firmar atacan directamente a Rigoberto Juárez Mateo, autoridad ancestral q’anjob’al, a Julio Gómez  Lucas autoridad comunal chuj y a Lucas Ordóñez Pablo  presidente de la microrregión de Yich K’isis en resistencia pacifica.

En un doble discurso mediático, por un lado afirman atacar la corrupción e impunidad en el país y por el otro lo respaldan cuando de hidroeléctricas se trata.

[1] José Guillermo Mata Monteros aparece como representante legal de la empresa Energía y Renovación SA, hijo de uno de los doce millonarios de Guatemala, nos referimos a Carlos Enrique Mata Castillo. Lo que explica el porqué de la presión del sector empresarial organizado en el CACIF y los medios corporativos de comunicación. El norte de Huehuetenango se debate entre inversiones millonarias, violencia y el discurso del odio. CMI-G. 10 de abril 2016. https://cmiguate.org/el-norte-de-huehuetenango-se-debate-entre-inversiones-millonarias-violencia-y-el-discurso-del-odio/

[2] https://www.huewebtenango.com/

[3] FUNTEDEGUA. Carta a Álvaro Ramazzinni, obispo de Huehuetenango. Sábado 29 de octubre de 2016.

[4] El Observador. Defensa de territorios frente a la nueva acumulación capitalista: una lucha por la vida. Carmen Reina. Diciembre 2009. http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/ElObservadorNos2223febrero%202010.pdf

[5] Huehuetenango: “recibí Q200 mil de parte de la empresa hidroeléctrica”. Prensa Comunitaria. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rG9TZdvLE6o

[6] Documento de la estrategia del Consorcio Paz, Desarrollo y  Cultura. De las empresas AYSSA y Funtedegua.

[7] Voces de los pueblos indígenas en Guatemala. 6 de enero 2018. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1821980824531217&id=381359348593379

[8] Equipo de Análisis. Nueva Comisión para el Diálogo vinculada a militares. 25 de septiembre de 2016. https://cmiguate.org/nueva-comision-para-el-dialogo-vinculada-a-militares/

[9] Documento del Consorcio Paz, Desarrollo y  Cultura. De las empresas AYSSA y Funtedegua.

[10] Soy502. Roberto Cubilla. San Mateo Ixtatán llama al diálogo para terminar conflicto en el área. 17 de noviembre 2017. http://www.soy502.com/articulo/san-mateo-ixtatan-llama-al-dialogo-terminar-conflicto-area-31313

[11] Axel Romero G. Cuenta de twitter. @axelromg https://twitter.com/axelromg/status/931320967179264000

[12] Ibídem.

[13] Ministerio de Gobernación, Unidad de Información Pública.


Acción Global #NosDuelen56+1

Hace 365 días, el Estado de Guatemala cometió uno de los peores crímenes femicidas de la época democrática. El 8 de marzo de 2017, 41 niñas murieron en un incendio en el Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción y 15 sobrevivieron con graves quemaduras en todo su cuerpo y traumas asociados al maltrato al que eran sujetas y al horror vivido esa noche.

Todas ellas son víctimas de un sistema que las mantiene en el empobrecimiento, falta de oportunidades y ciclos de violencias sin fin. Cuando ellas y sus familias buscan la protección del Estado, éste las sigue violentando al interior de estos centros con torturas físicas, sexuales y psicológicas, para acabar asesinándolas por rebelarse contra los abusos o intentar escapar de estos infiernos, como sucedió hace un año con las niñas del mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Han pasado 365 días desde este crimen y los avances en la búsqueda de justicia, de reparación digna y de esclarecimiento de la verdad, son casi inexistentes. La justicia es muy lenta y se limita a perseguir a los autores materiales, pero no toca ni señala a los autores intelectuales, que son los verdaderos responsables de que estos Centros de “protección” sean espacios de violencias continuas contra las niñas y jóvenes que allí se encuentran. Incluso los jueces han dado privilegios a algunos de los responsables otorgandoles libertad.

Tampoco se relaciona el papel y responsabilidad del ejecutivo ni se investiga sobre las redes criminales, que muchas voces denunciaron que operaban en este Hogar.

Los mismos medios de comunicación y parte de la sociedad han realizado sus propios juicios paralelos y condenatorios contra las familias y las víctimas, mostrando de nuevo la perversidad de nuestros sistemas al situar a las víctimas de estas violencias como culpables e incluso merecedoras de lo que les pasa.

A los 365 días desde este terrible crimen femicida, las familias de las 41 niñas asesinadas y 15 sobrevivientes, incluyendo al bebé de una de ellas, sufren continuas discriminaciones por parte de las autoridades judiciales. Esto muestra que existen diversas categorías de víctimas y al ser niñas y jóvenes en condiciones de exclusión social y empobrecimiento, eso las convierte en objetos descartables para esta sociedad y sobre todo para sus victimarios, las autoridades del gobierno de turno.

El hecho de que varias niñas estuvieran embarazadas es un signo de violencia sexual del que poco se habla y del que el Estado también es responsable.

Desde todas las estructuras del Estado de Guatemala, con la complicidad de los medios de comunicación oficiales y parte de los movimientos sociales, se está creando un manto de silencio y de olvido sobre estos crímenes, lo cual nos condena como sociedad a repetir una y otra vez estas violencias.

Por ello hoy juntas, en solidaridad y con la convicción de nuestra fortaleza, hacemos acciones de memoria feministas usando el arte, nuestros cuerpos y nuestras voces como herramientas políticas, para elevar un grito de justicia, de rebeldía y de denuncia de este sistema patriarcal y racista en el cual nuestros cuerpos son usados como mercancía y objetos desechables y no tenemos libertad para decidir sobre ellos.

Este 8 de marzo, seguimos luchando junto a las familias de las 41 niñas asesinadas y de las 16 sobrevivientes, en solidaridad con su búsqueda de justicia, de reparación digna y de esclarecimiento de la verdad, lo cual es responsabilidad del Estado de Guatemala.

Seguiremos gritando HOY Y SIEMPRE que #NOSDUELEN56+1, para romper el silencio y luchar contra el olvido que nuestras sociedades y estados construyen sobre estos crímenes todos los días. Porque una sociedad que olvida su historia, está condenada a repetirla. Seguimos y seguiremos poniendo rostro a cada una de las 56 víctimas del Hogar Seguro y de todas las víctimas de las violencias machistas,racistas y colonialistas que se producen cada minuto en cualquier parte del mundo.

Seguiremos gritando HOY Y SIEMPRE que #NOSDUELEN56+1, porque somos feministas, porque nosotras estamos vivas y nuestro compromiso con las 41 niñas asesinadas y 15 sobrevivientes es luchar y denunciar para que no haya una muerta más…VIVAS NOS QUEREMOS!

Todas nuestras acciones son fruto del poder colectivo feminista que vamos tejiendo al compartir las calles, nuestros saberes y prácticas de resistencia individual y colectiva frente a las distintas formas en que se manifiesta el patriarcado, el racismo y el capitalismo depredador de nuestros cuerpos y nuestros territorios.

Por eso hoy, junto a nosotras hay mujeres en Chile, Argentina, Suecia, México, Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Suiza, Colombia, España y otros lugares haciendo acciones de memoria y de lucha que se suman a esta acción global #NosDuelen56 porque somos muchas, no estamos solas, somos poderosas y porque cuando tocan a una nos tocan a todas!! #NOSDUELEN56

Todas nosotras: artistas, feministas, lesbianas, trans, gordas, trabajadoras sexuales, mujeres empobrecidas, viejas, jóvenes, flacas, adolescentes, campesinas, estudiantes, profesionales, analfabetas, indígenas, desempleadas, negras, migrantes, refugiadas, madres, con diversidad funcional, jefas de hogar, empleadas domésticas, cuidadoras, urbanas, rurales…nos sumamos hoy al Paro Internacional de Mujeres a través de la Acción Mundial #NosDuelen56 porque creemos y soñamos que otro mundo es posible…

HOY Y SIEMPRE #NOSDUELEN56 Por eso, mañana 9 de marzo sigamos luchando, así como el 10 y el 11… porque esta lucha contra la impunidad por las 41 niñas asesinadas y 16 sobrevivientes no es solamente de un día, sino de cada día, y se hace con el apoyo a las familias, con cada acción en la calle, con cada acción desde el arte, con cada palabra de memoria y de denuncia. Sólo así lograremos justicia para las víctimas y sobrevivientes y vidas libres de violencias para todas!!!


Fotografía Juan Calles / Prensa Comunitaria.

La Corte Interamerica de Derechos Humanos  publica las medidas cautelares otorgadas a las familias de Ch’ab’il Ch’och’ de Linvingston, Izabal, que fueron desalojados en el mes de noviembre de 2017.

Lea acá el documento íntegro

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

RESOLUCIÓN 3/2018

Medida cautelar No. 860-17

Familias indígenas de la Comunidad Chaab´il Ch´och’ respecto de Guatemala

25 de enero de 2018

I. INTRODUCCIÓN

1. El 13  de  noviembre  de  2017,  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (en adelante, “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una solicitud de medidas cautelares  presentadas  por  la  Oficina  del  Procurador  de  los  Derechos  Humanos  de  Guatemala,  Miriam  Catarina  Roquel  Chávez,  Leocadio  Juracán  Salomé,  y  Julián  Marcelo  Sabuc  (en  adelante  “los solicitantes”),  instando  a  la  CIDH  que  requiera  al  Estado  de  Guatemala  (en  adelante  “el  Estado” o “Guatemala”)  la  adopción  de  las  medidas  de  protección  necesarias  para  garantizar  la  vida  e integridad  personal  de  los  miembros  de  la  Comunidad  Chaab´il  Ch´och’ ,  Livingston[1],  Izabal  (en adelante “los propuestos beneficiarios”). Según la solicitud, los propuestos beneficiarios estarían en una situación de riesgo tras haber sido desalojados el 30 de octubre de 2017 de un área denominada finca Santa Isabel, la cual sería reclamada como propiedad en nombre de “Lisbal S.A.”.

2. La Comisión solicitó información a ambas partes el 19 de diciembre de 2017 por el plazo de 10 días. Los solicitantes respondieron el 29 de diciembre de 2017. El 9 de enero de 2018 el Estado presentó una solicitud de prórroga, sin recibirse sus observaciones al día de la fecha.

3. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho de las partes, a la luz del contexto específicoen que tendrían lugar, la Comisión considera que los miembros de la Comunidad Chaab´il Ch´och’ se encuentran prima facie en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita a Guatemala que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos  a  la  vida  y  la  integridad  personal  de  las  familias  indígenas  de  la  comunidad  Chaab´il  Ch´och’, a través de medidas culturalmente adecuadas dirigidas a mejorar, entre otros aspectos, las condiciones  sanitarias,  de  salud y  alimentación,  en  especial  de  los  niños,  niñas,  mujeres  y  personas  mayores; b)  concierte  las  medidas  a  adoptarse  con  los  beneficiarios  y  sus  representantes  teniendo en cuenta la importancia de salvaguardar la identidad cultural de los propuestos beneficiarios, como miembros  de  la  comunidad  Maya-Q’eqchi’;  y  c)  informe  sobre  las  acciones  adoptadas  a  fin  de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.

Fotografía Juan Calles / Prensa Comunitaria.

II. RESUMEN DE HECHOS Y ARGUMENTOS APORTADOS POR LOS PARTES

Información aportada por los solicitantes

4. La comunidad Chaab´il Ch´och’[2] estaría integrada por personas de origen Maya-Q’eqchi’ que habrían vivido en la misma desde 1935. El nombre de la comunidad en idioma originario significaría “Tierra  Buena”.  La  comunidad  habría  sido  formada  por  diversas  familias  que  huyeron  del  conflicto armado interno de diversos lugares de Alta Verapaz al ser perseguidos y despojados de sus tierras. Según  los  solicitantes,  durante  el  conflicto  armado  interno  muchas  tierras  fueron  escrituradas  a nombres  de  otras  personas,  fundamentalmente  militares;  o  simplemente  ocuparon  las  tierras  y,  cuando  las  personas  quisieron  volver  a ellas, se encontraron con que estaban ocupadas[3] . Existirían miembros de la comunidad que trabajaron para los terratenientes como “mozos colonos” en “la finca de sus ancestros” recibiendo 30 quetzales diarios, sin prestaciones y trabajando 7 días a la semana para poder sobrevivir.

5. La comunidad se  encontraba ubicada  en  la  parte  occidente  de  la  cabecera  municipal  en  el área  del  Río  Chocón  y  Sarstún  en  el  área  de  Biotopo  Chocón  Machacas.  La  comunidad  tenía una iglesia  y  un  cementerio.  Se  podía acceder  a  la  comunidad  por  vía  terrestre  en  la  aldea  San  Antonio Seja’, Livingston, Izabal y por vía marítima de Rio Dulce, Livingston, sobre el Rio Chocón Machacas. Según los solicitantes, el área de Livingston sería favorable para el intercambio comercial y también para  negocios  ilícitos  como  el  narcotráfico.  Los  solicitantes  indicaron  que  la  comunidad  estaba rodeada por fincas de “narco-ganaderos” y de personas que realizan narcoactividades.

6. Como contexto,  los  solicitantes  indicaron  que  existe  una  falta  de  certeza  jurídica  de  lapropiedad de las tierras de las comunidades indígenas en Guatemala. Lo anterior, debido, entre otros aspectos, a la falta de un Registro de Información Catastral (RIC) actualizado sobre todo el país y al avance de la frontera agrícola y ganadera, los incendios forestales y el despojo de sus tierras desde hace años por causas ligadas al conflicto armado interno y la apropiación de las mismas a manos de terceros. Para los solicitantes, la defensa del territorio de las comunidades indígenas se enmarca en condiciones  adversas  propias  de la  historia  de  Guatemala,  las  que  derivan  en  un  aumento  de  la conflictividad  social  reflejadas  en  la  criminalización,  represión,  entre  otras  cosas. Particularmente,  los solicitantes refirieron que el “Programa de Compra de Tierras” del “Fondo de Tierras” terminaría en el 2017 y, en el 2018, ya no podrían comprar tierras sino solo alquilarlas o arrendarlas, por lo que vendría una nueva ola de desalojos y el mal uso del derecho penal para la ejecución de los mismos en comunidades  indígenas  y  campesinas. Los  solicitantes  denunciaron  que  diversa  normativa  interna sobre pueblos indígenas no sería acorde a los estándares internacionales en la materia.

7. Según los  solicitantes, existe controversia  en  torno  a  la  propiedad  de  la  tierra  en  la  cualvivían los propuestos beneficiarios puesto que había anomalías en el registro correspondiente y nose había demostrado  en  la  vía  civil  que  la  finca  donde  se  encontraban los  propuestos  beneficiarios pertenezca  a  “Lisbal  S.A.”  o  que  los  propuestos  beneficiarios  no  fueran  los  dueños  de  las  tierras.  Según los solicitantes, el Registro de Información Catastral (RIC) indicó que no es posible determinar cuál es la finca Santa Isabel porque no se encuentra esa información en las inscripciones registrales de  las  fincas[4] .  Los  solicitantes  también  resaltaron  que  el  Estado  no  había  realizado  peritajes antropológicos,  culturales  e  históricos  para  analizar  la  posesión  ancestral  de  la  tierra  de  parte  del  pueblo Maya-Q’eqchi’ ni ha analizado las posibles anomalías en los registros públicos.

8. Los propuestos  beneficiarios  indican  que  los  que  actúan  como  propietarios  son  Rodrigo Lainfiesta   y   Otto   Pérez   Molina.   Según   indican,   Lainfiesta   realizaba   disparos   atemorizando   y   amenazando a la población. Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, los propuestos beneficiarios  habrían denunciado que estaban siendo amenazados y arrinconados en la montaña prácticamente obligándolos a quedarse como “mozos colonos”, siendo despedidos y sin pagos a honorarios y prestaciones. Durante los últimos años, las familias habrían denunciados “cosas extrañas” como la llegada de personas que estarían traficando droga.

9. El 25 de enero de 2017 se habría realizado una audiencia unilateral en un Juzgado de Izabal donde se ordenó el desalojo de diversas fincas en el plazo de un mes y la aprehensión de las personas que se encontraran en delito flagrante. El 13 de febrero de 2017 una delegación del Ministerio Público y de la PNC se habría presentado en la comunidad para realizar investigaciones que se tenían programadas, las cuales no pudieron realizarse, posponiéndose la diligencia para el 16 de febrero de 2017. El desalojo se habría programado hasta por 8 veces siendo suspendido por falta de personal de la policía nacional civil (PNC).

10. El desalojo habría iniciado el 30 de octubre de 2017 a la 4:00 a.m. y terminó el 31 de octubrede   2017   a   las   2:30   a.m.   La   Procuraduría   de   Derechos   Humanos,  la  Comisión   Presidencial   Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), una Jueza de Paz, el Ministerio Publico, la PNC, el administrador y abogado de la finca habrían estado presentes al  momento  del  desalojo.  En  el  desarrollo  y  ejecución  de  la  diligencia  habrían  participado  129 patrullas con 1,800 agentes del PNC que rodearon a la comunidad[5] . Asimismo, el desalojo se habría realizado sin  presencia  de  abogados  de  los  propuestos  beneficiarios.  El  diálogo  no  habría  durado más  de  15  minutos,  y,  después  de  darles  20  minutos  para  recoger  sus  pertenencias,  se  les  habría  desalojado.  Producto  del  desalojo  se  habrían  quemado  56  viviendas,  896  cuerdas  cultivadas (incluyendo  224  cosechas  de  maíz)  y  aproximadamente  1400  aves  de  corral  y  112  cerdos.  La  Procuraduría denunció que trabajadores de la finca también habrían quemado viviendas.

11. Según la Procuraduría,  ningún  funcionario  del  Estado  tenía  un  plan  de  traslado  de  lapoblación,  pese  a  que  se habría  sido  coordinado  con  otras  instancias,  las  cuales  no  respondieron.  Según  los  solicitantes,  tampoco  tuvieron  atención  en  salud  durante  el  desalojo. No  habría  habido suficientes lanchas para transportar a las familias fuera de la comunidad durante el desalojo, por lo que  las  propias  familias  habrían  tenido  que  conseguir  “cayucos”  para  movilizarse  o  esperar  a  que regresen  las  lanchas.  Según  los  solicitantes,  el  desalojo  no  respetó  la  normativa  internacional  en  la  materia.

12. Según un censo,  se  habría  desalojado  a  56  familias  equivalentes  a  304  personas  integradas por: 94 hombres adultos, 96 mujeres adultas (de las cuales 4 recién habrían dado a luz y 5 estarían embarazadas), 47 niños y 47 niñas, 20 lactantes (de los cuales no puedo desglosarse la información por  sexo)[6] . Ya  no  quedaría  ninguna  persona  de  la  comunidad  en  el  área  desalojada.    No  se  habría  seguido  el  debido  proceso  porque  no  se  habría demostrado  que  los  propuestos  beneficiarios  no fueran los dueños de la tierra, y no habrían sido informados adecuadamente del desalojo.

13. La ubicación actual  de  las  56  familias  sería  la  siguiente:  35  estarían  en  la  Comunidad Quebrada  Seca;  10  en  la  Comunidad  Lo  de  Medio  2;  5  en  la  Aldea  Nuevo  Nacimiento  Cáliz;  y  6 familias  en  Aldea  Chacalte  del  Municipio  de  Livingston.  Algunas  de  las  comunidades  en  las  que  se  encontrarían   las   familias   también  podrían  estar   en   proceso   de   ser   desalojadas [7].   Según   los solicitantes, ninguna de las familias ha recibido atención estatal y estarían viviendo de la solidaridad de  las  comunidades  que  las  han  acogido.  Las  familias  no  contarían  con  servicios  de  agua  potable  o  para  consumo  humano,  servicios   de   “letrinizicacion”,  viviendas,   alimentación   mínima   segura, atención en salud o educación para niños y niñas. Según los solicitantes, dicha situación los coloca en riesgo  de  sufrir  una  epidemia  de  enfermedades gastrointestinales.  Nadie  de  la  comunidad  habría recibido  atención  psicosocial  por  el  trauma  sufrido  a  raíz  del  desalojo,  lo  que  se  habría visto  agravado  por  el  gran  despliegue  de  fuerzas  de  seguridad  que  les  habría  recordado  la  violencia, represión y tierra arrasada sufrida durante el conflicto armado interno. Según los solicitantes, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACHNUDH) habría coordinado dos jornadas  médicas  especialmente  para  niños  y  niñas,  sin  intervención  del  Estado.  No  habría  un acompañamiento  de  las  autoridades  estatales  a  la  situación  de  salud,  alimentación,  vivienda,  educación,  entre  otras.  Las  familias  no  tendrían  sus  tierras  para  producir  sus  alimentos.  Los solicitantes  también  indicaron  que  seguiría  la  persecución  de  líderes  y  lideresas  comunitarios  por  parte de un administrador de la finca San Isabel y de dos personas que laboran para dicha finca.

14. Según los solicitantes,  existiría  un  amparo  interpuesto  a  favor  de  la  comunidad  ante  la  Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Izabal el 17 de marzo de 2017, y otro amparo ante  la  Jueza  de  Paz  del  Municipio  de  Puerto  Barrios  el  27  de  octubre  de  2017.  No  contarían  con pronunciamiento a la fecha. Ambos amparos buscaban frenar el desalojo por lo que habrían quedado sin  materia.  El  Comité  Campesino  del  Altiplano  (CCDA)  estaría  brindando  asistencia  legal  a  los propuestos beneficiarios.

15. Este CCDA habrían  acordado con  el  gobierno  de  Guatemala  el 30  de  noviembre  de  2017abordar  casos  de  conflictividad  agraria,  incluyendo  el  caso  de  los  propuestos  beneficiarios.  Sin  embargo,  hasta  el  momento  no  se  habría  convocado  a  la  mesa  correspondiente  lo  que,  según  los solicitantes, demostraría el poco interés del Estado de resolver el tema. Los propuestos beneficiarios habrían  indicado  que  están  a  la  espera  de  que  se  les  atienda,  ya  sea  mediante  la  posibilidad  de retorno o reubicación[8].

16. Finalmente, los solicitantes indicaron que este caso formaría parte de “una política estatal dedesalojos  que  afecta  a  la  población  campesina  cuya  mayoría  es  de  origen  Maya”.  Añadieron  que  los desalojos ocurridos hasta la fecha en Guatemala son “síntoma de un problema estructural e histórico de  falta  de  acceso  a  las  tierras  para  las  familias  indígenas  y  campesinas”[9]. El  Estado  no  habría  establecidos mandatos  adecuados  y  recursos  suficientes  para  generar  alternativas  de  desarrollo  y acceso a la tierra para la población, privilegiando “demandas de los empresarios”.

  1. Respuesta del Estado

17. El 19 de  diciembre  de  2017  la  Comisión  solicitó  información  al  Estado  para  que  aporte  sus observaciones  a  la  solicitud  de  medidas  cautelares en  el  plazo  de  10  días. El 9  de  enero  de  2018  el Estado presentó una solicitud de prórroga, sin recibirse sus observaciones al día de la fecha.

III.  ANALISIS SOBRE LOS ELEMENTOS DE GRAVEDAD, URGENCIA E IRREPARABILIDAD

18. El mecanismo de  medidas cautelares es parte de la función de la Comisión de supervisar elcumplimiento con las obligaciones de derechos humanos establecidas en el artículo 106 de la Carta de   la   Organización   de   Estados   Americanos.   Estas   funciones   generales   de   supervisión   están establecidas  en  el  artículo  41  (b)  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos,  recogido  también  en  el  artículo  18  (b)  del  Estatuto  de  la  CIDH. El mecanismo  de  medidas  cautelares  es  descrito en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión. De conformidad con ese artículo, la Comisión otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas.

19. La Comisión Interamericana  y  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (en  adelante “la  Corte  Interamericana”  o  “Corte  IDH”)  han  establecido  de  manera  reiterada  que  las  medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno cautelar y otro tutelar. Respecto del carácter tutelar,  las  medidas  buscan  evitar  un  daño  irreparable  y  preservar  el  ejercicio  de  los  derechos humanos. Con respecto al carácter cautelar, las medidas cautelares tienen como propósito preservar una  situación  jurídica  mientras  está  siendo  considerada  por  la  CIDH.  El  carácter  cautelar  tiene  por objeto  y  fin  preservar  los  derechos  en  posible  riesgo  hasta  tanto  se  resuelva  la  petición  que  se  encuentra  bajo  conocimiento  en  el  Sistema  Interamericano.  Su  objeto  y  fin  son  los  de  asegurar  la integridad  y  la  efectividad  de  la  decisión  de  fondo  y,  de  esta  manera,  evitar  que  se  lesionen  los derechos  alegados,  situación  que  podría  hacer  inocua  o  desvirtuar  el  efecto  útil  (effet  utile)  de  la  decisión  final.  En  tal  sentido,  las  medidas  cautelares  o  provisionales  permiten  así  que  el  Estado  encuestión pueda cumplir la decisión final y, de ser necesario, cumplir con las reparaciones ordenadas. Para  los  efectos  de  tomar  una  decisión,  y  de  acuerdo  con  el  artículo  25.2  de  su  Reglamento,  la Comisión considera que:

  1. La “gravedad  de  la  situación”  implica  el  serio  impacto  que  una  acción  u  omisión  puede  tener sobre  un  derecho  protegido  o  sobre  el  efecto  eventual  de  una  decisión  pendiente  en  un  caso  o petición ante los órganos del Sistema Interamericano;
  2. La “urgencia de la situación” se determina por medio de la información aportada, indicando el riesgo o la amenaza que puedan ser inminentes y materializarse, requiriendo de esa manera una acción preventiva o tutelar; y
  3. El “daño irreparable” consiste en la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

20. En el análisis  de  tales  requisitos,  la  Comisión  reitera  que  los  hechos  que  motivan  unasolicitud  de  medidas  de  cautelares  no  requieren  estar  plenamente  comprobados,  sino  que  la  información  proporcionada  debe  ser  apreciada  desde  una  perspectiva  prima  facie  que  permita  identificar una situación de gravedad y urgencia[10].

21. Como punto preliminar,  la  Comisión  considera  pertinente  aclarar  que,  en  el  marco  delmecanismo de medidas cautelares, no le corresponde determinar quiénes serían los propietarios de la  tierra  reclamada  ni declarar violaciones a  los  derechos  humanos  consagrados  en la  Convención Americana u otros  instrumentos  aplicables atribuibles  al  Estado  de  Guatemala  en  el  marco  de  los  hechos  alegados.  El  análisis  que  se  efectúa  a  continuación  se  relaciona  exclusivamente  con  los elementos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, los cuales pueden resolverse sin entrar en determinaciones de fondo que son propias de un caso.

22. En relación con  el  requisito  de  gravedad,  la  Comisión  identifica  que  el  presente  asunto  se enmarca  en  un  conflicto  existente  por  la  propiedad  de  la  tierra  entre  indígenas  y  no  indígenas en diversas  zonas  de  Guatemala. La  información  recibida  sobre  la  situación  de  la  comunidad  Chaab´il Ch´och’ es consistente  con  aquella  obtenida  por  la  Comisión  en  su  última  visita  a  Guatemala  en  agosto  de  2017.  En  dicha  visita la  Comisión  constató  que  existiría  una  grave  situación  humanitaria producto  de  los  desalojos  forzosos  de  comunidades,  la  aplicación  de  los  delitos  de  usurpación  y  su  modalidad agravada, así como la criminalización y detención de miembros de comunidades en zonas como el departamento de Izabal.

23. Al respecto, la   Comisión   fue   informada   que   los   desalojos   no   suelen   ser   notificados previamente, son realizados de manera sumaria y violenta por miembros de la Policía Nacional Civil, el Ejército y, en el caso que participe, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), involucran la  quema  y  destrucción  de  viviendas,  alimentos,  animales,  no  tienen  previsión  de  retorno  ni  reubicación, y no dan posibilidades reales de un debido proceso ni de acceso a la justicia[11].

24. En el presente  asunto,  la  Comisión nota  que,  si  bien  no  se  denunciaron  hechos  de  violencia durante el desalojo, sí se informó sobre la eliminación de las fuentes de subsistencia de la comunidad en  el  área  en  la  que  habrían  vivido  y  que  reclaman  como  suya.  Así,  como  resultado  se  habría quemado   56   viviendas,   896   cuerdas   cultivadas   (incluyendo   224   cosechas   de   maíz)   y   aproximadamente  1400  aves  de  corral  y  112  cerdos.  Además,  ante la  alegada  falta  de  un  plan  de traslado  y  tierras  propias  para  producir  los  alimentos,  las  56  familias  estarían  viviendo  de  la  solidaridad  de  otras comunidades  que  las  han  acogido, algunas  de  las  cuales  estarían también en proceso de ser desalojadas.

25. Sumado a lo anterior, la Comisión advierte que, según fue informado por los solicitantes, lasfamilias no contarían actualmente con servicios de agua potable o para consumo humano, servicios de  “letrinizicacion”,  viviendas,  alimentación  mínima  segura,  atención  en  salud  (en  especial  para  las personas mayores, mujeres embarazadas y niños/as lactantes), psicosocial y educación para niños y niñas.   Para  los   solicitantes,   dicha   situación   los  coloca   en   riesgo   de   sufrir   una   epidemia   de enfermedades gastrointestinales.

26. La Comisión observa  que  la  anterior  situación  de  riesgo  habría  llevado  a  que  el  AltoComisionado  de  Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos  (OACHNUDH)[12]  coordinara  dosjornadas  médicas  especialmente  para  niños  y  niñas.  Sin  embargo,  no  existiría  a  la  fecha  una respuesta  integral  de  las  autoridades  estatales  para  atender  la  situación  de  salud,  alimentación,  vivienda, educación, entre otras. Además, si bien los solicitantes no indicaron hechos más concretos, la  Comisión  toma  nota  que  denuncian  una  presunta  persecución  a  líderes  y  lideresas  de  la  comunidad por parte de personas allegadas a la finca San Isabel.

27. Finalmente, la Comisión considera pertinente tomar especialmente en cuenta al evaluar la gravedad de la situación presentada que, al estar las familias dispersas en diversas comunidades y aldeas producto del desalojo fuera de donde solían habitar, podría afectarse la cohesión social del colectivo e impactar en la identidad cultural del mismo[13], generándose la ruptura del tejido social, el debilitamiento y la fragmentación comunitaria, y en los casos más graves suponer la pérdida total o serio deterioro de su identidad étnica y cultural[14]. Al respecto, la Comisión recuerda que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha indicado que los pueblos indígenas se ven afectados en medida desproporcionada por la práctica de los desalojos forzados[15]. En esa línea, la Corte Interamericana ha indicado que el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o bien de sus integrantes, los puede colocar en una situación de especial vulnerabilidad, que por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico de los pueblos indígenas[16].

28. Frente a la alegada situación, la Comisión observa que si bien el Estado de Guatemala, luego de  vencido  el  plazo  de  10  días  otorgado  para  responder  a  la  comunicación  del  19  de  diciembre de 2017, presentó el 9 de enero de 2018 una solicitud de prórroga, no ha presentado sus observaciones respecto de la alegada situación de riesgo a la fecha, a fin de conocer si las autoridades competentes habrían  adoptado  medidas  tendientes  a  proteger  la  vida  e  integridad  personal  de  los  propuestos beneficiarios, o en relación con la idoneidad y efectividad de tales medidas. La Comisión observa que si  bien  la ausencia  de  tales  observaciones  no  es  motivo  per se para  el  otorgamiento  de  una  medida cautela, sí constituye en cambio un elemento importante a tener en cuenta a la hora de determinar su procedencia, puesto que, en el asunto específico, la Comisión no cuenta con elementos aportados por el Estado que desvirtuen la alegada situación de riesgo informada por los solicitantes.

29. En suma, tras el análisis de los aspectos previamente señalados, la Comisión recapitula que: i) las fuentes de subsistencia de los miembros de la comunidad habrían sido destruidas, o no se les permitiría su acceso, ii) ante el desalojo no contarían con una alimentación adecuada, ni servicios de salud  adecuados,  siendo  posible  el  desarrollo  de  enfermedades  y  epidemias  particularmente  en  los  grupos  en  más  situación  de  vulnerabilidad  como  niños  y  niñas  (incluidos  lactantes),  mujeres embarazadas  y  adultos  mayores;  y  iii)  la  dispersión  de  los  miembros  de  la  comunidad,  tendría  un  impacto significativo en  términos  de  su  cohesión  social  y  tejido  social  de  la  comunidad  indígena, quienes   se   verían   próximos   a   tener   que   volver   a   desplazarse   en   condiciones   de   mayor   vulnerabilidad,  de   ser   desalojadas   también   las   comunidades   donde   se   encuentran  en   forma temporal. Con base en todo lo anterior, analizando las características del presente asunto a la luz del criterio  de  apreciación  prima  facie  del  mecanismo  de  medidas  la  Comisión  considera  que  los derechos  a  la  vida  e  integridad  personal  de  los  propuestos  beneficiarios  se  encuentran  en  una  situación de grave riesgo.

30. En cuanto al  requisito  de  urgencia,  la  Comisión  considera  que  se  encuentra  cumplido  en  la medida  que  el  transcurso  del  tiempo,  en  las  circunstancias  descritas,  es  susceptible  de  generar  mayores  afectaciones  a  los  derechos  a  la  vida  e  integridad  de  los  propuestos  beneficiarios.  En  ese sentido, la Comisión toma nota que los solicitantes indicaron que no existiría un plan de traslado de la  comunidad,  y  que  el  desalojo  se  realizó  pese  a  existir dos  amparos  presentados en marzo  y octubre  de  2017  que  buscaban  impedirlo.  En  tales  circunstancias,  la  Comisión  observa  que en  las  condiciones  previamente  analizadas,  los  propuestos  beneficiarios  se  encontrarían  en  una  situación de gran vulnerabilidad, particularmente niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores. En particular, ante la falta de atención médica y una alimentación adecuada, se encuentran en un riesgo iminente   de   sufrir   una   epidemia   de   enfermedades   gastrointestinales,   entre   otros   posibles padecimientos   o   patologías.  Asimismo  los   propuestos   beneficiarios   podrían   sufrir   un   nuevo desplazamiento  de  ser  desalojadas  las  comunidades  donde  se  encuentran  de  manera  temporal  profundizándose la afectación que tendrían a su cohesión social como miembros de un pueblo indígena.

31. Como se ha indicado, la Comisión no cuenta con información en otro sentido que le permita identificar  que  la  situación  alegada  de  las  familias  de  la  Comunidad  estaría  siendo  atendida  de  manera  idónea  y  efectiva  por  el  Estado.  Por  el  contario,  la  Comisión  resalta  que,  según  los solicitantes, existiría  “poco  interés” del  Estado  de  resolver  el  tema.  En consecuencia,  la  Comisión  observa   que   la   situación   planteada,   es  posible   de   prolongarse   en   el   tiempo,   agravando  las condiciones de  por  sí  graves  en  que  se  encontrarían  los  propuestos  beneficiarios,  requiriendo  la adopción inmediata de medidas para salvaguardar sus  derechos a la vida e integridad personal.

32. En cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión estima que se encuentra cumplido, enla  medida  que  la  posible  afectación  al  derecho  a  la  vida  e  integridad  personal  de  las  familias  de  la  comunidad constituye la máxima situación de irreparabilidad.

IV. BENEFICIARIOS

33. La Comisión declara  que  los  beneficiarios  de  la  presente  medida  cautelar  son  las  familias desalojadas  de  la  Comunidad,  los  cuales  son  determinables  en  los  términos  del  artículo  25.6  del  Reglamento de la CIDH.

V. DECISIÓN

34. En vista de los antecedentes señalados, la CIDH considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita al Estado de Guatemala que:

  1. Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de   las   familias   indígenas   de   la   comunidad   Chaab´il   Ch´och’,   a   través   de   medidas   culturalmente   adecuadas   dirigidas   a   mejorar,   entre   otros   aspectos,   las   condiciones sanitarias,  de  salud  y  alimentación,  en  especial  de  los  niños,  niñas,  mujeres  y  personas  mayores;
  2. Concierte las  medidas  a  adoptarse  con  los  beneficiarios  y  sus  representantes  teniendo  en cuenta la importancia de salvaguardar la identidad cultural de los propuestos beneficiarios, como miembros de la comunidad Maya-Q’eqchi’; y
  3. c) Informe  sobre  las  acciones  adoptadas  a  fin  de  investigar  los  hechos  que  dieron  lugar  a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.

35. La Comisión también solicita al Gobierno de Guatemala tenga a bien informar a la Comisión dentro  del  plazo de 15 días  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  presente  comunicación,  sobre  la  adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica.

36. La Comisión resalta  que,  de  conformidad  con  el  artículo  25(8)  del  Reglamento  de  la Comisión,  el  otorgamiento  de  medidas  cautelares  y  su  adopción  por  el  Estado  no  constituye  prejuzgamiento sobre la posible violación de los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.

37. La Comisión ordena  que  la  Secretaría  de  la  Comisión  Interamericana  notifique  la  presente Resolución al Estado de Guatemala y a los solicitantes.

38. Aprobado el 25  de  enero  de   2018  por:  Francisco   José   Eguiguren   Praeli,   Presidente; Margarette  May  Macaulay,  Primera  Vicepresidenta;  Esmeralda  Arosemena  de  Troitiño,  Segunda  Vicepresidenta; Luis Ernesto Vargas, Joel Antonio Hernández García, Flavia Piovesan y Antonia Urrejola, miembros de la CIDH.

María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Adjunta

[1] Si  bien  los  solicitantes  solicitaron  expresamente  medidas  cautelares  a  favor  de  esta  comunidad,  también  hicieron  referencia  a la situación de las siguientes comunidades en torno a diversos desalojos producidos hasta la fecha: Comunidad La Cumbre Chamche’, Tactic, Alta  Verapaz;  Comunidad  Lote  23,  Lotificación  Candelaria,  Finca  Trece  Aguas,  Parcelamiento  Chacchila’  II,  San  Antonio  Senahu’,  Alta  Verapaz;    Comunidad  Nuevo  Centro;  Comunidad  Choctun  Basila;  Comunidad  Nueva  Libertad;  Comunidad  Ixloc  San  Pedrito;  Comunidad  Chinacte;  Comunidad  Rio  Zarco;  Comunidad  Santa  Elena  Samanzana  II;  Comunidad  Chaquila;  Comunidad  La  Cumbre;  Comunidad  Centro  Uno,  Comunidad  Nueva  Esperanza;  Comunidad  La  Coloroda;  Comunidad  Laguna  Larga;  Comunidad  Vergelito;  Caserio  Poma  Rosal  Finca  Santa  Rita,  Zona  Reina  Uspantán  Quiché;  Comunidad  Granada  1,  Municipio  de  Uspantán  Quiché;  Comunidad  Tierra  Linda,  Uspantán Quiché;  Comunidad  La  Esperanza  Barberena  Santa  Rosa;  Comunidad  Nueva  Jerusalén,  Guiscoyol,  Istapa,  Escuintla;  y  53  comunidades  en Laguna del Tigre y Sierra Lacandón.

Los  solicitantes  también  requirieron  medidas  cautelares  a  favor  de  Ramiro  Choc,  Juan  Carlos  Caal  Coc,  y  Cristins  Ico’  Pacham. Sin embargo,  no  brindaron  información  concreta  sobre  una  situación  de  riesgo  respecto  da  tales  personas.  En  su  última  comunicación,  los  solicitantes  se  refirieron  al  desalojo  de  la  Comunidad  La  Esperanza,  Barnerena,  Santa  Rosa  el  13  de  diciembre  de  2017,  el  cual  se  habría  realizado sin las garantías correspondientes.

 

[2] Según los solicitantes, anteriormente llamada Comunidad Chinamachacas.

[3] En el caso de la presente comunidad, las familias fueron perseguidas y tuvieron que huir de sus tierras, asentándose en Sarstun Creek, Blue Creek, Belice, Nacimiento Cáliz, entre otros lugares, para después volver al lugar.

[4] Según los solicitantes, el historial de registro de la finca empezaría el 11 de mayo de 1999 a nombre de un tercero que la desmembró en diversas fincas. Posteriormente, una parte habría sido vendida en diversas oportunidades hasta ser vendida a “Lisbal S.A.” el 27 de agosto de 2007.

[5] Inicialmente, indicaron que fueron 1,126 agentes del PNC

[6] En su última comunicación, los solicitantes indicaron que la comunidad estaría compuesta por 307 personas: 94 mujeres mayores, 5 mujeres embarazadas (2 de ellas próximas a dar a luz), 20 mujeres lactantes, 94 hombres mayores, 47 niños y 47 niñas.

[7] Inicialmente, los solicitantes informaron que las familias se habrían refugiado en comunidades vecinas como Q’otozha’ (Finca Manzanita) y Edén del Mar (Finca la Reventada) en Livingston, Izabal. Asimismo, de varias familias se desconoce su paradero desde el día del desalojo. Los solicitantes indican que las comunidades vecinas que estarían brindando alimentos para las familias desalojadas también tendrían procesos legales que llevarían a su pronto desalojo.

[8] Los solicitantes indicaron que los propuestos beneficiarios habrían considerado incluso la posibilidad de ser trasladados a otro lugar, es decir “abandonar” definitivamente las tierras de sus ancestros. Sin embargo, indicaron que ello implicaría que se les dote de tierra para vivir y trabajar, vivienda, servicios de agua y saneamiento; y debería consensuarse con ellos el posible lugar a ser trasladados.

[9] Según los solicitantes, en lo que va del 2017, 12 comunidades fueron afectadas violentamente en varias de ellas quemadas sus casas, sus chamarras, las pocas cosas que tenían y hasta sus siembras. Cientos de familias habrían sido “abandonadas a su suerte”.

[10] Al respecto, por ejemplo, refiriéndose a las medidas provisionales, la Corte Interamericana ha indicado que se requiere un mínimo de detalle e información que permitan apreciar prima facie una situación de extrema gravedad y urgencia. Corte IDH, Asunto de los niños y adolescentes privados de libertad en el “Complexo do Tatuapé” de la Fundação CASA. Solicitud de ampliación de medidas provisionales. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de julio de 2006. Considerando

[11] CIDH, Observaciones Preliminares de la Visita in loco de la CIDH a Guatemala Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/114A.asp

[12] Véase inter alia: ONU. La ONU en Guatemala expresa su “preocupación” por el desalojo en Chabilchoch, 1 de noviembre de 2017. Disponible en: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-onu-en-guatemala-expresa-su-preocupacion-por-el-desalojochabilchoch/20000013-3425227

[13] La Corte IDH considera que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. Véase: Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 217. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf

[14] Por ejemplo, véase inter alia para el caso de impactos en la identidad cultural de los pueblos indígenas por proyectos de desarrollo e industrias extractivas: CIDH, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo, 31 de diciembre de 2015, párr. 264 y 265. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/industriasextractivas2016.pdf

[15] Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 7 (1997): El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): desalojos forzosos, párr. 11. Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/GC7_sp.doc

[16] Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012, párr. 177. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf

Fuente: oas.org


Fotografía Nelton Rivera

Por: Nelton Rivera.

Dos periodistas parte de Prensa Comunitaria Carlos Choc y Jerson Xitumul Morales empezaron a documentar la contaminación del lago de Izabal por parte de la Compañía Procesadora de Níquel, así como las actividades de la Gremial de Pescadores que empezaron a organizarse para proteger al lago en el municipio de El Estor.

En esta localidad hubo una manifestación pacífica el 3 y 4 de mayo exigiendo el cierre de la empresa, realizada por la Gremial, por lo que el alcalde municipal y la Compañía se incomodaron.  Días después en el juzgado de Puerto Barrrios, la empresa Compañía Procesadora de Níquel (Pronico), subsidiaria de la empresa de capital ruso Soloway Investment Group, puso una denuncia en contra de cinco directivos de la Gremial de Pescadores Artesanales y contra los dos periodistas. El 11 de noviembre Jerson Xitumul fue detenido mientras realizaba un reportaje.

¿Cómo fue la detención?

Era 11 de noviembre cuando Jerson Xitumul estaba con su cámara en la mano, trabajaba un reportaje en el centro del Estor. Quería documentar el funcionamiento de los semáforos, e iba a hacer un trabajo publicitario para un comercio local. Eran las nueve de la mañana cuando vio pasar el vehículo del alcalde municipal Rony Méndez Caal, a penas habían pasado unos minutos cuando apareció una patrulla de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil – Difep-.

Segundos después se bajaron de la patrulla dos agentes, le mostraron un celular en donde tenían su fotografía y le preguntaron si era él, cuando les respondió que si, lo detuvieron sin llevar una orden de juez. El les hacía preguntas ¿porqué me detienen? ¿hacia dónde me llevan? Solamente respondieron que le llevarían al municipio de Río Dulce, para evitar que la gente lo rescatara, ya que tenían referencias que el estaba armado y que el dirigía a un grupo de gente peligrosa, mientras decían esto lo registraban para encontrarle “las armas“. El solamente llevaba su cámara y su teléfono celular. Estaba junto a otras personas y pudo dejarles su equipo de trabajo. Pedía una llamada pero no se lo permitieron porque según ellos era para “llamar gente que saliera a las carreteras“.

Hasta en la noche ya en Río Dulce un juez le explicó los motivos de la detención, estaba acusado de instigación a delinquir, asociación ilícita, reuniones y manifestación ilícita, daños, detenciones ilegales y amenazas. Fue trasladado a la cárcel de Puerto Barrios hasta el día 16 cuando se realizó la audiencia de primera declaración.

Fotografía Nelton Rivera.

 

Audiencia de primera declaración

Jerson está acusado en dos causas penales vinculadas a las manifestaciones de mayo. Una de las acusaciones fue hecha por trabajadores guatemaltecos de la Compañía, por la manifestacion del tres de mayo y otra por la del día cuatro, puesta por cuatro trabajadores rusos. En las dos causas los delitos son los mismos.

El jueves 16 de noviembre, a las diez de la mañana, Jerson fue trasladado de la carceleta de la comisaría de la PNC en Puerto Barrios al complejo de justicia del Organismo Judicial, como ocurre en la mayoría de casos, lo llevaron en la palangana de un picop. Con las manos engrilletadas entró al edificio de justicia.

En la entrada del juzgado estaba su esposa, su hija al verlo salió a su encuentro. Su padre, con lágrimas en los ojos, insistía “Jerson es una persona de bien, con él se quiere cometer una injusticia.“

Todos estaban listos, el juez Edgar Arteaga llegó a los tribunales una hora antes de la audiencia, entró a su despacho en el primer nivel del complejo de justicia.

La sala de audiencia del juzgado de primera instancia penal es un espacio reducido, con a penas un ventilador. Apenas cabían los tres abogados de la defensa de Jerson, la fiscal del MP, los dos abogados de la empresa minera y tres de sus familiares, su esposa y sus padres. A los trabajadores del juzgado y al mismo juez les incomodó la presencia de la prensa. Al principio, uno de los trabajadores intentó cerrar la puerta del juzgado buscando impedir que los periodistas ingresaran a la audiencia.

Fotografía Nelton Rivera.

La resolución del juez

El juez Edgar Arteaga descartó el proceso penal relacionado con el día 3 de mayo, luego de que la defensa de Jerson acreditara que él no estuvo en el lugar de la manifestación ya que ese día participó en las “jornadas sobre organización para promotores de derechos humanos“ que impartió la red para la defensa de derechos humanos, en el municipio de Livingston.

El Ministerio Público tampoco logró demostrar la participación de él, en las manifestaciones del día 4 de mayo. Pese a esto el juez lo ligó a proceso debido a que tomó como válida la declaración de los cuatro trabajadores rusos, que afirman reconocerlo a través de un albúm fotográfico proporcionado por ellos mismos. La empresa afirma que el periodista los retuvo en contra de su voluntad.

Sin embargo Jerson ese día tampoco estuvo en la manifestación porque se quedó en casa para arreglar un pozo para lo cual tuvo que contratar a un ayudante y después acompañó a su esposa a vender comida a una escuela pública. Pese a que Jerson y sus abogados argumentaron que el no estuvo ahí y a las cartas de recomendación y declaración de vecinos que declaran la veracidad de su testimonio, fue ligado a proceso y quedó detenido, el juez le negó la medida sustitutiva. Ahora deberá esperar tres meses para que el MP presente sus conclusiones de investigación.

Los fiscales del MP en Izabal argumentaron que ignoraban por completo, que dos de las siete personas que aparecieran en la denuncia de la empresa CGN Pronico, fueran periodistas. La denuncia pública los tomó por sorpresa, a tal punto que varios días después, la unidad especial de delitos contra periodistas del MP, inició una investigación para determinar las condiciones de la detención de Jerson Xitumul.

Jerson se declaró como un preso político al finalizar la audiencia. Este día 13 de diciembre, se realizará una audiencia para revisar la medida de coerción. La defensa del periodista busca que el juez Edgar Aníbal Arteaga le permita gozar de la medida sustitutiva y recuperar su libertad.

El relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos –Cidh- , Edison Lanza se manifestó de inmediato sobre la detención arbitraria de Jerson diciendo “Detención de un periodista que cubre hechos de corrupción. El procesamiento con prisión de un periodista es incompatible con la Libertad de Expresión”.[1]


[1] Edison Lanza. (11 de noviembre 2017). Twitter. https://twitter.com/EdisonLanza/status/929451389016788993


Fotografía Francisco Simón

 

El 30 de agosto 2017 representantes y autoridades comunitarias en Pojom, San Mateo Ixtatán realizaron una manifestación pacífica hacia la región de YichKisis, ahí se encuentra la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos SA. (PDHSA) en la finca Ixquisis, también está un destacamento militar y un campamento de antimotines de la PNC custodiando a la empresa.

Los comunitarios entregaron un memorial al jefe del destacamento militar y otro al oficial encargado de la PNC en los terrenos de la empresa, en el memorial nuevamente les solicitan que se retiren de la empresa, la población no quiere continuar militarizada, y rechazan el uso de los recursos públicos para dar seguridad estatal a una empresa.

La movilización terminó de manera pacífica y la población se retiró del lugar, en ese momento varios incendios comenzaron a provocarse dentro del área del  taller de la empresa a un costado de la carretera comunitaria, los agentes de la PNC que atendieron a la población tuvieron información de este hecho.

Minutos después, la empresa anunciaba la quema de maquinaria, la versión de la empresa se colocó inmediatamente en varios medios de comunicación empresariales y Javier Zepeda del CACIF  lo anunció como un acto terrorista.[1]

Para los comunitarios este tipo de acciones de la empresa no son nada nuevo, organizar la quema de la maquinaria sabiendo que habría una manifestación y la publicación de un listado de personas acusadas de este hecho buscan provocar órdenes de aprensión o el Estado de Sitio que tanto ha pedido la empresa en el territorio.

La conflictividad social generada en Ixquisís ha atravesado diversos momentos en la historia reciente. En primer lugar, el primer punto de divergencia de la presencia de la hidroeléctrica en la comunidad se constató con el resultado de la consulta comunitaria. A pesar del resultado negativo de la consulta realizada en 2009, una observación generalizada de los testimonios de las comunidades evidencia que la empresa ha utilizado la estrategia de comprar voluntades y dividir a la población. La intención de la empresa ha sido respaldada con la implementación de diversas formas de violencia, ejercida tanto de forma estatal a través de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala, como de actores locales, específicamente, ex comisionados militares que conviven con los comunitarios en el lugar.

El Estado de Guatemala ha apoyado la inversión de la hidroeléctrica, movilizando a la fuerza de seguridad pública para proteger sus intereses comerciales. Por otra parte se han emitido órdenes de captura que afectan de forma directa a las personas que se oponen a la hidroeléctrica. Incluso, según declaraciones de los comunitarios, el alcalde de San Mateo ha contribuido a la división comunitaria mediante la distribución de dinero en efectivo, comprometiendo a quienes lo acepten a apoyar el proyecto hidroeléctrico.

El pasado 30 de agosto, se registraron “disturbios” en Ixquisís y se incendió una parte de la maquinaria de la empresa. Los responsables de dichos incidentes no han sido identificados, sin embargo, han culpado a personas de la comunidad que se encontraban haciendo una manifestación pacífica. Francisco Simón realizó una entrevista a la autoridad regional de la microrregión de Ixquisís, Lucas Jorge, en la que desmienten las acusaciones en contra de los manifestantes.

La hidroeléctrica contrato a dos empresas del empresario Pedro Muadi, AYSSA y Fundetegua, además de una agencia internacional de comunicación con sede en Madrid Españá, llamada ATREVIA que durante los primeros meses del 2017 realizo un fuerte trabajo de acercamiento con la mayoría de los periodistas en Huehuetenango. Muadi fue enviado a juicio el pasado 1 de agosto 2017 por corrupción, sindicado del desvió de fondos del Congreso a través de plazas fantasmas.

El 30 de agosto fueron señalados a través de una página web varios comunitarios, que públicamente rechazan a la empresa, uno de ellos es Lucas Jorge, una autoridad comunitaria.

 “Que les cuesta levantar sus maquinarias y retirarse de la región, aquí es evidente que detrás del discurso llamado desarrollo traen otros intereses”.

Relato de Lucas Jorge.

Toda la gente de nuestra región nos reunimos a las 9:00 de la mañana en el salón de usos múltiples en la microrregión de Ixquisis, se elaboró un acta regional por las ocho comunidades que conforman la microrregión, y posteriormente se hizo una manifestación pacífica. Se suscribieron en el acta varias peticiones y demandas, dentro de las que están el retiro de la Empresa, del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC), porque creemos y consideramos que ellos (el Ejército y la policía) están en el predio de la empresa. Manifestamos en el acta el retiro de estos actores porque están invadiendo nuestro territorio sin el conocimiento ni el consentimiento de la microrregión de Ixquisís, y del municipio de San Mateo Ixtatán en general.

Exigimos el retiro total porque ellos provocan problemas, no respetaron nuestra consulta comunitaria de buena fe hecha en el año 2009, la firma de la paz ni el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre el derecho de los pueblos indígenas a ser escuchados y respetados con base en sus normas y tradiciones en defensa del territorio. La obligación del Ejército y de la Policía Nacional Civil es cuidar al Estado de Guatemala, y no a las Empresas Transnacionales. No puede entrar ningún invasor en nuestro territorio pero se está viendo que el Ejército y la policía están a favor de la empresa. Razón por la cual suscribimos en el acta el retiro inmediato porque no consideramos oportunas sus presencias en nuestra región.

Nosotros hicimos una manifestación pacífica en el puente, sobre la Franja Transversal del Norte,  justo en el crucero que conecta al municipio de San Mateo Ixtatán, Nentón y Playa Grande Ixcán. Ahí estuvimos desde la 11:00 de la mañana y nos retiramos a las 6:00 de la tarde. No hicimos nada de escándalo, la manifestación fue pacífica, estuvimos ahí bloqueando la carretera.

Elementos de la Policía Nacional Civil llegaron con nosotros y nos dijeron “les ofrecemos nuestro apoyo y nuestra ayuda si ustedes están haciendo una manifestación pacífica”, así nos dijeron. Además nos dejaron su número de teléfono “si pasa algo con ustedes y nos llaman y estaremos para apoyarlos”, recalcó la PNC.

Nosotros no hicimos nada malo pero la seguridad privada de la empresa, siempre ellos son los que hacen sus escándalos, intimidándonos. Ellos quemaron las máquinas en el destacamento, pero dijimos al oficial de PNC: “señores, ahí donde está el campamento de la empresa, la seguridad privada está quemando. Están echando fuego, si pasa algo nosotros no somos los culpables, miren dónde estamos haciendo nuestra manifestación. Así le dijimos al elemento de la PNC. Ellos dijeron que sí, que era cierto; la empresa a través de su seguridad privada, hacía sus estrategias para justificar el crimen organizado en la región, pero realmente incriminan a las comunidades. Los agentes de la seguridad privada de la empresa fueron los que hicieron quemazones ahí en el campamento, pero nosotros nunca nos movimos al campamento de la empresa, pero elementos de la PNC llegaron y nos dijeron: “aquí donde ustedes están, están bien, y hagan su manifestación pacífica, llegamos en nuestras casas, en nuestras comunidades, cada quien llegó sin novedad y no hubo escándalo durante nuestra manifestación”.

Ustedes elaboraron un acta con una serie de peticiones, ese documento que ustedes elaboraron, ¿fue firmado por elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército?

Sí, firmaron ellos.

¿Cuál fue la postura de ellos cuando ustedes se acercaron al destacamento militar y a la subestación de la policía? ¿Qué les dijeron cuando se presentaron con el documento?

El Ejército dijo que sí, dijeron que no tenían nada que ver en el problema. Resaltaron que todo ciudadano guatemalteco tiene derecho a manifestar. Afirmaron que la empresa es la que viene a provocar problemas aquí en la región. Los elementos de la PNC llegaron ahí donde estábamos manifestando.  Cuando pasamos primero con la PNC, no firmaron el documento, ya después llegaron con nosotros y sí lo firmaron.

El Ejército y la PNC mencionaron que estaban de acuerdo con nuestra manifestación y dijeron que todos tenemos derecho a una manifestación pacífica. Cuando estábamos en el bloqueo de la carretera cerca del puente, la PNC nos dijo que no estábamos haciendo nada malo.

De parte de la seguridad privada de la empresa hicieron disparos para dispersar a la población cuando estaban en la manifestación.

Sí, si siempre se escucharon los disparos, porque casi estamos cerca del campamento de la empresa, como a 900 metros o 1000 metros, allí estaba la seguridad. Nosotros no nos corrimos porque sabemos que no estábamos haciendo actos delictivos ni delincuenciales. Se escuchaban disparos y le dijimos al elementos de la PNC si había algo que pasaba aquí, si muere algunos de nuestros compañeros así como pasó cuando hicimos la manifestación el 17 de enero 2017, hubo manifestación pacífica, siempre la PNC apoya a la empresa, cuando murió el compañero nuestro, el señor Sebastián Alonzo Juan, nunca llegó la PNC a apoyarnos. Por eso tenemos desconfianza con ustedes, así le dijimos a la PNC. Entonces la PNC dijo no, ahora sí cuentan con nuestro apoyo, ustedes son pacíficos y no están haciendo nada mal. Así nos dijo la PNC con nosotros. Yo ocupo el cargo de Presidente Regional de segundo nivel.

Ustedes en algún momento obligaron a los comunitarios a manifestar, o fue por voluntad propia.

Fue voluntad de los comunitarios.

Se escucha que algunos obligaron a los comunitarios a manifestar, e incluso cobraron una cantidad de Q300 si no asistían a la manifestación. ¿Es cierto que se dieron esas amenazas?

En ningún momento obligamos a los comunitarios, y eso de cobrar Q300 si no asistían a la manifestación es totalmente falso. La presencia de todos en la manifestación fue voluntaria, porque ellos se sienten invadidos por la empresa; sobre el desvío de ríos, porque según dicen los compañeros y vecinos de las comunidades que conforma la región que van a quedar sin agua y son los que van a ser afectados directamente por la empresa. Se van a quedar sin río y el cien por ciento de la población de esta región depende de los ríos Pojom, Negro y Yalwitz, de esos dependen la mayor parte del cultivo.

Los de las aldeas Yuch´en Frontera y Concepción manifestaron que continuamos con la manifestación y no queremos que desvíen y comercialicen nuestros ríos. La empresa ha puesto postes ya cableados como una estrategia para justificar y disfrazar el desarrollo, para convencer a los comunidades a fines de sus intereses, que les cuesta levantar sus maquinarias y retirarse de la región, aquí es evidente que detrás del discurso llamado desarrollo traen otros intereses. Nosotros nos hemos dado cuenta que lo que prometen a las comunidades son engaños y mentiras.

El domingo pasado, a eso de las 8:00 de la mañana, los comunitarios que conforma la microrregión hicieron una reunión para planificar la manifestación en contra de la empresa. Ellos concluyeron que estaban dispuestos a manifestar en contra de la empresa, en la reunión concluyeron que tienen el total derecho para manifestar sin intervención de las autoridades. Nosotros, las autoridades regionales, no les podemos limitar y decir que no lo hagan porque son los que tienen la decisión para manifestar, y tomaron decisiones. Nadie les obligó para hacer la manifestación, sino que fue por voluntad propia.

¿Cuál es la postura que tienen como comunitarios?, ¿van a seguir manifestando, o van a buscar otras medidas? ¿Qué planes tienen en relación con la empresa que está operando en esta región con el apoyo del Ejército y de la Policía Nacional Civil? ¿Ustedes van a insistir siempre en el retiro de la empresa, del Ejército y de la PNC o van a buscar espacios de diálogo con ellos? ¿Ustedes están dispuestos a dialogar o qué es lo que ustedes plantean como región?

La gente toma la decisión y es avalada por todas las comunidades que sí van a seguir manifestando porque el diálogo… ya no hay dialogo, ellos (la empresa) hubieran pensando desde un principio. Ya hubo amenazas, denuncias en contra de los líderes, persecuciones, órdenes de captura y asesinatos y todavía quieren hacer un diálogo. Diálogo ya no, ya no cedemos espacios a los diálogos, y son los que ponen los criterios sobre la mesa. No más diálogo porque ellos no respetan el derecho sobre el territorio, está violando la ley, como que no somos nada. Estamos viviendo como en los años 81 y 82, en el tiempo del conflicto armado: el Ejército y la Policía ya no deberían estar en las comunidades ni en la microrregión de Ixquisís. Si la microrregión de Yalanwitz quiere al Ejército, a la PNC y a la empresa, mejor que llevan ellos a la empresa ahí a la microrregión de Yalanwitz. Si están necesitados de la empresa, mejor que lo lleven ahí a su región, pero no a la microrregión de Ixquisís porque llegan directamente a imponer sus intereses. En la microrregión de Ixquisís nunca se hizo una plática, nunca se avaló sobre la empresa sino que ellos llegaron directamente y operan en nuestro territorio sin dar el conocimiento a las comunidades y al municipio en general. Por eso se hizo una consulta comunitaria de buena fe, en el año 2009, en la que el 99 por ciento de la población a nivel microrregional y municipal dijo NO  a la minera, No a las Hidroeléctricas en el territorio Chuj a cielo abierto. Pero ellos nunca respetan esas decisiones comunitarias y el alcalde municipal Andrés Alonzo Pascual Alonzo Alonzo, él es el que convocó que se hiciera esa consulta pero no la respetó. Está violando esa decisión y está bien vinculado con la empresa, para vender al pueblo y a las comunidades, es una violación y una discriminación hacia los pueblos que está haciendo el señor alcalde municipal.

A la manifestación llegaron comunitarios de las distintas aldeas de la región como también autoridades auxiliares, representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), también había niños, mujeres y personas de la tercera edad manifestando su rechazo a la empresa en la región. Llegaron alrededor de mil personas a la manifestación.

La imposición de un proyecto hidroeléctrico

Ixquisís es una microrregión ubicada en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. El municipio de San Mateo tiene una población total de 43 mil habitantes, según la estimación del INE. La microrregión de Ixquisís está conformada por ocho comunidades: Bella Linda, Ixquisís, Nueva Concepción, Platanar, Yulchén Frontera, Nuevo San Mateo, San Andrés, y Primavera. La población de la microrregión es de entre 4 mil y 5 mil habitantes. La empresa Proyectos de Desarrollo Hídrico, S.A. (PDHSA) pretende en la actualidad desarrollar varios proyectos hidroeléctricos en la región en el río Pojom, cuya cuenca es de 813 km2. En la actualidad, los ríos que convergen al río Pojom, así como el río Pojom, no tienen un monitoreo de parte del Insivumeh. La construcción de la hidroeléctrica afecta directamente a las comunidades de la microrregión de Ixquisís y a la comunidad de Pojom, ubicada en la ribera del río homónimo.

La microrregión de Ixquisís está ubicada al norte de Huehuetenango, y limita al norte con la frontera con México. La región es habitada en su mayoría por población maya chuj y q’anjob’al. El lugar sorprende por la gran cantidad de fuentes y nacimientos de agua, lo que le da a la región una belleza particular. Los comunitarios están conscientes de este atractivo: “esa es la belleza de esta microrregión y esta vista se va a quitar si la empresa continúa”, afirmó el representante de Ixquisís.

La conflictividad social en Ixquisís

En la aldea de Pojom en San Mateo Ixtatán están ocurriendo muchas hechos violentos desde que la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) inició sus actividades. Como en otros lugares del norte de Huehuetenango, los medios corporativos representan a pueblos completos y sus problemáticas y demandas de una manera tergiversada.

Para comprender mejor lo que ha ocurrido en los últimos años en esta comunidad, Francisco Simón Francisco ha entrevistado a autoridades y a vecinos, ha consultado documentos y ha reconstruido el proceso para quienes leen Prensa Comunitaria y les interesa comprender la compleja realidad que vive el país.

En el primero de los cuatro reportajes sobre la realidad que se vive en comunidad de Pojom, desde sus protagonistas, vimos cómo fue la consulta comunitaria. En este segundo, vamos a ver cómo fue la llegda de la empresa PDHSA a la comunidad caso que presenta a la aldea Pojom y muestra cómo se realizó la Consulta Comunitaria y como todo el mundo actuaba de forma conjunta. San Mateo Ixtatán: Pojom, la historia de una agresión – Segunda entrega

La finca Ixquisís donde está instalada la empresa PDH, S.A. es una finca que tiene problemas respecto a la adquisición de los territorios. Y dentro del territorio donde está instalada la empresa, también está instalado un destacamento militar y una estación de la PNC. La seguridad estatal está al servicio de los intereses privados empresariales.

[1] Guatevision. CACIF califica de acto terrorista ataque a hidroeléctrica Ixquisis. Ligia Herrera. 31 de agosto 2017. http://www.guatevision.com/2017/08/31/cacif-califica-acto-terrorista-ataque-hidroelectrica-ixquisis/


Nos Duelen 56

Acción global por las niñas

 

 

Arte: Angela Mariluz Francisco Diego y
Damaris Magdalena Francisco Diego — niñas q´anjob´al de Santa Eulalia, Huehuetenango.

#NosDuelen56 es un grito por la justicia desde el arte, el periodismo, el medioactivismo y los feminismos. Es un ejercicio de memoria colectiva y de dignificación por las 56 niñas que fueron encerradas y quemadas en un hogar estatal en Guatemala el pasado 8 de marzo del presente año. De ellas, 41 murieron como resultado de este crimen femicida y 15 están con heridas de gravedad.

Este 15 de mayo los medios de comunicación alternativos Prensa Comunitaria de Guatemala, en colaboración con Desinformémonos de México y otros 60 medios digitales y 40 organizaciones y colectivos del mundo se unen en una sola voz. #NosDuelen56 se suma a las acciones y luchas por exigir #NiUnaMenos.

El arte es la fuerza motriz que pone rostros y colores al duelo por las 41 niñas que murieron masacradas. A través de esta acción manifestamos nuestra intención porque el mundo las recuerde. Este es el resultado de la contribución de 58 artistas de México, Argentina, Francia, Italia, España y Guatemala.

#NosDuelen56 es nuestra contribución por las niñas, contra la impunidad y el olvido.

Ilustración: Kristian de León

¿Qué les pasó a las 56 niñas?

En Guatemala asistimos a una de las masacres más atroces en la historia del país y de Nuestra América. Ellas se encontraban bajo el resguardo y la protección del Estado.

Al menos unas sesenta niñas intentaron huir el 7 de marzo del Hogar Seguro “Virgen de la Asunción“, era un infierno el que estaban viviendo. Había denuncias desde el 2013 de que en este lugar, eran víctimas de violencia sexual, violencia física, abortos forzados, administración de fármacos, comida con gusanos y torturas de todo tipo, incluso de una red de trata. Las voces provenientes de instancias de derechos humanos, de una jueza, medios de comunicación y de las mismas niñas no fueron tomados en cuenta.

Cuando pensaron que habían logrado salir de ese infierno, inmediatamente la policía las atrapó, el mismo presidente Jimmy Morales reconoció que se ordenó enviar más de 250 policías incluyendo antimotines, y que se quedaron ahí toda la noche para tener todo “bajo control“.

En la madrugada del día 8 de marzo, las autoridades del Hogar, la administración de la Secretaría de Bienestar Social de la presidencia y la Procuraduría de Derechos Humanos decidieron dejarlas bajo custodia y responsabilidad de la Policía Nacional Civil.

 

Arte: Gerardo Monterroso — Guatemala

 

¿Quién prendió el fuego?

A 56 niñas las encerraron bajo llave en un salón de clases que mide 6.8 x 7 metros, les dieron escasos colchones sin cobijas para dormir y no tuvieron acceso a servicio sanitario, por lo que improvisaron ellas mismas una letrina ahí dentro. A las 8: 45 de la mañana después de llevarles el desayuno, inicia un incendio. Algunos medios y versiones oficiales afirman que ellas mismas quemaron una colchoneta para llamar la atención, sin embargo esto aún debe investigarse.

Durante 11 minutos fueron expuestas a altas temperaturas, más de 300 grados centígrados quemaron sus cuerpecitos, y pese a los gritos de auxilio no las dejaron salir.

Los monitores o encargados y los cientos de policías no hicieron nada más que amedrentar y amenazar a los jóvenes albergados en otros módulos que querían ayudar. A los cuerpos de socorro se les negó el acceso como lo denunció un oficial bomberos, y los familiares en las afueras pedían desesperadamente entrar y los antimotines impidieron el paso. Nadie pudo hacer nada.

Hasta ahora hay solamente tres personas presas Carlos Rodas, ex director de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Anahy Keller la subsecretaria, y Santos Torres, exdirector del Hogar acusados de los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.

De las 15 sobrevivientes se sabe poco, algunas fueron llevadas a Estados Unidos para ser tratadas, de las cuales tres de ellas han vuelto al país. Lamentablemente en el país poco a poco se ha ido olvidando este terrible hecho.

 

Arte: Lucía Morán Giracca

 

#NosDuelen56

58 artistas de México, Italia, Francia, España, Argentina y Guatemala ilustraron sus rostros

1. Rosa Julia Espino Tobar

16 años

 

Ilustración: Isa Valladares-Guatemala

 

2. Indira Jarisa Pelicó Orellana

17 años

 

 

Ilustración: Claudia Navarro-México

3. Daria Dalila López Meda

16 años

 

 

Ilustraciones: Pigmento Negro-Guatemala y Enrique Flores-España

4. Achley Gabriela Méndez Ramírez

15 años

 

Ilustración: Walter Wirtz-Guatemala

 

5. Yemmi Aracely Ramírez Siquín

15 años

 

Ilustración: Marilinda Guerrero-Guatemala

 

6. Jaqueline Paola Catinac López

15 años

 

Ilustración: Gil Amado-Guatemala

 

7. Siona Hernández García

17 años

 

Ilustración: Sheyda Sabetian-Guatemala

 

8. Josselyn Marisela García Flores

16 años

 

Ilustración: Eyla Lujan-Guatemala

 

9. Mayra Haydeé Chután Urías

16 años

 

Ilustración: Xanderall-Guatemala

 

10. Skarlet Yajaira Pérez Jiménez

15 años

 

ilustración: Soph Ramírez- Guatemala

 

11. Yohana Desiré Cuy Urízar

15 años

 

Ilustración: Baku Estrada-Guatemala

 

12. Rosalinda Victoria Ramírez Pérez

15 años

 

Ilustración: Melanie Forne-Francia

 

13. Madelyn Patricia Hernández Hernández

14 años

 

 

Ilustración: Daniel Morales-Guatemala

14. Sarvía Isel Barrientos Reyes

14 años

 

 

Ilustraciones: Miguel Gallardo- España y Diana De Pietri- Italia

 

 

Ilustraciones : Martin Tognola- Argentina y Victoria Martos- España
Ilustración: Alejandra Pineda-Guatemala

15. Ana Nohemí Morales Galindo

16 años

 

 

Ilustraciones: Antonia Santolaya Ruiz-Clavijo -España y Cintia Bolio-México

16. Ana Rubidia Chocooj Chutá

16 años

 

Ilustración: Claudia Navarro -México

 

17. Jilma Sucely Carías López

14 años

 

 

Ilustración: Sandy Rodríguez-Guatemala

 

 

Ilustraciones: Alfredo González — España, Gusti Rosenffet-Argentino español, Esperanza León Jiménez-España

 

 

Ilustraciones: Esperanza León Jiménez-España y Joaquin López Cruces- España

18. Yoselín Beatriz Ventura Pérez

15 años

Ilustración: Morena III-Guatemala

19. Grindy Jazmín Carias López

16 años

 

 

Ilustraciones: Andrés Andrade-Guatemala y Lucía Ixchíu -Totonicapán Guatemala

 

Ilustración: Alexis Rojas — Guatemala

 

20. Mari Carmen Ramírez Melgar

14 años

 

 

Ilustracion: Desiree Cordón-Guatemala

21. Keila Rebeca López Salguero

17 años

 

 

Ilustración: Pigmento Negro-Guatemala

22. Kimberly Mishel Palencia Ortíz

17 años

 

Ilustración: Lucía Morán Giracca — Guatemala

 

23. Nancy Paola Vela García

15 años

 

 

Ilustración: Beatriz Sandoval — Guatemala

 

 

Ilustraciones: Nelton Rivera-Guatemala y Antonia Santolaya Ruiz-Clavijo-España

24. Estefany Sucely Véliz Pablo

16 años

 

 

Ilustraciones: Leo Dosbe-Guatemala y Alfredo González- España

25. Lilian Andrea Gómez Arceno

13 años

 

Ilustración: Adrián Oliva-Guatemala

 

26. Mirza Rosmery López Tojil

16 años

 

Ilustración: Annika Lehnhoff-Guatemala

 

27. Ana Roselia Pérez Junay

14 años

 

 

Ilustración: Andrea Gómez-Guatemala

28. Grisna Yamileth Cu Ulán

15 años

 

 

Ilustraciones: Luis Pérez Ortíz “LPO”- España y Alejandro Galindo-España

29. Melani Yanira De León Palencia

15 años

Ilustración: Michi Gonzáles-Guatemala

30. Luisa Fernanda Joj González

16 años

Ilustración: Juan Pablo Canale-Guatemala

31. Daily Analí Domingo Martínez

15 años

Ilustración: Astrid Caballeros-Guatemala

32. Iris Yodenis León Pérez

14 años

 

 

Ilustraciones: Juan Ballesta-España y Juan Pensamiento Velasco-Guatemala

33. Candelaria Melendrez Hernández

17 años

 

Ilustración: Luisi Rodríguez-Guatemala

 

34. Milenie Eloisa Rac Hernández

17 años

 

 

Ilustración: Kristian de León-Guatemala

35. Celia María López Aranda

15 años

 

 

Ilustraciones: Amaya Uscola-España y Moni Cruz-Guatemala

36. Hashly Angelie Rodríguez Hernández

14 años

 

Ilustración: Rodolfo de León-Guatemala
Animación: Paula Morales-Guatemala

 

37. Sara Nohemi Lima Ascón

17 años

 

Ilustracion: Quimy de León — Guatemala

 

38. Yusbeli Yubitza Merari Maquín Gómez

14 años

 

Ilustración: Manuel Martínez Meseguer- España

 

39. Silvia Milexi Rivera Sánchez

17 años

 

 

Ilustración: Maria Andrée Paiz- Guatemala

40. Yosselin Yamileth Barahona Beltrán

15 años

Ilustración: Álvaro Sánchez-Guatemala

41. Wendy Anahí Vividor Ramírez

16 años

ilustración: Marielle Che-Guatemala

Créditos

Prensa Comunitaria

Quimy De León
Nelton Rivera
Lucía Ixchíu
Gerardo Monterroso

Colaboraciones

Desinformémonos

Gloria Muñoz

Colectivo 8 Tijax

Celeste Mayorga
Raquel Arreaga
Mayra Jiménez
María Peña

Los Garabatti

Limonada Bandida

Artistas

Isa Valladares
Claudia Navarro
Pigmento Negro
Enrique Flores
Walter Wirtz
Marilinda Guerrero
Gil Amado
Sheyda Sabetian
Eyla Luján
Xanderall
Soph Ramírez
Baku Estrada
Melanie Forne
Gerardo Monterroso
Daniel Morales
Alejandra Pineda
Diana De Pietri
Víctor Martos
Martín Tognola
Miguel Gallardo
Cintia Bolio
Antonia Santolaya
Sandy Rodríguez
Joaquín López
Gusti Rosenffet
Alfredo González
Esperanza León
Morena III
Elizabeth Sandoval
Desirée Cordón
Lucía Morán Giracca
Leo Dosbe
Adrián Oliva
Annika Lehnhoff
Andrea Gómez
Luis Pérez
Alejandro Galindo
Michi González
Juan Pensamiento Velasco
Juan Pablo Canale
Astrid Caballeros
Juan Ballesta
Luisi Rodríguez
Kristian De León
Moni Cruz
Amaya Uscola
Rodolfo De León
Quimy De León
Beatriz Sandoval
Manuel Martínez
Maria Andrée Paiz
Marielle Che
Angela Mariluz Francisco Diego
Damaris Magdalena Francisco Diego
Paula Morales
Lucía Ixchíu
Nelton Rivera

 

 

 


Por: Nelton Rivera. / desInformémonos

El Ministerio Público MP en Guatemala, solicitó recientemente el sobreseimiento de la causa penal en contra de Domingo Francisco Cristóbal Francisco, autoridad maya Q’anjob’al, el MP con esta acción luego de un año de investigación, solicitó ante la juzgadora que la persecución penal se suspenda o clausure, porque sencillamente no tienen casusa reales que justifiquen la acción penal de la justicia en contra de don Domingo Francisco, meses antes lo detuvieron y encarcelaron injustamente.

Domingo Francisco se considera uno de varios presos políticos en el país, la juez Claudette Domínguez quien preside el juzgado de Mayor Riesgo A de la ciudad capital, resolvió otorgarle el sobreseimiento y emitió la orden el día 23 de febrero 2017 al Organismo Judicial y a la Policía Nacional Civil –PNC- para que suspendan toda persecución penal en contra de la autoridad comunitaria.

En esta acusación aún quedan personas comunitarias con orden de aprensión, la jueza explicó que aún deben de presentarse ante la justicia, para solucionar su situación jurídica.

Domingo Francisco permaneció en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, a 500 kilómetros de distancia de su hogar, desde el día 28 de octubre hasta el 11 de noviembre 2016, luego la juez Claudette Domínguez resolvió que debía quedar en libertad provisional sin ningún tipo de medida de coerción y esperar 3 meses para que el MP pudiera ampliar su investigación, finalmente llego la fecha y el MP sin prueba alguna solicitó que este proceso se cerrara.

“Gracias a Dios, tuve hoy la otra audiencia, cuando la jueza señalo 10 días atrás esta nueva fecha, porque los querellantes en mi contra no se presentaron, ni la fiscalía del MP, ni el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni los oficiales del CAJ de Santa Eulalia.

Hoy por fin se presentaron los fiscales del MP, y se dio por terminado este proceso penal, la resolución de la jueza en el caso de mi persona fue favorable, hoy la juez decidió que este caso debe de terminarse.

Los paisanos y los vecinos en el área Q’anjob’al, de los municipios del norte de Huehuetenango, sabemos que allá están los defensores del territorio y de los derechos, así como nosotros, y sabemos que aún hay comunitarios con órdenes de aprensión que no han podido resolver sus casos, pero también ya hay varias autoridades de Barillas y Santa Eulalia que ya logramos resolver estas acusaciones falsas.

Así como nosotros, en Guatemala, como pueblo Maya, que habitamos nuestra Coactemalan (tierra de bosques) en idioma Nahuathl, hemos sufrido ante los tribunales, de la misma forma como nuestros antepasados lo sufrieron igual, que dieron la vida por la lucha de la defensa de los derechos humanos, como la madre tierra, defensa del territorio y la naturaleza, esto no es nada nuevo.

Vemos como ya nos están contaminando el agua, la tierra, las rocas con las minas, simplemente estamos defendiendo que otra gente no se aproveche de los recursos que son de todos, especialmente cuando llegan de otras naciones extranjeras a hacerlo.

Me siento muy contento, tranquilo, dando las gracias a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos, no solo en Guatemala si no tambien en todo el mundo, a mi familia, a los vecinos que vinieron a acompañarme, aquí estamos junto a los hermanos Rigoberto Juárez, y Domingo Baltazar, juntos hemos sufrido la cárcel, hemos sido amenazados, perseguidos y seguimos aquí, con vida, y con libertad.”

¿Por qué lo encarcelaron?

Don Domingo Francisco Cristóbal Francisco, es una autoridad reconocida por su pueblo de Jolom Konob’ (Cabeza de Pueblo en idioma Q’anjob’al), tiene 65 años de edad, el día 26 de octubre del 2016, luego de almorzar fue detenido por agentes del DEIC de la PNC en el municipio de Chiantla, Huehuetenango. Domingo Francisco regresaba de la cabecera departamental luego de participar en una movilización pacífica convocada por Comité de Desarrollo Campesino -CODECA- para exigir la nacionalización de la energía eléctrica.

Domingo Francisco fue sindicado de cometer delitos como: instigación a delinquir, plagio o secuestro, según consta en la Causa Penal No. 10915, de fecha 25-03-2015, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia, del Centro de Administración de Justicia –CAJ-, a él lo responsabilizaron por la movilización de la población ocurrida el 19 de enero 2015 en el CAJ, luego de la detención arbitraria de dos jóvenes en el municipio vecino de San Mateo Ixtatán.

Fue acusado injustamente por el ex alcalde municipal Diego Marcos Pedro, quien afirmó que había sido golpeado y obligado por don Domingo Francisco a asistir a una audiencia realizada en el CAJ en la noche del 19 de enero 2015, el ex alcalde que simpatiza con las empresas hidroeléctricas insistió en victimizarse, en su versión manifestó que más de un centenar de comunitarios lo amenazaron, agredieron y desalojaron de su casa para obligarlo a asistir al CAJ.

Durante el Debate Oral y Público en el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la juez Yassmin Barrios en 2016, comprobó que el testimonio y la acusación del ex alcalde no eran ciertos, que deliberadamente había mentido y que su testimonio, en similitud con otros 20 testigos más, la mayoría trabajadores del CAJ, todos estos testimonios fueron presentados como parte de la estrategia de criminalización de la hidroeléctrica en contra de las autoridades ancestrales y comunitarias que enfrentaron ese debate oral, al final fueron absueltos.

En una columna anterior Sí creo en su inocencia hablo de este juicio histórico.

“¿Señor Rigoberto en dónde está?, creo en su inocencia, siempre me han dicho que soy muy dura para condenar, pero con esa misma dureza lo soy para absolver y creo en su inocencia.” Jueza Yassmin Barrios.

Su abogado defensor, el licenciado Benito Morales Laynes, ha insistido en denunciar la estrategia de criminalización, que desde la instalación de las empresas, utilizando el sistema de justicia para perseguir y encarcelar a las autoridades comunitarias, ancestrales por oponerse a los megaproyectos, son y seguirán siendo juicios políticos.

En el caso de Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar y ahora Domingo Francisco Cristóbal no le queda otro camino al MP más que desistir y pedir que sean cerrados los casos, luego de un año de investigación sin poder comprobar la participación de ellos en algún delito.

Esta historia no se termina aun

Durante los últimos cuatro años, hemos presenciado la ofensiva de las empresas extractivas en el país, muchas han sido las estrategias para imponer de forma violenta la construcción de los megaproyectos y la criminalización ha sido una de las estrategias para castigar a las autoridades comunitarias o ancestrales que se oponen a las empresas.

En esta estrategia, los empresarios cuentan con el respaldo y apoyo del Estado, el Ministerio Publico –MP- perdió total objetividad en las investigaciones y desde el año 2015 persigue a las autoridades ancestrales maya Q’anjob’al en el territorio norte de Huehuetenango por defender el agua de los ríos.

Las empresas echaron mano de la cooptación de persona y de algunos liderazgos en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, con la cooptación llego la división comunitaria, misma que se reflejó en las administraciones municipales durante el gobierno de Otto Pérez Molina 2011- 2015, la de Barillas y Santa Eulalia pro hidroeléctricas.

Pérez Molina un ex general vinculado a la represión durante la guerra ahora se encuentra encarcelado por dirigir varias redes criminales y de corrupción en Guatemala, la vice presidenta de su gobierno Roxana Baldetti Elías y su ministro de Gobernación Masurio López Bonilla podrían ser extraditados a los Estados Unidos por narcotráfico, junto a Erick Archila Dehesa ex ministro de Energía Y Minas impulsaron y promovieron las actividades de las empresas extractivas en todo el país, Erick Archila por ejemplo huyo de la justicia nacional y ahora se encuentra en los Estados Unidos a la espera de ser extraditado a Guatemala.

Luego llegaron las amenazas, la desaparición forzada, la presencia de paramilitares y los asesinatos selectivos, como paso siguiente, comenzaron a aparecer las denuncias ante las fiscalías del MP en el CAJ y los juzgados en Barillas, estas denuncias avanzaron rápidamente y los jueces emitieron docenas de órdenes de aprensión, llegó la militarización, los Estados de Sitio y la prisión política.

Las empresas siguen generando acciones y estrategias para golpear a las comunidades, encarcelar a sus principales autoridades, en un escenario adverso para la movilización comunitaria, mientras los pueblos y comunidades continúan exigiendo el respeto a sus formas propias de toma de decisión, autoridad ancestral y formas propias de resolución de los problemas; en este caso el retiro de las empresas hidroeléctricas de su territorio.

En toda América Latina se están viviendo escenarios similares, con patrones comunes en las estrategias que están implementando en contra de la organización comunitaria, popular o las resistencia en todo el continente, especialmente frente a los grandes megaproyectos como en México, Honduras, Chile, Ecuador, Brasil, y otros.


Fotografía Quimy De León

 

Publicado en desInformemonos en México.

“…que no quede ninguno vivo”

Pedro García Arrendo es culpable”… con estas palabras hace un año exactamente, en la ciudad de Guatemala, en sala mayor de la Corte Suprema de Justicia el Tribunal de Mayor Riesgo B, frente a una multitud de personas de distintos pueblos del país, escuchamos la sentencia por la masacre cometida por el Estado de Guatemala en 1980. El nerviosismo lleno por completo la sala de audiencias, esta sentencia llegó dos años después de la sentencia por Genocidio en contra del pueblo Ixil contra del general José Efraín Ríos Montt en 2013.

La jueza y presidenta del Tribunal, inició por la tarde de ese histórico lunes 19 de enero, llegó el momento de la lectura del documento final, el resumen de la sentencia, haciendo uso de la palabra, y con el silencio de la multitud en la sala, abrió la audiencia a las 5 y 23 minutos de la tarde, treinta cinco años después de la masacre en la Embajada de España en 1980.

La jueza Sara Griselda Yoc Yoc de manera sencilla, sin leer un lenguaje técnico jurídico trasladó el análisis del tribunal para argumentar el porqué de su sentencia, en el caso de la “Toma y Quema de la Embajada de España” ocurrida el 31 de enero del 80.

El jefe del Comando Seis, teniente coronel Pedro García Arredondo fue condenado a 90 años de presión inconmutables, 40 años por cometer Delitos Contra Deberes de Humanidad en concurso ideal, delitos de Asesinato en Grado de Tentativa en concurso real contra el Embajador de España Dr. Máximo Cajal y López y el campesino Maya Gregorio Yujá Xoná, y el asesinato de 37 personas dentro de la Embajada de España el 31 de enero de 1980.

Cientos de personas esperaban con atención que la jueza con sus palabras llegara finalmente a la parte condenatoria, pasaron tan solo pocos minutos, que se convirtieron en largas horas de espera para quienes ahí presenciábamos la lectura, finalmente pocos minutos más tarde ocurrió, sus palabras rompieron la espera de décadas: “Pedro García Arrendo es culpable.”

Los corazones comenzaron a latir con fuerza, la respiración de cientos de personas ahí presentes en esa sala se hicieron profundas, muchas lágrimas rodaron por los rostros arados por el tiempo, hombres y mujeres maya Ixil y K’iché presenciaban como la justicia en Guatemala comenzaba a saldar la deuda enorme que aún tienen con su pueblo, varios hombres y mujeres Ixiles, hijos de quienes murieron calcinados adentro de esa embajada volvían a recordar con insistencia el reclamo de justicia, ese reclamo que los llevo a sobrevivir y a luchar 35 años ante los tribunales nacionales.

El tribunal continuo con la lectura de la sentencia, impone la condena de 50 años más de prisión inconmutables; por el asesinato de los estudiantes universitarios Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España Valle cometidos posteriormente el 2 de febrero de 1980, dos días después de la quema de la embajada.

“… estamos totalmente convencidas de la responsabilidad del señor Pedro García Arredondo como autor de los hechos que se han explicado.”

“…esta sentencia viene a ser esa agua que apaga ese incendio de esa búsqueda de justicia que han tenido los familiares de las víctimas que han tenido todo este tiempo y lo esperamos que este acto justo que hoy se dicta sea un precedente para que todo funcionario adecue su conducta al marco de la ley, al respeto de los derechos humanos, a la vida y dignidad de las personas.” jueza, Irma Jeannette Valdés.

Pedro García Arredondo es un militar que dirigió con mano dura el temido “Comando Seis” de la Policía Nacional –PN- durante la dictadura del general Fernando Romeo Lucas García (1980-1982), junto a su hermano Manuel Benedicto Lucas García quien era Jefe del Estado Mayor del Ejército, desde su comandancia se dirigió la más atroz estrategia contrainsurgente en contra del pueblo guatemalteco, miles de jóvenes, estudiantes, obreros, militantes revolucionarios, académicos, maestros, religiosos, la dictadura y el empresariado no diferencia edades, etnias, la violencia del Estado golpeo con fuerza, la más sanguinaria de toda América.

“Un testigo escuchó decir de la policía “que no quede ninguno vivo”.  Contrario a lo que se supone la policía llegó con la orden de matar al grupo de campesinos, así que quemaron la sede de la Embajada y asesinaron a 37 personas, dos lograron sobrevivir; el embajador Máximo Cajal y López quien logró escapar por sus propios medios y el campesino Gregorio Yujá que fue llevado al hospital privado “Herrera Llerandi”, estando ahí fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y después lo asesinaron. Su cuerpo fue lanzado en el Campus central de la Universidad de San Carlos.”, la universidad nacional.1

García Arrendo cumplirá 72 años de edad, de esos, lleva 3 años en la cárcel por delitos de lesa humanidad, es el único oficial de alto rango que fue condenado por la masacre de los 37 indígenas del Quiché y los estudiantes universitarios dentro de la embajada, los cuadros operativos de la Policía Nacional de menor rango, y los elementos del ejército ahí presentes ese 31 de enero del 80, así como Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor permanecen aún sin ser juzgados, Romeo Lucas al frente de la dictadura de ese entonces falleció en el 2006 viviendo un supuesto exilio en Venezuela.2

La historia de Benedicto Lucas será distinta, fue detenido en enero del 2016 junto a 18 altos mandos del ejército, está en prisión preventiva, acusado por delitos de lesa humanidad por la detención y desaparición más grande de América, 558 osamentas exhumadas en la zona militar, conocida como #CasoCreompaz o Zona militar número 21 de Cobán, Alta Verapaz.3

No es el único caso, Benedicto Lucas fue ligado a otro proceso, por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, y por la detención y tortura de su hermana Emma Molina Theissen ocurridos en 1981.4

Benedicto Lucas al igual que Pedro García Arredondo está enfrentando la justicia, junto a Benedicto están otros 18 altos mandos del ejército, unos con arraigo domiciliario, la mayoría presos en los cuarteles militares y otros aun prófugos de la justicia.

Nuevamente, estamos esperando otras sentencias, continúan los juicios históricos, continua el proceso penal de la Zona militar número 21 de Cobán, la masacre de las Dos Erres en Peten en 1982, el caso Molina Theissen, el caso del Diario Militar, en fin falta mucho aun, pero es el único camino para ir encontrando la paz en Guatemala, y la no repetición de tantas atrocidades.

Con estos procesos nace de nuevo la esperanza.

1 Quimy De León. Toma y quema de la Embajada de España: “que no quede ninguno vivo”. Prensa Comunitaria. 31 de enero 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/31/toma-y-quema-de-la-embajada-de-espana-que-no-quede-ninguno-vivo/

2 El Mundo. Fernando Romeo Lucas García, ex dictador de Guatemala. 31 de mayo 2006. http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/29/obituarios/1148920570.html

3 Nelton Rivera. Caso Creompaz: la cara de la represión y los vínculos con el gobierno. Prensa Comunitaria. 6 de mayo 2016. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/05/06/caso-creompaz-la-cara-de-la-represion-y-los-vinculos-con-el-gobierno/

4 Quimy De León. Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años desaparecido por el ejército de Guatemala. Prensa Comunitaria. https://comunitariapress.wordpress.com/2016/01/12/marco-antonio-molina-theissen-un-nino-de-14-anos-desaparecido-por-el-ejercito-de-guatemala/

Fotografía ABC

 

Fotografía Guatevision.

 

Fotografía Noticias de Bomberos en Guatemala.

 

Fotografía Publinews


Por: Quimy De León.

Marco Antonio Molina Theissen era un niño de 14 años, estaba en tercero básico cuando miembros del ejército entraron a su casa, lo detuvieron y lo desaparecieron. Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

Su hermana, Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en el entronque conocido como Cuatro Caminos quienes la llevaron a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue torturada y violada sexualmente. Pese a esto a los ocho días ella logró huir por una ventana.

El 6 de octubre de 1981, un día después de que Emma lograra escapar de sus captores, varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres ubicada en la colonia La Florida en el municipio de Mixco en el departamento de Guatemala. Entraron con lujo de fuerza, dentro estaba Marco Antonio, lo engrilletaron, le taparon la boca con Masking tape y golpearon a su madre. Luego lo metieron a un costal y lo tiraron a la palangana de un picop con placa oficial 17675. A pesar de que su madre corrió tras el carro para rescatar a su hijo nada pudo hacer.

Sus padres desesperadamente buscaron a su hijo en hospitales y destacamentos militares. Hicieron varias gestiones ante las autoridades, ante el ejército, ante la iglesia, ante instancias internacionales de derechos humanos y nunca lograron nada. Hasta la fecha la familia de Marco Antonio no sabe sobre su paradero, pero no han dejado de buscar.

El proceso penal

La mañana del 12 de enero 2016 cuatro militares retirados esperaban ansiosos junto a sus familiares y abogados que diera inicio la audiencia de primera declaración por el caso de desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen. Ellos fueron detenidos el 6 de enero de 2016 por una orden de aprehensión y arraigo emitida por el juzgado cuarto el 4 de enero de este mismo año. Los delitos por los que están presos son desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad. Posteriomente el Juzgado de Mayor Riesgo C ligó a este mismo proceso penal a Benedicto Lucas García Jefe del Estado Mayor de la Defensa en 1981, detenido el 6 de enero 2016 junto a otros 17 altos mandos del ejército guatemalteco por el caso conocido como #ZonaMiliatar21Coban o caso CREOMPAZ durante la guerra.

A las once de la mañana después de una hora de espera dio inicio esta audiencia en la sala primera del juzgado quinto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala.

Hugo Ramiro Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor, Manuel Antonio Callejas Callejas General de división, Francisco Luis Gordillo Martínez fue comandante de la zona militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, cuando ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa. También fue de la Junta Militar que asumió después de dar un golpe de Estado y asumiera de facto la presidencia Efraín Ríos Montt y Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenango.

La sala es muy pequeña y en ella también esperaban las familiares de Marco Antonio, su madre Emma Theissen Álvarez viuda de Molina, sus hermanas María Eugenia y Ana Lucrecia Molina Theissen acompañadas por defensoras de derechos humanos.

Benedicto Lucas García fue ligado a este mismo proceso penal

El juez Víctor Herrera Ríos que preside el juzgado de Mayor Riesgo C en la ciudad de Guatemala ligo a proceso penal a cinco altos mandos del ejército por varios delitos de Lesa Humanidad que incluyen: Deberes contra la humanidad y por la detención y Desaparición Forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen el 6 de octubre de 1981 en el municipio de Mixco, Guatemala.

También por los delitos de Violación con agravación de la pena y Deberes contra la Humanidad por la detención arbitraria de Emma Guadalupe Molina Theissen el 27 de septiembre de 1981 retenida clandestinamente en la Brigada Militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas” a quien sometieron a tortura, interrogatorios y violación sexual repetidamente.

La audiencia se realizó en la sala del nivel 12 de la Torre de Tribunales en presencia de los cinco sindicados: Benedicto Lucas García, Hugo Ramiro Zaldaña, Francisco Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares y Manuel Antonio Callejas, los cinco militares quedaron ligaros por los tres delitos,  todos permanecen en prisión preventiva en un cuartel militar desde enero del 2016, el juez ordenó que todos permanecerán en prisión preventiva.

Fotografía de Nelton Rivera.

La acusación

El fiscal del Ministerio Publico hizo responsable a los cuatro militares de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen. Para ello cuentan con varias pruebas que determinan el papel de cada uno de los militares.

Hugo Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor en la Brigada Manuel Lisandro Barillas dirigía el retén militar donde fue capturada Emma en el entronque conocido como cuatro caminos ubicado en San Cristóbal Totonicapán, después fue llevada a la zona militar en donde fue detenida ilegalmente, torturada y violada sexualmente.

Francisco Gordillo Martínez era comandante de la zona Militar a la vez que Ediliberto Letona Linares como segundo comandante son responsables junto a Hugo Zaldaña Rojas por los delitos contra deberes de la humanidad y violación agravada.

Manuel Antonio Callejas y Callejas General de División tuvo la responsabilidad de ordenar nuevamente la captura de Emma Molina Theissen y que desaparecieran a su hermano menor, por lo que a él se le acusa solamente del delito de desaparición forzada y delitos contra deberes de la humanidad.

De los cuatro militares Edilberto Letona accedió a hablar y negó su responsabilidad en los hechos y delitos por los que se le acusa, sí reconoció su cargo como Segundo Comandante en la zona militar y que entonces se encontraba de alta.

 

 


Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Santiago Bastos Amigo.

Puede parecer extraño recordar que el detonante fue la propuesta de reglamentación del Convenio 169 que lanzó Álvaro Colom, allá en marzo de 2011. La convocatoria a una carta colectiva y la consiguiente búsqueda de firmas entre contactos y amistades – logramos más de 500 adhesiones en pocos días- sirvió para aquilatar y proponernos dar forma a conversaciones e ideas que venían de tiempo atrás entre Quimy De León y Santiago Bastos.

A partir de ahí, empezamos a poner en orden en nuestras preocupaciones y esperanzas alrededor de la movilización que se estaba dando en las comunidades en esos años, cuya expresión más visible eran las consultas comunitarias de buena fe y los conflictos que ya había en contra de megaproyectos en algunos lados.  En ese entonces se había dado la cobertura que hicieron Nelton y Quimy junto a Sara Mingorría y Alberto Alonso desde la plataforma de Indymedia, de los desalojos del Polochic, que mostraron la importancia de la comunicación independiente para denunciar lo que ahí ocurría.

Comenzamos entonces a buscar cómo poner en práctica un proceso/proyecto en cuyo cetro estuvieran esas comunidades y organizaciones que protagonizaban la movilización, a las que este trabajo debería servir como insumo para su proceso, pero también de quienes la acción debería partir. Pensábamos un basado en cuatro tipos de acciones, cuatro momentos -presencia, documentación, análisis y comunicación-. No queríamos comportarnos como una ONG ni depender de la cooperación, pero también sabíamos que necesitábamos fondos para poner en práctica estas ideas.

Así, entre reuniones, pláticas, propuestas, intentos de coordinación y búsquedas de fondos y consensos, se nos fue 2011. El primer trabajo que pudimos hacer, fue un repositorio de noticias publicadas sobre las consultas comunitarias, que debe andar por algún lado en la red, en dónde trabajó Nelton Rivera y Dania Rodríguez. Poco después, ya en 2012, logramos poner en marcha un proyecto de investigación en donde Diakonia aportó para el inicio, sobre la sistematización y análisis de tres casos concretos definidos por los contactos y la relevancia de la lucha. Escogimos Barillas, San Juan Sacatepéquez y el Polochic.

La urgencia de la comunicación

Cuando estábamos en plena labor, la cercanía con los sujetos que era la base de nuestra propuesta nos impuso la necesidad de acondicionar nuestra propuesta de trabajo. El Estado de sitio decretado en Barillas el 1 de mayo de 2012 llevó a 9 líderes y autoridades comunitarias a la cárcel e hizo que muchos más de ellas y ellos se refugiaran para evitar ser capturados. La labor de sistematización ya no era suficiente, comenzó el acompañamiento de los perseguidos y sus familias, y sobre todo, la necesidad de que todo eso se conociera más allá de las versiones siempre insuficientes, parciales y perversas que difundía la prensa corporativa.

Surgió así “Barillas resiste”, un blog en formato wordpress, en donde publicábamos las noticias que íbamos recolectando sobre los hechos que iban sucediendo alrededor de este caso -mientras la investigación sobre los otros dos lugares debía seguir avanzando- En ella subíamos testimonios, los hechos que ocurrían en los juzgados, entrevistas a los abogados, comunicados de organizaciones. Todas estas tareas empezaron a ser práctica habitual del equipo, al que se sumó Francisco Lucas Pedro, Chico que además sufría persecución penal. Desde este medio se participó en la fundación del Centro de Medios Independientes como espacio de convergencia que recogía voluntades y experiencias de comunicación alternativa, tan necesaria ante la deriva represiva del gobierno del Otto Pérez Molina

En esta labor, la página se fue consolidando como un proyecto en sí mismo y a final de año, dio un salto cualitativo, y de “Barillas resiste”,  pasó a llamarse “Prensa Comunitaria”, mostrando su voluntad de ampliar la cobertura, porque amigos empezaban a enviar textos y los contactos ya se estaban consolidando en más lugares. Uno de estos lugares era Santa Eulalia, donde la desaparición y muerte de Daniel Pedro, Daniel Maya, fue un golpe tremendo, por los proyectos y sueños que tuvimos en conjunto y que empezaban a perfilarse un reto para la comunicación.

En esos meses también estábamos inmersos, como todo el país, en la cobertura del juicio que por el delito de genocidio se seguía a Ríos Montt, lo que mostraba otra cara del trabajo de Prensa Comunitaria que desde entonces no se ha abandonado: la memoria y el conflicto armado como base para entender todo lo que está ocurriendo ahora.

Sin embargo, el trabajo se vio afectado porque desde inicio del año 2013 se empezó a dar una campaña de difamación y ataque a gente del equipo por problemas de poder en los espacios en que trabajamos. Fueron meses de desgaste personal.

El trabajo de análisis y sistematización del acompañamiento en Barillas permitió   preparar la publicación Las Voces del Río junto a UDEFEGUA, a partir de testimonios de perseguidos, presos y sus familiares, presentado en la ciudad de Guatemala en febrero de 2014. En abril presentamos también el resultado de la investigación que iniciamos en 2012, con el título de Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Hicimos presentaciones en la Capital, en Cobán y San Juan Sacatepéquez.

El equipo se amplía y el kilómetro 169

El día 4 de octubre del año 2012 el ejército de Guatemala realizó la masacre de 6 personas maya K’iché’ durante una manifestación pacífica de miles de comunitarios y comunitarias, representadas por los 48 Cantones de Totonicapán, más de 40 personas fueron gravemente heridas por las balas de fusilería del ejército.

El pueblo K’iché de Totonicapán se encontraba movilizado exigiendo al gobierno el cese de la reforma educativa, las reformas Constitucionales y el cese de la persecución de líderes y lideresas por oponerse al incremento de la energía eléctrica de la empresa inglesa ENERGUATE. Nelton Rivera tomó una fotografía de la señal de kilometraje, la subió de perfil de nuestra página en Facebook. Con el tiempo la gente nos identificaba con ese símbolo y decidimos reivindicarlo.

En ese tiempo, con apoyo financiero de Hivos empieza un trabajo en equipo con Luciérnaga, que marca la marcha a lo que ya va siendo la nueva Prensa Comunitaria: la ampliación del equipo de comunicadores comunitarios con la incorporación desde Alta Verapaz y Norte de Huehuetenango sobre todo de Rony Morales, Alfredo Rax y Joel Pérez. Con ellos y otras personas más se lleva a cabo una escuela de comunicación comunitaria, que sirven para ir ampliando y dando otro carácter al trabajo y al equipo. En la capital, también se van sumando gente como Jovita Tzul, Andrea y Lucía Ixchíu, o Simón Antonio, Gerardo Monterroso, Marta Karina Fuentes, Pablo Rangel y Norma Sancir que empezaron a colaborar de distintas maneras Se establecieron vínculos con otros medios digitales de otros países como Periodismo Humano en España o Desinformémonos en México; mientras que la gente con la que trabajábamos en el norte de Huehuetenango seguían siendo hostigada.

Con todo eso, Prensa Comunitaria se va llenando de contenidos de lo más diverso y las tareas se van ampliando.  Nos llaman desde lugares donde hay conflictos o movilizaciones para cubrirlos, o para enviar la propia versión de un acontecimiento importante. Los jóvenes que van llegando van mostrando sus trabajos en la página. Los nuevos soportes, redes sociales sobre todo Facebook pero también twitter e instagram se van convirtiendo en un vehículo de nuestro quehacer.

El cierre de  la radio Jolom Konob, de Santa Eulalia, el 20 de enero de 2015 por orden del alcalde del municipio nos hace desplegar una campaña para denunciar los ataques a la libertad de prensa; que nuestros compañeros sufren de forma directa cuando dos meses después subían a Santa Eulalia a acompañar la esperada apertura de la radio, y fueron agredidos por los partidarios del alcalde, al igual que otras persona de la comunidad.

Ya en en abril de 2015 empiezan las movilizaciones en contra de la corrupción en gobierno de Otto Pérez Molina, que supusieron todo un terremoto político, y también un reto comunicativo para el equipo. Cada vez que había movilización, en la Plaza de la capital- corazón geográfico del país- o en cualquiera de los lugares más apartados de la República, allá estaba alguien  del equipo de Prensa Comunitaria poniendo en marcha la maquinaria para que la fotos, los reportajes, textos, acabaran en  las páginas de facebook, wordpress, twitter, medium informado con prontitud y rigor de lo que iba ocurriendo.

Esto ayudó  a fortalecer el equipo y las redes en las comunidades, y a potenciar el uso de las plataformas tecnológicas, con lo que se aplicó a la capacidad de difusión.

Además, a finales de año, nuestro trabajo de acompañamiento y denuncia de los derechos humanos fue reconocido con el premio de derechos humanos “Alice Zachmann” que anualmente otorga la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, con sede en Washington, USA. Don Lorenzo Mateo fue quien viajó a recibirlo y hacer una gira con su hermanos q’anjobales en ese país.

Diversificándonos

El cambio de año, con el resultado de las elecciones nos deja tan abatidos como a todo mundo, pero hay que seguir trabajando, buscando cómo hacer para estar al día de una tarea que cada vez exige más complejidad tecnológica.

La muerte repentina de Poncho Porres, fundador y personaje central de Luciérnaga, pero también pieza clave del desarrollo de Prensa Comunitaria en sus años de existencia nos impacta fuertemente. Como si fuera su energía después de su partida, toma forma un viejo proyecto que surgió precisamente en una plática con él en el Café Chichoy de Agua Escondida. Se trata de la Muestra Guatemala en MovimientoS que gracias al empuje de las chicas de la Casa Yaxs, acaba siendo un proyecto multimedia y multitodo, en que desplegamos nuestra memoria para intentar explicar cómo las movilizaciones comunitarias desde 2010 pusieron la base para las que se centraron en la capital en 2015. Las muestras en ciudad de Guatemala en junio y en Xela en julio fueron para el equipo un gran aprendizaje lleno de satisfacciones.

Mientras tanto, el trabajo continuado junto a los equipos de abogados de los presos políticos del norte de Huehuetenango, llevó a la posibilidad de que el acompañamiento, investigación y  conocimiento sobre el proceso que se desarrolla en el área se vuelque en el peritaje que Santiago Bastos realizó para presentar en el juicio que finalmente se realizó los días 5 al 20 de julio y que terminó con la absolución de todos ellos por la juez Yassmín Barrios. Realmente, fue un día alegre.

De una de las secciones de Guatemala en MovimientoS coincidiendo con la apertura del juicio por el caso por la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen surge otro proyecto que toma vida propia: el montaje El cuarto de las ausencias, que se instala por su cuenta en las instalaciones del IIARS, con el trabajo de las familias que han perdido a sus seres queridos durante la guerra Molina Theissen, Pedro Mateo, Estrada y Portillo.

Al llegar a nuestro cuarto año de trabajo estamos preparando dos volúmenes de textos escritos por gente del equipo y por amigos en torno a los dos temas que han definido nuestro actuar: la resistencia comunitaria y la memoria histórica.

Para entonces hemos conseguido una de las más viejas aspiraciones: abandonar el soporte tecnológico de la página en worpdress -tan plano y bidimensional- y poder construir una página web con las últimas posibilidades, gracias al apoyo incondicional de Gerardo Monterroso.

Esto es, muy por encima, un recorrido por lo que hemos hecho en estos  cuatro años. Son  ¿cuántas notas? ¿Cuantas fotografías? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos muertos y cuántos desvelos compartidos? Todo ello con muchas ganas y con toda la energía de que disponemos y la que nos va llegando, pero también con sacrificios. Con muchos planes y siempre con la frustración de no haber podido hacer todo lo que tenemos planeado hacer; todo lo que este país exige.


Texto: Quimy De León.

Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por miembros del ejército en la carretera interamericana, para finalmente ser llevada a la zona militar de Quetzaltenango “Manuel Lisandro Barillas”, ahí fue sometida a interrogatorios, tortura y violación sexual. Pese a esto a los ocho días ella logró huir por una ventana.

El 6 de octubre de 1981, un día después varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres y fue detenido desaparecido su hermano Marco Antonio de 14 años. Hasta la fecha no se sabe en dónde está.

La mañana del 6 de enero de 2016 fueron detenidos varios militares por una orden de aprehensión y arraigo emitida por el juzgado cuarto el 4 de enero de este mismo año. Entre ellos cinco que están siendo procesados por los delitos de desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad.

Ellos son Benedicto Lucas Jefe del Estado Mayor Presidencial durante el período del 2 de julio de 1978 al 18 de marzo de 1982 teniendo bajo su responsabilidad y mando al ejército de Guatemala, Ramiro Zaldaña Rojas oficial S-2 del Estado Mayor, Manuel Antonio Callejas General de división, Francisco Luis Gordillo Martínez fue comandante de la zona militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, cuando ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa. También fue de la junta Militar que asumió después de dar un golpe de Estado y asumiera de facto la presidencia Efraín Ríos Montt y Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenango.

El juez Víctor Hugo Herrera Ríos quien preside el juzgado de Mayor Riesgo C ligó a proceso penal a los cinco altos mandos del ejército por la detención arbitraria de Emma Guadalupe y la desaparición forzada de Marco Antonio.

Entrevista

¿Quién es hoy Emma Molina Theissen?

En este 2016, cuando se abrió finalmente la esperanza de justicia para mi familia, soy una mujer de 56 años, madre de una hija inteligente y trabajadora, y abuela de un pequeñito de dos años y medio que es la más reciente alegría de mi vida. Soy la hija orgullosa de una mujer cuyo amor es la fuerza vital de la familia, especialmente en la búsqueda de justicia para mi hermanito Marco Antonio y para toda la familia. Y soy también la hermana de dos valientes, honradas y dignas mujeres. El ejemplo y el amor que siento por cada uno de ellos, me acompaña todos los días y me hace sentirme parte de una estirpe especial.

Soy también una profesional de la ingeniería de sistemas de información. Me considero exitosa en mi carrera y he logrado cosechar respeto y reconocimiento en mi campo. Estoy muy orgullosa de haber estudiado en la universidad y de tener una maestría que pude estudiar hasta hace pocos años. La universidad significó mucho sacrificio, especialmente del tiempo que le podía dedicar a mi hija, que era muy pequeña cuando yo pude estudiar. Tenía 27 años cuando inicié la carrera, que hice teniendo que trabajar. Como madre sola, pude terminarla porque conté con el apoyo de mis padres y mis hermanas para cuidarme a mi hija mientras yo iba a clases o tenía exigentes tareas y exámenes que cumplir.

Hoy trabajo entre cincuenta y cincuenta y cinco horas por semana (por muchos años trabajaba mucho más). Soy la directora de tecnología de información de una empresa aseguradora del magisterio costarricense. A estas alturas proyecto jubilarme en cuatro años, para lo cual estoy ahorrando todo lo que puedo. Quiero descansar y dedicarme a acompañar a mi nieto en sus años de escuela. Voy a entregarle a él el tiempo que no pude darle a mi hija.

Soy amante de la lectura. Me encantan las novelas, especialmente las históricas, y disfruto de hacer ejercicios. Especialmente de caminar los domingos con mi madre, con quien caminamos una hora, bien tempranito. Me gusta el cine y las series cómicas de televisión por las que me despierto los sábados a las 6 de la mañana, para pescar los episodios que no logro ver entre semana.

Me encanta tomar café con pan y adoro las champurradas.

No quiero morirme sin conocer Europa y anhelo hacer mucho por la educación en derechos humanos de niños y jóvenes guatemaltecos.

El camino por la justicia es un camino tortuoso y complejo especialmente en lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército y donde estarían implicados altos mandos.

¿En qué momento y cómo fue que tomó la decisión de buscar justicia, usted y su familia?

Siempre perseguimos la justicia. Desde el momento en que el Ejército secuestró a mi hermano Marco Antonio, en 1981. En 1997, luego de la firma de los acuerdos de paz, buscamos la justicia presentando la denuncia en un juzgado penal. También se acudió a la justicia cuando, no hallándola en Guatemala, la familia recurrió al sistema interamericano de derechos humanos. Este último dio trámite a la acusación del Estado, por el secuestro y desaparición de mi hermano Marco Antonio, que culminó en una sentencia mediante la cual se condenó al Estado guatemalteco, en 2004.

¿Cómo ha sido ese camino hacia la justicia?

El mismo seguido para Marco Antonio. Aunque ante el Sistema Interamericano no figuré como víctima –solo él y por decisión mía– con base en los hechos y pruebas periciales, la Corte Interamericana dictaminó que yo también lo fui, al igual que toda la familia. En Guatemala ha sido el mismo camino. Lo sucedido a mi persona y mi escapatoria forman parte de una cadena de hechos en la que detención ilegal de mi hermano es un eslabón más. Es un continuo de sucesos inseparables.

¿En qué momento usted rompió el silencio y decidió contar lo que ocurrió durante su cautiverio?

Las personas, compañeros del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) en su mayoría, que me auxiliaron, me protegieron y me ayudaron a salir de Guatemala, supieron desde el primer momento todo lo ocurrido durante mi detención.

¿Cuál ha sido el recorrido de su palabra, su testimonio?

Entre octubre de 1981 y abril de 1982 conté lo sucedido a personas que me rodeaban.

Estando en México a donde llegué en enero de 1982 en calidad de exiliada, me sentía muy cerca de la comunidad de guatemaltecos, la mayoría con historias trágicas, pérdidas familiares o experiencias terribles de persecución. Todos vivíamos al filo en todo sentido, material y emocionalmente. Contarnos lo que vivimos y cómo nos sentíamos nos proporcionaba (al menos a mí) un sentimiento de seguridad y contención afectiva en la soledad y la tristeza que todos cargábamos. Mis palabras quedaron grabadas en cassettes cuyo rumbo perdí.

En mayo de 1982, fui informada del secuestro y desaparición de Marco Antonio. No estaba enterada porque mi familia y los compañeros del Partido (del PGT) que me rodeaban, noblemente lo ocultaron para no debilitar aún más, mi frágil estabilidad emocional, socavada por el terror. Decidieron contarme lo sucedido porque sería publicada una lista de personas desaparecidas, en la que figuraría Marco Antonio. Quisieron que no me enterara leyendo la lista.

Después en 1983, junto con otras personas familiares de desaparecidos, conformamos el Comité Guatemalteco de Familiares de Detenidos Desaparecidos y nos sumamos a la denuncia de lo que ocurría en Guatemala.

Eran los años del golpe de Estado de Efraín Ríos Montt y la más violenta represión en Guatemala. No teníamos dinero y nuestra voz era la de una hormiga en un país de 75 millones de habitantes, con exiliados de todo el mundo que daban a conocer su realidad, buscando solidaridad para su propio país. En medio de aquellas actividades asistimos a foros públicos de denuncias y yo contaba la historia de mi detención y el secuestro de mi hermano. Hacíamos afiches y los pegábamos en las calles del centro histórico de la ciudad.

Ese mismo año de 1983, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) que funcionaba en el exilio, en la ciudad de México, recibió al recién nombrado relator especial de Derechos Humanos de la ONU para Guatemala, el ahora Vizconde Colville de Culross, un inglés de mirada gélida que no hablaba una pizca de Español. Me recibió 10 minutos con su traductor. Narré mi historia, tomó nota y salí. De él y su impertérrito rostro no recibí una sola palabra ni el menor gesto de empatía. Pero tengo la convicción de que en algún momento se llegó a escuchar mi voz, mi testimonio, porque era la repetición abrumadora de las palabras de muchos que apenas logramos escapar de la muerte. México tenía en la zona fronteriza con Guatemala, asentamientos de poblaciones rurales de Guatemala de cientos de personas que huyeron de las masacres y vivieron más de diez años en campamentos de refugiados de los que lograron retornar finalmente después de la firma de los acuerdos de paz. Ellos constituyeron una denuncia permanente del estado de terror que se vivía en las zonas rurales de Guatemala.

Mi exilio continuó en Costa Rica adonde llegué en 1985. En el año 86 me integré a una asociación de familiares de desaparecidos en Centroamérica. Habíamos familiares de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta asociación llevó ante el sistema interamericano el primer juicio contra desaparición forzada que culminó en julio de 1988 con la condena al Estado hondureño por la desaparición de dos personas. La sentencia constituyó un precedente fundamental para la lucha por los derechos humanos en la región.

Durante los 35 años desde mi fuga y el secuestro y desaparición de Marco Antonio, he narrado mi experiencia ante jueces, abogados, fiscales, representantes del Gobierno, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, miembros del cuerpo diplomático y periodistas. Asimismo he prestado testimonio judicial en todo momento en que ha sido requerido por los procesos legales nacionales e internacionales.

¿Por qué ha sido para usted importante denunciar, a pesar de lo difícil de los hechos ocurridos y de las implicaciones que pueda tener hacerlo?

Porque no nos resignamos ante la desaparición de Marco Antonio. Porque todo lo que sucedió no puede quedar impune. Por el inmenso dolor causado a mis padres quienes lo buscaron incansablemente y solo recibieron la indiferencia de las autoridades y la persecución de la inteligencia militar. Porque todavía tenemos la vida, el vigor y la voz para gritar que lo que nos hicieron no está olvidado y que no nos silenciaron pese a la brutalidad de sus acciones.

¿Cómo vivió usted el hecho de que en primera instancia no hayan ligado a proceso a los militares por el delito de violación agravada?

En enero, la jueza Secaida decidió no ligar a proceso por el el delito de violación agravada a los exmilitares detenidos. No desestimó completamente el cargo, pero pidió más pruebas y aclaró que ello no significaba que no pudieran presentarse en el futuro.

En los meses posteriores, el Ministerio Público se dedicó a fortalecer la imputación y a obtener peritajes como el que se hizo basado en el Protocolo de Estambul (Nota de Prensa Comunitaria: ver referencia en el enlace Protocolo de Estambul).

¿Cómo se sintió al respecto?

Este fue un obstáculo más en el largo y escabroso camino de llegar a conocer la verdad de lo sucedido y alcanzar la justicia. Se buscó cómo solucionarlo y finalmente el juez Herrera Ríos, en la audiencia del 25 de octubre, decidió que hay suficientes indicios para incluir la acusación de violación sexual con agravación de la pena, cargo por el que quedaron imputados los cinco exmilitares.

Hablar de violación sexual durante la guerra no es fácil para quienes son sobrevivientes. Sin embargo, usted no es solo una sobreviviente sino que además está llevando con mucha valentía un proceso penal por estos delitos perpetrados en su contra y por la desaparición forzada de su hermano menor Marco Antonio.

En el juicio, tanto el Ministerio Público como su abogado han planteado (y el juez así lo ratificó) que usted fue considerada “enemiga interna” y por esta razón fue detenida y llevada a una cárcel clandestina ubicada en la zona militar de Quetzaltenango. Y además fue sometida a interrogatorios, abusos físicos, psicológicos y sexuales para obtener información estratégica y para lograr que usted fuera colaboradora del Ejército.

 ¿Usted estaba desarrollando en el momento de su detención alguna tarea, o acción específica?

Mi detención ocurrió cuando yo viajaba en una camioneta desde la capital hacia Quetzaltenango. Eran cerca de las ocho de la mañana y el bus fue detenido por un puesto de vigilancia (retén) a la altura de Santa Lucía Utatlán. Yo portaba documentos de estudio político y panfletos del Partido Guatemalteco del Trabajo. Los soldados hallaron los documentos y me detuvieron. No andaba armada. Nunca anduve armada ni sabía utilizar un arma.

¿Por qué el hecho de haber sido miembro de la Juventud Patriótica del Trabajo la convertía en enemiga del Estado? ¿Cómo analiza usted esto, con relación al trato que recibió?

Desde la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional y la estrategia de guerra de baja intensidad, prácticamente cualquier persona que fuera sospechosa de disidencia ideológica y actividad política, era considerada enemiga del Estado y por lo tanto perseguida por eso. Al momento de mi detención, yo tenía 21 años y recién había sido dirigente estudiantil en secundaria, que culminé en el año 78. Participé en movimientos populares contra el alza del pasaje urbano, el sepelio de Robin García con la marcha de los claveles rojos, así como huelgas y manifestaciones pacíficas de protesta. Tuve un papel protagónico en Belén, donde estudié, así como en la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media que reunía a todas las asociaciones estudiantiles de secundaria. Desde la visión de los militares que tenían el poder en los años 80, mi actividad ciudadana o la militancia en una organización de izquierda apuntaban a que yo fuera considerada enemiga del Estado

Pero… ¿Cuál es la visión desde una óptica de institucionalidad de justicia y legalidad? Que el Estado guatemalteco (del cual es parte el Ejército) violó inclusive su propia legalidad. Las leyes guatemaltecas han reconocido derechos civiles y políticos, de libre asociación, libertad de expresión del pensamiento y consagraron en la Constitución de la República, además del derecho a la vida. En esa lógica, el Estado violó mis derechos políticos desde el momento de considerarme enemiga del Estado, justamente por ejercer estos derechos.

Si bien es cierto las organizaciones de izquierda, como el partido comunista (el PGT) eran ilegales, el Estado continuó violando mis derechos al detenerme ilegalmente, al no ser presentada ante un juez competente, al no ser legalmente acusada de actos al margen de la ley y al negar mi derecho a la defensa. Estuve además detenida en un cuartel del Ejército, en una cárcel clandestina porque los recintos militares no forman parte del sistema carcelario.

Y eso no bastó. Durante los nueve días de mi detención ilegal, fui sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo con la práctica oficial de esos años, con toda seguridad mi detención hubiera culminado con mi asesinato.

¿Por qué cree usted que se daba este trato a opositores? ¿Por qué tanta saña?

La detención ilegal, la tortura y el asesinato de opositores políticos o dirigentes sociales, era parte de un plan que buscaba sofocar el descontento de sectores del país, por medio del terror. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales calculan que el Estado asesinó a cerca de 250 mil personas, de manera individual o colectiva y que desapareció a otras 45 mil personas en Guatemala. Entre las personas desaparecidas se contabilizan 5 mil niños. Entre ellos, mi hermano, que tenía 14 años al momento de su secuestro.

La saña que me fue aplicada es la misma que sufría cualquier persona capturada ilegalmente. Yo no fui la excepción. Las torturas de las que fui víctima fueron las mismas que recibió toda persona que cayó en manos de la inteligencia del Ejército o sus efectivos y aparatos oficiales o clandestinos, llámese soldados, policía militar ambulante, G2 o escuadrón de la muerte. Era cuestión de tiempo para que me asesinaran con tortura. Digamos que yo tuve la “suerte” de que las torturas que me aplicaron no me mataron de inmediato, como ocurrió con personas cuyos cadáveres era arrojados a la orilla de caminos, o a ríos como el Motagua, tras pocas horas de la captura ilegal.

¿Pero el hecho de ser mujer y estar en manos del Ejército supone alguna diferencia en el trato durante interrogatorios tratándose de una detención ilegal ¿cómo podemos comprender esto?

 Considero que la violencia sexual de la que fui objeto era un tratamiento rutinario hacia las mujeres capturadas ilegalmente. Los ataques sexuales son una forma de tortura especialmente aplicada a sabiendas de que el enorme daño no solo es físico, sino moral y emocional. La violación no es sexo, es violencia pura, cruel y destructiva.

Es sometimiento al soldado y poderoso, protegido por la clandestinidad de la detención y por su posición impune ante la ley. El soldado o efectivo militar que viola a una mujer secuestrada pone en práctica su adiestramiento caracterizado por la carencia absoluta no solo de conocimiento de los derechos humanos más elementales, sino de la sensibilidad más básica hacia las personas. La violación es un arma de guerra. La practican los ejércitos en todo el mundo porque es sumamente efectiva para paralizar la fuerza formadora de la vida y la conciencia a partir de la mujer, dentro de la familia. Aprendí en carne propia que estar en manos de los militares significa ser objeto de las más asquerosas, denigrantes y dolorosas formas de violencia sexual.

¿En el proceso penal desde la defensa de los acusados se ha tratado de deslegitimar su testimonio usando adjetivos como “loca” o “traidora”? ¿Cómo se siente al respecto?

El Ejército no ha dado muestras de honor y no reconocerá lo que hicieron. Han cerrado filas para ocultar la información y protegerse. Puede ser que algunos, en su fuero interno sepan que lo actuado estuvo mal, que viola leyes, que está muy lejos de los principios morales aprendidos o de sus enseñanzas religiosas. Aun así, el Ejército ha decidido guardar silencio y aunque institucionalmente no defiende a los acusados, tampoco entrega información ni hay integrantes prestando testimonio para esclarecer la verdad. No hay voluntad institucional para limpiar su nombre ni hacer frente a las consecuencias de sus actuaciones que, aunque son pasadas, fueron oficiales y sistemáticas. Imagino el conflicto ético que podrían estar atravesando oficiales del Ejército de las nuevas generaciones, que no estuvieron directamente involucrados en los actos represivos.

Me pregunto qué pueden pensar las esposas o madres, en general los familiares de los militares activos… ¿qué podrán pensar cuando ven a mi madre con su dolor por su niño? Me pregunto si logran hallar en su corazón argumentos convincentes que justifiquen el secuestro, el asesinato y la desaparición de Marco Antonio… o ¿cómo se puede explicar que la violencia sexual contra personas detenidas era parte de su “trabajo”?

Entonces, en ese marco, las acusaciones de locura obedecen a esa lógica. Intentan descalificarme como persona y como sujeta de derechos. Quieren al menos sembrar así la duda sobre mi testimonio, en el intento de “razonamiento” de que una persona loca no dice la verdad (cosa que tampoco es necesariamente cierta).

Finalmente pienso que tendría que preocuparme si quien dice que estoy loca es un profesional, un experto en la materia y que me conoce, terapéuticamente hablando y me hubiera diagnosticado. Viniendo de ellos lo tomo como un esfuerzo por ofenderme, lo cual no causa ninguna mella en mi espíritu.

Sobre las otras acusaciones de que soy traidora, que ya trabajaba para ellos o de que delaté compañeros y que por eso la guerrilla (no ellos) secuestraron a mi hermanito: respondo que no soy traidora, no delaté a nadie, no trabajé jamás para el Ejército y proclamo a los cuatro vientos y con toda la fuerza vital que fue el Ejército el que secuestró y desapareció a Marco Antonio.

¿Por qué es importante que el Estado sea tercero demandado?

Primero, porque el Estado guatemalteco en su conjunto es responsable de la actuación de sus fuerzas armadas. También es responsable de la impunidad de los actos criminales cometidos por el Ejército en los años 80.

Se quiere hacer una separación del Gobierno y el Ejército, pero todos forman el conjunto llamado Estado. El Ejército también está compuesto por funcionarios públicos, pagados con los impuestos de los guatemaltecos y por lo tanto, al servicio de la sociedad en su totalidad. En tanto es así, los ministerios a cargo de su conducción como el ministerio de la defensa, tienen plena responsabilidad en la comisión de delitos por parte de las fuerzas armadas. También es responsable un poder judicial que negó las posibilidades de aplicación de la ley y no impartió justicia durante tres décadas y media.

Lo mínimo por lo que tendría que responder el Estado, es por su incapacidad y negligencia para proteger la vida, la seguridad y la integridad física y emocional mías y de mi hermano.

Segundo, porque el Estado no ha cumplido en su totalidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En este caso, con las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad.

Estas medidas incluyen en

  • El establecimiento y revelación pública de la verdad, lo cual implica la localizar los restos mortales de Marco Antonio y su devolución a nuestra familia para darle la digna sepultura que merece todo ser humano. Asimismo que la familia pueda conocer qué le sucedió a Marco Antonio.

Asociado con este punto, la CIDH ordenó la creación de un banco de datos genéticos que faciliten la localización de las personas desaparecidas. El proyecto de ley que pretende materializar esta medida lleva años engavetado en el Congreso de la República (es la Ley 3590)

  • La justicia sobre este delito: esta se encuentra en proceso y persigue identificar, enjuiciar y sancionar a quienes resulten culpables: sean autores materiales o intelectuales.
  • Finalmente, el Estado debe asegurarse de que a quienes sean hallados culpables por los crímenes cometidos, se les obligue a reponer a favor del Estado, el monto de la indemnización que nos fue entregada a la familia por mandato de la CIDH, así como a devolverle al mismo Estado y a la familia, los costos de este proceso judicial.

¿Para usted qué significa en este momento justicia y resarcimiento?

Justicia es la posibilidad de que haya leyes y de que sean aplicadas para juzgar y castigar a quienes violan los derechos de las personas, sin distinción de ninguna clase.

Mi concepto de resarcimiento es la búsqueda de reparación del daño causado a las víctimas. Hay varias formas de resarcimiento:

En primerísimo lugar:

  • El establecimiento de la verdad. Conocer qué pasó con la víctima.
  • La aplicación de la ley. Es decir, juicio y castigo conforme al derecho, a los responsables de los crímenes cometidos.

En segundo lugar, que la sociedad conozca los hechos criminales y el daño causado. Es importante y valioso si además el reconocimiento se acompaña del compromiso estatal de no repetición. Cuando este reconocimiento parte de una voluntad general y honesta, se materializan toda clase de mecanismos institucionales y leyes en contra de una nueva comisión de los delitos, así como de acciones para resguardar la memoria histórica mediante los cuales se reconoce lo actuado y se preserva y honra la vida de las víctimas.

En tercer lugar, la reparación del daño material que trajo consigo el hecho criminal. Generalmente esto consiste en una compensación económica, contemplada en el derecho internacional. En nuestro caso, la familia recibió en conjunto US$698 mil (unos Q5 millones 235 mil). La suma es insignificante o simbólica si con ella se tratara de “pagar” por la vida de Marco Antonio o si de esta manera se quisiera compensar por los efectos físicos y psicológicos o el profundo, continuo y permanente dolor provocado a la familia, especialmente a mis padres.

Con esta suma, que fijó la CIDH, se compensó la pérdida de proyectos de vida individual y familiar, truncados cuando mis padres se vieron obligados a dejar de trabajar por buscar a Marco Antonio y luego, cuando mis padres y mis hermanas tuvieron que huir de la represión en Guatemala hacia un exilio que dejó atrás empleos, estudios y bienes familiares, fruto del trabajo de mis padres y hermanas.

En mi caso, cuando salí de Guatemala, mi equipaje era lo que llevaba puesto. Me sentí despojada de patria, familia y amigos. Mis estudios no valían nada en México ni en Costa Rica. En Guatemala me gradué como maestra, pero en otro país mi título no era suficiente para ejercer el magisterio. En México el primer obstáculo para sobrevivir era no contar ni siquiera con cédula guatemalteca, no digamos con un pasaporte. No pude acceder a empleo ni a estudios en mi condición de migrante irregular

Mis hermanas pasaron por situaciones muy similares. Ese es el tipo de daño que intenta reparar la compensación económica.

Es importante que cuente a los lectores que en el año 2004 en el marco del juicio ante la CIDH y de la condena al Estado guatemalteco por la desaparición de Marco Antonio, por medio de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), mi familia convino con el Gobierno que no se volvería a solicitar indemnizaciones adicionales en concepto de reparación del daño material. Este acuerdo no incluye una solicitud de pago de costos y gastos legales.

¿Qué espera usted de este proceso penal?

Espero que el proceso deje claridad sobre lo que sucedió. El esclarecimiento de los hechos significa que la sociedad guatemalteca reconozca que yo fui detenida ilegalmente, que sufrí violencia sexual y que fui sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Significa que reconozca que en venganza por mi fuga, mi hermanito Marco Antonio fue secuestrado, desaparecido y asesinado y que a la G2 no le importó que tuviera solo catorce años ni el dolor que causaba especialmente en mis padres. Significa que la historia se escribirá de otro modo y se podrá comprobar que las acciones contrainsurgentes del Ejército incluyeron actos criminales, aun dentro de sus represivas leyes, no digamos a la luz de los derechos humanos, que es uno de los principales logros de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial.

De hallarlos culpables, espero que los ahora sindicados, sean castigados por los delitos cometidos con todo el peso de la ley. Esto significaría que la sociedad guatemalteca decida terminar con 35 años de impunidad.

Espero que Guatemala establezca este proceso como un punto de partida, como un precedente, para que nunca jamás haya desaparecidos por razones políticas y para que se investigue el paradero de los niños y adultos desaparecidos cuyo punto de partida es la aprobación de la ley 3590.

Espero que este proceso avive la esperanza de que Guatemala fortalezca la ley y la institucionalidad de la Justicia como forma civilizada de dirimir los conflictos y que se vaya desterrando la violencia como forma imperante de relación social.

Y finalmente, espero que se materialice el gesto de justicia más importante para mi familia: la entrega de los restos de Marco Antonio para su digna sepultura. Merecemos cerrar el duelo inconcluso que nos roba la paz desde hace tres décadas y media.

Quizá algo sobre el esclarecimiento de la historia y la verdad.


Por Nelton Rivera, Quimy De Leon y Gaspar Nicolás.

 

La persecución penal en contra de las autoridades comunitarias y ancestrales no cesa en Guatemala, nuevamente fue detenido otra autoridad por una orden de aprensión que continuaba vigente. Domingo Francisco Cristóbal Francisco es una autoridad maya Q’anjob’al y líder comunitario, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- a eso de las 12: 25 del día miércoles 26 de octubre 2016 recién concluida la manifestación convocada por Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- en Huehuetenango de donde venía, ya que él forma parte de esta organización en el área norte.

 

Es padre de diez hijos e hijas y tiene 64 años, es agricultor, tiene un amplio trabajo comunitario, fue miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo – COCODE – en su comunidad y actualmente tiene el cargo de Asesor del Comité Protector del Medio Ambiente, es miembro del Gobierno Ancestral Local Jolom Konob’. Además es presidente de la organización Pro justicia en el municipio de Santa Eulalia.

 

A don Domingo se le acuso injustamente de varios delitos graves como “Plagio o Secuestro”, e instigación a delinquir, la acusación la realizaron trabajadores del Centro de Atención de Justicia CAJ de Santa Eulalia, los jueces, fiscales del MP, trabajadores del OJ, del Bufete Popular y administrativos, lo más relevante de este caso es que el Tribunal de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios resolvió que esta acusación no tenía sustento jurídico y que se apartó el Ministerio Publico de toda objetividad en la investigación, una de las resoluciones de la jueza fue confirmar que estas acusaciones solamente sirven para criminalizar a las autoridades comunitarias y que los supuestos agraviados solo mintieron en el tribunal. “Sí creo en su inocencia” 

Por esta misma causa penal ya fueron juzgados y absueltos siete autoridades comunitarias este año, pero la orden de aprensión contra otras personas siguió abierta a pesar de varios recursos presentados por el equipo de abogados que conocen esta proceso penal, a criterio del abogado Benito Morales Laynes estas ordenes de aprensión son completamente ilegales, el juez de turno y un fiscal del Ministerio Público en la capital violentó el debido proceso en el mes de abril del 2015 al emitirlas, el juez Victor Herrea Ríos no podia conocer este caso porque un juzgado en Huehuetenango ya lo estaba haciendo.

 

La detención

 

Domingo después de la manifestación se encontraba en uno de los comedores el mercado municipal donde pasaron a almorzar.  Según testigos llegaron a llamarle y le apartaron de las mujeres del grupo que le acompañaba. Quienes no lograron ver si le mostraron algún documento u orden de detención, solo le hablaron y lo subieron al vehículo particular. Él había pasado a almorzar en un comedor del municipio de Chiantla y al salir lo estaban esperando los agentes de la DEIC.

 

 

Al parecer ya existía una orden de detención en su contra en donde se le acusa de instigación a delinquir, plagio o secuestro según Causa No. 10915, fechado 25-03-2015, emanado del Juzgado de Primera Instancia Penal, del Juzgado de Santa Eulalia departamento de Huehuetenango, firmada por el abogado Otto Felipe Vásquez Vásquez Juez de primera Instancia del Municipio de Santa Eulalia.

 

Por la noche fue escuchado por un juez y luego trasladado a Huehuetenango, se sabe que durante la madrugada iba a ser trasladado a la ciudad capital, a primera hora del jueves 27 de octubre fue trasladado a la Torre de Tribunales en la ciudad capital, lo subieron al nivel 14, en la secretaria del Juzgado de Mayor Riesgo A presidido por la juez Claudette Domínguez, el juzgado no lo escucho en su 1ª. Declaración y la programaron dentro de una semana, don Domingo a medio día fue trasladado al Centro Preventivo para hombres de la zona 18, ahí permanecerá mientras la jueza lo llama a audiencia.

 

¿Quién es don Domingo Fracisco?

 

Es originario del Caserío Yula’ Is, Yal Temux (Temux Chiquito), es una autoridad ancestral junto a Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez Mateo expreso político por la misma cusa, la defensa del agua.

 

Es un defensor de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, inició con sus labores humanistas desde los 18 años de edad en el año de 1970 fue uno de los promotores de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, junto a varios líderes y autoridades comunitarias más.

 

Don Domingo fue uno de los copromotores de la creación del Centro de Administración de Justicia CAJ en el territorio Q’anjob’al, específicamente en Jolom Konob’ (Santa Eulalia), paradójicamente ahora fue encarcelado por una denuncia de los trabajadores de este centro.

 

Fue copromotor de las organizaciones “Asociación Pro-justicia” y el “Consejo Asesor Indígena” a las cuales pertenece actualmente. Al mismo tiempo es copromotor y participante activo en la reconstitución de las Autoridades Ancestrales de las naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ a través del Payxail Yajaw Konob’/Gobierno Ancestral Plurinacional.

 

Formo parte del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en el norte de Huehuetenango, fundador del movimiento social por la defensa del territorio que ahora es la representación de las Autoridades Ancestrales de Jolom Konob’ “Payxa Yajawil Jolom Konob’”

 

Copromotor de la Consulta Comunitaria de Buena Fe por el desarrollo de mega-proyectos en el territorio, llevada a cabo el 29 de agosto del año 2006, junto al héroe y mártir Q’anjob’al Daniel Pedro Mateo, conocido con cariño como Daniel Maya.

 

Durante el conflicto armado interno de Guatemala, fue objeto de discriminación y encarcelamiento por sus labores en la defensa de los derechos humanos y del territorio.

 

En el año 1982 rescató el registro civil y los documentos de administración municipal de un incendio, y en varias ocasiones en que el ejército de Guatemala intentó llevárselos, actos que le han dado reconocimiento en el pueblo por su heroísmo y determinación.

Fue el primer concejal municipal en 1982.  Su formación política y social ha sido a través de su trayectoria en las luchas sociales, participación en talleres de formación, sin embargo, a pesar de su grado académico, se ha dedicado a la lectura de numerosos libros, y es pastor evangélico.

 

Fue uno de los fundadores de la Asociación Microrregional “ACODEY” de donde surgió una academia de mecanografía y computación que brinda sus servicios en su comunidad.

 

En resumen estos son cuarenta y seis años de trabajo comunitario, liderazgo y representación de la nación Q’anjob’al que le permitieron ganarse el respeto, confianza y admiración de muchas generaciones.

 


 

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Quimy De León.

El presidente y comediante Jimmy Morales junto al vicepresidente Jafeth Cabrera y su gabinete, decidieron sorpresivamente este 20 de septiembre suspender las garantías constitucionales como la libertad de expresión, acción y locomoción, además el gobierno podría hacer compras a discreción sin necesidad de cotizaciones o licitaciones. Todo esto bajo el argumento de que por las lluvias la población corría riesgos.

Las críticas no se hicieron esperar y al día siguiente el vicepresidente anunció que sería anulado el decreto gubernamental.

Ellos fueron electos como presidente y vicepresidente en el 2015, y desde el inicio de su gestión han tenido protagonismo político ínfimo, al punto que parecía que gobernaban en el adormecimiento. Todo mundo sabe que carecían de un plan de gobierno y de equipo de trabajo.

¿Qué fue lo que pasó?

El 19 de septiembre Jimmy arremetió contra los medios de comunicación, pues se siente cuestionado, ya que en las últimas semanas había sido motivo de escándalo pues su hijo y hermano están involucrados en el caso de corrupción llamado “Botín Registro de la Propiedad” donde hay más de 17 personas en la cárcel. Jafeth Cabrera también ha sido señalado por nepotismo y crearse una nueva vida de aparente derroche.

También ha sido motivo de críticas su cercanía con militares de dudosa reputación, los intereses empresariales que están expresados en el gobierno, parte de sus funcionarios vienen del gobierno del Partido Patriota y la presencia evidente de los intereses de los Estados Unidos.

Entonces anuncian la suspensión de garantías constitucionales que serían efectivas mediante un Estado de Prevención (decreto 5-2016) con vigencia de 15 días para todo el territorio nacional. El argumento era absurdo y estaba basado en el peligro que las lluvias provocarían en particular en algunas zonas que nunca especificaron, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-.

A todo esto, la población se quedó estupefacta por la medida autoritaria y sin sentido, la pregunta sigue siendo ¿cuál fue el trasfondo para tomar una medida de tremenda magnitud?

¿Cuál ha sido la dinámica para imponer Estados de prevención y de sitio?

En Guatemala implementar Estados de Sitio o de Prevención para limitar las garantías constitucionales ha sido una medida utilizada con la finalidad de controlar y reprimir a la población. Fue una práctica común durante los gobiernos dirigidos por militares en los años de la guerra fría y las dictaduras.

La narrativa violenta a la que hemos asistido en los últimos años en Guatemala han sido de implementación del modelo neoliberal y extractivista, conocido como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2,004) que basa la necesidad de explotar la naturaleza a costa de lo que sea, principalmente del uso de la violencia. Esto ha quedado claro en diferentes lugares donde se han tratado de implementar megaproyectos como los monocultivos para la agroindustria, las hidroeléctricas, la minería a cielo abierto, plantas cementeras, petroleras entre otras.

En estos casos ha habido tres actores fundamentales en tensión: el Estado, las empresas y las comunidades. Aunque también han participado otro tipo de actores no estatales con actividades clandestinas y criminales, que no siempre ha quedado claro su papel.

El papel del Estado en esta etapa ha sido crear las condiciones para la implementación del modelo a beneficio de las grandes empresas, incluso en detrimento de si mismo, de la naturaleza y de la población. Se ha hecho uso de la fuerza pública para reprimir y crear terror a la población organizada que se niega al modelo por considerarlo nocivo. Para lograrlo han llegado al extremo de imponer Estado de sitio y/o de prevención.

Una breve mirada para atrás

La aplicación de medidas represivas como los Estados de Excepción y de Sitio que obvian incluso los marcos legales existentes, les permite actuar con eficacia y rapidez para imponer proyectos de carácter económico. En estos casos el Estado no actúa solo, también participan estructuras paralelas y privadas, relacionadas con las empresas. Algunos ejemplos ocurridos en la historia reciente:

  • 2014 Estado de Sitio en San Juan Sacatepéquez durante el gobierno del Partido Patriota para imponer un proyecto cementero de Cementos Progreso S.A. y la construcción del anillo regional al que la población organizada se oponía.
  • 2013 Estado de Prevención San Rafael Las Flores durante el gobierno del Partido Patriota para beneficiar a la minera San Rafael.
  • 2012 Estado de Sitio en Barillas durante el gobierno del PP para beneficiar una hidroeléctrica española que buscaba imponerse pese a la oposición de más de 300 comunidades.
  • 2011 Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez durante el gobierno de la UNE dirigido por Álvaro Colom a beneficio de la empresa Cementos Progreso que buscaba implantarse en el municipio pese a la oposición de 12 comunidades.

 

En todos los casos la implementación de Estados de Sitio tuvo como objetivos al menos estos tres:

  • Defender los intereses económicos empresariales
  • Profundizar el proyecto militar de control y terror
  • Debilitar, neutralizar y desarticular la organización u oposición al este modelo.

El Estado en estos casos echó mano del ejército, policía nacional civil y policía privada para reprimir directamente. Esto permitió detenciones injustas e ilegales de muchas personas con lo cual se requirió la participación del Ministerio Público y Organismo Judicial. También hubo personas asesinadas y otras perseguidas y reprimidas. Por si fuera poco la población tuvo que vivir durante los Estados de Sitio o prevención persecución, hostigamiento, “listas negras”, división y control comunitario, abuso sexual hacia las mujeres, control físico y psicológico, allanamientos de casas, desplazamiento forzado entre otras.

Además, el sistema de justicia y los tribunales ignoran la responsabilidad del Estado, los  cuerpos de seguridad y paramilitares en los hechos violentos y la arbietrariedad en la aplicación de este tipo de medidas.

 Lo que nos espera

La aplicación del Estados de Prevención que decretó este gobierno es una forma de violencia política que significa censura, represión y control. Ya que se querían permitir el uso de la fuerza para reprimir cualquier forma de manifestación y crítica.

Lo extraño es que hasta este momento del gobierno no ha habido manifestaciones públicas ni oposición abierta desde organizaciones sociales a su gestión. A excepción de las organizaciones territoriales y comunitarias que se mantienen en alerta permanente por el asedio de la industria extractiva y los cobros excesivos de energía eléctrica por mencionar algunas. Lo que si ha habido es cuestionamientos evidentes, críticas e investigación desde algunos medios hacia la gestión débil y la evidente voracidad personal con que inician su gestión y manejan su posición de poder y acceso a recursos.

Parece ser que con este Estado de prevención habían encontrado una salida para resolver su propia crisis, resultado de la incapacidad para llevar la gestión y la opinión pública frente a los señalamientos de corrupción prematura.

Buscaban torpe y autoritariamente fortalecerse mediante el control del orden público, metiendo miedo y logrando evitar la crítica abierta y la investigación hacia los ya evidentes malos manejos.

Dado el ambiente que estamos, no deja de parecer también una medida para hacer negocios sin control, ya que como vimos la aplicación de medidas extremas como los Estados de Prevención siempre hay intereses económicos de fondo.

No deja de llamar la atención el silencio de La Embajada de los Estados Unidos, tan preocupada últimamente por la calidad de nuestra democracia. ¿Estaría enterada de lo que se iba a producir? Quién sabe.

En definitiva, con esta acción podemos empezar a comprender el tipo de régimen que pueden llegar a ser con Jimmy Morales y Jafeth Cabrera al frente y el uso de la violencia que pueden llegar a utilizar.

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Fotografía de Nelton Rivera.

 


La desaparición forzada en Guatemala durante los años más duros de la guerra es hoy un grave problema. Más de 45 mil personas se estiman están desaparecidas entre ellos niñas y niños, Marco Antonio Molina Theissen de 14 años es uno de ellos.



Marco Antonio, el niño que aún escribe en al aire – VIDEO –

Esta es la historia del niño Marco Antonio Molina Theissen contada por su hermana Ana Lucrecia, quien recuerda la alegría, las ocurrencias y los juegos de su hermano menor.
En octubre de 1981, cuando él era un niño de 14 años, miembros del ejército de Guatemala llegaron a la casa de la familia, lo secuestraron pese a los ruegos de su madre y lo desaparecieron.
Su hermana Emma, había sido detenida ilegalmente en un retén del ejército en la carretera hacia el Occidente del país. Ella logró escapar tras nueve días de cautiverio en la zona militar de Quetzaltenango, donde fue torturada y violentada sexualmente. Unas horas después, tres agentes de inteligencia militar irrumpieron en la casa familiar. Al no hallar a Emma, tomaron a Marco Antonio como rehén, en un cruel acto de venganza.
En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco por este hecho que consideró un castigo contra la familia por su lucha a favor de las libertades democráticas y los derechos humanos en Guatemala.
El 6 de enero del 2016, la lucha familiar y social por verdad y justicia para Marco Antonio fructificó en la acusación legal y captura de cinco militares, dos de ellos estrategas de la guerra sucia en Guatemala en los años 80.  Uno, además, vinculado hoy con el crimen organizado. Actualmente, guardan prisión en espera de juicio, acusados de crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos.
35 años después ¿Dónde está Marco Antonio?
#JusticiaParaMarcoAntonio

 


Fotografía de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

Don Oscar Sánchez es una autoridad maya ancestral del pueblo Mam de San Marcos, fue detenido recientemente por una orden emitida por un juez de San Marcos, fue detenido el día 4 de agosto a las 11 de la mañana de forma arbitraria y permaneció en prisión durante 7 días sin que el juez lo escuchara durante una audiencia de primera declaración.

Juan Castro abogado de la autoridad ancestral  en una entrevista vía telefónica confirmo el resultado de la audiencia de primera declaración, fue hasta este jueves 11 de agosto 2016, cinco días de su detención que el juez de Malacatán San Marcos el señor Juan José Barrientos Prillwitz realizara esta audiencia, la autoridad ancestral fue ligada a proceso por el delito de “Plagio o secuestro” por un hecho ocurrido el 22 de enero 2015 a requerimiento de la fiscalía de Crimen Organizado del Ministerio Público y de la representante de la empresa HidroSala la abogada Gilda Isabel Aguilar Rodríguez es fiscal del MP.

En el departamento de San Marcos la presencia de empresas que buscan instalar una serie de represas e hidroeléctricas instalaron una fuerte problemática social en las comunidades en donde sus intereses se establecen.

Este es el caso de la Finca Argentina en San Pablo San Marcos, uno de los lugares en donde la empresa Hidrosalá busca construir una hidroeléctrica a pesar de la fuerte oposición de la mayoría de la población.

El Ministerio de Energía y Minas MEM  le ha brindado mucha atención a la construcción de la hidroeléctrica, incluso ampliando el periodo de construcción en 2015 luego que la empresa viera imposibilitada esa tarea, especialmente durante la administración del empresario Erick Archila como ministro, ahora prófugo de la justicia guatemalteca.

Durante esta audiencia de primera declaración con la presencia de la abogada Gilda Aguilar quedo evidenciado nuevamente que la estrategia de judicialización por parte de la empresa y el MP va en la línea de imputar el delito de plagio o secuestro por hechos en donde hay una participación masiva de personas, la empresa busca criminalizar a las autoridades ancestrales del pueblo maya Mam de San Marcos y la movilización comunitaria opuesta a las hidroeléctricas.

La empresa en años anteriores ya logro que diez personas de San Pablo San Marcos fueran encarceladas por defender el agua y a las comunidades, entre estas una mujer, considerados todos como presos políticos del Estado guatemalteco.

¿Quién es la abogada de la empresa HidroSalá?

La abogada de la empresa hidroeléctrica tiene antecedentes recientes de actuar de forma anómala cuando fue fiscal del MP, es una persona que se caracteriza por violentar expedientes y procesos judiciales, además de mentir insistentemente, como se muestra en el artículo “Gilda, la mentirosa”. [1]

La ex fiscal del MP, para beneficiar los intereses de otra empresa hidroeléctrica en Barillas Huehuetenango; Ecoener Hidralia Energía una empresa de Galicia España que opera con la imagen de Hidro Santa Cruz en el país.

A partir de una serie de actuaciones y denuncias realizadas por el empresa en Barillas, la ex fiscal a través de su intervención realizo una audiencia de prueba anticipada con un comunitario de Barillas detenidos quien acepto estando en prisión el respaldo de la Hidro Santa Cruz, con una audiencia de prueba anticipada en Huehuetenango Gilda Aguilar logro otras 10 órdenes de aprensión contra otros representantes del movimiento social de Barillas y de las comunidades.

Esta actuación fue revertida pero quedo abiertamente evidenciado el papel de una ex fiscal del MP al servicio de las empresas; como se muestra en el artículo ¿Qué es lo que realmente ocurrió con doña Gilda Aguilar?[2]

También la abogada y representante de la Liga Pro Patria se vio en medio de una acusación en contra de Monseñor Alvaro Ramazzini a quien acusó de intimidaciones y otros delitos, de la misma manera en contra de Daniel Pascual representante del Comité de Unidad Campesina CUC.[3]

[1] Plaza Pública. Iduvina Hernández. Plaza pública, Sábado 22 de Febrero de 2014.  http://www.plazapublica.com.gt/content/hilda-la-mentirosa

[2] Santiago Bastos Amigo. Barillas Resiste, 21 noviembre 2012. http://barillasresiste.wordpress.com/2012/11/21/que-es-lo-que-realmente-ocurrio-con-dona-gilda-aguilar/

[3] Siglo 21. Accionaran contra Daniel Pascual. http://www.s21.com.gt/nacionales/2014/10/06/accionaran-contra-daniel-pascual.


Por: Nelton Rivera.

Nuevas amenazas contra la integridad de Aura Lolita Chávez, fueron realizadas públicamente en el parque central del Quiché en una concentración en apoyo al INAB.

Aura Lolita Chávez es una mujer maya Kiché que forma parte del Consejo de Pueblos Kichés CPK, es una mujer fuerte que ha sabido representar los intereses del pueblo maya Kiché y la organización de las comunidades.

Una de las luchas que el CPK que ha realizado durante muchos años es la defensa de los bienes naturales del departamento, la instalación de empresas extractivas ha generado una fuerte problemática social en los últimos años. Recientemente las comunidades se organizaron para denunciar la tala inmoderada e ilegal de los árboles en el departamento, algunos camiones de empresarios madereros que se dedican a la extracción ilícita fueron detenidos por la organización comunitaria.

Esta lucha despertó el descontento de empresarios y representantes de los programas del INAB, quienes dirigen una campaña de difamación y odio contra la líder comunitaria.

La tala inmoderada e ilegal de los arboles

Las autoridades gubernamentales nada han hecho frente a las múltiples denuncias hechas por las autoridades comunitarias, instancias como el Instituto Nacional de Bosques INAB lejos de jugar el rol que le corresponde en promover el manejo y cuidado de los bosques se ha visto envuelto en denuncias de corrupción al facilitar la tala ilegal de los bosques.

El día 4 de julio del 2016 fueron trasladadas personas de distintos lugares del departamento para manifestarse en el parque central de Quiché, en un acto abiertamente en apoyo al INAB, varios oradores con un mensaje violento amenazaron en reiteradas ocasiones a Lolita Chávez.

En distintos momentos se escucharon consignas en defensa del INAB en el departamento, durante la duración del mitin los mensajes subieron de tono a un nivel amenazador promoviendo un mensaje de odio contra la líder comunitaria.

Las amenazas contra Lolita Chávez

“Denme una I, denme una N, denme una A, denme una B… que dice INAB, mas fuerte INAB” se repetía por un grupo de personas que llegaron hasta el parque central.

“Que se vaya o que se quede… que se vaya! Y quien se va a ir del departamento? Lolita Chávez! Repetían una y otra vez promovidos por una persona que dirigió buena parte de los mensajes contra la Lolita Chávez.

En otros momentos los señores Jorge Quezada representante de regentes forestales, Vitalino Muchuch, representante de Silvicultores y Benedicto Pérez Azañon, representante de la RED PINPEP fueron algunas de las personas que haciendo uso de un sonido, lanzaron serios mensajes en contra de la líder comunitaria, insultos, amenazas, difamación y expresiones misóginas fueron la constante de estas personas.

Los tres señores que arengaron mensajes de odio hacia Lolita Chávez y varias amenazas, fueron los mismos que introdujeron una nota en la casa de ella, citándola a una reunión de dialogo junto al gobernador departamental del Quiché, Clemente de León a las 11 de la mañana en el salón de reuniones en el segundo nivel del banco BANRURAL.

Distinto al carácter de la nota, los tres personajes Jorge Quezada, Vitalino Muchuch y Benedicto Pérez Azañon se encontraban en el parque central lanzando amenazas públicamente contra la representante del CPK.

Agresiones en el Parque Central de Quiché promovidas por INAB

Video agresiones contra Lolita chavez

Estas son imágenes de algunas de las personas que hicieron uso del sonido durante la movilización organizada en contra de Lolita Chávez.

 

Que está pasando con la tala ilegal de bosques

Recientemente la última semana del mes de junio, varios camiones que transportaban madera talada ilegalmente en el departamento fueron detenidos por las comunidades, tal es el caso de un camión propiedad de Oscar Montealegre, quien acusó públicamente que la organización comunitaria recibe financiamiento de organismos internacionales para realizar las manifestaciones.[1]

El día 23 de junio varios periodistas que cubrieron el caso de uno de los camiones que transportaba madera y que fue detenido por la población se trasladaron hacia el municipio de Chichicastenango  buscando entrevistar a los representantes de los programas del INAB y a representantes del mismo instituto, ese mismo día realizaban una actividad en ese municipio, y los periodistas buscaban entrevistarlos sobre los camiones que transportan madera de manera ilegal. Al llegar a la altura del Km 153, en la Aldea Lemoa, rumbo a Chichicastenango desde una camioneta agrícola realizaron un disparo al pasar a un costado del vehículo que transportaba a los periodistas, así lo narro Héctor Cordero de Guatevision.[2]

[1] Entrevista realizada por el Canal 4 Quiche a empresario maderero. 23 de junio 2016.

[2] Entrevista realizada por el Canal 4 Quiche a periodistas que sufrieron de agresión. 23 de junio 2016.


 

La jueza Claudette Domínguez de forma contundente en la sala de audiencias en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, se dirigió a todas las personas en la sala: “nadie es superior a la justicia”.

Estas seis palabras encierran mucho para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes llevan un año con tres meses en prisión. La resolución de la jueza en esta audiencia les demostró todo lo contrario: los operadores de justicia sí están por encima de la justicia.

Personas como Rigoberto Juárez trabajaron por muchos años para que el sistema de justicia guatemalteco reconociera el papel que juega el sistema de justicia indígena, incluso la fundación del Centro de Administración de Justicia (CAJ) para descentralizar y atender de forma directa las necesidades de ocho municipios indígenas en el norte de Huehuetenango fue el resultado de muchos años de trabajo de los pueblos indígenas en el país. Hoy, los mismos operadores de justicia, entre ellos la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), irrespetan y violentan el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y resolución de los conflictos en estos territorios, criminalizándolos y castigándolos por hacerlo.

“Esto sienta un mal precedente para un supuesto modelo democrático de justicia en el país, especialmente para el pueblo maya, suman ya más de 492 años que hemos padecido de esto, eso es sumamente sintomático, los grupos económicos de poder no permiten que hayan reformas a la justicia, menos el reconocimiento del sistema indígena. Nosotros tenemos que llevar este tipo de sufrimientos con tal que nuestra situación se aclare, llevamos 15 meses de estar en prisión sin que el MP tenga pruebas que demuestren que nosotros somos culpables de algún delito”. Rigoberto Juárez.

Luego de cuatro meses de espera, la jueza pudo realizar la audiencia de presentación del acto conclusivo, en la que finalmente estuvieron presentes todos los querellantes. A la fiscalía de Derechos Humanos del MP no le quedó otro camino que presentar su investigación, de esa forma, el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino presentó la acusación por los delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir.

Litigar de forma maliciosa no es una acción exclusiva de los abogados. La fiscalía del MP permitió que los querellantes realizaran una serie de acciones que bloquearon las audiencias, como no presentarse en reiteradas ocasiones, obligando al tribunal a suspender y reprogramar durante cuatro meses la misma audiencia. Con esto evitaron que esta etapa se realizara desde febrero de 2016, retardando el proceso y prolongando el castigo en prisión para las dos autoridades ancestrales.

La jueza resolvió en la tarde del 8 de junio la apertura a juicio oral y público por estos tres delitos. Ahora un tribunal de sentencia deberá conocer este caso con un plazo de 10 días. Específicamente será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A.  Rigoberto Mateo y Domingo Baltazar seguirán en el Preventivo de la Zona 18 mientras dure el juicio. Lo más preocupante es que el MP pretende activar la tercera causa penal contra Rigoberto Juárez.

Elnaño pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció la existencia de 20 denuncias en su contra. De algunas de ellas, no se puede ubicar en qué fiscalía se realizaron. Detrás de todas estas denuncias podrían estar varias empresas con intereses en megaproyectos en Huehuetenango.

Litigio malicioso

La audiencia inició a las 14:00 horas del 8 de junio de 2016. Se realizó en esa fecha debido a que Diego Marcos Pedro, alcalde de Santa Eulalia y querellante en el proceso no se presentó el 19 de mayo, ni tampoco lo hizo su abogado. Una audiencia anterior a la del 19 de mayo también fue reprogramada debido a la ausencia de otro querellante, Pascual Tiu Zapeta, director de CAJ de Santa Eulalia.

Las inasistencias de ambos querellantes en nada incomodan al MP, al contrario pareciera que se alternaron entre ellos para evitar que las audiencias se realizaran. Para los abogados defensores, este comportamiento responde al ejercicio del litigio malicioso de los querellantes, sus abogados y el fiscal.

Iniciada la audiencia a las dos de la tarde, la jueza permitió que las dos autoridades comunitarias se sentaran junto a sus abogados y no dentro de la carceleta, como lo hicieron en las audiencias anteriores. En la sala del tribunal estuvieron sus esposas, Juana Méndez y Juana López Francisco. Desde Santa Eulalia llegaron también varios de sus familiares, observadores de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y la oficina la OACNUDH.

La audiencia duró tres horas. Al terminar quedaban pocas personas en la Torre de Tribunales, un edificio de 15 niveles del cual los pasillos quedan abandonados después de cierta hora, y solo el movimiento en el juzgado de turno da cuenta de lo que sucede durante la noche y madrugada, cuando ingresen más personas detenidas por cualquier delito.

¿Es el MP objetivo en su investigación? 

Maynor Aguilar Bernardino es el fiscal del MP que atiende los procesos en contra de la mayoría de presos políticos de Huehuetenango. Pertenece a la unidad de delitos contra operadores de justicia adscrita a la unidad especial de derechos humanos del MP.

Es un abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 2004[1]. Con el título de profesional, aplicó ese mismo año a la convocatoria de plazas para la carrera judicial[2]. De 2010 a 2012 trabajó en la unidad distrital del departamento de Suchitepéquez[3].

Este fiscal rechazó dos de los tres peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez con el argumento de que hablaban sobre el contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango. Según el fiscal, este tema está fuera de lugar, ya que no explica específicamente los hechos sucedidos en el CAJ el 19 de marzo de 2015. Por otro lado,  rechazó que dos autoridades ancestrales se presentaran durante el juicio oral y púbico para atestiguar y confirmar que Rigoberto Juárez era una autoridad ancestral, y que por lo tanto tiene un papel importante que jugar frente a momentos complicados como los que se viven en esa región.

Aguilar Bernardino rechazó que se incorporara como medio de prueba un documento utilizado por él y la fiscalía del MP como base de sus investigaciones. El documento se titula: Informe Estructura Criminal Conflicto Social Huehuetenango. Mayo 2014. Este fue elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz y entregado por el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro al fiscal Aguilar Bernardino en 2014 y este la introdujo ilegalmente a la fiscalía de Operadores de Justicia del MP.

En este documento se identifican como delincuentes o criminales a los principales líderes comunitarios del territorio norte de Huehuetenango. Entre ellos Rigoberto Juárez, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro; todos están actualmente detenidos mientras que el resto de líderes y lideresas tienen órdenes de aprehensión.

¿Qué objetividad pueden tener las investigaciones del MP, si basa su investigación en documentos elaborados extrajudicialmente por el abogado de una empresa?

Lo curioso es que en esta misma fiscalía del MP, no avanza ninguna de las investigaciones en contra del exalcalde Diego Marcos Pedro y otras personas afines a él por muchos delitos cometidos en los últimos años, específicamente por los hechos ocurridos entre el 19 y 20 de febrero de 2015: un atentado armado, amenazas de muerte, el asesinato de un joven comunitario, el secuestro de una mujer perteneciente al Cocode a quien había amenazado con desnudarla y arrancarle el pelo en medio del parque central, frente a cientos de personas, por oponerse a la hidroeléctrica. Además también se le atribuye el cierre ilegal y violento de la radio comunitaria, y el hecho de que varias personas fueron golpeadas. En fin, se trata de un personaje que, tras un año de haber sido denunciado por delitos graves, se presenta en un tribunal de mayor riesgo en la ciudad capital con total impunidad y en coordinación con el MP.

Fiscal Maynor Aguilar Bernardino.

Otra vez se le niegan los derechos

La jueza en su resolución aceptó la petición del MP de negar varias de las pruebas testimoniales y peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez, pero a solicitud del MP sí acepto a los 26 testigos, todos trabajadores del CAJ: abogados del Bufete Popular, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces del Organismo Judicial y  fiscales del MP, entre otros.

La resolución de la jueza a las cinco de la tarde causó un acalorado debate con el abogado Benito Morales, quien la rechazó a través de un recurso de reposición parcial, por considerar que la jueza estaba afectando de forma directa los derechos de defensa Rigoberto Juárez, al dejar fuera pruebas testimoniales y documentales importantes para probar la tesis de su defensa. Pruebas que sí fueron aceptadas en otra causa penal vinculada a los procesos penales contra los presos políticos de Barillas, en donde también están involucrados varios de los querellantes de esta causa penal.

La discusión entre la jueza y el abogado Morales se agravó cuando él solicitó a la juzgadora que le permitiera a Rigoberto Juárez manifestarse en la audiencia, un derecho que se garantiza para los sindicados, esto por la alusión hecha por el abogado de Diego Marcos Pedro, quien lo señaló de forma directa. La jueza se negó a darle la palabra.

Finalizada esta etapa en este juzgado será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A quien confirme la fecha de apertura a juicio para las dos autoridades ancestrales. Mientras todo esto sucede, deberán seguir en prisión preventiva. La primera semana del mes de julio se abre el juicio oral y público para Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, líderes comentarios de Barillas.

Al final de la tarde, la audiencia terminó. Los agentes del sistema penitenciario trataban apurados de retirar a las dos autoridades ancestrales fuera da la sala y llevarlos al sótano para esperar el traslado al Centro Preventivo de la Zona 18.

Así finalizó un proceso que deja más cuestionamientos sobre la objetividad del fiscal, que certezas para los ciudadanos para creer en el sistema de justicia guatemalteco.

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[1] Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Biblioteca Central – Sección Tesis 5to. Nivel – Item: 4701227184.

[2] Diario de Centro América DCA. MINISTERIO PÚBLICO CONVOCATORIA No. 01-2004 TRIBUNAL DE ONCURSO MINISTERIO PÚBLICO LISTA DE MERITO. Año 2004.

[3] Organismo Judicial. Expediente 108-2010. Sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Rethalhuleu. 6 de octubre 2010.


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Fotografia de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

… uno como ser humano, como persona que no tengo que ver en nada con estos problemas, desde el año pasado cuando di mi primera declaración afirme que no tengo participación en ningún delito por los que se me acusa, están jugando con mi dignidad. Quienes me acusan como el Sr. Diego Marcos Pedro desde el año pasado nunca ha presentado nada, no entiendo que intereses lo mueven para hacerlo, para acusarme. Él es el verdadero culpable de los hechos que ocurrieron el 19 de enero, de verdad no entiendo qué tipo de justicia hay en este despacho.” Domingo Baltazar.

En la causa penal que enfrentan Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar la juez Claudette Domínguez a solicitud de la fiscalía de derechos humanos del MP, decidió que ambos deben permanecer en prisión preventiva,  porque considera la juzgadora, que personas como ellos, que son reconocidas, que tienen honorabilidad, que tienen mucho liderazgo en las comunidades, podrían poner en riesgo la “seguridad” de los trabajadores del Centro de Administración de Justicia –CAJ-.

Jueces, fiscales del MP, abogados de la defensa publica, administrativos, agentes de la Policía Nacional Civil, entre otros, a pesar que todos desde el 20 de enero 2015 se encuentran  trabajando en el complejo de justicia de la ciudad de Huehuetenango a casi 300 kilómetros de Santa Eulalia.

Los delitos por los que fueron ligados a proceso no ameritan la prisión preventiva según el código procesal penal guatemalteco, a criterio de la juzgadora y del MP sí, de esa cuenta ambas autoridades comunitarias permanecen en el sector 13 del preventivo, mientras este proceso penal se sigue prolongado, son 452 días o un año dos meses de prisión, entre audiencias que se suspenden, se reprograman, y que finalmente no se realizan.

***

Entre audiencias que se suspenden

El 19 de mayo 2016, debió realizarse la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba, en la sala del nivel 14 de la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala, nuevamente no se encontraba el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni su abogado, uno de los oficiales del tribunal se acercó para explicarles a los abogados de la defensa, al fiscal del MP, al secretario del CAJ y su abogado que la audiencia de nuevo no se podría realizar porque no se había presentado uno de los querellantes.

Los abogados de la defensa Juan Castro y Eduardo De León, solicitaron que la juez se presentara a la sala, hasta ese momento Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar mantenían un semblante de tranquilidad, sus sonrisas con el público a través del grueso cristal de la carceleta eran evidentes, algunos de sus familiares, sus esposas y amigos les acompañaban en la sala.

La juez anunció que la audiencia se iba a suspender, el semblante de Rigoberto y Domingo cambió, era más que evidente el enojo y la frustración por la noticia,  no les toma por sorpresa, pero el juego perverso de los querellantes y del mismo MP les molesta.

***

Litigio malicioso

“Vemos un claro acto de mala fe en nuestra contra, obviamente la fiscalía no tiene pruebas de los hechos por los que se nos acusa, es decir no hay delitos. Aquí lo que es claro es la persecución política por el simple hecho de denunciar los actos de la violación de nuestros derechos como pueblos indígenas, como población maya Q’anjob’al en el territorio norte de Huehuetenago.” Rigoberto Juárez Mateo.

Para los dos abogados directores de la defensa de las dos autoridades comunitarias, es evidente que las constantes inasistencias de los querellantes, incluso del MP, responden a la práctica del litigio malicioso por retardar el proceso, por seguir castigando a las dos sindicados y mantenerlos en prisión.

“vemos una clara acción de retardo y litigio malicioso del bloque que está acusando a mi patrocinado, casi estoy seguro que el lic. Pascual Tiu Zapeta será el siguiente en faltar a la audiencia, porque se turnan para retardar el proceso…” Juan Castro, abogado defensor.

El 12 de abril 2016, la audiencia ofrecimiento de medios de prueba no se realizó, esto debido a que la juez decidió suspender la audiencia porque el licenciado Pascual Tiu Zapeta director del CAJ de Santa Eulalia no se presentó al tribunal, tampoco lo hizo su abogado José Luis Chan Chamalé, y no existió una excusa.

La audiencia previa al día 12 de abril, se suspendió porque otro de los querellantes, Diego Marcos ex alcalde municipal de Santa Eulalia tampoco se presentó, la juez Domínguez suspendió la audiencia programándola para el 12 de abril.

El 19 de mayo 2016, nuevamente estaba programa la misma audiencia de ofrecimiento de prueba y nuevamente el ex alcalde Diego Marcos Pedro no asistió a la citación en el tribunal, tampoco lo hizo su abogado Luis Felipe García a pesar que fueron notificados por el tribunal.

La juzgadora reprogramó nuevamente la misma audiencia para el día 8 de junio 2016, cuatro meses se ha dilatado el proceso. La juzgadora aclaró que el ex alcalde Diego Marcos no responde a ninguna de las llamadas telefónicas hechas por los oficiales del tribunal y que en el expediente no existe otro medio para localizarlo. El fiscal Mynor Aguilar Bernardino un año dos meses después acreditó ante el tribunal otros dos números de celular con los que él tiene comunicación con el ex alcalde.

De no presentarse nuevamente el querellante junto con el abogado Luis Felipe García el tribunal de mayor riesgo iniciará un proceso disciplinario ante el Tribunal de Honor y Disciplina del Colegio de Abogados, como una medida por las reiteradas inasistencias a las audiencias en este tribunal.

 

 
Juan Castro y Eduardo De León, abogados defensores
 
Maynor Aguilar Bernardino (MP), Pascual Tiu Zapeta y José Luis Chan Chamale.
 
 
 
 
 

 


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En la aldea de Pojom en San Mateo Ixtatán están ocurriendo muchas hechos violentos desde que la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) inició sus actividades. Como en otros lugares del norte de Huehuetenango, los medios corporativos representan a pueblos completos y sus problemáticas y demandas de una manera tergiversada.

Para comprender mejor lo que ha ocurrido en los últimos años en esta comunidad, Francisco Simón Francisco ha entrevistado a autoridades y a vecinos, ha consultado documentos y ha reconstruido el proceso para quienes leen Prensa Comunitaria y les interesa comprender las compleja realidad que vive el país.

Este es el primero de cuatro reportajes sobre la realidad que se vive en comunidad de Pojom, desde sus protagonistas. En este caso que presenta a la aldea Pojom y muestra cómo se realizó la Consulta Comunitaria y como todo el mundo actuaba de forma conjunta.

1.  La Consulta Comunitaria:
Unidad social en la comunidad

 

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Consulta comunitaria en Pojom, San Mateo Ixtatán, 21 de mayo 2009

Por: Francisco Simón.

 

La aldea Pojom, su realidad actual

Pojom es una de las 59 aldeas del municipio de San Mateo Ixtatán. Con sus 4200 habitantes, de todas sus comunidades es la más grande de  la zona Norte del Municipio. Limita al norte con la frontera de México y al este con el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Es la única aldea de San Mateo formada totalmente por población Q´anjob´al, de origen en Jolom Konob´ (Santa Eulalia). Su agricultura se basa en el cultivo del café y cardamomo como principal ingreso local y familiar. La mayoría de la comunidad se dedica al cultivo de maíz y el frijol, por eso el agua es fundamental para una sociedad agricultora.

La economía de la aldea también se sustenta por las remesas familiares que ingresan constantemente, resultado de varias décadas de migración forzada hacia México, los Estados Unidos y la capital. Cientos de ellos están asentados en Playa del Carmen, Quintana Roo, México y  en diferentes estados de los Estados Unidos, en un primer momento migraron por la represión del Estado durante la guerra, luego las condiciones de pobreza fueron el detonante para continuar migrando.

Las comunidades manifiestan la ausencia de una política pública del Estado que atienda sus necesidades sociales. El centro de Salud denominado Casa Materna “Clínica Vivir en Amor” fue construido en 2006, y buena parte del personal es pagado por una institución de Bélgica. El Instituto Básico comenzó a funcionar en el año 2009 también fue construido con apoyo económico de personas belgas. Aunque es un Instituto Básico Nacional no  cuenta con maestro presupuestado por parte del Estado. Los cuatro maestros que atienden a los  92 alumnos trabajan por contrato.

Pojom cuenta con escuelas para el nivel primario, pero desafortunadamente los 14 maestros presupuestados son insuficientes para la necesaria formación académica de los 670 niños que acuden a ellas y la presencia del Estado representada por la fuerza pública no garantiza la seguridad ciudadana.

 Lo que la guerra gana, la gente pierde

Durante el periodo que más afecto la región durante conflicto armado ocurrido fue durante los años de 1980 a 1982, de los 36 años que ésta duró, la aldea sufrió una crisis social por la represión del Estado guatemalteco encabezado por la fuerza militar en compañía de los comisionados. Hubo siete desaparecidos, torturados y asesinados por su supuesta vinculación con el Ejército Guerrillero de los  Pobres EGP, una de las guerrillas que surgió en el país.

Después de que fueron desaparecidos sus esposas fueron violadas por comisionados militares. Debido a las circunstancias que ocurrían en esa época decenas de personas tuvieron que asilarse en el Estado de Chiapas México, huyendo de las listas de los comisionados y oficiales S2, también huyendo de las masacres. Varios de ellos retornaron para recuperar sus tierras en Pojom y otros se quedaron en Chiapas debido al miedo, temor y esa vivencia de terror que vivieron durante la guerra.

En la situación que se vive en la actualidad, con represión y criminalización –como describiremos en otra entrega de esta serie- hay gente que reconoce las situaciones se siguen dando. Recuerdan que el ejército y los comisionados militares los acusaron como guerrilleros. Hoy en la actualidad los comunitarios son insultados, son considerados como “bochincheros”, y acusados de “guerrilleros” por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica en la región de Ixquisis. Muchas veces considerados como  “tapacaminos“ solo por oponerse a la militarización en la región y otras veces como “locos” según la empresa porque nada quieren y porque según esta que ellos no quieren desarrollo.

El ejército nunca se desmovilizó de esta zona, a pesar de la firma de los acuerdos de Paz en 1996, en la aldea de YixKisis volvieron a instalar el destacamento militar, el mismo que funcionó durante el conflicto armado, en ese mismo lugar la empresa PDHSA tiene sus instalaciones y ahí mismo esta el destacamento militar, protegen a los trabajadores de la empresa, los comunitarios denunciaron que incluso tienen conocimiento de un grupo paramilitar que actúa para dañar a los vecinos opuestos a la hidroeléctrica y nada hacen para detenerlos.

La Consulta Comunitaria: características históricas y legales.

Desde el año 2005, los pueblos indígenas, dueños legítimos de sus tierras, se levantaron en resistencia ante las amenazas del capitalismo implementado por capitales transnacionales y apoyados por las instituciones del Estado con mecanismos de despojo, criminalización, impunidad y la división comunitaria. Las comunidades indígenas y mestizas pobres y los pueblos se mostraron dispuestos a defender lo que les queda de sus territorios y sus derechos con los mecanismos que la historia, la legalidad y su propia voluntad les proporcionan. [1]

Ante estas estrategias de las empresas y el Estado, los pueblos indígenas y mestizos, se organizan con el respaldo de sus autoridades ancestrales, municipales y basándose en el marco de la legalidad garante de sus derechos fundamentadas en el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas[2], en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Código Municipal y en la Ley de Consejos de Desarrollo. Estas leyes y convenios establecen la obligación del Estado guatemalteco de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los medios de vida, el territorio y la cultura de los pueblos.

Más de 80 consultas se han realizado desde el año 2005 hasta el 2016, siendo uno de los mecanismos de información, consulta y toma de decisión que las comunidades y pueblos siguen ejerciendo para enfrentar la imposición arbitraria e ilegitima de las empresas, gobiernos y grupos económicos vinculados al modelo extractivo.

La Consulta en San Mateo Ixtatán

Andrés Alonso Pascual, originario de la aldea Bulej, maya-hablante Chuj, fue alcalde municipal de San Mateo Ixtatán entre 2004 a 2008 por el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG y posteriormente por el mismo partido en el periodo 2008-2012.

Parte de su gestión como alcalde fue la organización municipal para la Consulta Comunitaria con los habitantes de las 59 aldeas y 7 caseríos que conforman el Municipio. Se llevó a cabo un día jueves, 21 de mayo del año 2009 y participaron 25,646 personas, el resultado fue contundente, el 99% de la població rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos.

El alcalde municipal no estaba de acuerdo para la explotación de los recursos naturales, mucho menos para la autorización de hidroeléctricas transnacionales en el municipio, según él porque la ideología de su partido no compartía los intereses empresariales, a menos que las empresas fueran administradas por la comunidad. Se organizó junto a las comunidades para oponerse a la presencia de empresas mineras e hidroeléctricas en territorio Chuj.

Motivó a  las comunidades a organizarse. Las comunidades aceptaron el mandato del señor alcalde municipal, le dijeron que está bien y le dieron importancia a la organización para la consulta de la buena fe. El día de la consulta comunitaria todos dijeron “NO A LA MINERA, y “NO A LOS PROYECTOS TRANSNACIONALES” en el territorio Chuj.

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¿Cómo fue la Consulta en Pojom?

En la aldea Pojom la consulta comunitaria fue organizada por el alcalde municipal junto al señor Nicolás Francisco Tomás Gaspar, ex comisionado Militar, Presidente del COCODE, Presidente Regional y Representante de la Región ante el COMUDE, acompañado por la coordinación y apoyo de los maestros de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pojom.

La gente de la aldea relata que la consulta fue iniciativa del señor alcalde municipal para impedir la entrada de las empresas petroleras, mineras e hídricas en el territorio Chuj. Mostraba el rechazo rotundo de las comunidades ante la explotación minera en su territorio, en especial en la región Norte de San Mateo Ixtatán.

“Todos los niños de la escuela primaria y todas las personas de Pojom van a decir que tanto minería u otros nos afectaran, la minería la llevaran las grandes personas que vienen de otros países, razones por la cuales todos vamos a decir que no a la explotación de los recursos, porque nadie quiere que afectan la comunidad y la tierra guatemalteca” enfatizó el señor Nicolás Francisco Tomás Gaspar

Por otro lado cuentan que el aviso surgió desde diversos municipios y llegó hasta San Mateo para luego realizarla con las comunidades. No sólo era San Mateo Ixtatán el municipio donde se llevaría la consulta, sino que también en las comunidades de otros municipios de Huehuetenango, harán lo mismo, todos con el lema: “No queremos minería en nuestro territorio”.

Fue así como se organizó la consulta comunitaria promovida por don Nicolás y el apoyo de los maestros. Cuando se realizó el día 21 de mayo de 2009, tanto personas de la tercera edad, mujeres, hombres, señores, señoras, niños y toda la comunidad, ninguno dijo si a la minería. Al contrario, todas se manifestaron en contra en ese tiempo.

Cuando se realizó la consulta comunitaria en Pojom no había división comunitaria, las decisiones se tomaban en colectivo, se reflejaba el consenso entre los comunitarios, había unidad entre las personas, fue por la unidad que se logró el rechazo a la minera. Luego con la instalación de la empresa, llego la división comunitaria, se instaló nuevamente el discurso contrainsurgente para criminalizar a la población en oposición de la empresa y Nicolás Francisco Tomás Gaspar volvió a jugar el papel represivo que jugó en la guerra.

La satisfacción de las comunidades

Después de la Consulta, los comunitarios indicaron que desde hace varios años se había iniciado el proceso para realizar la consulta de buena fe. Por ello resaltaron como un día histórico el jueves 21 de mayo, ya que después de enfrentar algunos obstáculos los habitantes a través de un acto de buena fe indicaron no aceptar ningún trabajo extractivo en sus comunidades. Asimismo señalaron que la lucha de todos los pobladores se basa en que las empresas transnacionales no destruyan lo que a los habitantes les pertenece, al referirse a su tierra y territorio así como la riqueza natural.

El Alcalde Municipal de San Mateo Ixtatán refirió que en la consulta de buena fe participaron más de cincuenta observadores nacionales e internacionales quienes fueron testigos de la participación de los habitantes al decir un no a los trabajos de exploración y explotación de minería a cielo abierto en el territorio. Asimismo indicó que en reunión entre los integrantes del Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDES) se decidirá cuándo entregarán los resultados de la Consulta de Buena Fe a autoridades Nacionales en la Ciudad capital.

El Alcalde Andrés Alonzo Pascual indicó que la consulta se llevó a cabo a solicitud de los pobladores, y en base al convenio 169 de la OIT donde señala que los pueblos indígenas deben ser consultados previamente sobre las medidas administrativas que afecten sus derechos e intereses. Refirió que es la población quien decide qué quiere y qué no quiere en su territorio. Por ello hizo un llamado a las autoridades nacionales a respetar la decisión de los habitantes. Así mismo enfatizó que exige se haga respetar la decisión del pueblo, al mencionar que ya se firmó la paz en Guatemala y que en ningún momento desean enfrentamientos por no respetar la decisión del pueblo de San Mateo Ixtatán. [3]

No se ha respetado la Consulta Comunitaria en San Mateo Ixtatàn

La consulta comunitaria realizada el año 2009, en donde las comunidades manifestaron su oposición a la explotación de sus recursos naturales, no se ha respetado. Las empresas están explotando las tierras, están destruyendo los ríos que de eso dependen muchas comunidades, con ellas cientos de miles de personas y que por cientos de años han estado viviendo aquí. Las comunidades recuerdan que gracias a sus antepasados lucharon por la unidad, y por el esfuerzo de todos obtuvieron este pedazo de tierra para vivir y que es lo poco que tienen. Las empresas están destruyendo a pesar de que las comunidades han dicho que no a todo tipo de imposición de proyecto nacional o transnacional.

¿Entonces por qué no respetan las decisiones? Aquí se refleja claramente la impunidad de las empresas respaldadas por una fuerza pública del Estado que se ha prestado para servir a las empresas en contra de las comunidades.

Las preguntas que se hacen las comunidades son: ¿Acaso los que vivimos aquí no son humanos? ¿Acaso no son guatemaltecos? ¿Acaso no nos protege la Constitución Política?

Las comunidades indican que para las empresas no hay pueblos indígenas; afirman que están hablando de “desarrollo”; pero según ellos, los comunitarios, eso es una mentira total, ese desarrollo del que hablan estas empresas es una falsedad, una forma de manipular y engañar a las comunidades, con ese “desarrollo” llegaron con la invasión española 500 años atrás.

La consulta fue plasmada en papel, fue evidente la participación de las comunidades en ese año, pero para las empresas no vale nada, negocian detrás de las comunidades con las autoridades administrativas para sus proyectos y proyectos de otros países; siendo las comunidades los ciudadanos y pueblos nativos de esta región y manifiestan que van a seguir luchando en defensa de los recursos porque según ellos que su voz es autentica y tiene que ser respetada.

Todos los acuerdos documentados en ese tiempo no se respetan, y para que todo se respeta las personas como pueblos deben estar unidos para demostrar esa inconformidad ante estas empresas y ante las autoridades que los autorizó. Las comunidades en mayo 2016 celebrarán el aniversario siete de la consulta comunitaria.

PRÓXIMA ENTREGA: “La empresa llega a Pojom engañando y falseando”

Notas

[1]https://www.academia.edu/7263587/DIN%C3%81MICAS_DE_DESPOJO_Y_RESISTENCIA_EN_GUATEMALA_DIN%C3%81MICAS_DE_DESPOJO_Y_RESISTENCIA_EN_GUATEMALA_Comunidades_Estado_y_empresas

[2] Acerca del Reglamento para el proceso de Consultas del Convenio 169

[3] http://www.conflictosmineros.net/contenidos/15-guatemala/4790-4790


Por: Quimy De León y Nelton Rivera.

La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales

La empresa minera EXMINGUA sigue operando de manera ilegal en San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo en el proyecto minera “El Tambor” Progreso VII Derivada, este lunes 9 de mayo, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y Ministerio Publico MP, detuvieron a varios trabajadores de la empresa minera, en total cuatro trabajadores que se transportaban en un Pickup agrícola MAZDA color gris que coincide con el vehículo placas P176FNS. Pretendían transportar 19 sacos grandes con oro y plata semiprocesados, ese mismo vehículo de la empresa anteriormente ha ingresado y salido con toneles y costales desde la mina “El Tambor”.[1]

Con la detención de 4 trabajadores mineros quedó evidenciado que la empresa EXMINGUA sigue operando, hoy continuaban sacando minerales con este vehículo desde el interior de la mina, a pesar que la CC y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc ordenó el cierre de la mina, esta empresa forma parte de Kappes Kassiday & Associates KCA una empresa que tiene sede en Reno California en los Estados Unidos.

Los vecinos de ambos municipios, denunciaron que los trabajadores de EXMINGUA sacan por bultos el mineral y lo colocan en el pickup para movilizar luego los minerales a las bodegas en donde lo almacenan, al momento de ser detenidos se les incautaron más de 10 sacos que podrían contener varios minerales, entre estos oro y plata, para la empresa ha sido complicado sacar los cargamentos de mineral en grandes camiones por eso emplearon un helicóptero en el mes de marzo para hacerlo, finalmente hacen viajes cortos con sus vehículos transportando los sacos.

El pickup de la empresa está detenido en la subestación de la policía en el centro de San José del Golfo, quienes iban en el carro podría ser trasladados a la Torre de Tribunales en el Organismo Judicial en la ciudad capital para ser procesados.  Todavía no se conoce los nombres de los detenidos.

El Ministerio Público confirmó la detención 4 personas trabajadores de la empresa minera: “Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. más conocida como La Puya, luego de se les fuera localizados en el interior de un vehículo, 19 costales de concentrado de oro y plata. De acuerdo con las investigaciones del MP y dictámenes técnicos, los mismos están valorados en la cantidad de 100 mil dólares.” El total de los 19 sacos que eran trasladados fuera de la mina podría alcanzar un monto de $1,900,000.00 mil dólares o su equivalente a Q14 millones 600 mil quetzales.

En Prensa Libre se confirmó los nombres de los detenidos: “Edwin Rubén Díaz Veliz de 23 años; Julio Macario Valle, 30; Wilder Sandoval Revolorio, 31 y Miguel Ángel García, 46.” Todos trabajadores de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A.

Breve Cronología de la actividad de una minera

Una licencia de exploración y explotación es otorgada a “Progreso VII Derivada, Mina El Tambor” durante el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina en el año 2011.

Organización y resistencia pacífica

Las comunidades de San Pedro Ayampuc y de San José el Golfo llevan desde 2011 oponiéndose a las intenciones de la empresas transnacionales como la canadiense Radius Explorations Ltd. Y la sudafricana Gold Field Inc. Quienes posteriormente cedieran sus derechos a la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates -KCA-Exploraciones Mineras de Guatemala -Exmingua subicidiaria de ambas empresas son quienes tienen la tarea de poner en marcha el proyecto minero El Tambor I (Progreso 7 Derivada).

Resultado de esta oposición organizada han sido los atentados sufridos por sus líderes y lideresas, como el intento de asesinato en julio de 2012 de Yolanda Oquelí en donde resultó gravemente herida.[2]

El 2 marzo de 2012 instalaron un plantón pacífico en el lugar conocido como “La Puya”, la organización comunitaria vio nacer al Frente Norte del Área Metropolitana -FRENAM, con el que desde entonces han impedido la puesta en funcionamiento de la mina, a base de su mera presencia y de sus cánticos religiosos.[3]

Tanto la empresa como el Gobierno han intentado acabar con esta muestra de resistencia pacífica, pues se fue convirtiendo en un ejemplo para las luchas en todo el país.

La resistencia pacífica en “La Puya” lograría el incumplimiento de los trabajos dentro del plazo de un año de la licencia de exploración, sin que las empresas KCA y EXMINGUA realizaran trabajo alguno. El silencio cómplice de la Embajada de los EEUU frente a las agresiones de la empresa KCA y el Gobierno guatemalteco quienes han intentado de forma violenta acabar con esta muestra de resistencia pacífica.

Así, la empresa implementaría una nueva fase de violencia contra las comunidades, un sinfín de hechos de violencia, intentos de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Atentados armados, abusos físicos contra las mujeres, insultos, amenazas, difamaciones, intimidaciones, racismo, discriminación y acciones homofóbicas fueron parte de las agresiones de los personeros de la empresa y sus trabajadores que fueron documentadas y publicadas a través de diversos medios de comunicación.

Criminalización de la protesta

Con denuncias de dos supuestos trabajadores mineros y declaraciones del gerente de la EXMINGUA, el coronel del ejercito Mario Ricardo  Figueroa Archila como “testigo”, la empresa KCA – EXMINGUA buscaron criminalizar y judicializar a varias personas, además de desarticular con estos procesos la resistencia comunitaria.

A este proceso se suman las declaraciones de Marco Tulio Garrido Aquino, de Erick Adoni Gálvez Rivera, ambos trabajadores de EXMINGUA, como acusadores, y la declaración de los “testigos” Gerson Miseal Garrido y José Alejandro Ávila Mérida.[4]

Un Tribunal resuelve que se suspenda la licencia de construcción de la mina

La comunidad de la resistencia pacífica “La Puya“ a través de sus Alcaldes comunitarios lograron el 15 de julio de 2015 que un Tribunal de amparo resolviera a su favor y que se suspenda la licencia de construcción del proyecto minero PROGRESO VII DERIVADA mina El Tambor de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA – EXMINGUA

Este amparo había sido puesto contra la municipalidad de San Pedro Ayampuc por los Alcaldes comunitarios de las comunidades El Guapinol y El Carrizal, con el apoyo de la Asociación de Abogados Mayas.

Por lo que el Juzgado tercero del ramo civil ordena al Concejo Municipal del Municipio de San Pedro Ayampuc suspender actividades de construcción de proyecto minero Progreso VII derivada, también ordena que se realice la consulta de vecinos.

Suspensión provisional de licencia de explotación minera de la empresa

La Corte Suprema de Justicia – CSJ el 22 de febrero de 2016 notificó su decisión de suspender provisionalmente la licencia de explotación minera de la empresa Kappes Kassiday & Associates (KCA de los Estados Unidos) y su filial en el país, la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA S.A.), por considerar que se violó el derecho de consulta de los pueblos en 2011.

A partir de ese día le empresa no debía seguir explotando ningún mineral en toda el área que comprenden los 20 kilómetros cuadrados de la Mina El Tambor, especialmente oro y plata, tan solo unos meses atrás la Municipalidad de San Pedro Ayampuc también ordenó la suspensión de los trabajos por no contar con la licencia municipal para hacerlo, en respuesta la empresa rompió la medida municipal y siguió trabajando.

La decisión de la CSJ se debe luego de analizar un recurso de amparo planteado por la el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y la resistencia pacífica de La Puya en el mes de agosto del 2014, quienes plantearon que el otorgamiento de la licencia de explotación se dio por el MEM sin haber realizado la consultada a las comunidades.

“CALAS interpuso el recurso en contra del ministro Erick Archila por el otorgamiento de la licencia minera de explotación, consideramos que el ministro había afectado el derecho de consulta a los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo, que se establece en el Convenio 169 de la OIT”

A partir de la resolución de la CSJ el Ministerio de Energía y Minas deberá verificar que la empresa KCA-EXMINGUA no realice ningún trabajo de explotación en el área.

“… se decreta el ampara provisional en virtud que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, como consecuencia se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo en el departamento de Guatemala denominada Progreso VII Derivada… Por lo que se ordena a dicha autoridad, remitir el expediente original dentro del plazo de 48 horas notificada la presente resolución bajo apercibimiento que de no cumplirse certificara lo conducente a donde corresponde…”

Según el gobierno central esta suspensión no procede y todo le da igual: el asesor jurídico del Ministerio de energía y minas Rogelio Zarceño dijo que “La Corte Suprema de Justicia manda a que suspendamos el otorgamiento, pero si ya está consumado el acto… ya no se puede hacer más”[5]

 Además opinan sobre las consultas comunitarias que estas no son vinculantes y que si la población dice que no, de todos modos el Ministerio puede otorgar licencias. [6]

 La minera siguió explotando minerales

 La empresa minera Kappes Cassiday & Associated – KCA y su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala – Exmingua continuaron con la actividad extractiva y de explotación.

 Otras empresas privadas involucradas en extracción ilegal

 En el mes de marzo EXMINGUA contrató a una empresa para continuar extrayendo el mineral que están explotando de la mina El Tambor, esta vez lo hicieron por aire, un helicóptero color azul con calcomanías celestes y blancas siglas TG-CHA Aerospatiale 350B3 Ecureuil  (3888 F-WWXD, TG-GEA [3], TG-CHA)[7]  tripulado por dos pilotos realizó una serie de viajes a una distancia de 15 minutos cada uno.

 Por desacato Calas solicita un antejuicio contra el ministro de Energía y Minas

 Por negarse a cumplir la orden de amparo provisional de que se detengan las operaciones de la minera se solicitó un amparo contra el ministro Pelayo Castañón este 2 de marzo, ya que se estaría incurriendo en un delito de explotación ilegal de recursos, como está en el artículo 346 del Código Procesal Penal. Esto además implicaría el delito de instigación a delinquir, por lo que Calas pidió que se le retire la inmunidad a este funcionario y que se cumpla con el amparo provisional.

 Agresión al Plantón de la Puya frente al MEM

 El día 29 de abril 2016 en horas de la noche miembros de la resistencia, denuncian que vehículo con placas P-072DRK, embistió al plantón ubicado en las afueras del Ministerio de Energía y Minas y luego se dio a la fuga, de ese hecho resultaron varias personas heridas y se registró la destrucción parcial del campamento de la resistencia.

 La Corte de Constitucionalidad rechaza apelación de minera

 Se suspenden operaciones y queda en suspenso la licencia de exploración minera según resolvió la Corte de Constitucionalidad – CC al rechazar este 5 de mayo la apelación de Exploraciones Mineras, S.A., y del Ministerio de Energía y Minas – MEM. Es obligatorio realizar la consulta a las comunidades sobre este proyecto según el convenio 169.

 Esto además confirma el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia – CSJ al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social – Calas el 11 de noviembre del 2015.

 CALAS debe verificar que la mina Progreso VII Derivada haga efectiva la suspensión de operaciones desde que sean notificados de esta resolución, de lo contrario la CSJ debe actuar.



[1]  Información del Abogado Rafael Maldonado de CALAS. https://twitter.com/rafa_calas/status/729746543817805824

 

[2] “Acción urgente: Yolanda Oquelí, dirigenta guatemalteca opuesta a una explotación minera sufre atentado en Guatemala”. Amnistía Internacional, http://www.amnistia.org.pe/yolanda-oqueli-sufre-atentado-en-guatemala/

[3] “La fuerza de la comunidad frente al capital transnacional de la minería” Nelton Rivera, 22 marzo 2013,  http://comunitariapress.blogspot.mx/2013/03/la-fuerza-de-la-comunidad-frente-al.html

[4] Intervención de la agente Fiscal Blanca Araceli Monzón Soto. 3 de diciembre 2013.

[5] Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[6]Bolaños, Rosa María. “Proyecto minero sigue vigente pese a conflicto comunitario.“Prensa Libre, 1 de marzo de 2016.

[7] Complete (Historical) Civil Rotorcraft Register of Guatemala, 30 de Abril 2016. http://www.rotorspot.nl/historic/tg.php

 


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Santiago Bastos – Prensa Comunitaria 

El mismo día en que todos celebrábamos la sentencia condenatoria contra los dos acusados en el caso Sepur Zarco, por lo que significaba del triunfo sobre la barbarie y recuperación de la dignidad de la mujeres de esta localidad, en otro nivel de la misma Torre de Tribunales de la ciudad de Guatemala se llevaba cabo la audiencia de otro caso. La juez Claudette Domínguez, presidenta del tribunal de Mayor Riesgo A decidía ligar a juicio oral y público a Rigoberto Juárez Mateo y a Domingo Baltasar por los delitos de coacción e instigación a delinquir en uno de dos casos que se sigue contra ellos desde marzo de 2014.[1]

No importa que don Domingo alegara repetidamente que él no estuvo ahí la noche en que ocurrieron los hechos en que se le imputan; tampoco importa que don Rigoberto sí estuviera, pero mediando en su calidad de autoridad ancestral de Santa Eulalia.[2] Los dos han sido ligados a proceso.

Evidentemente, esta resolución no fue tan conocida como la otra, pero tiene repercusiones importantes para el futuro de la lucha por la vida y el territorio en Guatemala, y la lucha contra impunidad y el actuar de las instancias judiciales y el mismo Ministerio Público, en estos momentos en que parece que se abren alguna vetas de luz para la justicia en  Guatemala.

 

El retardo malicioso y las tácticas de agotamiento

Con esta decisión de la juez Claudette Domínguez, se terminaba un periodo de indecisión en que los procesos contra estos dos líderes se alargaron innecesariamente. Primero fue la extraña maniobra por la que tras su detención el 24 de marzo de 2015, el juez de Santa Eulalia constituido en la ciudad capital, los liberó el día 27 de ese mes, pero minutos más tarde de finalizada esta audiencia, agentes del DEIC los detuvieron nuevamente con una orden emitida dos días antes por un juzgado de turno en la capital. Cuando buscaron al juez, éste ya se había ido –sabiendo evidentemente que ellos estaban ahí-, por lo que tuvieron que quedarse en las carceletas de la Torre de Tribunales hasta que regresara a escucharles.[3]

Este trato de desprecio hacia la libertad y dignidad de dos personas que deberían ser consideradas como inocentes por el sistema judicial, se ha mantenido durante todo este año. Las audiencias se han suspendido ante la ausencia de la parte acusadora sin que esta haya sido amonestada ni siquiera reprendida por el Tribunal de Mayor Riesgo A. La ausencia del entonces alcalde de Santa Eulalia Diego Marcos Pedro –querellante adhesivo- a las audiencias hasido usada como excusa por  la jueza para suspenderlas.

Durante estos doce meses, don Rigoberto y don Domingo han estado recluidos en el Centro Preventivo de la zona 18 de la ciudad de Guatemala, a más de un día de camino de su Santa Eulalia natal, en un ambiente hostil en que más de una vez han temido por su vida y en que su salud se quebrantó, como ellos mismos han relatado a las múltiples visitas de solidaridad que fueron a compartir con ellos estos momentos. Todo ello, sin que se haya podido avanzar en demostrar su inocencia ante el retardo malicioso que su proceso ha sufrido por parte de las autoridades judiciales.

Esto que cuento no es nada raro, es una estrategia habitual en estos casos. De hecho, lo mismo pasa con el resto de los presos de la región norte de Huehuetenango.[4] Ermitaño López Reyes está preso en Huehuetenango desde el 2 de junio de 2015. Don Francisco Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo llevan detenidos, también en el Preventivo de la zona 18, desde el 26 de febrero de 2015. Fueron ligados a proceso también después de un año de espera y en una forma que los abogados defensores consideraron ilegal, pues en una audiencia que nunca debió de realizarse, la juez Claudette Domínguez retrotrajo el proceso.

Todo esto es algo más que la lentitud normal de la justicia guatemalteca y el desprecio hacia pobres e indígenas que no tienen la capacidad económica ni los contactos para incidir en el sistema, y por ello tienen que moverse al ritmo que otros dictan, siendo el proceso parte de la pena.

En este caso tenemos todos los ingredientes para pensar en una estrategia clara de dilación y estancamiento de los procesos judiciales como una forma de quebrar las voluntades de los presos y sus familias. Es parte de las estrategias de criminalización por la vía de la judicialización. Así lo planteaba el abogado Benito Morales en una de las auidencias retrasadas:

Lo que vivimos hoy fue una jornada más de indignación y de constatación de que estamos frente a una estrategia en algunos escenarios más evidentes, en otros más sutil pero al final de cuentas tiene un mismo resultado, el que la gente esté el mayor tiempo posible privada de su libertad.

Esto tiene diversidad de mensajes, tiene el mensaje que el entusiasmo, la energía, la convicción de los que están detenidos se vaya deteriorando, por otro lado tiene la intención de que la gente en las comunidades, en los pueblos de donde son originarios los detenidos sigan profundizando el miedo el temor, la preocupación y la afectación económica.[5]

Ya se intentó cuando los primeros nueve líderes de Barillas estuvieron injustamente detenidos durante más de nueve meses en 2012, y los personeros de Hidro Santa Cruz se acercaban a sus familias a ofrecer apoyos mientras ellos se enfermaban en la cárcel.[6] También lo intentaron cuando volvieron a inculpar injustamente a Rogelio Velásquez y Saúl Méndez en 2013 y pasaron en prisión hasta el 2015 cuando fueron absueltos de la acusación.

Incluso, en el caso de Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar, cuando el equipo de abogados logró que se les retiraran los cargos por plagio o secuestro; la juez se negó a darles la medida sustitutiva, obligándoles a continuar en prisión preventiva aunque tuvieran derecho a  la libertad provisional. Ésta es una prueba bien clara de que el objetivo de estos procesos no es hacer justicia, sino mantener a estos defensores de la vida y el territorio fuera de la lucha política; utilizando para ellos las herramientas jurídicas como elementos de represión.

Y si acaso, hay otras 20 denuncias más puestas ante el Ministerio Público de Huehuetenango, con lo que una vez “terminando un proceso pueden seguir las subsiguientes para mantenerlos en la cárcel de por vida”.[7]

Pero a pesar de todo, hasta ahora en ninguno de estos casos se ha logrado que los presos políticos decaigan en su actitud.[8] Las visitas continuas de la familia y la comunidad, las muestras de solidaridad desde toda el área q’anjob’al, del país y más allá de las fronteras en forma de visitas, cartas, comunicados, han servido para mantener alta la moral y la claridad sobre su situación. En palabras de Rigoberto Juárez.

Como lo hemos dicho desde el momento que nos capturaron dijimos que somos presos políticos y ésa es nuestra calidad, el paso de los días lo estamos confirmando, ellos no nos asuste porque solamente lo estamos confirmando la forma que el sistema que se impuso en nuestros territorios ancestrales desde 1524 permanecen intactos, lo que han hecho es modificar las formas de represión, opresión, discriminación, y racismo.[9]

 

El oscuro papel del Ministerio Público en tiempos de Aldana y la CICIG

En esta estrategia de desgaste judicial, las empresas que operan en el norte de Huehuetenango, como CINCO M con la Hidroeléctrica San Luis en Santa Eulalia, Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz en Barillas o Proyectos de Desarrollo Hídrico S.A. (PDHSA) en San Mateo Ixtatán,  cuentan con  la complicidad de las autoridades y agentes judiciales que, en vez de penar las ausencias que obligan a suspender las audiencias repetidamente, permiten estas tácticas dilatorias por encima de los derechos más elementales de los procesados.

Incluso podemos percibimr un cambio en la estrategia de criminalización judicial. En los primeros casos de los líderes de Barillas, fue la empresa Ecoener Hidralia Energía quien denunció a los líderes. También en el caso de don Francisco Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo son los trabajadores de esta empresa los acusadores. Pero en el proceso de don Rigoberto y don Domingo, son los mismos operadores de justicia del Centro de Administración de Justicia CAJ quienes se convirtieron en los acusadores y querellantes en contra de las autoridades comunitarias.

En este caso, además, el papel de las autoridades mucho más cuestionable, pues Rigoberto Juárez, autoridad ancestral, reconocido líder q’anjob’al e histórico defensor de los derechos indígenas, está siendo acusado nada menos que por la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público.

Esta forma en que el Ministerio Público está actuando contra los defensores del territorio del norte  Huehuetenango recuerda a la época de Claudia Paz y Paz, cuando se dio un fuerte empuje a la justicia transicional a través del caso de genocidio contra Ríos Montt, pero al mismo tiempo se perseguía con saña a los líderes comunitarios que se oponían a la instalación de las empresas mineras e hidroeléctricas, por encima de sus derechos y de las garantías más mínimas.[10]

Ahora está ocurriendo algo parecido. El Ministerio Público ha actuado en forma clara apoyando la construcción de casos como el de Sepur Zarco, CREOMPAZ y Mario Molina Thiessen, que en los últimos meses han supuesto un paso muy importante en el esclarecimiento de la barbarie como política de Estado durante los 80. De la misma manera, es más que evidente el papel que está jugando el Ministerio Público en colaboración con la CICIG en el desmantelamiento de parte de las estructuras criminales que se formaron en las últimas décadas dentro del Estado de Guatemala.

Estas actuaciones están permitiendo que la justicia entre en Guatemala  en espacios que hasta hace poco parecían poco más que imposibles, y que se pueda pensar en recuperar la fe en que se pueda avanzar hacia un estado de derecho en estos aspectos.

Sin embargo, al mismo tiempo en lo que respecta a la criminalización de la protesta social, y en concreto la defensa del territorio y la vida, el Ministerio Público está jugando un papel en que se pone totalmente del lado de los intereses de las empresas. El mismo papel que juega con las empresas hidroeléctricas del norte de Huehuetenango, lo acaba de jugar con ENERGUATE, al condenar a los líderes de CODECA:

Ni en el expediente, ni en la Audiencia Pública, la FiscalíaENERGUATE pudieron mostrar pruebas materiales que relacionasen a los acusados con los dos delitos antes referido…  El debate/examen público de la declaración de testigos y de los documentos probatorios, evidenció el “sin sentido” de dicho proceso judicial, tanto por la ausencia del cuerpo del delito, como por la inexistencia de la conducta antijurídica atribuible a los acusados. Pero, para “sorpresa” de la básica razón jurídica, el Juzgador, “en base a las pruebas testimoniales”, declaró culpables por el delito de estafa en grado de tentativa a los tres defensores. [11]

Desaparece así la independencia judicial, y como el resto del aparato del Estado –Ministerio de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación, Ejército- el Ministerio Público se dedica a apoyar a las empresas como política de Estado. Pareciera que estamos ante una distribución de casos, un pacto con sectores poderosos en que se ya se acordó  qué es lo que se persigue, cuáles son los límites que se pueden cruzar y lo caminos que se pueden recorrer.

El problema es que en ese reparto, la actuación del Ministerio Público queda desacreditada, al mismo nivel que esos defensores de los militares y de los corruptos cuyas tácticas dilatorias y procesales representan lo más alejado de la búsqueda de la justicia.

 

¿Así actúa una Fiscalía de Derechos Humanos?

En el caso que el Ministerio Público ha construido para don Domingo y don Rigoberto hay un asunto más que muestra hasta dónde puede llegar el cinismo de estos acuerdos entre Estado y empresas. Que la llamada “Fiscalía de Derechos Humanos” acuse a un reconocido defensor de derechos indígenas y líder comunitario, a una persona de la trayectoria de Rigoberto Juárez y a un líder con la legitimidad y los antecedentes Domingo Baltazar; y en las circunstancias que hemos venido señalando, muestra una corrupción de los objetivos iniciales de esta Fiscalía, y una vez más el uso de herramientas legales para el beneficio del capital y no de los ciudadanos.

En otro lugar hemos mostrado cómo el relato de los hechos que presenta el Ministerio Público responde a una versión parcial, sesgada y perversa de los hechos, que conscientemente deja de fuera una buena parte de lo ocurrido la noche del 19 al 20 de enero de 2015.[12] Así son las acusaciones que se montan en los procesos políticos: no importa la lógica, no importa demostrar los hechos, da igual la acusación: el objetivo es desarmar la oposición a las empresas concretas; y para ello se cuenta con la colaboración del aparato judicial que, salvo muy contadas excepciones, se presta a estas maniobras.[13]

Queda claro que el Ministerio Público no está actuando con la objetividad que se esperaría de una instancia de su carácter. El fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino ha usado en el proceso de manera extrajudicial una investigación elaborada por la empresa Hidro Santa Cruz titulada “Informe Estructural Criminal. Conflicto Social Huehuetenango Mayo 2014”, que identifica a todos los líderes y autoridades comunitarias ahora procesados como criminales, y a  Rigoberto Juárez en concreto como su cabecilla. Este documento fue entregado directamente al fiscal del MP por Víctor Hugo Villatoro, abogado de la hidroeléctrica.[14]

Un último hecho acaba de mostrar el posicionamiento del aparato judicial y el mismo Ministerio Público: nadie dudó en aceptar como querellante adhesivo en el proceso al ahora ex alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro. Este personaje de dudosa reputación en el área q’anjob’al tiene abiertos varios procesos por los hechos ocurridos en la misma noche en que él se presenta como acusador: por la muerte de un joven, atentado armado contra otro,  intento de linchamiento de una COCODE de una comunidad,  y por impedir la libertad de prensa. Y otro proceso por agresiones a comunicadores tres meses después.[15]  Así que la calidad jurídica con la que él se presenta es muy dudosa.

¿Con qué calidad moral una Fiscalía de Derechos Humanos es capaz de admitir un querellante adhesivo de estas características? ¿Cómo un juez puede tener en su sala a este tipo y no perseguirle?  ¿Dónde se ha visto que un reconocido defensor de derechos humanos se acusado por alguien que tiene abiertos procesos por muerte, atentado, linchamiento….?  Que todo esto ocurra sin ningún problema para estos “agentes de la justicia” es otra muestra de los verdaderos objetivos de estos procesos

 

Una veta para que explore la CICIG

La mención a este exalcalde nos abre una interrogante que mercería la pena explorar.  La CICIG está investigando y desmontando varias redes de connivencia entre empresas y sectores del Estado que se beneficiaban de los pagos que éstas les hacían para recibir apoyos de diversos tipos. Así es como se comportaban en la SAT, en aduanas, en el IGSS, y todas ellas eran conductas delictivas en detrimento de la ciudadanía, en las que estaban involucradas hasta las más altas magistraturas del Estado.

Pues bien, es evidente que la figura de Diego Marcos Pedro representa la alianza entre ciertos poderes locales y las empresas extractivas en la región.[16] Y la forma en que se han comportado algunas autoridades judiciales en los casos en que los defensores del territorio han sido criminalizados en los últimos años por su oposición a las actividades mineras, hidroeléctricas, agroindustriales y otras, da mucho que pensar. La forma en que algunos jueces, fiscales y representantes del Ministerio Público han defendido los intereses de estas empresas, que actuaban abiertamente o no como querellantes adhesivos en los procesos, hacen pensar hasta qué punto no estaríamos ante casos de corrupción como los que se han mostrado y demostrado en otros campos en los que ha actuado la CICIG.

En un contexto en que los agentes de la justicia en Guatemala han mostrado ser sensibles a los argumentos pecuniarios, esta hipótesis no es descabellada. Y la forma en que se han comportado estos jueces y demás agentes en los procesos judiciales, como hemos venido denunciando a lo largo de estos años, da pistas para ello. La compra de voluntades es una práctica habitual de estas grandes empresas, una más de las inversiones necesarias que las llega a convertir en crimen organizado, como hemos visto en las actuaciones de la CICIG.

Detrás de todos estos casos puede haber una trama de corrupción sistemática que explique mucho del comportamiento judicial que hemos estado y seguimos viendo, y que  la CICIG podría investigar. Aquí habría una veta que nos explicaría mucho de lo que estamos siendo testigos.

Notas

[1] Dos autoridades ancestrales irán a juicio oral y público por delitos que no cometieron, Prensa Comunitaria, 26 febrero 2016.

[2] Me siento sumamente afectado en mi calidad de autoridad ancestral del pueblo maya Q’anjob’al, Prensa Comunitaria, 2 febrero 2016.

[3] Preso Político más: Rigoberto Juárez defensor del territorio., Prensa Comunitaria, 24 de marzo 2015;  Detienen nuevamente a Rigoberto Juarez y Domingo Mateo en la Torre de Tribunales. Prensa Comunitaria, 27 de marzo  2015.

[4] Ver Líderes comunitarios Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, ligados a debate oral y público con procesos penales de dudosa contundencia; Simón Antonio Ramón, Prensa Comunitaria 25 de marzo 2016.

[5] Tomado de Dos autoridades ancestrales siguen a la espera de la justicia, Nelton Rivera, Prensa Comunitaria, 21 de enero 2016

[6] Ver Las voces del río. Relatos de la persecución política en BarillasEquipo Colibrí Zurdo / UDEFEGUA

[7] Palabras del abogado Edgar De León Chacaj, de la Asociación de Abogados Mayas, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la ciudad de Washington, lunes 19 de octubre 2015. Caso de criminalización y prisión política de Rigoberto Juárez junto a Domingo Baltazar fue llevado ante la CIDH, Prensa Comunitaria, 20 de octubre 2015.

[8] En el caso de los presos de Barillas, uno de los detenidos el 2 de mayo sí cayó y se pretendió usar su testimonio para inculpar a otros 10 líderes, pero no prosperó el caso y sus compañeros continuaron firmes aislándole del grupo. Ver “Despojo, movilización y represión en Santa Cruz Barillas”, Santiago Bastos, Quimy de León, Dania Rodríguez, Nelton Rivera y Francisco Lucas, en Dinosaurio reloaded. Violencias actuales en Guatemala. Manuela Camus, Santiago Bastos y Julián López, coordinadores. Fundación Constelación FLACSO Guatemala, 2015.

[9] Tomado de la carta publicada en Visita a Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, presos políticos, Prensa Comunitaria, 8 de julio 2015.

[10] Ver Dinámicas de despojo y resistencia. Comunidades, Estado y empresasSantiago Bastos y Quimy de León. Colibrí Zurdo / Diakonía, 2014.  De forma simultánea, en esos mismos meses de 2013 se dio una oleada de desaparición y muerte de líderes comunitarios como Daniel Pedro en Santa Eulalia o Carlos Hernández Mendoza en Jocotán. Ver ¿De qué paz están hablando???? Santiago Bastos, Prensa Comunitaria 17 de abril 2013; Asesinan a luchador social que dedicó su vida a defender la vida, Prensa Comunitaria, 9 de marzo 2013.

[11] No hay indígena inocente para los tribunales de la justicia blancaOllantay Itzamná, Prensa Comunitaria, 21 de marzo, 2016.

[12] Huehuetenango ¿ingobernable? el papel de los medios en la criminalización de la lucha por el territorio, Santiago Bastos, Prensa Comunitaria, 12 de diciembre 2015. Esta versión del MP y la empresa fue divulgada por un medio de comunicación ligado al Ministerio de Energía y Minas.

[13] Esto es algo en  que insisten todos autores los que han trabajado el tema de la criminalización: Ver Dinámicas de despojo y resistencia. Comunidades, Estado y empresasSantiago Bastos y Quimy de León. Colibrí Zurdo / Diakonía, 2014.

[14] Barillas de exportar café y cardamomo ahora exporta presos políticos, Nelton Rivera, Prensa Comunitaria. 14 de junio 2015; Líderes comunitarios Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, ligados a debate oral y público con procesos penales de dudosa contundencia; Prensa Comunitaria 25 de marzo 2016.

[15] En Guatemala el alcalde de Santa Eulalia, Huehuetenango va a elecciones con dos antejuicios, Iñaqui Aizpurúa Veitia, Guatemala Comunitaria, 5 de septiembre 2015.

[16]  ¿De qué se protegen los poderes locales de Huehuetenango?,  Gladys Tzul Tzul, Prensa Comunitaria, 29 de marzo 2015


Don Mateo Rax

Por: Nelton Rivera.

En la década de los ochenta Don Mateo Rax junto a las familias de la Aldea San Lucas en Panzós decidieron organizarse y tramitar la titulación de la propiedad de las tierras en las que vivían, los finqueros de Alta Verapaz sintieron amenazados sus intereses y fueron a denunciarlos a la Zona Naval y Militar No. 6 de Puerto Barrios Izabal y la base militar No. 21 de Cobán Alta Verapaz; los finqueros afirmaron que los indígenas q’eqchi formaban parte de la guerrilla. 

De esa cuenta en 1982 llegó el ejército a Panzós y a Sepur Zarco en El Estor, inmediatamente comenzaron las detenciones arbitrarias y la desaparición de los hombres, luego la violación y esclavitud sexual de las mujeres, quemaron las casas, robaron las pertenencias,  y finalmente hicieron el despojo de la tierra. Don Mateo es uno de los sobrevivientes de la represión y 34 años después junto a las mujeres de Sepur Zarco buscan la justicia.

“Todos los que estuvimos detenidos en Tinajas estábamos gestionando las tierras, por eso nos tenían ahí. Los militares nos decían que las tierras les pertenecían a ellos”

El día miércoles 3 de febrero 2016 don Mateo Rax fue el tercero de los testigos que se presentaron ante los tres jueces en el Tribunal de Mayor Riesgo A, don Mateo viajó desde el departamento de Alta Verapaz para declarar en el juicio del caso de Sepur Zarco, quiere dar su testimonio y que se sepa la verdad de todo lo ocurrido en su comunidad durante la guerra a partir del año 1982, todo lo que él vivió, todo lo que sus ojos vieron, una historia vivida en carne propia que ha llevado guardada durante treinta y cuatro años de su vida.

Un agente del Organismo Judicial con su uniforme azul custodia una puerta de madera en el lado derecho de la sala, cuando don Mateo fue llamado por la juez Yassmin Barrios en pocos segundos se abrió la puerta, él hizo su ingreso a esa sala, dió unos pocos pasos hasta el lugar en donde debía sentarse, llegó con un pantalón negro, sus botas también eran de ese color y su camisa combinaba con el pantalón y con las botas, así llego finalmente el momento de encontrase con la justicia, comenzó con su testimonio, tres décadas esperó para que los acusados y todos en la sala lo escucharan contar su verdad.

Don Mateo es maya Q’eqchí, es agricultor y nació en el municipio de Panzós Alta Verapaz, vivía en la Aldea de San Lucas de este municipio para el año de 1982, fue en ese mismo año que recuerda cuando llegaron por primera vez los militares, a partir de ese momento todo cambió radicalmente.

El municipio cuenta con nueve microrregiones, San Lucas es la cuarta de estas, Panzós significa en idioma Q’eqchi “dentro de verdosas aguas”, porque está rodeado por los afluentes del río Polochic que desemboca en el Caribe sobre el océano Atlántico.

Don Mateo junto a su familia migró para la Aldea San Lucas, son descendientes de mozos colonos de las fincas de café de la región, al igual que muchas familias Q’eqchis en los años ochenta se organizaron en el comité Pro Tierra, juntos comenzaron a gestionaron la legalización de la propiedad de las tierras en donde estaban asentadas sus comunidades y aldeas, esta gestión se realizó directamente al Instituto de Transformación Agraria -INTA- creado desde 1962 para implementar en todo el país la ley de transformación agraria durante el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes.

Para el año de 1982 fue nombrado por la población de su comunidad como Mayor de San Lucas Panzós, por eso tuvo que representarlos en muchas gestiones, recuerda que para movilizarse hacia la cabecera del municipio había que caminar muchísimo, no tenían carreteras, ni transporte, solamente los carretones que jalaban los tractores de las fincas lograban llegar hasta las aldeas, en uno de esos viajes comenzó a ver varios los retenes militares, algo que no era normal, además algunos soldados llevaban listados, él recuerda “revisaban nuestra identidad” los soldados con la lista en mano, en ese momento comenzaron las dudas del porque de los soldados ahí, y del porque de los listados con ellos.

Luego de presenciar los retenes, regresó a su comunidad, ya de vuelta en su casa, la cotidianidad lo absorbió de nuevo, un día domingo mientras él y otras personas estaban en la iglesia apareció el ejército en la comunidad sin previo aviso.

“Después del culto los soldados llegaron, venían bajando de otra de las comunidades de arriba y a todos nos pidieron que mostráramos las cédulas de identidad. Vieron el listado, compararon nuestros nombres con las listas y ninguno estaba.”

“Con los militares venía un hombre que señalaba a las personas, así las fueron sacando del grupo. Ese día cuatro hombres de la comunidad fuimos señalados, los soldados nos amarraron de nuestras manos y nos llevaron a otra comunidad en Tinajas.”

Don Mateo explicó al tribunal que los soldados los llevaron sin decirles nada, sin darles explicación del porque los habían sacado amarrados de la comunidad, al llegar al destacamento los amarraron a un poste, “nos trataban como si fuéramos cerdos” en esa Tinajas que era parte de una funca, el finquero había prestado su tierra para que el ejército estableciera ahí un destacamento militar.

Una y otra vez, don Mateo pensaba en la razón por el cual estaban en esas condiciones, no tardó mucho en darse cuenta que la detención era por el conflicto de las tierras, esas tierras que también querrian los finqueros, las horas pasaron y los soldados simplemente no les dijeron nada.

“Santiago logró desamarrarse y huir”, recuerda don Mateo. Durante tres días y cuatro noches estuvo secuestrado dentro del destacamento militar en Tinajas, “en mi caso yo también pude salir y salvarme de los militares, fue a la cuarta noche que me pude salir…”

Como fue la tortura dentro del destacamento

“Yo vi como a una persona le cortaban las orejas, a otra el cuello y otra la lengua. Eran muchos los soldados que participaban, incluso hacían fila para golpearnos, también a las mujeres que llevaron las violaban.”

Don Mateo explicó que mientras lo tuvieron amarrado a un poste en el interior del destacamento pudo ver como llevaron a otro señor también q’eqchi, narró como ahí mismo lo golpearon los soldados con sus armas hasta matarlo. Los militares los torturaban, una y otra vez les preguntaban por un campamento que nunca conocieron, fue testigo de cómo a otros detenidos les cortaban las orejas… “Yo insistí que no conocía eso… que no sabía de ese campamento que ellos querían.”

“…Todo esto lo hacían para que dijéramos que nosotros éramos los jefes guerrilleros pero los únicos extraños en la comunidad eran solo ellos, nunca vimos a un solo guerrillero.”

Recuerda que fueron los militares los que llevaron la muerte a la región, estando en cautiverio pudo darse cuenta que los oficiales hicieron una llamada a través de un equipo de comunicación que ellos mismos llevaron, él tuvo la percepción que hablaban con alguien de la presidencia, escucho cuando desde la capital dieron la orden de matarlos.

Intenta hacer memoria de los otros vecinos detenidos con él, dos de ellos se llamaban Santiago y Ricardo Tiu era el tercero, a todos los llevaron a Tinajas, nunca les explicaron el motivo del porque los detuvieron.

“Nos mantuvieron amarrados de pies y manos, hablaban con el teniente poniéndose de acuerdo para que no saliera ninguno de nosotros vivos, Ríos Montt era el presidente, lo llamaron y él les ordenó que tenían que hacer con nosotros. Así fue como me di cuenta de lo que querían hacernos.”

Don Mateo comprendía el idioma castellano, al escuchar la orden del alto mando supo que en ese preciso momento el teniente del destacamento había recibido la orden de que los mataran a las 3 de la mañana, en ese instante se llenó de un sentimiento de tristeza porque sabía que los iban a matar.

Su comprensión del castellano le permitió entender parte de conversación en el cuarto vecino, lo único que separaba a los hombres que estaban siendo torturados con el cuarto de mando del destacamento era una pared de tablas de madera de 1 pulgada de grosor, entre tabla y tabla siempre había espacios vacíos que permitían que los gritos de terror de un lado se escucharan en el otro.

Al otro lado el oficial con un grupo de soldados sentían mucha emoción, la llamada afirmó don Mateo era desde la capital, la voz de quien daba las órdenes era la del presidente de aquel entonces, el general Efraín Ríos Montt, su voz se escuchaba con fuerza, y por si fuera poco el volumen del aparato estaba en lo más alto. Los soldados se pusieron contentos al escuchar a Ríos Montt hablándoles y dándoles órdenes.

“Estuve detenido 3 días y 4 noches en Tinajas. Habían 100 soldados aproximadamente, un grupo estaba fuera deteniendo a más personas en las comunidades, otro grupo subía a la montaña para perseguir a las personas que allá se refugiaban.”

En Tinajas hubo mucha gente que la llevaron obligada, ahí mismo la mataron los militares en ese lugar, sus cuerpos allí se quedaron. El ejército convirtió una casa sencilla en un destacamento militar y este en un centro de tortura.

“…a Ricardo Tiu lo mataron esa madrugada que yo logre huir… esa era la orden, habían muchas personas de las otras comunidades, de mi comunidad ejecutaron por lo menos a 20 personas más.”

Estando en el destacamento les dijeron que a ellos alguien de la comunidad los había denunciado y que ahí en Tinajas lo tenían, pero fue el señor Ricardo Coc quien era un jornalero la persona que con uniforme militar los señalo en la comunidad el día que los detuvieron, incluso le colgaron un fusil para que pareciera soldado.

Pero estaban también los judiciales, estos vestían siempre de civil y la forma de reconocerlos fue cuando la gente comenzó a contar que ellos se llevaban a la gente de las comunidades a escondidas, sin saber el papel de estos varias veces se los encontró en los caminos.

“No supe cuántas personas mataron pero después aparecieron las fosas y la gente estaba con las manos amarradas y torturadas. A las mujeres las violaron muchas veces”

“Las mujeres que perdieron a sus esposos las violaron.”

La fuga y como sobrevivió

Don Mateo cuenta como logro escapar del destacamento a la cuarta noche: “Logre desatarme, vi a otra persona grave en una esquina del lugar en donde nos tenían, vi como lo torturaron, al huir del destacamento me refugie en el monte, solo así logre huir y sobrevivir.”

Luego de desatarse las manos y los pies, salió de la casa que usaban para torturarlos, ese lugar no tenía puerta, se la habían quitado, solamente estaba el marco en donde un día hubo una, corrió fuera del destacamento, logro llegar a la orilla del riachuelo que pasa cerca de la aldea, mientras tanto los soldados intentaron alcanzarlo, pero no lo lograron, a él no le dispararon, pero a otro de los comunitarios que también logró huir antes si lo hicieron pero no lo hirieron.

Don Mateo al llegar al riachuelo cercano salto, uso la corriente del río para escapar, adentro del agua permaneció como unos treinta minutos, la corriente lo saco rumbo al río Polochic, uno de los ríos más grandes que atraviesa todo el Valle que lleva el mismo nombre, recuerda que salió muerto de frío y que paso la madrugada debajo de un árbol de plátano.

Cuando finalmente amaneció busco los caminos no comunes, y las rutas alternas para evitar encontrarse con los soldados porque estos iban por los caminos principales y los puentes, encontrárselos habría sido su sentencia a muerte.

“Es triste recordar que a mucha gente la llevaron al destacamento de Sepur Zarco… atravesé los ríos nadando y Dios me cuido por ser una persona de bien… esto no es mentira.”

Levantando sus manos frente al tribunal don Mateo muestra que aún tiene las marcas del lazo que usaron los militares para amarrarle sus muñecas, la presión y el material lo lastimaron profundamente.

“Cuando les pedí un poco de agua para beber llenaron sus cantimploras con sus orines y eso me daban los soldados.”

Cuando logró regresar a su casa, la construcción ya no estaba, la habían quemado los miliares. Perdió sus cosechas, no pudo seguir trabajando la tierra, perdió sus animales domésticos, hasta su propio matrimonio se perdió, paso un año sin poder trabajar por los golpes y las heridas que le provocaron en el destacamento miliar, durante el día debía irse a esconder en el monte para que no lo localizara la patrulla y la gente le daba tortillas para alimentarse y así estuvo algún tiempo.

“Luego de 3 meses tuve que irme a otro lugar, llegue a la casa de mi padre en su comunidad me aceptaron y pude quedarme a vivir ahí.”

Al regresar a la comunidad supo que el ejército permaneció durante tres días cuando a el se lo llevaron a Tinajas, su suegro le confirmo que estuvieron ahí varios días y noches, también que al permanecer en la comunidad estuvieron molestando a las mujeres, y que a todas las mujeres que se llevaron a Sepur Zarco las violaron.

Esteelmer Reyes

Esteelmer Reyes Girón

Quién era “El cache Asij”

“Conocí a Asij porque permanecía ahí en la municipalidad de Panzós, era una mala persona,  si encontrabas un problema con él te iba a ir muy mal.”

“Canche Asij” fue el apodo con el que se conoció en la región de Panzós Alta Verapaz al comisionado militar Heriberto Valdés Asij, era policía municipal, era una persona violenta, enojada, trabajó por muchos años en la municipalidad, y también era el comisionado militar… “esta persona acompañaba a los militares la mayor parte del tiempo desde 1982, les mostraba los caminos, las aldeas y señalaba a las personas, así realizo muchos viajes a las comunidades para ir a traer a la gente y nunca se les volvió a ver.”

Incluso con cada cambio de alcalde en la municipalidad el Canche Asij siempre mantuvo su plaza, el testimonio de don Mateo como el de otros testigos, especialmente el de las mujeres sobrevivientes señalan al canche Asij en muchas de las detenciones arbitrarias de los hombres, también de las mujeres cuando se quedaron solas.

Cada alcalde comunitario no recibía ningún pago por ir a hacer “el viernes”, esto significa que la autoridad comunitaria designó un día para ir con el alcalde y tratar los temas importantes, ese día debían presentarse, pero todos esos costos para ir a Panzós tenían que cubrirse con sus propio dinero, si no llegaban a la siguiente vez sabían que tenían problemas, incluso podían recibir agresiones y golpes.

“Si una persona era denunciada el canche Asij la iba a traer a patadas, del cuello lo agarraba, a patadas a golpes y cuando empezó todo esto en nuestra región, cuando todo se agravó él se puso contento cuando llegaron los soldados, es cuando detienen a un perro cazador él se ponía contento y acompañaba a los militares.”

Don Mateo recuerda que el canche Asij era un tipo de complexión grande, fuerte, lo conoció porque cuando él fue nombrado como autoridad de su comunidad iba seguido a la municipalidad de Panzós para realizar varias gestiones, por eso más de alguna vez tuvo que hablarle.

Recuerda como perdieron a su representante de la comunidad, al dirigente que comenzó con el tramite de la tierra, él salió a hacer unos trámites y fue detenido por unas personas que estaban vestidos de civil, eran judiciales porque no estaban de camuflaje, los tramites por los que había salido de la comunidad tenían que ver con la legalización de la tierra de la Aldea San Lucas, como ya pasaron tantos años no recordó el nombre del dirigente, nunca mas lo volvió a ver.

Así termino su testimonio, la juez lo despidió y el regreso por la misma puerta de madera.

***

En 1978 las comunidades en Panzós fueron testigos de cómo el ejército y los terratenientes actuaban cuando los indígenas exigían derechos, o cuando exigían el título de propiedad de sus tierras que estaban siendo despojadas por los finqueros y terratenientes locales, solamente cuatro años atrás los militares habían masacrado a cientos de comunitarios en el Parque Central de Panzós, las balas de fusil hirieron a un número grande de personas, ahí murió Adelina Caal Mamá Maquín y con el paso del tiempo los finqueros se quedaron nuevamente con sus tierras.

Treinta y cuatro años después, el teniente Reyes Girón quien comandó el destacamento militar de Sepur Zarco y el comisionado militar Heriberto Valdés Asij enfrentan un juicio por los delitos de violación y esclavitud sexual “contra 15 mujeres maya q´eqchi´, también de la desaparición forzada de más de 20 personas.”[1] A ellos se les acusa de delitos contra los deberes de humanidad, al coronel del ejército Esteelmer Reyes Girón además se le acusa de asesinato y a Heriberto Valdéz de desaparición forzada.

Heriberto Valdez Asij

 


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Por: Andrea Ixchíu Hernández.

Este 1 de febrero de 2016 ha dado inicio el Juicio dentro del Caso Sepur Zarco, dónde se busca juzgar las violaciones sexuales cometidas contra 15 mujeres indígenas q’eqchís en un destacamento militar ubicado entre Alta Verapaz e Izabal durante el año de 1982. Este destacamento era utilizado como “área de descanso y recreación” de los militares, durante los años más duros de la guerra.

En Torre de Tribunales, en la Sala de Vistas se desarrolla la audiencia de primera declaración, presentación de pruebas y alegatos iniciales del caso, el cual es conocido por las jueces Patricia Bustamante, Yassmin Barrios y el juez Gerbi Sical, del Tribunal A de Mayor Riesgo y dónde se encuentran presentes el Ministerio Público, las organizaciones querellantes y de representación de las víctimas, así como también la defensa de los militares acusados; el teniente Steelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, quienes son acusados de Delitos contra deberes de la humanidad, desaparición forzada y asesinato.

Después de 32 años se juzga en Guatemala por primera vez la Violación Sexual en Conflictos Armados, la cual se ha demostrado por medio de peritajes, informes y exhaustivas investigaciones, la intención de destruir a las comunidades, alterar la composición étnica de la siguiente generación, infectar de enfermedades venéreas y causar infecundidad entre las mujeres de la comunidad que se pretende destruir, todo esto como producto de la implementación de políticas contrainsurgentes por parte de algunos Estados en época de conflicto.

Al escuchar el relato de testigos, se escuchan frases como:

“Ellos, los soldados sabían que mujeres ya no tenían esposos y decían que las mujeres solas, eran mujeres disponibles”.

O el relato de una testigo a quién dijeron: Ya nos llevamos a tu esposo, ahora sos de nosotros”.

Por eso se afirma que este tipo de abusos se basan en el tipo de masculinidad prepotente y aplastante que odia y desprecia a la mujer. Algunos de estos testimonios se encuentran relatados en el octavo tomo del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico – REMHI-.

Las mujeres tuvieron que hacer turnos para lavar uniformes y cocinar a los soldados sin remuneración alguna, además sufriendo violaciones sexuales en repetidas ocasiones. Esta violencia sexual fue usada por el ejército como forma de control de cualquier mujer organizada percibida como “enemiga” o “subversiva”, ya que, según los relatos de estas mujeres, muchos de los esposos, hermanos o familiares suyos estaban organizados y luchando por su derecho a la tierra. Se entiende entonces que a las mujeres se les violó para “castigar a los varones” que reclamaron sus derechos y aterrorizar a la población.

Los delitos de violación y esclavitud sexual en contextos de guerra constituyen Delitos de Lesa Humanidad, que no prescriben aún con la Amnistía otorgada con la firma de la Paz. El caso de Sepur Zarco es uno de los muchos casos de violaciones sexuales durante la guerra en Guatemala y es una manifestación del papel evidente que juega el patriarcado en los conflictos armados. Porque el patriarcado y la militarización van estrechamente de la mano. Se han agredido mujeres, percibidas como posesiones masculinas y cómo una forma de humillar simbólicamente al enemigo. Y en Guatemala, ha quedado demostrado en cientos de libros, peritajes e informes, el enemigo del ejercito eran las comunidades indígenas.

Cuando violan a una mujer toda la sociedad se empobrece, el machismo es enemigo de la conciliación, no permite diálogo y no permite construir la paz. Cuando violan a una mujer todas las mujeres sufrimos, nos desvalorizan, se refuerza así la lógica de la guerra, aún en tiempos de paz.

Hoy uno de los testigos y sobreviviente. Rogelio Hüitz Chon afirmò con contundencia los delitos cometidos por el ejército en Sepur Zarco, fue su testimonio, lo que él mismo vivió en carne propia señalando al agresor, el militar sentado en esa misma sala, ahora en el lugar de los acusados.

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Caso Sepur Zarco: organizaciones internacionales celebran el inicio del juicio

Guatemala, Washington D.C. y San José, 1 de febrero de 2016.- Hoy comienza el debate oral y público del caso conocido como “Sepur Zarco”, por actos de violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual cometidos por miembros del Ejército de Guatemala entre 1982 y 1986 contra mujeres de dicha comunidad maya Q’eqchi’, así como por la desaparición forzada de varios hombres. Los acusados son el exmilitar Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig.

Esta será la primera vez en el mundo que se juzgue en una corte nacional la esclavitud sexual en un contexto de guerra ⎯otros casos han sido conocidos por tribunales penales internacionales⎯ y la primera vez que en Guatemala se juzguen delitos de violencia sexual como crímenes internacionales. “El sistema judicial guatemalteco ha sido pionero en la investigación de estos crímenes complejos demostrando que otros países que enfrentan desafíos similares también pueden hacerlo”, puntualizó Leonor Arteaga, oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

La violencia contras las mujeres en el conflicto armado guatemalteco fue una herramienta de terror y dominación que por largo tiempo fue invisibilizada. “La Comisión para el Esclarecimiento Histórico determinó que la violación sexual durante el conflicto armado interno fue utilizada de forma generalizada, masiva y sistemática, como parte de la política contrainsurgente del Estado”, dijo Jo-Marie Burt, investigadora principal de WOLA.

Durante décadas, casos como el de Sepur Zarco y otros, se mantuvieron en el silencio y la impunidad. Recientemente, algunos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, han avanzado a pesar de las resistencias y los obstáculos, gracias a los esfuerzos encabezados por el Ministerio Público y los tribunales de Mayor Riesgo.

“El caso Sepur Zarco constituye un ejemplo de perseverancia y valentía por parte de las mujeres sobrevivientes y los grupos que las acompañan, quienes superaron el miedo y emprendieron el camino hacia la justicia”, señaló Kelsey Alford-Jones, Directora Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC).

Las organizaciones firmantes nos solidarizamos con las personas sobrevivientes, especialmente con las mujeres que brindarán su testimonio en el debate, por su valentía y fortaleza, y lamentamos los mensajes de algunos sectores que pretenden desacreditarlas. También expresamos nuestro respaldo al colectivo Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad que viene acompañando a las víctimas en su búsqueda de justicia.

“Guatemala está obligada a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual. Hacemos un llamado a las autoridades para que se respete la independencia judicial, se garantice el debido proceso y, particularmente, se eviten prácticas dilatorias que impiden la sanción de los responsables de estos graves hechos”, dijo Marcia Aguiluz, Directora del programa para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Finalmente, saludamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de permitir el uso de la sala de vistas para el desarrollo de este juicio, a fin de facilitar la publicidad del proceso y las muestras de solidaridad; considerando que este juicio -de interés nacional e internacional- representa una nueva oportunidad para Guatemala de avanzar en su obligación de saldar sus deudas de verdad, justicia y reparación, visibilizando y sancionando la violencia contra las mujeres durante el conflicto y evitando la repetición de tan aberrantes crímenes.


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Por: Simón Antonio Ramón

La toma de posesión de Jimmy Morales como presidente de Guatemala, desde el andamiaje jurídico, marca un punto final a la crisis política desatada por parte del gobierno caído de Otto Pérez Molina[1] del Partido Patriota en el 2015, provocando todo esto que los movimientos urbanos que lo apoyaron en sus campañas 2007 y 2011 se volcaran en su contra. Esa crisis halló en la población su descontento por las rupturas del tejido social que por años venía generándose hasta que con el hartazgo se rompieron las fuerzas. En abril dieron pie a que se empezaran a dar varios cambios incluyendo el gobierno de transición dirigido por Alejandro Maldonado Aguirre[2] desde su nombramiento como vicepresidente del país en mayo tras la renuncia de Roxana Baldetti y al frente de la presidencia en septiembre. Podríamos decir que el final de la crisis política llegó hasta el 14 de enero con la llegada de Jimmy a la presidencia.

Si la mirada la enfocamos en lo político, esa crisis continúa, porque las acciones de diferentes instancias se realizan de manera dispersa, por el nombramiento de funcionarios que pudieran haber resultado llevando al gobierno a evidenciarse como corrupto y la solicitud de el encarcelamiento de uno de los cuadros más visibles y fuertes del partido FCN. Esta misma crisis llevó a que en el mes de mayo cuando las manifestaciones pacíficas eran cada vez más fuertes, se pidiera al Tribunal Supremo Electoral – TSE el aplazamiento de las elecciones generales planificadas para el 6 de septiembre[3]; con la intención de reformar la Ley Electoral y Partidos Políticos LEPP así regular y democratizar los partidos políticos lo que generaría nuevas reglas al sistema electoral que debieron tomar vigencia antes de las elecciones 2015.

A esta petición ciudadana se anexó la convocatoria de la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC para la conformación de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado[4] y la creación de grupos de trabajo en el Organismo Legislativo, donde se presentaron iniciativas ambiciosas que generaron expectativa en la población. Y era o se aplazan las elecciones o que se dieran con la garantía que el cambio de gobierno, diputados y alcaldías.

Con estas iniciativas se abrió un debate sin precedente desde los acuerdos de paz sobre el aplazamiento de las elecciones. Desde los espacios de debate -dígase medios de comunicación, sectores académicos, políticos, sociedad civil- con todos con argumentos sustentados en la Constitución Política.

Para los magistrados del TSE, el aplazamiento de las elecciones planificadas para el 6 de septiembre, sería una violación a la Carta Magna que tendría responsabilidades individuales de carácter penal, eso restaría su impacto histórico y legitimo al sistema político de Guatemala. Esta respuesta es una manera de responder a la presión del partido Libertad Democrática Renovada -Líder- que encabezaba las encuestas y que tuvo mucha influencia en la elección de las y los magistrados al TSE.

Por parte de académicos de las universidades privadas y los sectores conservadores y políticos, coincidieron con el argumento del TSE porque las elecciones fueron convocadas desde el 2 de mayo[5] haciendo alusión a las reformas a la LEPP tomarían vigencia el 1 de enero 2016 en dado caso que se aprobaran[6]. Con estas posturas cerradas desde la interpretación jurídica, el silencio de los partidos políticos de izquierda como movimientos progresistas marcó un precedente, a mi juicio el de legitimar un sistema corrupto.

Desde la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado se expuso que la conflictividad social que existe en el país en más de dos mil puntos identificados, con celebrarse las elecciones podría recrudecerse más dado que muchos candidatos a las alcaldías y diputaciones no tienen credibilidad en sus lugares de origen, estaban algunos relacionados con viejas redes de enriquecimiento ilícito y esto se unía a la crisis desatada por defraudación aduanera. Entonces, una decisión política de la Corte de Constitucionalidad CC sería efectiva en el momento.

Al llegar los amparos correspondientes a esta instancia constitucional, sólo afirmó los argumentos de los sectores políticos, económicos tradicionales y académicos conservadores; indicando que en el caso de las elecciones 2015 no podían aplazarse, prevaleciendo el marco jurídico sobre las interpretaciones políticas.

La CC en otras ocasiones ha emitido resoluciones políticas más que jurídicas, como la inscripción del general retirado Efraín Ríos Montt como candidato a la presidencia en las elecciones 2003 a pesar de que encabezó un golpe de Estado en el 1980 lo que impide ser un candidato presidencial según la Constitución y la inscripción de su hija Zury Ríos en las elecciones 2015 donde la carta magna es clara por ser hija de un golpista. Entonces con esta resolución la CC se contradice con las resoluciones mencionadas lo que indica ser un ente apagafuegos en momentos de crisis.

Las elecciones que se realizaron en septiembre y octubre donde resultó electo Jimmy Morales con el partido Frente de Convergencia Nacional Nación FCN-Nación, los diputados y los alcaldes en todo el país; se dan en un contexto de crisis política donde las reglas establecidas por el status quo están siendo cuestionadas, hace que pierda su total legitimidad, dado que se realizaron sin el respaldo total de la población.

Ahora que la crisis comienza a apagarse, debe establecer caminos para reestructurar las instituciones golpeadas por las malas prácticas de los funcionarios que a lo largo de los años se han ido desgastando, comenzando por la Superintendencia de Administración Tributaria – SAT-, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS- y las demás que requieren una reestructuración para su buen desempeño.

Entonces al nuevo presidente Jimmy Morales le queda actuar con transparencia desde la ejecución de los fondos públicos- que fue el mayor reclamo de la población durante las manifestaciones que se encendieron desde el 25 de abril- y con un gabinete libre de cuestionamientos de la sociedad;  para lograr un mayor respaldo social que no debe ser el porcentaje de sus votos obtenidos en octubre último cuando fue electos, y apegarse a su discurso de campaña del combate a la corrupción desde las instancias del Organismo Ejecutivo.

Desde el Congreso, la tarea para la llamada octava legislatura (1986-2016)[7] aún es mayor, ya que ha sido uno de los poderes del Estado de mayor cuestionamiento, más allá de la transparencia. A la vez requiere  impulsar el debate y la aprobación de las reformas a la LEPP que en este 2015 no fueron aprobadas por no haber alcanzado consenso. Ademas, debe generar condiciones para reformar leyes que ha mantenido al Estado en una situación precaria de condiciones de vida y darle prioridad a los temas sociales. Porque en ese organismo existen iniciativas engavetadas, y de ser lo contrario, el gobierno de Morales y la octava legislatura sólo alargarían esa crisis política en donde fueron electos que se punto álgido fue en el mes de abril.

Notas

[1] Caso La Línea, en el momento el que encabezaba la red de defraudación aduanera La Línea era Juan Carlos Monzón Rojas secretario privado de la vicepresidente de la república Roxana Baldetti y al conocer las detenciones en Guatemala de sus socios, se a la dio a la fuga cuando andaba en Corea del Sur con Baldetti.

[2] Alejandro Maldonado Aguirre, candidato presidencial por el Partido de Renovación Nacional, electo en el 2011 como magistrado a la Corte de Constitucionalidad, fue uno de los magistrados que retrajo el caso de Genocidio contra Efraín Ríos Montt en mayo 2013 y fue nombrado vicepresidente en mayo y presidente de la república en septiembre https://cmiguate.org/maldonado-aguirre-el-nuevo-presidente-de-guatemala/.

[3] Estudiantes universitarios recogieron firmas para aplazar las elecciones y proponer un gobierno transicional si en enero no hay quien asuma. http://www.telesurtv.net/news/Guatemala-Sectores-exigen-aplazamiento-de-elecciones-generales-20150805-0017.html

[4] Conformada por más de cien organizaciones de la sociedad civil de todo el país encabezado por la USAC https://comunitariapress.wordpress.com/2015/07/02/plataforma-nacional-para-la-reforma-del-estado-convocada-por-la-usac/ donde posteriormente se agregaron más instituciones y organizaciones. http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2015/06/IPN-RD-75.pdf.

[5] Apenas dos semanas de haberse reveladas las investigaciones del Ministerio Público MP y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala Cicig sobre una red de defraudación aduanera Línea.

[6] Cacif dice que no se puede aplazar las elecciones. http://www.laprensadeguatemala.com/2015/07/cacif-inviable-aplazar-elecciones-2015.html

[7] Llamada así porque inició desde 1986 con haberse entrado en vigencia la nueva constitución. 1986-1990-1996-2000-2004-2008-2012-2016.


Exhumación en comunidad Xexocom en Nebaj, Quiche. Año 2015. (Antiguo destacamento militar)

 

Por Carlos Fernández.

Desde el año 1998 comencé en las andadas. Para ese entonces estaba con el tema de rehabilitación física a víctimas sobrevivientes del Conflicto Armado Interno –CAI- y tiempo después paré trabajando en temas de reparaciones y devolución del REMHI en el año 2000 que impulsaba la iglesia católica guatemalteca. En esos años, me tocó ir a varios procesos de exhumación, ya que mis compañeros psicólogos creían que el patojo de la facultad de medicina de U privada tenía que sensibilizarse. La experiencia que dejan las exhumaciones de víctimas de violencia del CAI es única. Cada proceso a pesar de ser diferente al anterior, tenía una particularidad: el deseo de los familiares, muchas de ellas mujeres, de establecer el paradero de sus seres queridos.

Recuerdo estar sentado en un paraje mas allá de Soloma, Huehuetenango, ayudando a los antropólogos a llenar fichas de identificación de desaparecidos y escuchar el relato de señoras de avanzada edad que describían con lujo de detalles la forma en que iban vestidos sus esposos e hijos desaparecidos, fecha exacta y hasta que les habían puesto para comer en su jornal. Hubo momentos en los que debo confesar dudé de la exactitud de sus versiones. ¿Cómo era posible que alguien recordara con tanto exactitud después de 25 o 30 años ese tipo de detalles?

Una vez terminada la tarea de documentación y pasado un tiempo tocó regresar a la comunidad al inicio de la fase arqueológica. Se delimitó la trinchera en el lugar señalado por los testigos e inició el proceso de poco romántico debo decir de palear por horas. Conforme se iba profundizando, cubetas y más cubetas de tierra salían de la fosa y por momentos pensé que la gente se había equivocado de lugar. Fuera de la fosa el ambiente era de voces, risas de niños y madres hablando a sus hijos para que no tocaran las herramientas de los arqueólogos. En un árbol cercano, unos psicólogos hacían una suerte de taller psicosocial con los familiares. Había un poco de todo.

Con el pasar de las horas, cada vez había más personas alrededor de la ahora profunda fosa. El ambiente seguía siendo de poca solemnidad, hasta que una de las palas dio con la primera osamenta. Cuando el compañero pronunció las palabras “aquí hay una persona”, se hizo un silencio profundo y así siguió por varios minutos mientras iniciaba ahora una fase más minuciosa del trabajo en manos de los arqueólogos. Brochazo tras brochazo, pequeños picos y palas descubrían etapa por etapa no uno sino decenas de cuerpos apelmazados con manos amarradas, ojos vendados y orificios en el cráneo posiblemente provocados por proyectiles de arma de fuego. De pronto una de las mujeres da un grito de “aaayyy”, se agarra el rostro y llora con un desconsuelo que golpeaba el alma. Era una de las señoras que me tocó entrevistar; una de las osamentas correspondía con el pantalón, cincho, camisa y calzado que ella recordaba. Movía sus manos al cielo, como quien reclama a Dios por tanta injusticia. No entendí una sola de las palabras en idioma maya dichas por la señora en ese momento, pero no hacía falta. Sus gestos y su voz ahogada en llanto eran más que elocuentes.   Me asaltó un sentimiento de culpa por haber dudado he de confesar. Como ella, otros cientos de sobrevivientes tenían intacto el recuerdo del último día que vieron a sus seres queridos.

Ahora que han capturado a 13 militares entre ellos Benedicto Lucas García, hermano del sanguinario genocida Romeo Lucas García (1978-1982) se lleva en tribunales un proceso histórico de justicia. Cientos de familiares han esperado con ansias el tener la oportunidad de sentar frente a la justicia a quienes identifican como responsables de la tortura, desaparición, secuestro y asesinato de sus familiares. No tuve la ocasión de ir a la primera audiencia y dudo tener el tiempo para asistir a otras, pero las he seguido en redes, medios de comunicación y por amigos que si han presenciado. Uno de ellos me relató cómo en la audiencia del día 8 de enero de 2016 habían en la sala dos bandos (faltaba más en ésta Guatemala de la polarización) y cómo se dieron una serie de “incidentes” al nivel de sacarse la lengua, arrugarse la frente, “agredirse tomándose fotos mutuamente” y otra serie de actitudes infantiles.   De los familiares de los militares, no espero mucho. Pero de otras personas y organizaciones sí. Lo que ocurre en esa sala, no es un circo. Es un proceso que lleva años de estarse persiguiendo por los sobrevivientes de la masacres. Las evidencias son contundentes y han sido recabadas de manera científica, pero sobre todo, es la oportunidad única de las víctimas y no de las ONGs de acceder a justicia.

Los abogados del MP y de la querellante tienen tremenda responsabilidad. Ya hubo una experiencia poco agradable con el proceso contra Ríos Montt, en la que el litigio malicioso rindió sus frutos. En esta ocasión no deben cometerse los mismos errores o vicios de proceso que puedan dejar una rendija por la que se cuele un fallo de impunidad. Ojalá y lo tengan claro esta vez. De nada sirve ganar mediáticamente el caso si legalmente el fallo será de impunidad.

Es por ello que regreso al momento en el que se encontró la primera osamenta en aquella fosa que relaté líneas antes. Es momento de manifestar un profundo respeto por las victimas, detener el ruido innecesario y poner atención a lo importante. Acá no se están litigando ideales oenegeros o políticos de la derecha conservadora. Se ha puesto ante la justicia a perpetradores de violaciones a derechos humanos contra población desarmada, violadores sexuales, torturadores, secuestradores y sabrá Dios que otros delitos, documentados, insisto, de manera científica. No es momento de circos. La sangre derramada clama justicia; que las luces, flashes y momentos mediáticos no logren desvirtuar esta larga espera. No hagamos de la justicia un circo y menos aún, ocasión para sacar a pasear luchas ideológicas inútiles.


Foto tomada de http://www.tribunahacker.com.ar

 

Por: Quimy De León

La compra y venta de medicinas en Guatemala ha sido desde hace mucho un tema controversial. Dominados por las grandes farmacéuticas nacionales, los eventos de compra han perdido su razón de ser: obtener medicinas de buena calidad al menor precio. La casa que ha dominado en los últimos años el negocio de la salud ha sido agencias J.I. Cohen, una empresa familiar que ha quedado en manos de uno de los hijos de la familia Irving Cohen.

Ya en el año 2007 Luis Solano revisó de forma profunda los últimos procesos de licitación de medicina y concluyó en que para entonces esta empresa había monopolizado durante más de cuarenta años la distribución de medicamentos. Uno de los operadores políticos más eficientes para esta compañía es Gustavo Alejos, quien se entregó hoy a la justicia después de más de dos meses prófugo y señalado por la CICIG de encabezar una estructura criminal denominada “Negociantes de la salud” que se beneficiaron del Estado de forma ilícita.

El 16 de diciembre se publicó en el diario de Centro América que la Corte de Constitucionalidad – CC- había fallado a favor de la compañía  farmacéutica J. I. Cohen, de la que fue parte Gustavo Alejos, quién había estado  prófugo de la justicia y reapareció este 28 de diciembre. Esta empresa había puesto una acción de inconstitucionalidad para eliminar el Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines. Esto afectaba el acceso a la población a medicamentos genéricos y por su puesto les beneficiaba. Siete días después la misma Corte aclara públicamente que este fallo no afecta “el deber de observancia y aplicación por parte de las autoridades correspondientes del Estado de Guatemala del Reglamento” y deja a criterio de las autoridades la aplicación del fallo.

La  compañía en un comunicado de prensa piden al Presidente de la República, a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la población que estén vigilantes del exacto cumplimiento con lo ordenado por la CC.

¿Quiénes se benefician de la precaria salud en Guatemala?

En el mundo las grandes compañías farmacéuticas bloquean la venta de medicamentos genéricos, para tener el monopolio de las ventas y enriquecerse. Esto trae como consecuencia que la población con menos recursos y donde hay más precariedad no se puedan curar o tratar enfermedades.

Esto limita al Estado la posibilidad de prevenir, tratar enfermedades y pandemias, quedando en última instancia dos posibilidades comprar medicamentos a precios altos o la muerte. La mayoría de la población asume de su propia bolsa el pago de medicamentos para tratarse. Estas empresas obtienen beneficios mediante negocios con los gobiernos para que éstos les compren con exclusividad, reduciendo la posibilidad de invertir en otros niveles de atención como el primario.

Foto tomada de Prensa Libre. “El empresario y financista Gustavo Alejos en uno de los pasillos de Tribunales.” (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec). 28 de diciembre de 2015.

 

Poder e influencia de J.I. Cohen a través de Gustavo Alejos

Gustavo Alejos Cámbara es un empresario que tiene orden de captura y arraigo por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias, hasta hoy estuvo prófugo y fue declarado en rebeldía el 30 de octubre por el Juzgado Sexto Penal cuando se realizaba la “audiencia de primera declaración de 11 señalados en el escándalo de corrupción por la compraventa de medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS.”[0]

Es señalado de pertenecer a una red de corrupción que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG llamó “Negociantes de la salud” que el mismo dirigía junto a funcionarios y otras personas en las que beneficiaban a varias empresas tales como la droguería Colón, Evolución Farmacéutica S.A., Sabiapharma S.A. No hay que olvidar que Alejos fue parte de la compañía J.I. Cohen, misma que en un campo pagado en marzo del 2014 se desliga de él, después de que el afirmara en una entrevista que :

“La empresa JI Cohen, de la cual soy parte, ha tenido problemas con las multinacionales farmacéuticas, nos han pedido que nos alejemos del tema político.”[1]

“Nosotros hemos tenido que parar un poco las entregas al Ministerio de Salud debido a la falta de pago. Hemos cerrado los créditos hasta que limpien la mesa. Al ministerio le vendemos alrededor de Q25 millones en medicamentos contra el cáncer y otros males graves. El Ministerio de Salud tiene mucho desorden en sus cuentas, pero el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) está totalmente ordenado gracias al sistema que dejó Carlos Torrebiarte. Además, el presidente anterior, Luis Alberto Reyes Mayén, dejó un acuerdo en Junta Directiva que determina que a los proveedores se les debe pagar por igual.”

Gustavo Alejos lograba que el Estado le comprara a varias empresas con las que el tuvo relación a través del Ministerio de Salud y el IGSS. Esto fue parte de la investigación realizada por la CICIG y el Ministerio Público MP, en donde demostraron que esto se hacía a cambio de comisiones.[2]  Esto se realizaba organizadamente mediante una estructura criminal de la que también eran parte Alejandro Enrique Toledo Paz ex director del Hospital Roosevelt y Juan Pablo Muralles Morán. Estos dos últimos están ya presos, en total son 11 señalados por el caso de corrupción en el IGSS. Todo esto se destapó en el 2015 y se supo de las redes de corrupción en relación con el caso IGSS- PISA.

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Tomado de Prensa Libre publicada el 28 de diciembre de 2015.

Las Agencias Cohen son propiedad de Jack Irving Cohen, en un análisis hecho por el economista Luis Solano en el año 2007 explica que dicha empresa había monopolizado durante más de cuarenta años la distribución de medicamentos y que han sido de los principales contratistas del Estado. Ya entonces Solano señalaba que las Agencias Cohen llevaban 22 años de ser proveedores del IGSS y que en los últimos gobiernos anteriores al de Álvaro Colom habían obtenido millonarios contratos.[3] Durante el gobierno de éste último Gustavo Alejos fue secretario privado de la presidencia  y Alberto Cohen presidente del Instituto Nacional de Electrificación – INDE[4] considerado el heredero de la  compañía J.I. Cohen.

La CICIG en su informe sobre el Financiamiento de la política en Guatemala coloca a Gustavo Alejos como caso emblemático ya que además de ser financista y recaudador no solamente se enriquece sino que construye redes de tráfico de influencia, beneficiando a las empresas vinculadas a él. Curiosamente en este informe la  CICIG obvia nombrar a J.I.Cohen[5] pero afirma que Alejos tenía el poder de nombrar y destituir funcionarios durante el gobierno de Álvaro Colom, desde su posición de poder dentro del gobierno.

Sylvia Gereda en la revista ContraPoder aseguró que Alejos “manejó los principales negocios del Estado, de los cuales la farmacéutica de la que él fue el más alto ejecutivo: J. I. Cohen fue beneficiada con 2 mil 940 adjudicaciones en contratos que superan los Q485.9 millones, según el portal de Guatecompras. Además, fue uno de los grandes negociadores de leyes y corruptor de diputados en el Congreso.”[6]

En la entrevista que Juan Luis Font realiza a Alejos en julio de 2015, el mismo explica cómo era su papel como operador político y deja claro el apoyo y financiamiento al gobierno de Otto Pérez Molina, así como la relación que había con J.I. Cohen en asuntos políticos y gubernamentales. Al parecer por problemas comerciales deciden desligarse de la política. El mismo reconoció que le dió a Otto Pérez Molina la casa donde vivía, esto explica el nivel de relación que tuvo con este gobierno. Sin embargo en asuntos comerciales destacó que J.I. Cohen tuvo una fuerte competencia y que el gobierno encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti benefició más a su competencia la empresa AGEFINSA, mientras que J.I Cohen siguieron vendiendo al IGSS.

Lo que deja claro en esta entrevista es la relación que hay entre política, asuntos de Estado y de gobierno y los intereses comerciales de las farmacéuticas, cuando plantea entre líneas que Baldizón empieza a ser una amenaza para los negocios pues “él quería crear en Guatemala una empresa representante de medicamentos de origen indio y empezó a citar a las multinacionales. Eso movió a JI Cohen a declarar que no participará en política.” Con lo cual Roxana Baldetti, Otto Pérez Molina y el mismo Manuel Baldizón resultaron ser una amenaza para el monopolio de los fármacos. La típica disputa por los negocios.

En una nota que hizo La Hora en junio de 2015 se mostró que tanto J.I. Cohen como AGEFINSA fueron los dos grupos que se repartieron mayores ganancias de los contratos con el Estado de las 82 empresas que tuvieron contratos abiertos. Estos beneficios ascienden a un poco más de 2 mil millones de quetzales que equivale al 29% aproximadamente. También señalaron que las ventas que se le hacen al Ministerio de la Defensa no tienen rastro, aún cuando tienen un presupuesto de más de 2 mil millones para 2015. [7]

¿Los magistrados de la CC hicieron este fallo pensando en el bien común o en los negocios?

En teoría la salud debe ser un derecho garantizado por el Estado de Guatemala que tiene la obligación de velar por la salud de todos los habitantes, sin embargo en la práctica sabemos de sobra que la situación precaria en la que tiene la clase política al Sistema de Salud. Por lo visto las únicas garantías son para la industria que negocia con la salud, por ejemplo para las empresas farmacéuticas.

La mayoría de la gente desconocemos los niveles de mortalidad en mujeres o menores de 5 años por diarreas o infecciones respiratorias, no digamos la desatención y abandono completo a cientos de miles de personas en el campo que resuelven y gestionan por si mismas la salud.

La crisis que se vive en el nivel hospitalario es uno de los tantos problemas que tiene el Sistema de Salud, y casi del único que nos enteramos a través de los medios y que fueron debate en los últimos meses cuando se destaparon algunos actos de corrupción desde el gobierno. Todo esto: corrupción, tráfico de influencias, asignación presupuestaria en salud pasa por la toma de decisiones y la planificación del desarrollo social de un país y que está en manos de los políticos y gobernantes.

Está claro que a los empresarios, a los gobernantes y la clase política no les interesa la salud sino solo los negocios, eso sí instrumentalizando para ello la estructura del Estado.

La Corte de Constitucionalidad al dar un fallo favorable a esta empresa refuerza la impunidad en la que vivimos y aleja al Estado de la obligatoriedad y el deber que tienen de velar por el bien común.

 [0] Orozco, Andrea. “Gustavo Alejos se entrega a la justicia.” 28 de diciembre de 2015. Prensa Libre.
[1] Font, Juan Luis. “Gustavo Alejos: “La he ayudado y la sigo ayudando” 14 de marzo de 2014, edición número 45. Revista ContraPoder.
[2] Prensa Libre. “Gustavo Alejos tiene arraigo y orden de captura, según MP.
[3] Solano, Luis. “Compras y contratos estatales en pocas manos”. 2 de octubre de 2007. Revista electrónica Albedrío.
[4] Font, Juan Luis. “Gustavo Alejos: “La he ayudado y la sigo ayudando” 14 de marzo de 2014, edición número 45. Revista ContraPoder.
[5] Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG. “Financiamiento de la política en Guatemala.” 16 de julio de 2015. Editorial Servi prensa.
[6] Gereda, Sylvia. “El día que Alejos cayó”. ContraPoder. 6 de noviembre de 2015.
[7] La Hora. “Q8 mil 500 millones a 82 empresas con contratos abiertos de medicinas e insumos.” 2 de junio de 2015.
[8] Para ampliar sobre el proceso penal de este caso: http://elperiodico.com.gt/2015/10/29/pais/escuchas-implican-a-gustavo-alejos-en-el-caso-de-corrupcion-del-igss/

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 Santiago Bastos – Prensa Comunitaria

Es parte de la tradición informativa guatemalteca la aparición y representación de los pueblos indígenas del altiplano periférico como protagonistas colectivos de actos como los “linchamientos, obstrucciones y bochinches” pareciera que toda acción política que realizan son injustificados y estigmatizados. A pesar de toda la retórica del reconocimiento y de su incorporación a la vida política, parecería que la imagen del indígena  incivilizado e indomable, ingobernable,  sigue estando presente en la mente de quienes generan las noticias, y con ello, renuevan el imaginario colonial que arrastramos.

Traigo esto a colación  porque hace ya unos meses, en su edición 92  del 20 de febrero de 2015, la revista ContraPoder publicó el reportaje titulado precisamente Huehuetenango, el ingobernable, que puede ser un ejemplo de cómo estos estereotipos y estos estigmas sociales se recrean, utilizándose para intereses concretos.

El texto trataba sobre los hechos ocurridos un mes antes en San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia que condujeron al cierre del Centro de Administración de Justicia –CAJ- ubicado en esta última cabecera municipal, y que según el texto, se debió a la acción de una “turba” de vecinos que sometió por la violencia al juez Marlon Interiano de este Centro, que desde entonces permanece cerrado.

El reportaje inicia narrando sucintamente los hechos ocurridos en la aldea Pojom -San Mateo- y Santa Eulalia los días 19 y 20 de enero. Después habla de la conflictividad de la región del norte de Huehuetenango, por la presencia de las empresas hidroeléctricas en los municipios. En el apartado titulado “El escenario del conflicto” aporta una serie de datos sobre Huehuetenango; sigue con El rostro de la oposición”, dedicado a la figura de Rigoberto Juárez, coordinador del Gobierno Plurinacional, y termina con  un apartado denominado Una nación en un pueblo dividido”, en que se retorna a los hechos de Pojom que iniciaron el reportaje.

Pudo tratarse de un texto más sobre las problemáticas sociales y la oposición de las personas a los proyectos que consideran nocivos para la vida comunitaria, que aportara insumos para comprender esta situación. Pero si no fuera porque la narrativa del texto y la versión de los hechos dada en éste coinciden con los que se argumentan en una causa penal por la que Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, importantes líderes q’anjobales que fueron detenidos el 24 de marzo, apenas un mes más tarde de la publicación del reportaje.[1] Del mismo modo el abogado Pedro Toledo fue detenido en octubre de ese mismo año y fue liberado dos meses después cuando el juez Miguel Ángel Gálvez del Tribunal de Mayor Riesgo B resuelve su caso por falta de mérito.[2]

En total son ocho órdenes de captura las que están ligadas a este proceso penal,  en que la versión del Ministerio Público y la acusación coinciden en algunos puntos con la que se plantea en el reportaje al que aquí me refiero. Y esto es preocupante porque no concuerdan con las que dan fuentes directas.

Dadas estas coincidencias y lo impactante del título, voy a sacarlo del olvido tantos meses después. En este  texto contrastaré la versión que da este reportaje con la de esas otras fuentes directas. Trataré de rescatar los datos y las ausencias informativas con el objeto de calibrar que tan involuntarias pueden ser. Para ello, una parte de las notas a pie de página que acompañan este artículo sirve para mostrar alguna de la información disponible sobre lo que se va narrando.

Según mi análisis, y es delicado mostrarlo por las implicaciones políticas y éticas que conlleva, todo parece indicar que estamos ante un ejemplo de manipulación informativa que buscan crear estados de opinión para favorecer intereses concretos, en este caso los de las hidroeléctricas que operan en el norte de Huehuetenango. Esto mostraría una de las formas en que se ha venido dando la combinación entre la corrupción judicial y la denigración de la lucha social por parte de la prensa para transformar a los líderes comunitarios en criminales. Esto es algo que se ha dado  durante los últimos gobiernos, que no se ha detenido en absoluto en este último “de transición” y que no parece haber sido cuestionado en las investigaciones de la CICIG. [3]

Primero voy a mostrar que se oculta información esencial para comprender los hechos que pretenden mostrar; después daré algunos detalles para ver cómo se manipula la imagen del contexto que se ofrece. Después ya podremos pasar a ver las causas e implicaciones  de toda esta operación ideológica.

Lo que no se cuenta: sobre la hidroeléctrica en Pojom

Los sucesos que dan pie al reportaje iniciaron el día 19 de enero en la aldea Pojom, de San Mateo Ixtatán.  Se nos narra de forma ágil y rápida, como corresponde a un texto de este tipo, que

“…fiscales y policías antimotines llegaron a la aldea Pojom, de San Mateo Ixtatán, para cumplir con diez órdenes de captura de supuestos implicados en el homicidio de un lugareño, en noviembre pasado.

La población intentó oponerse. Los niños y las mujeres formaron una valla y la Policía usó bombas lacrimógenas para abrirse paso. Durante el enfrentamiento, los hermanos Jesús Pedro y Casimiro Mateo Mateo, dos jóvenes de la comunidad, fueron detenidos y trasladados en helicóptero hasta la cabecera departamental.

Inconformes con la detención, los vecinos de los hermanos Mateo se organizaron para retener a la delegada de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos en San Mateo Ixtatán y a la jueza de Paz de Barillas, mientras otro grupo se trasladó a Santa Eulalia, donde se encuentra el Centro de Administración de Justicia (CAJ), para retener a varios empleados del complejo, incluido el juez.”

Tanto la presencia de antimotines en una aldea, como las bombas lacrimógenas o el traslado en helicópteros parecen mostrar un uso excesivo de fuerza y recursos. También parece excesivo que “la gente” se opusiera, y que los niños y las mujeres formaran una valla para impedir su paso. Pero en el texto todo eso aparece sin más explicación.

Estos hechos se entenderían mejor si se vincularan con la presencia de la hidroeléctrica Promociones y Desarrollos Hídricos en la aldea, como si hicieron otros medios.[4] La intención de esta empresa de instalarse en Pojom y Yich K’isis en contra de la voluntad de sus habitantes es motivo de conflictos  desde hace varios años.[5] Uno de esos momentos de disputa –del que hay versiones divergentes [6]- acabó con la muerte de dos comunitarios el 18 de noviembre de 2014, dando origen a las capturas del 19 de enero que aquí se narran.

Es decir,  se nos está narrando la persecución a una comunidad que pelea por la defensa de su territorio, su agua y su entorno. Esto, que no aparece, ayuda a entender que la PNC destaque a los antimotines  que usan gases lacrimógenos, y movilicen un helicóptero para sacar a los detenidos. Lo hacen porque saben que hasta las mujeres y niños de Pojom va a defender a sus compañeros. Y cuando se los llevan, los pobladores de la aldea toman acciones que son políticas y pacíficas, que son las que el Estado de derecho posibilita: se acude a la delegada de COPREDEH de San Mateo, a la jueza de Barillas y finalmente al Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa Eulalia para pedir ser escuchados, para pedir que se resuelvan sus problemas internos.

Todos los problemas que dan origen al reportaje han sido originados por la presencia de la hidroeléctrica PDH, pero esta empresa no se cita ni cuando se mencionan los sucesos ni cuando se cierra el reportaje precisamente mencionando las fracturas internas de la aldea Pojom.[7] Esto es un ocultamiento estratégico de un actor clave en todo lo que se narra. Es verdad que PDH y las demás hidroeléctricas aparecen en el contexto, pero al hacerlo sin vincularlas a estos sucesos, se omite doblemente.

Otros hechos ocultos: la noche del 19 al 20 de enero en Santa Eulalia

El reportaje continúa con los párrafos que siguen, relatando los acontecimientos que siguieron, y  dieron pie a su publicación:

La madrugada del 20 de enero, la turba obligó al juez Marlon Interiano a ordenar la libertad de los hermanos Mateo. El alcalde fungió como testigo mientras otros siete trabajadores del juzgado permanecían retenidos.

Ese día, el juez y los otros trabajadores del centro de justicia abandonaron el pueblo. Lo hicieron a través de una ruta alterna, entre montañas, hasta llegar a la cabecera de Huehuetenango. No fue posible obtener sus versiones de lo sucedido; el relato se arma con los testimonios de varias personas que participaron u observaron en silencio la turba.

Los disturbios se disolvieron cerca del mediodía, cuando el obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, llegó a calmar los ánimos. Pero desde entonces, el centro de justicia para todo el norte de Huehuetenango permanece cerrado. Solo se quedó la estación de la Policía. El resto de trabajadores tiene miedo de volver.

En este caso llama la atención que se reduce toda una serie de episodios a los efectos de una “turba –un concepto sobre el que regresaré más tarde- que “obliga” a un juez y “retiene” a unos trabajadores en presencia del alcalde.

Pero lo sucedido fue más complejo, duró muchas horas e intervinieron varios tipos de actores. Se exponen en el detallado INFORME DE SUCESOS que el Gobierno Plurinacional del Territorio Qánjob’al, emitió al día siguiente.[8] Un relato mínimo de lo ocurrido a lo largo de esas horas incluiría al menos los siguientes hechos:

Día 19 de enero

06.30  Llega información a Santa Eulalia de que en Pojom la PNC está tirando gases y buscando aplicar órdenes de captura.

11.30    Llega la información de que la PNC ha capturado y trasladado a dos hombres en helicóptero a Huehuetenango.

14.30   Representantes del Gobierno Plurinacional provenientes de diversos municipios se dirigen al CAJ a averiguar sobre la capturas. Se reúnen con PNC y MP. El coordinador del CAJ no da información sobre el caso.

18.00  Llega delegación de San Mateo con orden de captura que tiene firma del juez del CAJ. Gente de Santa Eulalia y otros pueblos se ha ido juntando alrededor del CAJ. Se hacen llamadas a Thelma Aldana y al Gobernador.

22.00  El Coordinador del CAJ dice que el juez sustituto está en Santa Eulalia y los representantes del Gobierno Plurinacional van a buscarle  acompañados de los agentes de la PNC y la gente, para que haya una nueva audiencia.  Por el camino encuentran al Alcalde y su hijo. La población les conmina a acompañarles.

23.00  En el CAJ empieza la audiencia con la presencia de representantes del Gobierno Plurinacional, juez, secretario y fiscal del MP.

Día 20 de enero

03.45  La audiencia termina con la extensión de una orden de libertad por parte del juez. La gente que había esperado se va retirando tranquilamente

04.00  Salen disparos del supuesto carro del alcalde, hiriendo a dos muchachos. La PNC cierra las salidas del pueblo, pero no sale ningún carro.

05.00  Gente cercana al alcalde impide la apertura de la radio a quienes se acercan a abrirla.

06.00  Gente cercana al alcalde limpia de evidencias el lugar desde el que se han realizado los disparos.

05.00-10.30 Se dan varios episodios violentos contra miembros del Movimiento Social de Santa Eulalia, que se refugian en sus casas.

11.30    Monseñor Ramazzini llega a Santa Eulalia.

Es decir, estamos ante un proceso en el que estuvieron presentes, durante muchas horas, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Coordinador del CAJ, un juez, un secretario, un obispo, varios abogados, la gente de la radio, del movimiento social, el alcalde, su hijo, sicarios y dos heridos. Un proceso en que hubo propuestas para una salida dialogada a la situación, en que se dio una audiencia, en que se realizaron unos disparos contra gente desarmada, en que se dieron acciones violentas contra comunicadores y en que la población intervino en varios momentos y de varias formas pacíficas. No es algo que se pueda calificar de “turba” y resolver en tres frases.

Pero sobre todo, teniendo en cuenta estas otras fuentes asequibles, lo que más llama la atención es que el reportaje no hace ninguna mención a dos hechos clave que ocurrieron esa misma noche y que por su importancia, ameritarían aparecer en él.

El primero son los disparos realizados contra Pascual Basilio Pascual Diego y Armando Mateo Pascual, jóvenes de una aldea de Santa Eulalia que acabaron provocando la muerte del primero de ellos semanas más tarde.[9] Según familiares y testigos, los disparos fueron hechos por el hijo del alcalde y desde el carro del alcalde Diego Marcos; que salió huyendo.[10] En los relatos de esa noche se habla de que padre e hijo ya habían mostrado una actitud beligerante y habían tenido un uso provocador de su arma antes de entrar a la audiencia, de tal manera que hubo que entregarla a la Policía Nacional Civil. [11]

El otro hecho es el cierre arbitrario y violento de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ también por partidarios del mismo alcalde, seguido de la agresión a miembros del Movimiento Social de Santa Eulalia.[12] Este momento no está separado del anterior: según testigos y el mismo informe, después de los disparos, los seguidores del alcalde Diego Marcos se reunieron y procedieron a retirar las pruebas de lo  ocurrido y a cerrar la radio para evitar que lo diera a conocer. En esa misma tónica, se persiguió, amenazó y golpeo a varios miembros del Movimiento Social, obligando a sus miembros a esconderse durante todo el día siguiente. También la gente cercana al alcalde golpeó en la plaza a un hombre discapacitado y tuvo retenida y a punto de linchar a una mujer en el parque de Santa Eulalia y que apenas fue liberada minutos antes de la llegada de Monseñor Ramazzini avanzada la mañana..

Ambos sucesos ocurrieron cuando la gente regresaba del CAJ y no fueron realizados por “la turba” esa de la que se habla en el reportaje: todos los testimonios coinciden en que fue gente allegada al alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos. Llama la atención la total ausencia de este personaje en el texto. De nuevo se trata de un actor central para entender lo ocurrido esa noche; y toda la conflictividad que se da en el municipio de Santa Eulalia – en parte por hechos como los ocurridos esa noche.[13]

En fin que hechos tan importantes y problemáticos en sí mismos no aparezcan en el relato, cuando de los dos eventos hay noticias suficientes en varios medios esos días, como he ido mostrando en las notas a pie de página. Incluso Gustavo Berganza, uno de los columnistas de ContraPoder, participó en la rueda de prensa en que el jueves 22 de enero se denunció públicamente el cierre de la radio Snuq’ Jolom Konob’.[14]

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Conferencia de prensa realizada el 22 de enero para denunciar el cierre violento de la radio Snuq’ Jolom Konob’.En la fila de atrás: Enrique Naveda de Plaza Pública, Gustavo Berganza de ContraPoder y Canal Antigua y Martín Pellecer de Nómada Fotografía: Sandra Sebastián, Plaza Pública.

El manejo de la información y representación de los pueblos indígenas

Pero no sólo son estas ausencias. En el resto del texto, la información se va construyendo con el objetivo de dar a los lectores una imagen específica sobre los acontecimientos narrados, sin dudar en acudir a sobredimensionarlos de diversas maneras. Voy a dar tres ejemplos y  después veremos cuál es la finalidad de este proceder.

El reportaje comienza con dos párrafos que contienen una gran cantidad de ideas implícitas en el uso de los términos.

El norte de Huehuetenango es una olla de presión a punto de explotar. A los asesinatos, quema de maquinaria, retenciones y secuestros que han marcado la conflictividad del área en los últimos tres años, se suma la salida de jueces, fiscales y defensores públicos que huyeron despavoridos. La justicia aquí está temporalmente clausurada.

Desde hace varias semanas se escucha en la capital una inusual historia que ocurrió en Santa Eulalia, Huehuetenango, a mediados de enero. Cuentan que el juez de instancia fue sacado en plena madrugada de la pensión donde vivía. Una turba, que apenas le dio tiempo de vestirse, lo obligó a abrir el centro de justicia, celebrar una audiencia y ordenar la libertad de dos hombres acusados de homicidio que la Policía había capturado el día anterior.

Entre medias de los dos textos aparece una  fotografía como recogida de Prensa Comunitaria (“Foto: Prensa Comunitaria”), aunque se vea claramente que es de Radio Snuq Jolom Konob’. [15] Vemos un par de radiopatrullas con mucha gente en las aceras, con el siguiente pie de foto: “Habitantes de Santa Eulalia, reunidos en la cabecera municipal para exigir a la Policía que se retirara del pueblo”.

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En su ubicación original, esta fotografía no tiene pie de foto; y el texto del artículo original dice que “la gente le pidió a los agentes de la policía que no sigan su camino hasta que llegue el Ministro de gobernación”. [16]

Hay una diferencia importante entre “exigir que se retiren” y “pedir que no sigan”  – además, el texto original dice que están esperando para que se cumpla el acuerdo firmado el día anterior con el Ministro. Se trata sólo de un matiz, pero un matiz que es preocupante: en el pie de foto la gente respetuosa de Santa Eulalia aparece como agresiva. (De paso, fíjense en la fotografía, a ver si la actitud parece amenazante y exigente). La expresión de la “olla de presión a punto de explotar” transmite la misma idea.[17] Es el “Huehuetenango ingobernable” del título.

Y la imagen de la ingobernabilidad la da la palabra “turba”, seguramente la que tiene más calado de todo el ejercicio de este reportaje en donde hay vacíos de información por un lado y tergiversación por el otro. Como hemos visto, aparece tres veces, estratégicamente repartida, en los primeros párrafos del texto. Es un término que históricamente se ha utilizado para desvalorizar las acciones colectivas de los sectores populares, irracionalizando y animalizando su actuar.

En Guatemala se asocia a los indígenas, con su actuar bárbaro y salvaje. Y últimamente lo vemos muy utilizado por la  prensa que se ha dado en llamar prensa amarillista o sensacionalista por su manejo de la información.[18]  Igual que en los titulares escandalosos de esa prensa, lo que vemos en este reportaje apunta a  una búsqueda de la sobreexcitación emocional del lector por encima de aportar contenidos informativos.

Parece que se busca dejar en el lector la impresión de que es “la turba” que expulsa al juez la que impide que se lleve a cabo la justicia en un territorio remoto habitado por gente “ingobernable”.  Ésta es una imagen con reminiscencias coloniales, que se actualiza cuando se explican hechos en múltiples situaciones de linchamientos y quemas de estaciones policiales que se han dado en el país en los últimos años, aunque este episodio en concreto no haya tenido nada que ver con todo eso.

Como una forma de dar reforzar esta imagen que se quiere crear o recrear, hay muchas cosas que no se dicen. Por ejemplo, además de los “asesinatos, quema de maquinaria, retenciones y secuestros” mencionados, al hablar de la región, se menciona que “se ha registrado en el área la muerte de un líder comunitario y un soldado, la quema de maquinaria de dos hidroeléctricas, una finca y una constructora” hechos que no han sido investigados y resueltos ni siquiera por quienes les corresponde: el Ministerio Público y el Organismo Judicial. Pero en cambio, el texto no se refiere a las violaciones a los derechos humanos que han sufrido y sufren los comunitarios que se han opuesto a que las hidroeléctricas se impongan en el área: ejecuciones, amenazas, militarización, detenciones arbitrarias, juicios amañados, condenas injustas y otras formas de violencia. Todos estos son elementos del dominio público, que han sido analizados y difundidos por instancias nacionales e internacionales de diversa índole.[19]

Otro punto que llama mi atención es la total ausencia de mención a quienes están presos y con persecución penal por su oposición a las actividades de las empresas hidroeléctricas y sus representantes en el área.[20] Desde el 2012, han pasado por la cárcel 18 personas, de las que nueve siguen en ella. Las primeras fueron capturadas el 2 de mayo de 2012 y la última el 3 de octubre de 2015. Además ha habido y hay órdenes de captura contra muchos más, un aspecto importante de estas detenciones es que a ninguno se le ha podido comprobar los delitos de los que se les acusa y los procesos son armados con tantas inconsistencias que a todas luces se están cometiendo injusticias y arbitrariedades.[21]

Por lo que la información ofrecida impide conocer el porqué de los mismos datos que se aportan y los sucesos que se narran.

Finalmente, el circulo de la desinformación se cierra en el apartado del reportaje titulado “el rostro de la oposición”, en que se dibuja la figura de Rigoberto Juárez, donde saltan los resortes de la mirada colonial y el estigma no solamente hacia la población indígena sino a quienes defienden sus derechos. Y yo me pregunto, ¿es ésto amarillismo disfrazado? ya que al retratarle  como “excombatiente guerrillero de Ejército Guerrillero de los Pobres”  se busca la asociación inconsciente a la figura del guerrillero como enemigo de Guatemala, terrorista y cómo no, violento. Pero no se cuenta que Rigoberto es técnico en salud rural, reconocido líder indígena a nivel internacional o fundador de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala – ALMG, ambos hechos igual de relevantes en su trayectoria.

Esa misma imagen es la que hizo Eddy Juárez, viceministro de Seguridad de Otto Pérez Molina, quien eludiendo cualquier la imparcialidad es la fuente principal de este apartado. El describe a Juárez como un “promotor de manifestaciones violentas” que “desinforma”, a quien “no pueden detener porque no participa en las manifestaciones”  e implícitamente como poco democrático.[22] En cambio desaprovecha de forma notoria la entrevista mantenida con él, de quien sólo se recoge una frase –Juárez dice que estas medidas son precautorias”, una frase que justifica unas acciones violentas, que son justamente aquellas que la autora de este texto quiere que recordemos.

Es decir, además de que se oculta información fundamental para entender la problemática social en el norte de Huehuetenango, en los detalles que muestran el contexto en que éstos se dieron, hay una insistencia en ofrecer imágenes que retratan a  los actores indígenas como amenazantes del orden  social, como enemigos, como salvajes, lo que impide que podamos comprender al país y sus contradicciones y realidad. Estaríamos ante un caso de amarillismo encubierto, en dónde se usan técnicas sensacionalistas que funcionan y que lamentablemente desinforman y manipulan la opinión pública. Poco tiempo después de detiene y encarcela a Rigoberto Juárez bajo la mirada pública que tuvo información de que el es una persona peligrosa.

 Una vez más, la construcción del crimen y el criminal

He querido mencionar los datos más evidentes que muestran un reportaje que muestra falta de rigor, un caso de parcialidad y falta de objetividad, algo opuesto al periodismo profesional que realiza un medio de la calidad y rigor que se le supone a ContraPoder.

A través de ausencias, tergiversaciones y amarillismos se nos ha querido nos dar la imagen de unos acontecimientos provocados casi unilateralmente por una población  violenta  liderada por un líder amoral. Al obviar toda una serie de procesos complejos y maquillar otros, tenemos elementos como para pensar que se trata de un trabajo realizado con la intención de favorecer a una de las partes de un conflicto,  dejando fuera de forma consciente elementos que la inculpan y negando las voces de los que la oponen.

A estas alturas tenemos elementos para pensar que este tratamiento del tema en los grandes medios, como en este reportaje no es casual.  La detención de Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar forma parte de una campaña en la que este año 2015 se ha encarcelado a cinco líderes comunitarios más del norte de Huehuetenango: Arturo Pablo, Francisco Juan y Adalberto Villatoro en febrero, en junio Ermitaño López y en octubre al abogado Pedro Robel Ovidio Toledo Toledo que ya está en libertad.[23]

Estamos ante un recrudecimiento de la criminalización –la conversión de los defensores del territorio en criminales-[24], que ha sido una estrategia constante desde que los pueblos del norte de Huehuetenango expresaron su oposición pacífica a las actividades que consideraban nocivas y a la forma en que se les imponía, empezando por la realización de Consultas de Buena Fe.[25]

No parece casualidad que este repunte haya coincidido con un año electoral, pues los alcaldes son gestores importantes de las empresas a nivel municipal, con intereses compartidos.[26] La reciente absolución de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez autoridades comunitarias de Barillas después de dos años de prisión injusta, ocurre después de que el MP no pudo demostrar las acusaciones de femicidio que les imputaban; [27] y la de Pedro Toledo por las mismas razones (ver nota 2) esto demuestra hasta qué punto los casos se construyen para apartar a los líderes de la lucha social.

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Diego Marcos, Alcalde de Santa Eulalia –en primer plano- ejerciendo de acusación particular contra Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar en la audiencia del día 11 de abril de 2015. Fotografía, Santiago Bastos.

Por ello, en la forma de dar la información en este reportaje, podemos ver la intencionalidad de crear la imagen de criminal en quien es el principal acusado en el juicio. En este caso,  la prensa está cumpliendo exactamente lo que dicen quienes estudian este “dispositivo expropiatorio”:

 “La criminalización opera como una especie de “antesala” de la represión directa, como una forma de legitimar socialmente el ejercicio de la fuerza pública contra los luchadores sociales. En esta estrategia juega un papel muy importante la formación de una opinión pública que perciba a los activistas como potenciales amenazas para el conjunto de la sociedad”.[28]

Pero en este caso hay más: los hechos que no aparecen en el reportaje –los disparos a los jóvenes y el cierre de la radio- son los que permitirían desvirtuar la acusación a Rigoberto Juárez y el papel de víctima que el alcalde Diego Marcos se ha adjudicado en la versión del MP. El texto lo que hace es ocultar deliberadamente elementos de su comportamiento que pueden ser constitutivos de delito. De hecho, existe una solicitud de  antejuicio contra este aún alcalde en el juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango promovido por la Fiscalía del Ministerio Publico de Santa Eulalia, por el cierre ilegal de la Radio Snuq’ Jolom Konob’.[29]

Y no queda aquí la actuación violenta del alcalde Diego Marcos y sus allegados. Cuando el dia 19 de marzo de 2015 se pretendió reabrir la radio Jolom Konob, la Corporación Municipal no respetó el consenso alcanzado con el personal de la radio y lo que iba a ser un acto comunitario, hubo de suspenderse por los ataques que sus allegados  hicieron en contra de los miembros de la radio y otros  comunicadores que habían acudido a la actividad.[30]  Estos hechos le han valido al mismo alcalde la solicitud de otro antejuicio, por las agresiones y amenazas que sufrieron una delegación de periodistas nacionales e internacionales, comunicadores comunitarios e investigadores sociales. [31]

En definitiva….

Nos encontramos una vez más con lo que ya hemos denunciado tantas otras veces: la construcción del crimen y de la figura del criminal por parte de los medios de comunicación. Es una parte muy importante de los procesos de criminalización de la lucha social y de despolitización de los ciudadanos.

Desde el título se crea la impresión de que Huehuetenango es un territorio indómito en que la gente no acepta las reglas de “civilización” que el Estado les aporta. Es la idea de la turba que expulsa al juez, casi como en una película de western, y en que el villano es el jefe de las tribus indómitas. Para eso se usa toda la ingeniería de la desinformación que acompañan otra serie de acciones como la persecución penal.

Desde la “cobertura” que da la supuesta neutralidad, se crean las condiciones para para tergiversar los hechos y convencer a la población del carácter penal de las acciones y actores; mientras nadie piense en las empresas, ni en los jueces y los alcaldes que operan sus intereses.

Y a la vez,  se da un paso más en la recreación y la autoperpetuación del estigma social: sólo al repetirlo y mostrarlo, todo ello se hace encajar en la idea de ese “Huehuetenango ingobernable”, lejano y siempre arisco, que necesita de la mano dura y del progreso que traen las empresas. Esas empresas que son las que se benefician de este tipo de reportajes.

Notas

[1] La detención Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar provocó en su momento una ola de protestas entre organizaciones sociales y medios alternativos por lo irregular del procedimiento. Ver Prensa Comunitaria entre el 24 y el 30 de marzo, así como “Detienen a dos hombres por incendio de finca en 2013 en Santa Eulalia”. Emisoras Unidas, 24 de marzo 2014; “Capturan a Rigoberto Juárez, el líder del gobierno plurinacional”. ContraPoder, 25 de marzo 2015; “El Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel CPK ante la detención de Rigoberto Juárez Mateo y de Domingo Baltazar”. Comunicado, 24 de marzo 2015; “Junta directiva y Comunicadores Sociales de la Radio Comunitaria Snuq Jolom Konob de Santa Eulalia, Huehuetenango”, Comunicado 24 de marzo 2015; “Radio Comunitaria Snuq Jolom Konob, Criminalizar y Reprimir”. Comunicado UDEFEGUA, 25 de marzo 2015; “Gobierno Plurinacional Akateko, Chuj, Poptil´, Q´anjob´al y Mestizo”, Comunicado Urgente 26 de marzo 2015; “Libertad para Rigoberto Juárez y Baltazar Domingo y Fin a la Criminalización Indígenas”. Comunicado WINAQ, 26 de marzo 2015;“La democracia y sus presos políticos”, Zaira Lainez, Plaza Pública, 26 de marzo; “EXIGIMOS LIBERTAD INMEDIATA A LÍDERES DE LOS PUEBLOS ESPECIALMENTE DE DON RIGOBERTO JUAREZ Y DON DOMINGO BALTAZAR”. Comunicado KAYB´ALAN, 26 de marzo 2015;“Presos Políticos, Otra vez indignados”. Kajkoj Máximo Ba Tiul. Prensa Libre, 28 junio 2014; “Presos políticos libertad”. Rosalinda Hernández, elPeriodico, 28 de marzo, 2015    Publicado en redes sociales a través de Plataforma 51 Guatemala, sin embargo el artículo fue retirado de la web del periódico. “Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, víctimas de la represión y criminalización en Guatemala” 31 de marzo 2015.  Comunicado, WAQIB´KEJ. “Rigoberto Juárez nos habla”, Miguel Ángel Sandoval, 8 de abril 2015, el Periódico,  “Abominable Recurso”, Karin Slowing, 8 de abril de 2015, Prensa libre

[2] Pedro Toledo fue detenido el 3 de octubre, en Huehuetenango, quedando en libertad por falta de mérito el día 4 de noviembre. Ver  “Huehuetenango: detenido el abogado Pedro Rubel Ovidio Toledo y Toledo por defender a líderes comunitarios”, Prensa Comunitaria, 3 octubre 2015; “El abogado Pedro Rubel Toledo, criminalizado hoy quedó en libertad: “debemos trabajar fuerte por los demás presos políticos””, Prensa Comunitaria, 5 de noviembre 2015,

[3] En Prensa Comunitaria hemos denunciado este papel de la prensa en diversas ocasiones. Ver por ejemplo el rerportaje “Norte de Huehuetenango. La defensa de la vida frente al poder del dinero”, 11 de noviembre 2013, “Barillas: la construcción del delito contra la Resistencia “Nuevo Amanecer” Santiago Bastos, 02 marzo 2015. Ver también en  “Muerte en Los Pajoques: Crónica desolada de la barbarie en la que vivimos” Santiago Bastos,  Prensa Comunitaria, 28 de septiembre 2014

 [4] Ver  “Capturan a dos líderes comunitarios en San Mateo Ixtatán”. Emisoras Unidas, 19 Enero, 2015

[5] La empresa Promociones y Desarrollos Hídricos (PDH)  instaló en San Mateo el proyecto hidroeléctrico Pojom I en la aldea del mismo nombre en el año 2013. Desde entonces su presencia ha provocado múltiples momentos de tensión, agravados tras la instalación de un destacamento militar en la localidad. Ver “San Mateo Ixtatan otra empresa extractiva atenta contra la vida” Prensa Comunitaria 05 mayo 2015; “San Mateo Ixtatan la nacionalidad Chuj en defensa del agua” Prensa Comunitaria 05 de mayo 2015; “Boletín urgente incursión militar en aldea Bontaq de Barillas y en Yich Kisis en San Mateo Ixtatan” Prensa Comunitaria 20 mayo 2015; “San Mateo Ixtatan una nueva agresión contra el pueblo Chuj” Prensa Comunitaria 21 julio 2015; “Pojom San Mateo Ixtatan policía lanza bombas lacrimógenas contra la población” Prensa Comunitaria  12 Agosto 2015; “San Mateo Ixtatan la hidroeléctrica que rompió con la paz y tranquilidad” Prensa Comunitaria 17 noviembre 2015.

[6] Ver la versión del Gobierno Plurinacional “Comunicado del Gobierno Ancestral Maya Plurinacional ante los hechos ocurridos las comunidades de Yich K’isis y Pojom del Municipio de san Mateo Ixtatán” Prensa Comunitaria 18 noviembre 2015 y la de Prensa Libre “Pugna por proyecto deja dos muertos en San Mateo Ixtatán”, Prensa Libre, 18 de Noviembre  2014 .

[7] Uno de los efectos más perversos y generalizados de la presencia de las actividades extractivas en las comunidades es el fomento y creación de divisiones interna, llegando a generar situaciones de violencia entre los mismos vecinos. Para verlo como parte de las estrategias de las empresas, ver el libro el libro Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas, Santiago Bastos y Quimy de León, Diakonía, 2014; en México ver “Goldcorp y la reciprocidad negativa en el paisaje minero de Mezcala, Guerrero”, de Claudio Garibay y Alejandra Balzaretti,  Desacatos num 30, 2009.

[8] También se puede consultar el comunicado de la radio Jolom Konob: “COMUNICADO DE LA RADIO COMUNITARIA SNUQ’ JOLOM KONOB’ DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO” Prensa Comunitaria 30 enero 2015, las notas de Prensa Comunitaria: “Santa Eulalia: ¿Porque buscan censurar el trabajo de la radio comunitaria?” Prensa Comunitaria 20 enero 2015  y “Santa Eulalia: En grave peligro personas del movimiento social” Prensa Comunitaria 20 enero 2015.

[9] “A  eso de las 4:00 de la madrugada se da el informe entre la gente y las personas empezaron a retirarse hacia sus hogares o lugares de destino; pero sorprendentemente cuando las personas iban saliendo del CAJ hacia la terminal de la localidad, el señor Diego Marcos Pedro, Alcalde Municipal de Santa Eulalia y su hijo Gómez Marcos, estaban esperando en la calle a la gente y sin mediar palabra dispararon en contra de Pascual Basilio Pascual Diego de 19 años y Armando Mateo Pascual de aproximadamente 35 años, ambos de la aldea Molná de esta localidad; hiriéndolos gravemente y luego huyeron en un automóvil hacia el centro de la población.” INFORME DE LOS SUCESOS ACAECIDOS LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE ENERO DEL AÑO 2015 “EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO IXTATAN Y SANTA EULALIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO” Prensa Comunitaria 04 febrero 2015.

[10] “Persiste tensión por captura de dos hombres”, Prensa Libre, 20 de enero 2015;  “Sindican a alcalde de muerte de hombre”, Prensa Libre, 17 marzo 2015,  Armando Mateo fue atendido en Santra Eulalia, pero por la gravedad de sus heridas, Basilio Pascual fue trasladado a Soloma y después a Huehuetenango y finalmente a Santa Cruza de Quiché, donde murió finalmente el 17 de marzo de 2015.

[11] “…Cuando ingresaba el Alcalde a las instalaciones del CAJ, el señor Diego Marcos Pedro agredió físicamente a una persona lo que provocó más a las personas y lo empujaron hacia la oficina de la coordinación del CAJ, pero cerca de las puertas de la misma, sacó un arma de fuego que portaba y quiso dispararle a una persona; afortunadamente reaccionó luego y le quitaron el arma de las manos del señor Diego Marcos e ingresó en la reunión con un hijo que apareció en algún momento con el fin de salvaguardarlo de la población ya provocada y se entregó el arma a la policía nacional civil. Seguidamente se fue a buscar al fiscal del ministerio público para llevar a cabo una audiencia en ese momento.” INFORME DE LOS SUCESOS ACAECIDOS….

[12] En una actividad anterior en que el Gobierno Plurinacional le acusó de apoyar a la hidroeléctrica San Luis, el 24 de septiembre de 2014, el Alcalde Diego Mateo ya amenazó con cerrar la radio, “Otro atentado contra la libertad de expresión y de prensa” Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob 23 septiembre 2014.

[13] En Santa Eulalia Se instaló la hidroeléctrica Hidroeléctrica San Luis, propiedad de la empresa Cinco M Sociedad Anónima. (Ver Reporte de campo num 2 de CIESAS: “Jolom Konob: Santa Eulalia y la agresión empresarial” Prensa Comunitaria 02 noviembre 2013), generándose también momentos de tensión con la población opuesta a su funcionamiento: Movilización comunitaria en Santa Eulalia, Prensa comunitaria, 8 agosto 2013; Rechazan mina e hidroeléctrica en Huehuetenango, Prensa Libre, 10 diciembre 2013; Turba quema maquinaria de proyecto hidroeléctrico, Prensa Libre, 20 agosto 2014; Santa Eulalia: población en riesgo por empresa hidroeléctrica, Prensa Comunitaria 27 Agosto 2014;   Liberan a empleados retenidos, Siglo XXI  29 agosto 2014;  Santa Eulalia: continúa la defensa del territorio del pueblo Q´anjob´al contra la licencia de una hidroeléctrica, Prensa Comunitaria, 11 diciembre 2014.  La poblacion de Santa Eulalia achaca la muerte de Daniel Mateo, importante líder local, a los conflictos con esta empresa.  Pueblo de Santa Eulalia exige el esclarecimiento del secuestro de Daniel Pedro Mateo lider Q´anjob´al, Prensa comunitaria, 15 abril 2013,  Piden investigar muerte de líder, Siglo XXI, 18 abril 2013.

[14] Además de las noticias y el comunicado ya mencionados, ver las noticias relativa a la muerte de Basilio:“Intentan retener el cadáver de joven asesinado en Santa Eulalia”, Prensa Comunitaria, 16 de marzo 2015; El joven Pascual Basilio, asesinado por defender el territorio va de regreso a su tierra”, Prensa Comunitaria, 16 de marzo 2015. Respecto al cierre de la radio, ver las notas referidas a la rueda de prensa en que se denuncia el hecho “Condenan censura de Radio comunitaria y amenazas a comunicadores comunitarios”; Prensa Comunitaria, 23 enero, 2015,  “Denuncian a Alcalde por cierre de emisora comunitaria”. La Hora, 23 enero 2015 “Denuncian cierre de radio comunitaria”, PlazaPublica, 23 enero 2015; “Denuncian cierre de radio comunitaria en Santa Eulalia, Huehuetenango” Canal Antigua 23 enero 2015.

[15] En la fotografía aparece claramente “Radio Snuq Jolom Konob FM” pero en el pie de foto aparece “Foto: Prensa Comunitaria, octubre 2013”, lo que muestra que fue tomada de un artículo de Prensa Comunitaria, por lo que sí deberían conocer los contenidos de las notas recogidas en este portal.  Esto nos llevaría a otra reflexión sobre las relaciones entre la prensa corporativa y los medios independientes, mostrada en este caso por el uso del material producido desde el terreno, para darle un sentido totalmente opuesto por quien se cubre del manto de la profesionalidad.

[16] “Alerta en la Población Q’anjob’al por incumplimiento de acuerdos con el gobierno” RADIO SKUQ’ JOLOM 1 de octubre de 2013.

[17] Aunque no puedo detenerme, sí quiero insistir en el alarmismo de esta sentencia, remarcando que ocho meses después de haberse emitido, la olla aún no ha explotado, a pesar de quienes se han empeñado en verlo como inminente. Este estrategia de hacer ver al área Q’anjob’al como potencialmente violentga también se vio en un comunicado de la PDH en su momento, “El alcalde, la radio, los acompañantes (y la PDH) : una crónica más de la impunidad en Santa Eulalia” Prensa Comunitaria 24 marzo 2015, o el TSE “Barillas: así se vivió el proceso electoral 2015” Prensa Comunitaria 06 septiembre 2015.

[18] “El sensacionalismo es la tendencia a presentar los hechos y las noticias de modo que produzcan sensación, emoción o impresión. ….. La prensa amarilla falsea la información, resalta el morbo, incentiva la violencia y banaliza la vida social.”, Sensacionalismo y amarillismo en los medios de comunicación, Florencia Berti. 2010.

[19] Ver los informes periódicos de UDEFEGUAACOGUATE y PBI, la información generada por CEDFOG; también ver los trabajos sobre el Estado de sitio de Barillas en mayo de 2012 generados por Convergencia de Derechos HumanosADHHegoaIntermon Oxfam y la Carta Pastoral de la Diócesis de Huehuetenango.  Además, se pueden ver el Diálogo de FLACSO num 43: “Santa Cruz Barillas, los intereses detrás del Estado de sitio” Diálogo FLACSO 22 julio 2012, el Reporte de campo num 2 de CIESAS: “Jolom Konob: Santa Eulalia y la agresión empresarial” Prensa Comunitaria 02 noviembre 2013.

[20] Al hablar de presos políticos me refiero al hecho de que han sido encarcelados por razones ajenas a aquellas que se les imputan. La razón de su encausamiento es ser activistas y liderar la oposición a proyectos extractivos. Las causas han sido fabricados expresamente para someterles a procesos jurídicos que anulen su capacidad política de oposición. Al respecto ver los textos que aparecen en la nota 24.

[21] Leer por ejemplo. Santa Cruz Barillas, Criminalización y presos políticos, Enfoque num 26, año 4.; El Caso de Saúl Y Rogelio: Presos políticos en defensa del Territorio, CMI, 13 octubre 2014;   ¿Qué hacen tres líderes comunitarios de Barillas en el Preventivo de la Zona 18?, CMI, 25 marzo 2015; Criminalización de defensores en el norte de Huehuetenango; ACOGUATE, septiembre 2015;

[22] “El viceministro de Seguridad, Eddy Juárez, señala que el Gobierno Plurinacional puede compararse con los 48 cantones de Totonicapán, con la diferencia de que en occidente se observa un sistema democrático en la elección de sus autoridades, mientras que en la organización huehueteca no se ve rotación de liderazgos.”

[23] Ver los reportajes “Barillas: Autoridades comunitarias exigen la liberación de sus dirigentes” Prensa Comunitaria 05 marzo 2015; “Detenido injustamente a otro defensor del agua de Santa Cruz Barillas” Prensa Comunitaria 03 junio 2015;  “Huehuetenango: Detenido abogado Pedro Rubel Ovidio Toledo y Toledo por defender a líderes comunitarios” Prensa Comunitaria 03 octubre 2015.

[24] Para la conceptualización del término criminalización, ver, “Criminalización de la protesta social en México” Pablo Romo, Observatorio de la Conflictividad Social en México Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. Comisión Internacional de Juristas. Guatemala;. Criminalización de la pobreza y de la protesta social. Claudia Korol, y Roxana Longo Editorial El Colectivo, Buenos Aires, 2009.

[25] Ver el libro Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas. Diakonía, 2014  y los informes citados en las notas 13 y 20.

[26] El profesor Arturo Pablo se perfilaba como candidato de Winaq’ en Barillas, mientras que Ermitaño López ya había sido proclamado como candidato de CRD-CPO en ese municipio. Por su parte, Rigoberto Juárez siempre ha sido un cuadro importante de Winaq a nivel nacional y en Huehuetenango. Para comprender la importancia de los “poderes regionales” en la política reciente de Guatemala, ver el trabajo “Poderes regionales y distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, de Harald Waxenecker, Prensa Comunitaria 11 agosto 2015.

[27] Ver los reportajes “Barillas: en libertad dos autoridades comunales después de dos años presos injustamente”, Prensa Comunitaria, 28 octubre 2015; “Absuelven a líderes comunitarios de Huehuetenango de asesinato y femicidio”, Prensa Libre, 30 octubre, 2015; “Aflora la verdad y la justicia: Saúl y Rogelio son absueltos”, CMI, 31 octubre 2015.

[28] “Claves de lectura para comprender el despojo y las luchas por los bienes comunes naturales en América Latina”, Claudia Composto y Mina Lorena Navarro, en Territorios en disputa, Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina. Bajo Tierra Ediciones, 2014, pag 60.

[29] “En Guatemala el alcalde de Santa Eulalia, Huehuetenango va a elecciones con dos antejuicios” Guatemala Comunitaria, 5 de septiembre 2015.

[30] Al respecto, ver “Llamado a la solidaridad a la prensa nacional e internacional”, Prensa Comunitaria, 19 de marzo 2015; “Alcalde Municipal de Santa Eulalia, rechazó la reapertura de Radio SNUQ JOLOM KONOB´”; CMI, 20 de marzo 2015; “Comisión de Libertad de Prensa denuncia nuevas agresiones”, CERIGUA 23 de marzo 2015; “El alcalde, la radio, los acompañantes (y la PDH) : una crónica más de la impunidad en Santa Eulalia”, Santiago Bastos, Prensa Comunitaria 24 de marz


Por Nelton Rivera.

La exposición fotográfica “Guatemala: la movilización pacífica en un segundo de luz” surge de la necesidad de hacer una reflexión colectiva pública acerca del papel de la fotografía en la transformación social.

Esta exposición contiene imágenes de 34 fotógrafos que venimos de las comunidades de distintos departamentos del país y la ciudad.  Cada uno de quienes participamos en esta exposición, tenemos en común nuestro trabajo dentro de la agencia de noticias Prensa Comunitaria

“Guatemala: la movilización pacífica en un segundo de luz” busca mostrar el trabajo colectivo durante las coberturas colaborativas desde la comunidad, desde la mirada de quien captura a través de la lente cada uno de estos momentos en un segundo de luz.

Más de 50 fotografías formarán parte de la construcción colectiva de nuestra propia narrativa sobre la movilización pacífica, las dinámicas comunitarias, la vida, lo convulso de enfrentarse a un modelo por desposesión, continuum  del despojo y destrucción.

Treinta y cuatro autores aportaron material fotográfico para describir la movilización pacífica en buena parte del territorio nacional, durante un periodo comprendido entre el año 2011 al 2015; las consultas comunitarias, los procesos asamblearios, la elección de autoridades comunitarias y ancestrales, las movilizaciones multitudinarias defendiendo el agua, la tierra, la nacionalización de la energía eléctrica  y el territorio.

Un movimiento comunitario que ha ido acrecentándose a partir de las consultas comunitarias de buena fe y consultas municipales desde el año 2005 al 2015; estas movilizaciones siguen denunciando la corrupción en el Estado detrás de la concesión de distintos territorios en complicidad con empresas nacionales y transnacionales.

Las principales ciudades del país no están ajenas a la movilización, en muchos de los casos la ciudad sigue siendo receptora de la demanda social por la centralidad del Estado. Durante cinco meses del 2015, las ciudades retomaron un rol importante en la movilización pacífica que se dio en ese espacio, la lucha masiva contra la corrupción y las redes criminales vinculadas al partido de gobierno, al presidente y vicepresidenta, junto a los más importantes cargos dentro de la administración pública, empresarios y congresistas.

Estas movilizaciones contra la corrupción acapararon la mirada internacional sobre Guatemala, construyendo un imaginario sobre un tipo de movilización desdibujando o visibilizando la movilización pacífica que históricamente ha estado presente en el país.

En la exposición está reflejado el trabajo de Prensa Comunitaria durante los últimos cinco años en el marco de un nuevo aniversario. Éste es un primer ejercicio por crear una exposición fotográfica cuya narrativa nos revela la continuidad histórica de la movilización popular expresada de distintas maneras y formas.

Qué sucede en los territorios de Santa Eulalia, Barillas, San Juan Ixcoy en Huehuetenango; Sipakapa y San Miguel Ixtahucan en San Marcos; Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, en municipios como San José Del Golfo, San Pedro Ayampuc, Chuarrancho o la ciudad capital en el departamento de Guatemala.

Qué sucede en el departamento de El Quiché, en Alta y Baja Verapaz, El Petén, Izabal, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, entre otros. Los procesos de justicia en los casos de Sepur Zarco, la quema de la Embajada de España o el juicio por Genocidio, la criminalización y judicialización de los presos políticos, los desalojos violentos en el Valle del Polochic, Monte Olivo,  la masacre en la Cumbre de Alaska en Totonicapán y Samochoc en Alta Verapaz.

Cada lugar bajo la amenaza o la agresión de empresas nacionales o transnacionales que se dedican a la actividad extractiva como la minería de oro o el cemento, las hidroeléctricas y represas que formaran parte de la nueva matriz de producción energética, las petroleras, las gigantescas plantaciones de Palma Africana, entre otras.

Los momentos históricos narrados desde “Guatemala: la movilización pacífica en un segundo de luz” nos revelan una buena parte de la movilización, lucha y resistencia de las comunidades indígenas y mestizas a lo largo y ancho de Guatemala.

Nos veremos en el próximo encuentro…


Por Ana Lucía Ixchíu

 

Para Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Profe Arturo, Chico Palas, Mynor López, Saúl Méndez, Rogelio Velásquez, Ermitaño López y para las y los presos políticos de todo el país y el mundo, a los que no conozco, quienes están por sus ideas, siendo privados de libertad, les mando luz y les pienso.

Nuestras vidas, queramos o no, son regidas por el tiempo del capital que nos “gobierna” -y digo esto porque aunque tratemos y luchemos por cambiar la realidad, este sistema de una u otra forma nos atrapa. La realidad del sistema de justicia en este país es un pequeño ejemplo de cómo el racismo estructural es la norma cotidiana y el funcionamiento del sistema penitenciario desnuda la realidad que trasciende ideología, condición de clase, religión, grupo étnico y orientación sexual.

Hacinados como animales, en las cárceles que perfeccionan a las y los criminales, en lugar de generar algún tipo de “rehabilitación” por delinquir y sí, este sistema piensa que la gente está enferma mental, sin analizar que lo que está enfermo es el sistema económico que nos rige y que rige nuestras vidas, generando todo tipo de deshumanización en las sociedades, haciendo normal dentro de nuestras vidas, mentes y cuerpos el encierro y la dominación, sintiendo parte de nuestra cotidianidad el encierro que generan las urbanizaciones cerradas, vendiendo una falsa sensación de seguridad, creando así una burbuja dentro de la realidad, esa realidad que no queremos que nos toque.

Caminando por los pasillos del Preventivo de la zona 18, me dirigía al sector 13. Mientras mis piernas temblaban de miedo, me preguntaba qué carajos estoy haciendo acá, y reparé en analizar la realidad sobre la discriminación y el racismo estructural que hay en el país, que tiene de manera histórica y sistemática el despojo como un aparato de funcionamiento para la opresión y la dominación dentro del imaginario de los más sobre los menos.

Mi respuesta sobre la razón del porqué me encontraba en ese lugar, se responde cuando me analizo como una mujer indígena que desde la historia de nuestros pueblos puedo ver y recordar cómo mucho antes de la época de la fundación del estado y de la declaración de la “falsa independencia” que en realidad era promovida por los pueblos indígenas, existieron los primeros presos y presas políticas, hombres y mujeres indígenas que peleaban por su libertad y autodeterminación y por la posibilidad de poder tener sus tierras de nuevo, mismas que les fueron despojadas por la corona española.

Cuando veo lo que nos toca vivir hoy, muy poco ha cambiado, no hemos superado el vivir en un sistema colonial y estado-finca. En este país neocolonial es muy fácil apresar a una o un  indígena por su trabajo e ideas  y esta es la razón por la cual me encuentro acá hoy. Estoy en el preventivo de la zona 18, en el sector 13 específicamente, visitando a unos amigos, maestros de vida, personas que admiro mucho y quienes se encuentran presos por defender sus ideas, su lugar de nacimiento, presos por la solidaridad, por el pensar en colectivo, por resistirse al tiempo del capital que tiene como parte natural de su trabajo la estrategia del despojo.

Después de los meses de movilización ciudadana donde como país demandábamos justicia y cese a la impunidad y la corrupción, veo como una forma más de las miles y diversas que hay de corrupción la del encierro injusto a través de la prisión política. Sigue siendo una tarea pendiente para reivindicar para la sociedad civil. Pese a los numerosos esfuerzos personales individuales y  colectivos que hemos hecho, muy pocos logros ha habido, a pesar de que todas han sido aprensiones ilegales y de dudoso protocolo, sentencias condenatorias de cien años y demás, se ha mantenido de manera permanente desde la colonia la detención ilegal para lideresas y líderes indígenas que valientemente resistiéndose a la dominación, a la tiranía, a la esclavitud, de la teoría de los más sobre los menos, lucharon hasta el final por defender sus ideas y sus territorios.

Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes ya casi llevan ocho meses de prisión injusta y previamente planificada por intereses espurios y poco éticos en el sistema de justicia de este país al servicio de los megaproyectos de energía y minería en territorios colectivos indígenas y mestizos pobres.

Después recuerdo que ésta ha sido la forma en la cual este país gobernado por la derecha y por los militares.

Después sigo caminado y veo cómo los no permitidos de estas sociedades son hacinados como animales en lugares poco salubres e indignos, camino y llego por fin a sentarme a una mesa donde tengo que pagar para sentarme. Rigoberto acompañado de su familia, quienes viven también la prisión política con él, me saludan con una sonrisa; Domingo llega y me cuenta que está enfermo y que necesita medicina…

 


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Fotografía Chris Posser

El pasado 3 noviembre se celebró la ceremonia en que la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC, por sus siglas en inglés) entregó el Premio Alice Zachmann para Defensores de Derechos Humanos a Prensa Comunitaria.

El acto empezó a  las 18.30 en la iglesia St. Stephen’s en Washington D.C. y tuvo varias actividades previas al momento de la entrega de la placa conmemorativa de manos de Kesley Alford-Jones, Directora de la GHRC. Estuvieron presentes más miembros de la Comisión, de otras organizaciones de derechos humanos y de solidaridad con Guatemala; y se contó con la presencia de varios miembros de la Liga Maya Internacional, un grupo Q’ajnob’al con sede en Estados Unidos.

Lorenzo Mateo Francisco, Director de la radio Snuq´Jolom Konob´de Santa Eulalia y miembro de la red de comunicación comunitaria Prensa Comunitaria, recibió el premio con la siguientes palabras:

Señoras y señores, muy buenas noches a todos, mi nombre es Lorenzo Mateo Francisco; vengo del pueblo de Jolom Konob, Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango Guatemala, yo soy Maya Q’anjob’al.

Vengo a representar, primero para agradecer a Dios y a Prensa Comunitaria el cual ha sido acreedor de este premio que significa todo un agradecimiento de parte de la comunidad internacional y quiero agradecer a todos ustedes que están en este momento, a los que han apoyado y los que están apoyando la lucha de los pueblos que defienden sus derechos. Gracias a ustedes por apoyar, gracias a la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala aquí en Washington, a todos los colaboradores.

Este premio lo vengo a recibir a nombre de mi familia Prensa Comunitaria. Siento un dolor en el corazón porque la libertad de expresión en mi país ha sido restringida por intereses económicos, políticos y por otros intereses que de alguna manera u otra han oprimido la clase pobre, a la clase campesina, a la clase rural y han tratado la manera de tapar la boca del pueblo. Todo esto ha sido la razón del porque nació Prensa Comunitaria.

Prensa comunitaria ha sido criminalizada, sus miembros en diferentes puntos del país han sido objeto de criminalización, de persecución, de agresiones… Han tratado la manera de callar la boca del pueblo a través de sus actitudes violentas.

Hoy doy gracias a Dios y nuevamente a todos y todas ustedes que nos han dado la oportunidad de venir a recibir este premio. Este premio nos compromete nuevamente a seguir  adelante en la lucha en defensa de los derechos humanos.

Los derechos humanos de nuestros pueblos indígenas son bases importantes de la vida humana como aparece en el artículo 35 de la Constitución Política de Guatemala, en donde narra de la libre expresión del pensamiento,  que es uno de los derechos fundamentales del ser humano. Aparece en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual ha sido ratificado por el Estado de Guatemala. De igual manera es uno de los derechos ratificados por Guatemala en los diferentes pactos internaciones. Sin embargo no ha sido así… de hoy en adelante

Todos nuestros compañeros y compañeras que han sido objeto de criminalización por defender sus derechos a la libertad de su territorio, varios de ellos actualmente son presos políticos; Rigoberto Juárez fue el fundador de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ de Santa Eulalia para la cual yo colaboro como miembro del equipo de comunicadores sociales. Domingo Baltazar, actual preso político, Daniel Pedro Mateo uno de los fundadores de la radio Snuq’ Jolom Konob’, secuestrado y asesinado hace dos años o más.

Y actualmente la radio está cerrada desde el 20 de enero de este año por órdenes del señor Alcalde Municipal de Santa Eulalia. Y todavía hemos sido objetos de persecución, de amenazas, con todos los coordinadores sociales porque hemos acompañado a todos los pueblos del Norte de Huehuetenango por defender su territorio ante tres grandes poderosos, empresas internacionales de hidroeléctrica, por acompañar a los pueblos nos ha tocado esa violación.

Actualmente nuestra radio está cerrada, pero aun así, el grupo de comunicadores sociales de la radio Snuq’ Jolom Konob’ apoyado por el grupo de Prensa Comunitaria a nivel nacional está trabajando por vía internet, pasando información de los acontecimientos que suceden en el norte de Huehuetenango, así como también por los 14 municipios organizados que conforman el Gobierno Plurinacional en Huehuetenango, como también ha hecho reportes y trasmisiones de las otras violaciones  que han sufrido a nivel nacional, con el acompañamiento de prensa comunitaria.

Nuevamente agradezco esta muestra de cariño, lo vengo a hacer a nombre de Prensa Comunitaria. Mis compañeros de Prensa Comunitaria: ¡siéntanse orgullosos en este momento! también quiero agradecerles por la confianza que pusieron en mí por haberme nombrado a venir a recibir este premio. También lo hago a nombre de mi familia que me han apoyado mucho para seguir en esta misión.

Siento un nudo en la garganta que casi no soy capaz de detenerme pero es por agradecer también  a mi familia mi esposa, mis hijos; así como también a muchos de mis vecinos, como también a todos los miembros del Movimientos Social de Santa Eulalia  y de los otros municipios que han sido afectados, que han sido también acompañados por Prensa Comunitaria, Prensa Comunitaria ha sido protagonista de la difusión de estas violaciones en contra de los derechos de los otros.

Muchas gracias y Dios el creador los bendiga a todos y a todas.

Ver reportaje fotográfico completo en: https://ghrcusa.wordpress.com/2015/11/10/2015-alice-zachmann-human-rights-defenders-award-ceremony/

 

 


ENTRE LA MILPA

Por: Pablo Sigüenza Ramírez

Las movilizaciones civiles producidas entre abril y octubre del año en curso tuvieron como exigencia central el cese a la corrupción. Demanda latente desde hace décadas alimentada por el destape público de los casos de soborno y cobros ilícitos tanto en el IGSS como en la SAT. En ambas instituciones, el robo y el saqueo del Estado se ha producido impunemente desde hace varios períodos presidenciales. Ya era hora de apresar a unos cuantos personajes de la larga cadena de sinvergüenzas que han administrado ambos espacios. Hay otros ex funcionarios que robaron pero que hoy gozan el fruto de su ratería en plena impunidad.

Al quedar ligados a procesos judiciales los cabecillas de ambas bandas del crimen de defraudación, incluidos los ex mandatarios electos por el partido patriota, las movilizaciones perdieron fuerza. Luego llegaron las desastrosas elecciones generales y con la segunda vuelta electoral el clima de indignación social pareciera haber bajado sus revoluciones al mínimo.

Desde el exterior se felicita a Guatemala por demostrar que con movilizaciones pacíficas se puede deponer a un presidente corrupto. Otros analistas hacen referencia al control milimétrico que desde la Embajada de Estados Unidos se tuvo de toda la movilización para evitar que se desbordara hacia otras demandas de la población guatemalteca. Es posible que Guatemala haya servido de laboratorio para probar procesos sociales a ser replicado en otros países. No sería la primera vez. Lo mismo sucedió en 1954 y durante varios momentos de la guerra interna.

Aún reconociendo en las personas y grupos que se movilizaron durante tantas semanas su capacidad de manifestar indignación a través de la acción colectiva de movilizarse sábado con sábado, es necesario señalar que los temas pendientes de la sociedad guatemalteca son muchos y son graves; y por lo tanto, hay que seguir accionando con la voz, con las manos, con los puños, con el corazón, con el pensamiento y con los sentimientos. Los corruptos siguen gobernando hoy y estarán en los ministerios los próximos cuatro años. Los corruptos ganaron las diputaciones y las alcaldías. Los corruptos son jueces y fiscales.

La desigualdad social se hace más ancha. Seguimos siendo el país de América Latina con los mayores índices de desnutrición crónica infantil. Seguimos ganando salarios de hambre en el campo y en la ciudad. La violencia contra los niños y niñas sigue siendo un estúpido patrón de educación. Seguimos fomentando mentiras como la independencia y la conquista para crear un falso ideario nacionalista en lugar de construir un país plurinacional reconociendo que los pueblos Mayas son naciones. Fomentamos en nosotros, ilusiones de desarrollo teniendo como modelo a los países del norte que son los más consumistas, obligándonos a querer transitar un camino hacia el desarrollo que en realidad no existe. La violencia contra las mujeres, producto de una forma patriarcal de pensamiento, se reproduce en las escuelas, en las iglesias, en el mismo gobierno y en la familia. Las leyes siguen flexibilizándose para permitir que las empresas se roben el agua, los minerales, las maderas de los bosques y selvas, el petróleo, la fertilidad de la tierra, la fuerza de trabajo de los guatemaltecos trabajadores y campesinos. Las leyes se fortalecen para reprimir a los que se oponen a este despojo.

Por supuesto que no todo está perdido, pero la solución no pasa por las falsas esperanzas en que el gobierno que viene será mejor. De hecho es previsible que muchos males se agudicen pues la aplicación de políticas neoliberales anuncia su continuidad con el gobierno electo. Nos queda entonces seguir en la acción colectiva por fiscalizar, por educarnos, pos hacernos pensadores y actores en esta realidad que aunque adversa tiene en sí misma la posibilidad de cambio hacia algo mejor, una sociedad con humanismo, con buen vivir. La tarea es organizarnos y caminar con una Guatemala diferente dibujada en el horizonte.

 


Fuente: iueuropa.org

 

Por Nelton Rivera.

Marina Albiol Guzmán actualmente es diputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y portavoz de la delegación de la Izquierda Plural[1], ella elevara al Parlamento Europeo una serie de denuncias en contra de empresas europeas asentadas en Guatemala por distintas violaciones cometidas.

“Vamos a denunciar como continúan operando las transnacionales aquí en Guatemala, como continúan saqueando los recursos naturales, como continúan espoleando los recursos naturales, implicadas a esas violaciones a los derechos humanos… también el Estado español tienen una responsabilidad con estas multinacionales porque muchas son de capital europeo y de capital español.”

En octubre del 2014 la diputada al parlamento Europeo cuestiono a la Alta representante y vicepresidenta Ashton en nombre de la comisión por las reiteradas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra el pueblo Maya Q’anjob’al y mestizo de Santa Cruz Barillas en Huehuetenango, violaciones echas por la empresa Ecoener Hidralia Energía de capital español dueña de la empresa Hidro Santa Cruz.[2]

La empresa Hidro Santa Cruz sería una de varias  empresas señaladas ante el Parlamento Europeo, pero existen 27 centrales hidroeléctricas de capital europeo funcionando en Guatemala, más 20 proyectos en estudio de construcción.[3]

La conflictividad social de la empresa española en Barillas ha provocado la existencia de siete presos políticos por la defensa del agua y el territorio actualmente en prisión en Huehuetenango y en el Centro Preventivo para hombres de la zona 18 en la ciudad de Guatemala.

Vea la entrevista aquí:

Imagen de previsualización de YouTube

Fuente: Canal Antigua.



[1] Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. Marina Albiol. http://iueuropa.org

[2] Respuestas de la Alta representante y vicepresidenta Ashton en nombre de la comisión. Parlamento Europeo. 31 de octubre 2014.

[3] Ibidem.

 


Por: Quimy De León

Quetzaltenango 28 de octubre de 2015. Rogelio Velásquez y Saúl Méndez Rogelio y Saúl han quedado libres y absueltos de los delitos que injustamente les montaron como parte de una estrategia de criminalización de la lucha social. Ellos han estado encarcelados injustamente en Huehuetenango durante dos años con dos meses y un día, ellos fueron acusados de los delitos de asesinato y femicidio supuestamente por haber participado en un linchamiento.

Como ocurre en los casos de criminalización el Ministerio Público ni quienes acusan tuvieron pruebas que demuestren los delitos que les montan. Hoy el Ministerio Público a pesar de ello pedía 50 años de cárcel para ellos.

Saúl y Rogelio son defensores del agua, han tenido una larga trayectoria como autoridades comunales de sus comunidades, fueron miembros de la Asociación para la defensa del territorio, organizaron y promovieron la Consulta Comunitaria de Buena Fe en el año 2007 en Barillas. ºDesde el 2011 han representado la decisión de las comunidades de oponerse a la instalación de la empresa española Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz. “ Sus comunidades fueron de las primeras en organizarse para defender el agua pues eran de las más afectadas por el proyecto hidroeléctrico que ha querido imponer a toda costa esta empresa gallega.

Saúl Méndez está representado legalmente por los abogados Eduardo De León Chacaj y Juan Castro de la Asociación de Abogados Mayas, así como por el abogado Héctor Reyes del Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

Sus compañeras de vida, sus hijos e hijas y toda la comunidad y el territorio q´anjob´al ha sufrido persecución y diferentes formas de terror para evitar que la gente siga oponiéndose a la construcción de un proyecto Hidroeléctrico que les ha traído como consecuencia un asesinato, detenciones, desplazamiento forzoso, persecución penal, un estado de sitio, afectaciones en la salud y la vida comunitaria, división comunitaria, rumores y militarización de sus vidas.


 

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Por Jesús Hernández

Fotografías de Jeff Abbott

 

“Aquí todo está bien (en el salón comunal de Zunil) . Allá abajo, en el mercado, hay cuatro mesas de votos, hay otro en el centro comercial y también hay mesas en las cuatro aldeas y el caserío. Ese es el municipio de Zunil: sus cuatro aldeas y el caserío. Aquí solo estamos los del Consejo que apoya la consulta… hasta la noche daremos a conocer el resultado… pero vayan, vayan…”

Presidente del Consejo Permanente por la Defensa del Territorio y la Vida de Zunil

Familias que iban de aquí para allá. Es domingo 18 de octubre. Las mujeres con sus pequeñas y pequeños hijos se encaminan al centro de votación, ubicado en el mercado municipal. El pueblo está en movimiento. En cada mesa hay hombres y mujeres que revisan nombres, reciben DPI, entregan papeleta, firman o dejan su huella y muestran el dedo índice. Se aprovecha el día para dar una vuelta al pueblo…

La fecha coincide con la celebración del año sagrado maya. La ceremonia maya se realizó muy temprano: el waqxaqib’ b’atz. 260 días que los nahuales han acompañado la vida de los animales, de la naturaleza y de las personas; por lo tanto, la consulta comunitaria es el ejercicio y derecho colectivo que expresa esta cosmovisión: cuidar y proteger la naturaleza. Lo decía el anciano: “todo es sagrado, todo es santo, por eso tenemos que cuidar y proteger”

Si el pueblo maya es el mejor conocedor del aprovechamiento de la naturaleza: “hay que pedir permiso para sembrar, para cosechar, para celebrar y para pedir disculpas cuando no lo estamos haciendo bien” así también es el respeto que debe el Estado con sus pobladores: “debe consultar, debe pedir permiso, dialogar y platicar si lo que trae es beneficio o es más despojo para nosotros, para nuestros hijos

La mirada es pues para recordar “el derecho” a la vida y el derecho que tiene la naturaleza de ser respetada. En la noche, aprovechando la radio local y hablando en el idioma k’iche’, uno a uno fueron hablando según les dieron la participación. La iglesia católica, la iglesia evangélica, los jóvenes y el consejo permanente por la defensa del territorio y la vida de Zunil.

“La conciencia crece con la información” decía una mujer joven que entre lágrimas de emoción y agradecimiento a los vecinos, comunicó:

“lloro por nuestra madre tierra, nuestros hijos, nuestros cultivos. No es por una persona que fácilmente nos va a traicionar, sino por esto que hoy hemos hecho: gracias abuelas, que desde temprano estaban haciendo cola; mamás que muestran a sus hijos. Los pueblos tienen que decidir lo que quieren en su tierra. Nuestro pensamiento es en equipo; la conciencia se tiene que hacer en la información: enseñen a defender, a cuidar y hacerlo con respeto”.

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Entre aplausos y celulares que se levantaban entre las cabezas, se hacían las fotos como recuerdo de ese gran día para el pueblo de Zunil. El presidente del consejo leía:

  • Votos sí: 35
  • Votos No: 5, 432 (aplausos y gritos de emoción)
  • Nulo: 37
  • En Blanco: 24
  • Total de votos: 5,528.

De acuerdo a la información, el 83% de la población participó. En zunil se unía el Waqxaqib’ b’atz con la consulta comunitaria. “Es la segunda consulta vinculante que se realiza en el país; es la consulta No. 84” decía un acompañante que vigilaba el proceso de votaciones que realizaban las vecinas y vecinos de Zunil. “y es vinculante porque ha sido convocado por la alcaldía municipal; utilizando el sistema electoral: votan solo los mayores de edad. Los empadronados que también se presentarán este próximo domingo (25 de octubre) para la segunda vuelta (elecciones presidenciales), pero esa será distinta”.

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El clima estaba helado y el cielo nublado, con algo de llovizna que de poco en poco dejaba colar el sol en el municipio de Zunil. La radio informaba que la semana sería de precipitación pluvial y se recomendaba estar atentos a este cambio climático… Zunil es ya conocedor de las consecuencias de la inclemencia del clima: deslizamientos, derrumbes. Años atrás había sufrido el paso de las tormentas y huracanes: Mitch, Agata… provocando destrucción de la carretera y casas. Riesgos que también tienen más de 500 mil personas en todo el país, confirma la prensa escrita y advierte la CONRED.

allá arriba (refiriéndose a la parte alta, carretera hacia los balnearios las Georginas), hay mejores verduras”, dice un vecino que le preguntamos sobre la cantidad de cebollas que hay en su terreno, ubicado a las orillas del pueblo…Y es verdad, todo Zunil es “pura verdura”, desde muy temprano se mira a los vecinos echar agua en sus sembradíos, o lavar las grandes zanahorias que se jatean en las redes para subirlas en el pick-up que los llevará al gran mercado que acapara este comercio… “nosotros le proveemos de verdura a los de Almolonga, porque tenemos más terreno… incluso ellos vienen a comprarlo aquí en el mercado, por eso es que se prepara para la venta a mayoristas”, indicaba el otro vecino que mira –imaginándose las gran plaza llena- los camiones que entran a estacionarse a un lado del mercado municipal…

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Pero ese domingo, la falta de la verdura, sin venta en el mercado y la falta de movimiento que se acostumbra ver en la gran plaza, amanecieron este domingo sin mucha actividad. Faltaba la venta de verduras, la venta de tortillas con queso, los chicharrones y “pasar un poco apretaditos” como se acostumbra en la plaza de los días domingos… Este día no hay plaza: “estamos en la consulta”. Consulta convocada por la municipalidad; se espera a todos los adultos empadronados en el municipio y con un aproximado de 20 mesas, con observadores de la PDH y fiscales nombrados, las vecinas y vecinos fueron emitiendo su voto a partir de la hora indicada para esta consulta…

Antecedentes:

Se tiene conocimiento que está autorizado un área de 92 km cuadrados para la exploración y explotación de minerales. Al ver el croquis, esta área abarca las zonas de Cantel, Quetzaltenango, Almolonga, Zunil; por ello, cada municipio se está preparando con la información y realización de su consulta de buena fe, como lo hizo el año pasado Cantel, y ahora, con carácter vinculante lo realiza Zunil y está previsto, según información que tenemos, que Almolonga está preparando realizar su consulta.

En Zunil, la consulta es vinculante porque fue convocado por la municipalidad; está hecho conforme a la normativa vigente; “no pueden decir que no ahora; es decir, que las empresas no pueden pasar por alto lo expresado por los vecinos y vecinas” expresa Romeo Tiu, y lo argumenta con los siguientes documentos:

CONSTITUCION

Artículo 173. Procedimiento Consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos.

La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos.

La Ley Constitucional Electoral regulará lo relativo a esta institución.

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CODIGO MUNICIPAL

INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

CAPITULO I

INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

ARTICULO 60. Facilitación de información y participación ciudadana. Los Concejos Municipales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.

ARTICULO 61. Facultades de decisión. Las formas, medios y procedimientos de participación ciudadana que los concejos municipales de desarrollo establezcan en ejercicio de su potestad para auto-organizarse no podrán en ningún caso menoscabarlas facultades de decisión que corresponden al Concejo Municipal, el alcalde y los demás órganos representativos regulados por la ley.

ARTICULO 62. Derecho a ser informado. Todos los vecinos tienen derecho a obtener copias y certificaciones que acrediten los acuerdos de los concejos municipales, sus antecedentes, así como consultar los archivos y registros financieros y contables, en los términos del artículo 30 de la Constitución Política de la República.

ARTICULO 63. Consulta a los vecinos. Cuando la trascendencia de un asunto aconseje la conveniencia de consultar la opinión de los vecinos, el Concejo Municipal, con el voto de las dos terceras (2/3) partes del total de sus integrantes, podrá acordar que tal consulta se celebre tomando en cuenta las modalidades indicadas en los artículos siguientes.

ARTICULO 64. Consulta a solicitud de los vecinos. Los vecinos tienen el derecho de solicitar al Concejo Municipal la celebración de consultas cuando se refiera a asuntos de carácter general que afectan a todos los vecinos del municipio. La solicitud deberá contar con la firma de por lo menos el diez por ciento (10%) de los vecinos empadronados en el municipio. Los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el veinte por ciento (20%) de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado.

ARTICULO 65. Consultas a las comunidades o autoridades indígenas del municipio. Cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas.

ARTICULO 66. Modalidades de esas consultas. Las modalidades de las consultas a que se refieren los artículos 64 y 65 de este Código, entre otras, podrán realizarse de la manera siguiente:

  1. Consulta en boleta diseñada técnica y específicamente para el caso, fijando en la convocatoria el asunto a tratar, la fecha y los lugares donde se llevará a cabo la consulta.
  2. Aplicación de criterios del sistema jurídico propio de las comunidades del caso.

Los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el cincuenta (50) por ciento de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente (sobre) el asunto consultado.

 CONVENIO 169

Artículo 6

  1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
  2. a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
  3. b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
  4. c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
  5. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7

  1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
  2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
  3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.
  4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Artículo 15

  1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
  2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

DECLARACION DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Artículo 19

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 26

  1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
  2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
  3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

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Un casi cierre…

De acuerdo a lo leído, y con el resultado obtenido: La comunidad aplaudía, celebraba entre gritos, aplausos y felicitaciones la realización de la consulta comunitaria, como se anotaba más arriba, 83% de participación. El Tribunal Supremo Electoral tiene el registro de 8,656 personas empadronadas (http://resultados2015.tse.org.gt/resultados-2015/).

Con Jeff comentamos al cierre ¿por qué en este lugar, habiendo tanta diversidad de hortalizas no hay un restaurante de ensaladas ricas para comer? De repente los de Zunil se animan y se preparan para ser los chef de la ensalada… “Más de 4 mil formas de preparar ensaladas”… y que usando la herramienta del monstruo neoliberal, abre las sucursales en todo el país y, por qué no, en el mundo mundial: “ensaladas de Zunil, pa’ chuparse los dedos”

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… pero este domingo solo vimos, para ese rato, un lugar donde vendían pollo frito. Malaya!, dijo la abuela…

En Pachaj, Quetzaltenango, 20 de octubre de 2015.


1 Mezcala Plantón 251009

 

Santiago Bastos

Tomado de:
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En el año 2005, en la pequeña localidad de Mezcala de la Asunción, situada en la ribera del Lago de Chapala, en Jalisco, los comuneros se aliaron con los jóvenes simpatizantes del zapatismo de la cercana ciudad de Guadalajara para oponerse a las obras de reconstrucción de la isla que está frente al pueblo. Dicha obra era llevada a cabo por la municipalidad de Poncitlán, la Secretaría de Cultura del estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah). Acusaban a estas instituciones de ultrajar la gesta en defensa de la isla, ocurrida 200 años atrás, y de no respetar la tierra comunitaria, para convertir la isla en un destino turístico más de la ribera de Chapala.

Los comuneros llevan varios años luchando para expulsar a un empresario tapatío que se asentó ilegalmente en sus tierras, para abrirlas al mercado inmobiliario. Ni las autoridades ni el invasor se imaginaron la energía con la que los mezcalenses se iban a oponer a la ocupación de su territorio: tenían clara la dimensión de lo que desafiaban y para hacerlo reclamaron sus derechos ancestrales como pueblo coca. Como respuesta a esta subversión sucedió lo que algunos mezcalenses no imaginaron: se giraron órdenes de aprehensión en contra de varios de ellos, por defender un territorio según lo marca la ley.

Esta es la manera en que una pequeña comunidad está enfrentándose al capital inmobiliario y turístico en la ribera de Chapala. Su situación no es única: es similar a la que enfrentan varias comunidades indígenas en México hoy en día, que ven sus territorios y sus formas de vida amenazadas por empresas mineras, eólicas, turísticas, hidroeléctricas, agroindustriales, o dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado. Todas éstas son iniciativas que buscan la “acumulación basada en la depredación, el fraude y la violencia”, y suponen el “despojo de los patrimonios sociales (tierras, recursos, riquezas, derechos) del grupo social emplazado en una geografía específica”, en palabras de Harvey.

El fin del Estado corporativo posrevolucionario, su paso al Estado neoliberal con orientación al mercado externo, y de ahí al Estado cooptado, son procesos paralelos a la imposición de este modelo de despojo. Ante esta situación, muchas de las comunidades han reaccionado como Mezcala: con la reorganización de sus instituciones comunitarias, como el eje de su defensa frente a las amenazas que encaran, sin que el Estado las proteja. Después de 20 años de los frustrados Acuerdos de San Andrés, estas instituciones comunitarias se conciben como los órganos de gobierno de los pueblos indígenas, que son sujetos de derecho y reclaman una autonomía reconocida en la Constitución, pero negada en los hechos.

Esto es lo que ha ocurrido en Cherán, en San Dionisio y San Mateo del Mar, en Vícam, en Holbox, en Santa María Ostula y en muchos otros lugares del país. En todos ellos surgen respuestas comunitarias ante diferentes formas de despojo que ejerce la globalización neoliberal. La policía comunitaria de Guerrero y los municipios autónomos  zapatistas también son movimientos de recuperación de estructuras y lógicas comunitarias ante las agresiones.

Si uno compara todo esto con lo que ocurre en Guatemala, notará que las cosas no son muy diferentes, teniendo en cuenta los efectos de una historia marcada por un genocidio que recayó especialmente sobre las comunidades indígenas. Tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de ese país y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (urng), en el año de 1996, la apertura a la economía mundial supuso la llegada de actividades extractivas, apoyadas incondicionalmente por gobiernos neoliberales cada vez más represivos.

Las primeras respuestas de las comunidades guatemaltecas fueron unas consultas comunitarias que se extendieron por todo el país, llegando a movilizar a un millón de personas, en 74 municipios (un 20% de los existentes), que se manifestaron de forma rotunda en contra de las actividades extractivas en sus territorios. Buena parte de su éxito se basó en la participación protagónica de autoridades e instituciones comunitarias que se reconfiguraron de formas diversas después de la guerra, con la participación de jóvenes, mujeres y antiguos revolucionarios. Ni el gobierno ni las empresas reconocieron las consultas, y los conflictos derivados de la impunidad con que se daba la explotación de recursos reforzaron la organización comunitaria. De esta manera, la movilización de base territorial revivió una movilización indígena que había perdido fuerza a partir del cambio de siglo.

Ante las transformaciones que supone la globalización, las comunidades indígenas están rearticulándose de muchas maneras. Las amenazas a los territorios y a las formas de vida, como consecuencia de actividades propias del capitalismo depredador de este inicio de siglo, están provocando la restructuración de la institucionalidad de gobiernos comunitarios, a partir de la idea de que los pueblos indígenas son sujetos de derecho.Esto está transformando a las instituciones, las prácticas comunitarias y los significados de ser indígena en el siglo xxi, y está suponiendo un reto para los Estados que incurren en prácticas racistas renovadas.

http://www.ciesas.edu.mx/ichan/_archivos/2015/08_agosto.pdf


Oscar Morales García, lider comunitario junto al abogado Rafael Maldonado de CALAS.

Por Nelton Rivera.

“Todo el caso penal se basa en la acusación en contra de Oscar Morales García supuestamente por ser él quién amenazaba a un gerente de alto nivel de Tahoe Resources Inc. / Minera San Rafael, específicamente al gerente de relaciones externas de la Minera San Rafael por trabajar en la mina y por haber dado información al Ministerio Público MP para que allanaran su casa.”1

El proceso en contra del líder comunitario duró un año en los tribunales. El 22 de septiembre 2015 la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala resolvió la sentencia absolutoria a favor de Oscar Morales García. Esta sentencia ratificó la inocencia del líder comunitario, y significa un importante revés legal y político en la estrategia de criminalización y judicialización de la empresa en contra de las personas que forman parte de la resistencia pacifica a la minería en el departamento de Santa Rosa.

La empresa canadiense Tahoe Resources Inc. a través del Gerente de Asuntos Externos de la empresa Minera San Rafael, Camilo Ernesto Medina Mazariegos presentaron una denuncia en contra de Oscar Roderico Morales García, líder comunitario y coordinador del Comité de Defensa de la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores en el municipio de Santa Rosa en el año 2014.

La acusación de la empresa tuvo como base las supuestas amenazas realizadas por Oscar Morales García vecino de San Rafael Las Flores en contra de Camilo Medina Mazariegos, personero de la mina. Esta denuncia abrió el expediente MP015-2013-7757 en el Ministerio Público2, y el proceso se desarrolló en el juzgado de Villa Nueva en el departamento de Guatemala. Ha finalizado con la sentencia absolutoria emitida por la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, revocando la sentencia de un juez en Villa Nueva y declarando a Oscar Mazariegos libre de todo cargo.

“Esto demuestra claramente que el movimiento de resistencia pacifica en contra de la extracción minera en San Rafael Las Flores es evidentemente pacífico, nadie, ningún defensor o defensora del territorio ha sido quebrado en su presunción de inocencia en el área.”3

Un proceso viciado

Oscar Morales fue condenado por el Juez Unipersonal de sentencia del Juzgado Segundo de Villa Nueva, el abogado Rafael Maldonado de Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) se refirió a ésta sentencia cómo:

“Ésta sentencia fue completamente fuera del marco de la legalidad, el juez de manera unilateral modifico el modo y el lugar de los hechos, con esto modifico la acusacion presentada por el Ministerio Publico MP.”

El abogado Maldonado inmediatamente recurrió a apelar la sentencia del Juzgado Unipersonal ante la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, esta Sala hizo la revisión de la sentencia emitida por le Juez de Villa Nueva, partiendo de la premisa que el juez violo la presunción de inocencia del líder comunitario, aplicando incorrectamente tres artículos del código Procesal Penal: Tentativa Art.14, relación de Causalidad Art. 10, Modo, Lugar y Tiempo; artículos 19 y 20; como resultado de las alteraciones que hizo de forma unilateral.4

La Sala Cuarta resolvió de manera inmediata, cumpliendo los plazos que fija el código Procesal Penal, el recurso fue interpuesto en el mes de mayo, resolviendo en septiembre, cumpliendo con los plazos legales, ratificando en su sentencia la inocencia de Oscar Morales.

“En su resolución la Sala Cuarta afirmó que el Juez incurrió en una serie de irregulareidades alterando las fechas que el Ministerio Publico acredito como el momento en el que sucedieron los hechos, a pesar de haber alterado las fechas el mismo juez daba como acreditado tres fechas distintas en el que se cometieron los hechos y tres lugares distintos en cuanto a la comisión del delito. La Sala inmediatamente revocó la sentencia y declaro al líder comunitario libre de todo cargo.”5

Ex rector de la Universidad de San Carlos involucrado en la minería

El Ing. Efrain Medina Guerra fue ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala durante el periodo 1998 – 2002, y ex ministro de Agricultura y Ganaderia durante el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina. Efrain Medina fue citado por los abogados de la empresa minera para ser testigo en el proceso en contra del líder comunitario Oscar Morales, en la audiencia del 22 de septiembre estuvo presente. Una de las características en este proceso en contra de Oscar Morales fue que todos los testigos presentados por la empresa Minera tuvieron serias contradicciones en los testimonios que presentaron.

Camilo Ernesto Medina Mazariegos es uno de los hijos de Efrain Medina y actualmente es personero de alto nivel de la empresa Minera San Rafael, fue quien interpuso la denuncia en contra del líder comunitario en el año 2014.

Criminalización: una estrategia del gobierno de Otto Pérez Molina

Fue el mismo ex presidente Otto Pérez Molina quien dio su respaldo a la empresa minera, esto lo hizo públicamente en un acto oficial en el Palacio Nacional de la Cultura el día 29 de abril del 2013 mientras era aún presidente en funciones, en dicho acto el Otto Pérez estuvo acompañado de varios ministros, empresarios canadienses y varios de los alcaldes en apoyo a la empresa Minera San Rafael y Tahoe Resources Inc. Ese mismo día Otto Pérez manifestó:“quiero decirles que el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Energía y Minas, reitera su compromiso con el Estado de derecho y con base en ello reafirman su convicción, la cual establece que todas las actividades extractivas que se realicen en Guatemala deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias que están vigentes, contribuyendo de esta manera al desarrollo social, ambiental y económico de todos los guatemaltecos, en este convenio queda registrada la responsabilidad ambiental y aquí les puedo mencionar muy rápidamente que a la fecha la Minera San Rafael…”6

Por otro lado un militar de carrera Alberto Rotondo, jefe de seguridad de la Minera San Rafael fue ligado a proceso por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y obstrucción a la justicia, en diciembre del 2014 es enviado a prisión y enfrentara un juicio. Esto a raíz de varias acciones represivas planificadas y dirigidas por Alberto Rotondo, hombre de confianza de la empresa. Fuente: (Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) – Alerta Minera Canadá – Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala NISGUA. Diciembre 2014).

…….

1Nelton Rivera. Entrevista al abogado Rafael Maldonado de CALAS. Guatemala, Septiembre 2015.

2Minigwatch Canada. Ministerio Público de Guatemala Cita a Declarar a Director Ejecutivo de Tahoe Resources por Política de Criminalización a Lideres y Lideresas Comunitarias. 17 de octubre 2014.http://www.miningwatch.ca/es/news/ministerio-p-blico-de-guatemala-cita-declarar-director-ejecutivo-de-tahoe-resources-por-pol-tic

3Ibidem.

5Nelton Rivera. Entrevista al abogado Rafael Maldonado de CALAS. Guatemala, Septiembre 2015.

6 Discurso del mandatario Otto Pérez en la reunión pública de firma de acuerdo con Mina San Rafael. 29 de abril 2013. http://www.guatemala.gob.gt/index.php/2011-07-25-15-57-34/item/3615-discurso-del-mandatario-otto-p%C3%A9rez-en-la-reuni%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-firma-de-acuerdo-con-mina-san-rafael


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Por: Sergio Palencia.

 

 

Primera parte.
Una perspectiva histórica a cuatro momentos: 1962, 1973, 1977, 1980

 Sitiado entre dos noches
el día alza su espada de claridad:
mar de luz que se levanta afilándose,
selva que aísla del reloj al minuto
Árbol entre dos muros, José Emilio Pacheco[1]

 

El paro nacional del 27 de agosto ha sido descrito como «la marcha más grande de la historia de Guatemala»[2]., «la mayor marcha de protesta en la historia del país»[3], o «la movilización de masas más amplia de la historia contemporánea, además de la de mayor concenso.» (IPNUSAC, 2015: 7)[4]. Solo en la Plaza Central de Guatemala, sin referirse a las marchas y bloqueos a nivel nacional, se calculan entre 100 y 120 mil manifestantes. Grandes cifras, grandes frases, tan grandes que adolecen de un pequeño pero central detalle: memoria, reflexión y contraste histórico. No es lo mismo la Ciudad insurrecta en las jornadas de marzo y abril 1962 a la enorme Huelga de cuadrilleros y rancheros en la Costa Sur en 1980, sin olvidar la Marcha de 100 mil personas ingresando a la Ciudad en 1977.

Enredados, como en un vendaval, pasaron los diputados, el presidente, los candidatos la semana pasada. Acostumbrados a cargarle al pueblo sus fechas como el trabajo pesado, no cambiaron las elecciones lo mismo que sus antepasados, los fariseos, hace dos mil y tantos años, hacían del sábado una excusa para oprimir sangrantes y paralizados. Los directores de periódicos y los periódicos de directores se apresuraron para llevar las noticias al tiempo del conteo, de la declaración, de la acumulación. Tanto les había impresionado el Paro nacional del 27 de agosto como para, posteriormente, dejarlo como noticia rebasada. Ahora había que celebrar que el “movimiento ciudadano” se había volcado a las elecciones como a un nuevo programa de televisión. El presente es tan pesado, tan acumulativo, tan incidente que, lo de atrás, es solo importante para una crónica a leer en cinco sintéticos puntos. No hay que pedirle mucho al lector, tampoco al votante o al ciudadano, piensan.

Hoy sería más cómodo comentar cómo se disputan el primer lugar dos o tres partidos políticos. Entraría en la misma sintonía que espera el empresariado organizado – mismo que mandó reprimir el paro el 25 de agosto, mismo que atrás negoció con los diputados leyes para explotar, aún más, a los empleados y desempleados, mismo que protegió al kaibil Pérez Molina tras la masacre de Alaska en 2012, ignoró el asesinato policial en el operativo de Semococh y Raxrujá, el que canceló la condena por Genocidio. Pero no, gracias a las tierras y a los cielos, lo abierto en estos años de lucha los rebasa a ellos. Caminando en la plaza hace dos sábados, viendo a la gente, las expresiones de sus manos, sus rostros de alegría y fuerza, de coraje y memoria, leí en una enorme manta blanca un pequeño e inusual escrito, anónimo: Si la memoria nos acompaña, el futuro no nos ahueva. Pensé en la fotografía de Árbenz, en las jornadas de 1962, en las múltiples resistencias urbanas, en ellas y en todos ellos.

Este escrito, semejante a quienes llevaban veladoras en las marchas nocturas de julio 2015, quiere traer memoria como si fuera un fuego en retoño, necio y por eso mismo, vivo. No es la primera vez en nuestra historia que, como pueblos, hacemos estallar el tiempo de la normalidad-mercantil para, allí, sembrar nuevas posibilidades. Hemos luchado pues. A cada una de nuestras rebeliones y sueños soñados colectivamente, desde nuestra más profunda individualidad, los generales, terratenientes, defraudadores y explotadores han respondido con elecciones, golpes de estado, nuevas constituciones. Sino que lo diga Castillo Armas con 1955, Peralta Azurdia con 1963-1965, Mejía Víctores con 1983-1985 Nosotros, al contrario, no vamos para adelante porque así lo dictan desde arriba. Detengámonos un momento, retomemos fuerza y recuerdo. Allí, negándonos a seguir sus ritmos, podemos encontrar a quienes desde el pasado entienden el mundo que queremos revolucionar, precisamente porque se lanzaron a cambiarlo, fuese en la Guatemala de 1962, 1973, 1977, 1980. Las manifestaciones de 2015 sólo son semilla y prefiguración de camino si hereda pasado. Sólo así, su novedad es novum histórico.

  1. Ciudad insurrecta y la “Operación Palillo”: Marzo y Abril 1962

La ciudad está paralizada. Los estudiantes han desatado un potente movimiento que exige la renuncia del presidente militar Miguel Ydígoras Fuentes. El jefe de su policía, un hombre de apellido Córdoba – apodado Huevo Loco – dispara contra los jóvenes en la 9a calle y 9 avenida de la zona 1. En la última conferencia previa a su asesinato, en 1979, Meme Colom Argueta recordó esos días aciagos: «Pasan dos meses sin que el gobierno pueda controlar la rebelión y la Ciudad de Guatemala no es de nadie»[5]. El gobierno, la policía y el ejército pierden el control de ciertas zonas de la ciudad. Por unos días las masas enardecidas declaran la zona 5 como territorio libre de América. El comercio se detiene y los trabajadores se niegan a limpiar la basura de las esquinas. Colom Argueta, alcalde de la capital bajo el gobierno del general Arana Osorio, analizaba la enorme creatividad de la lucha urbana en 1962. Los estudiantes: «ponen palillos de dientes a todos los candados de los comercios de la zona 1, y agregado a que los propios comerciantes no quieren abrir, se paraliza el comercio». Mientras tanto, los trabajadores de la municipalidad «colocan las basuras en ciertos lugares de la ciudad y las queman». Es un paro irregular, de más de dos meses, donde los institutos se convirtieron en trincheras y en las calles de asfalto se levantaron barricadas.

  1. La renuncia no llega, el Golpe militar sí: dos abriles, 1962-1963:

El 8 de marzo de 1962 el gobierno de Ydígoras advierte que utilizará la fuerza pública y armada contra cualquier manifestación. El Ministerio de Gobernación habla a los padres de familia sobre el peligro de sus hijos en las manifestaciones. Los escuadrones paralelos al MLN – al cual perteneció al actual vicepresidente Maldonado Aguirre – ponen bombas en colegios, cines y lugares públicos. El fin: paralizar el movimiento con terror. No obstante, el 15 de marzo 1962, alrededor de 500 personas asisten al funeral del bachiller Maco Gutiérrez. La ciudad apenas está iniciando su insurrección y, en el horizonte, se incrementa la actividad de los grupos revolucionarios. Una de estas fue un fallido intento de toma de un cuartel chico en Concuá. Fracasa. Ydígoras, mientras tanto, no renuncia. Se esfuerza por mostrar virilidad haciendo ejercicios televisados. Su ministro y futuro golpista, Enrique Peralta Azurdia, planea, junto a la oficialidad leal a la Contrarrevolución, el aplastamiento de la rebelión urbana y posteriormente un Golpe de Estado en 1963. De no ser así, el Arevalismo podría retornar y con ello las aspiraciones democráticas. Fruto del Golpe militar: entre 1965 y 1966 nueva Constitución, un nuevo proceso democrático tutelado, primer arrasamiento de aldeas en Zacapa e Izabal, secuestro masivo de dirigentes sociales en 1968. Asimismo, entre 1961 y 1965, el ala conservadora jesuita funda la Universidad Rafael Landivar[6]. Temen la influencia de una generación jesuita crítica en Guatemala, como poco más tarde se daría con la fundación de la UCA, en El Salvador. En Guatemala se privatiza la educación como medida de contingencia y separación de la juventud.

  1. Frente al Chacal de Oriente, los maestros en huelga: Mayo 1973:

El general Arana Osorio está furioso. Hace apenas cuatro años acaba de aplastar la rebelión guerrillero-campesina en Oriente. Ahora, bajo la ciudad pacificada se levanta una huelga de carácter nacional: «Unos 8 mil maestros de educación primaria y secundaria se declararon en huelga hace una semana en demanda de aumentos de sueldo» (La Nación, 5 mayo 1973). Mientras, el gobierno dota a las organizaciones finqueras de créditos para el café ante el peligro de la roya: la educación y la salud humana es dejada atrás. En los institutos públicos se va formando el Frente Nacional Magisterial, el cual iniciaría aglutinando una demanda salarial para, paulatinamente, incorporar a pobladores marginales y estudiantes. El General teme un 1962 en medio de su campaña de pacificación. La policía reprime las manifestaciones magisteriales. Por otro lado, muchos estudiantes de la generación de 1962 creen que es necesario impulsar la Revolución en Guatemala. Clandestinos, vendiendo artículos de plástico en las mañanas y organizando la lucha en la noche, estos jóvenes veinteañeros se están conociendo con dirigentes magisteriales y pobladores. La rebelión urbana no ha muerto, se mueve. La huelga triunfa al costo del inicio de la persecución de sus líderes. En el campo, a finales de mayo de ese año la policía militar asesina a 17 campesinos xincas en Sansirisay, Jalapa. Involucrado en la operación está el militar Efraín Ríos Montt. El conflicto: tierra en disputa entre comunidades y finqueros. Un año después, en 1974, los grupos de la línea dura militar harían un fraude contra la Democracia Cristiana, instalando en el poder al general Kjell Laugerud. Declaran Estado de Sitio en diversos pueblos del país. La democracia bajo estado de sitio, buena frase para resumir el sistema de garantías guatemalteco.

  1. Dos decenas de mineros mames convocan a 100 mil manifestantes: Noviembre 1977:

Desde San Ildefonso Ixtahuacán traen una manta que dice «Marcha Pacífica». No fue abril 2015 quien inició esto, menos por internet. De habla mam, su reivindicación consiste en la demanda del pago de sus prestaciones, ante el cierre de una mina en ese municipio huehueteco. Ante esto inician una larga marcha el 11 de noviembre 1977. A su lado, asesorándolos legalmente, camina el abogado Mario Mujía Córdoba, quien sería asesinado en 1978 por escuadrones asociados al ejército, quienes quieren evitar la organización colectiva. A medida que van caminando son recibidos por miembros de Comités de Agua, de Vivienda, por cooperativistas y miembros de Acción Católica en el Altiplano indígena. Causa gran revuelo en Sololá y Chimaltenango. El gobierno de Kjell Laugerud se pone nervioso a medida que avanza la marcha. Desde 1976 la organización social se ha incrementado para solventar la crisis causada por el terremoto. En la ciudad preparan la recepción de los caminantes mames. La experiencia es asombrosa: más de 100 mil personas entran apoyando a las dos decenas de mineros. Se han volcado estudiantes universitarios, medios, parroquias religiosas. El gobierno teme: «También fueron amenazados por el Vicepresidente de la República que dijo que si seguía la marcha los iba a mandar a reprimir.» Un testigo reflexiona sobre la experiencia: «Hemos visto la fuerza del pueblo que cuando se organiza y se mueve es algo que arrastra y hace retroceder a los opresores y represores del pueblo»[7]. Entran a la ciudad, caminan las calzadas de occidente e ingresan a la zona 1. En la Concha Acústica, frente al Parque Central, dan su discurso. En ese mismo lugar, menos de un año después, un joven graduado del Colegio Americano, Oliverio Castañeda, ahora estudiante sancarlista, daría un discurso. Miembros de la Policía, comandada por el coronel Chupina, marcarían en la foto una X. Lo asesinarían en los albores del segundo momento de guerra.

  1. La gran Huelga de los desposeídos en los albores de la guerra finquera: Febrero 1980

Inicios de 1980: la organización desde abajo es cada vez más fuerte. La represión va en escalada. Ya no solo se da contra líderes de sindicatos, cooperativas y ligas campesinas, sino empiezan los secuestros y masacres masivas. Dos de ellas se darían ese año, en 1980: la quema de la Embajada de España y el secuestro, en dos operativos, de 43 sindicalistas urbanos. Apenas una semana después de la Embajada, en febrero 1980, un grupo de organizadores campesinos, pertenecientes a grupos católicos en Santa Lucía Cotzumalguapa, ven que es el momento indicado para la gran acción. Durante febrero 1980 se desataría la Huelga de la Costa Sur, a la cual se calcula que participaron cerca de 80 mil trabajadores, rancheros o cuadrilleros, de Escuintla y Suchitepequez. Los trabajadores tomaron camiones y fueron a avisar de la huelga a fincas vecinas. Los cuadrilleros ixiles hacían guardia en las bodegas de Pantaléon, controlando el alimento. Esta huelga ponía en jaque la producción finquera de ese año. El gobierno de Lucas, con un Ministerio de Gobernación copado por finqueros, estaba indeciso entre la represión y la concesión táctica. Se decidió la segunda, aún bajo la molestia de los finqueros locales. Se aumentó el salario de un quetzal a Q3.20 el jornal. No obstante, a partir de 1980 y, especialmente en 1981, los escuadrones de la muerte asolarían al campesinado organizado, de manera individual. No se hacían grandes masacres allí donde se necesitaba sacar la producción. Los campesinos – indígenas o ladinos, rancheros o cuadrilleros – habían descubierto algo: «Si nosotros paramos, se para la riqueza de los finqueros»[8]. Asesinado Colom Argueta y perseguidos los partidarios de la Democracia Cristiana, el futuro previsible era un nuevo presidente de la línea luquista. No sería así, de nuevo un golpe militar en marzo 1982. Ríos Montt vestiría a Cristo de guerrero anticomunista y un joven teniente, Otto Pérez, conocido como Tito Arias, dirigiría la segunda fase de represión contra los pueblos ixiles.

 Vistos estos momentos históricos, ¿qué significa entonces el 27 de agosto para la historia de Guatemala y de la región Mesoaméricana?[9]

 

Segunda parte.
Desde la Centroamérica en crisis, 2008-2015

 

¿Qué hace Bolívar
en el trasfondo de nuestra memoria?
Que venga
a decir otra vez su profecía;
a decirle a nuestros pueblos:
LIBERTAOS ANTES DE VEINTE AÑOS.
 Roberto Obregón[1]

 Entre el 25 y el 27 de agosto las organizaciones campesinas, indígenas o no, salieron a bloquear más de 40 puntos en distintas carreteras del país. En la ciudad grupos estudiantiles, sindicatos críticos y colectivos recién surgidos de las manifestaciones tomaban instituciones públicas, tramos de calzadas y se agrupaban frente a instancias gubernamentales. En el área rural el comercio con salidas hacia México, El Salvador y Honduras, estaba siendo detenido. La exigencia era el paro in crescendo de la actividad económica hasta que renunciara el presidente, general Otto Pérez Molina. Contrario a los últimos cinco años, en la ciudad capital de Guatemala había un ambiente de empatía hacia los bloqueos, manifestaciones y paros, normalmente definidos como contrarios al progreso nacional, al comercio y al empleo. El presidente Pérez Molina, por su parte, no renunciaba pese a la denuncia oficial de la CICIG[2] hacía una semana. Al contrario, negaba los cargos y amenazaba al empresariado nacional, insinuando que si él era corrupto también lo era quien pagaba. El general se le había insubordinado al capital. Rumores de un auto golpe rondaban. Mientras, un buque de guerra se detenía frente a las costas atlánticas de Guatemala, proveniente de la base estadounidense de Honduras. ¿Cómo se había llegado a esta situación? Más que una respuesta basada eminentemente en los meses de 2015, es necesario ver cómo la crisis de este gobierno es parte de una más profunda crisis regional, tanto en México como en el triángulo norte de Centroamérica (Véase adelante: Mapa, pág. 7). A continuación, detengámonos en las fisuras que fueron posibilitando un nuevo momento de la lucha social

  1. Nuevo avasallamiento en proceso, 2008-2011 

Es más que probable que la crisis capitalista del 2008 haya repercutido en los empresarios y banqueros de la región centroaméricana, creando miedo e incertidumbre. Aunado a los conflictos que venían desarrollándose y el temor a una “Venezuelización” de Centroamérica – nueva versión de los añejos odios anticomunistas centroamericanos –, el año 2009 marca una separación histórica. En Guatemala, para el año 2008 había sido elegido como presidente Álvaro Colom, de discurso socialdemócrata. Recuerdo a los estudiantes de un colegio de élite referirse que con Colom había “llegado el comunismo”. Por su parte, en Honduras, desde el año 2006 había asumido la presidencia Manuel Zelaya quien, poco a poco, fue tomando un curso en conflicto con la oligarquía local y un mayor acercamiento a la política comercial-petrolera de Venezuela. Esto fue incomodando al régimen económico, auspiciado en el narcotráfico, el impulso minero y el manejo de las remesas de sus migrantes. Asimismo, en El Salvador, el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) conseguía la presidencia, en marzo 2009, a través de Mauricio Funes.

 En el caso específico de Guatemala, en términos de acumulación de conflicto en los últimos años, hay por lo menos dos eventos que marcan el periodo previo de Pérez Molina. Aquí solo nos estamos refiriendo al gobierno de Álvaro Colom, de discurso socialdemócrata, pero el ataque venía intensificándose sobre todo desde los gobiernos empresariales-oligarcas de Álvaro Arzú y Oscar Berger. Primer evento: la imposición armada del complejo minero-industrial de una nueva cementera en el municipio kaqchikel de San Juan Sacatepequez, cercano a la capital (Véase adelante, pág. 8). El 19 y 20 de septiembre 2008 se declara Estado de Sitio sobre el municipio, lo que previamente iba acompañado de escuadrones de seguridad privada de la empresa y la movilización policiaca en el área. Segundo evento: la serie de desalojos violentos en el valle del Polochic, los cuales tenían por objetivo arrebatar las tierras del uso humano para darle paso al cultivo de la mercancía-palma africana. Uno de estos desalojos se da el 15 de marzo de 2011 donde la Policía Nacional Civil dispara bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de los campesinos, uno de ellos Antonio Beb Ac, quien recibe el disparo en la cabeza. A las horas, muere.

  1. La crisis del 2009: reacción conservadora

La piel de la oligarquía regional estaba sensible a cualquier fantasma de Hugo Chávez, visión revisitada de los miedo atávicos hacia Fidel Castro y el socialismo cubano. Los proyectos nacionalistas de América del Sur – con su reivindicación de los recursos naturales recuperados, la inicial negativa a las políticas económicas (FMI-Banco Mundial-Washington) y la redistribución social vía fisco – hacían perder los estribos a una élite regional que, hacía poco más de una década, acaba de salir de una guerra total a los proyectos nacional-revolucionarios desatados entre 1960 y 1980 por las guerrillas. A mediados de mayo 2009, en Guatemala, un abogado de banqueros y grandes empresarios, Rodrigo Rosenberg, filma un video donde culpa al presidente Álvaro Colom y a parte importante de su gabinete, nada menos que de su futuro asesinato. El 10 de mayo 2009 muere Rosenberg, lo cual unifica el descontento de las clases propietarias que veían, en las tímidas políticas sociales de Colom, la construcción de una nueva Venezuela. Periódicos, medios de comunicación, radios llaman a manifestarse contra Colom. Asisten vestidos de blanco, emulando las movilizaciones antichavistas de 2001-2002. Colom, asustado, convoca a contramanifestaciones y moviliza gente de escasos recursos. Las fotografías de los medios son terribles: gente vestida de blanco, con sus guardaespaldas, enseñan billetes de 50 quetzales a los movilizados por Colom, gritándoles que eran “acarreados”. Uno de los principales exigentes de la renuncia de Álvaro Colom era el general Otto Pérez Molina, quien había recién perdido las elecciones contra él. Colom sortea la crisis, entre otros apoyos, a través del Ejeŕcito, congraciándolo con un aumento jugoso de su presupuesto anual.

En Honduras, la élite está desesperada ante Manuel Zelaya y su convocatoria a un plebiscito donde se consultaría sobre una nueva Asamblea Nacional Constituyente. La fecha estaba programada para el 28 de junio 2009. No obstante, ese día no se haría el plebiscito y, en su lugar, el Ejército descontento secuestra al presidente Zelaya y le da Golpe de Estado. La reacción de condena en el Hemisferio es unánime. En América Central se inicia nuevamente una regresión al militarismo y contra los procesos de la democracia procedimental. Mientras tanto, en El Salvador, el partido de la extrema derecha, ARENA, ve con muy malos ojos la llegada al poder de la antigua guerrilla, ahora devenida partido político FMLN. En Nicaragua la Revolución sandinista ha pasado a formar un programa de centralización de los planes de expansión capitalista en el país. Uno de los líderes de la década revolucionaria, Daniel Ortega, elabora políticas de asociación comercial, energética y de control social con capitales venezolanos, chinos y rusos. El discurso del antiimperialismo, desprovisto del contenido revolucionario de los ochentas, ahora es parte de su estrategia por monopolizar el poder. Mientras tanto esta pequeña región, tan golpeada por las guerras financiadas por EE.UU., sigue expulsando a su población en tanto migrantes y se convierte, así, en jardín de paso para el narcotráfico. El impulso capitalista, “legal” o “lavado”, ahora busca invertirse en minería, energía eléctrica y agroindustria.

  1. El militarismo regresa de civil: Honduras y Guatemala

Juan Orlando Hernández es un presidente hijo del golpismo en Honduras. Tanto el Congreso como el Ejército hondureños habían lanzado la campaña de desestabilización de Zelaya. El líder del Congreso, Roberto Micheletti, había asumido la presidencia pese a la negativa de muchos países latinoamericanos a legitimar su cargo. Por eso su insistencia en llamar a elecciones en enero 2010. Dos personajes críticos al Zelayismo asumirían los principales poderes. Por un lado Porfirio Lobos, antiguo contrincante de Zelaya en las elecciones de 2005, quien no había aceptado su derrota en las urnas. Por otro lado, Juan Orlando Hernández, joven político elegido también en enero 2010 como presidente del Congreso. Como es usual en muchos países latinoamericanos, el Congreso se convierte en el eje de la tranza mercantil y de la defensa de los privilegios para beneficiar empresas (telefónica, mineras, energéticas), tratados de libre comercio o, simplemente, gozar de antejuicio e inmunidad. En 2014 Juan Orlando Hernández – conocido como JOH localmente – es elegido presidente de Honduras. El golpismo mantenía el continuum en tanto régimen.

Del otro lado de la frontera, en Guatemala, muchos de los grandes capitales movilizados en las insinuaciones golpistas de 2009, contra Colom, se lanzan a apoyar la candidatura de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti. Entre ellos, el grupo Multiinversiones y prominentes miembros del CACIF[3], quienes quieren mantener la relación histórica entre el capital “guatemalteco” y el estamento militar. Gran parte del voto a Pérez Molina vendría de las áreas urbanas, atizadas por el discurso de la mano dura contra la delincuencia común y, paradójicamente, contra la corrupción. Como contexto, el general Pérez Molina había desempeñado planes de contrainsurgencia contra las aldeas insurrectas junto al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en el área indígena Ixil, en 1982. Posteriormente había desempeñado cargos de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, supervisión de grupos rebeldes urbanos y rurales. En 1996, junto al presidente criollo-empresarial Álvaro Arzú, el general Pérez es el encargado de firmar los Acuerdos de Paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Desde inicios de la década de 2000 empieza a organizar un partido de militares de su promoción y empresariado conservador. Como binomio, Roxana Baldetti, comunicadora que había crecido bajo la escuela de Mario David García, civil golpista en 1988, detrás de la filmación del polémico video de Rosenberg y futuro candidato, durante la crisis de 2015, al moribundo Partido Patriota (PP). Como principales socios del Partido Patriota, estarían militares directamente relacionados con las campañas contrainsurgentes sobre el terreno, entre ellos el futuro Ministro de Gobernación, López Bonilla y el Presidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, ambos acusados de corrupción.

  1. Finalmente, Pérez Molina y la lucha de clases en Guatemala, 2012-2015

Hacía apenas un año el capital agroindustrial había ordenado a la policía el desalojo en las fértiles tierras de Polochic, Alta Verapaz. Ante esta situación y como una medida de presión al gobierno, distintas organizaciones campesinas deciden, junto a sus comunidades miembro, realizar una marcha de más de 200 kilómetros hasta la capital de Guatemala. Ingresan alrededor de 15 mil personas el 27 de marzo 2012, apenas dos meses y medio después de la investidura en la presidencia del general Pérez Molina. El objetivo de la Marcha Indígena y Campesina, como le llamaron sus organizadores, era detener los desalojos, conseguir tierra y financimiento para las comunidades desplazadas así como impulsar la Ley de Desarrollo Rural, nunca aprobada por la negativa de la Cámara del Agro. El general permitió la marcha e incluso los recibió, sin embargo sus planes eran otros. El 1 de mayo de 2012 pobladores de Barillas, en el norteño departamento de Huehuetenango, se levantan contra el asesinato de dos líderes sociales a manos de la seguridad privada de la empresa. En el acto, toman un destacamento militar. Rápidamente se moviliza el presidente Pérez con su Ejército, desplegando un primer Estado de Sitio en la región. Luego de dos semanas y ante la presión popular y de la comunidad internacional, el Estado de Sitio se elimina. Fracasa, no obstante, las secuelas de la guerra en la región vuelven a surgir.

Entre mayo y agosto 2012 el gobierno de Pérez Molina intenta realizar reformas a la Constitución, lo cual es denunciado en los periódicos y rechazado por varias organizaciones capitalistas, entre ellas CACIF. No obstante, en otras ramas como la educación y la energía eléctrica, el gobierno está en abierta componenda con el empresariado organizado. Durante julio 2012 se elimina la carrera de Magisterio en las Escuelas Normales, bajo la excusa de su mala calidad y se sustituye por un Bachillerato en educación. Con esto se suprimía la opción de miles de jóvenes estudiantes, de las áreas urbanas marginales y del área rural, por apostarle a la profesionalización laboral. Varios institutos son tomados por los normalistas y bloquean carreteras en la ciudad y las carreteras en el campo. Rápidamente son desalojados con violencia por los equipos antimotines. Mientras tanto, Pérez Molina mueve su gente en puestos claves con acceso a financiamiento público: el Seguro Social (IGSS), la Superintendencia Tributaria (SAT), aduanas e incluso puertos, como el de la entrada desde el Pacífico. Concede el Puerto Quetzal a una empresa española, a pesar de la negativa de un sector del empresariado, de las denuncias del sindicato portuario y de varios periódicos. La meta, ahora lo vemos, era apropiarse de los canales de comercio y la dirección del dinero de impuestos.

Las luchas, no obstante, se incrementaban en el país. En Totonicapán, una de los gobiernos indígenas mejor organizados del país, 48 Cantones, decide manifestar el 4 de octubre 2012. La razón primordial era la exigencia de bajar las tarifas cobradas por DEOCSA, distribuidora de energía eléctrica, en ese entonces de capital español, privatizada durante el gobierno de Álvaro Arzú a finales de los noventas. Después de haber reunido más de 15 mil personas en ocho bloqueos de su territorio k’iche’, el Ejército llega e intenta desalojar a los manifestantes. Si bien inicia con bombas lacrimógenas, pronto se les sale de control la propia resistencia de los manifestantes a lo que responden con disparos de fusiles Galil, los mismos utilizados durante la guerra cuatro décadas atrás. Mueren 6 k’iche’s y resultan heridos más de 34. Algunos la consideran la primera masacre gubernamental luego de los Acuerdos de Paz de 1996. En mayo 2013 los indígenas xincas, en el departamento de Jalapa y Santa Rosa, oponen resistencia a la construcción de una de las minas de plata más grandes de Latinoamérica. De nuevo se decreta Estado de Sitio e ingresan fuerzas combinadas de la policía y del ejército.

El 23 de mayo 2014 un enorme contingente de antimotines policiacos logra, finalmente, desalojar la resistencia comunitaria en San José del Golfo, municipio en la entrada a ciudad de Guatemala. Esta resistencia había sido paradigmática por su carácter pacífico, comunal, rotativo y con un papel preponderante de las mujeres, en un área étnicamente mestiza. La mina empieza a operar en ese lugar conocido como La Puya, la resistencia se reorganiza. El 15 de agosto 2014 sucede todo un operativo conjunto de la policía, con resguardo militar, en una zona rica en recursos hídricos en el departamento de Alta Verapaz. El operativo, comandado por el Ministro López Bonilla, es realizado en día feriado para la capital, desplegando varios contingentes policiacos contra la resistencia a la hidroeléctrica en la comunidad q’eqchi’ de Monte Olivo y Semococh. Empero, la resistencia también adquiere un carácter regional y logra imposibilitar la rápida movilización policial, obligando a los agentes a disparar contra uno de los bloqueos, matando a 3 campesinos q’eqchies. De igual manera, en Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán, en el norte de Huehuetenango, se envían convoys policiacos para imponer hidroeléctricas en las tierras bajas que tienen su salida hacia Chiapas, en México. De nuevo, comunitarios q’anjobales y chujes se organizan territorialmente para impedir la entrada masiva de las fuerzas estatales, si bien al precio de enfrentamientos puntuales e incluso, la paulatina pero certera persecución y encarcelamiento de los líderes del Gobierno Plurinacional indígena.

Todo esto sucedía como un plan del capital regional por imponer nuevas formas de apropiación territorial. Como vemos, está en disputa el control del caudal de los ríos, la producción de energía eléctrica, la distribución y la inversión de capital constante en torres de transmisión eléctrica. En este sentido, la empresa colombiana TRECSA[4] recibe concesiones territoriales por parte del Estado, si bien en distintos territorios comunales le es impedido el paso. Así, también, el beneplácito a la agroproducción de palma africana y azúcar en Petén, Alta Verapaz, Izabal y Escuintla, con una constante vigilancia armada de los territorios, los cuales, a su vez, son canales de narcotráfico. Finalmente, el gobierno de Pérez Molina tenía planeada la construcción de un Corredor Interoceánico Seco, con una carretera atravezando el país, creando además una zona franca de producción maquilera con salarios legislados por debajo del mínimo acordado nacionalmente. No logra los consensos necesarios.

De manera general, los capitales financieros, industriales, comerciales, terratenientes – siguiendo la famosa fórmula trinitaria de Marx – buscan imponer militarmente la apropiación regional de plusvalía. No obstante, la múltiple y persistente resistencia en distintos lugares impidió, al mismo militar de la contrainsurgencia de 1982, completar sus planes por completo. En el año 2015 se abriría una ventana institucional al descontento social. El 16 de abril 2015 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) convocaría a una rueda de prensa importante. Se trataba ni más ni menos que una denuncia contra Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Se le acusaba de dirigir una estructura de defraudación aduanera llamada La Línea, organizada por militares cercanos al gabinete del gobierno de Pérez Molina. En ese momento varias cosas se movieron en Guatemala: uno, los medios escritos y televisivos cubrieron la noticia; dos, la vicepresidenta Baldetti y su secretario, Monzón, estaban en Corea del Sur; tres, la indignación se va propagando poco a poco en la – hasta el momento – indiferente capital del país. En esos días, un grupo de jóvenes organiza un evento en facebook, llamando a una manifestación pacífica en la Plaza central. El gobierno del Partido Patriota había llegado a un punto crucial de no retorno, probablemente sin saber su alcance.

Ahora bien, ¿cuáles fueron las posiciones cambiantes de la Embajada de EE.UU en la reestructuración de su control regional, de la Cuenca del Caribe? ¿Cómo fue enfrentado esto por los partidos políticos en el Congreso y en pleno año electoral? Pero, sobre todo, ¿cómo fue experimentada esta nueva serie de manifestaciones en una ciudad que había sido acostumbrada al silencio por uno de los regímenes contrainsurgentes más violentos de América Latina? A pesar de todo, había vida allí esperando una ventana[5]

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[1]             Pacheco, José Emilio. (1963 / 1983). Los elementos de la noche. México: Era, pp. 58

[2]             Nómada. «¿Qué provocó la marcha más grande de la historia de Guatemala?» en: Revista Nómada, 29 de agosto 2015.

[3]             Quan, Mario. «El escalofrío. Paro nacional #27A», en: Plaza Pública, 28 de agosto 2015.

[4]             Editorial IPNUSAC. «La movilización más grande de la historia . El consenso más amplio» (pp. 7-9) en: Revista Análisis de la Realidad Nacional, Año 4, Edición No. 80, Guatemala, 1 al 15 de septiembre 2015.

[5]             Colom Argueta, Manuel. «Guatemala: el significado de las jornadas de marzo y abril» (pp. 7) en:Jornadas populares. Marzo y abril del ’62. Revista USAC. No. 1 año 1997. Guatemala, pp. 94

[6]             URL (julio 1965). Fundación y primeros años de la Universidad Rafael Landivar. Guatemala: Tipografía Sánchez & de Guise, pp. 23

[7]             Revista De Sol a Sol. Periódico campesino No. 20, diciembre 1977, Guatemala.

[8]             Revista De Sol a Sol. Periódico campesino. 1980, Guatemala, pp. 3

[9]             El Paro Nacional: Guatemala, 27 de agosto 2015. Segunda parte: La CICIG, la Embajada y la pregunta por el despertar urbano

[1o]             Obregón, Roberto. (2007). «El aprendiz de profeta (1965)» (pp. 73) en: El arco con que una gacela traza la mañana. Recuento de poesía. Guatemala: Ministerio de Cultura y Deportes, Editorial Cultura, pp. 203

[11]             Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

[12]             Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Organización de capitales de distintas ramas de la industria, el comercio, la agroexportación y parte de la banca, fundada luego de la Invasión estadounidense y del Golpe de Estado a Jacobo Árbenz en 1957.

[13]             Proyecto del Plan de Expansión de Transmisión de Energía en Guatemala

[14]             Esto se desarrolla en la Tercera parte del Paro nacional. Guatemala, 27 de agosto 2015.


Foto: Facilitada por Prensa Comunitaria

Por: Iñaqui Aizpurúa Veitia

Diego Marcos Pedro más conocido como “Tiburcio” es el candidato a la reelección al cargo de Alcalde municipal por partido Libertad Democrática Renovada –LIDER- en Santa Eulalia en el departamento de Huehuetenango. Actualmente el Ministerio Público tiene dos procesos de antejuicio en su contra. En donde se le sindica de haber cometido delitos en contra de la libertad de expresión.

Diego Marcos Pedro busca reelegirse por un nuevo período 2016-2020 como alcalde municipal de Santa Eulalia, su administración es fuertemente cuestionada por el movimiento social por la mala administración pública, por criminalizar a las autoridades comunitarias y por violar los derechos humanos.

El papel del Tribunal Supremo Electoral

Durante la mañana del día jueves 3 de septiembre de 2015  varios periodistas e investigadores de la agencia de noticias Prensa Comunitaria Km. 169 y autoridades estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presentamos ante el Tribunal Supremo Electoral –TSE- información de los dos expedientes de antejuicios abiertos por la Fiscalía del Ministerio Público –MP- de Santa Eulalia.

En la base de datos del TSE no aparecen registrados los dos procesos de antejuicio, a consideración de la abogada Estela López integrante del Bufete de Abogados en Derechos Humanos, la Fiscalía de Santa Eulalia del MP debió de haber notificado inmediatamente al TSE de la situación jurídica del alcalde, especialmente porque busca la reelección en este proceso electoral.

El próximo domingo 6 de septiembre Diego Marcos Pedro habrá participado en las elecciones generales 2015. Independientemente del resultado de la elección él deberá responder ante los tribunales por los procesos abiertos en su contra, sin derecho a antejuicio o como un ciudadano común.

Los dos procesos de antejuicio no son los únicos casos que enfrenta el alcalde municipal, están en las fiscalías otros casos por violación a la Libertad de Expresión, agresiones y amenazas contra periodistas, comunicadores comunitarios y autoridades comunitarias en la fiscalía de delitos contra defensores de derechos humanos y en la fiscalía de delitos contra periodistas del Ministerio Público en la ciudad capital.

Sobre los antejuicios contra el alcalde de Santa Eulalia:

La Fiscalía de Santa Eulalia del Ministerio Publico MP en Huehuetenango solicitó dos antejuicios en contra del alcalde:

  1. Antejuicio No. 01006-2015-00117 o Antejuicio 117-2015

El juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango nombro al Juez Pesquisidor Abogado Jorga Adalberto Cano Villatoro para conocer el antejuicio 117-2015 en contra de Diego Marcos Pedro promovido por la Fiscalía del Ministerio Publico de Santa Eulalia para ser investigado en calidad de alcalde municipal por el cierre ilegal de la Radio Snuq’ Jolom Konob’.

Se investiga el cierre de la radio durante los hechos ocurridos en la madrugada del día 20 de enero 2015 en donde resultaron comunicadores comunitarios ese mismo día agredidos, además la fiscalía conexo a este mismo antejuicio la investigación por el atentado armado [1] que sufrieron esa misma madrugada dos jóvenes pobladores de una de las aldeas de Santa Eulalia opuestos a las hidroeléctricas, muriendo el joven Pascual Basilio Pascual Diego, como resultado de los disparos, testigos responsabilizan al alcalde Diego Marcos Pedro de haber realizado los disparos. [2]

  1. Antejuicio No. 01006-2015-00314 o Antejuicio 314-2015

La Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Huehuetenango promovió otro Antejuicio presentado por la Fiscalía del Ministerio Público de Santa Eulalia contra de Diego Marcos Pedro. La sala séptima nombro al juez pesquisidor abogado Julio Bonifacio Baquiax Bulux, en su calidad de Juez Unipersonal del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para iniciar las pesquisas.

Este Antejuicio se solicitó por las agresiones y amenazas que sufrieron una delegación de periodistas nacionales e internacionales, comunicadores comunitarios e investigadores sociales el día 19 de marzo 2015 en Santa Eulalia Huehuetenango. Las agresiones fueron hechas por el alcalde municipal, simpatizantes, trabajadores municipales, agentes seguridad del alcalde y miembros del Consejo Municipal. [3]

Esta delegación llego al municipio luego que la Autoridad ancestral indígena maya Qanjobal resolviera a través del derecho ancestral maya realizar la reapertura de la radio comunitaria, tras el fracaso de la mediación hecha entre los meses de febrero y marzo 2015 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) y la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH- en un intento de conseguir que el alcalde municipal desistiera de mantener ilegalmente cerrada la radio.

Denuncias de violación a la Ley Electoral

El día viernes 4 de septiembre vecinos de Santa Eulalia denunciaron que por orden de él mismo alcalde municipal los trabajadores de la municipalidad han instalado desde hace un tiempo varias cámaras de video en algunos centros de votación como el Salón Municipal, la instalación de las cámaras pondría responder a la estrategia del partido LIDER de amedrentar a la población para que emita su voto bajo presión y control. También

El Tribunal Supremo Electoral definió que el departamento de Huehuetenango es uno de departamentos con alto nivel de conflictividad electoral para este 2015, coincidiendo con la conflictividad que las empresas nacionales o transnacionales instalaron durante estos últimos 4 años en esta región. [4]

Relación con la empresa hidroeléctrica que genera conflictividad en la región

La corporación municipal 2011-2015 llego electa por el partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, de esa cuenta Víctor López Pascual entró como Concejal Suplente I y Diego Marcos Pedro como alcalde de la municipalidad de Santa Eulalia.

La sociedad civil en Santa Eulalia denunció la complicidad de Diego Marcos Pedro y Víctor López Pascual con la empresa CINCO M y el proyecto Hidro San Luis que pretende construir una hidroeléctrica. [5]

López Pascal siendo miembro de la corporación municipal viaja constantemente a Huehuetenango y la capital, organiza conferencias de prensa en hoteles, participa en programas de radio, hace visitas a instituciones del Estado y organismos internacionales haciéndose pasar por líder comunitario o representantes de COCODES de distintas regiones de Santa Eulalia, siendo miembro de la corporación municipal.

En cada una de las reuniones López Pascual sale en defensa de los proyectos extractivos, las hidroeléctricas y criminaliza a las autoridades comunitarias e indígenas de Santa Eulalia y otras regiones que defienden los bienes naturales y territorio, para estas giras se hace acompañar de trabajadores de la empresa hidroeléctrica y de uno de los personeros de la misma. [6]

De esa cuenta la empresa CINCO M encontró en la corporación municipal a dos de sus principales aliados en contra de las comunidades que se oponen a la empresa y ahora ambos buscan reelegirse con el partido LIDER.

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[1] Óscar Figueroa / Santa Cruz del Quiché, Prensa Libre. Sindican a alcalde de muerte de hombre. 17 de marzo 2015. http://www.prensalibre.com/guatemala/quiche/sindican-a-alcalde-de-muerte-de-hombre

[2] Prensa Comunitaria. Informe de los sucesos acaecidos los días 18, 19 y 20 de enero del año 2015 en los municipios de San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango. 4 de febrero 2015.

[3] Prensa Comunitaria. Llamado a la solidaridad a la prensa nacional e internacional. 19 de marzo 2015. https://comunitariapress.wordpress.com/2015/03/19/llamado-a-la-solidaridad-a-la-prensa-nacional-e-internacional/

[4] Diario de Centro América. Entregan mapa de conflictividad al TSE. Gustavo Villagrán. 29 de julio 2015. http://www.dca.gob.gt/index.php/nacional/item/33034-entregan-mapa-de-conflictividad-al-tse

[5] CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL. REPORTE DE CAMPO NO. 2 NOVIEMBRE 2013. Nelton Rivera. “Jolom Konob”: El pueblo de Santa Eulalia y la agresión empresarial. http://www.albedrio.org/htm/documentos/CIESAS-Jolom%20Konob.pdf

[6] Prensa Comunitaria. Santa Eulalia: población en riesgo por empresa hidroeléctrica. Agosto 27, 2015. https://comunitariapress.wordpress.com/2014/08/27/santa-eulalia-poblacion-en-riesgo-por-empresa-hidroelectrica/


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Por: Quimy De León

La situación que estamos viviendo es alarmante, todo estos días están pasando llenos de incertidumbre e indignación. La información es nebulosa y se ha convertido en rumores, especulaciones, vaticinios y pronósticos. Algunos operadores políticos han soltado cápsulas de información que generan más zozobra y poco análisis.

El presidente aún en funciones está comprobado que era parte de la estructura de una de las mafias criminales y aún “gobierna”, sus ministros y demás funcionarios de “confianza” vinculados al sector empresarial renunciaron con desfachatez y poca ética, así que prácticamente no hay gobierno en este momento.

La decisión de meter a la cárcel a Roxana Baldetti Elias a 14 días de las elecciones fue un catalizador para el jaque a Otto Pérez Molina y su banda, éste intenta aún hacer movimientos, evidentemente su campo de acción es más que limitado, pero aún no están en jaque mate.

Esta última jugada de los gringos, el cacif y otros sectores de poder no visibles parece hecha para retomar el control y la hegemonía económica y política de cara al siguiente gobierno, ya que aún no tienen certezas para la inversión, los mismo ocurre para los intereses de los países que tienen sus capitales en el país. Se especula desde ayer que Pérez Molina tiene casi solo tres posibilidades

a) Deja el cargo (renuncia) e inicia el proceso penal que le llevará a la cárcel

b) Se pone a disposición de la “justicia” que significa que la Corte de Constitucionalidad conozca el proceso de antejuicio, regrese al pleno del Congreso y éstos lo protejan como lo han hecho hasta ahora. No olvidemos que durante cuatro años hicieron correlación de fuerza en éstos dos ámbitos.

c) Una salida negociada para no ir a la cárcel que podría implicar salir del país y eso solo lo posibilita un autogolpe o golpe consensuado.

Y en la calle la gente no para

Las calles fueron ocupadas por miles de personas que no detienen las expresiones y manifestaciones de protesta, no son protestas sólo en la ciudad capital tambien en otras ciudades departamentales. La gente está harta y las manifestaciones son expresión de un modelo en crisis, sin las acciones de calle otro fuera el panorama de negociación de las elites. La gente sigue a la expectativa de que va a pasar mientras Roxana Baldetti la ex vicepresidenta del gobierno actual está presa y del presidente Otto Pérez Molina no se sabía en dónde estaba y cuál era su posición o situación concreta.

La gente hace lo suyo, además de indignada está dispuesta a que no la vuelvan a engañar y a dejar su papel pasivo. Las movilizaciones también han sido catalizadoras para las decisiones de las cúpulas de poder, ya no las pueden obviar. En las comunidades este escenario esta más claro, la defensa del territorio por ejemplo sigue articulando a la población frente a estos otros poderes que buscan despojarles de los bienes naturales, para los analistas antes de Abril 2015 los focos de “conflictividad” se pintaban de rojo en la mayor parte del territorio, no así en las ciudad, ahora el escenario tienen a todo el país en ese color.

Estas manifestaciones a los sectores de poder económico, militar, partidos, capitales transnacionales y demás les da miedo porque se les escapan de las manos. Esto ha sido evidente pues han intentado controlarlas, han metido las manos, han estado presentes en ellas, han metido operadores que incluso han ganado protagonismo. Pese a ello hay una fuerza ciudadana que no podrán controlar, esa que se autoconvoca a la plaza, que ha despertado del marasmo de décadas y ha empezado a pensar más críticamente. Pues aunque hay grupos organizándose la ciudadanía de a pie, no es orgánica a nadie ni a ningún espacio y después de haber abierto los ojos y la boca no será nunca más la misma, no verá la realidad del mismo modo que antes.

No sabemos qué va a pasar con el presidente y este gobierno. Si renuncia o se va del país hay varios escenarios posibles uno es que se anulen las elecciones, que propongan la propuesta ya manoseada de un gobierno de transición y garanticen que no esté en riesgo “la inversión” y los negocios. El segundo que sigan las elecciones y garanticen que no esté en riesgo “la inversión” y los negocios. Respecto de la población que con estas medidas intenten darle punto final a las manifestaciones y movilizaciones populares. ¿También nosotros estamos en Jaque?


 Guatemala Comunitaria ofrece el texto completo “Poderes regionales y distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, el texto que muestra cómo el modelo político creado en la posguerra en Guatemala forjó las condiciones para la acumulación por corrupción, y que da las claves para entender el funcionamiento de los partidos políticos en el plano territorial

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Introducción (extractos)

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

En efecto, “ya no basta con argumentar, con la complacencia de hace algunos años, que nunca en Centroamérica se había vivido, en toda ella y de manera continua, un periodo de más de 25 años de democracia (Torres-Rivas, 2010: 1).

Desde ese punto de vista, el presente ensayo problematiza en torno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del país, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q.10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que ha alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones.

En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

Poderes regionales y distorsión ilícita de la democracia guatemalteca

 


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Por Sergio Palencia.

“Lo nuevo vino siempre desde abajo; desde ahí se ha impuesto en contra de los usos establecidos.”

Ernst Bloch, IV. Desteocratización1

“Y luchamos por tener poder y no sabemos ni qué hacer con él. Sólo pido ver salir el sol y el sol quema por la radiación.”

Ricardo Andrade, Un día como pocos.

Estamos en un momento de incertidumbre donde lo iniciado el 25 de abril, pareciera haber terminado. La ola de indignación y protestas masivas fue haciéndose menos numerosa, de manera inversa a cómo la clase política-económica retomó el cauce con sus propios espacios y tiempos institucionales. El estallido de las semanas de fiesta y expresión sin norma fue transformándose en los “jueves de CICIG” y las protestas frente a edificios públicos. Allí los muros continuaron con lo que mejor saben hacer: simplemente estar y que el tiempo – su tiempo – pase, siga adelante, surja un nuevo desastre natural para cubrir los escombros con más escombros. Similar a los muros, Pérez Molina y los nuevos aspirantes a la presidencia – incluyendo la izquierda – se lanzaron junto al CACIF a sostener la fecha de las elecciones. La enorme espontaneidad fue cediendo al silencio de los muros, los caminos del quéhacer de lucha se fueron disgregando. Ante esto muchos piensan como el título del artículo de Edelberto Torres-Rivas: “¿Estamos perdidos?2”. Ahora algunos puntos para replantear la pregunta por la lucha y la esperanza social.

I.

Las incertidumbres son mundiales: lo saben los griegos, lo conocen los egipcios, lo perciben los guatemaltecos. Es humana-histórica pues. Dos grandes seguridades se deshicieron en menos de treinta años: la caída del bloque soviético en 1989 y la crisis capitalista de 2008. Con la primera se destruyó un horizonte de lucha donde la revolución social, asociada al partido vanguardista y la toma del Estado, fue concebida como una posibilidad realista de cambiar el mundo. Con la segunda el capitalismo de libre mercado produjo una nueva ola de expropiación mundial, con el aumento de la pobreza y el surgimiento de nuevas guerras. En Guatemala la síntesis de ambas crisis mundiales se da en 1996, con la firma de los acuerdos de paz. Mientras el gobierno, militares y guerrillas firmaban la “paz”, las élites oligarcas-militares continuaban la privatización de la energía eléctrica, la concesión minera y la explotación en las maquilas. Un nuevo estado de derecho era acordado mientras el Estado hacía negocios con servicios básicos y el dinero de las remesas y la cooperación internacional asemejaba sostener una sobrevivencia, cada vez, más difícil.

II. Un loco toma el fuego

Ríen los manifestantes al ver quemarse la piñata de una cucaracha. En ella ven la corrupción. Entre la multitud salta un hombre en harapos, calvo en la coronilla y con pelo largo alrededor de la cabeza. ¡Es un loco!, gritan. Agarra por la cola la piñata y le da vueltas. Los manifestantes y sindicalistas se hacen para atrás. El fuego quema. El loco empieza a sentir el calor y la suelta. Termina de consumirse el papel. El loco se pierde entre la gente.

III.

Ahora bien, el Estado de 1996-2015 tenía sus pies insertos en la guerra de exterminio de 1981-1983. La Constitución de 1985 fue entretejida entre alianzas militares, oligarcas y estadounidense donde el común acuerdo era una transición democrática acompañada de campañas contrainsurgentes. ¿No fue en 1987 que se lanzó la ofensiva contra las comunidades de Ixcán y el área Ixil? ¿No fue entre 1989 y 1994 que el Estado secuestró y asesinó a líderes de USAC, incluso dejando desangrar en el suelo a Alioto? Mientras tanto la clase capitalista oligarca impedía reformas tributarias y las redes militares controlaban las aduanas. Los finqueros y banqueros que impulsaron y apoyaron la guerra militar contra el campo y la ciudad rebelde ahora, con la democracia procedimental, educaban en su control estamental de la apropiación capitalista a toda una camada de abogados, jueces, magistrados, ministros y presidentes. La guerra continúo. El enemigo ahora era el delincuente común y las maras, aumentando el poder de guerra de la policía nacional y del ejército, sobre todo desde la crisis de 2008. Los pequeños propietarios y asalariados urbanos eran, día y noche, asustados con la delincuencia y el desempleo.

IV.

El 25 de abril el sentido común del enemigo interno estalló por los aires. Por lo menos momentáneamente. Esos miles de “contribuyentes” urbanos de la SAT vieron cómo el gobierno de la mano dura se había abierto para robar en las aduanas, en las privatizaciones (Puerto Quetzal), en las concesiones eléctricas y mineras. Muchos llegaron arrepentidos votar por quien los engañó, otros con la rabia centrada en Roxana Baldetti. Para muchos era la primera vez que iban a manifestar, por lo que temían ser reprimidos. El CACIF, como un padre protector, impidió legalmente el uso de la fuerza armada de su Estado y los asalariados pudieron ir tranquilos. También, con desconfianza, se acercaron quienes llevaban años e incluso décadas luchando. ¿Eran los empresarios los organizadores, era la embajada? ¿Nos usan? Muchos llegaron así desde la ola de la indignación. Se vieron. No era como las manifestaciones blancas de 2008 donde los empresarios y la clase profesional encontraron, en el asesinato de Rosenberg, la excusa para detestar la socialdemocracia “comunista” de Álvaro Colom. El 25 de abril estaba presente esa clase, pero no exclusivamente.

V.

Durante mayo lo múltiple y masivo llamó la atención. Aún los periódicos y canales televisivos privados se unieron al descontento, antes de que se les volviera a comprar. De repente la manifestación era “ciudadana” y “contra la corrupción”, términos utilizados hasta entonces. El descontento urbano brotó en las universidades, en las empresas, en las redes familiares y de amigos, en internet, en las reuniones nocturnas, en los periódicos matutinos. Pero, también, las sombras del sistema se iban moviendo. Llegaban vagabundos, desempleados, prostitutas, pordioseros, junto a las ventas de banderas, cervezas, aguas, pitos y bubucelas. Se aparecían ancianos – como fantasmas de otras épocas – hablando de Árbenz, de marzo del 62, del familiar comprometido que fue secuestrado. Las voces de la plaza ya no hablaban solo de corrupción – aunque los medios se enconaran en repetirlo – sino recordaban nombres: a Otto Pérez lo nombraron Tito Arias, a Juan de Dios le recordaron que era kaibil, a Maldonado Aguirre y Arzú les pusieron en la frente su participación con el MLN e incluso sus vínculos de la extrema derecha finquera, de escuadrones. Allí comenzaron a temer los herederos de la riqueza y la sangre edificada sobre ella. ¿Un fantasma recorre Centroamérica?

VI.

¿Qué hacemos ahora? Baldetti renunció, la gente bailó en las gradas del palacio y tomó las calles. El embajador Robinson por su parte, también tomó Casa Presidencial y apoyo al demacrado militar. El general Pérez agradecía el pacto de “institucionalidad”. Los manifestantes urbanos – profesionales, estudiantes – vacilaban con exigir la renuncia del presidente para no romper el “orden constitucional”. Empezaron a sentir que solo con las manifestaciones no lograrían cambios profundos. Había que ser realistas, una palabra con doble filo. Se siguió una agenda de manifestaciones los sábados a las tres y foros sobre reformas electorales, sobre antejuicios, sobre no romper el “orden constitucional”. Mientras tanto en las zonas periféricas seguía la guerra acostumbrada: sicariato, extorsiones, maras, narcotráfico. El enorme cinturón de miseria miraba a los manifestantes desde las destartaladas camionetas, vendiéndoles cervezas, cigarros y pitos, preparando granizadas, lustrándoles a muchos los zapatos. La intelecualidad guatemalteca, educada en la escuela de la ONG y universidades “cristianas o humanistas”, decidió guiar la unión luego de sus jornadas laborales. Criticaban al congreso y consideraban su alianza estratégica con la CICIG, embajadores y ciudadanos-empresarios honestos. Es mejor ver para arriba, a los poderosos-de-nuestro-lado, en “alianza estratégica”.

VII.

Como un lamento de Jeremías surge el escrito de Torres-Rivas: ¿Estamos perdidos? En el escrito describe bien un fenómeno de desesperación de los progresistas urbanos: «Son ya varias personas a las que encuentro en los últimos días con el rostro alterado por la preocupación, más bien que se reconocen un tanto aburridas porque la ola política vinculada a las movilizaciones de plaza ha disminuido; porque las iniciativas de CICIG-MP ya no alumbran de sorpresa el ambiente.». Ya no son miles los manifestantes, ya no hay correlación de fuerzas, nos llevan a las elecciones en estas mismas condiciones. Toda la claridad de las reformas electorales y del debate entre gobierno de transición y provisional, perece en la oscuridad. Los espacios donde apostaron – congreso, cortes, empresarios-ciudadanos honestos – al final no llevaron los cambios. ¿Sorpresa? No se ha conformado el gran frente ciudadano, progresista. La unidad es la fuerza y la única que puede permitir un cambio en la “correlación de fuerzas”, dicen. Las izquierdas partidistas, al igual que Mario David García, posaban para las fotos de campaña y los nuevos movimientos de ciudadanos-honorables empezaban a enumerar a sus miembros oficiales, como un partido en potencia. Cerrados sus canales y viendo que la gente no responde a la claridad de su visión se preguntaron ¿estamos perdidos? Mientras tanto, las granizadas cuestan cinco y siete quetzales, dice el joven de San José Ojetenam, San Marcos, en el parque central. Arzú prohibe ventas ambulantes en la sexta avenida, dice una niña indígena que vende lapiceros.

VIII.

¿Estamos perdidos? Si consideramos que el 25 de abril y la CICIG-MP es el alfa y omega de la lucha, sí. La desilusión es semilla alimentada por la oscuridad, pero solo si persiste. El tiempo del estado es el tiempo del capital, el de la dominación. Es el que le permitió a Pérez Molina enterrar ixiles en 1982, k’iches en Alaska en 2012 y manifestaciones multitudinarias en 2015. Pérez Molina es personificación del tiempo mítico, del eterno retorno, de la cabizbaja aceptación. Hacia allí apunta el CACIF, EE.UU., los diputados, los sonrientes embajadores – incluso los humanistas y engagés. Viendo exclusivamente hacia ellos impide ver hacia nosotros y, sin embargo, aquí estamos, a la par. La revolución no está adelante con el “gobierno de transición”, sino en una persistencia que sólo la memoria y el compromiso silencioso siembran, con dolor, en nuestro cuerpo. Persistiendo, crecemos, nos abrimos. ¿Cayó 1989 o 2008? Sí, pero estamos vivos en la indignación. Una joven q’eqchi’ cuenta cómo su padre fue el presidente del Comité Pro-Tierra en Panzós, su hermano alcalde de la comunidad y luchador por la tierra en disputa con la palma. El ejército mató a su padre en la década de 1980 y la seguridad de la finca asesinó a su hermano en la década de 2000. 1996, con sus acuerdos de paz y orden constitucional, no impidió que el Estado y el capital asesinaran a su familia. Ella junto a otras comunidades, lucha hoy contra la palma africana.

IX.

Todos están mojados de sudor. Alguien grita desde atrás: “¡el elemento!”. Otros le siguen el deseo. Se acerca un poeta-peludo desde la tarima y, con fuerza, grita también: “¡Qué viva Guatemala!”. Todos se emocionan. No se conocen y se abrazan. El mosh es hermandad en conflicto, golpe como abrazo, algo así como los apodos de raigambre popular guatemalteco. Es el año 2001 y todos escuchan a los Últimos Adictos. Catorce años después, en 2015, un grupo de rockeros de la Garra cantan en la plaza central. Entre las canciones hay una del peludo-poeta, Ricardo Andrade, víctima de la violencia en el país. La gente grita de nuevo, canta sus canciones. ¿Cómo se mueve entre la gente el recuerdo del “viva Guatemala” de Ricardo Andrade? La juventud como experiencia y volcán. No hay revolución que no traiga las voces y los cantos de quienes, aún muertos, nos regalan vida.

X.

Un hombre que sufrió el ascenso del nazismo, Ernst Bloch, dijo hace casi medio siglo: «Lo nuevo vino siempre desde abajo». ¿A qué se refiere? ¿Está relacionado hoy con nosotros? Ver solamente donde está iluminado es peligroso, puede que creamos que la verdad se mide por la luz de los reflectores. Es semejante a la pregunta de la lucha por la humanidad: ¿podemos cambiar el mundo con las prácticas y espacios reproducidos por el mismo sistema para sostener el muro, la mentira, la dominación que impone la división de clases? Sin embargo, no solo es cuestión de apreciación teórica u opinión del espacio y los tiempos donde hacemos las luchas. Los diputados nos enredan en sus agendas. Los presidentes en su proceso de antejuicios. Las mineras en sus órdenes de captura. Nos tiran adentro, esa es su dominación. A quienes defienden la tierra y el pueblo, contra los proyectos de expoliación capitalista, los secuestran y encarcelan. Los meten en sus procesos. Nos empujan a creer que el mundo es vertical y jerárquico, las personas, objetos; los tiempos lentos y urgentes de acuerdo a ellos. Pero una cosa es luchar sabiendo que nos tiran a su terreno – la violencia, la jerarquización, los procesos legales – y otra distinta es pensar que su terreno es la realidad entera. Contrario al “¿estamos perdidos?” persiste la pregunta: «Lo nuevo vino siempre desde abajo». ¿Qué es lo nuevo en Guatemala?

XI.

La flor de las manifestaciones de 2015 es la actualización del recuerdo y el saberse presente haciendo historia. Nos hacemos históricos en la creación, proceso que agradece un pasado que puede decidir heredar y se sabe único, irremplazable, irrepresentable. Es un tiempo anti-institucional que no aguanta el capital y que no soporta el Estado, pues ambos dependen del olvido continuo. Sentirse perdido no es malo, es parte de los cuestionamientos de quien va en camino hacia algo. Pero esa marcha implica estar dispuestos a romper contra lo viejo que ata, a sumergirse en la inseguridad de lo no iluminado por los noticieros y las cámaras de los poderosos. Si se piensa que tener a 60 mil personas en la plaza es importante por la “correlación de fuerzas” y negociación con el Estado, se piensa en términos instrumentalistas, similar a cómo mide su rating y popularidad un partido político o una empresa de hamburguesas. Cuando el CACIF y la Universidad Marroquín salieron a hablar del “debido proceso” y del “respeto al orden constitucional”, muchos progresistas urbanos aceptaron el terreno, con la pelota cuadrada y el árbitro establecido. ¿Persistir por 60 mil personas, por cien mil o por un millón? Eso puede ponernos a pensar con las estrategias del enemigo: juntar gente, decirles la “verdad”, conducirlas, hacer pequeños comités, enojarse porque no hacen lo que se quiere. Mientras, la flor. Una muchacha lleva escrito en su camisa: Vi morir a mi padre en un hospital sin abastecimiento. Esa experiencia única es capaz de dar vida porque ama, la raíz es manantial y no número de correlación.

XII. Desconfiando de la mochila del cuida-carros

El mayor crítico del poder debe conocerlo, pero no obnubilarse por su lógica. El peligro es creer que la cárcel es juzgado de autodefensa. Conocer por qué y cómo realizan sus acciones, su política, las artimañas legales, sus componendas. Todo esto es necesario saber y denunciar. Seis policías rodean a unos hombres que cuidan carros en el parque Morazán. Revisan con seriedad e intimidación sus mochilas. No encuentran nada incriminante. La clase política del capital oligarca, como Pérez, Baldetti, López Bonilla o Muadi están protegidos por el ejército y un cuerpo especial de la policía. El dinero robado no está en sus mochilas, sino en cuentas que se pretenden irrastreables. Confianza para el bien vestido, inspección para el vagabundo. Son instituciones hechas contra los de abajo. Es más ciudadano el carro-habiente que el cuida-carros.

XIII.

¿Cómo se mueve lo nuevo? Primero, como pregunta y dolor precisamente si pretende hacerse acto histórico. Luego, como proceso de conocernos y de saber que estamos atravesados por la herida de la historia. Solo nace si se persiste en la oscuridad. Es cierto que la CICIG y la embajada de EE.UU abrieron las posibilidades del 25 de abril, pero también que la cerraron en cuanto vieron un potencial social moviéndose. Temieron todos los de arriba por igual: crearon pánico financiero, pusieron fecha a los disturbios, movilizaron miles de personas con dinero, utilizaron el miedo a perder el trabajo. Su poder es el dinero y oponer a los de abajo entre sí. Siempre ha sido su método, con cambios en la forma histórica. Tenemos la certeza que el 25 de abril abrió en nuestro país – e incluso la región – una posibilidad, un horizonte. ¿Cuál con certeza? Aún no sabemos. Lo estamos buscando en toda la región: cuando en los municipios rebeldes de Guerrero, México queman las urnas, cuando los hondureños inundan con antorchas las calles del país, cuando en Barillas, Guatemala se niega el espacio del capital. Esa es una fuerza que viene desde abajo contra la dominación de arriba. ¿Sabe con precisión el camino? No, aún no y no obstante ya empezamos a movernos en un nuevo momento histórico. Para eso es central pensar la política desde la creación humana y la dignidad. Así nos hacemos históricos, heredamos lágrimas que engendran fuerza. Dándonos rompemos la lógica instrumental del capital: nada ni nadie nos representa.

XIV. No estamos perdidos

Somos pueblo, dicen los estudiantes universitarios. Pero, ¿cómo nos hacemos pueblo? Esta pregunta surge desde abajo y se mueve allí. Un nuevo nombre nos nace en el seno del pueblo: uno nunca antes pensado, como un nom de guerre clandestino. En el silencio de abajo se hereda el grito y la canción. En la creación nos hacemos parte de lo nuevo, heredando al pueblo histórico. El cantante-poeta, Ricardo Andrade, captó el secreto del presente que logra parir la esperanza: «Hoy que asomo a ver por la ventana / me doy cuenta que / es un día como pocos y / aunque es igual que todos / yo nunca lo vi». Lo nuevo viene desde abajo.

1 Bloch, Ernst. (1968 / 1983). El ateísmo en el cristianismo. La religión del éxodo y del Reino. España: Taurus, pp. 80

2 Torres-Rivas, Edelberto. «¿Estamos perdidos?», en: El Periódico, 9 de agosto 2015. Disponible en: http://elperiodico.com.gt/2015/08/09/domingo/estamos-perdidos/


 

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Por: Rony Morales

Vida, bosques vírgenes, sus ríos, flora y fauna, eso es La Primavera.

Cuando se investiga los antecedentes históricos de la Finca La Primavera en San Cristóbal, departamento de Alta Verapaz, se encuentra que éstos se remontan al año 1799. Ya son 215 años que las familias Poqomchi’ viven en esta finca, y desde entonces han sido “mozos colonos”. Aún en el año 2000 seguían  trabajando en la finca como “mozos colonos”.

Las doscientas setenta y nueve familias de las comunidades Santa Rosa, Sak – Ixim, El Chico y Baleu, que forman la Finca La Primavera formaron la Asociación de Campesinos de Santa Rosa y Sak-Ixim. Desde el año 2000 fueron parte de la conformación de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC-, iniciando negociaciones para la compra de la finca vía el Fondo de Tierras.

Una década duró la mesa de negociación, en la cual participó la UVOC junto a las instituciones gubernamentales: la Secretaria de Asuntos Agrarios –SAA-, el Ministerio de Gobernación, el Fondo de Tierras, la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH-, y el Registro de Información Catastral –RIC-. En una de estas reuniones, los miembros de la SAA dieron a conocer que las tierras ya se habían negociado con la Empresa ECO-TIERRA, y por tanto, las 279 familias serían desalojadas de la finca de tierras que supuestamente pertenecían a esta empresa.

Tras años difíciles de negociación y lucha finalmente lograron obtener 12 caballerías de tierra, donde se encuentran las viviendas y lugares de trabajo de los comunitarios.

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El 14 de julio de 2015 tuvo lugar la firma de una Escritura y Convenio Preparatorio en el Fondo de Tierras, en el cual se  busca visibilizar los siguientes aspectos: a) Realizar el levantamiento topográfico del área en posesión de las comunidades Santa Rosa y Sak-ixim. b) Gestionar la aprobación ante el Registro de Información Catastral del plano elaborado a favor de las comunidades de Santa Rosa y Sak-Ixim; c) Elaborar el censo en las comunidades de Santa Rosa y Sak-Ixim; d) Otorgar la escritura traslativa de dominio de las viviendas que se encuentran en el polígono de las comunidades de Santa Rosa y Sak-Ixim; e) Completar el área de tres punto cinco manzanas a favor de los beneficiados de las comunidades Santa Rosa (El Chico) y Sak-Ixim; f)Respetar el área que corresponde a la finca matriz; g) Respetar los linderos que corresponden a cada una de las comunidades asentadas dentro del polígono de la Finca La Primavera.

La SAA y Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) se comprometen a dar el acompañamiento necesario y velar porque los términos y condiciones del presente convenio sean cumplidos a cabalidad por cada una de las partes, principalmente las literales f) y g) descritas anteriormente.

¿Cuál fue el papel de UVOC en la recuperación de la Madre Tierra?

Desde nuestra memoria colectiva y la resistencia ancestral ante la esclavitud del trabajo obligatorio y gratuito, hombres y mujeres lucharon por su libertad a pesar de todos los riesgos y la desigual tenencia de los recursos productivos agrícolas, -especialmente la tierra-. Es un problema que por su magnitud y carácter estructural genera y reproduce las condiciones de pobreza de grandes sectores sociales.

En este sentido, UVOC plantea impulsar estrategias de “Agroecología” y  “Economía Solidaria” en las comunidades de La Primavera, aportando a la “transformación de las relaciones económicas y sociales de explotación, y que desde la organización construyamos relaciones económicas y sociales que se fundamentan sobre la solidaridad y no sobre la explotación”.

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En Guatemala, las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José el Golfo llevan oponiéndose a la construcción del Proyecto Minero Progreso VII Derivada  desde el 1 de marzo del año 2012, cuando  una vecina de San Pedro Ayampuc vio acercrse por la carretera a toda la maquinaria que iba para la mina, atravesó su carro, se colocó frente al convoy y lo hizo retroceder. En ese momento surgió la lucha organizada contra la mina que ahora es propiedad de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima -EXMINGUA-, filial de la  de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates.

Desde entonces La Resistencia pacífica instalada en La Puya, que hace poco se ha convertido en un símbolo en todo el país de lucha de la población contra estos proyectos que atentan contra los bienes naturales, la salud y la vida de las personas, y a pesar de ello, son protegidos por el Estado que utilizan los recursos judiciales y policales para reprimir a estas comunidades.

Por eso ha sido un motivo de mucha alegría que en conferencia de prensa alcaldes auxiliares, comunitarios, la Asociación de Abogados Mayas y el Centro de Acción Legal Ambiental y Social -CALAS- dieran a conocer la resolución de un tribunal de Amparo de fecha 15 de julio por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, que resolvió que el Concejo Municipal de San Pedro Ayampuc realice en quince días las acciones necesarias para  detener los trabajos de construcción del Proyecto Minero Progreso VII Derivada

El amparo interpuesto por los alcaldes  auxiliares de las comunidades El Guapinol y El Carrizal de San Pedro Ayampuc, se aceptó porque EXMINGUA presentó documentos falsos cuando se le pidió entregara una licencia de construcción, que no coincidía con la copia certificada del acta del Concejo Municipal. A pesar de ello, ya ha construido un dique de colas, un tajo, un tunel y un molino de trituración que ya está operando, según corroboró CALAS.

Por lo tanto las comunidades piden públicamente que se respete y se acate lo resuelto por el juzgado que incluye la convocatoria para la “Consulta de Vecinos y Vecinas, al tenor de lo regulado en el Código Municipal y los estándares internacionales.

También “que la empresa EXMIGUA S.A. acate la orden del Tribunal Constitucional y Suspenda las Actividades de Construcción de la infraestructura del proyecto minero, porque ello ya evidencia un inminente riesgo contra nuestra vida”.

Por último piden “al Ministerio Publico, que realice las Investigaciones para establecer la comisión de Delitos Penales de funcionarios públicos, y especialmente contra la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.; por presentar Documentos Falsos ante un Tribunal Constitucional.”


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Consideraciones iniciales

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

Los casos recientes, -que involucran a los diputados Baudilio Hichos y Pedro Muadi-, son un claro indicio que la corrupción ha extendido sus tentáculos también en y desde el Congreso de la República hacia la institucionalidad regional y estructuras empresariales. Asimismo, en las pancartas de rechazo a la corrupción en varias cabeceras departamentales han aparecido de manera recurrente los nombres de legisladores distritales y autoridades municipales, reflejando la percepción de la población sobre la actuación anómala y corrupta de estos personajes regionales y locales.

En la dinámica parlamentaria de los últimos años se ha caracterizado por el bloqueo sistemático de reformas democráticas, mientras abundan las noticias sobre el transfuguismo y las reelecciones de diputados y diputadas. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[1]

En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones más criticadas. Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas las diputaciones, -especialmente las distritales- responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El ensayo “Poderes regionales y la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, -publicado en la Edición #3 de la Revista Revela (http://revistarevela.com) problematiza entorno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del Guatemala, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q. 10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que había alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones. En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieronzonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

Prensa Comunitaria publicará el contenido del ensayo mencionado en cinco entregas. Para ello reordenamos los capítulos a modo de conocer el fenómeno desde lo particular hacia lo general: 1. Los principales grupos de poder; 2. Las redes del negocio público en lo regional; 3. Las interacciones con actores (inter)nacionales; 4. La democracia guatemalteca y los partidos de tercera generación; y 5. Democracia y su distorsión ilícita.

Prensa Comunitaria publicará en cada entrega también los datos que sustentan la investigación; es decir, los detalles del historial político de los legisladores distritales, así como de las empresas contratistas regionales y nacionales.

[1] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

 

– Quinta entrega –

 

Marco teórico

Democracia y sistema político

“Desde la época clásica hasta hoy el término “democracia” siempre ha sido empleado para designar una de las formas de gobierno, o sea, una de las diversas maneras bajo las que puede ejercerse el poder político. Específicamente designa la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por el pueblo” (Bobbio, [1985] 1996: 188).

Torres-Rivas (2013: 267) plantea que “la noción de democracia debe vincularse a la de Estado, pues tanto en su dimensión sustantiva como instrumental el objeto deseable es el Estado democrático”, y según Hirsch (2005: 76), algunas de las características de lo que hoy en día se entiende habitualmente por un Estado democrático son: un sistema político que se rige por elecciones universales y libres, la representación parlamentaria, un mínimo de garantías en un Estado de derecho, la separación de poderes, el traspaso pacífico y regulado del poder gubernamental basado en un sistema multipartidario, así como el reconocimiento de determinados derechos fundamentales.

Sin embargo, en el campo de la teorización y realización de la democracia no existe una visión única. De hecho, “…la democracia es objeto de discusión y disputa por parte de concepciones y/o proyectos políticos que tienen una perspectiva distinta de lo que es, puede, o debe ser y, en aquellas sociedades en las que se ha establecido, la democracia, y particularmente los sistemas políticos se convierten en campo de conflicto en torno a sus alcances y límites” (Sáenz, 2007: 19-20).

Pero, de acuerdo a Kreisky y Löffler (2012: 133), pese a la necesaria elasticidad de este concepto, la definición política y teóricamente dominante de la democracia es hoy restrictiva y tendenciosa por asemejar civilización occidental y democracia en la tipificación de “democracia occidental”; y a su vez, ésta es designada como el ideal democrático para todas las regiones del mundo. Esta forma de pensar contiene una significación central: la democracia liberal, -que presume conceder libertad e igualdad-, fundamenta en ello su pretensión de legitimidad y universalidad.

Hirsch (2005: 77) refuerza esta crítica, afirmando que la libertad, la igualdad y la autodeterminación a lo interno de la democracia liberal, siempre se basa estructural y socialmente en la sumisión, la desigualdad y la heteronomía.

En este sentido, ese poder del pueblo no se ejerce de igual forma en las distintas democracias en el mundo; y en efecto, la democracia implica una gran complejidad que puede expresarse en lo conceptual-teórico, lo procedimental, y también lo realmente existente.

Y no necesariamente “…es el consenso el que vuelve democrático al poder estatal sino el atravesar con éxito las pruebas del disenso y su manejo…” (Torres-Rivas, 2013: 271), y desde las concepciones post-democráticas se cuestiona precisamente la desaparición de un entendimiento teórico, -y por ende también práctico-, de la política como ámbito de disenso y disputa. Kreisky y Löffler (2012: 142) argumentan que extraer los conflictos de la disputa política, los hace insolubles.

Ello dirige la atención hacia las formas de deliberación, en su sentido de búsqueda de la voluntad general en una sociedad. Sáenz (2007: 19-34) reflexiona sobre la importancia de la recuperación de la política como espacio público de la ciudadanía, superando las limitaciones de votar las diferencias individuales en espacios restringidos de partidos y políticos. Se trata de construir una visión en torno a lo que es bueno para la sociedad en conjunto, y para ello “…la deliberación democrática requiere ciertos niveles de igualdad entre los sujetos deliberantes (…) Aquellos individuos o grupos que cuenten con mayores recursos – de todo tipo, particularmente educación, información y capacidad de influencia – tendrán mejores condiciones para participar en este tipo de espacios e impulsar sus ideas.” Pero en la práctica, la construcción de sociedades democráticas “depende de las fuerzas y coaliciones que disputan los alcances de la democracia en la arena política. Es del conflicto político del que emerge el entramado institucional que define los alcances y límites de la democracia, y este depende de la negociación entre fuerzas y proyectos políticos o del predominio de unos en detrimento de otros.” En este sentido, el manejo de poder y los procedimientos institucionales también son elementos claves en las democracias realmente existentes, reconociendo que el poder no se produce en las democracias liberales en el momento de las elecciones, sino el “Estado concentra poder y este poder es objeto de disputa entre grupos antagónicos dentro de las sociedades.” Siguiendo a al mismo autor, una visión agregativa de la democracia acepta la imposición de restricciones a la soberanía popular, “…partiendo del principio liberal de las libertades negativas: el alcance de las decisiones mayoritarias no puede afectar las libertades de los individuos.” Este enfoque se traduce en sociedades de poderes desiguales en diseños institucionales que pueden favorecer determinados sectores e intereses, y en “muchos casos, los resultados de las elecciones colectivas dependen más de los procedimientos de votación o de quién controle la agenda, que de la voluntad popular.” Y el problema concreto consiste también en “la irrupción de recursos de grupos de interés privados en las campañas electorales y las inquietudes en la competencia. Esto pone el acento en el tema de que este sistema es imperfectamente competitivo.”

De esta manera, es necesario problematizar sobre la democraticidad de la democracia y la “crítica democrática a las democracias realmente existentes – como la llama O’Donnnell – puede contribuir a su mejoramiento a partir de identificar los problemas y vacíos que esta tiene” (Sin autor, 2011: 165). Pues, la democracia podría ser, -como plantea Torres-Rivas (2013: 269)-, “una forma ventajosa de distribuir el poder del Estado en la sociedad, al que fortalece mediante la organización y la participación ciudadanas…”. Se trata, entonces, de un sistema político con características democráticas.

Sobre este tema, Luhmann ([1975] 1995: 128-129) argumenta que el desarrollo de sociedades complejas supuso también la disgregación del poder, y precisamente esta “diferenciación demanda el desarrollo de nuevos sistemas políticos de referencia que se especialicen en la formación y manipulación del poder”. Significa, según Sáenz (2007: 78), que “…la modernidad implica complejización y diferenciación de manera que “lo político” se convierte en un ámbito que tiene validez e importancia por si mismo y, sobre todo autónomo del “sistema económico” y del “sistema social”. Inicialmente resulta problemático pensar la separación de sistemas de manera tajante; sin embargo, desde una visión normativa el argumento es adecuado: la posibilidad de construir un orden democrático – que pueda denominarse de esta forma en sentido estricto – está directamente relacionada con la construcción y consolidación de un ámbito público en el que la ciudadanía esté en condiciones de discutir y tomar decisiones más allá del peso económico que posean individual o colectivamente los sujetos.”

En este sentido, en un sistema político democrático el sufragio universal suprime teóricamente las asimetrías socio-económicas y las relaciones de poder se regulan de una forma equitativa y dirigida al bien común. El sistema de partidos políticos sería el canal de las demandas sociales colectivas (programas políticos) que encuentran su materialización en un Estado con división de poderes (representar, administrar y controlar).

No obstante, la historia señala que “durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, el Estado fue en buena medida controlado y disputado por grupos empresariales más o menos tradicionales (…) [y] en los últimos años se ha dado una disputa por el control de partes/sectores de la administración pública en distintos niveles y por distintos grupos. En las grandes ligas actúan los principales grupos de poder económico y político (…) En otros niveles se disputan las decisiones intermedias sobre volúmenes de inversión, para finalmente establecer cómo se realiza la inversión en obra pública” (Sin autor, 2011: 166-167).

Así, -y de nueva cuenta-, el pluralismo asimétrico plantea disyuntivas importantes en relación a distorsiones estructurales en el sistema político y esto también se refleja en los resultados del mismo, caracterizados por un continuum sistemático de la coexistencia de acumulación y desigualdad.

Otro campo problemático es la propia transición democrática[1] a nivel centroamericano, especialmente en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. El llamado modelo centroamericano de esta mutación de los sistemas políticos hacia la democracia no se define solamente por haber transcurrido en situaciones de guerra, sino también por la complejidad que han impuesto de manera paralela el two track approach y el cambio de los modelos económico y estatal bajo las prescripciones del (neo)liberalismo.

Desde una perspectiva global, Centroamérica fue uno de los primeros laboratorios para el paradigma liberal de pacificación, una etiqueta adherida a las crecientes intervenciones externas en sociedades de post-guerra  y post-conflicto. Este paradigma presupone que la triple transformación de paz, democracia y libre mercado es un proceso de autofortalecimiento que conduce al desarrollo sostenible (Kurtenbach, 2010: 1).

El resultado de este tipo de transformaciones son sistemas políticos complejos, -que oscilan entre lo autoritario y lo democrático-, y que han adoptado en los campos de la ciencia y la política una amplia gama de apelativos: autoritarismo competitivo, semi-autoritario, autoritarismo blando, autoritarismo electoral, régimen híbrido, semi-democracia, democracia virtual, democracia electoral, democracia iliberal, y pseudo democracia, entre otros.

En todo caso, nombrar los distintos regímenes políticos es una discusión compleja. Torres-Rivas (2013) habla en su libro Revoluciones sin cambios revolucionarios de dictaduras militares institucionalizadas (no personalizadas) durante el periodo entre 1950 y 1980 ,-en los casos de El Salvador y Guatemala-. El ejército era el Estado, diferenciando entre Estados militares con pretensiones democráticas, primero y luego democracias contrainsurgentes, que fueron variando en su condición de régimen, pero conservando su calidad represiva. Pese a todas las complejidades, la crisis del régimen alrededor de 1980 llevó paulatinamente a la mutación de lo autoritario militar hacia lo democrático civil.

No solamente es el antecedente histórico del sistema político que ha regido en Guatemala durante las últimas tres décadas, sino también es la herencia que ha intervenido en el proceso democrático hasta la actualidad.

Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI)

El concepto de Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI) tiene antecedentes en las décadas de la guerra interna. Una de las herencias de aquella etapa histórica fue un ejército contrainsurgente y violador de Derechos Humanos, socio de las élites económicas, y conectado íntimamente a los partidos tradicionales, las ligas anticomunistas, así como a redes de corrupción y negocios ilícitos. El Estado y la sociedad enfrentaron, -en condiciones muy complejas-, el reto de la desmilitarización para encarar el futuro de democracia y paz.

“En este marco, uno de los aspectos fundamentales es la transformación del poder del ejército en el transcurso histórico, quien indudablemente ha fortalecido sus posiciones, -y la de algunos oficiales-, en una compleja mezcla de la guerra y la política, que tornó inseparables ambas categorías en gran parte de la segunda mitad del siglo XX. En este contexto, el ejército y la política han estado íntimamente atados. La etapa de la democracia y los acuerdos de paz rompe esta atadura, fomentando una división entre los ámbitos institucional y extra-institucional. Comenzó entonces un proceso que fragmenta, oculta, privatiza y criminaliza el poder de los militares, dando origen a nuevos núcleos de poder, -más complejos y “multisectoriales” en la actualidad…”  (Waxenecker, 2014: 3).

Partiendo de la preocupación de la continuidad de estructuras clandestinas de la guerra en la etapa post-conflicto, en el Acuerdo Global de Derechos Humanos, -suscrito en 1994-, se afirmó que “para mantener un irrestricto respeto de los derechos humanos, no deben existir cuerpos ilegales, ni aparatos clandestinos de seguridad. El Gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos.”[2]

Este concepto de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) fue retomado en los primeros años del siglo veintiuno en la agenda de la sociedad civil, preocupada por la evidencia de la continuación de redes clandestinas en la esfera pública y privada y ligadas a redes de corrupción y contrabando. La Fundación Myrna Mack y WOLA, entre otras organizaciones, denunciaron la existencia de poderes ocultos.

En 2006, los esfuerzos de la sociedad civil convergieron en el acuerdo para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), cuyo mandato establece que “se deberá entender por Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad, a aquellos grupos que reúnan las siguientes características: (i) Cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, y (ii) Estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas.”[3]

Según el ex vicepresidente Eduardo Stein, en estos años “existían ya muy instaladas estas redes de intermediación ilegal de negocios (…) no eran pues, despojos espectaculares (…) sino un sinnúmero capilar de operaciones de negocios que, comenzando en la ilegalidad, terminaban en absolutas y defendibles operaciones legales en lo público, que van (…) desde lo citado [bancos, loterías, conciertos, etc.] hasta los bienes raíces.”[4] Estas estructuras habían transmutado en el tiempo.

La labor investigativa de CICIG ha llevado a una nueva conceptualización, que afirma “que en la actualidad los CIACS pueden caracterizarse como una forma de Red Político-Económica Ilícita (RPEI). No son una entidad gubernamental, ni son una entidad estrictamente privada; son entidades adaptativas mixtas, y por ello, eminentemente transicionales. Estas se desplazan entre lo público y privado, entre lo gubernamental y lo empresarial, entre lo lícito y lo ilícito y entre lo formal y lo informal, y tienen por finalidades lograr: a) poder indebido (político y/o económico), b) influencia indebida (política y/o económica), c) impunidad para sus acciones ilícitas y d) enriquecimiento indebido” (CICIG/MP, 2015). [5]

 

Conclusiones

La parte concluyente de este ensayo no pretende presentar ideas acabadas, sino aportar al debate actual en Guatemala: por un lado, al análisis de los fenómenos de poder que distorsionan el sistema democrático existente, y por otro lado, a la discusión sobre la importancia de un proceso de democratización de la democracia.

Las redes regionales y el alcance de la corrupción

El análisis ha demostrado la perpetuidad de un alto porcentaje de las diputaciones distritales en el Congreso de la República, -mediante una compleja dinámica de transfuguismo e intercambio electoral-mercantil-, constituyéndose como Grupos de Poder Regional (GdPR) en un contexto de profundas transformaciones contextuales y de fuerzas políticas unipolares y fraccionadas. Este fenómeno no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistemática, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja. En el país se identifican al menos 34 GdPR, -consolidados o en formación-, y 5 clanes familiares de poder local; cuyos hilos de poder traspasan 21 departamentos y se han constituido en un fenómeno de importancia nacional con la capacidad sostenida de influir, negociar, definir y operar en la institucionalidad democrática central, regional y local. En especial, la adjudicación descentralizada de contratos públicos constituye el terreno natural de influencia y poder de los diputados distritales. Su posición privilegiada en el Congreso permite control y manipulación de las ejecuciones gubernamentales a través del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera, -conocido como Listado Geográfico de Obras-, cuyos presupuestos aprobados oscilaron anualmente entre 10.9 y 14.6 mil millones de Quetzales desde el 2006.

La influencia de las y los legisladores distritales en la negociación y definición de esta inversión física es decisiva en el reparto geográfico, y se convierte en fuente de acumulación opaca/gris, que -de nueva cuenta- permite a las principales figuras regionales mercantilizar su permanencia en la política nacional e insertarse en redes público-privadas de influencia, cooptación y desviación de recursos públicos en función de poder y enriquecimiento indebidos. Es un circulo vicioso que se fundamenta en la complicidad entre los GdPR y otros actores favorecidos; en especial los contratistas regionales que, -después del ocaso de las ONG (a finales de 2011)-, se fortalecieron como engranaje privado de estas redes político-económicas. El monto operado a través de 69 empresas regionales asciende a Q. 10.0 mil millones (US$ 1.3 billones) entre 2004 y 2015. La sistematicidad observada en la interacción entre actores públicos y privados en el marco de los GdPR se construye sobre acuerdos e interacciones de largo alcance y mediante prácticas que involucran lo lícito y lo ilícito.[6]

Guatemala enfrenta una situación de corrupción constante y compleja, definida por Cartier-Bresson (1997: 466-469) como social exchange corruption, en el sentido de un intercambio social corrupto que se traduce en interacciones regulares y organizadas en lo económico, político y social. Esta organización de la corrupción mediante redes facilita y promueve la institucionalización y normalización de los actos de corrupción, que se convierten en prácticas ocultas comunes y se expresan en formas multidimensionales de acumulación e intercambio (material, informacional, simbólico, etc.).

Especialmente en lo regional se configura una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio involucra múltiples actores con intereses diversos. Cartier-Bresson (1997: 470) describe el intercambio como la movilización de una serie de recursos (políticos, económicos y sociales) y principios de coordinación (competencia, jerarquía y solidaridad)[7], como productos articulados (joint products) de intercambio. Esta mezcla de amistad, interés y obediencia da lugar a efectos no deseados e imprevisibles. De manera paralela, el mimetismo es un factor determinante en la expansión de la corrupción. El principio de la imitación, -más que la racionalidad sustantiva-, es el origen del éxito, y por tanto, la racionalidad económica muchas veces no es suficiente para explicar de manera adecuada este fenómeno.

De esta reflexión resaltan dos elementos para el caso de Guatemala. Por un lado, el mimetismo es resaltado también por el ex vicepresidente Stein, cuando afirma que los CIACS “que determinaron su inclusión en los acuerdos de paz (…) ya no son ni de lejos los mismos que estamos viendo y padeciendo ahora. Si algo hemos podido ir observando desde entonces (…) es esa transmutación, esa transformación, esa mimetización, en donde estos aparatos clandestinos y estos cuerpos paralelos fueron transformándose y (…) adaptándose gradualmente a las nuevas realidades institucionales, políticas y económicas del país (…) No es que cambiara el concepto, cambió la realidad.” [8]

Este análisis contribuye a la reconstrucción, -aún esquemática-, del proceso de surgimiento y consolidación de los GdPR. La primera etapa de personajes regionales que han acumulado poder político y económico desde la perpetuidad en su curul comprende el periodo entre 1995 y 1999; y se relaciona con los partidos de la segunda generación, especialmente el FRG con 9 diputaciones. En cambio, las diputaciones distritales con antecedentes en el PAN se dispersaron.

La segunda etapa de origen de GdPR ocurre entre 2003 y 2007. En un primer momento, la alianza PP-MR-PSN (2003) absorbió algunas diputaciones panistas, y fue la base para la consolidación de 7 diputaciones en el partido GANA. Posteriormente, el PP dio cobijo a liderazgos políticos propios y a la mayoría de los disidentes eferregistas. Al mismo tiempo, en el marco del partido UNE también surgieron poderes regionales propios. En esta etapa, los modus operandi de los GdPR se fue consolidando y mimetizando.

La tercera etapa, -desde 2011-, se considera de perpetuidad simbiótica, y da lugar a la otra reflexión. El principio de solidaridad, que se materializa en el ámbito político entre las diputaciones regionales, en tanto, éstas no compiten por los votantes de un mismo distrito electoral. Allí encuentran incentivos “para cooperar entre sí y asegurar su reelección, evitando la competencia de nuevos candidatos”[9]. Esta simbiosis y complicidad es valedera para la coexistencia y reproducción de los GdPR en el Congreso[10], siempre y cuando, no se estén disputando las mismas asignaciones, obras o cuotas de poder. Las disputas del periodo se caracterizan por reacomodos, especialmente a partir del ocaso de GANA y el surgimiento de LIDER, así como la irrupción de algunos competidores nuevos. La siguiente gráfica muestra estas líneas de continuidad y reacomodos.

Esquema de origen y consolidación de GdPR (1995-2015)

genspartidos

Elaboración propia.

Nota: los círculos negros representan momentos claves de origen y continuidad.

El esquema refleja también una marcada línea de continuidad entre dos proyectos políticos cuyas figuras principales surgieron del ámbito militar: Efraín Ríos Montt (FRG) y Otto Pérez Molina (PP). Durante los últimos 20 años han sido principio y cobijo de GdPR, y ambos proyectos políticos son vinculados con estructuras clandestinas: En 2006, un informe de WOLA afirma que “en años recientes el FRG ha sido un vehículo importante de consolidación de la autoridad política de los poderes ocultos” (Peacock/Beltrán, 2006: 41). Asimismo, el Sindicato, -vinculado a Pérez Molina-, es según Insigt Crime “uno de los poderes ocultos de Guatemala o CIACS (…) grupos que actúan a la sombra, conformados principalmente por antiguos militares y oficiales de inteligencia cuyo origen se encuentra en el conflicto armado del país.”[11] Además, en el análisis militar hay que tomar en cuenta “los grupos de inteligencia militares conocidos como La Cofradía y El Sindicato, vinculados al general (r) Francisco Ortega Menaldo y el general (r) Otto Pérez Molina, respectivamente.” Se plantea la hipótesis que “el gobierno de Pérez Molina era una alianza de dos redes de inteligencia militar, históricamente peleados pero ahora unidos para hacer gobierno.”[12]

De esa manera, se señala que también desde lo regional y hasta la actualidad, “los poderes ocultos se las han ingeniado para incrustarse a sí mismos dentro de las estructuras estatales existentes y operar en las sombras para proteger sus intereses” (Peacock/Beltrán, 2006: 62). En general, se ha “advertido sobre el hecho de que los poderes ocultos han desarrollado relaciones con la mayoría – y quizás todos – de los partidos políticos, con el fin de proteger, fortalecer y consolidar su poder” (Peacock/Beltrán, 2006: 60).

El análisis de Eduardo Stein valida esa hipótesis, afirmando que son “las estructuras dentro de la institucionalidad del Estado, no de afuera hacia adentro”, que encontraron cauce en “un Estado con instituciones débiles, con instituciones con una serie de carencias y con una generalizada inmadurez política, -que venía de décadas de guerra interna-, en donde la formalidad de procesos electorales escondía en la práctica esquemas autoritarios.” [13]

Sumando el hecho que “estos grupos [clandestinos] han sido asociados con narcotráfico, secuestros, contrabando, [y] robos en gran escala[14], se conforma una compleja realidad de zonas grises[15] que interviene en el proceso de origen y consolidación de los GdPR, y en la relación de éstos con CIACS y OTD. También, en el caso de las empresas contratistas se constata que, -por sus relaciones sistemáticas con las ONG en el periodo 2004-2011-, difícilmente podrían haberse quedado al margen de negocios con los grupos criminales. Como se ha afirmado, la ilegalidad no proviene exclusivamente de la participación abierta u oculta de actores criminales, sino se presenta cotidianamente en forma de soborno, influencias, colusión, corrupción, manipulación, incumplimiento y lavado, entre otras.

En resumen, el origen opaco y las constantes prácticas de corrupción, -compleja, institucionalizada y normalizada-, con fines de acumulación de poder y riqueza; las interacciones lícitas e ilícitas con grupos, redes y actores a nivel regional y (trans)nacional; la micro-captura del Estado; los intercambios asimétricos e ilegítimos en el mercado electoral; y la capacidad de tejer redes de impunidad; forman parte del actuar característico de los Grupos de Poder Regional. Retrocediendo brevemente a la definición de Red Político-Económica Ilícita (RPEI), se verifica que el fenómeno de los GdPR concuerda con lo expuesto por CICIG: “No son una entidad gubernamental, ni son una entidad estrictamente privada; son entidades adaptativas mixtas, y por ello, eminentemente transicionales. Estas se desplazan entre lo público y privado, entre lo gubernamental y lo empresarial, entre lo lícito y lo ilícito y entre lo formal y lo informal, y tienen por finalidades lograr: a) poder indebido (político y/o económico), b) influencia indebida (política y/o económica), c) impunidad para sus acciones ilícitas y d) enriquecimiento indebido” (CICIG/MP, 2015).

También Cartier-Bresson (1997: 470-473) considera que el concepto de red es útil cuando los límites tradicionales se hacen irrelevantes ante la evidencia inexplicada. Las alianzas en el marco de una red de corrupción tiene por objeto reducir la dependencia de los actores de las limitaciones legales e institucionales, construyendo un ambiente favorable, negociado en secreto. También afirma que la separación entre interior y exterior de una red (grupo o actor) no existe con claridad en nuestras economías, y las fronteras entre lo público y privado se desdibujan en la ambigüedad legal en múltiples formas.

En este sentido, Guatemala está ante un fenómeno sistemático de incrustación de RPEI en uno de los organismos centrales del sistema democrático, -el Congreso-, extendiendo sus redes e influencias desde y hacia la institucionalidad local en casi todo el país. La fuerza legislativa acumulada de estos grupos ha alcanzado al menos el 30% del total de integrantes del Congreso, y es comparable con el nivel de incidencia de la parapolítica en Colombia durante los primeros años del nuevo milenio. Y en tanto, el proceso electoral de 2015 continua predominado por partidos mercantiles, -que negocian con estas redes regionales ilícitas-, se está ante la prolongación irreversible del circulo vicioso de poderes eternizados en el Organismo Legislativo y la institucionalidad departamental.

La distorsión ilícita de una democracia asimétrica

Al resultar infiltrado el Congreso por estas redes ilícitas se afecta “la legitimidad de una institución fundamental para el Estado de derecho, por ser la rama encargada de promulgar las leyes de la República. Este fenómeno llevó [también en el caso de la parapolítica en Colombia] a una situación paradójica y problemática para la consolidación democrática de un Estado: La legitimidad de ciertas leyes puede incluso ponerse en duda, porque su cumplimiento puede llegar a favorecer intereses excluyentes o incluso criminales, en detrimento del interés común que exige el Estado de derecho” (Garay Salamanca/Salcedo-Albarán, 2012: 38). Esta situación es denominada por Garay Salamanca y Salcedo-Albarán “Paradoja del Estado Cooptado” (2012: 38) y puede caracterizar la situación que ha determinado la actuación legislativa durante los últimos años en Guatemala. Y, en efecto, las redes extendidas de los GdPR han desnaturalizado también la institucionalidad estatal en las regiones; en especial aquellos espacios que originalmente podían convertirse en ámbitos de diálogo y participación democrática, pero se trasformaron en instrumentos de negociación y manipulación de la obra pública.

Según Garay-Salamanca (2012: 48), este tipo de situaciones puede “convertirse en una característica endémica de largo plazo de un régimen social y político, afectando la operación de las instituciones democráticas orientadas a consolidar el Estado de derecho. En última instancia, (…) tiende a conducir a la distorsión del pilar fundamental de cualquier Estado moderno: el imperio de la ley.” En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia.

Esta paradoja se presenta en Guatemala de una manera especialmente compleja en la coyuntura que se vive desde abril de 2015, tras conocerse públicamente de varias estructuras de corrupción que operaron en y desde los niveles más altos del Estado. Por un lado, las modificaciones legales e institucionales, -necesarias para el fortalecimiento de la democracia-, pasarían en este momento por un Organismo Legislativo cooptado por las RPEI, y por ende, el resultado estaría inevitablemente mediado por los intereses particulares de los poderes de facto y carecería de legitimidad (y posiblemente también de legalidad). Por otra parte, el país se acerca a un proceso electoral y más del 80% de diputados y diputadas participará para reelegirse, incluyendo las figuras principales de los GdPR. De esta cuenta, -al realizarse los comicios en las condiciones actuales-, la mayoría de estos grupos regionales lograrían prolongarse en su ejercicio de poder, habiendo encontrado cobijo en los partidos políticos de la tercera generación. Por ende, Guatemala está ante la disyuntiva de la perpetuidad de las RPEI o una reforma democrática y legítima.

En este sentido, una discusión sobre la democratización de la democracia debe desarrollarse en condiciones de legitimidad y concordancia histórica. A casi 30 años del inicio del primer gobierno civil de esta era democrática y a casi 20 años de haberse firmado la paz, es un momento propicio para repensar la experiencia concreta del paradigma liberal de democratización y pacificación, que ha transcurrido en un contexto de continuidades de estructuras de poder y de consentimiento de amplias zonas grises de interacción de las elites económicas, las redes criminales, los poderes (ex)militares y la clase política. Hoy por hoy, estas reflexiones sobre la democracia, -que se ha descrito como unipolar, fraccionada, apolítica y clientelar-, adquieren importancia para abordar las asimetrías y distorsiones propias del sistema guatemalteco y para aportar lecciones a procesos similares de democratización que se viven en otros países.

Ante todo, la democracia se debe comprender como un proyecto amplio de futuro y no como un problema que debe ser resuelto de una vez por todas (Kreisky/Löffler, 2012: 145), y para ello “la participación de la sociedad en los procesos de decisión asume un papel central para la democratización (…) Desde esta perspectiva, la participación es compartir el poder de decisión del Estado en los asuntos de interés público y no simplemente la consulta a la población” (Sáenz, 2007: 33). El camino es la democracia como sistema plural, incluyente y equitativo, construida sobre bases de legitimidad, transparencia y justicia.

Sin embargo, el peso de la unipolaridad y los fantasmas del glorioso pasado se perciben en el ambiente, tratando de conducir por los senderos de la amnesia hacia una regresión sui generis: un pacto de renovación democrática acordado entre fracciones de la elite militar, empresarial y política guiadas por las iniciativas de «La Embajada».

 

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Notas

[1] “No fueron democracias surgidas «desde abajo», efectos del reclamo de fuerzas populares movilizadas desde la oposición, sino decisiones de una cúpula reaccionaria y en crisis. La democracia no fue resultado de la derrota de los militares ni de la victoria de la guerrilla. Fue un arreglo contrainsurgente (…) Por ello, la democratización no fue una transición, sino el resultado de pactos acordados entre fracciones de la elite militar, empresarial y política guiadas por las iniciativas de «La Embajada». (Torres Rivas, 2010: 3)

[2] Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (AGDH), México, 29 de marzo de 1994

[3] ONU, Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra La Impunidad en Guatemala (CICIG), Ciudad de Nueva York, 12 de diciembre de 2006

[4] Exposición de Dr. Eduardo Stein Barillas en el foro “Los nuevos caminos de cooptación del Estado”, Fundación Myrna Mack, Universidad Rafael Landívar, ASIES, ODHA, Impunity Watch, Open Society Foundation, 24 de Marzo de 2015.

Audio disponible en: http://www.cicig.org/index.php?page=not_022_20150324

[5] Para profundizar el análisis: Exposición de Lic. Iván Velásquez Gómez en el foro “Los nuevos caminos de cooptación del Estado”, Fundación Myrna Mack, Universidad Rafael Landívar, ASIES, ODHA, Impunity Watch, Open Society Foundation, 24 de Marzo de 2015.  Audio disponible en: http://www.cicig.org/index.php?page=not_022_20150324

[6] Los GdPR intervienen también, -aunque probablemente no como actores principales-, en el entramado de la asignación y adjudicación centralizada de presupuestos y obras públicas. Las prácticas de soborno pueden calificarse, -según Cartier-Bresson (1997: 466)-, como corrupción de mercado que ocurre en forma impersonal y no organizada. No obstante, según el mismo autor (1997: 472-473) también se crean redes en un sistema neo-corporativista que favorecen prácticas de corrupción en el intercambio público-privado.

[7] Estos principios se pueden comprender, -según Cartier-Bresson (1997:467)-, de la siguiente manera: i) la competencia se guía por “el egoísmo, y los precios son la principal variable de ajuste”, ii) la jerarquía funciona “sobre la base de la autoridad y la obediencia”, y iii) la solidaridad “permite la confianza a través de la proximidad”.

[8] Exposición de Dr. Eduardo Stein Barillas en el foro “Los nuevos caminos de cooptación del Estado”, Fundación Myrna Mack, Universidad Rafael Landívar, ASIES, ODHA, Impunity Watch, Open Society Foundation, 24 de Marzo de 2015.

Audio disponible en: http://www.cicig.org/index.php?page=not_022_20150324

[9] Fuente: Ríos de Rodríguez, Carroll (UFM): ¿Qué es un mercado político?; 28 de julio de 2010

[10] Cartier-Bresson (1997: 475) también argumenta que el intercambio corrupto no puede ser avalado por una autoridad judicial neutral, a la cual puedan acudir los actores en caso de conflicto. La red es un espacio de complejas relaciones interpersonales que crea confianza a través de un proceso de aprender haciendo. La complicidad, -aún cuando esa sea pasiva por parte de actores externos a la red-, y las múltiples ataduras entre los beneficiarios imposibilita la denuncia judicial formal.

[11] Fuente: Gagne, David (Insight Crime): How the Scandal that Rocked Guatemala Threatens the Presidency; 30 April 2015.

[12] Fuente: Véliz, Rodrigo (CMI-G): El Caso SAT: el legado de la inteligencia militar, Guatemala, 17 de abril de 2015.

[13] Exposición de Dr. Eduardo Stein Barillas en el foro “Los nuevos caminos de cooptación del Estado”, Fundación Myrna Mack, Universidad Rafael Landívar, ASIES, ODHA, Impunity Watch, Open Society Foundation, 24 de Marzo de 2015.

Audio disponible en: http://www.cicig.org/index.php?page=not_022_20150324

[14] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al culminar su visita a Guatemala,” comunicado de prensa No. 8/03, 29 de marzo de 2003. Citado en Peacock/Beltrán, 2006: 74.

[15] El comisionado de CICIG, Iván Velásquez, afirma que existe una gran complejidad en las relaciones entre actores políticos y del narcotráfico: “particularmente la movilidad política que se presenta en el país, hace más difícil la posibilidad de hacer el seguimiento a relaciones de esa naturaleza“ (Fuente: Soberanis, Fernando (Siglo 21): Es más complicado investigar a los partidos que al paramilitarismo“, Guatemala, 7 de marzo de 2015).


4Redes de poder

Consideraciones iniciales

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

Los casos recientes, -que involucran a los diputados Baudilio Hichos y Pedro Muadi-, son un claro indicio que la corrupción ha extendido sus tentáculos también en y desde el Congreso de la República hacia la institucionalidad regional y estructuras empresariales. Asimismo, en las pancartas de rechazo a la corrupción en varias cabeceras departamentales han aparecido de manera recurrente los nombres de legisladores distritales y autoridades municipales, reflejando la percepción de la población sobre la actuación anómala y corrupta de estos personajes regionales y locales.

En la dinámica parlamentaria de los últimos años se ha caracterizado por el bloqueo sistemático de reformas democráticas, mientras abundan las noticias sobre el transfuguismo y las reelecciones de diputados y diputadas. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[1]

En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones más criticadas. Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas las diputaciones, -especialmente las distritales- responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El ensayo “Poderes regionales y la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, -publicado en la Edición #3 de la Revista Revela (http://revistarevela.com) problematiza entorno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del Guatemala, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q. 10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que había alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones. En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

Prensa Comunitaria publicará el contenido del ensayo mencionado en cinco entregas. Para ello reordenamos los capítulos a modo de conocer el fenómeno desde lo particular hacia lo general: 1. Los principales grupos de poder; 2. Las redes del negocio público en lo regional; 3. Las interacciones con actores (inter)nacionales; 4. La democracia guatemalteca y los partidos de tercera generación; y 5. Democracia y su distorsión ilícita.

Prensa Comunitaria publicará en cada entrega también los datos que sustentan la investigación; es decir, los detalles del historial político de los legisladores distritales, así como de las empresas contratistas regionales y nacionales.

[1] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

– Cuarta entrega –

 

Las encrucijadas de la democracia en Guatemala

 

El devenir histórico y las generaciones de partidos políticos

 

La contraposición de la democracia como un ideal y algo realmente existente es una disyuntiva de todas las democracias, también de la guatemalteca. En este sentido, un recorrido por períodos claves de las últimas tres décadas aporta elementos de comprensión.

El momento inmediato de instauración democrática, -mediante la asamblea constituyente desde 1984 y el primer gobierno civil desde 1986-, demuestra factores de ruptura y continuidad. En este contexto se plantearon fundamentalmente dos facetas de continuidad: por un lado, la visión excluyente de la estatalidad guatemalteca, y por otra parte, los partidos políticos que mostraron su apoyo, complicidad y tolerancia durante los regímenes autoritarios.

En la segunda mitad de la década de 1980, “los partidos cómplices del generalato como el Partido Revolucionario PR, Partido Institucional Democrático PID, Movimiento de Liberación Nacional MLN y la Democracia Cristiana Guatemalteca DCG fueron los partidos que predominaron – junto al único nuevo partido exitoso la Unión del Centro Nacional UCN…” (Sáenz, 2007: 147-148). Estos partidos tradicionales (especialmente DCG y MLN), así como la UCN (considerada de primera generación) dieron en cierta medida forma y contenido[1] a la democracia naciente.

Sin duda, el poder militar institucional también constituyó durante la primera década democrática una continuidad, aunque en forma decreciente en el marco de la contradicción autoritarismo-democracia esbozada en estos años. Quizá en la medida que disminuyó la capacidad de veto de los militares sobre la institucionalidad civil, aumentó la influencia extra institucional[2] del poder militar en los ámbitos lícitos e ilícitos de la vida nacional. Y “trazaron una política sui generis”, como afirma Torres-Rivas (2013: 334), para “militarizar el poder y desmilitarizar el gobierno…”

Para inicios de la década de 1990, el narcotráfico se había convertido en un fenómeno de importancia estructural en la región y en Guatemala. No por último, la confluencia de fenómenos macro del flujo sur-norte de la droga y de las redes político-militares de la contrainsurgencia y del anticomunismo centroamericanos (asociados íntimamente a las conspiraciones que se develaron parcialmente en el marco de lo que se conoció como el escandalo Irán-Contra), había contribuido desde la década pasada a la creación y consolidación de organizaciones del tráfico de drogas (ODT) en Guatemala.

La clave consiste en constatar, que Guatemala se enfrentó a la herencia de estructuras de poder crecidas a la luz (y sombra) de la conspiración, represión, contrabando, corrupción, drogas, guerras e intrigas. El fenómeno de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) se había arraigado en el país.

Mientras tanto, el primer gobierno civil, -encabezado por Vinicio Cerezo de la DCG-, había enfrentado múltiples rumores y al menos dos intentos concretos de golpe de Estado, gestados desde las entrañas del ejército en alianza con el empresariado más conservador. En este sentido, la mera sobrevivencia del primer gobierno civil representó una creciente legitimación del sistema político democrático.

El proceso electoral de 1990/91 fue dominado por partidos de primera generación: la UCN y el Movimiento de Acción Solidaria –MAS-, mientras los partidos tradicionales habían quedado debilitados. Jorge Serrano Elías del MAS obtuvo una amplia victoria en la segunda vuelta electoral, y tras dos años de gobierno decidió disolver el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia –CSJ- y la Corte de Constitucionalidad –CC-, así como desconocer a la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH- y la Procuraduría General de la Nación –PGN-.

Este episodio, -conocido como autogolpe o serranazo-, terminó en elecciones parlamentarias extraordinarias y la instalación de un gobierno interino, -a cargo de Ramiro de León Carpio-, hasta 1996. “Dos actores políticos dentro del sistema fueron los principales afectados por este proceso. En primer lugar el proyecto político contrainsurgente y el ejército en su conjunto se vieron seriamente afectados: por primera vez tuvieron que subordinarse al poder civil…” (Sáenz, 2007: 249), y en segundo lugar, esta transición llevó a la muerte política a los partidos tradicionales (DCG, MLN, PR, CAN, etc.), así como al ocaso de la primera generación de partidos que se habían disputado el segundo periodo gubernamental de la era civil (UCN[3] y MAS).

No necesariamente fue la democracia la más fortalecida en esa coyuntura, sino –como argumenta Sáenz (2007: 249)- la pérdida de poder político del ejército se dio “a favor de las élites económicas industriales y modernizantes que se fortalecieron en este proceso. Fue, para describirlo de alguna manera una transferencia de recursos políticos entre las elites (…) [Además] este realineamiento de fuerzas políticas permitió que se abrieran paso a reformas encaminadas a la liberalización económica” (Sáenz, 2007: 249).

Y en el ámbito electoral llegó el momento de la segunda generación: el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG)[4] se consolidarían en los procesos electorales de 1994, 1995 y 1999 como las fuerzas políticas principales a nivel nacional; y desde entonces empiezan a tener expresión las leyes de hierro que se convertirían en características y garante del status quo en la democracia guatemalteca: i) la fluidez en el sistema de partidos políticos, ii) la fragmentación del sistema político, y iii) la volatilidad del voto.

Después de la crisis generada por el autogolpe y en el marco de las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno, pero sobre todo después de la firma de la paz, se inicia una etapa de mayor participación desde abajo[5]. Con la victoria electoral del PAN en 1995, se había viabilizado la firma de la paz firme y duradera en diciembre de 1996, y la contradicción fundamental en el sistema político se modificó. La dicotomía autoritarismo-democracia dio paso al desafío de la consolidación del sistema democrático por la vía de una pluralidad política que probablemente no se había experimentado en la historia guatemalteca, -con excepción de la Primavera Democrática entre 1944 y 1954-.

Los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, la participación electoral de la izquierda, la organización social de mujeres, pueblos indígenas, poblaciones desarraigadas y retornadas y del campesinado, entre muchos otros sectores, así como la apertura de nuevos espacios democráticos plantearon nuevos retos a las fuerzas del status quo, representadas en el PAN y el FRG, -que pese a sus diferencias y contradicciones-, fueron impulsores de una mezcla compleja de democracia, ajuste estructural, reconfiguración elitista y criminalidad compartida/consentida.

En este contexto, no se produjo la consolidación del sistema de partidos y lo sui generis de la política guatemalteca no condujo por ninguno de los caminos de los países vecinos. Ni como en Honduras donde se había instalado un bipartidismo conservador desde su retorno a la democracia a principios de la década de 1980 (y roto en 2009); ni como en El Salvador donde se instauró un bipartidismo derecha-izquierda después de la firma de la paz en 1992; y tampoco como en Nicaragua donde las fuerzas políticas principales durante las últimas décadas han girado entorno a la dicotomía sandinista-antisandinista.

En Guatemala, por el lado conservador, la complejidad propia de la composición de las fuerzas del status quo no permitió la consolidación de la segunda generación de partidos como instrumentos de estabilidad política, sino la dinámica de disputa por el poder llevó a la creación de una tercera generación de partidos, entre éstos: Partido Unionista –PU-, Movimiento Reformador –MR-, Gran Alianza Nacional –GANA-, Partido Patriota –PP-, Unión Democrática –UN-, Libertad Democrática Renovada –LIDER-, Unión del Cambio Nacional –UCN-, Compromiso, Renovación y Orden –CREO-, Visión con Valores –VIVA-, Partido TODOS, Frente de Convergencia Nacional –FCN-[6], Partido FUERZA, y Partido Republicano Institucional –PRI-.

Por el lado progresista, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG- y otros actores sociales,-aglutinados en torno a posiciones de izquierda y la agenda de la paz-, tuvieron su mejor correlación en las elecciones de 1999, colocándose como tercera fuerza política en el escenario nacional. No obstante, las dificultades internas y la lógica clientelar del sistema electoral llevaron a estos actores a la marginalidad política. El partido Unidad Nacional de la Esperanza –UNE-, creado por Álvaro Colóm, tiene sus orígenes parcialmente en estos sectores, sin embargo, su estrategia de crecimiento electoral lo convirtió necesariamente en un actor más del status quo y de la tercera generación.

Si bien “…los acuerdos [de paz] sentaban las bases para la solución de los problemas que originaron el conflicto y constituían (…) una propuesta de desarrollo que fortalecía al Estado y limitaba los alcances de las políticas neoliberales” (Sáenz, 2007: 268), la realidad fue distinta, y con ello, se cerró el paréntesis de una mayor democraticidad a partir de la participación más amplia en el sistema político. Lo sui generis del momento se caracteriza por tanto por un sistema democrático unipolar fraccionado, integrado por múltiples fuerzas particulares y coyunturales (la tercera generación de partidos), que se disputan el predominio político de manera paralela o al margen de poderes extrapartidarios[7], los cuales operan de facto desde lo legal-formal hasta lo ilegal-informal. En otras palabras, unipolar desde el punto de vista de la continuidad del status quo, y fraccionado por la disputa y la interacción de poderes complejamente entrelazados. Se conformó un sistema político dependiente y sin contrapesos, cuyo manejo de poder real se despliega desde complicadas zonas grises y se constituye en garante del status quo.

Esta unipolaridad fraccionada y la desigualdad estructural[8] de la sociedad guatemalteca han interactuado con “la fragmentación política[9] y la utilización de métodos clientelares para captar y mantener a contingentes de electores –no de ciudadanos- (…) [y en este contexto] la vinculación de los electores con los partidos está mediada por el intercambio, asimétrico eso sí, antes que por una identificación política e ideológica” (Sáenz, 2007: 304-305). Una democracia sin opciones políticas definidas y serias, es una democracia apolítica y clientelar.

De esta forma, las disputas políticas de los últimos procesos electorales[10] representaron, -en su esencia-, una contención asimétrica que ha profundizado el arraigo de los principales actores de poder, -lícitos e ilícitos-; rivalizando entre sí por posiciones privilegiadas en una realidad predominada por la liberalización económica y política, la reconfiguración de las élites y la expansión de una criminalidad compleja[11]. Las elites económicas, las redes criminales, los poderes (ex)militares y la clase política, -entre otros-, convivieron y consintieron conscientemente estas zonas grises, y por ende, son corresponsables de su origen y continuidad. Y en tanto, el proceso electoral de 2015 también está predominado por partidos de tercera generación, se está ante la prolongación irreversible del circulo vicioso de la democracia clientelar y apolítica, así como de lo grisáceo de los poderes de facto.

Los partidos de tercera generación

Mientras “…los partidos políticos guatemaltecos nacen y mueren rápidamente, algunos de ellos hibernan, pocos logran crecer, pero ninguno ha logrado sostenerse en el tiempo” (Brolo, 2012: 44), hay otros actores de poder que se perpetúan electoralmente en lo regional. ¿Cómo se produce esta continuidad en un sistema político fragmentado, volátil y fluido?

Ello requiere, en primer lugar, de una exploración del funcionamiento y la estructura institucional de los partidos políticos, -específicamente de la tercera generación-; y en el siguiente apartado, un análisis sobre las dinámicas regionales de personalidades y grupos predominantes.

Es una empresa difícil. Pues, ante la experiencia de los partidos de tercera generación en el ejecutivo y el legislativo, así como ante la aún escasa información disponible sobre las intrincadas redes de corrupción durante los últimos tres periodos (GANA, UNE, PP), -sin excluir por ello las experiencias anteriores-; lo más pertinente es continuar afirmando que “…estamos lejos de entender las dinámicas políticas ocultas…” (Mack, 2006: 26).

En los estudios sobre el sistema político guatemalteco resalta el énfasis en la adjetivación de los partidos como centralizados, verticales, exclusivos, elitistas, débiles, inestables, dependientes, poco institucionalizados, con escasa organización distrital y con baja cohesión, entre otras (ver Lemus, 2012/Novales, 2014/Fortín, 2010/Sáenz, 2007/Brolo, 2013/Ortiz, 2011).

De este conjunto de cualidades se priorizarán tres grupos temáticos para caracterizar los partidos políticos, y que se consideran además claves en su interacción con los poderes regionales:

a) El personalismo, el centralismo y el verticalismo:

Prácticamente todos los partidos de tercera generación fueron organizados por y alrededor de personas que se constituyen en el principal liderazgo de la organización política y “la mayoría de partidos nuevos postulan como candidato presidencial a su fundador” (Lemus, 2012: 12).

Ello ocurrió con la alianza de partidos que se formó a toda prisa alrededor de la candidatura de Óscar Berger[12], así como en la conformación de casi todos los partidos recientes: Álvaro Colom[13] (UNE), Otto Pérez Molina (PP), Mario Estrada (UCN), Manuel Baldizón (LIDER), Roberto Alejos (TODOS), Adela de Torrebiarte (ADN), Roberto González Díaz-Durán (CREO) y un largo etcétera.

Efectivamente, este personalismo no puede pensarse de manera alejada de la herencia de una larga historia de caudillismo y autoritarismo en el Estado guatemalteco, así como del impacto de la creciente importancia del marketing político en las pasadas elecciones. Mientras el caudillo de antaño y el dictador de décadas recientes obedecían a otros andamiajes para ocupar el poder; los partidos de hoy dependen del candidato presidencial como “el producto que se debe vender a la población…” (Lemus, 2013: 47).

No obstante, estos elementos serían insuficientes para describir el personalismo, el centralismo y el verticalismo de los partidos políticos. Evidentemente también el peso financiero propio de la figura central puede amplificar su nivel de influencia en el partido, y por tanto, se acrecentaría el grado de centralización y exclusividad de las decisiones en detrimento de otros integrantes de la organización política. Lemus (2012: 13) afirma que mientras “algunos partidos dependen exclusivamente del liderazgo de su fundador y financista, en la mayoría de partidos el comité nacional es menos exclusivo y sus miembros tienen cierto nivel de influencia. Esto se debe a que esos partidos fueron fundados por varias personas, no dependen del capital económico de uno de ellos, y se enfocan no solo en el poder ejecutivo sino también en el legislativo y las alcaldías”.

En todo caso, es un asunto de negociación e incluso de disputa a lo interno de los partidos, que pasa al menos por dos factores de poder. Por un lado, las atribuciones legales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de un partido político corresponden a un diseño centralizado y vertical (ver Lemus, 2012: 15), que permite un alto grado de decisiones no democráticas desde el referido órgano central sobre cuestiones estratégicas como la organización, la afiliación y la proclamación de candidaturas, entre otras.

Y por otra parte, la integración del CEN corresponde también a la integración de un círculo de confianza alrededor del liderazgo principal. Este círculo inicial, -cofundador del partido político-, se modifica con el desarrollo propio de la institución, integrando a nuevos actores que suman capacidades organizativas y financieras, al tiempo que se expulsan a otros cuyo nivel de influencia disminuye. Y dependiendo del ciclo de vida del partido se convierte en receptor o emisor de actores políticos. Sin duda, los ciclos cortos de los partidos actuales incrementan la frecuencia de estos reacomodos, alianzas y divisiones, provocando un efecto catalizador en la fragmentación y fluidez del sistema político.

En tanto los partidos políticos de tercera generación son actores en una democracia apolítica y su esencia es el personalismo centralizado, el candidato y el partido se funden en el imaginario social en una unidad. Esta unidad, -convertida en marca electoral-, aspira a ganar en determinado momento las elecciones, y así, -al lograrlo- se convierte en el reflejo propio del Ejecutivo presidencialista. El poder está representado y ejecutado por una persona omnipotente, que se desgasta en el ejercicio mismo de su poder ante el incumplimiento de las expectativas generadas por la maquinaria de marketing electoral. Y el partido político se desgasta junto a su presidente.

b) De facto: dependencia político-financiera

En líneas anteriores se ha abordado la complejidad del sistema político unipolar fraccionado, en el cual las fuerzas extrapartidarias juegan un rol de facto. Los partidos de tercera generación difícilmente pueden actuar al margen de esta realidad; es más, existe una serie de indicios que permite afirmar que las instituciones políticas están permeadas transversalmente por estas influencias y/o amparan la participación directa de actores que representan intereses claves de estos ámbitos grisáceos de poder real.

En este contexto, “…el financiamiento privado ha sido la piedra angular sobre la cual descansa el sistema político guatemalteco, lo que reduce el ejercicio del derecho “a ser electo” a una reducida “élite” que puede financiar su propia campaña o conseguir un buen “financista” (…) pero sobre todo condicionan la independencia de los partidos de los grupos o élites económicas, y del narcotráfico, entre otros” (Ortiz, 2011: 299).

Un partido que no cuente con el respaldo político y financiero de algunos sectores de las fuerzas del status quo difícilmente tendría éxito a nivel nacional, y pese a lo intrincado[14] de estas negociaciones, se trata de intercambios relativamente recíprocos entre cúpula partidaria y poderes extrapartidarios[15].

Este análisis no se puede reducir a una disputa entre malos y buenos. Sáenz (2014: 18) argumenta que “en el debate público reciente, algunas facciones de poder se han presentado como capitales tradicionales, supuestamente legítimos, que enfrentan los intereses de los capitales emergentes, que presuntamente son de origen ilícito u opaco. Lo cierto es que en esta disputa, ni los llamados grupos tradicionales están exentos de prácticas ilícitas, ni todos los llamados grupos emergentes se han constituido sobre la base de actividades ilegales”. En todo caso, “las matices anteriores se desdibujan muchas veces a tal grado, que es difícil establecer la línea divisoria entre lo lícito y lo ilícito; y también entre lo legítimo y lo ilegítimo” (Waxenecker, 2014: 30).

En el marco teórico se ha hecho referencia a las complejidades del desmantelamiento y la descentralización del Estado, y en este sentido, no es viable analizar la dependencia político-financiera de los partidos y las dinámicas de disputa por el Estado sin tomar en cuenta los ámbitos regionales. De acuerdo a Novales (2014: 33-36), la organización partidaria local y regional se construye y sostiene alrededor de figuras reconocidas que cuentan además con capacidad económica propia. De esta forma resulta una organización partidaria territorial volátil e inestable, que otorga una relativa autonomía a estos dirigentes locales, que generalmente también son los principales candidatos en los procesos eleccionarios[16]. Esta forma organizativa produce cacicazgos e incentiva el transfuguismo.

Es comprensible, por tanto, que los diputados y las diputadas distritales se coloquen en el centro de interés de los partidos políticos para sostener sus endebles estructuras partidarias y financiar las campañas políticas en los espacios regionales. Este modelo limita la capacidad de los partidos de “estabilizar su presencia territorial y sus posibilidades de desarrollar procesos democráticos internos” (Novales, 2014: vii).

c) El intercambio electoral

Las elecciones, -en su forma de contención asimétrica del status quo y de disputa interelitaria por privilegios-, constituyen momentos estratégicos de reordenamiento y reposicionamiento del poder. En este sentido, la victoria electoral se convierte en la motivación principal del conjunto de actores, viabilizando para ello las divisiones y alianzas más inéditas en el campo político.

Siguiendo el énfasis en las interacciones entre los partidos políticos y las figuras regionales, la trayectoria del diputado distrital Reynabel Estrada Roca del departamento de Quiché ofrece datos interesantes. Después de 10 años al frente de la municipalidad de Pachalum, acumulando capital político y económico, comenzó su carrera legislativa con la alianza PP-MR-PSN a partir del año 2004, encontrando continuidad en el partido GANA (2008-2012). En las elecciones de 2011 se postuló nuevamente como candidato; esta vez con la alianza UNE-GANA; donde coincidió con la otrora cúpula departamental eferregista (Mario Israel Rivera Cabrera y Carlos Enrique López Girón). Esta alianza temporal le permitió mantener su posición en el Congreso; iniciando en el actual periodo legislativo una confusa dinámica tránsfuga por los partidos UNE-GANA, GANA, CREO, TODOS, LIDER y PP.

En efecto, Estrada Roca no es un caso aislado, ya que “a septiembre de 2014, 85 diputados electos para la legislatura 2012-2016 cambiaron de partido…” (Novales, 2014: 2), y en las agonías de los escándalos de corrupción entre abril y mayo de 2015, -así como en las cercanías de las elecciones de septiembre próximo-, esta dinámica se acelera. Diversos estudios han hecho referencia a la temática, coincidiendo en términos generales que el fenómeno está relacionado al diseño de la democracia guatemalteca y que sobrepone los derechos individuales de los diputados sobre los derechos colectivos de los partidos políticos y del electorado (ver Fortín, 2010: 143).

Si bien el enfoque del análisis de Fortín (2010) es diferente[17], la descripción que ofrece de las motivaciones individuales del tránsfuga es aleccionadora: “…el diputado ambicioso hace una sumatoria entre los recursos que la organización le ofrece (tanto colectivos como privados) y los propios. A ese resultado descuenta sus costos de asociación con el colectivo y los costos de transacción asociados a la migración y decide participar con uno u otro dependiendo de cuál le permite disfrutar de una mejor condición” (2010: 143).

En este orden de ideas, entre el partido y las diputaciones intermedia un cálculo de costo-beneficio. En especial en el periodo electoral, el partido político cede la marca y una determinada posición en las encuestas de preferencia; a cambio de organización regional, financiamiento para la campaña local y cierto caudal de votos que pertenecen al diputado o la diputada. Y por otra parte, la actuación de la diputación se rige, -de acuerdo a Fortín-, por “tres categorías de intereses: electorales, ideológicos y de carrera política. La valoración que haga el diputado entre la reelección, su postura ideológica y su carrera política definirá en gran medida su conducta en la arena legislativa” (Fortín, 2010: 145).

En tanto, se está en un sistema unipolar, -cuando de posición frente al status quo se trata-, el recurso ideológico pierde significativamente en importancia. De esta cuenta, las motivaciones individuales del diputado o la diputada se reducen a intereses personales de ascenso político y reelección; y para ello, la marca partido se vuelve una cuestión de mercadeo y no de plataforma político-ideológica.

En esta lógica, el partido que en determinado momento encabeza la preferencia de votos de cara al siguiente proceso electoral es el líder del mercado y el mejor cotizado, y por tanto ejerce un efecto de gravedad, atrayendo a las diputaciones que se esperan beneficios propios al integrarse a esta agrupación; que en esencia es el interés de la reelección.

Al mismo tiempo, las figuras regionales más cotizadas serían aquellas que han acumulado poder económico, político y social en su distrito electoral, aportando a la consolidación temporal del partido. Los diputados de un mismo distrito compiten entre sí, -y también frente a nuevos liderazgos regionales-, por las mejores posiciones electorales, dado que el transfuguismo no tiene límites legales y representa un costo social bajo[18]. Ciertas pugnas por el predominio regional son constantes, y no por último, el resultado electoral mismo se traduce en reordenamientos del poder en los departamentos.

Conforme los diputados y diputadas han acumulado poder propio, el relacionamiento entre esta figura regional y los partidos políticos, -en su forma de marca electoral-, se puede comprender a partir de un intercambio electoral-mercantil de doble vía entre polos de poder. Esa bolsa de valores se ha vuelto continua, provocando cismas y consorcios en todo su esplendor.

Notas

[1] “Igualmente se restableció un sistema político y de partidos políticos en cuyo interior se desenvolvieron sub proyectos dentro del proyecto general contrainsurgente (…) Se conformó un sub proyecto reformista impulsado por la DCG (…) un proyecto doctrinariamente anticomunista y conservador impulsado por el MLN; y, un proyecto liberal impulsado por el nuevo partido Unión del Centro Nacional. Estas tres fuerzas políticas prácticamente empataron en las elecciones para la constituyente y elaboraron de común acuerdo una constitución que no atentaba contra el marco general previamente establecido por el ejército” (Sáenz, 2007: 253f.).

[2] Además de CIACS, “[e]n lo extra-institucional, se afianzaron también otros factores del poder militar: la seguridad privada, asociaciones pro-castrenses y estructuras paramilitares, – especialmente a nivel local-“ (Waxenecker, 2014: 3).

[3] El candidato presidencial de 1990, Jorge Carpio Nicolle, fue asesinado en 1994 (ver Robles, 2002: 91-101).

[4] “En las elecciones parlamentarias anticipadas de 1994, los grandes ganadores fueron el PAN, que (…) era un proyecto pro empresarial modernizante y el Frente Republicano Guatemalteco FRG, partido encabezado por el ex dictador Efraín Ríos Montt que no sólo era la expresión de la derecha conservadora sino de sectores de la burguesía que por el hecho de no pertenecer a la aristocracia criolla no eran aceptados dentro del núcleo oligárquico de la clase dominante” (Sáenz, 2007: 249-250).

[5] Entre 1994 y 1996, “…una salida intermedia para promover una mayor participación social fue la creación de una Asamblea de la Sociedad Civil (ASC). En esta participaron de manera voluntaria organizaciones sociales aglutinadas en “sectores” que incluían el religioso, sindical, indígena, mujeres, cooperativistas, académicos y centros de investigación, etc., para discutir los temas sustantivos establecidos en la agenda de negociación y proponer a las partes los contenidos de estos (…) aglutinaba las propuestas y demandas de los grupos que habían sido excluidos del pacto democrático de principios de la década anterior” (Sáenz, 2007: 262).

[6] El FCN “surgió por iniciativa de un grupo de militares retirados. La idea germinó durante la conmemoración del día del Ejército (30 de junio) en el año 2004. En esa oportunidad, la Asociación de Veteranos Militares convocó, como lo hacía regularmente desde mediados de 1995, a la realización de una caravana alegórica para celebrar tal acontecimiento“ (Sanabria, 2012: 41).

[7] “…la realidad guatemalteca de hoy no es un simple tablero de ajedrez con dos colores opuestos, sino más bien un tejido complejamente entrelazado, en el cual predomina la interacción entre diferentes facciones de los poderes fácticos en función de intereses muy diversos” (Waxenecker, 2014: 4): empresarial, político, (ex)militar, religioso, criminal e institucional. En palabras de Torres-Rivas (2010: 2), una parte de la problemática se refleja en “…la creciente presencia de poderosos actores criminales y el llamado «Estado-paralelo» en Guatemala (…) [y] la ideología neoliberal a la que desde los 80 adhirieron las elites conservadoras en el poder fomentó aún más la concentración de la riqueza social.“

[8] “Es difícil precisar cuánta democracia soportan las desigualdades o cómo la democracia convive con la pobreza. Pero sí sabemos que las amenazas no solo provienen del mar de pobreza, sino de la desorbitada concentración de la riqueza (…) [L]as desigualdades (sociopolíticas, culturales, étnicas, de lugar, género, edad…), tal como hoy ocurren en estas sociedades, refuerzan los síntomas negativos de las democracias malas: mercado libre para el narconegocio, desbordes criminales imparables, impunidad y Poder Judicial impotente, bienes públicos escasos y de difícil acceso, infinitas formas de ilegalidad; es decir, una erosión del Estado de derecho o dificultades para su constitución (Torres-Rivas, 2010: 2-3).

[9] Hasta el 19 de marzo de 2015, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) registra un total de 28 partidos inscritos y vigentes y 8 partidos en formación. (Fuente: www.tse.org.gt)

[10] La segunda vuelta electoral en los comicios pasados se había configurado de la siguiente manera: Elecciones 2003: GANA – FRG; Elecciones 2007: UNE – PP; y Elecciones 2011: PP – LIDER.

[11] Para profundizar el análisis: Exposición del Dr. Luis Jorge Garay-Salamanca en el foro “Los nuevos caminos de cooptación del Estado”, Fundación Myrna Mack, Universidad Rafael Landívar, ASIES, ODHA, Impunity Watch, Open Society Foundation, 24 de Marzo de 2015). Audio disponible en: http://www.cicig.org/index.php?page=not_022_20150324

[12] La derrota electoral del PAN en 1999, “más la posterior lucha en torno a la potestad de elegir al candidato a la Presidencia lleva en el 2002 a una fractura importante dentro de las filas del PAN, lo que produce la salida de algunos dirigentes y a la formación de un partido, el Partido Unionista, aglutinado alrededor de Fritz García Gallont (secretario general) y Álvaro Arzú (actualmente, alcalde de la Capital), y una coalición, la Gran Alianza Nacional (GANA), conformada por un grupo de dirigentes disidente del PAN (el M17), sin estructura partidaria, más tres partidos (PP, MR y PSN), todos ellos aglutinados alrededor de la figura de Óscar Berger (Mack, 2006: 23).

[13] En las elecciones de 1999, “…la URNG formó la denominada Alianza Nueva Nación (ANN) junto al partido Desarrollo Integral Auténtico (DIA), postulando como candidato presidencial al ingeniero Álvaro Colom. Para las elecciones del 2003 participaron por separado los partidos URNG, la ANN –ya constituida como partido político– y el candidato Álvaro Colom con su partido político Unión Nacional de la Esperanza (UNE)” (Fortín, 2010: 157).

[14] “Aunque la ley prohíbe expresamente las donaciones “anónimas”, la regla en este país ha sido el anonimato, así como la donación de recursos en especie, que luego se cobran con favores o privilegios políticos” (Ortiz, 2011: 312).

[15] “…los intereses de los financistas pueden estar en obtener contratos para la construcción de obra pública (…), la concesión de bienes públicos, tales como frecuencias radioeléctricas (…), o la obtención de privilegios a través de política pública y legislación (…) [Además] en ocasiones el financiamiento partidario puede tener características defensivas, buscando evitar ser extorsionado por un funcionario electo, o evitar que un candidato del cual se desconfía llegue al poder” (Novales, 2014: 40).

[16] “…contar con recursos puede ser determinante para que dichos líderes ocupen las primeras casillas en los listados de cargos de elección popular (…) [y] las campañas locales suelen ser financiadas por el propio candidato, con apoyo de familiares y amigos, o empresas y organizaciones locales (…) [Éstos] son espacios en donde puede filtrarse el financiamiento proveniente de actividades ilícitas, entre las cuales se menciona con especial frecuencia el narcotráfico” (Novales, 2014: 33-36).

[17] Fortín (2010) argumenta que su trabajo se aleja del tradicional análisis normativo de la política en Guatemala y se centra en el cálculo individual del diputado o la diputada, defendiendo la tesis que “…migrar de un partido a otro es una decisión estratégica orientada a maximizar su función de utilidad, donde el legislador evalúa los costos y beneficios de pertenecer a cierta bancada en determinado momento y decide colaborar en una u otra sobre la base de cuál le permite obtener una mejor renta” (2010: 163).

[18] “…es comúnmente aceptado que los costos de transacción son bajos en sistemas donde: hay una baja institucionalización partidaria y una alta volatilidad electoral; las marcas partidarias son poco claras o distinguibles; y los partidos proveen pocos recursos para las carreras electorales parlamentarias” (Fortín, 2010: 147).


3ra entrega

Consideraciones iniciales

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

Los casos recientes, -que involucran a los diputados Baudilio Hichos y Pedro Muadi-, son un claro indicio que la corrupción ha extendido sus tentáculos también en y desde el Congreso de la República hacia la institucionalidad regional y estructuras empresariales. Asimismo, en las pancartas de rechazo a la corrupción en varias cabeceras departamentales han aparecido de manera recurrente los nombres de legisladores distritales y autoridades municipales, reflejando la percepción de la población sobre la actuación anómala y corrupta de estos personajes regionales y locales.

En la dinámica parlamentaria de los últimos años se ha caracterizado por el bloqueo sistemático de reformas democráticas, mientras abundan las noticias sobre el transfuguismo y las reelecciones de diputados y diputadas. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[1]

En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones más criticadas. Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas las diputaciones, -especialmente las distritales- responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El ensayo “Poderes regionales y la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, -publicado en la Edición #3 de la Revista Revela (http://revistarevela.com) problematiza entorno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del Guatemala, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q. 10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que había alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones. En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

Prensa Comunitaria publicará el contenido del ensayo mencionado en cinco entregas. Para ello reordenamos los capítulos a modo de conocer el fenómeno desde lo particular hacia lo general: 1. Los principales grupos de poder; 2. Las redes del negocio público en lo regional; 3. Las interacciones con actores (inter)nacionales; 4. La democracia guatemalteca y los partidos de tercera generación; y 5. Democracia y su distorsión ilícita.

Prensa Comunitaria publicará en cada entrega también los datos que sustentan la investigación; es decir, los detalles del historial político de los legisladores distritales, así como de las empresas contratistas regionales y nacionales.

[1] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

– Tercera entrega –

 

Caracterización del poder regional en la actualidad (continuación)

 

 b) Intercambio con actores nacionales e internacionales

La posición legislativa se entreteje con las particularidades regionales de los distintos grupos de poder en su capacidad de interrelación con actores de carácter nacional e internacional. En este marco, el espacio común, -el Congreso de la República-, ha convertido a los GdPR en interlocutores en los ámbitos de la obra pública centralizada, los intereses territoriales estratégicos y de la agenda legislativa nacional.

En el ámbito de la obra pública centralizada, en el apartado anterior se ha establecido que distintas entidades centrales del Ejecutivo han adjudicado entre 2004 y 2015 un total de Q. 21,9 mil millones en contratos de construcción a las 21 empresas priorizadas. Este conjunto de proveedores privados se integra por: i) empresas asociadas a la élite económica tradicional del país; ii) empresas relacionadas con actores emergentes; y iii) compañías de carácter transnacional.

Aproximadamente la mitad de estas empresas[1] son miembros de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción (AGCC)[2], y en ella tienen expresión las fluidas interrelaciones entre empresas tradicionales, emergentes y transnacionales. Barrientos y Figueroa (en Icefi, 2015: 91-99) exponen las formas de incidencia (e incluso captura) de los constructores agremiados a través de la influencia en el nombramiento los principales funcionarios del CIV y su representación en el consejo consultivo del Fondo de Conservación Vial (Covial). En este marco, la AGCC enfrenta dos escenarios de contradicción: a lo interno, entre las facciones representadas en la propia gremial, y a lo externo, frente a grupos empresariales[3] que han mostrado una participación creciente en las adjudicaciones centrales durante los últimos años.

El rol del organismo legislativo, -y por ende también de las diputaciones distritales-, incide principalmente en relación a las asignaciones presupuestarias. Por un lado, en el Congreso se materializa la disputa externa en torno al pago de la deuda flotante. “Dado que el dinero es un recurso fungible, los recursos líquidos pueden dirigirse a cuotas financieras a favor del CIV (es decir, a favor de la AGCC), o alternativamente a favor de los Codede y municipalidades…” (Barrientos/Figueroa en: Icefi, 2015: 111-112). Y por otro lado, las contradicciones internas (entre agremiados de AGCC) se traducen en incidencia, -no siempre en condiciones de transparencia y legitimidad-, a favor de rubros presupuestarios para determinadas obras de interés.

Ello se refleja en megaproyectos adjudicados a empresas transnacionales (miembros de AGCC): el contrato de la Franja Transversal del Norte (FTN) a favor de Solel Boneh FTN S.A.[4] en 2009 y el contrato de la carretera CA-2 Occidente a favor de Constructora Norberto Odebrecht[5] en 2012. En ambos casos se señala a las empresas transnacionales de haber efectuado pagos de sobornos a congresistas para asegurar la aprobación de financiamientos que favorecerían las obras referidas. En conjunto, los concursos de la FTN y de la CA-2 representan el 24% (US$ 665 millones) del total adjudicado a las 21 empresas en el periodo 2004-2015.

Las confluencias y contradicciones en relación a intereses territoriales estratégicos involucran a las diputaciones distritales como mediadores políticos en sus regiones específicas y como operadores de status quo. Esta forma de intercambio con actores de poder se produce en un contexto que se caracteriza por transformaciones económicas que, -a más de dos décadas después del Consenso de Washington,- toman curso hacia “una economía sustentada principalmente en tres ejes de acumulación: los megaproyectos (construcción de infraestructura vial, puentes, aeropuertos, puertos; call centers, turismo corporativo, centros comerciales, corredores tecnológicos, hidroeléctricas); la producción de cultivos para producción agroindustrial y combustibles así como la explotación y mercantilización de las riquezas naturales (industria extractiva)” (Palencia, 2014: 13).

La confluencia de intereses petroleros, turísticos y ambientales[6] alrededor de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) en el norte del departamento de Petén ilustra la complejidad de intercambios que se producen entre GdPR y actores económicos. El área de la concesión petrolera 2-85, -otorgada inicialmente por un plazo de 25 años a Basic Resources[7] en 1985-, quedó tras la creación legal de la RBM en 1990 en una zona intangible de esta área protegida. En la coyuntura alrededor del vencimiento de la vigencia de la concesión en 2010, se desencadenó una polémica sobre la legalidad de una posible prórroga, que en todo caso terminó en la ampliación de la licencia petrolera a favor de Perenco.

“Lo importante del caso no son tanto los hechos en sí, sino la capacidad demostrada por PERENCO de intervenir en distintos niveles para generar las condiciones que influyeron en el resultado favorable de la polémica. Uno de los espacios claves fue el Congreso de la República, donde Manuel Baldizón y Manuel Barquín han sido los operadores políticos directos de la Ley de FONPETROL, cuyo andamiaje legal permitió por un lado la ampliación de la concesión petrolera, y por otro lado, logró tocar intereses claves de los actores que intervienen en el entramado de los negocios de la obra pública[8]” (Sin autor, 2011: 187).

En este caso, los GdPR no operaron exclusivamente desde el Congreso de la República, sino también movilizaron, -en conjunto con Perenco y los operadores nacionales[9]-, sus redes locales de influencia a favor de una prórroga de intereses particulares. La actuación local y el andamiaje legal de esta ampliación se manejaron en una compleja tensión entre lo legal-ilegal y lo legítimo-ilegitimo.

Estas formas de interacción subyacente de poder se producen de manera sistemática en relación a intereses territoriales estratégicos, -especialmente alrededor de plantaciones agroindustriales y la industria extractiva-, y la injerencia de los GdPR puede expresarse en forma de terciarios[10] (bróker) locales y/o materializarse en marcos regulatorios tendenciosos.

En general, las agendas legislativas son producto de debates y negociaciones entre actores con intereses diversos en las democracias. No obstante, “[d]esde la perspectiva sistémica y relacional, las desigualdades introducen asimetrías de recursos entre los distintos actores que se expresan en el sistema político (…) El impacto de la desigualdad en la democracia se manifiesta en que las disparidades de los recursos económicos están asociadas a las disparidades en el estatus y el poder político” (Sáenz, 2007: 56).

Estas asimetrías de poder se materializan en la rama legislativa en instrumentos jurídicos excluyentes, y con frecuencia, en la ausencia de reformas que pudiesen modificar esta realidad de contrastes. En este sentido, los y las legisladores son guardianes del status quo, y aunque probablemente sean actores secundarios en algunas de estas ligas de poder, los GdPR forman parte integral de estos intereses entretejidos.

Esta normalidad se sostiene repetidamente en la anormalidad. Ello se ha revelado cuando las élites “independiente de la herramienta o del canal usado, (…) han buscado alterar o influenciar la política fiscal de conformidad con su interés básico de incrementar ganancias” (Barrientos/Figueroa, en Icefi, 2015: 11). También, ha sido evidenciado con la alteración de la Ley de Distribución de Bebidas Alcohólicas y Gaseosas[11] en el año 2000; se puede apreciar en la opaca modificación de la Ley contra el Crimen Organizado[12] en 2006, e igualmente se refleja en una ley[13] que pretendía favorecer a empresas de telecomunicaciones en 2014. Asimismo, este rol de guardianes del status quo se ejemplifica en la negación legislativa de reformar el sistema político y de fortalecer el sistema de justicia.

Otra función legislativa, -junto a comisiones de postulación- es la selección y nombramiento de integrantes de entidades estatales autónomas o independientes, y se ha vuelto una piedra angular en la interacción con actores de poder en el ámbito nacional. En 2014 tuvo lugar la elección de magistrados y jueces del Organismo Judicial (OJ), y diversos sectores de la sociedad han señalado que “[l]as selecciones y elecciones llevadas a cabo por las Comisiones de Postulación y el Congreso de la República no fueron objetivas, ni se basaron en el mérito y la capacidad de los y las candidatas. Tampoco se realizaron de manera pública ni transparente en varios momentos del proceso, y además se vieron seriamente permeadas por intereses privados de grupos de poder” (FMM/IJ/CEJIL, 2015: 1).

Según Dudley (2014: 24-25) este proceso se rige oficialmente por los procedimientos institucionales, pero “extraoficialmente, se trata de la lucha a muerte entre diversos intereses políticos, económicos y criminales, que se enfrentan por (…) conseguir el mayor control sobre el sistema judicial.”

La impunidad es una característica clave de las redes de poder, y la obtención de cuotas de injerencia en el sistema de justicia es parte de los intercambios que buscan anticipar acciones legales en su contra. De esta forma, -retomando la definición de RPEI-, estas influencias constituyen “una amenaza para el Estado democrático de derecho, consagrado en la Constitución Política. Cuentan no solo con capacidades para perturbar ese orden constitucional, sino que sobre todo (…) son fabricantes de impunidad.” [14]

 

c) Capital político y social de intercambio

La reciprocidad entre partidos políticos de tercera generación y los GdPR se ha tratado en apartados anteriores y se rige por cálculos de costo-beneficio en un intercambio electoral-mercantil de doble vía entre estos polos de poder. Para comprender la actuación de los GdPR es importante profundizar el análisis sobre los nexos que se construyen hacia abajo, es decir, hacia las regiones y las localidades donde se sustenta en términos concretos el capital político y social de estas redes de poder.

En este momento no existen elementos suficientes para abordar estas dinámicas locales, y futuros estudios podrían indagar sobre dos niveles de intercambio. Por un lado, se observa que la estructura de los grupos de poder descansa en buena medida en lo departamental-municipal, donde se configuran lógicas de micro-captura del Estado[15]. ¿Cómo se producen estas dinámicas de poder e influencia? – ¿Se reproduce el esquema del intercambio electoral-mercantil de doble vía también entre las diputaciones distritales y el nivel municipal? – ¿Cómo intervienen en esta dinámica los clanes familiares de poder local? – En general, ¿cuáles son los términos de intercambio que se producen a nivel local?

Por otro lado, el intercambio entre los poderes regionales y la población se rige también por relaciones asimétricas, y se requiere de una profundización sobre el funcionamiento o raciocinio de este intercambio entre arriba y abajo. “Se trata de una intermediación adversa o distorsionada pero que permite y reproduce los flujos de intercambios y posibilita cierta legitimación de los grupos de poder regional” (Sin autor, 2011: 155).

En resumen, se puede reafirmar que Guatemala enfrenta una situación compleja de poderes regionales que se han consolidado en forma de GdPR en prácticamente todos los departamentos, articulando intrigadas estructuras y conexiones que interactúan con poderes económicos, políticos y criminales. Esta realidad constituye, hoy por hoy, un fenómeno estructural que trastorna el sistema democrático, que en si mismo se bate ante complejas problemáticas de asimetrías, unipolaridad, fraccionamiento y clientelismo.

ANEXOS

Contratistas principales las adjudicaciones central de obra pública (2004 – 2015)

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[1] De acuerdo al Directorio de AGCC del año 2012*, las siguientes empresas seleccionadas forman parte de esta gremial: Consulta S.A., Consult Test, Arquinco, Nortech, Sigma Constructores S.A., SBI International Holdings AG (y en consecuencia también sus subsidiarias Solel Boneh Guatemala S.A. y Solel Boneh FTN), Conasa y Constructora Norberto Odebrecht**.

* Fuente: http://construguate.com/nuevo/index.php/publicaciones/publicaciones-de-agcc/directorio-agcc

** Fuente: Barrientos/Figueroa en Icefi, 2015: 107

[2] La AGCC fue “creada el 12 de septiembre de 1966. Otra asociación importante de contratistas, pero mayoritariamente dedicada a mercados privados, es la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (Anacovi, creada el 25 de octubre de 1966). En 1974, la AGCC y la Anacovi conformaron la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) como su ente institucional representativo” (Barrientos/Figueroa, en Icefi, 2015: 91).

[3] Se trata de empresas no afiliadas a AGCC. Entre las empresas seleccionadas de adjudicaciones centrales resaltan: Constructora Jireh, Ciansa, M&C Construcciones, Topsa Construcciones y Alquiler de Tractores S.A., entre otras. También desde las regiones se han fortalecido conglomerados familiares de contratistas con una creciente importancia; por ejemplo, las empresas asociadas a las familias Guerra, Miranda y Vásquez De León.

[4] Véase: Zepeda, Andrés (Plaza Pública), La decepción. El gobierno de la desesperanza; Guatemala, 12 de febrero de 2012.

[5] Véase: El Periódico, Escándalo de corrupción transnacional; Guatemala, 18 de diciembre de 2014.

[6] Véase: Waxenecker, 2013: 21-23.

[7] Tras varias operaciones de compra-venta entre 1997 y 2001, esta compañía traspasó a manos de Perenco Guatemala Ltd.

[8] La ley propuso también el aumento de inversión pública en los municipios de explotación petrolera, y ello se tradujo en un apoyo implícito por parte de autoridades locales y contratistas a esa iniciativa legal.

[9] “En Guatemala, la empresa [Perenco] cuenta entre sus representantes con Antonio Minondo Ayau (director de la seguridad industrial y vocero), quien es “sobrino del ideólogo neoliberal y quien fuera por muchos años presidente de Basic Resources, Manuel Ayau Cordón.“ (tomado de: Waxenecker, 2003:19).

[10] Según Flores (2009), estas formas de intermediación no excluyen “las relaciones de cooperación no confesadas entre organizaciones criminales y funcionarios públicos.”

[11] Véase: Robles, 2002: 133.

[12] Véase: Zamora, José Rubén (El Periódico): Oliverio García Rodas: retrato hablado; Guatemala, 13 de mayo de 2015.

[13] Se trata de la Ley de control de las telecomunicaciones móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para transmisión de datos. Véase: IPNUSAC: Ley de telecomunicaciones, una aberración jurídica. En: USAC, 2014: Revista Análisis de la Realidad Nacional, Guatemala, Año 3, Edición 49.

[14] Exposición de Lic. Iván Velásquez Gómez en el foro “Los nuevos caminos de cooptación del Estado”, Fundación Myrna Mack, Universidad Rafael Landívar, ASIES, ODHA, Impunity Watch, Open Society Foundation, 24 de Marzo de 2015.

Audio disponible en: http://www.cicig.org/index.php?page=not_022_20150324

[15] Véase, por ejemplo: Gramajo, Jessica (Prensa Libre): Red de nepotismo copa Chiquimula; Guatemala, 1 de junio de 2015.


Redes de poder 2

Por Harald Waxenecker – Analisita independiente –

Consideraciones iniciales

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

Los casos recientes, -que involucran a los diputados Baudilio Hichos y Pedro Muadi-, son un claro indicio que la corrupción ha extendido sus tentáculos también en y desde el Congreso de la República hacia la institucionalidad regional y estructuras empresariales. Asimismo, en las pancartas de rechazo a la corrupción en varias cabeceras departamentales han aparecido de manera recurrente los nombres de legisladores distritales y autoridades municipales, reflejando la percepción de la población sobre la actuación anómala y corrupta de estos personajes regionales y locales.

En la dinámica parlamentaria de los últimos años se ha caracterizado por el bloqueo sistemático de reformas democráticas, mientras abundan las noticias sobre el transfuguismo y las reelecciones de diputados y diputadas. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[1]

En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones más criticadas. Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas las diputaciones, -especialmente las distritales- responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El ensayo “Poderes regionales y la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, -publicado en la Edición #3 de la Revista Revela (http://revistarevela.com) problematiza entorno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del Guatemala, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q. 10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que había alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones. En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

Prensa Comunitaria publicará el contenido del ensayo mencionado en cinco entregas. Para ello reordenamos los capítulos a modo de conocer el fenómeno desde lo particular hacia lo general:

1. Los principales grupos de poder;

2. Las redes del negocio público en lo regional;

3. Las interacciones con actores (inter)nacionales;

4. La democracia guatemalteca y los partidos de tercera generación; y

5. Democracia y su distorsión ilícita.

Prensa Comunitaria publicará en cada entrega también los datos que sustentan la investigación; es decir, los detalles del historial político de los legisladores distritales, así como de las empresas contratistas regionales y nacionales.

[1] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

 

-Segunda entrega-

 

Caracterización del poder regional en la actualidad (continuación)

 

a) El entramado de la obra pública

El abordaje del tema de la obra pública en lo regional requiere primero un enfoque nacional. Para ello, el estudio Guatemala: Poder de veto a la legislación tributaria y captura fallida del negocio de la inversión pública de Barrientos y Figueroa (en Icefi: 2015: 25-120) aporta elementos claves, a partir de las variables fiscales que destacan los autores: la carga tributaria y la inversión pública en infraestructura.

Por un lado, Barrientos y Figueroa (en Icefi, 2015: 41-43) plantean que el “final de la guerra y los avances en la democratización de Guatemala (por pequeños o insostenibles que sean) movieron a algunos actores, incluyendo a la élite tradicional, a ceder en su resistencia a tributar, pero solo hasta cierto punto[1]. En todo caso, la carga tributaria de Guatemala es menor al mínimo socialmente necesario (…) En términos más concretos: la carga tributaria en Guatemala no es baja porque los consumidores no paguen tributos indirectos como el IVA, sino porque una gran cantidad de generadores de renta no pagan el [Impuesto sobre la Renta] ISR”. De acuerdo a los mismos autores (en Icefi, 2015: 114), esta evasión del pago sobre la renta “apunta a las élites económicas tradicionales que, por siglos, han amasado y concentrado la mayoría de la riqueza del país”.

Sin duda, estas prácticas de evasión se interconectan en todos los ámbitos con la profunda problemática de la corrupción sistémica en el andamiaje de la recaudación fiscal. El caso conocido como “La Línea” no solamente expone y judicializa estas redes criminales, sino también permite observar la sistematicidad de este flagelo desde una perspectiva histórica.

Por tanto, un Estado que padece de ingresos fiscales crónicamente bajos, tiene capacidades reducidas de inversión social y gasto público. En efecto, -como plantean Barrientos y Figueroa (en Icefi, 2015: 87-89, 104)-, los gastos de capital durante las últimas tres décadas se caracterizan por su inestabilidad: mientras la firma de la paz en 1996 fue punto de partida de la escalada más prolongada (Máximo: 5.8% del PIB en 1999), desde 2008 se registró un desplome coligado a los impactos de la crisis económica mundial y el creciente déficit fiscal del país. En 2012, la inversión pública en infraestructura se redujo al 3.3% del PIB.

Por otra parte, -en relación a la inversión pública en infraestructura-, se enfatiza nuevamente en la complejidad de “los procesos de privatización y reforma institucional de las entidades responsables de la construcción de obras públicas, operados en la segunda mitad de la década de 1990. Estas reformas movieron a Guatemala hacia un modelo en el que, prácticamente, la totalidad de la inversión pública en infraestructura era ejecutada mediante la contratación de agentes privados, y no por las propias entidades estatales” (Barrientos/Figueroa en: Icefi, 2015: 27). Durante las últimas dos décadas se conformó un mercado extenso, descentralizado y agresivamente competitivo alrededor de la obra pública, que dio lugar al surgimiento de un sector emergente de contratistas que disputan cuotas de poder a la élite económica tradicional.

Así se creó un esquema “en el que el número de contratistas crece, pero el presupuesto no lo hace al mismo ritmo (…) [Eso] genera naturalmente una disputa entre los contratistas por capturar las asignaciones presupuestarias destinadas al pago de los contratos. Para resultar ganador de esta contienda se requiere una cuota de poder político suficientemente fuerte como para permitir varias situaciones. Primero, se requiere influir o controlar la decisión de los diputados para que aprueben las asignaciones requeridas en el presupuesto, además de influir o controlar a los funcionarios del [Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda] CIV para que realicen los pagos[2]. Como tercer punto, es muy importante lograr que las asignaciones presupuestarias no se manipulen o desvíen hacia otros contratistas (políticamente afines)” (Barrientos/Figueroa en: Icefi, 2015: 108).

Para propósitos de este ensayo, la atención se dirige de nuevo hacia lo regional, y en este sentido, uno de los principales mecanismos de negociación de asignaciones presupuestarias para los departamentos es el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera, -conocido como Listado Geográfico de Obras-, que “cada año es elaborado por los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) (…) [y] es aprobado por la Comisión de Finanzas del Congreso de la República”.[3] Por ende, el listado de obras departamentales, “año tras año, es el terreno natural de influencia y poder de los diputados distritales” (Barrientos/Figueroa en: Icefi, 2015: 108). Es un fenómeno reconocido por analistas y medios de comunicación[4], y la investigación Grupos de poder en Petén (2011: 106-131) establece que la influencia de los legisladores distritales en los niveles de negociación y definición de la inversión física es decisiva en el reparto geográfico, traduciéndose en la ejecución en una participación sistemática de actores vinculados a los propios GdPR y grupos criminales nacionales y locales. Se argumenta que la obra pública es una fuente de enriquecimiento, -indebido o ilícito-, y un instrumento acumulación política y legitimación social.

De esta manera, la actuación político-económica de los GdPR no se reduce a la devolución de favores asumidos mediante el financiamiento de campañas electorales, sino representa acuerdos e interacciones complejas que colocan a las figuras regionales en posiciones de poder para mercantilizar su permanencia en la política nacional (con los partidos de tercera generación) y para insertarse en redes público-privadas de influencia, cooptación y desviación de recursos públicos en función de poder y enriquecimiento indebidos.

En total, los presupuestos aprobados para estos listados geográficos de obra oscilaron anualmente entre 10.9 y 14.6 mil millones de Quetzales desde el 2006, y uno de los rubros principales es la inversión física, que son “gastos para los proyectos y obras específicas que (…) corresponden a los procesos de ampliación, construcción, mejoramiento, dragado y reposición…”[5] Las asignaciones anuales solicitadas por los CODEDES sumaron Q. 2,681.7 millones en 2012, Q. 2,630.5 millones en 2013 y Q. 3,023.9 millones en 2014, y lo presupuestado a través de los Listados Geográficos de Obras para inversión física representa entre un 64 y 70% de estos totales requeridos. La comparación de lo solicitado por los CODEDE y lo incluido en los Listados Geográficos de Obra refleja el peso del reparto político de la inversión pública a través de este mecanismo legislativo, aunque el nivel real de ejecución de los CODEDE se redujo del 49% en 2012 al 33% en 2014 en relación a lo solicitado[6]. Otra vía de operatividad del Listado Geográfico de Obras son los ministerios y otras dependencias centrales del Ejecutivo, y entre éstas sobresale el CIV con asignaciones presupuestarias ascendentes durante los últimos tres años (2012: Q. 2,314 millones, 2013: Q. 2,963 millones, 2014: Q. 3,033 millones).[7]

Por tanto, para la canalización de estos recursos públicos existen vías diferenciadas, ya sea de manera centralizada desde los ministerios o en forma descentralizada a través del Sistema de Consejos de Desarrollo (SISCODE). En ambas vías, -pero, sobre todo a través del SISCODE-, la intermediación de ONG fue una constante en el proceso de licitación de la obra gris hasta finales de 2011. El desgaste público de las ONG ha llevado entre 2012 y 2014 a su exclusión de las ejecuciones públicas[8], -función que fue asumida por las municipalidades-, mientras las empresas contratistas han demostrado la mayor capacidad de adaptación para consolidar su posición en un esquema modificado. De esta manera, los contratistas se fortalecieron como engranaje privado en el marco de las redes político-económicas que se articulan en las regiones.

La revisión y sistematización[9] de la información sobre las contrataciones entre 2004 y 2015 permite identificar los principales actores económicos. En lo regional, -por la vía descentralizada-, resaltan 69 empresas contratistas cuyo monto de adjudicaciones supera los 90 millones de Quetzales[10]; y en lo central, -por la vía ministerial-, sobresalen 21 empresas con asignaciones elevadas. El monto global operado a través de estas 90 empresas asciende a Q. 31,9 mil millones (US$ 4,1 billones), de los cuales Q. 10,0 mil millones (US$ 1,3 billones) se adjudicó de manera descentralizada y Q. 21,9 mil millones (US$ 2,8 billones) se concedió a través de una entidad de gobierno central[11].

En este marco, los 69 contratistas regionales muestran tendencias en común: i) haberse originado a partir de contratos locales con municipalidades u ONG, ii) tener una participación continua en el entramado regional, expandiendo paulatinamente sus áreas de influencias, iii) conformar grupos empresariales que permiten una mayor competitividad en lo regional y también una creciente incidencia y participación a nivel central.

Diversos reportes periodísticos[12] dan cuenta de los nexos entre los ámbitos político y económico, configurando una dinámica de doble vía que ha permitido también la continuidad en ambos contornos. Así como las principales figuras políticas regionales perduran en los curules distritales, regularmente estas empresas se han perpetuado también en el negocio de la obra pública. Se puede considerar que las empresas son tránsfugas, en tanto establecen compromisos preelectorales y acuerdos de largo alcance con las personas (diputaciones distritales) y no con partidos políticos.

Asimismo, en 2011 (ver Sin autor: 123-127) se argumentó que los grupos de poder y los grupos criminales son los principales actores de las redes del negocio público regional, estableciendo acuerdos de largo alcance y actuando cada vez más bajo la forma clásica de redes ocultas, que penetran, manipulan y utilizan las instancias y los procedimientos formales establecidos para conseguir en forma encubierta sus objetivos. Aquella investigación estableció que en el periodo de 2004-2011 el instrumento principal de GdPR y OTD para controlar el negocio público fueron las ONG. El detalle de las 69 empresas priorizadas para el presente análisis, muestra que éstas han sido subcontratadas sistemáticamente por las entidades no gubernamentales en mención. En otras palabras, estas empresas difícilmente podrían haberse quedado al margen de negocios con los grupos políticos y criminales entre 2004 y 2011[13].

En el presente, -ante la exclusión de las ONG de la ejecución de obra gris entre 2012 y 2014-, el peso político de control se trasladó hacia los contratistas, -en especial aquellos que han logrado conformar grupos empresariales-, y con ello, la triangulación política-crimen-negocio pasa aparente y necesariamente (pero no exclusivamente) por el nivel empresarial. En Barrientos y Figueroa (en Icefi, 2015: 119) se comparte la opinión que muchas de estas empresas operan en “la economía informal o subterránea (…) [y] en los casos más difíciles y complejos cuentan con el respaldo de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el contrabando o el tráfico ilegal de personas.”

En todo caso, no es exclusivamente la participación de actores criminales que convierte a las redes regionales en un fenómeno ilícito[14]; sino se trata de complejas zonas grises de interacción entre actores legales e ilegales de los ámbitos público y privado, que persiguen la acumulación lícita-ilícita de poder y riqueza. La ilegalidad se presenta en forma de soborno, influencias, colusión, corrupción, manipulación, incumplimiento y lavado, entre otras.

 

Anexo:

Presupuestos anuales de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) y de la Inversión Física de los Programas de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera (2012 – 2014):

en millones de Quetzales

Tabla 1BElaboración propia con datos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), y el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN).

tabla2B

Contratistas principales las adjudicaciones regionales de obra pública (2004 – 2015)

Tabla 3BTabla 3BTabla 3BTabla 3BTabla 3BTabla 3BTabla 3BTabla 3BTabla 3B

Elaboración propia con datos del Sistema Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala (Guatecompras). Periodo de consulta: 31 de mayo – 3 de junio de 2015.

 

Notas: 

El número de concursos se refiere exclusivamente al número de adjudicaciones por concurso (no incluye las publicaciones sin concurso). El monto se expresa en millones de Quetzales y corresponde al total de contrataciones y adjudicaciones obtenidas por la empresa correspondiente. Los sombreados indican grupos empresariales, cuya relación se establece principalmente a partir de nexos familiares. También existen nexos económicos y políticos que han sido establecidos por diversos reportajes periodísticos.

[1] El mismo estudio expone las estrategias de la sistemática oposición de la élite guatemalteca a reformas tributarias desde la década de 1980 hasta la actualidad.

[2] Se refiere a lo que se conoce como “deuda flotante” en Guatemala y es producto de adjudicaciones de contratos sin el respaldo presupuestario necesario. “Estos contratos sin respaldo o crédito presupuestario suscritos o pagados anómalamente se han vuelto una “moneda” muy efectiva para el cambio de favores o deudas políticas (…) Así, [todos los contratistas] compiten primero por la adjudicación de los contratos para realizar las obras, y luego por el pago de los compromisos asumidos por el Estado en esos contratos” (Barrientos/Figueroa en: Icefi, 2015: 109-111).

[3] Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN): www.minfin.gob.gt

[4] Véase: Barreto, Bill (Prensa Libre): Congreso se resiste a reforma electoral, 18 de marzo de 2013. Castillo, Alejandro (Diario La Hora): Y usted ¿se siente representado por los diputados al Congreso de la República, 24 de marzo de 2015. Gutiérrez Valdizán, Alejandra (Plaza Pública): Entre dos lealtades: ¿los electores o el partido?; 14 de junio de 2012.

[5] MINFIN, 2014: Proyecto del Programa de Inversión Física, Transferencia de Capital e Inversión Financiera. Guatemala

[6] El bajo nivel de ejecución de los CODEDE es reflejo de la problemática fiscal en el país, la poca eficiencia y eficacia de la ejecución regional, así como de la disputa entre sectores de contratistas por el pago de la deuda flotante.

[7] Todos los datos se elaboraron con información del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), y el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN).

[8] Sin embargo, en el Decreto 22-2014 del Congreso de la República la facultad de los Consejos de Desarrollo para suscribir convenios con ONG fue restablecida para la ejecución de proyectos de inversión de obra física.

[9] La fuente de información es el Sistema de Adjudicaciones y Contrataciones del Estado de Guatemala –Guatecompras- (www.guatecompras.gt). Para identificar y seleccionar las principales empresas contratistas se realizó una revisión comparativa a partir de las contrataciones en 21 cabeceras departamentales en el periodo de 2012-2014, así como la estadística generada por el portal Guatecompras para seleccionar el “top” de proveedores adjudicados por: i) los gobiernos locales, y ii) el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

[10] Aquellas empresas que no superan por si mismas la cantidad de Q. 90 millones, forman parte de un grupo empresarial que en su conjunto cumple con esta característica.

[11] En efecto, entre 2004 y 2015 el número de empresas y montos adjudicados es mucho mayor a la muestra seleccionada. Un “Social Network Analysis” (SNA) de una base de datos ampliada permitiría una comprensión más profunda de esta realidad, pero sobrepasa las posibilidades en el marco del presente ensayo.

[12] Véase: Ruano, Walfredo (Diario La Hora): Willy Rolando Vásquez, el constructor de occidente que escudriña en el Listado Geográfico de Obras; 10 de Marzo de 2015.

[13] Incluso algunas empresas constructoras son propiedad de personas que aparentemente forman parte de OTD y/o de personas que han participado en procesos de elecciones. Estas formas abiertas de participación empresarial parecen reducirse en la actualidad, por las implicaciones políticas y legales evidentes.

[14] El involucramiento de OTD en estas redes introduce ciertamente un factor de mayor distorsión y asimetría en las relaciones de poder e influye en ocasiones en disputas virulentas, -e incluso violentas-, entre los interesados.


Redes de poder

 

Consideraciones iniciales

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

Los casos recientes, -que involucran a los diputados Baudilio Hichos y Pedro Muadi-, son un claro indicio que la corrupción ha extendido sus tentáculos también en y desde el Congreso de la República hacia la institucionalidad regional y estructuras empresariales. Asimismo, en las pancartas de rechazo a la corrupción en varias cabeceras departamentales han aparecido de manera recurrente los nombres de legisladores distritales y autoridades municipales, reflejando la percepción de la población sobre la actuación anómala y corrupta de estos personajes regionales y locales.

En la dinámica parlamentaria de los últimos años se ha caracterizado por el bloqueo sistemático de reformas democráticas, mientras abundan las noticias sobre el transfuguismo y las reelecciones de diputados y diputadas. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[1]

En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones más criticadas. Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas las diputaciones, -especialmente las distritales- responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El ensayo “Poderes regionales y la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca”, -publicado en la Edición #3 de la Revista Revela (http://revistarevela.com) problematiza entorno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del Guatemala, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q. 10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que había alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones. En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

Prensa Comunitaria publicará el contenido del ensayo mencionado en cinco entregas. Para ello reordenamos los capítulos a modo de conocer el fenómeno desde lo particular hacia lo general:

1. Los principales grupos de poder;

2. Las redes del negocio público en lo regional;

3. Las interacciones con actores (inter)nacionales;

4. La democracia guatemalteca y los partidos de tercera generación; y

5. Democracia y su distorsión ilícita.

Prensa Comunitaria publicará en cada entrega también los datos que sustentan la investigación; es decir, los detalles del historial político de los legisladores distritales, así como de las empresas contratistas regionales y nacionales.

[1] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

 

– Primera entrega –


Grupos de Poder Regional (GdPR)

En primer lugar es importante constatar que las élites económicas nacionales han utilizado permanentemente al Estado como instrumento para la acumulación originaria, maximizar ganancias, socializar costos y pérdidas privados, y financiar su consolidación económica, entre otras. Sin embargo, en las últimas 3 décadas han cambiado las condiciones institucionales del régimen político y del Estado, así como la composición misma de las élites económicas; y con ello, el énfasis de la obtención de rentas a partir del Estado se ha concentrado en i) la transformación de los mercados financieros, ii) la privatización de sectores claves, y iii) el desmantelamiento de funciones y capacidades estatales.

Esa tercera vía del desmantelamiento y de la descentralización del Estado resulta especialmente relevante, a partir de trasladar, comprar y/o subcontratar bienes y servicios a empresas privadas. La gama de negocios es amplia: venta de medicamentos, construcción de obra gris, emisión de licencias, espacios de publicidad, venta de vehículos, muebles, equipos, combustibles y un largo etcétera.

La relación económica con el Estado puede ser, -desde el punto de vista empresarial-, una fuente importante de ingresos, y por ello, los procesos de adjudicación de los contratos públicos son susceptibles a corrupción, tráfico de influencias y abusos; y sin duda, “asistimos a una nueva forma de disputar el reparto del PIB donde hay nuevos actores que también luchan por el control del “centro político” practicando ilegítimas formas de acumulación a gran escala y que requieren del control de las compras del Estado…” (Valdez, 2013: 2).

Además, el traslado del poder hacia las regiones puede ser problemático, y según Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2012: 48), es “fácil encontrar Estados frágiles que adoptan modelos de descentralización que no se ajustan a sus características y realidades particulares, las cuales pueden incluir agentes criminales poderosos con amplia capacidad de acción en el plano local.”

Lo cierto es que se ha conformado un ámbito regional irrumpido por complejas zonas grises, en el cual coexiste una variedad de actores que intentan moldear las instituciones del Estado de acuerdo con sus intereses[1] e interactúan en lo político y lo económico, así como en lo lícito y lo ilícito.

En estas zonas grises resalta el rol central de las diputaciones distritales y la intrincada dinámica del transfuguismo partidario de quienes se vuelven a reelegir una y otra vez como representantes legislativos de sus regiones. ¿Se trata de elites regionales que representan determinados intereses de desarrollo territorial ó se está ante un fenómeno de grupos de poder regional que han conformado redes de influencia político-económica en función de beneficios particulares?

Sáenz (2014: 53-54) afirma que con “excepción de la elite de los altos en Quetzaltenango en el siglo XIX, es difícil pensar en la existencia de elites regionales en el sentido estricto del término. Sin embargo, y en el marco de la interacción entre líderes políticos regionales, grupos de proveedores del estado locales, e intermediarios políticos puede constatarse la existencia de grupos de poder regional/local, que tienen una influencia decisiva en la política de los departamentos y municipios.”

En el caso guatemalteco, un estudio sobre estos Grupos de Poder Regional (GdPR) en el departamento de Petén aporta conceptualizaciones importantes:

“Los grupos de poder regional son redes de familias y personas que a partir de su inserción en la política partidista han logrado construir una base material y financiera – generalmente asociada al control de la obra pública – qué les permite reforzar su posicionamiento político y ampliar su radio de influencia de lo local a lo nacional…” (Sin autor, 2011: 154).

 “La política como base de acumulación es central para la comprensión de estos grupos, que desde cargos de elección popular, principalmente alcaldías y diputaciones, logran articular, mediante el control de la obra pública, redes de clientela política y entramados de negocios. El éxito en el control de la obra pública les permite fortalecer su base social a través de distintos tipos de intercambios y ampliar su influencia política” (Sin autor, 2011: 24-25).

 

Los poderes regionales se perpetúan

En consecuencia es necesario analizar las dinámicas regionales de personalidades y grupos predominantes. Pero, ¿es verdad que existen poderes regionales que se han perpetuado en el Congreso de la República? – ¿Cómo estarían actuando para acumular y defender su poder?

En los datos de reelección de diputados y diputadas se encuentra un primer indicio de este continuismo legislativo, que se ha estabilizado alrededor del 44%[2] en los últimos dos comicios. Esta dinámica parece no haberse agotado, ya que también en 2015 “al menos 134 de los 158 diputados al Congreso hablan de permanecer en su curul para los siguientes cuatro años.”[3]

La representación en el Congreso está regulada por la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), y “se debe elegir un diputado por cada 80 000 habitantes que conformen cada uno de los 23 distritos correspondientes a los diferentes departamentos del país, con excepción de Guatemala, en donde la capital representa uno distinto. Adicionalmente, se eligen 31 diputados por lista nacional, que equivalen a un cuarto del total de diputados distritales” (Blas/Brolo, 2012: 2). En este marco, la indagación específica de este ensayo se centra en el continuismo en los distritos electorales que representan los 22 departamentos del país.

Revisando el historial[4] se observa una compleja dinámica de reelección y transfuguismo de las y los legisladores distritales actuales y se evidencia un claro comportamiento de perpetuidad. Los datos confirman dos razonamientos importantes. Por un lado, se evidencia el peso de los distritos electorales, -correspondientes a los departamentos-, en la dinámica de reelección. Un total de 44 diputados y diputadas que se reeligieron en 2011 provienen de las listas electorales regionales, representando el 27.8% del total de curules y el 63.7% del conjunto de reelecciones legislativas de aquel año.

Por otra parte, se refleja la direccionalidad de la volatilidad: de los 50 diputados y diputadas seleccionadas, la información disponible al momento[5] indica que 23 intentarán su reelección en 2015 con LIDER, 17 con el PP, 7 con la UNE, dos con el PU, y uno con el partido TODOS. Aunque no se tiene aún certeza en cuanto a las candidaturas; esta constelación tiene similitudes con los resultados de las encuestas de preferencia de votos de principios del año 2015: “el precandidato de Líder cuenta con la preferencia del 33.6 por ciento de ciudadanos; Torres [UNE] goza de la simpatía del 12.9 por ciento, y Sinibaldi[6], quien sería el candidato oficialista, recibió la aprobación del 10.9 por ciento.”[7] En todo caso, -pese a lo difícil de valorar el impacto de la actual crisis en la opinión electoral de la población[8]-, se puede inferir que el partido favorito en efecto es el mejor cotizado por parte de las y los legisladores en la lógica del intercambio electoral-mercantil entre polos de poder. Sin embargo, también se demuestra que nunca se llega a una concentración absoluta, manteniendo una distribución del poder entre los partidos emergentes, en apogeo o en declive.

Más importante aún es el impacto territorial, ya que la perpetuidad legislativa se observa en 21 departamentos, con excepción de Zacapa. En este sentido, los poderes regionales se han convertido en un factor trascendental de la dinámica político-electoral en Guatemala, representando incluso un elemento de estabilidad y prolongación para un sistema político fraccionado y volátil.

Este fenómeno convierte a estos actores regionales en protagonistas de importancia nacional, -en especial las diputaciones distritales-. Sin embargo, en los análisis de la democracia electoral guatemalteca ha tenido poca cabida hasta ahora.

Por tanto, las siguientes indagaciones deben dirigirse hacia el origen y la actuación de estos poderes regionales perpetuados.

Entre los diputados más antiguos se encuentran Iván Arévalo, Pablo Duarte, Haroldo Quej, Arístides Crespo, Mario Rivera, Baudilio Hichos, Edwin Martínez y Leonel Soto Arango. Su permanencia en el Congreso data al menos desde 1995. Cinco de ellos militaban en el FRG, mientras a PAN, UCN y UD pertenecía uno, respectivamente. De los diputados electos por primera vez en 1999, solamente dos continúan en la actual legislatura: uno del PAN y otro del FRG. El balance evidencia que la gran mayoría de diputados de la década de 1990 tiene sus raíces en la segunda generación de partidos políticos, e incluso, unos pocos han participado también en la primera.

Los diputados y diputadas, -cuyo origen se remonta a las elecciones del año 2003-, representan la mayor parte de quienes continúan ocupando una curul en la actualidad: PP-MR-PSN (8), UNE (5), FRG (3), PAN (1), UD (1). De esa cuenta, un total de 18 legisladores de la época permanecen aún en el Congreso. Otros quince parlamentarios han perdurado en su puesto desde el 2007: UNE (8), GANA (3), PP (2), FRG (1) y PU (1); confirmándose también el traslado del peso político hacia los partidos de tercera generación con el cambio de milenio.

De esa forma, se pueden identificar diferentes periodos que dieron inicio a este fenómeno. Desde los años 90s, ciertas estructuras regionales del militarismo eferregista han encontrado vías de permanencia en el escenario político guatemalteco, mientras las fuerzas del PAN se diluyeron en una serie de divisiones. Asimismo, los partidos gobernantes dejaron la herencia de un número considerable de diputaciones perpetuadas, como ha pasado con la alianza PP-MR-PSN en 2003 y la UNE en 2007, o como está pasando con el PP a partir de las elecciones de 2011.

Origen partidario de diputaciones distritales perpetuadas: 1995 – 2015

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En todo caso, sería ingenuo pensar que la reelección emana sencillamente a partir de la simpatía del electorado hacia representantes legislativos ideales y eficientes. Parece ser lo contrario, ya que “el Congreso de la República es una de las instituciones menos valoradas. De acuerdo con el estudio Cultura política de la democracia en Guatemala, 2010, 63.4% de la población tiene poca confianza en el Congreso de la República. Esto, en parte, se debe a que los diputados no han logrado cumplir a cabalidad con sus funciones” (Blas/Brolo, 2012: 2).

Más sereno es pensar que la acumulación de poder de estas figuras regionales responde a momentos complejos de transformaciones contextuales y a prácticas de configuración de redes que se insertaron a la política partidista, construyendo una base electoral, social y financiera para consolidar su radio de influencia desde lo regional hasta lo nacional. En otras palabras, se constituyeron en Grupos de Poder Regional (GdPR).

El comienzo de los GdPR coincide con el fin de las mayorías legislativas, el ocaso de los partidos de segunda generación[9] y el cierre del paréntesis de mayor democraticidad en los primeros años del nuevo milenio. Mientras los gobiernos de DCG (1986), PAN (1996) y FRG (2000) “iniciaron su administración ocupando más de la mitad de escaños en el organismo legislativo” (Brolo, 2012: 47), los gobiernos de PP-MR-PSN (2004), UNE (2008) y PP (2012) han encontrado una correlación menos favorable en el Congreso de la República.

Esta situación de fraccionamiento de las fuerzas políticas “generó una aspiración al consensualismo que se logró, en parte, a través de intercambios clientelares: el Ejecutivo facilitaba asignaciones presupuestarias a fin de contar con el apoyo de actores clave que le garantizaban votos suficientes.”[10] Esta dinámica de corrupción y clientelismo fue duramente criticada durante el gobierno de Óscar Berger, cuando se utilizó el Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (PACUR) con la finalidad de asegurar votos favorables en el Legislativo en apoyo a iniciativas de interés para el Ejecutivo.

Las políticas de ajuste del Consenso de Washington se tradujeron en tiempos de paz en una problemática dinámica de privatización y desmantelamiento del Estado[11]. En la práctica, el gobierno del FRG “nos legó la descentralización y la desconcentración del Ejecutivo por medio de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural[12]. Una iniciativa muy loable en su espíritu pero desastrosa en su aplicación: es una de las fuerzas que reforzó el cacicazgo de alcaldes y diputados distritales, y un factor que expandió y consolidó la corrupción.”[13]

En el contexto complejo de fraccionamiento, consensualismo, privatización y descentralización se facilitó la canalización de más recursos para la obra pública hacia las regiones, y “de manera paralela al aumento de los recursos para inversión, el Estado fue perdiendo capacidad para la ejecución de obra pública: cada vez más fue puesta en manos de empresas privadas, lo que convirtió al tráfico de influencias en una diferencia sustantiva en la adjudicación de la obra. Espacios que originalmente podían convertirse en ámbitos de diálogo sobre el desarrollo municipal (los concejos municipales), departamental (consejos de desarrollo) y nacional (el Congreso) se convirtieron también en lugares donde se negociaba la obra pública. De esta forma, paulatinamente fueron convirtiéndose en instrumentos para el enriquecimiento ilícito. En muchos casos, la política se redujo a la negociación de la obra pública y a otro espacio para la acumulación” (Sin autor, 2011: 155).

Como se ha mencionado, desde la segunda mitad de la década de 1980, el crimen organizado relacionado a la droga se ha convertido en un elemento estructural de la realidad guatemalteca, en el marco de “la conformación de la geopolítica del narcotráfico en la región, que identificó a Guatemala como eslabón estratégico de acceso a los grandes mercados de la droga en Norteamérica” (Gutiérrez/Méndez, 2012: 113). La mayoría de las ODT tienen sus zonas de operación en los departamentos del interior de la República, donde coinciden territorialmente con las áreas de influencia de las diputaciones distritales. En la práctica, muchos de los negocios y las prácticas de enriquecimiento ilícito[14] también se interrelacionan con las CIACS.

De esta manera, la corrupción sistemática, las privatizaciones y contrataciones arbitrarias, así como los negocios abiertamente ilícitos fueron constituyéndose en zonas grises de fuentes de enriquecimiento, que permitieron también la inserción de personajes regionales poderosas en la competencia de la economía legal y la política partidaria, adquiriendo características de GdPR. Las fronteras y las interacciones entre lo lícito-ilícito y legítimo-ilegítimo se tornan más complejas e indefinidas.

En este ensayo es imposible reconstruir las dinámicas particulares de origen y modus operandi de cada GdPR[15]; en cambio, si es factible identificar los principales GdPR en los distintos departamentos y analizar las áreas comunes de interfase que caracterizan a estos poderes regionales.

Caracterización del poder regional en la actualidad

En el país se identifican 27 Grupos de Poder Regional (GdPR) que se han consolidado en 16 departamentos del país. Son aquellos grupos que muestran una permanencia constante, -al menos de uno de sus integrantes-, en el Congreso de la República por tres o más períodos legislativos. También se consideran GdPR aquellos casos de dos periodos legislativos, que han adquirido importancia nacional de manera acelerada por factores adicionales[16].

Asimismo, se observan al menos 7 grupos de poder en formación en seis departamentos. Son aquellos grupos que cumplen dos periodos en el Legislativos y no se enfrentan a la competencia de un GdPR consolidado en su distrito. También se toman en cuenta diputaciones específicas con un periodo legislativo, habiendo sobresalido por arraigo regional, notoriedad partidaria y/o disputa efectiva frente a grupos establecidos[17]. Esos grupos adquieren especial importancia, ya que podrían consolidarse a partir del próximo evento electoral, y de esa manera completar el mapa de los GdPR en Baja Verapaz, Retalhuleu y Santa Rosa y disputar cuotas de poder en Huehuetenango y Quiché.

En el mapa resaltan también cinco clanes familiares de poder local cuyo centro de poder radica en una municipalidad, y que han logrado representación legislativa de alguno de sus integrantes. Se trata de las familias Medrano, Coro y Rivera en Guatemala, así como de Paniagua en Quetzaltenango y Recinos en Santa Rosa.

Las diputaciones nacionales identificadas en el mapa se refieren a legisladores que han adquirido un nivel de influencia a escala mayor, ya sea a lo interno de un partido, en el propio Congreso y/o a partir de sus vínculos regionales[18]. Son factores de potenciación de su nivel de influencia desde lo regional hasta lo nacional.

Mapa de distribución geográfica de poderes regionales

 photo_2015-06-25_22-02-32Elaboración propia.

Nota: En los símbolos respectivos se indica la cantidad de grupos conformados en el departamento correspondiente. Las “diputaciones nacionales” también se identifican para reflejar el fenómeno, aunque en Petén, Alta Verapaz y Suchitepéquez coinciden con integrantes de grupos regionales.

En conjunto, los 34 GdPR, -consolidados o en formación-, y los 5 clanes familiares de poder local alcanzan una presencia en veintiún departamentos de la República. Como se ha observado anteriormente, la única excepción es Zacapa[19]. En todo caso, hay que resaltar que prácticamente toda la República está siendo traspasada por las redes de influencia de estos grupos, perpetuándose en el poder regional a partir de su posición privilegiada en el Legislativo. Los GdPR se han constituido en un fenómeno de importancia nacional con la capacidad sostenida y sistemática de influir, negociar, definir y operar en la institucionalidad democrática central, regional y local.

En efecto, -como se planteó en el marco teórico-, se han conformado redes alrededor de figuras regionales, cuya base de acumulación política y económica radica en los departamentos, y que a partir de su posición estratégica en el Congreso han logrado proyectarse a nivel nacional. Su continuidad está dada por asociaciones electoral-mercantiles antes que por lealtades políticas. Asimismo, se ha planteado que la actuación y articulación de los GdPR gira alrededor del control de los entramados de la obra pública, el intercambio con otros grupos y actores de poder, así como la consolidación de su capital político y social en las regiones. Estos ámbitos del ejercicio de poder constituyen el énfasis de las siguientes indagaciones.

Anexo:

Continuismo y transfuguismo de diputados y diputadas distritales actuales: 1995 – 2015

 tabla 2tabla 2tabla 2tabla 2

Elaboración propia con información de:

  • Congreso de la República de Guatemala (Fecha de consulta: 25 de mayo de 2015)

http://old.congreso.gob.gt/gt/diputados.asp

http://www.congreso.gob.gt/legislaturas.php

  • De Maldonado, Karin (coord.), 2010: El Congreso de la República de Guatemala, I. Monografía del Congreso de la República 2008-2012, II. Panel de comentaristas, 24 de noviembre e 2010. Guatemala. ASIES-KAS, pp. 81-121
  • La columna correspondiente a las elecciones de 2015 se construyó a partir de las fuentes anteriores y se completó con fuentes periodísticas (Fecha límite de consulta: 27 de mayo de 2015).

Grupos de poder regional conformados en Guatemala (2015)

Tabla 3Tabla 3Elaboración propia.

[1] “En cuanto a la “captura del Estado”, la literatura especializada y el comentarismo político ha tendido a asumir que “solo los chicos malos tratan de capturar el Estado” (…) Ahora bien, el problema es que existen multiplicidad de actores, nacionales e internacionales que intentan moldear las instituciones del Estado de acuerdo con sus intereses (…) En síntesis, son diversos los actores que buscan capturar el Estado; algunos lo hacen a través de victorias electorales legítimas, otros a través de la compra de elecciones. Algunos operan a través de la violencia y la intimidación, otros infiltran en el estado para crear estructuras clientelares que muchas veces son más poderosas que los partidos…” (Sáenz, 2014: 17).

[2] Datos de reelección de diputados y diputadas: Comicios 1990: 23 reelecciones de total de 116 curules (19.8%); Comicios 1994: 12 reelecciones de total de 80 curules (15.0%); Comicios 1995: 35 reelecciones de total de 80 curules (43.8%); Comicios 1999: 44 reelecciones de total de 113 curules (38.9%); Comicios 2003: 47 reelecciones de total de 158 curules (29.7%); Comicios 2007: 69 reelecciones de total de 158 curules (43.7%); Comicios 2011: 69 reelecciones de total de 158 curules (43.7%). (Fuentes: Fortín, 2010/ASIES, 2012)

[3] Fuente: Ramos, Saira (Diario La Hora): 134 de 158 diputados pretenden reelegirse; población está en contra de esa intención. Guatemala, 16 de abril de 2015.

[4] En la revisión se priorizaron los distritos electorales que coinciden con los 22 departamentos, incluyendo el departamento de Guatemala. Se seleccionaron 50 diputados y diputadas, cuyo continuismo y/o nivel de influencia es clave en el análisis regional. Fuentes: De Maldonado, 2010: 81-121; Congreso de la República (http://old.congreso.gob.gt/gt/diputados.asp y http://www.congreso.gob.gt/legislaturas.php); Reportes periodísticos (Fecha límite de revisión: 27 de mayo de 2015).

[5] Esta constelación aún puede variar, tomando en cuenta que aún no se tienen las inscripciones confirmadas de las candidaturas por parte del TSE. Asimismo, la coyuntura actual de crisis y protesta puede tener efectos en la dinámica de definición de las aspiraciones de reelección. Y no por último, las propias negociaciones internas de los partidos aún no han concluido; y ello puede modificar el escenario.

[6] En enero de 2015, Alejandro Sinibaldi fue precandidato a la presidencia por el PP. El renunció en abril de 2015 a su participación con ese partido.

[7] Fuente: Morales, Sergio (Prensa Libre): Tres aspirantes destacan en preferencia, 15 de enero de 2014

[8] La encuesta publicada por la Revista Contrapoder y Canal Antigua a principios de junio de 2015 muestra modificaciones en la intención de voto de la población. El repunte de la candidatura de Jimmy Morales parece reunir características de la lógica personalista, apolítica y electoral-mercantil de la democracia guatemalteca, correspondiendo a la dinámica volátil de la tercera generación de marcas partidarias. Asimismo, el origen propio del FCN es expresión de lo sui generis de la contradicción autoritarismo-democracia de las dos últimas décadas del siglo pasado. En todo caso, es importante conocer las candidaturas definitivas de los partidos políticos y tener acceso a otras encuestas, para poder analizar las tendencias con mayor objetividad.

[9] El cisma de los partidos de segunda generación tuvo su epicentro primero en el PAN. Probablemente, entre 1994 y 1999 el sistema político guatemalteco estuvo cerca de la instauración de un bipartidismo conservador (PAN-FRG), sin embargo, las divisiones internas entre los panistas propiciaron la desintegración de esta fuerza política. No se trata de emitir un juicio de valor si un sistema bipartidista hubiese sido mejor o peor para el país; pues, en el marco de la democracia unipolar difícilmente los resultados tuviesen un enfoque diferenciado al de las fuerzas del status quo. Lo cierto es que el incipiente bipartidismo fracasó, primero por el fraccionamiento del PAN, y segundo por la actuación propia del FRG en el ejercicio del poder.

[10] Fuente: Ugalde, Luis Carlos (Revista Nexos): Clientelismo presupuestario, 1 de septiembre de 2014

[11] Según Gutiérrez y Méndez (2012: 113), el Estado guatemalteco ha fallado “en su misión central de procurar bienestar y seguridad. Tampoco las reformas de primera generación que, en el marco de los programas de ajuste estructural, se pusieron en marcha desde la década de 1990 cristalizaron en un aparato más eficiente. Al revés, han dado paso a graves distorsiones funcionales y a desórdenes administrativos que, a su vez, impactaron de manera negativa sobre la calidad del gasto público y, consiguientemente, afectaron la ya insuficiente legitimidad social del Estado.”

[12] “La legislación aprobada en 2002 incluyó una nueva Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, un nuevo Código Municipal y la Ley General de Descentralización. Estas versiones revisadas y ampliadas de las leyes aprobadas durante el gobierno del presidente Cerezo fortalecieron a los gobiernos municipales y a los consejos de desarrollo, especificando como prioridad las facultades de las municipalidades para realizar convenios y ejecutar contratos de infraestructura” (Barrientos/Figueroa en: Icefi, 2015: 99).

[13] Berganza, Gustavo (Revista Contrapoder), Herencia de cinco gobiernos, Edición No. 15, Agosto de 2014

[14] En estos ámbitos resaltan el fraude aduanero, el saqueo abierto del erario público, la corrupción sistémica en la obra pública, la manipulación de los mecanismos de contratación del Estado, y diversas actividades del crimen organizado (narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos, entre otros). Para principios del nuevo milenio, los análisis aseguran que los CIACS habían transmutado a estructuras y redes más complejas, insertándose como fuerzas de poder real en lo público y privado, así como en lo lícito e ilícito.

[15] Algunos estudios que abordan realidades regionales y locales son: Thomas, 2007; Ramos/Sosa, 2010; Corvo, 2014; Sin autor, 2011; International Crisis Group, 2014; Rogers, 2013; Espach et.al., 2011, entre otros. Además, existe una amplia información periodística sobre los principales figuras de los GdPR. En general, la realización de estudios regionales específicos es un desafío para profundizar los análisis del poder en los departamentos.

[16] Estos actores resaltan por su historial político y/o por la importancia nacional (por ejemplo, jefe de bancada, integrante del CEN, miembro de Junta Directiva del Legislativo, o presidente de Comisión de Finanzas del Congreso). Por estas atribuciones, -aunado al arraigo en las regiones-, se considera que cumplen con las características de GdPR. Concretamente, se trata de Roberto Villate Villatoro, Manuel Barquín Durán y el grupo verapacense alrededor de Luis Fernández Chenal.

[17] Emilennee Mazariegos (Huehuetenango) y Estuardo Galdámez (Quiché) cumplen con estas características.

[18] En el caso de las 4 diputaciones del distrito de Guatemala, no necesariamente son las dinámicas regionales que definen el continuismo.

[19] No hay información suficiente para explorar las razones. Un estudio específico de las interacciones de diversos actores de poder en este departamento podría ofrecer aportes interesante.


El intelectual  portugués Boaventura de Sousa Satos y el escritor Raul Zibechi escribieron cartas de apoyo a Rigoberto Juárez y Domingo Mateo, autoridades comunitarias Q’anjob’ales  y miembros del Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza que se encuentran presos desde que el pasado 24 de marzo fueron detenidos ilegalmente en la ciudad de Guatemala.

Las cartas fueron escritas con motivo de la Audiencia de Primera Declaración que se realizó el 19 de junio.  Familiares y vecinos habían viajado  desde Santa Eulalia días para poder participar en la audiencia y mostrar su respaldo a la autoridad comunitaria

La sala de audiencias estaba completamente llena, también acudieron organizaciones de derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala OACNUDH, organizaciones mayas, de defensa del territorio y de comunicación libre.

El Ministerio Público acusa a Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar por los delitos de atentado, amenazas, coacción, plagio o secuestro, obstaculización a la acción penal y  detenciones ilegales. Finalmente la jueza decidió ligarlos a proceso solo por el delito de  detenciones ilegales, quedando bajo prisión preventiva, porque de quedar libres podrían obstaculizar a la Unidad de Operadores de Justicia del MP con la investigación.

El 24 marzo de 2015, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez fueron detenidos de forma arbitraria en la ciudad de Guatemala, cuando habían viajado para denunciar las agresiones que habían sido objeto por parte del alcalde de Santa Eulalia. Cuando tres días más tarde  el juez les otorgó libertad provisional, los esperaban dos agentes de la policía para detenerles por una nueva orden de aprensión en su contra. Son perseguidos  por hechos ocurridos la noche del 19 de enero de 2015[1]  en un claro caso de criminalización a la que están sometidos los defensores de la vida y territorio en el área Q’anjob’al del norte de Huehuetenango.[2]

En la Audiencia llevada a cabo el pasado 27 de marzo, Rigoberto Juarez planteó:

Como Coordinador del Gobierno Plurinacional Ancestral Maya Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti´ y Mestizo, en el territorio Q’anjob’al, voy a asumir la responsabilidad histórica de indicar que lo que hoy se está haciendo es solamente un incidente más de agresión en contra de nuestras naciones ancestrales, que se inició desde hace 491 años….

Hoy de lo que se nos está acusando es una falsedad total.

Las naciones ancestrales mayas Q’anjob’ales estamos defendiendo precisamente ese derecho a la vida, al oxígeno, el agua que necesitamos todos. Aún quienes dicen tener el derecho de hacer uso de nuestras aguas, la necesitan igualmente que nosotros. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo uso de este derecho, para defender el derecho del agua”.

El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos conoce de la realidad que viven los pueblos indígenas en Guatemala, y de  quienes están apostándole a defender sus bosques, el agua, los ríos y la vida en general y que están siendo perseguidos por ello. Por ello ha dedicado esta carta a Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, ambos autoridades ancestrales q´anjob´al de Santa Eulalia quienes se encuentran presos injustamente y escribió una carta para ellos:

 “Somos solidarios con vuestras luchas en defensa de los territorios, de la cultura, de la democracia, a partir de la vivencia de los pueblos y del respeto por su dignidad, por sus culturas ancestrales y por la defensa de la Pachamama.

En un momento y un contexto en el que resulta muy difícil luchar por una sociedad mejor, sois nuestros héroes y, por eso, es nuestro deber estar con vosotros. Lamentablemente, tampoco podemos confiar en los tribunales que, en la gran mayoría de los casos, se dejan instrumentalizar por los poderes autoritarios que dominan nuestra sociedad.”

El pensador, escritor y activista uruguayo Raúl Zibechi es consciente de lo que viven los pueblos indígenas en Guatemala, en particular quienes están están siendo perseguidos por defender la vida y el territorio

“Eso que llaman justicia, que casi siempre es la voluntad de los poderosos convertida en ley, decidió que ustedes son culpables por defender sus territorios, por ser autoridades y por obedecer las decisiones de las naciones y pueblos a los que pertenecen. Esa justicia y ese poder, al que llaman Estado, no son independientes, están sometidos a la voluntad de las empresas que llevan adelante los proyectos mineros y las grandes obras de infraestructura. criminalizan a los que resisten y, en esta ocasión, a ustedes como representantes de sus pueblos”

Rigoberto Juárez y Domingo Mateo no son actualmente lo  únicos presos del área Q’anjob’al. Durante  el Estado de Sitio impuesto por Otto Pérez Molina en mayo de 2012 en Barillas, nueve líderes comunitarios de esta localidad  fueron detenidos arbitrariamente, manteniéndoles ilegalmente presos hasta que en enero de 2013, recuperaron su libertad luego de 8 meses de lucha en tribunales, en las calles y fuera del país. Pero dos de ellos,  Saúl Méndez y Rogelio Velásquez fueron nuevamente detenidos y desde entonces están encarcelados injustamente. Maynor López fue detenido y encarcelado también luego de un operativo que implico el uso de un helicóptero militar.  En el 2015 Arturo Pablo, Adalberto Villatoro y Francisco Juan fueron encarcelados luego de que un juez desestimara los delitos por los que eran perseguidos. El último de los casos es el de Ermitaño López, detenido, cuando venía a una audiencia de estos tres últimos.

Además, desde 2012 más de 50 personas, la mayoría autoridades ancestrales, comunitarias, COCODES tienen denuncias ante el Ministerio Público, la mayoría vinculadas a trabajadores de las empresas CINCO M, Ecoener Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz.

Además, en Gautemala, hay Presos Políticos en San Marcos, San Juan Sacatepéquez, Chiquimula, Santa Rosa, y más lugares por defender su tierra, su agua  y su vida.


[1] https://comunitariapress.wordpress.com/2015/01/20/santa-eulalia-censuran-a-la-radio-comunitaria-snuq-jolom-konob-y-atacan-a-dos-radialistas/

COMUNICADO DE LA RADIO COMUNITARIA SNUQ’ JOLOM KONOB’ DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO

[2] https://comunitariapress.wordpress.com/2015/03/26/persecucion-penal-para-quien-piensa-diferente/

COMUNICADO DE PRENSA – RADIO COMUNITARIA SNUQ´ JOLOM KONOB’


A vos rebelde primavera1

 

Marisol Garcés

Las Doce Comunidades Maya Kaqchikeles del municipio de San Juan Sacatepéquez en Guatemala enfrentan desde el año 2006  la imposición de megaproyectos con la instalación de una empresa cementera y de un anillo regional en este territorio indígena histórico; en su casa, en las tierras ancestrales donde nacieron sus antepasados.

¿Por qué un despliegue policial de 400 policías contra un grupo de gente integrado por 40 mujeres, 20 hombres y 15 niños, que volvían de forma pacifica a sus comunidades después de la movilización del 13J?

Hablar de la criminalización de las comunidades que están defendiendo su territorio frente a la amenaza e invasión de las empresas nacionales y extranjeras no es un tema sencillo en Guatemala. Desde pequeños se nos ha formado en la idea que la propiedad privada individual es la prioridad, sin importar si esa propiedad se impuso sobre tierras que fueron desde hace siglos de los pueblos indígenas, y que producto de la Colonia, República criolla, Revolución liberal de 1871 o de tiempos del Conflicto Armado Interno, terminó siendo robada y titulada a nombre de dueños particulares. Muchas tierras ejidales, comunitarias o municipales hoy en día engrosan los números de caballerías o hectáreas de propiedad de latifundistas oligárquicas o de finqueros.

Entonces, cómo abordar con un análisis serio esta problemática que se vincula con la forma en que nos han enseñado a entender lo que es legal y lo que no; ya que la legalidad depende de quién sea el señalado Si es una comunidad indígena que defiende su tierra por la amenaza de un megaproyecto que daña su entorno, agua, bosques y salud; entonces son criminales y se les aplica el peso de la ley. Sin embargo, si es una empresa poderosa que con artimañas se impone en un lugar, contrata grupos armados que actúan amedrentando, inventa delitos contra las y los liderazgos, y daña el medio ambiente de un lugar y de una población que siempre ha vivido ahí; la ley deja de ser severa y no se cumple.

Ser indígena en Guatemala implica valer menos frente a los otros nombrados blancos, mestizos o ladinos. Las relaciones de exclusión de los pueblos indígenas son históricas, son parte de la lógica con la que se ha construido el Estado criollo, que ha desarrollado una visión de esos “otros” llamados indígenas, a partir de la defensa de intereses económicos, con una visión hegemónica y homogeneizante. Con diversas estrategias les ha ido despojando de sus derechos y territorios, para ello ha construido un discurso excluyente y peyorativo sobre lo que es ser indígena.

Como señala Martínez Peláez (1970), la identidad criolla se construyó principalmente sobre cuatro elementos: (1) La conquista- como fuente y origen del patrimonio criollo; (2) La tierra como patrimonio; (3) Los indios, como fuente de riqueza en sí para explotar; y (4) La necesidad de independizarse de España, que les impedía el pleno dominio y disfrute de ese patrimonio heredado de sus ancestros conquistadores. Estos elementos, sumados a los que se van generando alrededor del acceso a espacios de poder, serán determinantes para la sociedad guatemalteca y su visión hacia los pueblos indígenas.

Esta mirada en la actualidad se expresa en un racismo estructural, que considera a los pueblos indígenas como “menos humanos”, alejados de la modernidad y como seres inferiores. Así, el ser indígena se constituye como una identidad subalterna, con derechos cuestionados, privados de valía ciudadana, y con limitado o nulo acceso a la justicia. Esta noción en que los sectores poderosos han construido pensamientos y posturas sobre el mundo indígena, implica el no reconocimiento de sus derechos ancestrales y colectivos con (a) una institucionalidad legal que prioriza la propiedad individual o privada, (b) una construcción ideológica que niega la visión propia de desarrollo que tienen los pueblos indígenas,  y (c) una sociedad racista que deshumaniza y cosifica el ser indígena, e impone sus valores como valores universales. (Todorov, 1991).

El discurso hegemónico oficial -el de los sectores económicamente poderosos- justifica la intención de sus proyectos e impone estas ideas a una parte importante de la sociedad guatemalteca. Los pueblos indígenas se transforman en un obstáculo para el desarollo, por lo que hay que eliminarlos como tales.

Los sectores de poder económico y político del país, integrados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras– CACIF- y especialmente la Cámara del Agro, miran a los indígenas desde su discurso hegemónico etnocéntrico, y desde el prejuicio,  estigma y discriminación. Les acusan de no entender “el desarrollo”, de ser irracionales porque no comprenden los beneficios de los megaproyectos y oponerse a las inversiones. Les acusan de ser criminales porque se organizan y movilizan. Les acusan de ser enemigos del pais y terroristas porque afectan “su” propiedad privada.

Desde el año 2006 la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A., perteneciente a la familia Novella, -una de las siete familias más ricas del país, heredera de la tradición colonial, criolla y oligárquica- ha venido impulsando el proyecto denominado Planta San Gabriel en San Juan Sacatepèquez, que incluye la construcción de una fábrica cementera y una cantera que afecta directamente a estas comunidades. Durante más de ocho años, han sufrido la imposición de una serie de abusos por parte del Estado, la empresa y grupos paramilitares, que incluyen asesinatos, persecución penal ilegal, detención arbitraria de líderes y lideresas, empleo de bandas paramilitares para amenazar a la población, y campañas de difamación y criminalización de medios corporativos que les señalan de delincuentes y terroristas.

Una de las estrategias utilizadas en San Juan Sacatepéquez -así como en otros lugares del país como Barillas, Santa Eulalia, La Puya o Monte Olivo- es producir y expandir el rumor y la difamación como medio para que el resto de la sociedad guatemalteca sienta que la represión y los estados de excepción están justificados. A través de instancias estatales y privadas provocan la división comunitaria y la descomposición social. Otra estrategia a la que ha contribuido el Sistema Nacional de Diálogo, ha sido culpabilizar a las comunidades de San Juan de los conflictos generados por la presencia de la cementera: la defensa frente a los daños que ésta genera les ha orillado a defender su bienestar, imponiéndoles un conflicto social que nunca han querido .

Los medios corporativos escritos, radiales y televisivos se han dedicado a tergiversar la verdad de los hechos y a mostrar a las comunidades como criminales y asesinos. Usan páginas web, facebook, volantes, pasquines y comunicados anónimos para crear un escenario de conflictividad entre comunitarios y justificar las acciones represivas por parte de la empresa como de los aparatos del Estado.

El discurso de las comunidades y sus organizaciones es diverso e integra una serie de elementos que responden a la heterogeneidad existente: desde las diversas cosmovisiones que se practican, los espacios organizativos variados de acuerdo a la lógica y realidad de cada comunidad, y la estructuración de representatividades que reconfiguran un referente colectivo de autoridad indígena del pueblo Kaqchikel; que además integra la diversidad de sectores que componen las comunidades: mujeres, juventud, ancianos y otros.

La problemática que viven estas comunidades ha trascendido, pues en esta construcción de resistencia han construido alianzas con otras comunidades indígenas y campesinas que también están enfrentando amenazas en sus territorios por la imposición de proyectos de minería, hidroeléctricas y extracción petrolera. Con ello va conformándose una interpelación al Estado y la sociedad guatemalteca con resonancia nacional e internacional que cuestiona la hegemonía y el discurso homogeneizante y muestra la compleja realidad que enfrentan los pueblos indígenas frente a la imposición de megaproyectos inconsultos y sin espacios de diálogo real.

Así, la criminalización que vienen sufriendo las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez forma parte de las estrategias de hegemonía de los sectores económicamente poderosos, que por ser parte de élite criolla y oligarca, tienen la herencia de la conquista, colonia y república y los gobiernos de turno han respondido a sus intereses, profundizado esta hegemonía.

En conflictos como éste, las comunidades sufren asesinatos, acoso, allanamientos, estados de sitio, detenciones ilegales, sentencias injustas, violaciones sexuales y secuestro y la criminalización permanente: cualquier persona que se organice puede ser acusada de algún delito inexistente a través de un proceso legal gestionado por la empresa.

Y los vuelven a utilizar para causar terror.

Este tipo de abusos vividos por la gente de las 12 Comunidades Kaqchikeles se evidencia en lo que sucedió anoche 13 de junio, cuando un contingente de 400 policías y antimotines detuvieron un autobús con 40 mujeres, 20 hombres y 15 niñas y niños que habían venido a participar en la movilización 13J. La excusa de una orden de detención cuestionable para dos personas que presuntamente iban en este transporte y el uso de esta fuerza policial desmedida, son aspectos que vale la pena reflexionar: ni siquiera cuando escaparon reos de alta peligrosidad,o se enfrentan con grupos de narcotráfico, se emplean esa cantidad de elementos policíacos.

Al montar este operativo policíaco, se buscó causar terror no solamente en las personas que mantuvieron retenidas durante cinco horas, sino en la población en general, y con esto  enviaron  un mensaje para descalificar las luchas y las manifestaciones de la ciudadanía en su conjunto.

Pero la acción fue desatinada, ya que no sólo generó más descontento y hartazgo de la población hacia un gobierno totalmente desgastado, sino que evidenció que a pesar de la crisis política que atraviesan,  Otto Pérez Molina, el Ministerio de Gobernación y algunas instancias de justicia, tienen que seguir cumpliendo con los compromisos que tienen con el sector económico.

Los sectores poderosos están empezando a sentir un quiebre de su discurso hegemónico. Frente a las graves violaciones de derechos humanos y a la corrupción endémica que han alimentado, va quedando al descubierto su actuación, y cada día que pasa la ciudadanía toma conciencia de su responsabilidad en la crisis política y de gobernabilidad que vivimos como país y de los abusos que se han cometido históricamente en contra de los pueblos indígenas.

#13J #MiCorazónEsDeFloresNoDeCemento

#NoMasCriminalizacionDeLasComunidades

#RenunciaYa #JusticiaYa

Bibliografía:

Alejos García, José. (2006) Dialogando alteridades: identidades y poder en Guatemala. UNAM, México.

Anderson, Benedict (1991) Comuni